Convocado por el Encuentro Estatal
de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo
Frente al Congreso de los Diputados.
18 de Julio de 2021
Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo exigimos que se declare por ley el carácter ilegal de todos los consejos de guerra, tribunales represivos y otros órganos penales de la dictadura franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos.
A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de los supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron.
Esas sentencias y resoluciones se dictaron en procedimientos en los que los y las acusadas no tenían las mínimas garantías procesales propias de un estado de derecho y, en consecuencia, no se garantizaron sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo.
Los órganos judiciales que las dictaron eran ilegales, no sólo porque su origen se encuentra en un golpe de estado que subvirtió la legalidad vigente de la II República, sino porque su finalidad no era el de impartir justicia como se entiende en un estado de derecho, sino el de planificar y justificar la represión sistemática y generalizada que el franquismo llevó a cabo durante toda su andadura.
Las sentencias y resoluciones represivas franquistas se deben declarar nulas de pleno derecho en la futura Ley de Memoria Democrática, y además debe hacerse de oficio, sin necesidad de que las víctimas o sus familiares tengan que instar procedimiento judicial o administrativo alguno.
Para el Tribunal Supremo español (Sala Quinta, de lo Militar, que se ocupa de las revisiones de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumarísimos) la Transición se hizo de ley a ley, otorgando el mismo valor jurídico y legitimidad a las leyes de una dictadura que a las leyes de la democracia.
Reconocer actualmente la legalidad
de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica
naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos, y considerar
a los consejos de guerra y a los tribunales represivos del franquismo como
órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es
una aberración jurídica. Mantener la legalidad de los tribunales franquistas y la
vigencia de sus sentencias represivas, no sólo impide reparar simbólica,
jurídica y económicamente a las víctimas de la dictadura condenadas por el
franquismo, sino que además es incompatible con las exigencias de justicia
propias de un estado de derecho, que recordamos, es un valor superior de
nuestro ordenamiento jurídico reconocido por la Constitución.
