domingo, 15 de abril de 2012

¿Aprendices de brujo?


Algunas reflexiones sobre la idoneidad de una Comisión de la verdad para los crímenes del franquismo

Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria


Las Comisiones de la Verdad son un elemento de lo que se ha dado en llamar “justicia transicional”, dentro de la fase histórica del paso de una dictadura a una democracia. La profundidad de su actuación y su implicación con la justicia han dependido, fundamentalmente, de las características particulares de cada proceso de transición (pactada; tras una fase de ruptura democrática...) definidas a su vez por las particulares correlaciones de fuerza entre los sectores democráticos y los continuistas.

En todas las fases de transición se da el conflicto entre los que buscan hacer efectivo el derecho a la justicia de las víctimas del régimen dictatorial, y los que pretenden que se garantice la impunidad de los responsables políticos de la dictadura y de los actores directos de la represión, así como los privilegios de los sectores sociales, cómplices y beneficiarios, de la dictadura.

El modelo español de transición a la democracia fue, sin duda, el más intensamente caracterizado por la hegemonía política de los sectores provenientes de la dictadura, que en buena parte diseñaron y dirigieron el proceso transicional. Convencidos del inevitable fin del régimen, y presionados por poderes económicos y gobiernos extranjeros, pactaron (repetimos, desde una permanente posición hegemónica) con la oposición democrática la recuperación de las libertades políticas. Todo ello a cambio de la impunidad de los crímenes cometidos, la garantía de pervivencia del status de privilegio de los sectores beneficiados por el franquismo, y la sustitución de las abrumadoras políticas de memoria del franquismo por políticas públicas de silencio y de olvido, con respecto a los únicos antecedentes democráticos de la sociedad española: la II República y la resistencia antifascista. Es más, el modelo español de transición, cuyo elemento definitorio es la impunidad de los crímenes de la dictadura, se ha pretendido exportar a otros países caracterizándolo como "modélico", con cierto éxito en un principio.

Sin embargo, el hecho de que hoy, cuando parecía cerrado el proceso transicional español, desde algunos sectores se plantee la conveniencia de promover la creación de la Comisión de la Verdad que fue inviable en los años 70 y 80, es muestra de que el modelo español de impunidad está cuestionándose, y de que es el principal obstáculo para que las víctimas de la dictadura accedan a la Verdad, la Justicia y la Reparación, como exigen amplios sectores de la sociedad española (entre ellos, las víctimas y sus familiares, las organizaciones de Derechos Humanos, y del movimiento social por la Memoria Democrática).

Pero, ¿es una Comisión de la Verdad un instrumento útil para la consecución de la de la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo? ¿Es viable en nuestro país una Comisión de la Verdad?. Las Comisiones de la Verdad han tenido un papel más o menos importante en varios de los procesos transicionales realizados en otros países, relevancia definida, entre otros factores, por la distancia temporal entre su puesta en funcionamiento y el fin de la dictadura correspondiente. Sus resultados han dependido, asimismo, del nivel de exigencia y de la capacidad de movilización de las diferentes sociedades civiles en favor de la Justicia, y de la mayor o menor posibilidad de interferir en el desarrollo del proceso democratizador por parte de los herederos de las dictaduras.

Las Comisiones de la Verdad han ejercido un efecto catártico sobre las sociedades en transición, pero han generado, por lo general, frustración entre las víctimas a medio plazo, al decantarse invariablemente por el intercambio de verdad por impunidad. Las comisiones, en la mayoría de los casos, han negociado el cambio de los testimonios de los verdugos y responsables políticos de los crímenes, por la impunidad judicial. También han sustituido generalmente la reparación material por la formal, si bien es cierto que han servido en gran manera como impulso de políticas públicas de memoria de los crímenes cometidos. En muchos casos han añadido el término “Reconciliación” a su nombre, pero ¿es posible la reconciliación sin que la justicia se haya hecho plenamente efectiva?

Pero el elemento central y definitorio de las Comisiones de la Verdad, propiamente dichas, es que se constituyen a partir de un mandato parlamentario, que al mismo tiempo las dota de un reglamento donde se regula su composición, sus plazos de funcionamiento, objetivos y límites.

En las actuales circunstancias políticas de nuestro país, difícilmente podría consensuarse la composición de dicha Comisión. Desgraciadamente, y producto de nuestro “peculiar” modelo de transición, las fuerzas democráticas y las víctimas del franquismo carecieron de la capacidad de exigir una rendición de cuentas en el momento en que era necesario. Nuestra democracia se define por su carácter excepcional dado que, frente a la gran mayoría de procesos de transición de una dictadura a la democracia, no se ha dado una fase de justicia transicional. Es más, mientras que los modelos de impunidad exportados se han ido resquebrajando (gracias a la labor de las organizaciones de víctimas, y en muchos casos de fuerzas políticas, y de jueces y fiscales demócratas), obteniendo posteriormente la derogación o anulación de las Leyes de Punto Final, en España pervive aún la situación de excepcionalidad. Prueba de ello es la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, plenamente asimilable a aquellas tal y como la define el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y el fracasado intento de "bajar el telón" de forma definitiva con la Ley llamada de la Memoria de 2007.

¿Estaría hoy el partido de la derecha en el gobierno dispuesto a aceptar y llevar a buen término los trabajos de una Comisión de la Verdad, restringida a los crímenes del franquismo y a las responsabilidades de la Dictadura? ¿Las conclusiones obtenidas no apuntarían directamente contra esa derecha que a diferencia de otras derechas europeas no se proclama antifascista, y que no ha sabido ni ha pretendido desprenderse seriamente de la herencia del franquismo?

Seamos claros: una Comisión del Verdad creada por mandato parlamentario estaría probablemente formada por un amplio elenco de magistrados y creadores de opinión conservadores; quizás por algunos de los historiadores que elaboraron las polémicas entradas del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, cuando no por varios de los publicistas de los desautorizados mitos franquistas. No sería aventurar demasiado suponer que el objetivo final de esa Comisión de ¿la Verdad? sería reeditar, no el desautorizado discurso neofranquista en un sentido estricto, sino la mitología legitimadora del actual régimen político: transición modélica otorgada al pueblo por un grupo de políticos "clarividentes" encabezados por un monarca demócrata de toda la vida; ocultación del papel de la oposición antifranquista y de los movimientos obrero, vecinal, estudiantil, y otros, en el final de la dictadura; tratamiento equidistante de los hechos cometidos igualando a víctimas con verdugos; reparto exaqueo de responsabilidades en el inicio y las causas de la guerra civil, etc…

Y no sólo sería ese el sentido que pretendería dar a la Comisión la fuerza política conservadora que hoy tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La experiencia de los años pasados demuestra que la izquierda política no está dispuesta a confrontar el modelo de impunidad y se niega a romper con los pactos de la Transición en que se sustenta éste. Una izquierda presa de sus contradicciones y ampliamente sobrepasada por las exigencias de justicia de las organizaciones de Derechos Humanos y los organismos internacionales. Si presumiblemente, la mayoría absoluta de derechas cubriría su cuota en la composición de la Comisión de "la Verdad" con los patronos de la Fundación Francisco Franco, la izquierda política propondría, muy probablemente, a sus Excombatientes de la Transición.

Por otra parte, ¿tendrían las víctimas del franquismo y el movimiento memorialista alguna capacidad de decisión o influencia a la hora de conformar la Comisión y regular sus objetivos y normas de funcionamiento? Sería una inmensa torpeza que nosotros mismos promoviésemos que el Estado español volviese a juzgar, y sin lugar a dudas a condenar otra vez a las víctimas del franquismo. Porque ése sería el resultado inevitable, las conclusiones de una Comisión de la Verdad constituida por un régimen político que no ha roto de ningún modo con la legalidad franquista (“de la Ley a la Ley” como decía Torcuato Fernández Miranda) y que se negó en nombre de la "seguridad jurídica" a anular las sentencias represivas del franquismo en la Ley de Memoria de 2007. ¿Sería justo que consintiésemos un nuevo juicio, aunque fuera meramente político y formal, a los defensores de la República y a las víctimas del franquismo?

Probablemente la única posibilidad de hacer justicia con respecto a los crímenes del franquismo sea en un nuevo proceso de transición, esta vez sí, hacia otro régimen dispuesto a romper con la legalidad del franquismo y hacer efectivos los tratados internacionales suscritos por el Estado español que puedan afectar a los derechos de las víctimas del franquismo y a las responsabilidades (en primer lugar, penales) de los verdugos.

En numerosas ocasiones, quienes propugnan el establecimiento de una Comisión de la Verdad, en realidad se refieren a un comité de expertos en la represión franquista, e incluso de organizar un “juicio" popular y mediático a la dictadura… Este comité podría ser producto de una iniciativa particular, y además no requiere aprobación y mandato parlamentario. Quizás constituya una propuesta interesante para debatir y analizar pausadamente, pero tengamos claro que eso NO es una Comisión de la Verdad.

Existen suficientes trabajos publicados, fundamentalmente de historiadores pero también de juristas, sociólogos, antropólogos, etc… que realizados con rigor, absoluta profesionalidad y honestidad, permiten un conocimiento amplio y casi definitivo de lo que fue el franquismo y sus crímenes, de sus beneficiarios y de las responsabilidades de los victimarios. El problema no es que no exista una “historia oficial” sobre la República, la guerra civil y el franquismo, o que haya que establecerla para oponerla al moderno recauchutado de los mitos franquistas. Esa batalla por la memoria del futuro es una batalla ya ganada, al menos en el ámbito académico y de los especialistas.

El escollo es que la socialización de la verdad científica para su conversión en memoria colectiva, topa con la ausencia de políticas públicas de memoria democrática. Si quienes hicieron la Ley de Memoria en 2007, establecieron en el preámbulo que sólo buscaban la recuperación de la “memoria personal y familiar”, qué políticas de memoria podemos esperar de quienes acaban de asumir las responsabilidades del gobierno central, tienen amplia mayoría parlamentaria, y controlan la mayor parte de las instituciones municipales y autonómicas.

Y si en algún momento, las organizaciones del movimiento por la memoria democrática, acordasen recabar el apoyo de profesionales para elaborar una especie de “Libro Negro del franquismo”, habría que partir de la premisa de que éste no debería ser únicamente una apuesta por la “verdad”, sino que su objetivo consistiría en desarrollar un sólido argumentario, el cual sustentase futuros procedimientos judiciales (fuera y dentro del Estado español) utilizando el tipo penal de “crímenes contra la humanidad”.


Si lo que se nos propone es una Comisión de la Verdad en sentido estricto, con el fin de establecer, supuestamente, una Verdad histórica oficial, tengamos claro que para nuestros objetivos, no hay otra verdad que la verdad judicial, en forma de leyes o de sentencias. Si no hay justicia, no puede haber verdad, ni reparación, ni reconciliación.

En consecuencia, jugar a aprendices de brujo nos puede llevar a obtener efectos perversos y en ningún modo pretendidos: desde una reedición de la causa general, hasta un intento de volver a juzgar y condenar a los defensores de la legalidad republicana. Y sería prudente que no exijamos al Parlamento que constituya una Comisión de la Verdad si no estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias, porque podrían hacernos caso. En la historia de la democracia española, nunca hasta hoy, el inmenso esfuerzo que supone la recogida de medio millón de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular ha prosperado en el Parlamento. Pero podría darse el caso de que en esta ocasión el Gobierno de la derecha lo acogiera favorablemente. En las actuales circunstancias políticas los resultados de los trabajos de esa Comisión no pueden ser otros, repetimos, que unas conclusiones “políticamente correctas”: se recuperaría la doctrina del reparto de responsabilidades ex-aqueo, como teoría “oficial” justificativa de nuestro modelo de transición. No obtendríamos Justicia, sino “equidistancia” y la reconciliación impuesta por los vencedores; y tampoco Verdad, sino falsificación histórica.

Si por motivos obvios la monarquía implantada con la Ley de Sucesión de 1969 carece de legitimidad de origen, no deberíamos ser nosotros y nosotras (republicanos/as y/o activistas del movimiento memorialista) quienes facilitásemos al segundo jefe de estado que tuvo la dictadura y a su heredero, una apariencia de legitimidad de ejercicio, permitiéndoles reeditar el desgastado mito de la modélica transición, consistente en que debemos la recuperación de las libertades únicamente a su "gracia y magnanimidad". Sería el lavado del ajado discurso de la reconciliación y la concordia entre todos los españoles bajo el manto protector de la corona. Algo que les vendría muy bien en estos momentos en que la institución monárquica está devaluada ante la opinión pública, en que se ha colocado en el punto de mira de las críticas, y en el que la posibilidad de una sucesión monárquica, por causas naturales, parece ser una expectativa no lejana.

Seamos rigurosos y consecuentes: la definición de lo que debe ser la aplicación del derecho a la verdad se recoge en un documento de Naciones Unidas, el llamado Informe Joinet (1). El movimiento memorialista y de víctimas del franquismo (por no hablar de la izquierda política) debería asumir estos planteamientos, absolutamente incompatibles, por ejemplo, con la ley de Memoria de 2007, y dejar de utilizar los términos de "Verdad, Justicia y Reparación" como un mero lema sin dotarlo de contenido. ¿Acaso una Comisión de la Verdad constituida por el parlamento español va a otorgar esos derechos a las víctimas del franquismo? ¿Vamos a promover una Comisión de la Verdad con el fin de “contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas?” ¿Estamos dispuestos a renunciar al derecho a la justicia?

Si alguien tiene dudas sobre el resultado de crear una Comisión de la Verdad, sólo tiene que preguntarse si asume plenamente las conclusiones del "Informe de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos", elaborado en 2011 por iniciativa de un gobierno de orientación, en principio, más progresista que el actual, que carecía de mayoría absoluta parlamentaria.

En los últimos meses hemos podido comprobar cuáles son las consecuencias para la causa de las víctimas del franquismo, de sentencias que crean precedentes negativos, llevando las iniciativas judiciales a una vía muerta. Quizás deberíamos estar pensando en cómo sortear o levantar los precedentes a los que han dado lugar dichas iniciativas, en vez de perseverar y distraer esfuerzos en aventuras que, a la postre, obtendrán resultados contraproducentes y probablemente irreversibles. La proposición de promover una Comisión de la Verdad para el tema de las víctimas del franquismo, debería ser desestimada por irreflexiva. O acaso como segunda fase de una estrategia para apuntalar definitivamente el modelo de impunidad y los pactos de la transición.

Es cierto que las víctimas llevan demasiado tiempo esperando Verdad, Justicia y Reparación por parte de un Estado que se niega a reconocerlas y a aplicar a su caso el Derecho Internacional, pero la impaciencia no es buena consejera. El movimiento social por la memoria democrática y de las víctimas del franquismo tendría a estas alturas que ser capaz de analizar acontecimientos pasados, extraer las conclusiones pertinentes, y no estar a remolque de iniciativas que, actuando a modo de flautista de Hamelin, lo secuestren o lo conduzcan al suicido. Si de hecho se nos acaba de cerrar prácticamente la vía judicial, no podemos cometer el suicido de trabajar para que, además, se nos cierre la vía política.




(1) La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión.

jueves, 12 de abril de 2012

viernes, 6 de abril de 2012

Nota de Dimitris Christoulas, quien se quitó la vida en la Plaza Syntagma de Atenas

Nota de Dimitris Christoulas, quien se quitó la vida ayer en la Plaza Syntagma de Atenas con un disparo, pero a quien este sistema ya había robado toda esperanza de vivir. Víctima de la violencia del mercado y sus mercenarios.

"El gobierno Tsolakoglou de ocupación literalmente aniquiló la posibilidad de mi supervivencia, que estaba basada en una pensión digna que por 35 años yo sólo, (sin la ayuda del Estado) estaba pagando para ella.

Por la razón que tengo una edad que no me da la capacidad de responder dinámicamente de forma individual, (pero por supuesto que si un griego tomaba el Kalasnikof, yo sería el segundo en hacerlo), no encuentro otra solución que dar un fin decente antes de empezar a buscar en la basura para mi alimentación.

Creo que los jóvenes sin futuro, algún día, tomarán las armas y en la Plaza de la Constitución c?lgarán boca abajo los traidores de la nación como lo hicieron en 1945 los Italianos con Mussolini (plaza Poreto de Milán). "

"Los asesinatos de sindicalistas en Colombia o los silencios de Moisés Naím". Por Vicenç Navarro, en Público 4 de abril

Los asesinatos de sindicalistas en Colombia o los silencios de Moisés Naím

Vicenç Navarro
04 abr 2012

Los medios españoles de información de mayor difusión han mostrado un sesgo neoliberal en su cobertura de América Latina que alcanza niveles de clara manipulación en su reportaje sobre Venezuela, país gobernado por un gobierno presidido por Hugo Chávez sobre el cual es casi imposible leer noticias, profundamente sesgadas, que no vayan acompañadas de adjetivos denigrantes e insultantes sobre su persona (ver mi artículo “La doble moral de los medios”, Publico. 16.07.09). El más moderado es “dictador”.

Tal cobertura contrasta con el trato sumamente favorable hacia el gobierno colombiano, presidido antes por Álvaro Uribe y ahora por Juan Manuel Santos, que fue en su día Ministro de Defensa del gobierno Uribe. Los mismos medios de información que constantemente insultan al gobierno Chávez escriben alabanzas del presidente Uribe, que presidió por muchos años el gobierno que tiene uno de los records de América Latina en atropellos de los Derechos Humanos. El último ejemplo de ello es la entrevista de Moisés Naím a Uribe, en El País del 31.03.12, en el que el columnista del diario de mayor difusión del país, el Sr. Moisés Naím, que se presenta como el gran defensor de los Derechos Humanos en América Latina, ensalza la figura del expresidente Uribe sin, en ningún momento de la entrevista, preguntarle sobre la bien documentada brutal represión que su gobierno realizó en contra de los sindicatos. Según los datos de la Federación Internacional de Sindicatos, más de 3.000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1986 sin que Moisés Naím cite ni uno de ellos. Según la organización internacional Human Rights Watch, gran número de tales asesinatos han sido cometidos por los infames grupos paramilitares (algunos de ellos, fundados por la familia Uribe), que tuvieron y continúan teniendo lazos con las fuerzas armadas y el aparato de seguridad del Estado colombiano, tanto durante el gobierno Uribe como con el actual gobierno Santos, lo cual muestra una enorme tolerancia hacia el comportamiento criminal y asesino de tales grupos. Hasta hoy, la mayoría de tales asesinatos han permanecido impunes.

Un grupo que ha sido sujeto de una represión especial, ha sido el sindicato de maestros. Sindicalistas del sector magisterio, que defienden a los maestros, han sido especialmente reprimidos. De los 3.000 asesinados, casi 1.000 han sido maestros. En 2010, 51 sindicalistas fueron asesinados. De ellos, 29 eran maestros. En 2011, 26 sindicalistas fueron asesinados, 14 eran maestros. Esta selectividad hacia este grupo profesional se debe a que la horrible estructura de poder (una de las más desiguales en América Latina) y el establishment colombiano que domina el Estado colombiano no quiere que los maestros enseñen y muestren que es posible otra sociedad a la existente hoy en Colombia. Y aquellos que, a pesar de la enorme represión, muestran la realidad de explotación que existe en aquel país, pagan con su vida su compromiso e integridad profesional. Lo mismo ocurrió en España durante la dictadura, ya que el establishment no deseaba una educación laica y progresista que transmitiera valores democráticos a la juventud.

El nivel de represión ha conllevado que miembros del Congreso de EEUU hayan pedido al presidente Obama que paralice el tratado bilateral aprobado por el gobierno federal de EEUU y el gobierno colombiano de Santos hasta que tales asesinatos desaparezcan del escenario colombiano, petición que, lamentablemente, el presidente Obama ha ignorado. El asesinato de sindicalistas en Colombia (el país con el mayor número de tales asesinatos en el mundo) es una situación escandalosa. Pero lo que es también escandaloso es el silencio y la ocultación de aquella realidad por parte de los medios de información españoles de mayor difusión (como aparece claramente en la entrevista de Moisés Naím a Uribe), medios que justifican la avalancha de insultos al presidente Chávez como indicador de su supuesto inexistente compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Su doble moral es la mejor prueba de que su preocupación no son tales Derechos Humanos, sino la promoción de sus intereses económicos, políticos y mediáticos. Así de claro.


domingo, 1 de abril de 2012

"No estaban muertos, ni estaban de parranda". Por Isaac Rosa

No estaban muertos, ni estaban de parranda
30 DE MARZO DE 2012


Isaac Rosa *

Pues no, no estaban muertos. Pese a las paletadas de tierra que en los últimos años les han echado encima, asegurando que su tiempo ya pasó, que se agradecen los servicios prestados a la democracia pero que ya no tienen sentido en un sistema de relaciones laborales que a golpe de crisis y reformas avanza hacia el vis a vis entre empresario y trabajador; al final ha resultado que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, no estaban muertos.

Tampoco estaban de parranda. Los parásitos de la subvención pública, los que viven del cuento, los sindicatos liderados por coleccionistas de relojes de lujo y que comen a diario en restaurantes de cinco tenedores, los del millón de liberados, los que sólo defienden sus privilegios, los que se van de cañas al terminar las manifestaciones, no debían de estar tan de parranda como aseguran sus detractores, pues han sido capaces de movilizar decenas de miles de piquetes, paralizar varios sectores vitales de la economía, y reunir a cientos de miles de ciudadanos en las mayores manifestaciones que se recuerdan desde las históricas del ‘No a la guerra’.

No entraré a discutir si la huelga ha sido un éxito, un fracaso o una medianía, puesto que sería su palabra contra la mía, dada la falta de parámetros en un país donde hasta el consumo eléctrico es opinable. Teniendo en cuenta las condiciones adversas de esta convocatoria, pienso que el resultado está más cerca del éxito que del fracaso, o al menos está mucho más lejos del fracaso que del éxito, que no sé si es lo mismo. Pero ya digo, todo es opinable, y la huelga va por barrios.

Quienes más se jugaban ayer eran los sindicatos. Para el gobierno, descontado el escenario de una huelga arrolladora a lo 14-D, el riesgo no era muy alto, y Rajoy hasta parecía interesado en un paro discreto con que vender la seriedad de sus medidas en Europa (miren cómo se revuelven mis ciudadanos, de lo duro que soy).

Y siendo ellos los que más se jugaban, son también los que más ganaron ayer. Tampoco necesitaban un 14-D para demostrar a sus sepultureros que todavía colean. Les bastaba con evitar un fracaso rotundo como el que les pronosticaban, y con hacer algo más que cumplir la papeleta como en 2010. Y ambas metas fueron alcanzadas ayer.

Con todos los peros que cada uno quiera ponerles, hay que reconocer que CCOO y UGT conservan una capacidad de movilización que, sin ser capaces de paralizar por completo un país (para lo que necesitarían además la colaboración de la CEOE), siguen teniendo fuerza para detener el transporte público, cerrar la industria, apagar televisiones y vaciar polígonos, puertos y mercados mayoristas, además de conseguir incidencias considerables en unos cuantos servicios públicos de peso.

Es cierto que las huelgas se juegan en el terreno de la imagen, y la deseada instantánea de la ciudad con aspecto de domingo es cada vez más difícil por los cambios económicos, productivos y laborales (ni siquiera los domingos tienen ya aspecto de domingo en muchos sitios). El pequeño comercio, el sector servicios o la administración, con mucha menor incidencia de la huelga que entre los tradicionales blue collar, permiten mantener la apariencia de “normalidad” tan querida por el gobierno. A su vez, el acuerdo en servicios mínimos no visibiliza tanto el paro del transporte, incluso siendo este del 100%, pues a ojos del usuario siguen circulando trenes y autobuses, aunque sea con retraso.

Así, la huelga ha sido rotunda en los sectores más invisibles social y mediáticamente, pero discreta en aquellos más a la vista, por lo que no extrañe que para muchos ciudadanos no hubiese huelga. En todo caso, la invisibilidad de lo logrado se vio en parte compensado con las gigantescas manifestaciones, que en términos de imagen visualizaban con más eficacia el rechazo ciudadano a la reforma laboral y los recortes.

Pero que no estén muertos no significa que gocen de una salud de hierro, ni que puedan sacar mucho pecho. La huelga también ha servido para transparentar sus debilidades. En primer lugar, lo ya comentado: esos amplios sectores de la población trabajadora donde los sindicatos han ido perdiendo presencia, por los cambios productivos pero también por méritos propios. Debería preocuparles especialmente el alejamiento progresivo de los funcionarios, donde ceden cada vez más terreno a los sindicatos sectoriales, sin los cuales no pueden ya convocar una huelga de alcance.

El 29-M también evidencia la necesidad que CCOO y UGT tienen de ir de la mano de otros: sindicatos minoritarios, movimientos sociales, vecinales, estudiantes y 15-M. Todos han participado en la huelga y en las manifestaciones, y sin ellos habría sido menor. Eso sí: la dependencia es mutua, y de la misma forma que los sindicatos deben reconocer que los necesitan para extender sus convocatorias, también aquellos que a menudo fantasean con convocar una huelga general sin contar con CCOO y UGT habrán aprendido ayer que una convocatoria así no es moco de pavo, y que sin los sindicatos mayoritarios no llegarían muy lejos. De hecho, el calor de la huelga, el piquete y la manifestación compartidas, permitieron unas escenas de familiaridad que hasta ahora apenas se habían visto.

Por eso los sindicatos cometerían un error si se confiasen y se conformasen con certificar que están vivos. El día después, la gestión de la huelga, no sólo debe mirar al gobierno, sino también a la sociedad, a todos aquellos que, desde posturas críticas con las direcciones sindicales, se han sumado al 29-M y lo han hecho esperando que sea mucho más que un día de huelga, que la protesta tenga continuidad (lo que no ocurrió el 29-S de 2010). Ante los meses duros que nos esperan, no se entendería que tras la huelga aflojasen el pulso o corriesen a sentarse a la primera mesa de negociación que les ofrezca un gobierno que no tardará en querer una de esas fotos con apretón de manos que tanto luce en el álbum.

Una última reflexión: que la huelga no haya sido muy grande sólo significa que puede ser mayor. Como mayores son las amenazas en el horizonte. Mayores incluso que la propia reforma laboral, que ya es decir.

(*) Isaac Rosa es escritor y columnista