Arturo Peinado:
"En los 70, les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado
pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es
demasiado tarde"
Entrevista
al presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria
César
Pérez Navarro. Tercera Información, 24/02/2020
Conversamos
con Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria. Consideramos este un momento crucial en el debate sobre diversos
aspectos de la Memoria Histórica, que debiera contribuir a llevar a buen puerto
las reivindicaciones de la sociedad civil, de las víctimas del franquismo y de
las asociaciones memorialistas.
-
César Pérez: A muchos nos sorprende el revuelo que se ha levantado con la
propuesta del nuevo Gobierno de coalición de sancionar la apología del
franquismo en la reforma del código Penal que se prepara. Recordemos que la
tipificación de la exaltación de la dictadura era una promesa que figuraba en
el programa electoral de Pedro Sánchez. El Catedrático de Derecho
Constitucional Javier Pérez Royo ha recordado que "en los países en lo que
hubo fenómenos parecidos al que supuso el régimen del general Franco está
incluido el delito de apología del fascismo en el régimen penal [...] y de una
manera muy singular en Alemania, donde no se ha visto resentida en absoluto la
libertad de expresión". Pérez-Royo argumenta que tal delito "debe
tipificarse con mucha precisión”. Sin embargo, estos días se escuchan críticas
a la medida desde la izquierda. Antonio Maestre apuntó que es “un error
histórico de cálculo que incide en lo simbólico perdiendo de vista lo
estructural”, pero también aprecia argumentos flojos como “considerar la
defensa del genocidio franquista como una opinión más. Porque no todas las
opiniones son respetables, como recoge nuestra Constitución”.
La
crítica más destacada señala que en España no existen procesos judiciales ni de
condena sobre el franquismo ni sobre cualquiera de sus responsables como
consecuencia de la Ley de Amnistía, que ha archivado todas y cada una de las
denuncias presentadas por asociaciones memorialistas como el Foro por la
Memoria. Por tanto, siguen vigentes las sentencias franquistas y los tribunales
sumarísimos de la dictadura. Considera que estas reparaciones deber ser
anteriores al castigo de la apología del franquismo... Por otro lado, dice que
aún no se ha “acuñado” en este país una “verdad histórica y no se ha construido
una identidad colectiva”.
¿Considera
que estos argumentos cuentan con suficiente peso para frenar el castigo de la
exaltación del franquismo en el código penal? ¿Cree que, aún pasados 45 años
desde la muerte de Franco aún “no es el momento” para esta reforma?
-Arturo
Peinado: Valoramos en principio positivamente el anuncio de modificación del
Código Penal para que se tipifique como delito la apología del franquismo. El
problema está en que el franquismo nunca ha sido ilegalizado; no hay una
ruptura entre la legalidad franquista y la democrática. El número 1 de nuestro
actual BOE se publicó en Burgos en octubre del 36. Ciertamente habrá que
especificar cómo se va poder a juzgar a alguien por defender un régimen que
legalmente no ha cometido ningún delito, y por crímenes que nunca han podido
ser juzgados, pero eso no implica que se tenga que dejar de hacer.
Cuando
hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los
criminales franquistas; o a que la familia Franco y tantas otras puedan seguir
disfrutando aún del producto del expolio y de la corrupción. Es también
impunidad que representantes políticos como Ortega Smith o Rafael Hernando, y
publicistas de los mitos franquistas, digan y escriban barbaridades sin
consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia, mentir y calumniar
sale gratis en España cuando se ataca a los defensores de la 2ª República, a
los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura. Lo que
debemos preguntarnos es ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es simple: porque pueden.
En
cuanto a si es el momento o no de cambiar en ese sentido el Código Penal, en
los 70 les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para
pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es demasiado tarde.
Era mentira entonces y es mentira ahora.
C.P.:
¿Podría indicarnos algunas pinceladas desde el Foro por la Memoria sobre qué
podría castigarse en concreto en el código penal como exaltación de franquismo?
-A.P.:
Debemos dotarnos de una legislación que defienda a las víctimas, y a los
defensores de la República y luchadores antifranquistas, de la falsificación de
la historia, y de amenazas, insultos y menosprecios. Y que las políticas de
Verdad, Justicia y Reparación dirigidas a las víctimas del franquismo y a los
verdaderos responsables de la llegada de la democracia, sean incuestionables, y
obligación y patrimonio de la sociedad y de las instituciones. Ni más ni menos
que lo que sucede en países democráticos de nuestro entorno que derrotaron al
nazismo y a los fascismos en 1945.
Aquellos
que desde posiciones progresistas critican estos cambios suponemos que exigirán
inmediatamente que la apología del terrorismo y el menosprecio a sus víctimas
dejen de ser delito, y que defienden los homenajes a etarras excarcelados como
ejercicio de la libertad de expresión. A no ser que consideren que las víctimas
del franquismo son de inferior categoría a otras, y no son dignas de los
derechos que les reconocen los organismos internacionales de derechos humanos.
-C.P.:
Esta pasando desapercibido el hecho de que -además del delito en países como
Italia o Alemania- el enaltecimiento del Franquismo ya se sanciona en España.
La Ley de Memoria Histórica de Extremadura aprobada en 2018 establece que la
Junta de Extremadura “tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de
sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y de la
represión de la Dictadura”, lo cual, no se diferencia de otras leyes de
memoria, la estatal de 2007, u otras a escala regional. Pero añade como
“infracción leve” sancionada con entre 200 y 2.000 euros, además de la pérdida
del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia
de memoria democrática; “incumplir la prohibición de exhibir públicamente
escudos, insignias, placas y otros objetos o elementos, conmemorativas o de
exaltación o enaltecimiento del franquismo, emitir expresiones ofensivas,
vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus
familiares de la Guerra Civil o la Dictadura franquista, cualquier tipo de
conducta que suponga el enaltecimiento del franquismo cuando no puedan ser
tipificadas como delito de incitación al odio, la celebración de actos y
homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración,
la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de
1936 y del franquismo y promover distinciones o reconocimientos de personas,
entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”. Además, la
ley de memoria extremeña también contempla que “en caso de reincidencia, las
infracciones leves pasan a ser graves”, sancionadas con multas de 2.001 a
10.000 euros.
¿Qué
le parece esta ley?
-A.P.: Precisamente hace un año explicamos nuestra
valoración de la ley de memoria extremeña en unas Jornadas en Herrera del
Duque. Supone un importante avance en varios aspectos, no sólo en el que
indicas, como el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, que va
mucho más lejos que la Ley de Memoria estatal; La inclusión de temáticas en los
planes de educación sobre la recuperación de la memoria democrática y la
promoción de los Derechos Humanos y la Paz; Resulta muy avanzado en el
reconocimiento y reparación a los trabajadores forzados, incluyendo la
señalización de las obras como lugares de memoria, y promoviendo actuaciones
para hacer copartícipes a las instituciones y empresas, que obtuvieron
beneficio de ello; Y el compromiso de solicitar al Estado español que declare
nulas todas las acciones legales de carácter represivo de la dictadura...
Pero
la proliferación de legislación autonómica que se viene produciendo desde 2011
puede resultar contraproducente, ya que genera discriminación entre las
víctimas: dependiendo de la comunidad autónoma de dónde procedan, unas víctimas
y sus familias tienen muchos derechos, otras pocos y el resto, ninguno. Además,
las comunidades autónomas no tienen competencias para legislar en materia de
Justicia, particularmente sobre la exhumación de fosas comunes del franquismo.
La competencia para la exhumación e identificación de víctimas del franquismo
enterradas en fosas comunes corresponde en exclusiva a la administración de
Justicia, aunque las administraciones autonómicas puedan participar en la
localización y protección de las fosas comunes del franquismo.
En
cuanto a la pervivencia de callejero o simbología franquista, el problema está
en que no se elaboró un reglamento de la Ley de Memoria del 2007: no hay
tipología precisa sobre qué hay que retirar, ni plazos para la retirada, ni un
régimen sancionador para las instituciones que incumpliesen la Ley. Lo que se
ha quitado y cambiado ha dependido de los titulares de cada institución, a
partir de su signo político y de su voluntad de hacerlo o no.
-C.P.:
¿Es factible la derogación o la nulidad de la Ley de Amnistía en nuestro país?
¿Cree que tal medida podría implementarse en la presenta legislatura? Mucho se
está diciendo y escribiendo sobre el torturador “Billy el Niño”, pero el hecho
es que sus graves crímenes seguirían impunes si no se acaba con la Ley de
Amnistía. La tortura es considerada un crimen de lesa humanidad que nunca
prescribe...
-A.P.:
Nosotros/as nunca hemos defendido su derogación, y mucho menos parcial.
Exigimos una declaración de nulidad integral de la Ley de Amnistía por el
Parlamento, por dos motivos: Primero: Derogar significa que la ley deja de
tener validez desde el momento de la derogación, y nosotros pretendemos revisar
autos y sentencias en los que se ha aplicado, desde 1977 hasta el día de hoy. Y
segundo: aparte de amnistiar a los criminales franquistas, la ley del 77
amnistía hechos tales como el ejercicio de las libertades de prensa, de
reunión, de expresión, de huelga, de asociación… por los antifranquistas. Son
derechos fundamentales reconocidos por las constituciones de 1931 y 1978. Si la
democracia acepta que son “delitos” amnistiables, está sumiendo la legalidad
del franquismo, y por eso defendemos que se anule íntegramente.
La
tortura es un crimen imprescriptible, pero los gobiernos de Felipe González,
Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez se han opuesto a ratificar la "Convención
de la ONU de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad". La impunidad del franquismo no es cuestión de un gobierno o de
otro, es política de Estado desde los pactos más o menos explícitos de la
Transición.
No
creemos que el actual Gobierno vaya a cuestionar el modelo español de
impunidad, uno de cuyos pilares es la Ley de Amnistía. Al menos eso es lo que
se percibe de la Proposición de Ley presentada por el PSOE el 24 de Enero, que
aunque supone avance sustanciales con respecto a lo existente, aún queda lejos
de hacer efectivos el derecho de las víctimas del franquismo a la Verdad, la
Justicia y la Reparación. Esperamos que en la fase de tramitación, los grupos
que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez consigan modificaciones de calado,
porque 13 años después de la fracasada Ley de Memoria no nos conformaremos con
cambios cosméticos. Lo advertía hace unos días Joan Tardà en un artículo
titulado “Ningún engaño más a las víctimas del franquismo”.
-C.P.:
¿Exige la Federación de Foros por la Memoria la anulación de las sentencias
franquistas por parte de los tribunales sumarísimos de la dictadura?
-A.P.:
Siempre lo hemos exigido, incluso lo defendimos en cierta soledad cuando en
2007 no se recogió en la Ley de Memoria Histórica. Todas las sentencias
franquistas, que a día de hoy siguen siendo legales y firmes, deben anularse,
pero también los consejos de guerra y los tribunales represivos deben ser
declarados ilegales.
-C.P.:
Los pasados 20 y 21 de febrero tuvieron lugar unas jornadas abiertas sobre
acceso a los archivos en la Función Pública en las cuales la Federación de
Foros por la Memoria estuvo presente. El Gobierno plantea la apertura de los
archivos secretos de la Guerra Civil y de la Transición como uno de los
primeros pasos en materia de Memoria Histórica para esta legislatura ¿En qué
punto se encuentra esta cuestión en el momento actual y cuáles son vuestras
reivindicaciones al respecto?
-A.P.:
Deberíamos plantearnos que, hasta ahora, las políticas y la legislación sobre
archivos en España no han estado orientadas al libre acceso por parte de la
ciudadanía, sino que responden, en buena parte, a políticas públicas activas de
olvido dirigidas a apuntalar la impunidad del franquismo.
Valoramos
que los archivos juegan una función central en la promoción y realización del
Derecho a la Verdad y del deber de recordar de la sociedad. El Estado tiene que
garantizar el derecho de libre acceso y establecer por ley la obligación de
colaboración de los responsables de los archivos con la Justicia, con las
víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Las
medidas anunciadas, en principio parece que van por el buen camino, porque
necesitamos una legislación de archivos que revise los criterios aplicables en
materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares
internacionales, para que prevalezca siempre el Derecho a la Verdad. Además,
los archivos deben contar con los recursos adecuados para su correcta gestión,
y los archiveros necesitan respaldo legal y un marco jurídico claro, para
ejercer su profesión con seguridad jurídica, libertad, transparencia e
independencia.
-C.P.:
¿Qué le ha parecido el largo proceso de exhumación de los restos del dictador?
El Gobierno ha anunciado que una nueva norma sacará a los monjes benedictinos
que desde 1957 regentan el Valle de los Caídos. Parece otra medida de escasa
trascendencia respecto a lo que pudiera hacerse allá ¿Qué proponen para el
Valle de Cuelgamuros?
-A.P.:
Fue una noticia largamente esperada, recibida con alegría por el movimiento
social por la recuperación de la memoria y de víctimas del franquismo, y por
buena parte de la sociedad española. La exhumación de los restos mortales del
dictador ha sido un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y
simbólica de sus víctimas.
Ciertamente
la exhumación ha tenido aspectos discutibles, porque el acto fue convertido en
un producto televisivo obsceno, con imágenes de exaltación explícita del
franquismo. Creemos que debería haberse llevado a cabo de manera expeditiva,
privada y discreta.
La
salida de Franco de Cuelgamuros ha supuesto sólo un paso (importante) en la
lucha contra las pervivencias del franquismo en nuestra sociedad, y contra la
impunidad de sus crímenes. Seguimos exigiendo una solución integral y
satisfactoria al Valle de Cuelgamuros que pase por su desacralización; la
entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; por el
desmantelamiento de simbología fascista y nacional-católica; y finalmente, por
una resignificación integral del Valle, en línea con otros lugares de memoria
destinados a servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de las agresiones a
los derechos humanos, tales como la ESMA de Buenos Aires, o el Memorial de
Auschwitz.
Asimismo
el papel de la comunidad de benedictinos, durante este año y medio, demuestra
la necesidad modificar urgentemente el estatus legal del Valle. Algo similar
puede decirse sobre la pervivencia de la Fundación que lleva el nombre del
dictador, algo inconcebible en los países democráticos de nuestro entorno. Y
por último, la actuación provocadora de los Franco y de sus abogados ha tenido
la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político que
conserva la familia el dictador. Después de 44 años, es indispensable llevar
adelante la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de los
"Franco S.A.", como ha sido norma habitual en todos los países que
han pasado de una dictadura a una democracia.
-C.P.:
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha anunciado
recientemente la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el
objetivo de “seguir abriendo fosas”, como si -hasta la fecha- ese trabajo lo
hubiese desempeñado directamente el Estado. No se han dado muchos más detalles,
pero es bien conocido que la exhumación de fosas junto a todo el trabajo que
ello conlleva se ha canalizado a través de organizaciones como la Federación de
Foros por la Memoria. ¿Cómo debería afrontarse la recuperación de las fosas en
el contexto de verdad, justicia y reparación y de acuerdo con la legislación
internacional en materia de Derechos Humanos?
-A.P.:
La Federación Estatal de Foros por la Memoria realizó una quincena de
exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades
autónomas, entre 2003 y 2012, llevadas a cabo por profesionales de diversas
disciplinas como trabajo militante no remunerado. En cada una de ellas
presentamos denuncia ante el juzgado natural, e invariablemente, la respuesta
que recibimos fue el archivo de las denuncias sin abrir una investigación
incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que cuando aparecen restos
humanos ningún juez se persona ni abre un procedimiento (algo que sólo pasa
cuando se trata de víctimas del franquismo).
El
Estado optó por intentar reconducir todo el problema de las exhumaciones a la
vía administrativa, mediante la Ley de Memoria de 2007. El texto niega
explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas y de sus familias, y
además privatiza y externaliza la gestión de las exhumaciones, subvencionando a
familias, asociaciones y profesionales. Posteriormente, la sentencia de 2012
del Tribunal Supremo que absolvió al exjuez Garzón, con el consiguiente rechazo
de los juzgados implicados a hacerse cargo de las exhumaciones, dejó
meridianamente claro que la vía de la Justicia quedaba cerrada para las
víctimas del franquismo.
Se
pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros
compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria,
circunscribiendo la exhumación y posterior reinhumación a actos privados
formalmente humanitarios.
Como
Federación venimos demandando a los poderes judiciales y al Estado que asuman
sus obligaciones, y elaboren un plan de exhumaciones para llevar a cabo todas
las que sean técnicamente viables. Pero siempre a cargo de un juzgado o
fiscalía especializada, dentro de un procedimiento por el tipo penal de
crímenes contra la humanidad, ya que una fosa común es, en primer lugar, el
conjunto de pruebas de un crimen imprescriptible.
La
Proposición de Ley presentada por el PSOE el pasado Enero, si bien supone un
avance en el tema de las fosas del franquismo porque establece la
responsabilidad de la Administración General del Estado en las exhumaciones y
el desarrollo de planes cuatrienales para la exhumación de fosas, sin embargo
persevera en la línea de financiar exhumaciones no judicializadas.
Según
lo que vamos conociendo, parece que en el Proyecto de Presupuestos generales
del Estado para 2021 se va a dedicar para memoria más dinero que en todos los
presupuestos de Rodríguez Zapatero, y la partida sustancial se va a destinar
mayoritariamente a la exhumación de fosas comunes. Pero al ser exhumaciones
extrajuidiciales, ni se cuestiona la impunidad de los crímenes ni se garantiza
el acceso de las familias y de la sociedad española a la Justicia.
-C.P.:
¿Han recibido invitación por parte del nuevo Gobierno de PSOE-Unidas Podemos a
un encuentro para recoger y debatir propuestas de cara a esta reforma de la Ley
de Memoria? Sé que la respuesta es larga, pero, a grosso modo, ¿Qué aspectos
fundamentales deberían cambiarse e incluirse en dicha reforma?
-A.P.:
Mantenemos una relación cordial con Fernando Martínez, actual Secretario de
Estado de Memoria Democrática, y hemos hablado personalmente de reunirnos para
tratar estas cuestiones.
De
todos modos, nuestra Federación comparte espacio de trabajo y elaboración
programática junto con un centenar de organizaciones más, en el denominado
Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del
franquismo. Pronto haremos una reunión de ámbito estatal, para analizar las
iniciativas legislativas que haya sobre la mesa, y actualizar nuestra propuesta
de una Ley de Integral de Víctimas del franquismo que equipare en
reconocimiento y derechos a este colectivo con otros, sobre los que el Estado
español ha legislado y puesto políticas en marcha. A partir de ahí,
solicitaremos y programaremos reuniones de trabajo con representantes
institucionales y diversas fuerzas políticas y sociales.
En
cuanto a propuestas que pondremos en el marco del Encentro para la reforma la
ley de Memoria, aún compartiendo medidas recogidas en el reciente Proyecto de
Ley presentado por el PSOE, muy sintéticamente vamos a exigir que se incluya:
El
pleno reconocimiento jurídico de las víctimas, en cuanto damnificadas por
graves agresiones a los derechos humanos.
La
anulación de todas las sentencias de los órganos represivos del franquismo, así
como la ilegalización expresa de todos esos tribunales y consejos de guerra, y
de toda la legislación represiva.
Un
plan para la exhumación judicializada de las fosas comunes clandestinas del
franquismo, conforme hemos explicado anteriormente.
-C.P.:
Gracias por su buena disposición, y por aclarar la postura de la Federacación
de Foros por la Memoria en todas estas cuestiones, algunas de ellas muy
controvertidas y largamente debatidas estos días a través de distintos canales.
-A.P.:
Gracias por la entrevista, y darnos esta oportunidad de hacer visibles nuestros
posicionamientos y propuestas.
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*
César Pérez, periodista de Tercera Información y, anteriormente, arqueólogo
colaborador de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
*
Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
