A
propósito de Caja Madrid: ¿miramos al dedo o la luna?
15 de octubre de 2014
Cuando
pensábamos que lo más importante que teníamos por delante en relación a Caja
Madrid/Bankia era la forma y manera en la que recuperar los 22.424 millones de
euros aportados por el estado en ayudas directas (otros 24.167 millones en
avales) a dicha entidad para evitar su quiebra y en consecuencia, cómo
conseguir dicho objetivo, aparece el escándalo mediático del uso de las
tarjetas opacas por parte de los antiguos miembros de su Consejo de
Administración.
Pese
a dicha circunstancia nosotros pensamos que recuperar las ayudas públicas
aportadas, para que las mismas no sean soportadas por toda la ciudadanía,
continúa siendo el primer objetivo, y para ello es imprescindible que el Estado
mantenga su participación en la propiedad de Bankia.
Incluso
más allá de la devolución de las ayudas, Bankia debería -junto con otras
instituciones financieras nacionalizadas- conformar un polo de banca pública
que venga a cubrir parte del vacío dejado con la desaparición de las Cajas de
Ahorros, esto es, asegurar la inclusión financiera para los que tienen menos
recursos y no resultan de interés comercial para los bancos, redistribuir los
beneficios atendiendo a las necesidades sociales y garantizar la financiación y
el crédito a empresas y particulares que hoy carecen del mismo.
Pero
por desgracia las cosas hoy no están en esta lógica, el pasado mes de febrero
arrancó la privatización de Bankia con la venta de un 7,5% del capital de la
entidad lo que deja al Estado con una participación en el entorno del 61% y
todo apunta en la dirección de completar la privatización el próximo año o en
los primeros meses de 2016, con lo que las posibilidades de devolver la
totalidad de las ayudas se desvanecen.
En
tan poco espacio de tiempo no será posible generar los beneficios suficientes y
por otra parte, para que resulte atractiva la privatización, el destino de
parte importante de los futuros beneficios tendrá que ir a la retribución del
capital, esto es, al pago de dividendos para favorecer el aumento de la
cotización de sus acciones. No sería descabellando decir que las pérdidas
finales de la privatización podrían estar entre un 35 y un 40% dada la alta
morosidad y la poca calidad de sus activos no bancarios.
En
nuestra opinión este es el principal conflicto que hoy tiene el conjunto de la
sociedad con Bankia, impedir su privatización
con carácter general y en ningún caso sin antes recuperar el dinero
aportado por el Estado, se trata de mirar sobre todo al futuro para no tener un
nuevo quebranto en los intereses de la mayoría.
Y
no es que nos neguemos a mirar al pasado, a la nefasta gestión de la Caja de
Madrid por parte de quien tenía la mayoría en el Consejo de Administración, la
gobernaba con arreglo a sus criterios e intereses y la gestionaba día a día,
esto es, el Partido Popular y sus distintas facciones en muchos casos
enfrentadas y quienes pudieron acompañarles en algunas decisiones
trascendentales.
Es
evidente que fueron decisiones equivocadas primero en Caja Madrid y después en
Bankia las que condujeron a la entidad prácticamente a la quiebra y al
posterior rescate con dinero público y que entre dichas decisiones resaltan por
su trascendencia negativa, el que Caja Madrid -que era en 1996 una entidad
saneada- acompañase a partir de entonces la burbuja inmobiliaria creada por la
ley del suelo del gobierno de Aznar, cambiase el modelo de negocio bajo la
presidencia de Blesa (fue en 1996 cuando el PP se hizo con la mayoría de la
Caja) y se dedicó a una muy alta concentración del riesgo promotor en la
cartera de crédito, con financiaciones al 100 % e incluso la creación de
empresas conjuntas con los promotores, que resultó dramática cuando a partir de
agosto de 2007 se cerró la liquidez de los mercados internacionales, se
acumularon los impagos y no era posible ya refinanciar la deuda, la propia aprobación de la fusión (Caja
Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia
y Caja Rioja), la salida a bolsa, la compra City National Bank of Florida por
867 millones y vendido por 685 millones de euros, la comercialización de las
preferentes, los créditos a Martinsa-Fadesa por importe de 1.082 millones y los
créditos a DíazFerrán.
Estas
son las responsabilidades que habría que exigir a quienes dirigían la Caja y a
quienes con su voto en el Consejo de Administración acompañaron dichos acuerdos
cuando algunos de ellos se pusieron a votación. Porque estas erróneas
decisiones fueron junto con otras referidas a la gestión cotidiana de la
actividad financiera las que llevaron a la entidad a la ruina.
Y
llegamos al asunto de las tarjetas que ha despertado una gran atención estos
días y se ha cobrado la dimisión de un número importante de representantes de
partidos, sindicatos y otras instituciones del estado.
Sorprende
el gran impacto mediático y la loable voluntad de Hacienda de fiscalizar los
15,5 millones de euros (gastados en diez años), esto es, el 0,069% del dinero
aportado para el rescate y quede relegado como algo menor la recuperación del
restante 99,93% del problema.
Es
claro que Caja Madrid primero y Bankia después infringieron la ley si no
contabilizaron, fiscalizaron e imputaron correctamente los pagos realizados con
las tarjetas, lo que ha dado lugar a que el juez Andreu haya imputado a los ex
presidentes de Bankia y Caja Madrid y al número dos de Blesa, Ildefonso
Sánchez-Barcoj, por la posible existencia de un delito societario y de
apropiación indebida.
Podríamos
estar también ante una infracción fiscal por parte de los consejeros que no
incluyeren en su declaración de la renta los importes de los gastos realizados,
los inspectores de Hacienda lo determinaran y establecerán las
responsabilidades correspondientes.
Sobre
las responsabilidades de carácter ético, ya se ha hablado muchos en estos días
y para nosotros no es el objeto de esta reflexión que tiene un carácter
político y económico.
Las
investigaciones judiciales y fiscales determinaran las responsabilidades de la
entidad y los consejeros, los partidos y los sindicatos han tomado decisiones
de orden interno que esperemos permitirán aclaran lo sucedido. Pero pocos han
hablado de lo verdaderamente importante, en nuestra opinión, el asunto de las
tarjetas no puede tapar ni justificar la no devolución del dinero público que
se aportó para el rescate.
Parecería
que alguien está interesado en encontrar los motivos para no tener de devolver
dichos fondos haciendo responsable de tal imposibilidad a los anteriores
miembros del consejo y a la pesada herencia recibida.
Quizás
por ello sería importante reflexionar sobre todo lo ocurrido no fuera a ser que
estuviéramos mirando al dedo y no a la luna.
Andrés
Hidalgo
Javier
Cobo
Andrés
de Andrés
(Sindicalistas
y afiliados a Izquierda Unida)
