Hace unos años constituimos el
Encuentro Estatal por la Memoria, que reúne a más 100 colectivos de todo el
Estado y de diverso tipo y ámbito de actuación. En octubre de 2020 consensuamos
y publicamos un amplio documento de Conclusiones donde recogíamos las
posiciones del movimiento memorialista sobre cómo tenía que ser una LMD. Este
documento fue entregado a partidos políticos, instituciones y colectivos
sociales. Desde entonces hemos mantenido reuniones frecuentes con grupos
parlamentarios; hemos realizado diversas concentraciones y movilizaciones en
apoyo a nuestras posiciones; hemos organizado reuniones y debates sobre
diversos temas, como las bases jurídicas de la impunidad del franquismo; la
situación de los archivos de la represión; el caso de los bebés robados; la
represión específica ejercida sobre las mujeres; la Memoria histórica en la
enseñanza, etc… (todos los debates están
en YouTube y la web del Encuentro).
Sobre la LMD que se publicó en el BOE
el pasado 19 de Octubre, valoramos que la redacción final de la misma ha tenido
un mayor alcance del que esperábamos en un principio. Desde el Proyecto de Ley
inicial que presentó el Gobierno; posteriormente los acuerdos entre los socios
de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos; finalmente el trámite de enmiendas de los
diferentes grupos parlamentarios que han apoyado de un modo u otro la Ley, en
cada paso se han ido produciendo producido avances, y creemos sinceramente que
hemos tenido bastante que ver en el resultado final, gracias al trabajo
colectivo de un amplio sector del movimiento memorialista que ha celebrado
múltiples reuniones con los grupos políticos, y se ha dotado de capacidad de
propuesta, al mismo tiempo fundamentada, crítica y constructiva.
La Ley de Memoria Democrática supone un claro avance con respecto a la
LMH de 2007, y recoge unas medias concretas de reconocimiento de las
víctimas y condena del franquismo, que con matices, van en la buena dirección. Fundamentalmente
abre un amplio espacio a futuras políticas públicas de memoria.
El resultado final dependerá mucho de
que se elabore y apruebe pronto un Reglamento
de aplicación, de que se pongan inmediatamente en marcha diversos
organismos recogidos en la Ley actual para aplicar esas políticas de memoria,
de la definición concreta de las competencias de la Fiscalía... En definitiva,
dependerá mucho de la voluntad política de los gobernantes.
Como decimos, el articulado de la Ley permite
abrir en el futuro un amplio espacio para las políticas de memoria públicas, y
para el trabajo del movimiento social por la memoria y los colectivos de
víctimas: hablamos de reconocimiento de lugares de memoria, bases de datos de
víctimas, banco de ADN, la memoria histórica en planes de estudio…
La declaración de nulidad de las sentencias y del carácter ilegal de los tribunales
represivos es un avance importante con respecto al Proyecto inicial de la Ley,
que las definía como ilegítimas (lo que es un concepto moral), frente a nulas
(que es un concepto jurídico). Nuestra presión, apoyada por diversos grupos
políticos, dio finalmente fruto, aunque el hecho de que se niegue la posibilidad
de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado (Artículo 5.4), nos hace
albergar dudas del alcance real de esta anulación. Parece que se pretende una
anulación técnica y formal, porque legalmente, la anulación de una sentencia
nunca puede dejar de tener consecuencias jurídicas.
Los avances en el tema de los archivos
son importantes, pero quedan relativizados por diversos aspectos. En primer
lugar el carácter profundamente regresivo de la Ley de Secretos oficiales en
vigor, y en segundo lugar porque es indispensable que los archivos sean dotados
de medios y de personal, para garantizar la conservación, la catalogación y el
tratamiento correcto, y el derecho de acceso efectivo a todos los archivos de
la represión.
Sobe el tema de la inclusión de temas
de Memoria Histórica en diferentes niveles del sistema educativo es un tema
esencial para el futuro, de cara a dotar de principios y de señas de identidad
democráticas a las nuevas y futuras generaciones. En este asunto sí constatamos
un importante avance en la Ley de Memoria Democrática, al menos como
declaración de intenciones, porque en paralelo se está avanzando en legislación
sobre el sistema educativo, y esperamos que los principios de Memoria
democrática y antifascistas impregnen también esa futura Ley de Educación.
La recuperación de la Memoria de miles
de represaliados económicos y trabajadores esclavos también está recogido en el
texto de la nueva Ley. Pero no sólo es un tema de memoria formal, debería serlo
también material: hay docenas de instituciones y empresas privadas, aparte del
Estado español que se lucraron con el trabajo esclavo forzado de miles de
presos republicanos. Esas empresas e instituciones deberían reconocer
públicamente su responsabilidad, y colaborar con indemnizaciones y con el
conocimiento público de la Memoria de esos presos. Para nuestro país puede
sonar raro, pero se ha hecho sin mayor problema en lugares como Argentina, o
como Alemania.
El problema que encontramos en la Ley,
es que frente a nuestras propuestas hemos encontrado unas Líneas Rojas,
impuestas por el PSOE fundamentalmente pero no sólo por esa fuerza política.
Nosotros/as siempre hemos definido que la
IMPUNIDAD del franquismo es uno de los pilares centrales del llamado
Régimen del 78.
En ese sentido, Ley de Memoria
mediante, España sigue sin cumplir sus compromisos con los derechos humanos,
haciendo caso omiso de las recurrentes recomendaciones de diversos organismos y
comisiones de la ONU. La impunidad permanece, y la LMD ni la supera ni la
cuestiona. Ese es nuestro principal fracaso como movimiento social y como
sociedad, y el gran reto de futuro. El problema no es lo que pone la Ley de
Memoria sino que ésta no ha afectado a un aspecto central del problema: la
plena vigencia a día de hoy de lo que organismos internacionales de derechos
humanos definieron hace tiempo como “el modelo español de impunidad”.
La impunidad del franquismo no es sólo
la impunidad penal de los golpistas y represores. También se trata de que
algunas familias, instituciones y empresas sigan a día de hoy disfrutando de un
status social, económico y poder político obtenido gracias a su victoria en la
guerra, y a la represión y terror subsiguientes; a la explotación brutal de una
clase trabajadora derrotada; a la corrupción intrínseca al franquismo; al robo
de propiedades y el uso de mano de obra esclava. Si los beneficios obtenidos, y
de los que han disfrutado 3 ó 4 generaciones, fueron tan grandes y jamás han
sido cuestionados, ¿por qué no lo van a intentar repetir en un futuro si lo
consideran necesario?
El principal déficit de esta Ley es que no
permite el acceso a la Justicia.
Hace apenas 3 meses en Argentina se juzgó y condenó en 2 procesos diferentes a
varios represores, y actualmente hay casi un centenar de procedimientos
judiciales abiertos. Hechos como los que recoge la película “Argentina 1985”,
aquí siguen siendo inviables: Seguimos sin poder llevar a juicio en el Estado
español a torturadores, jerarcas de la dictadura, perpetradores de crímenes
contra la humanidad, etc. por crímenes similares y coetáneos a los realizados
aquí durante los últimos años del franquismo y principios de la Transición, en
la DGS, en comisarías, cuartelillos, que en Argentina y en otros países se
juzgaron, y se siguen juzgando y dictándose sentencias y condenas,
El problema no es de la Ley de Memoria
en sí, sino que no ha venido acompañada una derogación o anulación de Ley de Amnistía de 1977, asimilable a aquellas leyes
de Punto final y Obediencia Debida de las dictaduras sudamericanas, que allí
fueron sí derogadas o anuladas. Los crímenes del franquismo están prescritos
porque en España no se aplica el Derecho Internacional sino el derecho Interno.
Los tribunales españoles tampoco reconocen que haya crímenes contra la
humanidad antes de 2004, cuando ese tipo penal fue incluido en nuestro Código
Penal. Para los organismos internacionales de derechos humanos, esos crímenes
jamás prescriben.
Nosotros/as defendemos una declaración
de nulidad íntegra de la Ley de Amnistía, porque frente a las directrices para
su interpretación que se definen en la Ley de Memoria, que nos parecen
irreales, la de Amnistía se ha aplicado sistemáticamente, en todos los casos
desde 1977, como una ley de punto final.
Llevamos años reivindicando para las
víctimas del franquismo un reconocimiento jurídico e institucional, y unas
políticas públicas activas de Memoria, similares a las que el Estado español ha
dado a otras víctimas de la violencia
política, como las del terrorismo. Esa desigualdad de trato entre unas víctimas
y otras es algo que venimos denunciando desde hace años, y en esta posición
también coinciden algunos juristas de prestigio y determinados colectivos de
víctimas del terrorismo.
En el fondo, en cuanto víctimas de la
violencia política como tales conforme a la definición de los organismos de
Derechos Humanos, no hay diferencia entre unas víctimas y otras. Lo que las
diferencia realmente, y define el trato dado a unas y a otras por parte del
Estado, es la identidad de los victimarios.
Somos conscientes de que esta nueva ley puede
llegar a ser efímera si las derechas ganan las elecciones generales. Su intención explícita es derogarla y
sustituirla por una llamada “ley de concordia” (¿Por qué lo llaman concordia
cuando quieren decir Impunidad?). Los colectivos de Memoria en torno al
Encuentro Estatal queremos que el Gobierno empiece a tomar medidas inmediatas,
para que en caso de que sea la LMD derogada en un futuro, ya se hayan llevado a
cabo cambios irreversibles, como ejemplo: la retirada del callejero y la
simbología franquista, o la declaración y monumentalización de Lugares de
Memoria. Es fácil derogar un texto legal, pero es más complicado derribar un
monumento o reponer unas calles franquistas.
¿Qué podemos hacer? seguir trabajando
por el fin de la impunidad, y que el Estado español asuma las recomendaciones
de diversos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos
humanos de la ONU y sus diversos comités, que han elaborado informes sobre el
caso español, señalando que los derechos humanos de un amplísimo colectivos de
víctimas de diversa tipología vienen siendo vulnerados sistemáticamente por el
Estado español.
Vamos a tener que trabajar también por
llevar lo más lejos posible las posibilidades que abre la LMD, promoviendo
cambios que resulten irreversibles ante la posible llegada en el futuro de la
derecha revisionista y negacionista al gobierno. Ya vimos lo que pasó con la
Ley de Memoria de 2007 y el tema de la simbología franquista, por poner un solo
ejemplo: puesto que no se aprobó un Reglamento que desarrollase la Ley, las
instituciones retiraron la simbología y el callejero franquista sólo donde hubo
voluntad política de hacerlo. La tipología de lo que había que quitar no estuvo
nunca clara, no había plazos, ni régimen sancionador para los incumplimientos.
Esto no puede pasar con la LMD de 2022.
Recientemente
hemos presentado una iniciativa a la Secretaría de Estado para que se inscriba
en cada expediente represivo una certificación de que dicha sentencia ha
quedado anulada a todos los efectos por la LMD: La Federación considera
inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus
familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado
colectivo común accedan a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan
inalterados tal y como los elaboraron los organismos policiales, militares o
judiciales, que dirigieron la política de represión sistemática, como si tales
sentencias siguieran siendo firmes y justas.
En resumen y para finalizar: el
objetivo central del movimiento memorialista y de cualquier demócrata digno de
tal nombre sigue siendo acabar con la impunidad, llevando a los verdugos y
represores que quedan vivos ante los tribunales, y conseguir que las víctimas
del franquismo tengan el mismo reconocimiento por parte del Estado y de la
sociedad, que otros colectivos de víctimas de la violencia política para los
que se ha legislado convenientemente y se han aplicado intensas políticas
públicas de memoria.
Por otro lado, debemos seguir trabajando
para que la Memoria de los y las defensoras de la República y los resistentes
contra el franquismo sean patrimonio de la sociedad, y una obligación de todas
y cada una de las instituciones del Estado a todos los niveles. Porque no se
puede ser demócrata sin ser antifascista.
Muchas gracias por habernos recibido y
escuchado.
