Virginia
Miranda. El Siglo, 10-10- 2019
Arturo Peinado (Foro
por la Memoria): “La salida del dictador es sólo el primer paso”
“Las
declaraciones de Ortega Smith tienen una muy complicada salida penal porque nos
encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis”
@ElSiglo_eu
Virginia
Miranda.
Fotos:
ÁLEX PUYOL
Sus
declaraciones sobre las 13 Rosas pueden sentar a Javier Ortega Smith en el
banquillo de los acusados. O no. Porque las víctimas del franquismo no tienen
el reconocimiento jurídico del que sí gozan otros colectivos para poder
perseguir el delito de injurias esgrimido en una querella prevista contra el
número dos de Vox. Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria reclaman
soluciones a problemas que, como éste, seguirán pendientes tras la salida de
Franco de Cuelgamuros. Su presidente, Arturo Peinado, anuncia que para el 20 de
noviembre y como vienen haciendo desde hace una docena de años, “estaremos en
la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de
peregrinación fascista”.
La
Asociación Trece Rosas de Asturias ya ha iniciado los trámites para querellarse
contra Javier Ortega Smith por injurias a las 13 Rosas, 13 jóvenes fusiladas en
Madrid por el régimen franquista en 1939. ¿Por qué cree que el secretario
general de Vox haga estas declaraciones a punto de exhumarse Franco y de que se
celebren elecciones? ¿Cree que es tan potente el franquismo sociológico en
España?
El
franquismo sociológico en España es bastante potente porque no se ha tocado
desde el punto de vista de la transición. La democracia no ha juzgado la
impunidad criminal y política, el expolio masivo a las propiedades de los
republicanos y los beneficios por el trabajo en condiciones de esclavitud no se
han cuestionado. Ni siquiera se ha cuestionado cómo la familia Franco ha
adquirido propiedades como el Palacio de Cornide, el Pazo de Meirás, las
estatuas de la catedral de Santiago… Hay mucha gente que se vio beneficiada por
un sistema plagado de corruptelas y eso, al cabo de 40 años, creó un amplio
sector de franquismo sociológico que estaba dentro del PP.
¿Cree
que ha cambiado algo en la derecha española? Tras conocerse la sentencia del
Tribunal Supremo, sólo se ha escuchado en el PP una reacción polémica por parte
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando de
quemar iglesias como en el 36.
Sí,
los franquistas estaban antes en el PP y Vox es ahora la parte más
ultrarreaccionaria y sin complejos. Respecto a la presidenta de la Comunidad de
Madrid ya hemos visto sus permanentes meteduras de pata y estas declaraciones
son una mezcla de mala fe y maldad con bastante indigencia intelectual.
Hablando
de iglesias. ¿Cómo compara el papel que jugó la jerarquía católica durante la
guerra y la dictadura y el que ha jugado ahora, desde que el Gobierno anunció
su intención de sacar a Franco de la basílica del Valle? Sin mencionar al
prior, que ha ido por libre durante este proceso.
Uno
de los grandes problemas de la sociedad española es que la Iglesia no se haya
planteado pedir perdón por aquello. Hubo una declaración en los años 70 por
parte de un grupo de sacerdotes, pero no llegó a ser unánime. Ahora hay un
arzobispado en Madrid bastante menos reaccionario que el de Antonio María Rouco
Varela y entiendo que habrá habido presiones por parte del Gobierno y del
Vaticano para que este tema se solucione. Nosotros hemos constituido una
plataforma llamada ‘Ni Valle ni
Almudena’ donde estamos más de cien asociaciones de todo tipo; sindicatos,
partidos políticos, asociaciones feministas, vecinales… y varios grupos de
católicos de base. Fuimos a presentar una petición al arzobispado contra la
intención de la familia Franco de inhumarlo al dictador en la basílica de la
Almudena y entre las seis personas que llevamos el documento había dos
sacerdotes. Entiendo que ha cambiado mucho respecto al franquismo, pero
continúan existiendo rémoras en la Iglesia porque se benefició con riqueza,
poder y fundamentalmente el control del sistema educativo.
Ni
Valle ni Almudena. ¿Y Mingorrubio? Porque la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica se opone a la inhumación en un cementerio público.
Los
restos de Franco han de dejar de ser un problema público para convertirse en un
asunto privado. Cuando sea trasladado a Mingorrubio se debe dejar de financiar.
Y el Ayuntamiento de Madrid, que durante estos años ha sostenido económicamente
el mantenimiento del mausoleo familiar, debe dejar de hacerlo. Si se dice que
no a Mingorrubio, habrá que decir algún sitio. Nosotros decimos Mingorrubio
pero con un cambio en las condiciones de propiedad y gestión.
¿Cree
que el número dos de Vox podría ser condenado por la vía penal? La reforma de
1995 elimina la posibilidad de iniciar un procedimiento por injurias o
calumnias contra una persona fallecida. ¿Existe también la posibilidad de
proceder por un delito de odio?
Un
equipo de abogados nuestros y de otras organizaciones memorialistas están
trabajando sobre este asunto, pero es complicado. El de injurias es un delito
privado y tiene que ser el ofendido el querellante. En cuanto al delito de odio
lo veo poco factible porque no ha prosperado en casos anteriores. ¿Por qué?
Porque para que se dé tiene que ir contra un colectivo reconocido por el
Estado, como los judíos o las víctimas del terrorismo, y las víctimas del
franquismo no cuentan con ese reconocimiento. Nosotros consideramos que el
asunto tiene una muy complicada salida desde el punto de vista judicial.
Estamos viendo cómo abordar las declaraciones de Ortega Smith, pero entendemos
que la solución es política. Hay que hacer una ley de víctimas del franquismo
que las reconozca jurídicamente y les dé unos derechos similares o del mismo
nivel que las víctimas del terrorismo. De este modo sería perseguible
penalmente la calumnia y la injuria, pero nos encontramos en un país donde
mentir y falsificar la historia sale gratis.
¿Están
entonces estudiando la vía civil?
Sí,
vemos que ir por la vía civil por vulneración del derecho al honor es bastante
más factible. Hace diez o doce años, después de que Pío Moa dijera que las
víctimas del franquismo habían sido escarmentadas, presentamos una denuncia que
acabó siendo desestimada por el juez, el actual ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska. Lo digo no porque hiciera una lectura conservadora, sino
porque prácticamente es inviable ese procedimiento con la legislación que
tenemos. Si se pudiese actuar por delito de odio, calumnias o difamaciones,
podríamos haber conseguido condenas contra muchos de estos pseudohistoriadores
revisionistas que han publicado infamias de manera permanente con gran respaldo
de medios de comunicación.
El
Supremo tumbaba estos días los últimos intentos por impedir la exhumación del
dictador. ¿Qué representa una noticia así para su federación?
Para
nosotros y para todos los compañeros de la plataforma ‘Ni Valle ni Almudena’
supone una alegría y un éxito de muchas asociaciones de memoria histórica. Mi
organización y otras más llevamos más de una docena de años concentrándonos
cada 20 de noviembre en la puerta del Valle de los Caídos, mandando comunicados
de prensa, celebrando reuniones y concentraciones de todo tipo… y eso ha
cuajado en el conjunto de la sociedad. Nos parece también que es un primer
paso. La salida del dictador es lo primero de todo lo que queda por hacer. El
estatus jurídico de los religiosos de la basílica, la simbología franquista, la
propia cruz… Son elementos que hay que abordar y resolver de manera
satisfactoria. Siempre hemos defendido que tiene que ser un lugar de memoria
democrática dedicado a las víctimas del franquismo y muy concretamente a los
trabajadores esclavos que lo construyeron. Peleamos por eso y por dar una
salida a los restos de los miles de republicanos que allí se trasladaron en los
años 50 y 60.
¿Dónde
van a estar el próximo 20 de noviembre?
Hablaremos
con los compañeros del Foro Social de la Sierra del Guadarrama, pero el sábado
anterior o posterior, ya lo acordaremos, estaremos en la puerta del Valle de
los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista y
franquista.
Si
el PP gana las elecciones derogará la ley de memoria histórica y la sustituirá
por la llamada ley de concordia. ¿Qué opina de esta propuesta?
Es
la vieja equidistancia de la Transición. Son los organismos internacionales de
derechos humanos los que han dicho que hay un sector de la sociedad, un
colectivo de varios cientos de miles de personas como son las víctimas del
franquismo, que han sido maltratadas y abandonadas por parte del Estado
español, al que han mandando una serie de recomendaciones para que cumpla con
ellas. Esa es la idea a seguir. Nosotros, como decía antes, apuntamos que tiene
que haber una ley de víctimas del franquismo.
Si
por el contrario es el PSOE el que logra formar Gobierno, ¿cree que abordará
las grandes demandas pendientes, como las exhumaciones de las víctimas, la
reforma de la Ley de Amnistía o la anulación de los juicios franquistas?
Parte
sí. También dependerá de la composición del futuro Gobierno.
¿Cree que sin Unidas Podemos el PSOE no lo
haría?
Sí,
en buena parte. El 26 de agosto participé en la reunión sobre memoria histórica
que convocó el presidente del Gobierno en funciones con una treintena de
personas. El PSOE ya había presentado el 19 de julio una nueva ley de memoria
que ha quedado en nada con la disolución de las Cortes, pero creo que si forma
Gobierno su propuesta va a ir por ahí. Yo en cambio defendí una ley de víctimas
para la equiparación de sus derechos con los de otros colectivos como las
víctimas del terrorismo. También reclamamos la nulidad de la ley de amnistía,
que está funcionando como una ley de punto final por ejemplo con las peticiones
de extradición desde Argentina, y consideramos que las exhumaciones de las
fosas del franquismo tiene que hacerla un juzgado o fiscalía especializada. Es
inaceptable que intenten vendernos el sistema que se aprobó en la ley de
memoria de 2007, que incumple la ley de enjuiciamiento criminal donde se dice
que, si se encuentran restos con signos de violencia, se tiene que hacer cargo
un juez y la policía judicial. No es lógica la derivación a la vía
administrativa que aplicó la ley de memoria, con la cual y tras solicitar un
permiso, una administración subvenciona a una asociación particular o
agrupación de familiares. Tanto Podemos como Izquierda Unida, formando parte el
mismo grupo parlamentario, han presentado dos iniciativas independientes en el
Congreso, pero todavía nos parece que hay elementos bastante mejorables.
