El tratamiento de la memoria histórica en el "Nuevo acuerdo para España"

El tratamiento de la memoria histórica en el "Nuevo acuerdo para España"

Publicado en Cuarto Poder, 31 de diciembre de 2019

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

A expensas de un análisis colectivo más profundo y extenso, que tendremos que realizar las diferentes organizaciones del movimiento social por la recuperación  de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, podemos hacer las siguientes consideraciones, como valoración inicial del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos:

Ciertamente se trata de un avance con respecto a lo existente. No podía ser otra la intención de los autores de un programa al que se ha llamado de "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España". Sin embargo nos parece insuficiente, poco ambicioso, y creemos que no recoge más que superficialmente las propuestas que los colectivos memorialistas y los organismos internacionales de derechos humanos han venido haciendo al Estado español. Entendemos que la parquedad de espacio que ocupa el tema dentro del conjunto del programa (6 párrafos) impide mayor concreción y desarrollo, pero en lo que se ha presentado subyacen elementos preocupantes.

Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio (y la Deportación). En cambio, sobre la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo”, que ya se recogía en las Proposiciones del PSOE de Ley de Memoria Histórica de 2017 y de Reforma de la vigente Ley (Julio de 2019), es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de ese aniversario para las víctimas del franquismo (la aprobación en 1978 del borrador de la Constitución por las Cortes Generales). Creemos que se ha optado por la celebración de una efeméride de segundo nivel de la Transición, en vez de una fecha realmente significativa de la resistencia contra los golpistas durante la guerra, de la represión franquista, o de la lucha clandestina contra la dictadura, con el fin de no dar a la conmemoración una "excesiva" relevancia. Esperemos que se corrija esta decisión durante la acción de gobierno y se designe finalmente una fecha realmente significativa, como por ejemplo: la matanza de Badajoz, la Desbandá, el bombardeo de Gernika, las cinco últimas ejecuciones del franquismo...

La parquedad y ambigüedad del apartado dedicado a la exhumación de fosas comunes (así como algunas iniciativas de las fuerzas firmantes durante las últimas legislaturas), nos hace temer que se pretenda perseverar en el modelo establecido por la Ley de Memoria de 2007: un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas. Una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia, esperamos de las fuerzas que aspiran a formar gobierno, que esta iniciativa se plasme finalmente en un plan estatal de exhumaciones a cargo de la administración de justicia impulsada por una fiscalía especializada en la investigación de crímenes del franquismo, procediendo a la investigación de los delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y demás agresiones a los derechos humanos.

Apoyamos el compromiso de “retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”, aunque esta última frase nos parece preocupantemente ambigua. Hasta ahora la retirada de la simbología franquista sólo se ha producido donde los responsables institucionales han manifestado inequívoca voluntad política, dada las ambigüedades e insuficiencias de la Ley de Memoria de 2007. Por otra parte, la frase "Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo", parece una muestra de humor negro: ningún crimen franquista ha sido juzgado en el franquismo, y lo que es mucho peor, en democracia. Y por otra parte, que la única consecuencia para los autores de crímenes contra la humanidad vaya a ser la retirada de las condecoraciones y prestaciones asociadas, muestra tanto la vigencia de la impunidad del franquismo como una escasa ambición por parte de los firmantes.

Valoramos también como una mejora importante la propuesta de anular "las condenas y sanciones...". Es un gran avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, y alguien debería dar explicaciones sobre porqué se puede hacer ahora, sin mayor problema, lo que al parecer en 2007 ponía en peligro la seguridad jurídica y los cimientos del sistema democrático. También el texto tendría que haber dejado claro que se refiere exclusivamente a las condenas emitidas por los tribunales y consejos de guerra franquistas, y no englobarlo todo en el término "Guerra civil", para deslegitimar también las sentencias y resoluciones emitidas por los instituciones democráticas y plenamente legales de la República Española. Además, es completamente insuficiente ilegalizar las condenas pero no declarar ilegales los tribunales y los consejos de guerra franquistas.

Sobre las propiedades y el estatus de la familia Franco, opinamos que es necesario naturalizar una situación propia de un país democrático: la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador aún con 44 años de retraso. Creemos que es indispensable empezar por la constitución de una comisión parlamentaria para:

·      Que investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador.

·      Que investigue el origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de la familia Franco.

·      Que investigue todos los títulos de propiedad, así como los documentos de adquisición, si los hubiere.

·      Que audite e investigue las declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa.

·      Que analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos.

·      Que investigue las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado.

Los trabajos de la Comisión parlamentaria tendrían que desarrollarse con la máxima publicidad y transparencia. Y la documentación estudiada, así como las conclusiones de los trabajos de la Comisión deberán de ser de acceso público.

Tras todos los acontecimientos del último año, echamos de menos en el documento un compromiso explícito de culminar la resignificación democrática del Valle de los Caídos, que de ningún modo puede sustentarse en el “Informe de Expertos sobre el Valle de los Caídos” de 2011. Entendemos que esta resignificación debe partir de la desacralización del Valle con la salida de los monjes benedictinos, así como del cambio del estatus jurídico del mismo.

Como conclusión, si bien saludamos los elementos que suponen un avance en positivo, debemos expresar nuestra preocupación por las insuficiencias en algunos puntos del documento, y por diversos posicionamientos, en nuestra opinión, seriamente desencaminados. De cualquier modo, el problema fundamental sigue siendo la pervivencia de la impunidad de los crímenes del franquismo, algo que sólo podrá superarse con iniciativas políticas y jurídicas muchos más ambiciosas: en primer lugar, la ratificación por el Estado español de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" de 1968; en segundo lugar, con una declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, que viene siendo aplicada a los crímenes del franquismo por los jueces invariablemente, desde su promulgación, como una ley de punto final. Asimismo, se debería impulsar la única vía abierta hasta el momento de investigación de los crímenes del franquismo: el robo de bebés.

Venimos defendiendo en el marco del "Encuentro Estatal de memoria histórica y de víctimas del franquismo", que sólo una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que iguale a éstas en reconocimiento jurídico y de derechos con otros colectivos de víctimas para las que el Estado español ha legislado convenientemente, puede llevar al cumplimiento de las obligaciones del Estado español con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Esperamos que el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, con su probada capacidad de propuesta y de movilización pueda favorecer la corrección durante la acción del futuro gobierno, de algunas de las propuestas y líneas de actuación que hemos conocido hoy.

https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/12/31/el-tratamiento-de-la-memoria-historica-en-el-nuevo-acuerdo-para-espana/

Manifiesto contra el desmantelamiento del monumento Memorial

Manifiesto contra el desmantelamiento del monumento memorial dedicado a las víctimas del franquismo en el Cementerio del Este de Madrid 1939-1944, y la resignificación del mismo por parte del actual gobierno municipal.

 Plataforma en Defensa del Memorial del cementerio del Este de Madrid,  Diciembre de 2019

Las Organizaciones Memorialistas, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales, sociales, personalidades y entidades de la cultura, manifestamos:

El pasado 18 de Noviembre, el  actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid arrancó las lápidas con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura en el Cementerio del Este.

La colocación de las placas fue paralizada el 17 de julio, cuando la obra estaba prácticamente finalizada. La retirada, que provocó serios daños en algunas de las lápidas, supuso una nueva humillación y la revictimización de los familiares de los asesinados, que llevaban décadas esperando el reconocimiento de la democracia a personas que fueron asesinadas por defender los valores democráticos, derechos, libertades, y justicia social representados por la II República española.

Esas personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1944 en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el más básico derecho a la defensa. Consideramos inadmisible en democracia, que se anteponga el argumentario franquista al reconocimiento debido a sus víctimas, frente a la defensa de los valores universales por los que fueron masacradas y a la imprescindible reparación a sus familiares, dando carta de naturaleza a las sentencias de los Consejos de Guerra.

El gobierno del señor Martínez Almeida no sólo profana los nombres de quienes pagaron el más alto precio en Madrid por defender la libertad frente al fascismo, sino que ha modificado el criterio con el que fue erigido el Memorial, cambiando completamente su significación para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia. Ello supone un castigo post mortem añadido a las familias de las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria democrática del pueblo de Madrid y de todos los pueblos del Estado español.

Asimismo, la renuncia por parte del equipo de gobierno de Martínez Almeida, de levantar un memorial en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchel en reconocimiento a todas las personas presas políticas durante el franquismo, así como el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, dan idea del concepto que tienen de las políticas de memoria democrática  los actuales responsables municipales.

La construcción del monumento del cementerio del Este, tal y como se estaba llevando a cabo hasta su paralización por el Ayuntamiento, no había provocado ningún rechazo ni oposición en la sociedad madrileña. Es por tanto el equipo de gobierno actual, el único responsable de alterar la convivencia y de crear problemas que no existían. La decisión por el gobierno municipal encabezado por el Sr. Martínez Almeida de remodelar el monumento, desvirtúa completamente su significado, objetivo y sentido. Es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid quien manifiesta una actitud autoritaria, revanchista y sectaria, capaz de crear y promover la discordia y el enfrentamiento en una sociedad ajena a sus discursos de odio. Existen en el Estado español docenas de memoriales de reconocimiento a las víctimas del franquismo, con las características del que ha sido desmantelado por el Ayuntamiento de Madrid, algunos de ellos erigidos por gobiernos municipales del partido del señor Martínez Almeida.

Exigimos la inmediata reversión del proceso, procediéndose a la reconstrucción del Memorial conforme al proyecto original, y que el Sr. Martínez Almeida pida disculpas públicas en nombre del Ayuntamiento de Madrid, a los familiares de las víctimas y al conjunto de la ciudadanía.

Consideramos imprescindible, conforme a la exigencia del Derecho y Tratados Internacionales, y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que el Estado y todas las instituciones asuman y garanticen el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la Resistencia Antifranquista como víctimas de la violencia política.

Consideramos irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de historiadores, a ser juzgados solamente por jueces, y a que las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo.

Convocamos a la sociedad civil a frenar esta agresión sin precedentes cometida, en primer lugar, contra los familiares de las personas que pagaron con la vida su compromiso en defensa de la legalidad democrática, pero también contra los derechos humanos, contra la Democracia y contra la Memoria Democrática Colectiva.

Solicitamos el apoyo explícito de todos y todas las demócratas, y de toda la sociedad, para revertir este nuevo atropello a la Memoria de las personas que lucharon contra la Dictadura.

Los familiares, colectivos y organizaciones que conformamos esta Plataforma abierta, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a este manifiesto y participe activamente en la defensa de esta causa.

Comunicado de apoyo a la afición del Rayo Vallekano. Por IU-Puente de Vallekas

"El legado de los historiadores liberales del Régimen del 78", por Sebastiaan Faber

Sebastiaan Faber. La Marea, 28 noviembre 2019

El legado de los historiadores liberales del Régimen del 78

La muerte de Santos Juliá, el 23 de octubre pasado, ha inspirado un aluvión de panegíricos. Nada más natural; a fin de cuentas, no solo era un historiador prominente sino un intelectual público que llevaba más de un cuarto de siglo interviniendo en los medios, sobre todo en El País. Solía expresarse siempre con claridad y valentía, sin pelos en la lengua. Pero precisamente porque el propio Juliá nunca rehuyó las polémicas, quizás se merezca un retrato con más claroscuros que, además, aproveche para ubicarlo en su contexto generacional e institucional. Lo que sigue es una primera pincelada en ese sentido, de mano de algunas voces amigas que, en años recientes, han formulado visiones algo más críticas de Juliá y sus compañeros de generación, como Juan Pablo Fusi y José Álvarez Junco.

Sus virtudes personales quedan fuera de duda. A Juliá en particular le impulsó siempre una impresionante dedicación a su campo, la historia contemporánea, y una tremenda capacidad de trabajo, nutrida por un caudal de erudición en el mejor sentido del término: un conocimiento profundo y amplio de su propio país y su pasado. Indudable también era su compromiso con la sociedad de su tiempo, que quedó manifiesto tanto en sus libros de ensayo e historia como en sus columnas periodísticas. En un paisaje mediático adicto al postureo de los todólogos, Juliá casi siempre se expresó con una seriedad y sinceridad excepcionales.

Las limitaciones de su obra, en cambio, eran en gran parte sintomáticas: de su generación, de las instituciones en que ocupó durante mucho tiempo un papel central –la universidad y los medios– y, cómo no, de lo que se ha dado en llamar la Cultura de la Transición. Fue sintomática, por ejemplo, la difícil relación que tenía Juliá, como historiador académico, con el movimiento por la recuperación de la memoria histórica, cuyos móviles –me parece– nunca llegó a apreciar del todo, a pesar de que fue él quien coordinó el importante libro sobre Víctimas de la Guerra Civil (1999).

También fueron sintomáticas las contradicciones de su práctica profesional y la visión que tuvo de ella. Por un lado, rechazaba la “memoria” como un fenómeno sentimental, subjetivo y politizado, estructuralmente inferior a una “historia” científica rigurosamente objetiva, representada por su propio trabajo y el de sus compañeros de gremio. Este rechazo categórico de la memoria era cuando menos problemático en un contexto social –y un momento histórico: la primera década del siglo XXI– donde esa memoria estaba en su mayor parte encarnada por las voces de las víctimas, víctimas que después de años de silencio forzado por fin sentían que había un público dispuesto a escucharlas.

Por otro lado, llama la atención que Juliá, como supuesto historiador científico y rigurosamente objetivo, no tuviera reparo en asumir un papel de opinador en un sistema mediático altamente politizado y comercializado, expresando opiniones, además, nada rigurosas desde un punto de vista historiográfico. Como “fichaje” de El País, una figura pública como Juliá era representativa de la relación entre la intelligentsia de la CT y sus aparatos mediáticos, en la cual el intelectual mantiene una relación simbiótica con el medio, en un intercambio de capital cultural provechoso para ambas partes. (Este tipo de análisis, que formulé alguna vez en un ensayo, no lo acogía Juliá con agrado.)

Había una contradicción similar en su visión de su campo académico, la historia. A pesar de su indudable brillantez como historiador, me parece que Juliá nunca fue capaz de asumir plenamente su propia historicidad. Su idealización de la práctica historiográfica es, en el fondo, ahistórica. Como disciplina académica, escribía en Hoy no es ayer y un ensayo en Claves de razón práctica, la historia“sigue aspirando a construir interpretaciones del pasado edificadas sobre un conocimiento que se pretende científico y objetivo”; el historiador profesional trabaja con una “austera pasión por el hecho, la prueba, la evidencia”, “con la intención única de que el pasado hable” y que “no pretende servir a ningún señor, sea el Estado, la Justicia, la Política, el Partido, la Clase, la Identidad Nacional, la Memoria”, inmune ante las “últimas modas”. El historiador, en fin, “[n]o se siente prisionero de ningún paradigma ni obligado a seguir la dirección impuesta por el último giro”.

No sorprende que un historiador que concibe de su propia labor de esta forma esté poco receptivo ante los análisis que pretenden demostrar, precisamente, hasta qué punto su obra y las ideas que la informan son productos de su tiempo y circunstancias y, por tanto, ideológicas.

Un análisis de este tipo lo realiza, de forma ejemplar, el filósofo gallego Manuel Artime en su libro España. En busca de un relato. Lo que caracteriza a la generación de “historiadores liberales” a la que pertenecen figuras como Juliá, Fusi, Álvarez Junco y otros –escribe Artime– es, paradójicamente, su miedo a la historia, que ven como una selva tupida llena de peligros (ideas equivocadas, aspiraciones irrealizables, actitudes superadas, ilusiones tan ingenuas que resultan vergonzosas). Movidos por ese miedo, intentan controlar o desarmar lo que la historia, el pasado colectivo, tiene de potencial inspirador para el presente, un potencial que para ellos solo puede ser desestabilizador. Lo que también caracteriza a los historiadores liberales –prosigue Artime– es que asocian la “normalización” de España (una normalización primero ansiada y, después, constatada y celebrada) con la capacidad (su capacidad) de hacer historia sin política. Y, más importante, con la posibilidad de hacer política sin historia. Ese, a fin de cuentas, es el sueño del Régimen del 78.

De allí también su insistencia en su propia probidad disciplinaria. El pasado, para ellos, es un territorio tenebroso, ponzoñoso y tentador, lleno de peligrosas tentaciones ideológicas, al que solo deberían poder acceder especialistas armados de una metodología a prueba de bombas. Las consecuencias para España de esta actitud han sido negativas, concluye Artime. Al revestir el pasado de una especie de barrera aséptica, una guardia pretoriana de disciplinariedad, la narrativa normalizante de los historiadores liberales –que han dominado el campo y la opinión pública durante años– “ha contribuido a desarmarnos críticamente, a empobrecer nuestra memoria democrática y perder de vista múltiples relatos emancipatorios, que tendrían cosas por decir a la democracia actual”.

Un buen ejemplo es la visión hegemónica que cundió entre los historiadores liberales del anarquismo ibérico. Para ellos, el movimiento libertario, una aberración o curiosidad histórica, “se resume en religiosidad, sentimentalidad o moralismo, es decir, ausencia de pensamiento, irracionalidad”, como escribe el joven investigador Jorge Gaupp en una tesis doctoral defendida hace poco. Aunque adoptaban, en lo básico, la visión del anarquismo español que ya había esbozado Gerald Brenan en los años 40, en los años 70 y 80 la revistieron de una autoridad académica que se negaban a ver como ideológica. Como historiadores eran científicos, a fin de cuentas: buscadores objetivos de la verdad. En el fondo, sin embargo, la suya era una visión reductiva y simplista –y en el fondo, muy poco rigurosa– que les permitió condenar a los márgenes de la historia, y desactivar para su presente político y social toda una tradición de pensamiento y de experiencia práctica alternativas.

La visión del pasado como una fuente de peligros la expuso Juliá con nitidez en un ensayo de tono sombrío en la Revista de Occidente de 2006, titulado Bajo el imperio de la memoria. Recordando (en tercera persona) la experiencia de su propia generación, educada en un asfixiante clima franquista marcado por un uso constante e instrumental del pasado, explicaba que los miembros de su generación “optaron por echar la guerra al olvido en un sentido muy preciso”:

La consideraron como historia, como un pasado clausurado, algo que había afectado a sus padres, pero de lo que era preciso librarse si se quería desbrozar el único camino que podía reconducir a la democracia, a la libertad. No queremos compartir los odios del pasado, decía un manifiesto firmado por universitarios de Barcelona en 1957. La guerra era sencillamente historia, objeto de conocimiento, no de memoria; su herencia no era bien venida.

Aunque aquí Juliá reconstruye su propia experiencia generacional, historizándola, es característico que no aproveche la oportunidad para relativizar las posiciones ideológicas a la que esa experiencia acabó dando lugar, o siquiera reconocerlas como tales. (La ideología siempre está en el otro, en este caso en los “emperadores” de la memoria.)

Así, esta generación tampoco estuvo dispuesta a reconocer la obvia posición de poder que ocupaba en sus dos mundos: el universitario y el mediático, aunque esto no significaba, ni mucho menos, que se negara a ejercer ese poder. Su relación con las generaciones siguientes –sobre todo con sus miembros más díscolos, que tuvieron la oportunidad de asimilar otras prácticas y modelos que los dominantes en España– resultó necesariamente conflictiva. El historiador Pablo Sánchez León, unos 20 años más joven, la describió así cuando le pregunté al respecto, hace un par de años:

«En estos tiempos tienes que hacer un poco de psicoanálisis para saber qué es lo que te motiva, y ese poco de autoconocimiento no tienen. Son intelectuales para sí mismos. Hablan todos en función de lo que promueve la reproducción del ideario de su propia generación, tal como va evolucionando en el tiempo. Y esa generación va siendo cada vez peor, más mayor y conservadora. […] Una generación para sí misma de este tipo crea muchos problemas. El principal es que no transmite nada. Ellos no tienen continuadores. No han querido hacer escuela porque han preferido ser ellos siempre los que tienen la primera, la última y la palabra de en medio. Han querido tener un monopolio oligopolístico, un cártel. Por tanto no han dejado una herencia».

Lo que acaba señalando Sánchez León aquí es un problema institucional íntimamente ligado a la organización del mundo universitario español: un mundo altamente jerarquizado que premia a los sicofantes, castiga a los disidentes y sigue aferrado a conceptos anticuados de conocimiento como erudición y modelos didácticos que insisten en ver la formación como la “transmisión” unidireccional de ese conocimiento. Como decía Noelia Adánez en 2012: “En las aulas de nuestros vetustos centros de enseñanza superior, el conocimiento no fluía, simplemente se enquistaba”:

Las universidades, las facultades, los departamentos, son auténticos reinos de taifas. En términos de reclutamiento de investigadores y docentes, el clientelismo franquista y posfranquista característico de la universidad española permanecen. Simplemente se ha adaptado, convirtiendo, por ejemplo, a la universidad en un lugar en el que el acoso laboral no solo no es un problema, sino que es una práctica extendida, naturalizada y definitivamente funcional para el sistema, en un grado muy superior al que lo es en otros espacios de la administración pública. La figura del catedrático-padre-mentor-empresario se ha desdibujado, pero las dependencias, el despliegue de filias y fobias en los procesos de reclutamiento, permanecen.

Sánchez León, en la misma entrevista, explicó esta dinámica institucional en términos biográficos:  

«[C]uando acceden al poder son muy jóvenes. […] En la primera mitad de los años 80 llegan a tener cuotas de poder grandes. Acceden a una universidad que no se democratiza sino que se expande. Porque son muy jóvenes, tienen carrete para largo. […] Esta hegemonía absoluta muy larga en el tiempo es la que verdaderamente ha permitido que el famoso régimen del 78 perdure tanto. Porque da igual que estés en la oposición o no: mantienes tu puesto de trabajo, tu columna, tu tribuna, tu prestancia e incluso tu lenguaje«.

Y así como fueron incapaces de comprender lo que impulsaba el movimiento por la recuperación de la memoria histórica en la primera década del siglo XXI, les costó comprender lo que movía la crítica al régimen del 78 del 15-M y sus secuelas en la segunda. Como explicaba Sánchez León: “Para la generación que llega al poder con la Transición, revisarla amenaza los parámetros de su propia autobiografía. Les obligaría a asumir que la posición razonada, razonable, moderada que tuvieron en tiempos convulsos –dentro de que andaban en la izquierda, nadie lo duda– hoy los haría aparecer como totalmente conservadores. Eso condiciona su lectura de la historia española”.

Cuando se le invitó a escribir una réplica, Juliá, como era de esperar, no desaprovechó la oportunidad. Lo hizo con desprecio y sarcasmo pero también –hay que admitirlo– con un punto de humor que le honra:

«Como todo el mundo sabe, mi cercanía al poder y mi carencia total de principios deontológicos, con tanta valentía denunciados en esa pieza, han sembrado mi carrera profesional de cargos y prebendas desde que, allá por los años ochenta, los primeros gobiernos socialistas me nombraran, sucesivamente, director del Colegio de España en París, rector de la Universidad Menéndez Pelayo y secretario de Estado de Universidades. Luego, con los gobiernos del Partido Popular, y por no renunciar a mi inveterado apego al poder, presté mis servicios a la nación española –y al españolismo en general– como ministro de Cultura, desde donde procedí a censurar a todos los descontentos con la Transición, prohibiendo su participación como invitados en las sedes del Instituto Cervantes».

Sarcasmo aparte, el legado de esta generación de historiadores es mixto. Rompieron con la hegemonía de la historiografía franquista, sí; y lo hicieron apelando a actitudes y prácticas “científicas” con el fin de desideologizar la visión del pasado construida por los historiadores académicos en España durante la dictadura. Emprendieron un proyecto necesario y meritorio. Pero en ese afán no dejaron de imponer su propia hegemonía, casi tan asfixiante como la que desplazaron. No solo porque, por razones biográficas, la pudieron ejercer durante mucho tiempo, dentro de la universidad y en la esfera pública; y no solo porque en lugar de reformar las estructuras de poder de la universidad española, las acabaron replicando. También porque, revestidos de la autoridad de sus puestos universitarios y con pleno acceso a la plaza pública, utilizaron la historia –el relato sobre el pasado colectivo, narrado con autoridad– para transmitir un proyecto de país: concretamente, el proyecto europeísta, centralizador, normalizador de la Transición.

https://www.lamarea.com/2019/11/28/el-legado-de-los-historiadores-liberales-del-regimen-del-78/