En diciembre de 1997 Ignacio Ramonet publicó un editorial en “Le Monde Diplomatic” con el título “Desarmar los mercados financieros” en el que decía, entre otras cosas muy sabrosas, lo siguiente: “El desarme del poder financiero debe convertirse en un interés cívico de primera magnitud, si se quiere evitar que el mundo del próximo siglo se transforme en una jungla donde los predadores impongan su ley”. Ya entrados en el siglo XXI podemos contemplar que estas palabras han resultado premonitorias y que, efectivamente, por no haber desarmado ese poder financiero se ha desatado la gran crisis que estamos atravesando, y lo que es peor, que los mercados siguen imponiendo su ley a la hora de buscar una salida a esta situación.Aquel editorial inició el movimiento ATTAC. Desde entonces este movimiento ha defendido la necesidad de implantar la Tasa Tobin y eliminar los paraísos fiscales, entre otras reivindicaciones, para atenuar ese gran poder del mundo financiero y sentar algunas de las bases para construir un mundo más justo. Se ha conseguido movilizar a mucha gente a lo ancho del mundo, pero sin éxito a la hora de lograr que las propuestas se llevaran a cabo. El estallido de la crisis ha puesto sobre el tapete la importancia de las propuestas de ATTAC, y las que eran reivindicaciones de un movimiento social han llegado a formar parte del discurso de los gobiernos más influyentes de la economía mundial. No obstante, nada de lo que se propuso en el G-20, como combatir los paraísos fiscales, se ha plasmado en actuaciones concretas.
Los mercados causantes de la crisis siguen imponiendo su ley sobre los derechos de ciudadanía y la democracia, lo que va a tener consecuencias muy negativas de cara a la salida de la crisis. La situación resulta tan escandalosa que hasta una persona tan moderada como Miguel Boyer ha escrito un artículo, “Ganar dinero apostando al desastre” (EL PAÍS, 30-04-2010), en el que denuncia con lucidez lo que está pasando.
En este artículo pone de manifiesto cómo las agencias de valoración tuvieron una gran responsabilidad en el periodo anterior a la actual crisis sobreponderando activos, empresas y solvencias y, por tanto, contribuyendo en primera línea a la generación de burbujas desmesuradas en el sector inmobiliario y en las Bolsas en general, así como a alentar una errónea confianza de los inversores y de las entidades de crédito. Fue aquel sin duda -junto a la política de intereses bajísimos de la FED, la desregulación financiera y los blindajes de ejecutivos- uno de los factores principales de la crisis.
En estos primeros meses de 2010, sigue diciendo Boyer, la orientación ha cambiado: los que exageraron el optimismo y la confianza en el auge pasado ahora exageran notoriamente el pesimismo sobre la solvencia de las deudas públicas y privadas de un cierto número de países. La propagación del pesimismo aumenta las primas de riesgo de los prestamistas de toda clase. Como resultado, los que ganaron con el auge, ahora siguen ganando con la caída.
Mientas esto sucede, los trabajadores pierden su empleo o se reducen sus salarios, muchos pequeños, medianos empresarios y autónomos cierran sus negocios, y los gobiernos no tienen autonomía para realizar políticas económicas propias, sino que éstas vienen dictadas por los poderosos mercados financieros. El pesimismo no solamente influye en tener que pagar más por la deuda pública emitida para financiar el déficit, lo que hipoteca el futuro de los países con pagos excesivos de amortización de la deuda, que no pueden así tampoco realizar otro tipo de gastos sociales, sino que obliga a reducir el déficit con las políticas de ajuste consiguientes.
La economía griega está viviendo un calvario con el ajuste que se la obliga a hacer para afrontar tanto el déficit como la deuda, que se considera excesiva. La contestación social que está provocando este ajuste ya ha causado muertos, y estamos asistiendo a la tragedia griega no como representación teatral, sino como trágica realidad. La delicada situación económica por la que atraviesa está conduciendo a una gran crisis social y política. No conviene olvidar los costes económicos y sociales causados por las políticas de ajuste que se obligó a aplicar a los países menos desarrollados en la década de los ochenta del siglo pasado.
Pero parece que no se quiere aprender. Los costes de la crisis los pagan los de siempre, mientras que los causantes siguen beneficiándose de la situación. Hay que acabar con las agencias de valoración, y hoy más que nunca hay que plantear con fuerza el necesario desarme de los mercados financieros, si queremos apostar por una economía más sana, más igualitaria y sostenible. Los mercados financieros con su fuerza y poder atacan a la democracia y los derechos humanos y de ciudadanía. Son un peligro para lograr la convivencia democrática y socavan los fundamentos del desarrollo económico y del estado democrático de derecho.
En este sentido, resulta muy esclarecedora la anécdota que cuenta Alex Callinicos en su libro “Contra la tercera vía” (Crítica 2002). En un momento determinado Blinder y otros economistas asesores del presidente Clinton le dicen a éste que lo más urgente no era llevar a cabo las reformas económicas para las que había sido elegido, sino disminuir el déficit público para calmar al mercado de bonos. Ante esto Clinton, con la cara encendida por la cólera y la incredulidad dijo: “¿pretenden decirme que el éxito del programa y de mi reelección depende de la Reserva Federal y de un puñado de comerciantes de bonos?”. Hubo asentimientos en toda la mesa. Ni una negación. Le pareció a Blinder que entonces Clinton entendió que su suerte pasaba por las manos del no elegido Alan Greenspan y el mercado de bonos. Si esto pasa en la economía más fuerte del planeta, qué no nos pasará a los más débiles.
Carlos Berzosa Alonso-Martínez, nació en Madrid en el año 1945, es Catedrático de Economía Aplicada e imparte la enseñanza fundamentalmente en las disciplinas de Estructura Económica Mundial y Desarrollo Económico. Licenciado y Doctor por esta misma Universidad. Actualmente es el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, cargo en el que tomó posesión el día 23 de junio de 2003.
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