Viñeta de @pedripol para Ctxt
Artículo publicado en El Huffington Post, 20 de Julio de 2021
Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria
Hoy, el
Gobierno de España ha aprobado trasladar al Parlamento el Proyecto de Ley de
Memoria Democrática. Los colectivos memorialistas hemos valorado positivamente varios
aspectos concretos del mismo. Constituye un claro avance con respecto a la Ley
de 2007, y abre el camino a la implementación de políticas públicas de Memoria
por parte de las instituciones.
En un tema
simbólico, pero de especial relevancia como la condena del golpe de Estado y de
la dictadura, creemos que es asumido en el Proyecto de manera poco contundente,
y tendría que ocupar un lugar más destacado. Debería además fundamentarse en las
resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en
1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo.
Es esencial
la apuesta del Proyecto por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a
los diversos niveles educativos: uno de los grandes problemas y déficits de
nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y
falsificaciones franquistas de la historia. Amplios sectores de la población siguen
viendo, como algo natural, comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes
políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota
de los fascismos en 1945.
Asimismo hay
que destacar en el haber del Proyecto de Ley la inclusión de un régimen
sancionador, ya que la carencia de desarrollo reglamentario ha sido una de las
causas del fracaso de la Ley de Memoria de 2007.
Pero en nuestra
opinión el Proyecto renuncia a la oportunidad de desmantelar el llamado Modelo
Español de Impunidad, no incluyendo, por ejemplo, una declaración de nulidad de
uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del
franquismo: la Ley de Amnistía de 1977. En varios países del mundo se está
juzgando y condenando a responsables políticos y ejecutores de crímenes contra
la humanidad, por hechos similares y coetáneos a los acaecidos aquí durante el último
franquismo y los primeros años de la Transición. Como colectivos de víctimas,
como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal
sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y sería un grave
error que la futura Ley de Memoria, si se opta porque continúe cerrando el
acceso de las víctimas a la Justicia, pueda acabar, al final, apuntalando
definitivamente la impunidad del franquismo.
Las
asociaciones que trabajamos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria
Histórica y de Víctimas del Franquismo, pretendemos que la futura ley recoja el
reconocimiento jurídico de las víctimas, en igualdad de condiciones con otros
colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español
ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado
para que no sea así.
Una carencia
fundamental del Proyecto de Ley es que no declara ilegal al franquismo.
Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la
Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del
franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia.
Desde el
Encuentro Estatal exigimos que se declare el carácter ilegal de todos los
consejos de guerra y tribunales represivos de la dictadura, así como nulas de
pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos
organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal
nombre. Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales
franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y
asumir una clara violación de los derechos humanos. Considerar a esos consejos
de guerra y tribunales represivos como órganos de justicia equiparables a los
de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica.
A día de
hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y
antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen
teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente
responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los
que les condenaron. No podemos conformarnos con definir las sentencias como
“ilegítimas”, tal y como hace el Proyecto de Ley, porque esa definición no
tiene validez jurídica, sino moral: o son legales o son ilegales.
Es el
momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva
del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la
República Federal alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben
anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de
revisión individual. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del
franquismo.
Hay otros
elementos del Proyecto de Ley que están claramente alejados de estándares
democráticos y de respeto a los derechos humanos: el no reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial y civil del estado, de particulares e instituciones,
beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo; las ambigüedades en cuanto a la
tutela judicial en las exhumaciones de fosas comunes; el derecho de acceso a
todos los archivos de la represión….
Esperamos
que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar
adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen
sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos
humanos.
No estamos
dispuestos a asumir renuncias en esta última oportunidad: no podemos esperar otros
catorce años a nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las
víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ni las víctimas del
franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la
democracia pueden permitírselo.
