martes, 29 de octubre de 2019

"El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado (Faulkner)", por Javier Pérez Royo


El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado (Faulkner)
No pasa solo en España, como muy bien nos recuerda William Faulkner, pero en España pasa de manera singular, como consecuencia de la Guerra Civil. El largo proceso de exhumación del general Francisco Franco culminado esta pasada semana es un indicador insuperable

Javier Pérez Royo
eldiario.es, 27/10/2019

Santos Juliá abre su libro Transición con una cita de Juan Benet: "La Guerra Civil de 1936 a 1939 es el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién sabe si el más decisivo de su historia". El historiador, fallecido el día anterior al traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos a Mingorrubio, manifiesta su conformidad con la afirmación de Juan Benet, acentuándola todavía más: cuarenta años después de su muerte, hay que suprimir todas las cautelas. El "quién sabe" tiene que ser sustituido por "sin duda alguna".

La Guerra Civil fue un enfrentamiento a muerte entre los dos bandos a los que quedó reducida la extraordinaria complejidad de la sociedad española de las décadas anteriores, tras el cual "el vencedor nunca accedió a ningún tipo de pacto que posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los perdedores y volviera a integrarlos en la vida nacional". Por ello, "la Guerra Civil no fue la culminación de una historia, sino su quiebra brutal, un corte profundo infligido a la sociedad española que, desde 1939, quedó amputada para siempre de una parte muy notable de sus gentes y de su historia"

Francisco Franco fue la encarnación del bando vencedor, que consiguió no solo estabilizar un régimen político hasta su muerte, sino que consiguió condicionar de manera decisiva el futuro régimen que vendría a sustituirlo. Las piezas centrales del sistema de poder que articula jurídicamente la Constitución de 1978 no fueron definidas en el proceso constituyente que se inició tras las elecciones del 15 de junio de 1977, sino que provienen directamente o del General Franco: la Monarquía, o de las Cortes franquistas inmediatamente después de la muerte del dictador, que a través de la Ley para la Reforma Política, definirían la composición de las Cortes bicamerales que aprobarían la Constitución y que mantendrán dicha composición en el texto constitucional, o del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez, que mediante Decreto-ley aprobó el sistema electoral del Congreso y el Senado.

Estos tres elementos, que son los decisivos en el ejercicio del poder juridificado en la Constitución de 1978, no son resultado de un proceso constituyente democrático, sino que son herencia del Régimen del General Franco. La Restauración de la Monarquía, la composición de las Cortes como órgano constitucional representativo del pueblo español y su sistema electoral, no han sido definidos por el poder constituyente del pueblo español, sino que se introdujeron sin debate constituyente de ningún tipo en el texto constitucional que se sometería a referéndum el 6 de diciembre de 1978.

Hay un cuarto. La Iglesia Católica, que también se incorporó de forma espuria al sistema de poder del 78, a través de la negociación de unos Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que fueron negociados por el Gobierno de Adolfo Suárez antes de que estuviera aprobada la Constitución, pero que fueron publicados el 4 de enero de 1979, unos días después de que la Constitución hubiera entrado en vigor. Materialmente son preconstitucionales, pero formalmente no lo son. Tanto la Iglesia como el Gobierno de Adolfo Suárez, sabían que esos acuerdos no hubieran podido ser aprobados en democracia, pero que para la democracia sería muy difícil, por no decir imposible, revisarlos. Y así ha sido.

La Monarquía, un Congreso de los Diputados ligeramente devaluado en su composición y un sistema de elección desde la perspectiva del principio de legitimidad democrática, un Senado incompatible con dichos principios de legitimidad y una Iglesia Católica que mantiene su posición privilegiada predemocrática, han encorsetado el proceso político y han condicionado fuertemente el esfuerzo por ir levantando las hipotecas heredadas de la Guerra Civil y de las décadas del Régimen de las Leyes Fundamentales.

Con un sistema de poder definido desde el pasado, ha resultado imposible enfrentarse a lo que ese pasado había sido. La "parte amputada" a la que se refería Santos Juliá, ha continuado siendo parte amputada. La sociedad española no ha podido o no se ha atrevido siquiera a mirar a ese pasado e intentar "integrarlo en la vida nacional".

De ahí viene la permanencia durante 44 años de los restos del general Franco en El Valle de los Caídos; de ahí viene la incapacidad de abordar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales militares o de excepción después de la Guerra Civil, de ahí vienen los más de cien mil ciudadanos desparramados por las cunetas y un largo etcétera.

La exhumación del General Franco era un primer paso indispensable para que la sociedad española empiece a mirar a su pasado e intentar una auténtica reparación. Ya hemos visto lo difícil que ha sido. No menos difícil va a ser el camino que queda por recorrer.

El pasado en España nunca ha sido pasado. Kant decía que España es el reino de los muertos, que los muertos la poseen, que los muertos la dominan. Lo hemos visto con la exhumación de Franco. Pero también lo podemos ver con la utilización del terrorismo como instrumento de represión años después del fin del terrorismo y de la disolución de ETA. La utilización de un pasado terrorista para reprimir conductas que no pueden ser calificadas de tales. En la Audiencia Nacional no dejan de multiplicarse los procesos por terrorismo en estos últimos años. Ahí está el caso de Alsasua. Parece que ahora se está iniciando la traslación de dicha estrategia para hacer frente al nacionalismo catalán.

¿Hasta cuándo?

https://www.eldiario.es/contracorriente/pasado-muerto_6_957214271.html

lunes, 21 de octubre de 2019

Intervención en la Biblioteca Pública de Guadalajara. 17 de Octubre 2019


Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradecer la invitación a participar en este acto a las compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de Guadalajara y felicitarles por la organización de estas Jornadas. También agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados.

El título de esta Jornadas, “la Memoria histórica ante los nuevos retos políticos”, es bastante más sencillo que la realidad a la que se refiere. Nos encontramos en una tesitura complicada: nos enfrentamos a unas elecciones, el 10 de noviembre, con resultado incierto.

La conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo andaluces, los acuerdos previos a la constitución de gobierno y las medidas que ya se están adoptando, muestran que las fuerzas gobernantes en Andalucía han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los inmigrantes y los refugiados. También sobre la memoria histórica, cuya reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación señala a los responsables de los crímenes cometidos, deja en evidencia el sistema de impunidad en que han vivido los autores, y explica, en buena parte, el status social y económico del que siguen gozando muchas personas, empresas e instituciones.


En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy más de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase entonces, fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una Ley integral de Víctimas del franquismo, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas.  Estamos convencidos/as de que, independientemente de los procedimientos judiciales que se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son fundamentalmente políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y desarrollar otra, que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

El proyecto de LVF que hemos trabajado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También nos hemos basado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En qué consiste la propuesta de Ley de Víctimas del franquismo
El Proyecto se basa en dos ideas centrales:
1. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH sobre las víctimas del franquismo.
2. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.

Se debe tener siempre en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta, al menos, las elecciones democráticas de 1977. En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos que están vivos, independientemente de su edad, tal y como sucede en países como Alemania.

En posteriores reuniones del Encuentro (2017 y 2018), hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta de Vicálvaro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo se ha adoptado, siempre por consenso, una posición más contundente sobre la Ley de Amnistía de 1977,  pronunciándonos a favor de la aprobación por el Parlamento de una Declaración de Nulidad de la misma.

La Estrategia seguida por el Encuentro ha perseguido que se plasmen en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista. Hemos realizado manifestaciones en Madrid, y celebrado múltiples reuniones, entregas del proyecto de Ley de Víctimas a dirigentes políticos y cargos públicos… Queremos convencer a las fuerzas políticas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que están presentando tienen un recorrido limitado, como se ha demostrado.

Esta iniciativa ha tenido entre las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales una buena acogida por lo general, pero también con escasos resultados, por la concurrencia con las diversas y dispersas iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos en estas legislaturas cortas. El borrador de LVF ha inspirado propuestas como el proyecto de IU de Junio de 2018, o el que presentamos en el Senado junto a Compromís.

A pesar de las dificultades, creemos que el hecho de que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía, y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, constituiría un hito histórico, significaría un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.


Sobre la exhumación de Franco
Nos felicitamos por la decisión el TS del 24 de septiembre. La importancia real de la exhumación es relativa, por cuanto no deja de ser un hecho aislado que no supone un cuestionamiento del modelo español de impunidad, pero tiene una fuerte carga simbólica. Supone un éxito innegable para el movimiento social por la Memoria,  y confiamos en que llegue a buen término. Que se saque a Franco de Cuelgamuros constituye una modesta victoria, pero una decisión contraria del TS hubiera supuesto una derrota estrepitosa, casi definitiva. Que los Franco hubieran parado el Decreto-Ley aprobado en el Parlamento hubiera supuesto una gran derrota democrática.

El éxito se debe sin duda al movimiento memorialista. Por ejemplo: desde hace 12 años el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, junto a otros colectivos y organizaciones, viene realizando concentraciones en la entrada del Valle cada 20-N. La denuncia y la presión del MSRM, han terminado convenciendo y captando el apoyo para la causa de las víctimas del franquismo de buena parte de la opinión pública, y explica porqué Pedro Sánchez ha tenido que hacer lo que ni siquiera se plantearon Felipe González o Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno probablemente tiene la tentación de utilizar electoralmente la exhumación, pero también de que este tema sirva de cortafuegos a otras reivindicaciones memorialistas, y al cuestionamiento de la impunidad del franquismo. Pero Rodríguez Zapatero intentó algo parecido con la Ley de Memoria en 2007, y el resultado está a la vista.

Durante todo este proceso, ha sido noticia la labor obstruccionista de los Franco y del prior contra la decisión del Gobierno, avalada en el Parlamento casi por unanimidad, y además por la sentencia firme del Supremo. Demuestra la necesidad urgente modificar el status jurídico del Valle.

El 25 de septiembre, Iñaki Gabilondo dijo que esto era un final, pero disentimos: es sólo un avance en la lucha contra la impunidad del franquismo. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros, que pase la desacralización, por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional- católica; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; la resignificación del Valle como lugar de homenaje a los resistentes antifranquistas, a las víctimas, y especialmente a trabajadores esclavos.

En los próximos meses tendremos que valorar la nueva situación creada (junto con los resultados electorales y la composición del próximo Gobierno). Y qué efecto tienen sobre el futuro del Valle tanto la salida de los restos de Franco, como la indignación de una parte de la opinión pública ante los continuos intentos de entorpecer el proceso.


La actuación provocadora e impúdica de los Franco y de sus abogados, ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político de la familia el dictador.

Creemos indispensable, a pesar de los 44 años de retraso, naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador) como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia. Estamos viendo recientemente lo que está pasando con la familia Pinochet en Chile, con la Justicia del país exigiendo la devolución de fincas irregularmente apropiadas y las cuentas bancarias en el extranjero.

Tendremos que plantear la constitución con efecto inmediato tras la conformación del Parlamento, de una Comisión de investigación, que tenga necesariamente consecuencias judiciales, con el fin de que investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador; el origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de la familia Franco; que investigue todos los títulos de propiedad, así como los documentos de adquisición, si los hubiere; que audite e investigue las declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa; que analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos; que investigue las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado.


Como especialmente grave valoramos la Resolución "Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa " aprobada por el Parlamento europeo el pasado 19 de septiembre: Todo un ejemplo de revisionismo histórico, falsificación histórica y manifestación anticomunista. Constituye un intento deplorable de equiparar el fascismo y el comunismo, minimizando y justificando los crímenes del fascismo,  silenciando la responsabilidad de las grandes potencias capitalistas con el surgimiento del fascismo en varios países europeos, y al tiempo ocultando la lucha de los comunistas por la libertad de Europa en la Guerra Mundial,  o el papel que desempeñaron en el avance de los derechos democráticos (políticos, económicos, sociales y culturales) de los trabajadores y los pueblos.

Se llega a escribir en la Resolución que "algunos países europeos han prohibido el uso de símbolos tanto nazis como comunistas", instando a imitar el “ejemplo”. Tiene la intención de allanar el camino para intensificar y generalizar la persecución y la prohibición de los partidos comunistas, y arrastrar a otras fuerzas progresistas y al movimiento sindical, como ha sucedido en varios estados miembros, como Lituania, Estonia, Letonia o Polonia, entre otros, donde, junto con la rehabilitación y la glorificación de los colaboracionistas con el nazismo, se produce la destrucción de monumentos conmemorativos de la resistencia antifascista o de las Brigadas Internacionales.

La Resolución tiene como consecuencia cuestionar los Juicios de Nüremberg,  cuya jurisprudencia ha sido la pieza fundamental en la actual configuración del Derecho Penal Internacional reconocido y codificado por las Naciones Unidas.

Cuando se constituyó el Tribunal de Nüremberg se dieron  discusiones y problemas, que se solventaron con el Estatuto de Londres 1945: se dotó de argumentación para legitimar el hecho de actuar en nombre de toda la Humanidad; asimismo definió los delitos a juzgar, agrupándolos en crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad.

Las dudas sobre la legitimidad del Tribunal se centraban en la aplicación de la extraterritorialidad sobre acusados alemanes, y la retroactividad juzgando delitos que no lo eran en su momento en la legislación alemana, como las leyes raciales de Nüremberg,  o las políticas eugenésicas, por ejemplo. Asimismo es cierto que las potencias aliadas también cometieron crímenes: los bombardeos británicos sobre población civil en objetivos no estratégicos (Dresde o Hamburgo); matanzas soviéticas como Katyn y deportaciones de grupos étnicos colaboracionistas de los nazis (chechenos y tártaros). Por no habla de Hiroshima y Nagasaki.

En Nüremberg los jerarcas del régimen nazi fueron condenados, entre otros crímenes internacionales, por conspiración y crímenes contra la paz, declarando a la Alemania Nacionalsocialista como la única responsable del inicio de la II Guerra Mundial. Cuestionar ahora a una de las potencias aliadas (la 4ª parte del Tribunal) situando a los soviéticos al mismo nivel que los nazis acusados y condenados, cuestiona el Estatuto, el propio juicio y la sentencia. Y en consecuencia pone en entredicho la Justicia Internacional y todo el sistema de derechos humanos.

Hemos sacado un comunicado, colgado en nuestra web, que condena esta Resolución, e insta a los eurodiputados españoles que lo votaron o se abstuvieron, a una rectificación pública.


No voy a repetir las célebres declaraciones de hace unos días del concejal madrileño de Vox, o las de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no me resisto a calificar sus palabras como expresión de maldad, de indigencia intelectual y de bajeza moral.

Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo hacen? Y la respuesta es sencilla: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; O a que la familia Franco pueda seguir disfrutando del producto del expolio y de la corrupción.

También es impunidad que políticos de derecha y publicistas de los mitos franquistas digan brutalidades similares, e incluso peores, que las recientemente pronunciadas por Ortega y por Ayuso, sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia y mentir sale gratis en España, especialmente cuando se ataca a los defensores de la República, a los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura...

Hemos estado analizando las posibilidades e intervenir judicialmente, y los problemas y dificultades son enormes. La respuesta política y judicial que como colectivos memorialistas y de víctimas tenemos que dar, debe ser muy rigurosa, no poniendo en riesgo nuestros objetivos finales por un minuto en un telediario. Si los juzgados no admiten o desestiman una denuncia podemos obtener un precedente muy negativo. Un auto o una sentencia contraria a nuestros intereses, puede acarrear consecuencias difíciles de enmendar.

En 2007 un grupo de personas de diferentes colectivos participamos en una denuncia contra Pío Moa, por decir que: “Franco no liquidó a los rojos, los escarmentó”, y “Aquellos que hoy defienden la Ley de la Memoria Histórica se identifican con los criminales, los de las checas”. La denuncia llegó a la Audiencia Nacional debido a las supuestas injurias al Gobierno, y en mayo de 2008 la archivó el juez Fernando Grande Marlaska, por no apreciar que las declaraciones de Moa consistieran en injurias, y que en todo caso éstas iban dirigidas a los “chequistas”, y no al Gobierno.

Como venimos repitiendo desde el Encuentro Estatal de Colectivos, la solución no es meramente judicial, sino fundamentalmente política: sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los víctimas del franquismo, puedan acabar condenados por un tribunal.


Nada más. Muchas gracias.

lunes, 14 de octubre de 2019

Entrevista en El Siglo, 10 de Octubre de 2019


Virginia Miranda. El Siglo, 10-10- 2019


Arturo Peinado (Foro por la Memoria): “La salida del dictador es sólo el primer paso”
“Las declaraciones de Ortega Smith tienen una muy complicada salida penal porque nos encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis”


@ElSiglo_eu
Virginia Miranda.
Fotos: ÁLEX PUYOL

Sus declaraciones sobre las 13 Rosas pueden sentar a Javier Ortega Smith en el banquillo de los acusados. O no. Porque las víctimas del franquismo no tienen el reconocimiento jurídico del que sí gozan otros colectivos para poder perseguir el delito de injurias esgrimido en una querella prevista contra el número dos de Vox. Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria reclaman soluciones a problemas que, como éste, seguirán pendientes tras la salida de Franco de Cuelgamuros. Su presidente, Arturo Peinado, anuncia que para el 20 de noviembre y como vienen haciendo desde hace una docena de años, “estaremos en la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista”.

La Asociación Trece Rosas de Asturias ya ha iniciado los trámites para querellarse contra Javier Ortega Smith por injurias a las 13 Rosas, 13 jóvenes fusiladas en Madrid por el régimen franquista en 1939. ¿Por qué cree que el secretario general de Vox haga estas declaraciones a punto de exhumarse Franco y de que se celebren elecciones? ¿Cree que es tan potente el franquismo sociológico en España?

El franquismo sociológico en España es bastante potente porque no se ha tocado desde el punto de vista de la transición. La democracia no ha juzgado la impunidad criminal y política, el expolio masivo a las propiedades de los republicanos y los beneficios por el trabajo en condiciones de esclavitud no se han cuestionado. Ni siquiera se ha cuestionado cómo la familia Franco ha adquirido propiedades como el Palacio de Cornide, el Pazo de Meirás, las estatuas de la catedral de Santiago… Hay mucha gente que se vio beneficiada por un sistema plagado de corruptelas y eso, al cabo de 40 años, creó un amplio sector de franquismo sociológico que estaba dentro del PP.

¿Cree que ha cambiado algo en la derecha española? Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, sólo se ha escuchado en el PP una reacción polémica por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando de quemar iglesias como en el 36.

Sí, los franquistas estaban antes en el PP y Vox es ahora la parte más ultrarreaccionaria y sin complejos. Respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid ya hemos visto sus permanentes meteduras de pata y estas declaraciones son una mezcla de mala fe y maldad con bastante indigencia intelectual.
Hablando de iglesias. ¿Cómo compara el papel que jugó la jerarquía católica durante la guerra y la dictadura y el que ha jugado ahora, desde que el Gobierno anunció su intención de sacar a Franco de la basílica del Valle? Sin mencionar al prior, que ha ido por libre durante este proceso.

Uno de los grandes problemas de la sociedad española es que la Iglesia no se haya planteado pedir perdón por aquello. Hubo una declaración en los años 70 por parte de un grupo de sacerdotes, pero no llegó a ser unánime. Ahora hay un arzobispado en Madrid bastante menos reaccionario que el de Antonio María Rouco Varela y entiendo que habrá habido presiones por parte del Gobierno y del Vaticano para que este tema se solucione. Nosotros hemos constituido una plataforma  llamada ‘Ni Valle ni Almudena’ donde estamos más de cien asociaciones de todo tipo; sindicatos, partidos políticos, asociaciones feministas, vecinales… y varios grupos de católicos de base. Fuimos a presentar una petición al arzobispado contra la intención de la familia Franco de inhumarlo al dictador en la basílica de la Almudena y entre las seis personas que llevamos el documento había dos sacerdotes. Entiendo que ha cambiado mucho respecto al franquismo, pero continúan existiendo rémoras en la Iglesia porque se benefició con riqueza, poder y fundamentalmente el control del sistema educativo.

Ni Valle ni Almudena. ¿Y Mingorrubio? Porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se opone a la inhumación en un cementerio público.

Los restos de Franco han de dejar de ser un problema público para convertirse en un asunto privado. Cuando sea trasladado a Mingorrubio se debe dejar de financiar. Y el Ayuntamiento de Madrid, que durante estos años ha sostenido económicamente el mantenimiento del mausoleo familiar, debe dejar de hacerlo. Si se dice que no a Mingorrubio, habrá que decir algún sitio. Nosotros decimos Mingorrubio pero con un cambio en las condiciones de propiedad y gestión.

¿Cree que el número dos de Vox podría ser condenado por la vía penal? La reforma de 1995 elimina la posibilidad de iniciar un procedimiento por injurias o calumnias contra una persona fallecida. ¿Existe también la posibilidad de proceder por un delito de odio?

Un equipo de abogados nuestros y de otras organizaciones memorialistas están trabajando sobre este asunto, pero es complicado. El de injurias es un delito privado y tiene que ser el ofendido el querellante. En cuanto al delito de odio lo veo poco factible porque no ha prosperado en casos anteriores. ¿Por qué? Porque para que se dé tiene que ir contra un colectivo reconocido por el Estado, como los judíos o las víctimas del terrorismo, y las víctimas del franquismo no cuentan con ese reconocimiento. Nosotros consideramos que el asunto tiene una muy complicada salida desde el punto de vista judicial. Estamos viendo cómo abordar las declaraciones de Ortega Smith, pero entendemos que la solución es política. Hay que hacer una ley de víctimas del franquismo que las reconozca jurídicamente y les dé unos derechos similares o del mismo nivel que las víctimas del terrorismo. De este modo sería perseguible penalmente la calumnia y la injuria, pero nos encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis.

¿Están entonces estudiando la vía civil?

Sí, vemos que ir por la vía civil por vulneración del derecho al honor es bastante más factible. Hace diez o doce años, después de que Pío Moa dijera que las víctimas del franquismo habían sido escarmentadas, presentamos una denuncia que acabó siendo desestimada por el juez, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo digo no porque hiciera una lectura conservadora, sino porque prácticamente es inviable ese procedimiento con la legislación que tenemos. Si se pudiese actuar por delito de odio, calumnias o difamaciones, podríamos haber conseguido condenas contra muchos de estos pseudohistoriadores revisionistas que han publicado infamias de manera permanente con gran respaldo de medios de comunicación.

El Supremo tumbaba estos días los últimos intentos por impedir la exhumación del dictador. ¿Qué representa una noticia así para su federación?

Para nosotros y para todos los compañeros de la plataforma ‘Ni Valle ni Almudena’ supone una alegría y un éxito de muchas asociaciones de memoria histórica. Mi organización y otras más llevamos más de una docena de años concentrándonos cada 20 de noviembre en la puerta del Valle de los Caídos, mandando comunicados de prensa, celebrando reuniones y concentraciones de todo tipo… y eso ha cuajado en el conjunto de la sociedad. Nos parece también que es un primer paso. La salida del dictador es lo primero de todo lo que queda por hacer. El estatus jurídico de los religiosos de la basílica, la simbología franquista, la propia cruz… Son elementos que hay que abordar y resolver de manera satisfactoria. Siempre hemos defendido que tiene que ser un lugar de memoria democrática dedicado a las víctimas del franquismo y muy concretamente a los trabajadores esclavos que lo construyeron. Peleamos por eso y por dar una salida a los restos de los miles de republicanos que allí se trasladaron en los años 50 y 60.

¿Dónde van a estar el próximo 20 de noviembre?
Hablaremos con los compañeros del Foro Social de la Sierra del Guadarrama, pero el sábado anterior o posterior, ya lo acordaremos, estaremos en la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista y franquista.

Si el PP gana las elecciones derogará la ley de memoria histórica y la sustituirá por la llamada ley de concordia. ¿Qué opina de esta propuesta?

Es la vieja equidistancia de la Transición. Son los organismos internacionales de derechos humanos los que han dicho que hay un sector de la sociedad, un colectivo de varios cientos de miles de personas como son las víctimas del franquismo, que han sido maltratadas y abandonadas por parte del Estado español, al que han mandando una serie de recomendaciones para que cumpla con ellas. Esa es la idea a seguir. Nosotros, como decía antes, apuntamos que tiene que haber una ley de víctimas del franquismo.

Si por el contrario es el PSOE el que logra formar Gobierno, ¿cree que abordará las grandes demandas pendientes, como las exhumaciones de las víctimas, la reforma de la Ley de Amnistía o la anulación de los juicios franquistas?

Parte sí. También dependerá de la composición del futuro Gobierno.

 ¿Cree que sin Unidas Podemos el PSOE no lo haría?

Sí, en buena parte. El 26 de agosto participé en la reunión sobre memoria histórica que convocó el presidente del Gobierno en funciones con una treintena de personas. El PSOE ya había presentado el 19 de julio una nueva ley de memoria que ha quedado en nada con la disolución de las Cortes, pero creo que si forma Gobierno su propuesta va a ir por ahí. Yo en cambio defendí una ley de víctimas para la equiparación de sus derechos con los de otros colectivos como las víctimas del terrorismo. También reclamamos la nulidad de la ley de amnistía, que está funcionando como una ley de punto final por ejemplo con las peticiones de extradición desde Argentina, y consideramos que las exhumaciones de las fosas del franquismo tiene que hacerla un juzgado o fiscalía especializada. Es inaceptable que intenten vendernos el sistema que se aprobó en la ley de memoria de 2007, que incumple la ley de enjuiciamiento criminal donde se dice que, si se encuentran restos con signos de violencia, se tiene que hacer cargo un juez y la policía judicial. No es lógica la derivación a la vía administrativa que aplicó la ley de memoria, con la cual y tras solicitar un permiso, una administración subvenciona a una asociación particular o agrupación de familiares. Tanto Podemos como Izquierda Unida, formando parte el mismo grupo parlamentario, han presentado dos iniciativas independientes en el Congreso, pero todavía nos parece que hay elementos bastante mejorables.


viernes, 11 de octubre de 2019

Intervención en el acto de desagravio a las 13 Rosas.




Madrid, Plaza de Jacinto Benavente. 10 de Octubre de 2019


Estimados amigos y amigas, compañeras y compañeros, camaradas.

Es un honor y un placar compartir espacio hoy con vosotros en un acto tan significativo, como es un homenaje en recuerdo y desagravio a las 13 Rosas, y por extensión a sus compañeros los 43 claveles, y a todas las víctimas del franquismo.

No voy a repetir lo dicho los pasados días por el concejal de la extrema derecha, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no me resisto a calificar sus palabras como expresión de maldad humana, de indigencia intelectual y de bajeza moral.

Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo hacen? Y la respuesta es sencilla: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; O a que la familia Franco pueda seguir disfrutando del producto del expolio y de la corrupción. 

También es impunidad que políticos de derecha y publicistas de los mitos franquistas digan barbaridades similares e incluso peores que las recientemente pronunciadas por Ortega y por Ayuso, sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia y mentir sale gratis en España, especialmente cuando se ataca a los defensores de la República, a los luchadores antifranquistas, o a  las víctimas de la dictadura.

En 2007 un grupo de personas de diferentes colectivos participamos en una denuncia contra Pío Moa, por decir que: “Franco no liquidó a los rojos, los escarmentó”, y “Aquellos que hoy defienden la Ley de la Memoria Histórica se identifican con los criminales, los de las checas”. La denuncia llegó a la Audiencia Nacional debido a las supuestas injurias al Gobierno, y en mayo de 2008 la archivó el juez Fernando Grande Marlaska, por no apreciar que las declaraciones de Moa consistieran en injurias, y que en todo caso éstas iban dirigidas a los “chequistas”, y no al Gobierno.

La respuesta política y judicial que como colectivos memorialistas y de víctimas tenemos que dar, debe ser muy rigurosa, no poniendo en riesgo nuestros objetivos finales por un minuto en un telediario. Si los juzgados no admiten o desestiman una denuncia podemos obtener un precedente muy negativo. Un auto o una sentencia contraria a nuestros intereses, puede acarrear consecuencias difíciles de enmendar.

Como venimos repitiendo desde el Encuentro Estatal de Colectivos, la solución no es meramente judicial, sino fundamentalmente política: sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los víctimas del franquismo, puedan acabar condenados por un tribunal. 

Nada más. ¡¡¡Vivan las Trece Rosas y Viva Madrid Antifascista!!!


Un militante de IU denuncia a Pío Moa por injurias y humillación a las víctimas del terrorismo. Público, 01/11/2007

Marlaska archiva la querella contra Pío Moa por denunciar los asesinatos en las checas republicanas. Libertad Digital, 18/05/2008

sábado, 5 de octubre de 2019

"Franco, cette momie qui habite l’Espagne", por Cathy Dos Santos. L'Humanité, 27/09/2019



Franco, cette momie qui habite l’Espagne
Le tribunal suprême doit se prononcer sur l’exhumation des restes du dictateur, qui reposent encore dans le Valle de los Caidos, un monument à la gloire du franquisme.

CATHY DOS SANTOS

Temps forts

« Il s’est instauré un modèle d’impunité pénale pour les assassins et les tortionnaires franquistes.»
ARTURO PEINADO PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION D’ÉTAT DES FORUMS POUR LA MÉMOIRE


Ils se sont dit oui devant la momie. Les nostalgiques du franquisme ne sont pas les seuls à se recueillir de- vant la dépouille de Francisco Franco entreposée dans la basilique nichée au cœur du Valle de los Caidos (la vallée de ceux qui sont tombés). Certains se marient même dans cet immense mo- nument, pourtant symbole d’une dictature que l’Espagne n’est toujours pas parvenue à solder, quatre décennies après le retour de la démocratie. La croix gigantesque, haute de 150 mètres, qui surplombe un monastère bénédictin et le lieu de culte creusé à même la colline de la Sierra de Guadarrama, est encore visible depuis l’autoroute, au nord-ouest de Madrid. Sa construction dictée sur ordre du sa- trape a débuté au lendemain de la guerre (1936-1939). Pierre après pierre, des mil- liers de prisonniers politiques réduits en esclavage ont bâti ce complexe dont l’unique ambition était de sacrer le na- tional-catholicisme qui a écrasé la deu- xième République espagnole. Comble du cynisme, les sépultures de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Pha- lange, et de Franco, après sa mort en 1975, sont entreposées aux côtés de milliers d’Espagnols torturés, assassinés, jetés dans des fosses communes puis récupé- rés pour être enterrés aux côtés de leur bourreau. Plus de 33 000 républicains mais également « martyrs et héros de la croisade » initiée par les nationalistes en 1936 s’enchevêtrent en ce sinistre endroit, toujours en activité et entretenu grâce à l’argent du contribuable. Fait impensable ailleurs, mais en Espagne, on le croirait presque intouchable. Depuis 2004, les différents gouvernements socialistes ont cherché à s’y attaquer. En vain. Le pré- sident de l’exécutif sortant, Pedro Sanchez, a fait de l’exhumation du dictateur et de la transformation du « Valle » en un lieu de mémoire l’une de ses mesures phares. Mais là encore, non sans mal.

« Récupérer la mémoire historique des antifascistes »
C’est le 24 septembre que le Tribunal suprême doit rendre sa réponse définitive quant au transfert ou non des restes du tyran, après des années d’atermoiements et de polémiques révélatrices du non-tra- vail mémoriel quant aux trente-neuf années de règne du général. En juin, la justice avait décidé de surseoir de manière
« préventive » à sa décision afin d’« étu- dier » un recours déposé par la famille de Franco, ainsi que trois autres entités (la fondation Francisco Franco, la communauté bénédictine de Cuelgamuros et l’association de défense du Valle de los Caidos). « Lamentable », estime Arturo Peinado, président de la Fédération d’État des forums pour la mémoire, une orga- nisation créée en 2004 « avec pour objec- tif de récupérer la mémoire historique des antifascistes qui ont lutté pour la République et pour en finir définitivement avec l’impunité des crimes franquistes ». « Cette décision est d’autant plus lamentable, in- siste-t-il, que durant des lustres les tri- bunaux espagnols n’ont rien dit sur les victimes du franquisme. Au contraire, ils ont mis des entraves aux droits de leurs familles, ainsi qu’au travail que nous avons entrepris. Comment est-il possible que la famille de Franco soit capable de paralyser  un tel processus? Ces gens-là ont  des équipes d’avocats grâce à une fortune qu’ils ont spoliée aux Espagnols durant la dic- tature. » À ses yeux, l’exhumation de Franco « est une question vitale pour la démocratie espagnole ». « C’est une épreuve de force. Qui commande en Espagne ? Les avocats de la famille de Franco qui par- viennent à paralyser les tribunaux ou le gouvernement et le Parlement ? », ques- tionne Arturo Peinado. Le 24 août 2018, l’exécutif a adopté un décret stipulant que la dépouille de Franco devait être exhumée avant la fin de cette même an- née. Dans la foulée, en septembre, c’est le Congrès des députés qui se prononçait en ce sens par 172 voix pour, 2 contre et 164 absentions du Parti populaire (conser- vateurs) et de Ciudadanos (ultralibéraux).

Transférer la dépouille du Caudillo, mais où ?
Mais les héritiers du dictateur se sont em- ployés à faire trébucher ce projet vieux de quinze ans. Ce sont eux encore qui, en cas d’exhumation, pourraient décider du pro- chain lieu où sera enterré le Caudillo. Se poserait dès lors l’épineux problème de son transfert vers la cathédrale de la Almudena, comme l’envisagerait la famille et ce, contre l’avis général de l’archevêque de Madrid, du gouvernement, de la délégation gou- vernementale de la capitale, ainsi que des organisations mémorielles, des partis po- litiques de gauche et autres collectifs des droits de l’homme. Ces derniers considèrent que la dépouille de Franco doit être entre- posée dans le cimetière du Pardo, dans la banlieue madrilène, où se trouve un caveau familial où repose sa veuve.

Quoi qu’il advienne, les obstacles de ces dernières années en disent long quant à la difficulté de défrancoïser l’Espagne. «Il s’est instauré un modèle d’impunité pénale pour les assassins et les tortionnaires franquistes. Le pouvoir politique n’a pas été non plus revu, tout comme le statut social et économique de certaines familles, dont les Franco, ainsi que les bénéficiaires de la dictature. L’indice économique est l’Ibex 35 (l’équivalent du CAC 40 en France – NDLR). Des 35 entreprises cotées en Bourse, une trentaine ont tiré pro- fit de la dictature, en réduisant au travail d’esclave des milliers et des milliers de républicains. À ce non-travail de mémoire, il faut
ajouter des politiques actives d’oubli, et de soutien au système d’impunité hérité du fran- quisme. C’est l’une des colonnes centrales de l’actuel régime établi en 1978 », selon le pré- sident des Forums pour la mémoire. Un silence de plomb qui arrange les affaires des Franco et consorts.
CATHY DOS SANTOS


  


Franco, esta momia que vive en España.
La corte suprema debe decidir sobre la exhumación de los restos del dictador, que aún se encuentran en el Valle de los Caidos, un monumento a la gloria del franquismo.



"Existe un modelo de impunidad criminal para los asesinos y torturadores de Franco". 
ARTURO PEINADO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA



Le dijeron que sí a la momia. Los nostálgicos del franquismo no son los únicos que se refugian en los restos de Francisco Franco almacenados en la basílica ubicada en el corazón del Valle de los Caidos (el valle de los que han caído). Algunos incluso se casan en este gran monumento, sin embargo, un símbolo de una dictadura que España aún no ha logrado resolver, cuatro décadas después del regreso de la democracia. La gigantesca cruz, de 150 metros de altura, que domina un monasterio benedictino y el lugar de culto excavado en la colina de la Sierra de Guadarrama, todavía es visible desde la carretera, al noroeste de Madrid. Su construcción dictada por orden del satrop comenzó después de la guerra (1936-1939). Piedra tras piedra, miles de presos políticos esclavizados construyeron este complejo cuya única ambición era consagrar el nacional-catolicismo que aplastó a la segunda República española. Para coronar el cinismo, los entierros de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, y Franco, después de su muerte en 1975, se almacenan junto a miles de españoles torturados, asesinados, arrojados a fosas comunes y luego recuperado para ser enterrado junto a su verdugo. Más de 33,000 republicanos, pero también "mártires y héroes de la cruzada" iniciados por los nacionalistas en 1936 enredados en este siniestro lugar, todavía activos y mantenidos gracias al dinero del contribuyente. Es impensable en otros lugares, pero en España es casi intocable. Desde 2004, los diversos gobiernos socialistas han tratado de abordarlo. En vano. El presidente del ejecutivo saliente, Pedro Sánchez, hizo de la exhumación del dictador y la transformación del "Valle" en un lugar de memoria una de sus medidas emblemáticas. Pero de nuevo, no sin maldad.

"Recuperar la memoria histórica de los antifascistas"
Es el 24 de septiembre que la Corte Suprema debe dar su respuesta definitiva en cuanto a la transferencia o no de los restos del tirano, después de años de dilación y polémicas que revelan el trabajo no conmemorativo de los treinta y nueve años de reinado. del general. En junio, el tribunal decidió posponer
"Preventivo" a su decisión de "investigar" una apelación presentada por la familia de Franco, así como otras tres entidades (la Fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina de Cuelgamuros y la asociación de defensa del Valle de los Caidos). ). "Lamentable", dice Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros de Memoria, una organización creada en 2004 "con el objetivo de recuperar la memoria histórica de los antifascistas que lucharon por la República y por para terminar definitivamente con la impunidad de los crímenes franquista ". "Esta decisión es tanto más lamentable", insiste, "que durante décadas los tribunales españoles no han dicho nada sobre las víctimas del régimen de Franco.

Por el contrario, han impedido los derechos de sus familias y el trabajo que hemos emprendido. ¿Cómo es posible que la familia de Franco pueda paralizar tal proceso? Estas personas tienen equipos de abogados gracias a una fortuna que robaron a los españoles durante el dictado. A sus ojos, la exhumación de Franco "es una cuestión vital para la democracia española". "Es un enfrentamiento. ¿Quién está ordenando en España? ¿Los abogados de la familia de Franco que paralizan los tribunales o el gobierno y el parlamento? "Pregunta Arturo Peinado. El 24 de agosto de 2018, el ejecutivo aprobó un decreto que estipula que el cuerpo de Franco debería ser exhumado para fines del mismo año. En septiembre, fue el Congreso de los Diputados el que votó 172 votos a favor, 2 en contra y 164 ausencias del Partido Popular (conservadores) y Ciudadanos (ultraliberal).

Transfiere los restos del Caudillo, pero ¿a dónde?
Pero los herederos del dictador han tratado de tropezar con este proyecto de quince años. Son ellos quienes, en caso de exhumación, podrían decidir el próximo lugar donde se enterrará al Caudillo. Entonces surgiría el espinoso problema de su traslado a la Catedral de la Almudena, como lo contemplaría la familia, en contra de la opinión general del Arzobispo de Madrid, el Gobierno, la Delegación gubernamental de la capital, así como organizaciones conmemorativas, partidos políticos de izquierda y otros grupos de derechos humanos. Estos últimos consideran que el cadáver de Franco debe almacenarse en el cementerio de Pardo, en los suburbios de Madrid, donde hay una bóveda familiar donde descansa su viuda.

Pase lo que pase, los obstáculos de los últimos años dicen mucho sobre la dificultad de defraudar a España. "Ha habido un modelo de impunidad criminal para los asesinos y torturadores de Franco. El poder político tampoco fue revisado, al igual que el estado social y económico de ciertas familias, incluido el Franco, así como los beneficiarios de la dictadura. El índice económico es Ibex 35 (el equivalente del CAC 40 en Francia - Ed). De las 35 compañías que cotizan en el mercado de valores, unas 30 han aprovechado la dictadura, reduciendo a miles de miles de republicanos a mano de obra esclava. En este trabajo sin memoria, tienes que Agregar políticas activas de olvido y apoyo al sistema de impunidad heredado de Francia. Este es uno de los pilares centrales del régimen actual establecido en 1978 ", según el Presidente de los Foros de la Memoria. Un silencio principal que resuelve los asuntos de Franco y otros.

Ante la resolución aprobada en el Parlamento Europeo sobre Memoria Histórica



MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA


Ante la resolución aprobada en el Parlamento Europeo sobre Memoria Histórica el 19 de septiembre de 2019


La Federación Estatal de Foros por la Memoria quiere expresar su indignación ante la  resolución el Parlamento Europeo que supone otra pieza más dentro de la estrategia de revisionismo histórico promovida por la Unión Europea.

El título de esta Resolución ("Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa ") es manifiestamente engañoso, porque no pretende asentar la Memoria Democrática Europea como base y principio en la construcción de una Europa asentada en los valores de la libertad, solidaridad, igualdad y fraternidad, sino que su objetivos es promover burdamente el anticomunismo mediante la reescritura y la falsificación de la historia.

Porque en la lectura del texto nos encontramos con una serie de manipulaciones y tergiversaciones históricas de inspiración ultra-reaccionaria, en un intento de equiparar fascismo y comunismo, minimizando los crímenes del nazismo y ocultando las responsabilidades de las grandes potencias capitalistas en el ascenso del fascismo.

Además de manifestar una grosera sucesión de falsedades históricas en el contexto del Pacto Ribbentrop-Molotov, ocultando los antecedentes y el trasfondo histórico, la resolución adoptada por la mayoría del PE omite importantes comportamientos de tolerancia, complicidad y alineamiento de las grandes potencias capitalistas con el surgimiento del fascismo en varios países europeos. Es el caso de las políticas de No Intervención de la Sociedad de Naciones que consintieron la intervención fascista contra la República española y la abandonaron a su suerte. Políticas cómplices que culminaron con la Conferencia de Munich, en la cual Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, certificaron el desmembramiento de Checoslovaquia, así como el abandono que condenaría definitivamente a la República Española a caer en manos de un dictador aliado de Hitler y Mussolini, cuyo gobierno fascista sería reconocido por Francia y el Reino Unido en febrero de 1939.

La resolución adoptada por la mayoría del Parlamento Europeo busca borrar la contribución decisiva de los comunistas y la Unión Soviética a la derrota del nazismo y los fascismos, y la liberación de los pueblos del dominio colonial después de la Segunda Guerra Mundial. Una resolución que también pretende silenciar el papel protagonista de los comunistas en las guerrillas y resistencias antinazis, así como encabezando la lucha por la democracia y las libertades contra las dictaduras de Portugal, España o Grecia.

Se oculta la aportación del pueblo soviético con la sangre de cerca de 27 millones de muertos en la lucha contra el nazismo. La resolución del parlamento Europeo pone al mismo nivel a invasores y a libertadores, a los SS que custodiaban el campo de aniquilación de Auschwitz con el Ejército Rojo, que lo liberó. Precisamente las Naciones Unidas designaron la fecha de su liberación, el 27 de enero, como Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto.

De igual modo, la resolución interesadamente olvida los Juicios de Nüremberg,  cuya jurisprudencia ha sido una pieza fundamental en la actual configuración del Derecho Penal Internacional reconocido y codificado por las Naciones Unidas, y los hechos enjuiciados por este tribunal internacional, en el que recordamos, los jerarcas del régimen nazi fueron condenados, entre otros crímenes internacionales, por conspiración y crímenes contra la paz, declarando a la Alemania Nacionalsocialista como la única responsable del inicio de la II Guerra Mundial.

Esta resolución contiene otro elemento de enorme gravedad: Se llega a escribir que "algunos países europeos han prohibido el uso de símbolos tanto nazis como comunistas". Tiene la intención de allanar el camino para intensificar y generalizar la persecución y la prohibición de los partidos comunistas, y arrastrar a otras fuerzas progresistas y al movimiento sindical, como ha sucedido en varios estados miembros, como Lituania, Estonia, Letonia o Polonia, entre otros, donde, junto con la rehabilitación y el elogio histórico del fascismo y la glorificación de los colaboracionistas con el nazismo, se produce la destrucción de monumentos conmemorativos de la resistencia antifascista, de la liberación de territorios por el Ejército Rojo, o de las Brigadas Internacionales.

El texto ha contado con el voto a favor de representantes de países y fuerzas políticas autodenominadas demócratas, olvidando que en el hemiciclo asisten parlamentarios de países como Hungría, Polonia, etc… que están realizando políticas homófobas, racistas y xenófobas.

Como resultado, la Resolución  fomenta la xenofobia y el racismo, se promueven las fuerzas fascistas, y supone una renuncia expresa del antifascismo como elemento fundacional de la unidad europea. Ante el creciente peligro de fascismos, nazismos y nacionalismos, se elige un camino de ruptura entre los demócratas europeos.

Como consecuencia de todo ello, la Federación Estatal de Foros por la Memoria condena rotundamente dicha Resolución, e insta a los eurodiputados españoles pertenecientes a dichas fuerzas políticas autodenominadas democráticas, a una inmediata rectificación pública.

Federación Estatal de Foros por la Memoria, 27 de septiembre de 2019