"La conspiración de la AVT contra la democracia", por Iñigo Sáenz de Ugarte

Iñigo Sáenz de Ugarte 


El diario.es, 25/10/2013


No ocurre muchas veces que un Gobierno abdique de su labor de defensor de la legalidad y el Estado de derecho. Tampoco es frecuente que un Gobierno tome una decisión y luego haga todo lo posible para deslegitimarla ante la opinión pública. Lo que es menos extraño es que un Gobierno reaccione atemorizado y sea incapaz de defender los principios que, a veces en un alarde de optimismo, se le suponen.

Sin apelar a trucos sucios o dilaciones injustificadas, los ministerios de Interior y Justicia dejaron claro desde el principio que no podían ni querían impedir la aplicación por los tribunales españoles de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot. No hubo ninguna apelación a "ingenierías jurídicas" en ese momento, así que al menos en eso debemos elogiar al Gobierno por no haber hecho una incursión en un universo legal paralelo, es decir, inexistente.

A partir de entonces, todo cambió. Se dijo que el Gobierno lo tenía todo preparado para encajar el previsible malestar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ministros y dirigentes del PP se iban a multiplicar con el fin de que ese rechazo a la sentencia no terminara impactándoles de lleno. Parece que no han tenido mucho éxito porque al final el PP, forzado por las circunstancias, terminará participando con una notable presencia de dirigentes en una concentración –la de la AVT el domingo– que exigirá al Gobierno que ignore la legalidad.

Dejémoslo en un caso de desdoblamiento de personalidad. La duda consiste en saber cuál es la auténtica y cuál es la falsa.

Acusar a un Gobierno de cinismo es un poco como poner multas por exceso de velocidad en un Gran Premio de Fórmula 1. No es lo más grave que se puede decir de un partido político. Es mucho más hiriente cuando el partido en el poder suscribe una visión conspiranoica de la historia reciente de España, que niega la realidad y que no hace ascos a pasar por encima de la ley para mantener esa ficción. Esa trama falsa es responsabilidad de un grupo de presión, la AVT, que cuenta con poderosos aliados en el Partido Popular (el sector que idolatra a Aznar, incluido su líder, que se idolatra a sí mismo) y en los medios de comunicación.

El lobby en cuestión afirma que hubo una trama secreta de pactos entre ETA y el Gobierno de Zapatero (que coincidió curiosamente con la detención de casi todos los comandos activos de la organización terrorista). Sostiene que ETA no ha sido derrotada, a pesar de que, acorralada y sin más opciones lleva dos años sin dedicarse a lo que fue su única actividad durante décadas –matar, secuestrar y extorsionar– y de que no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos. Afirma que cumplir lo que dice la ley (y las decisiones del TEDH están incorporadas al derecho interno desde que España firmó la Convención Europea de Derechos Humanos) supone entregar una victoria a los terroristas.

Ahora se plantea en público qué puede pasar con las víctimas de los atentados protagonizados por Inés del Río, cómo podrán asumir el dolor al ver a la etarra abandonar la prisión. El Ministerio de Interior afirma que enviará equipos de asistentes sociales para atender a esas personas y a las víctimas de otros terroristas que también puedan ser excarcelados. Es una decisión correcta, pero habría sido más efectivo que alguien con autoridad política y moral hubiera parado los pies antes a los que han llenado durante años la cabeza a esas personas de odio, resentimiento e información falsa.

Nadie les ha dicho que el cálculo de número de años cumplidos por víctima era un despropósito que sólo serviría para causarles más dolor. 26 años por 24 asesinatos hacen una media de 1,08 años por víctima en el caso de Inés del Río. Pero si la etarra hubiera continuado encarcelada hasta 2017, en aplicación de la doctrina Parot, ese cálculo daría una media de 1,25. ¿Acaso esta diferencia ínfima hace que la segunda cifra sea más justa o aceptable que la primera? ¿Se mide la vida de un ser humano por una diferencia de 0,17 años?

La crítica al PSOE y al PP, más en el primer caso que en el segundo, por no haber promovido ninguna reforma legislativa del sistema de cumplimiento de penas hasta 1995 sí es legítima. Se prefirió optar por una costumbre que ha continuado después: el remiendo permanente del Código Penal hasta convertirlo en una especie de Frankenstein jurídico, siempre (todo hay que decirlo) para hacerlo más represivo.

Esa crítica esconde sentimientos mucho peores. La venganza no puede venderse como sustitutivo de la justicia. Los presos, con independencia de su delito, también tienen derechos, como puede comprobarse con cualquier lectura, incluso apresurada, de la Constitución y el Código Penal. Las leyes no se pueden reinterpretar para prolongar la estancia en prisión de un asesino con la intención de complacer a la opinión pública. La alarma social no es un factor que permita saltarse el hecho incuestionable de la irretroactividad de leyes e interpretaciones judiciales. Eso lo sabían jueces y juristas progresistas o conservadores, pero se impusieron razones políticas para un cambio que pocos tuvieron el coraje de plantear en voz alta y persistente.

Toda esta deriva autoritaria en la AVT se inició en la época del Gobierno de Zapatero. No digo que antes fuera inexistente, pero se intensificó desde entonces en paralelo a las teorías de la conspiración sobre el atentado del 11M. Un personaje mediocre y aun así jaleado por la prensa conservadora y el PP, Francisco José Alcaraz, llamó a Zapatero "embajador de ETA". La Justicia no consideró injuriosa esa imputación carente de pruebas, lo que no es tan escandaloso como pudiera parecer. No es malo que los tribunales pongan un listón extremadamente alto a las críticas a los políticos. Pero lo que no merece reproche penal, sí puede ser merecedor de reproche político o moral.

Los dirigentes del PP no lo hicieron. Antes al contrario, alentaron esa locura absurda. La aprovecharon en su beneficio. Rajoy acusó a Zapatero de "traicionar a los muertos" en el Congreso. El monstruo que crearon se vuelve ahora contra ellos. Hay algo de justicia poética, pero es estúpido alegrarse por ello.

Algunos periodistas conservadores están ahora preocupados por el desgaste que la manifestación supondrá para el Gobierno de Rajoy hasta el punto de que denuncian al sector montaraz de desear que ETA siga viva. Pero no es sólo un duelo interno dentro de la derecha. Si fuera así, sería extraño por ejemplo que Rubalcaba no haya tenido valor suficiente como para opinar sobre la sentencia del TEDH (precisamente él que fue ministro de Interior).

El daño que produce esta conspiración es colectivo. Se ha extendido entre la gente la idea de que pasar 20 o 25 años en prisión es un símbolo de impunidad. Que los etarras, contra toda evidencia, han salido triunfantes. Que es legítimo alterar las normas jurídicas a posteriori para satisfacer un deseo de venganza. Que el Gobierno puede meter o sacar a gente de la cárcel cuando eso es función de los tribunales. Que el Estado debería negarse a aplicar la sentencia y por tanto olvidarse de la Convención Europea de Derechos Humanos.

¿En qué momento esta democracia comenzó a aceptar la idea demencial de que los derechos humanos, tal y como son concebidos por Europa desde 1950, son contrarios a la justicia?

http://www.eldiario.es/zonacritica/conspiracion-AVT-democracia_6_189391071.html

Viñetas

"Los préstamos de Su Majestad", por Hugo Martínez Abarca

Los préstamos de Su Majestad

por Hugo Martínez Abarca, 3 de septiembre de 2013


No me parece nada mal que un padre done un dinero a su hija para que pueda comprarse una casa o lo que sea. De hecho, lo raro es la versión zarzuelera según la cual los 1.2 millones de euros que Juan Carlos entregó a Cristina de Borbón fue un préstamo del que la hija habría declarado haber devuelto una ínfima parte. Lo normal es pensar que lo llamaron préstamo y no donación porque entonces todavía las donaciones y herencias no eran básicamente gratis: parece que Urdangarín declaró el dinero como donación y Cristina de Borbón como préstamo, lo que hace intuir que en este punto el honrado de los dos fue Urdangarín. O posiblemente no, porque ya sabemos que la familia Borbón responde más al patrón de familia tradicional (esa en la que el nexo de unión son los negocios y todo afecto es secundario o incluso un incordio) que a la familia contemporánea: en ese nivel no me meto con los borbones, por mí como si Juan Carlos inicia un procedimiento de desahucio contra su hija por no haber devuelto el préstamo.

Casi todos los padres que pueden echan una mano a sus hijos para salir adelante. No importa incluso que el hijo te haya salido tonto, ladrón o mala persona. Un hijo es un hijo.

Lo llamativo es la disponibilidad de dinero de Su Majestad. Acostumbrados como estamos a que nos expliquen que tenemos una familia real austerísima con una asignación tan escasa que convertiría en un derroche económico inasumible la elección democrática de la jefatura del Estado pensábamos que el rey andaría pelado. Siempre que Forbes sitúa a Juan Carlos de Borbón como una de las grandes fortunas mundiales la Casa Real anuncia una denuncia contra Forbes similar a esas que anuncian el dúo cómico CospeFloriano, que nunca acaban de existir. Así que resulta sorprendente que Juan Carlos disponga de una cantidad superior al total que afirma recibir como asignación en cuatro años sin gastar un euro (cinco si actualizamos el IPC desde 2004).

El problema no es la generosidad del rey con su hija (suponemos que también con su otra hija, dado que además ha tenido que cambiar de casa dada su inestabilidad familiar), algo propio de quien puede ser generoso, sino que se convirtiese una donación en falso préstamo para eludir al fisco (del que salen sus ingresos lícitos). Y lo que deberíamos saber de una vez es a cuánto asciende la fortuna de Juan Carlos de Borbón y muy especialmente cuál es su origen.

Lo único que sabemos es que según Zarzuela la fortuna que tenga el Rey la ha amasado él solito, no es heredada, puesto que la herencia que dejó su padre en cuentas en Suiza sirvió, cuentan ellos, para pagar el impuesto de sucesiones (¿no podrían haber declarado que era un préstamo del difunto a sus hijos? ¡Aprendices!).

No tenemos ninguna relación del patrimonio del rey. Tampoco del patrimonio nacional que ponemos a disposición del rey (coches, barcos, edificios, obras de arte…). El primero sería especialmente relevante por su origen: si no es explicable mediante la asignación pública tendrá que serlo mediante pagos privados inexplicable. Quizás por eso sólo lo intuimos cuando Forbes publica su estimación o cuando Hacienda destapa una puntita de uno de los icebergs.

http://www.martinezabarca.net/2013/09/03/los-prestamos-de-su-majestad/?fb_source=pubv1

"Miembros del COI, apiádense de nosotros", por Isaac Rosa

Miembros del COI, apiádense de nosotros

Isaac Rosa , 02/09/2013

Estaba yo muy tranquilo pensando que Madrid no tenía ninguna opción de ser elegida sede de los Juegos de 2020, y ahora que se acerca la fecha me estoy poniendo nervioso: ¿y si al final el COI elige a Madrid?

Pensaba que no había nada que temer, porque por muy excéntrico que sea un órgano como el COI (que lo es, y mucho), nadie con dos dedos de frente confiaría la organización de unos Juegos a una ciudad y un país que atraviesan sus momentos más bajos, ahogados en una deuda impagable (la de Madrid y la de España), intervenidos por Europa, con una perspectiva de largos años en el agujero, y sumada a una profunda crisis política e institucional.

En esas condiciones, nadie en su sano juicio pensaría que el país puede montar unos Juegos de aquí a siete años. Pero los últimos acontecimientos han convertido la votación del sábado en una elección no de la mejor ciudad, sino de la menos mala, la que menos incertidumbre genere de las tres. Y si Madrid es pura incertidumbre económica y política, ahí está Tokio con su escape radiactivo, y Estambul situada en una de las zonas más calientes del planeta, fronteriza con Siria, Irak, Irán, Líbano y a tiro de piedra de la primavera árabe. De modo que ya no es tan descabellado que Madrid acabe elegida.

Así que llegados a este punto, ya no podemos apelar al raciocinio de los miembros del COI, sino a su compasión: por favor, no nos castiguen, no elijan a Madrid, llévense esos Juegos lejos de aquí, a Turquía, a Japón.

Porque incluso aunque nuestros gobernantes consiguiesen sacar adelante unos Juegos medio presentables, para los madrileños y los españoles en general el coste sería altísimo, y los daños colaterales enormes.

Para empezar, la designación daría un balón de oxígeno tamaño globo aerostático al gobierno de Rajoy, al PP y a la comunidad y el ayuntamiento madrileños, cuando más rechazo ciudadano reciben por sus políticas antisociales y sus escándalos. Permitiría sacar pecho y alimentar el actual relato de “ya estamos saliendo de la crisis”. No solo a ellos: también la monarquía recuperaría crédito cuando menos tenía, en la figura del príncipe Felipe, al que estos días presentan como “el arma secreta” de la candidatura, y que se llevaría todo el mérito de la elección, lo que quizás le ahorraría algunos silbidos en próximos actos y engrasaría la sucesión en el trono.

La elección de Madrid, con lo que supondría en grandes obras y presupuestos, permitiría a las grandes constructoras y a la banca que las financia poner otra vez en pie su fracasado modelo productivo. Y aunque solo les llegase para dar unas pocas pedaladas antes de volver a caer, retrasaría más un cambio de modelo que hoy es urgente.

Serviría también para que la derecha política, en su feudo madrileño, recuperase apoyos, porque el camelo olímpico tiene tirón popular. Para quienes vivimos en Madrid, nos condenaría a más años de alcaldesa Botella, pues ha vinculado su continuidad en el cargo a la elección de Madrid.

Más daños: en un momento en que se está construyendo una alternativa política y social, cuando el derrumbe bipartidista hace posible un cambio a medio plazo, la designación madrileña dejaría un regalo envenenado a quienes gobiernen tras las próximas municipales, autonómicas y generales, condicionando su margen de actuación.

El negocio olímpico serviría además para alimentar otra ronda de sobres, comisiones, sobrecostes y otras formas corruptas tan extendidas por aquí.

Y sobre todo, y es lo principal: por muy “austeros” que digan que serán los Juegos (y los precedentes hacen increíble esa promesa), habrá que gastar varios miles de millones de euros en los próximos años. Y en un país que no tiene para garantizar los derechos sociales mínimos, que expulsa a miles a la emigración, que recorta en lo más vital y todavía pretende salvar varios miles de millones para cumplir con el objetivo de déficit y con las exigencias de la Troika, ¿de dónde saldrá todo ese dinero que todavía hará falta para montar unos Juegos? ¿A cambio de más recortes, más miseria, más desigualdad? ¿O a cambio de más deuda? ¿Será tan cruel el COI como para darnos los Juegos?

http://www.eldiario.es/zonacritica/COI_Madrid_Juegos_Olimpicos_2020_6_171192903.html

"El 'déjà vu' sirio", por Pascual Serrano

El 'déjà vu' sirio
Estar en contra de un bombardeo de la OTAN o una invasión estadounidense no significa que se defienda al régimen de Asad

Pascual Serrano. 28/08/2013
Todo parece indicar que EEUU bombardeará Siria en los próximos días, es lo que los medios y la diplomacia denomina eufemísticamente “intervenir”. Para empezar debemos aclarar que tenemos la humildad de reconocer que, aunque parece indiscutible que hubo una masacre por armas químicas, no sabemos quiénes fueron los responsables. Es por ello que la ONU envía inspectores a la zona. Ignorado esto podemos presentar algunas deducciones lógicas. La primera de ellas es el principio establecido en el Derecho Romano y utilizado en criminalística de “cui prodest” (¿quién se beneficia?). Desde hace semanas, en la agenda de las potencias occidentales y sus adláteres árabes están las acusaciones contra el gobierno sirio por el uso de armas prohibidas, lo más absurdo que podría hacer ese gobierno sería asesinar un millar de civiles, incluidos niños, en un barrio que no forma parte del frente y poner en bandeja la justificación de una intervención militar de EEUU o de la OTAN. Es decir, la respuesta de “a quien beneficia” la masacre por agentes químicos es los partidarios de esa intervención militar contra Siria.

Lo siguiente que hemos comprobado es la rápida difusión de la noticia señalando la autoría del gobierno sirio. Tan rápida que el día 21 los medios internacionales estaban informando de una masacre de 650 personas por parte del ejército sirio utilizando como fuente informativa un tuit de la oposición siria. Nada más. No se me ocurre ningún agente social que pueda conseguir ser titular mundial con un tuit.

Inmediatamente, los gobiernos que han mostrado su apoyo a los rebeldes sirios comienzan a exigir la presencia de los inspectores en la zona para confirmar el ataque y determinar sus responsables, y acusan al gobierno sirio de no colaborar. Sin embargo, cuatro días después ese gobierno está autorizando la presencia de los inspectores y dotándoles de escolta para desplazarse a la zona. Cuando se dirigen al terreno, estos inspectores sufren un tiroteo. De nuevo el gobierno es acusado de la responsabilidad de los disparos de francotiradores al convoy. Sería un cosa curiosa que un bando escolte a unos inspectores de la ONU y al mismo tiempo les disparara. A continuación, los mismos que exigían la presencia de inspectores dicen que ya es tarde, que no necesitan a los inspectores. Sin esperar a las conclusiones del equipo de investigadores de Naciones Unidas, el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, dice que ya tienen la información de inteligencia que demostrará que “no fueron los rebeldes y que el Gobierno sirio fue el responsable".

De nada sirve que el gobierno sirio lo niegue, o que Médicos sin Fronteras afirme que “no puede establecer la autoría del ataque”. La información del gobierno sirio, difundida por la televisión nacional de ese país, asegurando que el ejército allanó el día 24 un depósito de los opositores armados en Jobar, localidad de la periferia de Damasco, en donde halló varios barriles de agentes tóxicos con la inscripción hecho en Arabia Saudita, además de máscaras antigás y pastillas para neutralizar los efectos por la exposición a dichos químicos, sólo fue recogida por Prensa Latina.
El gobierno que más muertes ha provocado en la historia por armas atómicas (Hiroshima y Nagasaki) y por armas químicas (agente naranja en Vietnam) es el que se presenta como protector mundial de los daños por esas armas. El gobierno que inició una guerra de Iraq, que todavía continúa, justificada por unas armas de destrucción masiva que no existían, ahora propone hacer lo mismo por unas armas químicas fundadas en las mismas pruebas. La sensación de déjà vu con la invasión de Iraq es inevitable. Entonces pidieron inspectores y cuando se encontraban en el terreno les obligaron a salir precipitadamente porque comenzaban a bombardear.

Son los mismos gobiernos que se escudaron en una resolución de la ONU para proteger a los libios y terminaron bombardeando el convoy del presidente para que una horda de mercenarios lo linchara y colgara el vídeo en internet. Es la misma OTAN que bombardeó Yugoslavia sin autorización del Consejo de Seguridad argumentando una limpieza étnica que los forenses demostraron falsa y que, una vez más, lo volverá a hacer en Siria sin importarle la legislación internacional. Los mismos países que invadieron Afganistán para liberar a las mujeres de los talibanes y hoy siguen siendo lapidadas y el país aumentando su récord de producción de opio, corrupción y pobreza.

A todas esas personas bienintencionadas que dicen que no podemos permanecer impasibles ante la masacre de cientos de civiles en Siria hemos de explicarles que esos libertadores que esgrimen el derecho de proteger, la defensa de los derechos humanos y la implantación de la democracia cargan con demasiados antecedentes para que podamos creer en sus buenas intenciones.

Como señala Jean Bricmont (Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra, El Viejo Topo, 2008), asistimos a que gran parte del discurso ético de la izquierda considera la necesidad de exportar la democracia y los derechos humanos echando mano de las intervenciones militares del primer mundo, y califican de relativistas morales e indiferentes al sufrimiento ajeno a quienes critican esas injerencias. De forma que es precisamente esa izquierda la que inventa e interioriza “la ideología de la guerra humanitaria como un mecanismo de legitimación”. Es un error plantear que existen gobiernos buenos -que pueden invadir- y malos -que merecen ser invadidos y derrocados-. No olvidemos que si aceptamos esa opción, la invasión legítima, en el fondo, estamos autorizando la del fuerte sobre el débil. ¿Acaso invadirá Brasil (tan democrático como EEUU) a Iraq para instaurar la democracia? ¿Aceptaríamos que el Líbano bombardeara con carácter preventivo a Israel? Recordemos que ha sido atacado alguna vez por ese país, estaría muy fundado su ataque preventivo.

Olvidan también que el poder siempre se ha presentado como altruista. Decir que se bombardea Yugoslavia para impedir una limpieza étnica, se invade Afganistán para defender los derechos de las mujeres, se ocupa Iraq para llevar la democracia y liberar al país de un dictador o se ataca Siria para derrocar a un tirano no difiere mucho del discurso de la Santa Alianza para enfrentar las ideas de la Ilustración que inspiraron la Revolución Francesa, o del de Hitler que justificó su invasión de los Sudestes checoslovacos para defender a la minoría alemana. Parece que esa izquierda de fervor internacionalista humanitario olvida que, ya en los tiempos más recientes, el intervencionismo extranjero occidental, que viene a ser lo mismo que decir el estadounidense, es el que apoyó en Indonesia a Suharto frente a Sukarno, a los dictadores guatemaltecos frente a Arbentz, a Somoza frente a los sandinistas, a los generales brasileños contra Goulart, a Pinochet frente a Allende, al apartheid frente a Mandela, al Sha contra Mossadegh y a los golpistas venezolanos contra Chávez. Si de intervenir para proteger y salvar vidas se trata, bastaría con “bombardear” muchos países de África con tetra briks de leche en lugar de bombas de racimo.

Tampoco es que estemos defendiendo a talibanes, a Sadam, a Gadafi ni Al Assad. Estar en contra de un bombardeo de la OTAN o una invasión estadounidense no requiere de un pronunciado rechazo expreso a esos regímenes para que no se interprete que se defienden, el asunto que debemos plantearnos es la violación de la legislación internacional por parte de una potencia invasora, y las mentiras en las que se escudan para justificarla.

http://www.eldiario.es/zonacritica/deja-vu-sirio_6_169443055.html

Tres viñetas de El Roto

Viñeta de Manel Fontevilla