sábado, 20 de febrero de 2021

La banalización del mal


 

Arturo Peinado @apces, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Publicado en la web del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del franquismo. 19 de Febrero de 2021.

 

El pasado 13 de febrero una marcha nazi en Madrid homenajeó a los caídos de la División Azul, la 250ª División de la Wehrmacht que luchó contra los Aliados en la 2ª Guerra Mundial y participó en crímenes de guerra como el asedio a Leningrado, ciudad en la que murieron 1.200.000 personas, en su mayoría civiles.

La manifestación autorizada, que se celebra todos los años, finalizó con un “homenaje a los caídos” ante el monolito que homenajea a la División Azul en el Cementerio de la Almudena. En dicho acto se profirieron proclamas antisemitas como "El judío es el culpable", lo que ha sido noticia recurrente estos días en todos los medios de comunicación.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Madrid investigará de oficio las proclamas antisemitas porque el Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio. También el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid pidió que se abriera una investigación, tras expresar su “máxima condena”.

La derecha española, y especialmente la madrileña, se escandaliza de las proclamas de odio, insultos y menosprecio si se trata de las víctimas del Holocausto o del terrorismo, pero cuando se trata de las víctimas del franquismo miran hacia otro lado, si no son copartícipes de las humillaciones. No demasiado lejos del lugar donde finalizó la marcha fascista del pasado sábado se encuentra el Memorial a las víctimas del franquismo, del que el Ayuntamiento de Martínez Almeida arrancó los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas por los franquistas en la posguerra, y borró unos versos de Miguel Hernández. La historia viene de lejos: también en la Almudena hay una tumba en la que yacen los restos de varios pilotos de la Legión Cóndor; tras muchos años de denuncias y protestas al Ayuntamiento, las inscripciones que hacían apología del franquismo y el nazismo sólo fueron borradas por expresa indicación del titular del terreno, el gobierno alemán, a través de su embajada en Madrid.

La derecha española no tiene problema en condenar expresiones antisemitas como las que se escucharon en la marcha fascista, porque parten de la concepción de que los crímenes del nazismo fueron cometidos por extranjeros fuera del territorio español. Otra cosa es que rehúyan manifestarse sobre la responsabilidad del régimen de Franco en la entrega, deportación y asesinato de miles de republicanos españoles víctimas del sistema concentracionario nacionalsocialista. Estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid cumpla el compromiso adquirido por la anterior corporación, (y en principio mantenido por la actual) con la Amical de Mauthausen de erigir un monumento a los madrileños deportados a los campos nazis.

La permisividad de buena parte de la sociedad española y de los medios de comunicación hacia las manifestaciones negacionistas de los crímenes del franquismo y la humillación de sus víctimas, se sustenta en la banalización del mal y en la normalización de un pasado vergonzante, lo que acarrea siniestras consecuencias en el presente, cada vez más evidentes. El origen está en la forma en que se realizó la transición de la dictadura a la democracia, sin ajustar cuentas con el franquismo y sus crímenes. Seguimos conociendo proclamas de las fuerzas armadas y de seguridad, que consideran como propias las efemérides y “hazañas” de la División Azul: ¿Alguien se imagina un tratamiento parecido en Francia con respecto a unidades similares como la Legión de Voluntarios Franceses o la División Carlomagno?

El origen del problema es de todos conocido: en Europa los nazis y fascistas perdieron la guerra en 1945. Sus homólogos españoles ni perdieron la guerra civil ni la transición a la democracia.

La solución empieza por aplicar la normativa europea, contraria a permitir manifestaciones neonazis, por ejemplo, la Resolución del Parlamento europeo sobre neofascismo en Europa, que insta a cumplir la Decisión Marco para luchar contra organizaciones que propaguen delitos de odio.

Asimismo es indispensable la existencia o aplicación de códigos de conducta en los medios de comunicación públicos y privados, sobre el tratamiento a las ideologías de odio, como los fascismos, la xenofobia y el antisemitismo, y en el plan de estudios universitarios de Periodismo.

El fascismo debe ser recogido como delito en el Código Penal porque, es en sí mismo, un crimen. Esperamos que en la próxima tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática se homologue el tratamiento del menosprecio, las humillaciones y amenazas a las víctimas del franquismo con el que se ha legislado para otros colectivos de víctimas, incluyendo un sistema sancionador claro y contundente. 

http://www.encuentroporlamemoria.org/2021/02/20/la-banalizacion-del-mal/

miércoles, 3 de febrero de 2021

La Ley de Memoria que necesitamos


 La Ley de Memoria que necesitamos

Arturo Peinado, @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria


Publicado en la web del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del franquismo.  2 de Febrero de 2021

 

La sentencia del Tribunal Supremo de Marzo de 2012 que absolvía a Baltasar Garzón en la causa del franquismo, aparte constituir una seria advertencia para cualquier juez que en el futuro tuviese la osadía de abrir un procedimiento sobre crímenes franquistas, pretendía cerrar definitivamente las puertas de los tribunales para impedir la investigación de los mismos, negaba explícitamente a las víctimas el acceso a la Justica, y las derivaba en exclusividad a la vía administrativa consagrada en la Ley de Memoria de 2007.

 

La Ley de Memoria de 2007 nació lastrada, no solamente porque fuese insuficiente (los gobiernos de M.Rajoy pudieron incumplirla sistemática e impunemente sin necesidad de derogarla), sino sobre todo, porque no cuestionaba sino que apuntalaba la impunidad del franquismo. Como la definieron algunos juristas: la Ley de Memoria proporcionaba una reparación limitada a algunos colectivos de víctimas, apenas posibilitaba el acceso al derecho a la Verdad, pero sobre todo, negaba explícitamente el derecho a la Justicia a las víctimas del franquismo.

 

Creemos que es inexcusable que en la próxima tramitación del Proyecto de nueva Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno, se apliquen las recomendaciones que, sobre el caso del franquismo, han venido realizando diversos organismos internacionales, que han denunciado el abandono institucional de las víctimas, y el incumplimiento histórico por parte del Estado español de sus obligaciones y compromisos con respecto al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

 

El Anteproyecto constituye un importante avance respecto al texto vigente de la anterior Ley de memoria, pero en realidad, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con lo que organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han denominado como Modelo Español de Impunidad. Ciertamente, la Ley de Memoria, aún resultando aprobada en los actuales términos significaría un importante empuje a políticas públicas de Memoria de cara al futuro, pero hoy por hoy el texto renuncia a la oportunidad de desmantelar el Modelo Español de Impunidad establecido por el franquismo y certificado en la Transición. Por ejemplo, no garantizando que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura, y no incluyendo una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977.

 

Asimismo, el Anteproyecto ilegaliza parte de las consecuencias del golpe del 18 de Julio de 1936 y de la dictadura, pero se resiste a incluir una ilegalización explícita del régimen en sí. Se echa de menos también una declaración expresa del carácter legítimo de la 2ª República.

 

En el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, hemos hecho público un amplio documento propositivo de reforma y mejora del Anteproyecto presentado por el Gobierno, que ha sido remitido al mismo, y a grupos parlamentarios e instituciones. Este documento, elaborado a partir de múltiples análisis y propuestas, y respaldado por casi un centenar de colectivos y asociaciones, valora entre otros elementos importantes que:

 

·        En el Anteproyecto se enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal. No hay en este tema ningún avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo.

·        No podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas del franquismo como “nulas e ilegítimas”, como recoge el Anteproyecto, porque esa definición de “ilegitimidad” no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos.

·        Aunque supone un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas de las fosas comunes del franquismo, el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en la localización y exhumación. No podemos perpetuar el sistema de exhumaciones extrajudiciales y privadas (subvencionando a familiares y asociaciones para su ejecución), que estableció la Ley de 2007.

·        El Anteproyecto no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones, organizaciones, entidades y particulares, que se beneficiaron del expolio franquista y de los trabajos forzados.

·        El Anteproyecto no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados sobre la represión franquista. Tampoco se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos. Por tanto, no asegura el acceso a la información, ni el derecho de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

 

El Gobierno da por hecho que el movimiento memorialista y los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez o los PGE, van a apoyar el texto del Anteproyecto de Ley tal y como ha llegado al Parlamento, cerrando filas además ante la previsible oposición de la derecha política y mediática. Pero no todo está cerrado y decidido: recordemos cómo en 2007 el diputado de ERC Joan Tardà defendió el voto contrario de su grupo a la Ley de Memoria de Zapatero, al considerar que no cumplía con los estándares mínimos del derecho penal internacional para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

 

Corremos además el riesgo de que, tal y como pasó en 2007, el debate en la sociedad y en los medios se circunscriba al conflicto entre la iniciativa específica del Ejecutivo y la reacción exaltada de la derecha negacionista, soslayando las propuestas críticas pero constructivas del movimiento memorialista.

 

No tenemos derecho a perder esta oportunidad quedándonos a mitad de camino. No podemos esperar 14 años más a otra Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, ya que no entra en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas.

http://www.encuentroporlamemoria.org/2021/02/02/la-ley-de-memoria-que-necesitamos/