Jornada "10º Aniversario de la Ley de Memoria y política municipal"
Celebrada en la Diputación de Toledo (7 de Octubre de 2017)
Para comenzar quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros
el saludo de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y de todos los compañeros/as de los
Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de
Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo.
Fundamentalmente, agradecemos a
la Diputación y a Izquierda Unida de Toledo que nos haya brindado la
oportunidad de poder informaros sobre cómo vemos en estos momentos la situación
de la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del
franquismo.
El pasado 24 de diciembre, al
final del discurso de Nochebuena, el jefe del Estado, dijo: “son tiempos para profundizar en una España
de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra
heridas cerradas”.
Este alegato explícito a favor de la impunidad y del olvido tiene una
doble lectura: Por un lado expresa el rechazo del Estado español a cumplir con
las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en
defensa de la impunidad de los crímenes franquistas, como hizo la representación
española en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.
En segundo lugar, que Felipe Borbón cerrase su discurso más importante
de 2016 con dicha alusión, implica el reconocimiento de que las
reivindicaciones del movimiento social por la memoria histórica y por los
derechos de las víctimas del franquismo, es un debate que está hoy en la
sociedad, en la política, y en los medios de comunicación.
Nuestra Federación, que ha participado en diversos procedimientos
judiciales desde 2003, ha
llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del
franquismo es política, y debe generarse en el Parlamento, legislando, derogando
y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones
internacionales de derechos humanos denominan “modelo español de impunidad”. Todo
ello, independientemente de procedimientos judiciales que haya abiertos o se
puedan abrir, aquí, o como los que se han presentado en Argentina o en México.
ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en
Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día
de hoy 88 asociaciones y colectivos. Le
hemos dado en llamar ENCUENTRO. De
allí salió un amplio Documento consensuado, la llamada CARTA de
Vicálvaro, que no es de nadie en concreto pero es de todos, y que se hizo
llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 como
propuesta programática, con el objetivo
de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda
política y de la campaña electoral.
La Estrategia
seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización
con iniciativa institucional, con un objetivo:
plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento
memorialista en esta legislatura. Hemos
realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones,
entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…
El pasado 15 de mayo estuvimos en Barcelona presentando las propuestas
del Encuentro al movimiento memorialista y a las instituciones (Ayuntamiento de
Barcelona, Memorial Democràtic, Parlament). También estábamos interesados en
conocer de primera mano la llamada Ley
de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo que se aprobó el 4 de
julio. Asimismo tenemos prevista realizar otra reunión similar con
instituciones y organizaciones gallegas en Coruña.
En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como
propuesta la necesidad de una de Ley de
Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial,
junto a otras propuestas. Se ha trasladado a diversas fuerzas políticas y
grupos institucionales, con buena acogida, pero distancia por la concurrencia que
se ha dado con múltiples iniciativas parlamentarias memoria histórica de varios
grupos políticos. Algunos, como En Marea
o Compromís, sí se han manifestado públicamente a favor de una LVF.
El pasado mes de Junio se celebró la 3ª
reunión estatal del ENCUENTRO, y hemos
debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y el desarrollo
del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo hemos adoptado una posición más
avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977, pronunciándonos a favor de una Declaración de Nulidad de la misma.
Pretendemos promover la convergencia estratégica del MSRM y de la
izquierda política en torno a una LVF. Debemos convencer a las fuerzas
políticas democráticas de que ninguna de las múltiples iniciativas políticas
particulares que se han venido presentando tiene futuro, y que deben aunar
fuerzas a partir de la Carta de Vicálvaro y de las reivindicaciones y
propuestas reales de las asociaciones memorialistas.
Somos conscientes de que con la actual composición del parlamento, una
mayoría parlamentaria se pondrá del lado de la impunidad, tal y como pasó hace
unos meses con la votación sobre las extradiciones de torturadores a Argentina.
De cualquier modo, que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran
capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley
de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un
hito histórico, un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo
en nuestra lucha.
Ley de
Víctimas del franquismo
Nuestra propuesta central como Federación, asumida por el Encuentro
Estatal, se plasma en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos
trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se
ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas
y sociales. Hemos organizado 3 debates en Madrid, 2 de ellos con expertos en
Justicia Internacional y Derechos humanos en el Colegio de Abogados, y un
tercero con responsables de MH de diversas fuerzas parlamentarias. Los tres
debates se pueden seguir en Youtube.
El Proyecto LVF Se basa en dos ideas:
1. Que se niega a las Víctimas
del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se
conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base
jurídica ni lógica (definición de víctima de NNUU) y hay que acabar con ello.
2.
Vemos indispensable que el estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH. La Ley de
Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del
franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio
de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo
estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor,
exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen
derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las
otras no"
El Documento en el que estamos trabajando comienza con una Declaración
de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte
física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del
franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas,
hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas,
agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones
Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la
Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
La Ley de Víctimas del
franquismo debe partir del reconocimiento
jurídico de las víctimas, y posteriormente garantizar la aplicación a las
mismas de esos tres derechos, conforme al Derecho Penal internacional de los
Derechos Humanos.
Buena parte del trabajo, se fundamenta en diversos documentos: La Ley
de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y
los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial
sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de
no repetición.
Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente
el agravio comparativo que se ha
venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un
reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática
por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador
entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a
la definición de Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los
efectos es la identidad de los victimarios.
La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha
seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino
que implica el no reconocimiento
jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus
derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación
material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del
secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció
la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo
de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército,
las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las
víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a
otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia,
incluso elaborando una legislación específica para ello.
La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias
franquistas en nombre de una supuesta seguridad jurídica, tal y como quedó
establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción
de su plena responsabilidad de las consecuencias de la legislación represiva
del franquismo. El hecho inconcebible de que el estado de derecho no se haya
sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias
represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por
parte del Estado democrático el reconocimiento
explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los
derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.
Además debemos considerar que no
sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de
las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un
sentido amplio, lo fue el conjunto de la
sociedad española.
Nuestra propuesta no consiste en una ley de víctimas de la guerra civil en
general, es más, nos oponemos tajantemente a ello. En primer lugar porque
la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y
quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad
democrática. Pero sobre todo, porque el trato
proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto
en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del
franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.
Las víctimas, por definición
injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses
iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a
partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de
unas políticas de reparación intensivas
que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el
acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a titulaciones académicas; concesiones
de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios, etc… Pero
sobre todo, recibieron un reconocimiento
público prolongado, multiforme y unívoco.
Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles
circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no
impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de
víctimas afines al nuevo régimen.
Por el contrario, las víctimas
del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y
olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que
además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de
represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de
memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ése
fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más
habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su
pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.
Uno de los objetivos
fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y
desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de
tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación
tan injusta, como pudieran ser la plena vigencia de las sentencias represivas
del franquismo, o la existencia de miles
de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es
un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado
de derecho.
También se debe tener en
consideración que la represión franquista no
sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los
años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se
extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no
hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples
hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo
perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con
contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los
crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.
Somos conscientes de que la tarea que se nos presenta es muy difícil.
Hace unos meses el diputado Joan Tardà, el parlamentario más comprometido con
las víctimas del franquismo y el movimiento social por la recuperación de la
memoria, nos comentaba que queda muchísimo por hacer, pero que hemos metido un
pie para impedirles cerrar la puerta. Que el esfuerzo de cientos de personas en
muchos puntos del Estado español ha impedido que los vencedores de la guerra,
de la dictadura y de la Transición,
diesen carpetazo a la memoria de los defensores de la República y de los
combatientes antifascistas. No hemos conseguido desmantelar el sistema de
impunidad, pero sí hemos impedido que se impusiesen definitivamente la
impunidad de los crímenes franquistas, y las políticas de silencio y olvido
propugnadas desde 1977.
Desde nuestra apuesta por una Ley integral de Víctimas, creemos que el
papel de las instituciones de ámbito regional y local debe ser respaldar ésta
con las políticas concretas que se puedan adoptar en cada ámbito de
competencia, así como promover las declaraciones institucionales de condena del
franquismo y de apoyo a los derechos de las víctimas, dentro de la línea
programática desarrollada por el Encuentro Estatal de Asociaciones.
Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la
documentación, y mantener cauces permanentes de colaboración e información.
Muchas gracias.
