viernes, 13 de enero de 2023

Intervención en la Biblioteca Regional de Castilla la Mancha (Alcázar de Toledo)


10 de enero de 2023.

Amigos y amigas. Os transmito un saludo de parte de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y de las compañeras y compañeros de los foros y asociaciones federados. Es un honor y un placer que estar hoy aquí con vosotros/as participando en este acto.

En primer lugar quiero recordar y homenajear a los defensores y defensoras de la legalidad democrática republicana, que cogiendo las armas como sucedió aquí en Toledo, hicieron frente a los golpistas perjuros y traidores. También quiero rendir homenaje a las cientos de personas asesinadas por la Columna de la Muerte en su asalto a Toledo el 28 de Septiembre de 1936, y a los rehenes que fueron utilizados como escudos humanos y posteriormente asesinados en el lugar donde nos encontramos.

 

Hace unos años constituimos el Encuentro Estatal por la Memoria, que reúne a más 100 colectivos de todo el Estado y de diverso tipo y ámbito de actuación. En octubre de 2020 consensuamos y publicamos un amplio documento de Conclusiones donde recogíamos las posiciones del movimiento memorialista sobre cómo tenía que ser una LMD. Este documento fue entregado a partidos políticos, instituciones y colectivos sociales. Desde entonces hemos mantenido reuniones frecuentes con grupos parlamentarios; hemos realizado diversas concentraciones y movilizaciones en apoyo a nuestras posiciones; hemos organizado reuniones y debates sobre diversos temas, como las bases jurídicas de la impunidad del franquismo; la situación de los archivos de la represión; el caso de los bebés robados; la represión específica ejercida sobre las mujeres; la Memoria histórica en la enseñanza, etc… (todos  los debates están en YouTube y la web del Encuentro).

Sobre la LMD que se publicó en el BOE el pasado 19 de Octubre, valoramos que la redacción final de la misma ha llegado más lejos de lo que esperábamos en un principio. Desde el Proyecto de Ley inicial que presentó el Gobierno; posteriormente los acuerdos entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos; finalmente el trámite de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios que han apoyado de un modo u otro la Ley, en cada paso se han ido produciendo producido avances, y creemos sinceramente que hemos tenido bastante que ver en el resultado final.

 La Ley de Memoria Democrática supone un claro avance con respecto a la LMH de 2007, y recoge unas medias concretas de reconocimiento de las víctimas y condena del franquismo, que con matices, van en la buena dirección. Fundamentalmente abre un amplio espacio a futuras políticas públicas de memoria.

El resultado final dependerá mucho de que se elabore y apruebe pronto un Reglamento de aplicación, de que se pongan inmediatamente en marcha diversos organismos recogidos en la Ley actual para aplicar esas políticas de memoria, de la definición concreta de las competencias de la Fiscalía... En definitiva, dependerá mucho de la voluntad política de los gobernantes.

 El problema que encontramos en la Ley, es que frente a nuestras propuestas hemos encontrado unas Líneas Rojas, impuestas por el PSOE fundamentalmente pero no sólo por esa fuerza política. Nosotros/as siempre hemos definido que la IMPUNIDAD del franquismo es uno de los pilares centrales del llamado Régimen del 78.

En ese sentido, Ley de Memoria mediante, España sigue sin cumplir sus compromisos con los derechos humanos, haciendo caso omiso de las recurrentes recomendaciones de diversos organismos y comisiones de la ONU. La impunidad permanece, y la LMD ni la supera ni la cuestiona. El problema no es lo que pone la Ley de Memoria sino que ésta no ha afectado a un aspecto central del problema: la plena vigencia a día de hoy de lo que organismos internacionales de derechos humanos definieron hace tiempo como “el modelo español de impunidad”.

El principal déficit de esta Ley es que no permite el acceso a la Justicia. Hace apenas 3 meses en Argentina se juzgó y condenó en 2 procesos diferentes a varios represores, y actualmente hay casi un centenar de procedimientos judiciales abiertos. Seguimos sin poder llevar a juicio en el Estado español a torturadores, jerarcas de la dictadura, perpetradores de crímenes contra la humanidad, etc. por crímenes similares y coetáneos a los realizados aquí durante los últimos años del franquismo y principios de la Transición, en la DGS, en comisarías, cuartelillos, que en Argentina y en otros países se juzgaron, y se siguen juzgando y dictándose sentencias y condenas,

El problema no es de la Ley de Memoria en sí, sino que no ha venido acompañada una derogación o anulación de Ley de Amnistía de 1977, asimilable a aquellas leyes de Punto final y Obediencia Debida de las dictaduras sudamericanas, que allí fueron sí derogadas o anuladas. Los crímenes del franquismo se consideran prescritos porque en España no se aplica el Derecho Internacional sino el derecho Interno. Los tribunales españoles no reconocen que haya crímenes contra la humanidad antes de 2004, cuando ese tipo penal fue incluido en nuestro Código Penal, aunque para los organismos internacionales de derechos humanos, esos crímenes jamás prescriben.

 

Somos conscientes de que esta nueva ley puede llegar a ser efímera si las derechas ganan las elecciones generales. Su intención explícita es derogarla y sustituirla por una llamada “ley de concordia” (¿Por qué lo llaman concordia cuando quieren decir Impunidad?). Los colectivos de Memoria en torno al Encuentro Estatal queremos que el Gobierno empiece a tomar medidas inmediatas, para que en caso de que sea la LMD derogada en un futuro ya se hayan llevado a cabo cambios irreversibles, como ejemplo: la retirada del callejero y la simbología franquista, o la declaración y monumentalización de Lugares de Memoria. Es fácil derogar un texto legal, pero es más complicado derribar un monumento o reponer unas calles franquistas.

 ¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando por el fin de la impunidad, y que el Estado español asuma las recomendaciones de diversos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos humanos de la ONU y sus diversos comités, que han elaborado informes sobre el caso español, señalando que los derechos humanos de un amplísimo colectivos de víctimas de diversa tipología vienen siendo vulnerados sistemáticamente por el Estado español.

Vamos a tener que trabajar también por llevar lo más lejos posible las posibilidades que abre la LMD, promoviendo cambios que resulten irreversibles ante la posible llegada en el futuro de la derecha revisionista y negacionista al gobierno. Por ejemplo, exigiendo el cumplimiento inmediato del Artículo 38.3:

Artículo 38. Actos públicos contrarios a la memoria democrática.

(…)

3. Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado.

 

La existencia de enterramientos a golpistas del 36 o a jerarcas de la dictadura en lugares públicos y de honor, suponen un insulto a la democracia y a la sociedad, pero sobre todo, un menosprecio y humillación a las cientos de miles de víctimas del franquismo. No podemos seguir aceptando como un hecho naturalizado lo que no sería inadmisible en cualquier país democrático de nuestro entorno.

En resumen y para finalizar: el objetivo central del movimiento memorialista y de cualquier demócrata digno de tal nombre sigue siendo acabar con la impunidad, llevando a los verdugos y represores que quedan vivos ante los tribunales, y conseguir que las víctimas del franquismo tengan el mismo reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad, que otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que se ha legislado convenientemente y se han aplicado intensas políticas públicas de memoria.

Por otro lado, debemos seguir trabajando para que la Memoria de los y las defensoras de la República y los resistentes contra el franquismo sean patrimonio de la sociedad, y una obligación de todas y cada una de las instituciones del Estado a todos los niveles. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista.

Muchas gracias por habernos recibido y escuchado.