Ni en el
Valle ni en la Almudena
Arturo Peinado Cano. Presidente de la Federación Estatal de Foros por
la Memoria.
@apces
Publicado en elestado.net 12 de Octubre de 2018
El Valle de los Caídos empezó a
ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria
histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos
colectivos venimos denunciando frente a las puertas del Valle, la existencia de
este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando, y
cuyo régimen significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y
exilio. La dictadura supuso el secuestro de la soberanía nacional durante 40
años, y la implantación de un sistema de represión ejercida de múltiples maneras, y a lo largo
de toda su existencia, sobre cientos de miles de personas.
Cuelgamuros es, ante todo, un lugar de exaltación del franquismo y de
su acto fundacional: el golpe de los militares perjuros del 18 de Julio de
1936. Pero también es una necrópolis, donde yacen miles de víctimas de la
dictadura conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una
especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran
consultadas en el momento de su traslado, y sin que muchas ni tan siquiera
sepan que sus restos yacen allí.
Frente al relato franquista que define al Valle como monumento de “reconciliación”
contamos con los documentos históricos que demuestran la falsedad de ese
argumento: historiadores acaban de encontrar la factura de una empresa que en
1959 trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle; los desafectos a la
dictadura fueron enviados y posteriormente inhumados en cajas de diez en diez, con
los restos mezclados, frente a los féretros individuales de los adeptos al
régimen.
La exhumación tanto de los restos de Franco como de Primo de Rivera no
es un asunto privado, que compete a las familias de ambos, sino un asunto de
trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente
de cuál sea la opinión de sus familiares, los restos de ambos deben abandonar el
Valle, que debe reconvertirse en un Memorial para recordar y homenajear a las
personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos,
especialmente a los presos republicanos que lo construyeron como trabajadores
forzados.
Sin embargo, hemos podido ver reiteradamente la aparición pública de
los nietos de Franco, explicando su negativa al traslado de los restos del
dictador, al mismo tiempo que en Chile la Corte Suprema ordenaba a la familia
Pinochet devolver al fisco 1,6 millones de dólares.
Las únicas explicaciones públicas de la familia Franco que deberían
interesar a la sociedad y los medios de comunicación, tendrían que versar sobre
la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas
del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago; la apropiación de la Casa
Cornide en el centro de Coruña; la multimillonaria recalificación de la finca
de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y bienes (como buena parte de
los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que
otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto
de la dictadura que encabezaba.
No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía
histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador
pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la
dictadura.
El pasado 13 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Decreto
para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La redacción del mismo, estableciendo
que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos
libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta por un
enterramiento en propiedad previamente adquirido dentro de la catedral madrileña
de la Almudena. A ello se ha unido la
exigencia por parte de la familia Franco de que el traslado se haga con honores
de Jefe de Estado. Incluso miembros del Gobierno han planteado la posibilidad de
que, como alternativa, se le rindieran honores de General de División, el grado
que tenía Franco cuando se sublevó contra el régimen democrático legítimo. Estas
cosas pasan cuando un régimen dictatorial no es declarado ilegal por la
democracia posterior.
El entierro de Franco en la catedral de la Almudena,
un lugar público con una enorme carga simbólica en el centro de Madrid, a pocos
metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura celebraba
los actos de exaltación del régimen, supondría una humillación (otra más) para
las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de
la sociedad.
La respuesta del arzobispo de Madrid sobre la
provocadora decisión de enterrar a Franco en la cripta de la Almudena ha sido:
"La Iglesia acoge a todos". Osoro se ha desligado de la decisión y la
considera "una cuestión que deben resolver el Gobierno y la familia".
Sería conveniente y deseable una reconsideración de este
posicionamiento por parte de la Iglesia española. Como expresan en un comunicado las Redes Cristianas
, el traslado de Franco a la Almudena vendría a denigrar aún más a una Iglesia
que concedió en su día el título de “Cruzada” a la guerra, y avaló una
represión masiva que violó los derechos humanos más elementales.
No olvidemos que la Iglesia católica está financiada por el Estado democrático,
por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial (incluso mayoritaria) de
la sociedad que también contribuye a su financiación. Y el Gobierno está en
condiciones, y tiene la obligación
política y moral, de exigir ese respeto.
Hoy, es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso
al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el
autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Debemos ser
conscientes de que si, finalmente, se entierra
al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en
un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos
europeos, y como respuesta, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello
tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad,
y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.
No es difícil imaginar que los ultras y cabezas
rapadas seguidores de los equipos de fútbol extranjeros, empiecen a considerar
la Almudena como lugar de peregrinación obligatoria en sus visitas a Madrid
(puesto que no existen lugares similares en el resto de Europa, ni
legislaciones tan complacientes como la nuestra con las demostraciones públicas
de exaltación fascista y neonazi). ¿Qué opinará de ello el arzobispado? ¿Y los
hosteleros del centro de Madrid? ¿La alcaldesa seguirá pensando que “el
Ayuntamiento no tiene nada que decir”?
El Estado debe responsabilizarse de que los aspectos formales del traslado
de los restos de Franco no supongan reconocimiento ni privilegio alguno. Asimismo,
el Estado debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún
lugar que pueda considerarse un privilegio o un honor. Una democracia no puede honrar a un dictador, como reiteradamente han
expresado los organismos internacionales de Derechos Humanos en una serie de
recomendaciones dirigidas al Estado español.
Los ciudadanos y la sociedad civil organizada no pueden permanecer
indiferentes, ni dejar de tomar posición. El
pasado martes, 9 de octubre, una veintena de colectivos de memoria histórica y
víctimas del franquismo, asociaciones vecinales y culturales, organizaciones políticas
y sindicales… nos hemos reunido en Madrid para comenzar a organizarnos, manifestar
públicamente nuestra oposición frontal a que se consume el traslado de los
restos de Franco, una vez exhumados de Cuelgamuros, a la catedral de la
Almudena. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para
que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedirlo.
También vamos a exigir a los responsables políticos y
a las instituciones concernidas (Gobierno de la nación, Arzobispado y
Ayuntamiento de Madrid), que tomen todas las medidas que sean necesarias para
que Franco no sea enterrado en la catedral. Tenemos previsto llevar a cabo una
serie de actividades reivindicativas, informativas, etc… que culminarán con una
gran movilización frente a la Almudena.
Llevamos 11 años manifestándonos frente a la puerta
de Cuelgamuros cada 20-N, con calor o frío, lluvia, viento o nieve… Si al final
la infamia se consuma y los restos de Franco acaban en la catedral, seguiremos movilizándonos
para exigir la reparación de esta infamia, y que se llegue a una solución
definitiva y satisfactoria.
La sociedad y el Estado español tienen una deuda
inconmensurable con las víctimas y sus familias, y también tienen un serio
problema con los restos del franquismo (que no es sólo el cadáver de Franco). La
salida prevista del dictador de su monumento faraónico en Cuelgamuros constituye
la oportunidad de zanjar esta cuestión. La responsabilidad de que ahora se
produzca un cierre en falso, que será en todo caso provisional, será en primer
lugar del Gobierno, pero también de la Iglesia.