miércoles, 28 de julio de 2021

El papel de las derechas en el debate de la Ley de Memoria


Arturo Peinado Cano @apces, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

El Obrero.es, 25 de Julio de 2021.

 

“Cada día es más evidente el fracaso de las políticas de reinserción de la derecha española en la democracia”. Así comentábamos en la cuenta de Twitter @foromemoria las declaraciones del exministro de la UCD Ignacio Camuñas sobre quién fue responsable de la Guerra Civil. A su lado, callando y otorgando, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado.

Las democracias europeas que se construyeron sobre la victoria contra el nazismo y el fascismo en 1945 realizaron políticas dirigidas a conseguir la condena y el rechazo social de sus respectivas dictaduras.

Que en nuestro país, en más de cuarenta años de democracia, no se hayan aplicado políticas específicas que desmontasen la falsificación de la historia de los cuarenta años anteriores, ha protegido la impunidad de los criminales, pero también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, que hoy se posicionan impúdicamente al nivel de los negacionistas del Holocausto. Perdura en buena parte de la sociedad el relato sobre la 2ªRepública, la guerra y la dictadura que el franquismo difundió, mediante cuarenta años de apabullantes políticas de memoria, para desacreditar a sus enemigos y negar o justificar sus tropelías. Décadas de adoctrinamiento dejan huella en varias generaciones y no se pueden revertir de la noche a la mañana, sobre todo cuando el régimen democrático posterior ni siquiera lo ha pretendido. La mitología franquista no ha sido censurada o desautorizada por las instituciones democráticas. Las consecuencias -cada vez más evidentes- para la democracia española, son demoledoras.

Escuchamos cada día, por parte de la derecha política y mediática, manifestaciones de apología de la dictadura, minimización de sus crímenes, e invocaciones a no recuperar un pasado que hay que olvidar. Cuando insisten en que es “mejor no reabrir heridas”, lo que buscan es que el relato de la dictadura se perpetúe socialmente, y que los medios de difusión y el sistema educativo no pongan en evidencia los mitos del franquismo, que mucha gente da aún como ciertos.

No es una cuestión de mera nostalgia para la derecha española, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende por tanto la dedicación e insistencia en que se desconozca la verdad del pasado, y los intentos por controlar que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención última de legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros.

La gran pregunta es: ¿la derecha español es demócrata o franquista? El golpe de 1936 y la inversión posterior en terror ha garantizado a la derecha española 85 años de estatus social, de poder político y económico, que jamás ha sido cuestionado. Nunca se han pedido responsabilidades de ningún tipo. Entonces, ¿por qué van a condenar el franquismo? Es más, en vista de tales réditos, ¿por qué no iban a repetir la agresión a la democracia, si se dieran las circunstancias y la oportunidad?

Pablo Casado ha anunciado que, si vuelven al gobierno alguna vez, una de las primeras medidas a adoptar será la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se va a debatir próximamente en el Congreso, para sustituirla por una “ley de concordia”. Es decir, volver a ocultar un pasado que les deja en evidencia para imponer su versión mítica e interesada de la Transición. Aparte de que sea una actitud previsible, muestra la relevancia que le dan al asunto.

Pero el anuncio de las intenciones del Partido Popular de derogar la Ley de Memoria Democrática no significa que el Proyecto de ley, tal y como lo conocemos, cubra las expectativas. Durante la tramitación de la anterior Ley de Memoria en 2007 se utilizó la oposición frontal de la derecha para justificar sus limitaciones, e incluso para presumir ante la opinión pública de la supuesta audacia de la misma.

En 2007 la oposición sistemática de la derecha política y mediática facilitaron que algunas fuerzas parlamentarias inicialmente críticas aprobasen finalmente la Ley, participando de un falso juego del sí/no, todo o nada. La mayoría de los medios se centraron en ese debate episódico, obviando que, aparte de los exabruptos de la derecha, existía una crítica razonada al Proyecto del Gobierno, por parte de organizaciones de Derechos Humanos, diversos colectivos memorialistas y de víctimas, y algunas asociaciones profesionales, en defensa de la aplicación en la Ley del derecho internacional. El tiempo ha dado y quitado la razón.

En 2021 sería lamentable que el Gobierno, proponente de este proyecto, tuviese la tentación de reproducir la situación de 2007 para garantizarse los apoyos parlamentarios que actualmente no tiene asegurados.

Porque en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el 20 de julio siguen sin asumirse plenamente las exigencias de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. El cumplimiento y respeto a los estándares internacionales son los que deben definir la ley, no la confrontación con los discursos exaltados de los negacionistas de los crímenes de la dictadura.

No va a haber otra oportunidad; no podemos esperar otros catorce años a la “ley definitiva”. Entre 2007 y 2021 nos han dejado muchas víctimas directas y muchos de sus hijos e hijas, con quienes este país tenía una inmensa deuda, que no ha sido reparada ni siquiera simbólicamente.

Las fuerzas democráticas tienen ahora la oportunidad de desmantelar definitivamente la impunidad del franquismo. Es una cuestión de Justicia, de deuda con las familias de cientos de miles de represaliados, y de homologar de una vez al Estado español con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

https://elobrero.es/opinion/70659-el-papel-de-las-derechas-en-el-debate-de-la-ley-de-memoria.html

 

jueves, 22 de julio de 2021

La Ley de Memoria que las víctimas y la sociedad necesitan

Viñeta de @pedripol para Ctxt

Artículo publicado en El Huffington Post, 20 de Julio de 2021

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Hoy, el Gobierno de España ha aprobado trasladar al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Los colectivos memorialistas hemos valorado positivamente varios aspectos concretos del mismo. Constituye un claro avance con respecto a la Ley de 2007, y abre el camino a la implementación de políticas públicas de Memoria por parte de las instituciones.

En un tema simbólico, pero de especial relevancia como la condena del golpe de Estado y de la dictadura, creemos que es asumido en el Proyecto de manera poco contundente, y tendría que ocupar un lugar más destacado. Debería además fundamentarse en las resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo.

Es esencial la apuesta del Proyecto por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a los diversos niveles educativos: uno de los grandes problemas y déficits de nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y falsificaciones franquistas de la historia. Amplios sectores de la población siguen viendo, como algo natural, comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota de los fascismos en 1945.

Asimismo hay que destacar en el haber del Proyecto de Ley la inclusión de un régimen sancionador, ya que la carencia de desarrollo reglamentario ha sido una de las causas del fracaso de la Ley de Memoria de 2007.

Pero en nuestra opinión el Proyecto renuncia a la oportunidad de desmantelar el llamado Modelo Español de Impunidad, no incluyendo, por ejemplo, una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977. En varios países del mundo se está juzgando y condenando a responsables políticos y ejecutores de crímenes contra la humanidad, por hechos similares y coetáneos a los acaecidos aquí durante el último franquismo y los primeros años de la Transición. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y sería un grave error que la futura Ley de Memoria, si se opta porque continúe cerrando el acceso de las víctimas a la Justicia, pueda acabar, al final, apuntalando definitivamente la impunidad del franquismo.

Las asociaciones que trabajamos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, pretendemos que la futura ley recoja el reconocimiento jurídico de las víctimas, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado para que no sea así.

Una carencia fundamental del Proyecto de Ley es que no declara ilegal al franquismo. Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia.

Desde el Encuentro Estatal exigimos que se declare el carácter ilegal de todos los consejos de guerra y tribunales represivos de la dictadura, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal nombre. Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos. Considerar a esos consejos de guerra y tribunales represivos como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron. No podemos conformarnos con definir las sentencias como “ilegítimas”, tal y como hace el Proyecto de Ley, porque esa definición no tiene validez jurídica, sino moral: o son legales o son ilegales.

Es el momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la República Federal alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del franquismo.

Hay otros elementos del Proyecto de Ley que están claramente alejados de estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos: el no reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del estado, de particulares e instituciones, beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo; las ambigüedades en cuanto a la tutela judicial en las exhumaciones de fosas comunes; el derecho de acceso a todos los archivos de la represión….

Esperamos que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos humanos.

No estamos dispuestos a asumir renuncias en esta última oportunidad: no podemos esperar otros catorce años a nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo.

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-ley-de-memoria-que-las-victimas-y-la-sociedad-necesitan_es_60f7aa5fe4b09f2b23883a00?6b

Intervención en el Acto #x18JYoCondeno


Convocado por el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo

Frente al Congreso de los Diputados. 18 de Julio de 2021

 

Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo exigimos que se declare por ley el carácter ilegal de todos los consejos de guerra, tribunales represivos y otros órganos penales de la dictadura franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de los supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron.

Esas sentencias y resoluciones se dictaron en procedimientos en los que los y las acusadas no tenían las mínimas garantías procesales propias de un estado de derecho y, en consecuencia, no se garantizaron sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo.

Los órganos judiciales que las dictaron eran ilegales, no sólo porque su origen se encuentra en un golpe de estado que subvirtió la legalidad vigente de la II República, sino porque su finalidad no era el de impartir justicia como se entiende en un estado de derecho, sino el de planificar y justificar la represión sistemática y generalizada que el franquismo llevó a cabo durante toda su andadura.

Las sentencias y resoluciones represivas franquistas se deben declarar nulas de pleno derecho en la futura Ley de Memoria Democrática, y además debe hacerse de oficio, sin necesidad de que las víctimas o sus familiares tengan que instar procedimiento judicial o administrativo alguno.

Para el Tribunal Supremo español (Sala Quinta, de lo Militar, que se ocupa de las revisiones de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumarísimos) la Transición se hizo de ley a ley, otorgando el mismo valor jurídico y legitimidad a las leyes de una dictadura que a las leyes de la democracia.

Reconocer actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos, y considerar a los consejos de guerra y a los tribunales represivos del franquismo como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica. Mantener la legalidad de los tribunales franquistas y la vigencia de sus sentencias represivas, no sólo impide reparar simbólica, jurídica y económicamente a las víctimas de la dictadura condenadas por el franquismo, sino que además es incompatible con las exigencias de justicia propias de un estado de derecho, que recordamos, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico reconocido por la Constitución.

 Mientras no se declaren nulas de pleno derecho las sentencias de cada uno/a de las y los republicanos y antifascistas españoles condenados por Consejos de Guerra o Tribunales franquistas, éstas seguirán siendo válidas y seguirán estando vigentes, en tanto que no han sido expulsadas del ordenamiento jurídico español. Es decir, que los miles de antifranquistas condenados por los Tribunales de la Dictadura seguirán siendo unos delincuentes para la Democracia española.

 Verdad, Justicia y Reparación.