viernes, 17 de junio de 2022

Intervención del Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, en el 12º Aniversario de la Ronda de Sol

Intervención del Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, en el 12º Aniversario de la Ronda de Sol

16 de Junio de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=lHJiFspSDRM

Estimados amigos y amigas, compañeras, compañeros y camaradas:

Es un honor dirigirme a vosotros en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, porque la Ronda de Sol es, desde hace 12 años, un referente para todo el Movimiento Social para la recuperación de la Memoria Histórica. Felicidades por vuestro compromiso y vuestra perseverancia.

Se dice que el alcalde Almeida es un enemigo de la Memoria Histórica. Nada más falso. Desde que accedió al gobierno municipal está llevando a cabo, de manera constante e implacable, unas políticas de memoria en la ciudad de Madrid profundamente reaccionarias. Prueba de ello son los monumentos inaugurados, como el de “Los últimos de Filipinas” donde aparece la efigie del desequilibrado oficial al mando, no de los soldados sacrificados en guerras coloniales en defensa de intereses ajenos. Por no hablar del proyectado monumento de homenaje a la Legión, encarnada formalmente en un personaje que bien pudiera estar entrando a saco en un pueblo andaluz o extremeño en 1936. El motivo principal de la inquina de Almeida y Villacís contra Almudena Grandes se debe a que en sus novelas, la escritora madrileña dio visibilidad a las víctimas del franquismo, especialmente a las mujeres, y de paso, señaló a los responsables.

Reafirmamos también nuestro compromiso con la Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este, exigiendo la reposición de los nombres que allí fueron profanados por el alcalde Almeida; también con la creación de un Memorial en la antigua cárcel de Carabanchel de homenaje a los presos y a todos los represaliados/as por la dictadura.

Por último vamos a continuar trabajando junto a vosotros y vosotras, en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos, exigiendo que el Gobierno impulse de una vez la legislación cuya tramitación está bloqueada en el Congreso: la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Bebés Robados, y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.

Como decía el filósofo francés Daniel Bensaïd: “Nos hemos equivocado en muchas cosas y muchas veces, pero jamás nos hemos equivocado de combate ni de enemigos”. Reafirmamos hoy y aquí nuestro compromiso con la lucha por el desmantelamiento de la impunidad del franquismo, y el pleno acceso a la Justicia de sus víctimas.

Nada más, compañeras y compañeros. Feliz duodécimo “cumpleaños” de la Ronda de Sol.

¡¡ Viva la Ronda de Sol; Viva la Memoria Antifascista !!

lunes, 22 de noviembre de 2021

Intervención sobre las fosas comunes del franquismo


 

Intervención CURSO INTRODUCTORIO SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA

Mesa Redonda "Hablan los movimientos: fosas, la desbandá, la memoria feminista, los crímenes de la transición”

Jueves, 18 de noviembre de 2021. Universidad Carlos III. Campus Puerta de Toledo (Ronda de Toledo, 1)

Integrantes de la Mesa:

  Llum Quiñonero

  María José Montero

  Manuel Ruiz

  Arturo Peinado.

Modera: Ana García.


Arturo Peinado Cano. @apces

Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

 

La exhumación de fosas comunes del franquismo siguiendo protocolos científicos, a partir del año 2002, por la llamada generación de los nietos, está en el origen del movimiento social por la recuperación de la Memoria y de las políticas de memoria que se han implementado desde entonces. El impacto social generado por la visión de las víctimas de las fosas comunes, y cómo se ha presentado por los medios de comunicación, ha hecho que la opinión pública identifique casi automáticamente la exhumación de fosas comunes del franquismo con el sentido y los objetivos del movimiento social por la recuperación de la memoria. Es completamente erróneo e infinitamente más complejo.

 La percepción social se debe tanto al impacto que las imágenes de dichas exhumaciones causan, como a la imagen simplificada que los medios de comunicación trasmiten habitualmente sobre el sentido de las mismas.

 El problema radica en que en España, miles de personas ejecutadas extrajudicialmente y hechas desaparecer por la fuerza, reciben el trato de restos arqueológicos, en vez de víctimas de graves agresiones a los derechos humanos, sin el requerimiento de apertura de un procedimiento judicial para conocer no solo la identidad de los restos, sino también la causa y sus responsables. Una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes. Por tanto, el modelo de exhumación no judicializada que se ha impuesto implica deshacerse poco a poco del “problema” buscando hacer permanente y definitiva la impunidad de los crímenes.

 Hoy, las víctimas del franquismo continúan siendo tratadas como una excepción por el Estado, que no reconoce su existencia y las mantiene en un limbo jurídico al que no se aplican los procedimientos habituales de la Justicia.

 La Federación Estatal de Foros por la Memoria realizó una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas, entre 2003 y 2012. Todas se llevaron a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado, y en cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural por el tipo penal de crímenes contra la humanidad, con un importante respaldo documental, histórico y jurídico. Es decir, exigiendo la implicación de la Justicia en la exhumación conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consonancia con lo establecido por el derecho penal internacional de los derechos humanos. Ya en 2012 el magistrado retirado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín animaba a presentar querellas en cadena contra todos los jueces territoriales que no acudan a las fosas del franquismo durante las exhumaciones. “Cuando se le dice al juez ‘venga a ver este cráneo con un agujero de bala’ y no va, está prevaricando”.

 Invariablemente la respuesta que hemos recibido tras cada exhumación, ha sido el archivo de nuestras denuncias (inmediatamente recurridas por nuestra parte a la instancia superior) sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho interno sobre el internacional, la prescripción del delito, y en todo caso, aplicando la Ley de Amnistía de 1977. Eso era lo que pasaba hasta 2012. Posteriormente, en las dos últimas exhumaciones que llevamos a cabo (en Guadalajara y Málaga), nuestras denuncias se archivaron en aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. La sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que absolvió al exjuez Garzón, dejó claro que la vía de la Justicia quedaba cerrada para las víctimas del franquismo.

 La desaparición forzada de las víctimas, la denegación explícita de justicia ha supuesto un castigo post mortem (a lo que se añadieron las múltiples formas de represión que tuvieron que soportar las familias y los supervivientes). Son heridas que se han ido transmitiendo de una generación a otras.

 Frente a las demandas de familias y asociaciones el Estado optó por intentar reconducir todo el proceso de exhumaciones a la vía administrativa, mediante la Ley de Memoria de 2007. La Ley de memoria vigente niega explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas y de sus familias, y además privatiza y externaliza la gestión de las exhumaciones, subvencionando a familias, asociaciones y profesionales.

 

Buena parte de las leyes de memoria autonómicas insisten en ese modelo, al insistir en legislar sobre la intervención en exhumaciones cuando no se tiene competencia sobre Justicia, persevera en líneas generales en el modelo privatizador y extrajudicial de exhumaciones.

 La solución que hasta ahora ha propugnado el Estado al problema de las fosas comunes pasa por circunscribir las exhumaciones al ámbito estrictamente personal y familiar, ajeno a otras consideraciones. Se niega a los familiares el reconocimiento y el derecho a la justicia, y se utiliza su dolor y el legítimo derecho a la recuperación de los restos del familiar asesinado, haciéndoles creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles unos restos mortales que fueron mal enterrados, y que eso es todo lo que deben esperar.

 Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, mediante la ocultación a la sociedad del significado real de las exhumaciones, circunscribiéndolas a actos privados formalmente humanitarios. Un entierro “digno”, no recupera necesariamente la dignidad de las víctimas, ni les hace Justicia. 

Sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, valoramos que es un importante avance que la localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo se considere responsabilidad directa e ineludible del Estado español. Sin embargo, no se garantiza la indispensable judicialización de todo el proceso de exhumaciones e identificaciones, para garantizar plenamente la Tutela Judicial Efectiva. Es irrenunciable que las exhumaciones se realicen dentro de un procedimiento judicial que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos. Ha de tener en cuenta, además, los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc... Demandamos a los poderes judiciales y al Estado que asuman sus obligaciones, y elaboren un plan de exhumaciones para llevar a cabo todas las que sean técnicamente viables, pero siempre judicializadas y llevadas a cabo por parte de un juzgado o fiscalía especializada, dentro de un procedimiento por el tipo penal de crímenes contra la humanidad.

Si no se producen previamente los cambios legislativos indispensables, llevar a cabo exhumaciones extrajudiciales implicará la destrucción irreversible de pruebas de crímenes contra la Humanidad, y supondrá el triunfo final del franquismo al hacer definitivos sus designios: la desaparición física de sus enemigos, su eliminación de la historia y la impunidad de los victimarios.

lunes, 15 de noviembre de 2021

Intervención en las V Jornadas de Memoria Histórica de Pinto

 



Arturo Peinado, @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

  

La sentencia del Tribunal Supremo de Marzo de 2012 que absolvía a Baltasar Garzón en la causa del franquismo, aparte de constituir una seria advertencia para cualquier juez que en el futuro tuviese la osadía de abrir un procedimiento sobre crímenes franquistas, pretendía cerrar definitivamente las puertas de los tribunales para impedir la investigación de los mismos, negaba explícitamente a las víctimas el acceso a la Justica, y las derivaba en exclusividad a la vía administrativa consagrada en la Ley de Memoria de 2007.

 

La Ley de Memoria de 2007 nació lastrada, no solamente porque fuese insuficiente (los gobiernos de M.Rajoy pudieron incumplirla sistemática e impunemente sin necesidad de derogarla), sino sobre todo, porque no cuestionaba sino que apuntalaba la impunidad del franquismo. Como la definieron algunos juristas: la Ley de Memoria proporcionaba una reparación limitada a algunos colectivos de víctimas, apenas posibilitaba el acceso al derecho a la Verdad, pero sobre todo, negaba explícitamente el derecho a la Justicia a las víctimas del franquismo.

 

El Gobierno de España ha aprobado trasladar al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Los colectivos memorialistas hemos valorado positivamente varios aspectos concretos del mismo. Constituye un claro avance con respecto a la Ley de 2007, y abre el camino a la implementación de políticas públicas de Memoria por parte de las instituciones.

En primer lugar nos felicitamos por la elaboración de este proyecto, aprobado por el Gobierno el pasado día 15 de septiembre, y el debate público y político que se va a producir hasta su promulgación, y porque supone, en muchos temas concretos, un importante avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007. Nunca se hubiera llegado aquí sin la perseverancia de las víctimas, y el trabajo del movimiento social por la Recuperación de la Memoria mediante el esfuerzo propositivo y explicativo desarrollado durante muchos años. Y por qué no decirlo, sin las posiciones críticas dentro del movimiento social por la Recuperación de la Memoria que, desde su fase de tramitación, negamos que la Ley de Memoria de 2007 fuese el marco idóneo y definitivo para hacer efectivas los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo y para el conjunto de la sociedad.

  

Creemos que es inexcusable que en la próxima tramitación del Proyecto de nueva Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno, se apliquen las recomendaciones que, sobre el caso del franquismo, han venido realizando diversos organismos internacionales, que han denunciado el abandono institucional de las víctimas, y el incumplimiento histórico por parte del Estado español de sus obligaciones y compromisos con respecto al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

 

En el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, del que formamos parte un centenar de colectivos, hemos hecho público un amplio documento propositivo de reforma y mejora del Anteproyecto presentado por el Gobierno, que ha sido remitido al mismo, y a grupos parlamentarios e instituciones. Este documento, elaborado a partir de múltiples análisis y propuestas, y respaldado por casi un centenar de colectivos y asociaciones, valora entre otros elementos importantes que:

 

Las asociaciones que trabajamos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, pretendemos que la futura ley recoja el reconocimiento jurídico de las víctimas, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado para que no sea así.

 

Asimismo, el Anteproyecto ilegaliza parte de las consecuencias del golpe del 18 de Julio de 1936 y de la dictadura, pero se resiste a incluir una ilegalización explícita del régimen en sí. Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia.

La condena del franquismo debería fundamentarse en las resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo.

Echamos de menos, también, una declaración expresa del carácter legítimo de la 2ª República.

 

Como aspectos positivos del Proyecto:

·       Es esencial la apuesta del Proyecto por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a los diversos niveles educativos: uno de los grandes problemas y déficits de nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y falsificaciones franquistas de la historia. Amplios sectores de la población siguen viendo, como algo natural, comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota de los fascismos en 1945.

·       Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio y la Deportación, como reconocimiento expreso a los y las luchadoras españoles en el combate por la Libertad de Europa. En cambio, rechazamos la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” porque es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de esa fecha para las víctimas del franquismo, y en consecuencia priva a la conmemoración de significación real y la condena a la irrelevancia.

·       Asimismo compartimos el compromiso de culminar el proceso de resignificación del Valle de los Caídos, aunque el resultado dependerá del sentido final de esa resignificación. De cualquier modo, no debería servir para igualar “a todas las víctimas” y a víctimas y verdugos, concepción que resultaría una aberración en lugares de Memoria como Auschwitz o la ESMA de Buenos Aires. También la disolución de la Fundación del Valle es una buena noticia.

·       También hay que destacar en el haber del Proyecto de Ley la inclusión de un régimen sancionador, ya que la carencia de desarrollo reglamentario ha sido una de las causas del fracaso de la Ley de Memoria de 2007.

 

 

JUSTICIA

Observamos importantes carencias fundamentalmente en Justicia y en Reparación. En el Anteproyecto se enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal. No hay en este tema ningún avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo.

Hacemos nuestra la propuesta de la Unión Progresista de Fiscales en su comunicado el 17 de septiembre: “... sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.”

 

 

SENTENCIAS

 

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron.

Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, considerar a esos consejos de guerra y tribunales represivos como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica. Eran organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal nombre.

Es el momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la República Federal alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual, por el carácter intrínsecamente ilegal de los tribunales y de la legislación represiva.. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del franquismo.

No podemos conformarnos con declarar las sentencias como ““nulas e ilegítimas” tal y como recoge el Proyecto que se nos presenta (Art.5), porque esa definición no tiene validez jurídica alguna: o son legales o son ilegales. Legitimidad/ilegitimidad es una categoría moral; legal/ilegal es una categoría jurídica.

 

 

 

FOSAS

 

Aunque supone un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas de las fosas comunes del franquismo, no podemos perpetuar el sistema de exhumaciones extrajudiciales y privadas (subvencionando a familiares y asociaciones para su ejecución), que estableció la Ley de 2007.

El Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en la localización y exhumación. Venimos defendiendo desde antes de 2007 que no tratar de los restos de los asesinados como pruebas del delito de desaparición forzada, apuntala la impunidad de los crímenes. La competencia para la exhumación e identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes tiene que corresponder en exclusiva a la administración de Justicia, debiendo ser un juez el que determine la identidad y causa de la persona asesinada, así como las circunstancias en que se produjo su asesinato o ejecución extrajudicial, y el posible o posibles autores del mismo, archivando la causa judicial abierta una vez se certifique la muerte, o que no ha sido posible identificar al autor o autores del crimen. Todo ello sin perjuicio de que se reglamenten mecanismos de colaboración, denuncia y promoción de las exhumaciones por otras administraciones e instituciones, agrupaciones de familiares, y movimiento asociativo.

Se otorga a la Fiscalía en los artículos 23 y 25, y en la Disposición final primera, un ambiguo papel al final del proceso de exhumación. No entendemos el papel de una “Fiscalía de Sala” que “investiga” o “impulsa” (Art.29). El Artículo 25 dice que “se pondrá en conocimiento de Fiscalía la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones e identificaciones”, cuando todas las víctimas, todos los cuerpos exhumados son víctimas de desaparición forzada, crimen de lesa humanidad imprescriptible.

 

 

 

INDEMNIZACIONES-RESP. PATRIMONIAL

El Proyecto de Ley no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado ni de los particulares beneficiados por el expolio franquista mediante incautaciones de bienes o robos, como tampoco reconoce la responsabilidad del Estado, empresas y particulares beneficiados del trabajo forzoso.

Creemos que si se anulan las sentencias de la represión, las consecuencias de hecho y los perjuicios económicos y morales producidos a la víctima no pueden eximir al Estado de su responsabilidad. En el Proyecto se boquea realmente el derecho a la Reparación, que no sólo debe ser simbólica, sino también material.

 

 

ARCHIVOS

 

El Anteproyecto no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados sobre la represión franquista. Tampoco se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos. Por tanto, no asegura el acceso a la información, ni el derecho de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

El problema real hoy día para las víctimas y sus familiares, movimientos sociales por la memoria, e investigadores/usuarios, no se encuentra tanto en la ausencia de fondos o en problemas de adquisición, sino en la falta de medios del Sistema Español de Archivos para identificar, clasificar, organizar, describir, conservar y dar acceso a los valiosos fondos documentales, indiferentemente de su ubicación o el soporte (en papel o en formato electrónico).

Por último, no se aborda el tema central tanto para las víctimas de los crímenes del régimen franquista y sus descendientes, los movimientos sociales por la memoria o los investigadores/usuarios: la problemática legislación sobre acceso repleta de normativas contradictorias entre sí.

 

 

CONCLUSIONES

 

Ciertamente, la Ley de Memoria, aún resultando aprobada en los actuales términos significaría un importante empuje a políticas públicas de Memoria de cara al futuro, pero hoy por hoy el texto renuncia a la oportunidad de desmantelar lo que organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han denominado como Modelo Español de Impunidad, establecido por el franquismo y certificado en la Transición. Por ejemplo, no garantizando que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura, y no incluyendo una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977.

En varios países del mundo se está juzgando y condenando a responsables políticos y ejecutores de crímenes contra la humanidad, por hechos similares y coetáneos a los acaecidos aquí durante el último franquismo y los primeros años de la Transición. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven.

 

El Gobierno da por hecho que el movimiento memorialista y los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez o los PGE, van a apoyar el texto del Proyecto de Ley tal y como ha llegado al Parlamento, cerrando filas además ante la previsible oposición de la derecha política y mediática. Pero no todo está cerrado y decidido: recordemos cómo en 2007 el diputado de ERC Joan Tardà defendió el voto contrario de su grupo a la Ley de Memoria de Zapatero, al considerar que no cumplía con los estándares mínimos del derecho penal internacional para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

 

Corremos además el riesgo de que, tal y como pasó en 2007, el debate en la sociedad y en los medios se circunscriba al conflicto entre la iniciativa específica del Ejecutivo y la reacción exaltada de la derecha negacionista, soslayando las propuestas críticas pero constructivas del movimiento memorialista.

 

No tenemos derecho a perder esta oportunidad quedándonos a mitad de camino. No podemos esperar 14 años más a otra Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, ya que no entra en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas.

 

Esperamos que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos humanos.

Los pactos más o menos explícitos de la Transición establecieron el llamado por las organizaciones internacionales de derechos humanos ”Modelo Español de Impunidad”, que generó políticas públicas de silencio y olvido. Hasta que no se aborde directamente el desmantelamiento jurídico del Modelo Español de Impunidad, el acceso de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad a la Verdad, la Justicia y la Reparación, no será efectivo.

Esta es una gran oportunidad, no podemos pasar los próximos 13 años exigiendo una tercera Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, al no entrar en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas. 



miércoles, 28 de julio de 2021

El papel de las derechas en el debate de la Ley de Memoria


Arturo Peinado Cano @apces, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

El Obrero.es, 25 de Julio de 2021.

 

“Cada día es más evidente el fracaso de las políticas de reinserción de la derecha española en la democracia”. Así comentábamos en la cuenta de Twitter @foromemoria las declaraciones del exministro de la UCD Ignacio Camuñas sobre quién fue responsable de la Guerra Civil. A su lado, callando y otorgando, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado.

Las democracias europeas que se construyeron sobre la victoria contra el nazismo y el fascismo en 1945 realizaron políticas dirigidas a conseguir la condena y el rechazo social de sus respectivas dictaduras.

Que en nuestro país, en más de cuarenta años de democracia, no se hayan aplicado políticas específicas que desmontasen la falsificación de la historia de los cuarenta años anteriores, ha protegido la impunidad de los criminales, pero también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, que hoy se posicionan impúdicamente al nivel de los negacionistas del Holocausto. Perdura en buena parte de la sociedad el relato sobre la 2ªRepública, la guerra y la dictadura que el franquismo difundió, mediante cuarenta años de apabullantes políticas de memoria, para desacreditar a sus enemigos y negar o justificar sus tropelías. Décadas de adoctrinamiento dejan huella en varias generaciones y no se pueden revertir de la noche a la mañana, sobre todo cuando el régimen democrático posterior ni siquiera lo ha pretendido. La mitología franquista no ha sido censurada o desautorizada por las instituciones democráticas. Las consecuencias -cada vez más evidentes- para la democracia española, son demoledoras.

Escuchamos cada día, por parte de la derecha política y mediática, manifestaciones de apología de la dictadura, minimización de sus crímenes, e invocaciones a no recuperar un pasado que hay que olvidar. Cuando insisten en que es “mejor no reabrir heridas”, lo que buscan es que el relato de la dictadura se perpetúe socialmente, y que los medios de difusión y el sistema educativo no pongan en evidencia los mitos del franquismo, que mucha gente da aún como ciertos.

No es una cuestión de mera nostalgia para la derecha española, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende por tanto la dedicación e insistencia en que se desconozca la verdad del pasado, y los intentos por controlar que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención última de legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros.

La gran pregunta es: ¿la derecha español es demócrata o franquista? El golpe de 1936 y la inversión posterior en terror ha garantizado a la derecha española 85 años de estatus social, de poder político y económico, que jamás ha sido cuestionado. Nunca se han pedido responsabilidades de ningún tipo. Entonces, ¿por qué van a condenar el franquismo? Es más, en vista de tales réditos, ¿por qué no iban a repetir la agresión a la democracia, si se dieran las circunstancias y la oportunidad?

Pablo Casado ha anunciado que, si vuelven al gobierno alguna vez, una de las primeras medidas a adoptar será la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se va a debatir próximamente en el Congreso, para sustituirla por una “ley de concordia”. Es decir, volver a ocultar un pasado que les deja en evidencia para imponer su versión mítica e interesada de la Transición. Aparte de que sea una actitud previsible, muestra la relevancia que le dan al asunto.

Pero el anuncio de las intenciones del Partido Popular de derogar la Ley de Memoria Democrática no significa que el Proyecto de ley, tal y como lo conocemos, cubra las expectativas. Durante la tramitación de la anterior Ley de Memoria en 2007 se utilizó la oposición frontal de la derecha para justificar sus limitaciones, e incluso para presumir ante la opinión pública de la supuesta audacia de la misma.

En 2007 la oposición sistemática de la derecha política y mediática facilitaron que algunas fuerzas parlamentarias inicialmente críticas aprobasen finalmente la Ley, participando de un falso juego del sí/no, todo o nada. La mayoría de los medios se centraron en ese debate episódico, obviando que, aparte de los exabruptos de la derecha, existía una crítica razonada al Proyecto del Gobierno, por parte de organizaciones de Derechos Humanos, diversos colectivos memorialistas y de víctimas, y algunas asociaciones profesionales, en defensa de la aplicación en la Ley del derecho internacional. El tiempo ha dado y quitado la razón.

En 2021 sería lamentable que el Gobierno, proponente de este proyecto, tuviese la tentación de reproducir la situación de 2007 para garantizarse los apoyos parlamentarios que actualmente no tiene asegurados.

Porque en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el 20 de julio siguen sin asumirse plenamente las exigencias de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. El cumplimiento y respeto a los estándares internacionales son los que deben definir la ley, no la confrontación con los discursos exaltados de los negacionistas de los crímenes de la dictadura.

No va a haber otra oportunidad; no podemos esperar otros catorce años a la “ley definitiva”. Entre 2007 y 2021 nos han dejado muchas víctimas directas y muchos de sus hijos e hijas, con quienes este país tenía una inmensa deuda, que no ha sido reparada ni siquiera simbólicamente.

Las fuerzas democráticas tienen ahora la oportunidad de desmantelar definitivamente la impunidad del franquismo. Es una cuestión de Justicia, de deuda con las familias de cientos de miles de represaliados, y de homologar de una vez al Estado español con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

https://elobrero.es/opinion/70659-el-papel-de-las-derechas-en-el-debate-de-la-ley-de-memoria.html

 

jueves, 22 de julio de 2021

La Ley de Memoria que las víctimas y la sociedad necesitan

Viñeta de @pedripol para Ctxt

Artículo publicado en El Huffington Post, 20 de Julio de 2021

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Hoy, el Gobierno de España ha aprobado trasladar al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Los colectivos memorialistas hemos valorado positivamente varios aspectos concretos del mismo. Constituye un claro avance con respecto a la Ley de 2007, y abre el camino a la implementación de políticas públicas de Memoria por parte de las instituciones.

En un tema simbólico, pero de especial relevancia como la condena del golpe de Estado y de la dictadura, creemos que es asumido en el Proyecto de manera poco contundente, y tendría que ocupar un lugar más destacado. Debería además fundamentarse en las resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo.

Es esencial la apuesta del Proyecto por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a los diversos niveles educativos: uno de los grandes problemas y déficits de nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y falsificaciones franquistas de la historia. Amplios sectores de la población siguen viendo, como algo natural, comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota de los fascismos en 1945.

Asimismo hay que destacar en el haber del Proyecto de Ley la inclusión de un régimen sancionador, ya que la carencia de desarrollo reglamentario ha sido una de las causas del fracaso de la Ley de Memoria de 2007.

Pero en nuestra opinión el Proyecto renuncia a la oportunidad de desmantelar el llamado Modelo Español de Impunidad, no incluyendo, por ejemplo, una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977. En varios países del mundo se está juzgando y condenando a responsables políticos y ejecutores de crímenes contra la humanidad, por hechos similares y coetáneos a los acaecidos aquí durante el último franquismo y los primeros años de la Transición. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y sería un grave error que la futura Ley de Memoria, si se opta porque continúe cerrando el acceso de las víctimas a la Justicia, pueda acabar, al final, apuntalando definitivamente la impunidad del franquismo.

Las asociaciones que trabajamos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, pretendemos que la futura ley recoja el reconocimiento jurídico de las víctimas, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado para que no sea así.

Una carencia fundamental del Proyecto de Ley es que no declara ilegal al franquismo. Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia.

Desde el Encuentro Estatal exigimos que se declare el carácter ilegal de todos los consejos de guerra y tribunales represivos de la dictadura, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal nombre. Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos. Considerar a esos consejos de guerra y tribunales represivos como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron. No podemos conformarnos con definir las sentencias como “ilegítimas”, tal y como hace el Proyecto de Ley, porque esa definición no tiene validez jurídica, sino moral: o son legales o son ilegales.

Es el momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la República Federal alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del franquismo.

Hay otros elementos del Proyecto de Ley que están claramente alejados de estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos: el no reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del estado, de particulares e instituciones, beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo; las ambigüedades en cuanto a la tutela judicial en las exhumaciones de fosas comunes; el derecho de acceso a todos los archivos de la represión….

Esperamos que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos humanos.

No estamos dispuestos a asumir renuncias en esta última oportunidad: no podemos esperar otros catorce años a nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo.

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-ley-de-memoria-que-las-victimas-y-la-sociedad-necesitan_es_60f7aa5fe4b09f2b23883a00?6b

Intervención en el Acto #x18JYoCondeno


Convocado por el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo

Frente al Congreso de los Diputados. 18 de Julio de 2021

 

Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo exigimos que se declare por ley el carácter ilegal de todos los consejos de guerra, tribunales represivos y otros órganos penales de la dictadura franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de los supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron.

Esas sentencias y resoluciones se dictaron en procedimientos en los que los y las acusadas no tenían las mínimas garantías procesales propias de un estado de derecho y, en consecuencia, no se garantizaron sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo.

Los órganos judiciales que las dictaron eran ilegales, no sólo porque su origen se encuentra en un golpe de estado que subvirtió la legalidad vigente de la II República, sino porque su finalidad no era el de impartir justicia como se entiende en un estado de derecho, sino el de planificar y justificar la represión sistemática y generalizada que el franquismo llevó a cabo durante toda su andadura.

Las sentencias y resoluciones represivas franquistas se deben declarar nulas de pleno derecho en la futura Ley de Memoria Democrática, y además debe hacerse de oficio, sin necesidad de que las víctimas o sus familiares tengan que instar procedimiento judicial o administrativo alguno.

Para el Tribunal Supremo español (Sala Quinta, de lo Militar, que se ocupa de las revisiones de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumarísimos) la Transición se hizo de ley a ley, otorgando el mismo valor jurídico y legitimidad a las leyes de una dictadura que a las leyes de la democracia.

Reconocer actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos, y considerar a los consejos de guerra y a los tribunales represivos del franquismo como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica. Mantener la legalidad de los tribunales franquistas y la vigencia de sus sentencias represivas, no sólo impide reparar simbólica, jurídica y económicamente a las víctimas de la dictadura condenadas por el franquismo, sino que además es incompatible con las exigencias de justicia propias de un estado de derecho, que recordamos, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico reconocido por la Constitución.

 Mientras no se declaren nulas de pleno derecho las sentencias de cada uno/a de las y los republicanos y antifascistas españoles condenados por Consejos de Guerra o Tribunales franquistas, éstas seguirán siendo válidas y seguirán estando vigentes, en tanto que no han sido expulsadas del ordenamiento jurídico español. Es decir, que los miles de antifranquistas condenados por los Tribunales de la Dictadura seguirán siendo unos delincuentes para la Democracia española.

 Verdad, Justicia y Reparación.

sábado, 20 de febrero de 2021

La banalización del mal


 

Arturo Peinado @apces, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Publicado en la web del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del franquismo. 19 de Febrero de 2021.

 

El pasado 13 de febrero una marcha nazi en Madrid homenajeó a los caídos de la División Azul, la 250ª División de la Wehrmacht que luchó contra los Aliados en la 2ª Guerra Mundial y participó en crímenes de guerra como el asedio a Leningrado, ciudad en la que murieron 1.200.000 personas, en su mayoría civiles.

La manifestación autorizada, que se celebra todos los años, finalizó con un “homenaje a los caídos” ante el monolito que homenajea a la División Azul en el Cementerio de la Almudena. En dicho acto se profirieron proclamas antisemitas como "El judío es el culpable", lo que ha sido noticia recurrente estos días en todos los medios de comunicación.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Madrid investigará de oficio las proclamas antisemitas porque el Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio. También el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid pidió que se abriera una investigación, tras expresar su “máxima condena”.

La derecha española, y especialmente la madrileña, se escandaliza de las proclamas de odio, insultos y menosprecio si se trata de las víctimas del Holocausto o del terrorismo, pero cuando se trata de las víctimas del franquismo miran hacia otro lado, si no son copartícipes de las humillaciones. No demasiado lejos del lugar donde finalizó la marcha fascista del pasado sábado se encuentra el Memorial a las víctimas del franquismo, del que el Ayuntamiento de Martínez Almeida arrancó los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas por los franquistas en la posguerra, y borró unos versos de Miguel Hernández. La historia viene de lejos: también en la Almudena hay una tumba en la que yacen los restos de varios pilotos de la Legión Cóndor; tras muchos años de denuncias y protestas al Ayuntamiento, las inscripciones que hacían apología del franquismo y el nazismo sólo fueron borradas por expresa indicación del titular del terreno, el gobierno alemán, a través de su embajada en Madrid.

La derecha española no tiene problema en condenar expresiones antisemitas como las que se escucharon en la marcha fascista, porque parten de la concepción de que los crímenes del nazismo fueron cometidos por extranjeros fuera del territorio español. Otra cosa es que rehúyan manifestarse sobre la responsabilidad del régimen de Franco en la entrega, deportación y asesinato de miles de republicanos españoles víctimas del sistema concentracionario nacionalsocialista. Estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid cumpla el compromiso adquirido por la anterior corporación, (y en principio mantenido por la actual) con la Amical de Mauthausen de erigir un monumento a los madrileños deportados a los campos nazis.

La permisividad de buena parte de la sociedad española y de los medios de comunicación hacia las manifestaciones negacionistas de los crímenes del franquismo y la humillación de sus víctimas, se sustenta en la banalización del mal y en la normalización de un pasado vergonzante, lo que acarrea siniestras consecuencias en el presente, cada vez más evidentes. El origen está en la forma en que se realizó la transición de la dictadura a la democracia, sin ajustar cuentas con el franquismo y sus crímenes. Seguimos conociendo proclamas de las fuerzas armadas y de seguridad, que consideran como propias las efemérides y “hazañas” de la División Azul: ¿Alguien se imagina un tratamiento parecido en Francia con respecto a unidades similares como la Legión de Voluntarios Franceses o la División Carlomagno?

El origen del problema es de todos conocido: en Europa los nazis y fascistas perdieron la guerra en 1945. Sus homólogos españoles ni perdieron la guerra civil ni la transición a la democracia.

La solución empieza por aplicar la normativa europea, contraria a permitir manifestaciones neonazis, por ejemplo, la Resolución del Parlamento europeo sobre neofascismo en Europa, que insta a cumplir la Decisión Marco para luchar contra organizaciones que propaguen delitos de odio.

Asimismo es indispensable la existencia o aplicación de códigos de conducta en los medios de comunicación públicos y privados, sobre el tratamiento a las ideologías de odio, como los fascismos, la xenofobia y el antisemitismo, y en el plan de estudios universitarios de Periodismo.

El fascismo debe ser recogido como delito en el Código Penal porque, es en sí mismo, un crimen. Esperamos que en la próxima tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática se homologue el tratamiento del menosprecio, las humillaciones y amenazas a las víctimas del franquismo con el que se ha legislado para otros colectivos de víctimas, incluyendo un sistema sancionador claro y contundente. 

http://www.encuentroporlamemoria.org/2021/02/20/la-banalizacion-del-mal/