Estimadas
compañeras, estimados compañeros:
Es para mí,
en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, un honor y un
placer tener la oportunidad de dirigirme hoy a vosotros. Esperamos que este sea
el inicio de una relación de colaboración fluida y fructífera entre la Federación
Estatal de Foros por la Memoria y Podemos.
La
Federación Estatal de Foros por la Memoria, desde que se constituyó hace 11
años, ha venido elaborando una serie de reflexiones sobre la memoria
democrática y la lucha contra la impunidad del franquismo. Sobre cómo conseguir
que el estado español deje de ser una excepción entre los países democráticos,
en cuanto la aplicación del Derecho Penal Internacional de los Derechos
Humanos.
Ante la
expectativa de un cambio político próximo, hemos creído necesario desarrollar una propuesta sistematizada en la que llevamos
trabajando algún tiempo, y que se plasmaría en una Ley Integral de Víctimas del
franquismo. El documento se encuentra muy avanzado, aún en fase de estudio por
nuestras asociaciones federadas, y tenemos previsto a la vuelta del verano divulgarlo
para su debate por las organizaciones del movimiento social por la Memoria
democrática y por expertos juristas, y posteriormente ponerlo a disposición de
las fuerzas políticas que se presentarán a las elecciones generales.
Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía
en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo
tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del
terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la
violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a
la reparación, no veo por qué las otras no"
El Documento
en el que estamos trabajando comienza con una Declaración de Motivos para justificar
la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea
necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la
necesidad del reconocimiento jurídico de
las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los
tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las
víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho
a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
Buena parte
del trabajo, tanto en su preámbulo como en las propuestas concretas, se fundamenta
en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el
Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español
presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, uno por el Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición.
En el
preámbulo de nuestro documento, tratamos diferentes elementos para justificar
la necesidad de la Ley, tales como el trato de discriminación hacia las
víctimas del franquismo, dado por el Estado español con respecto a otras
víctimas, y cuáles son sus causas. También
explicamos que no consiste en una Ley general de Víctimas de la guerra civil,
tanto por el espacio temporal que entendemos debería abarcar, como por los
colectivos que se verían afectados por
las políticas de reparación material y simbólica que proponemos.
En el Bloque que titulamos “El Derecho a la verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el
Deber de verdad de la sociedad española” hablamos, entre otros
temas,
- De la retirada de la simbología franquista
- De declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
- Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
- Del tratamiento de los lugares de memoria;
- Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos y derecho de acceso a la información (a partir de Trabajos y manifiestos por ejemplo, de asociaciones profesionales de la Archiveros, Bibliotecarios, y Documentalistas, o de la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX” ), etc...
En el bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras
cuestiones
- La Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002), tal y como se desarrolla en un documento del Equipo Nizkor de derechos humanos, enviado a los diputados españoles en 2010.
- La exhumación judicializada de las fosas comunes del franquismo, a partir de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, y un desarrollo legislativo sobre exhumaciones e identificación de víctimas. Defendemos que la Ley de Víctimas del franquismo debe manifestarse expresamente contra la privatización y la gestión administrativa de las fosas comunes, por cuanto se tratan de pruebas de crímenes contra la Humanidad.
- Y también consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, delitos permanentes e imprescriptibles.
En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la
reparación material y/o simbólica de los diversos colectivos de víctimas, así como
la creación de un Consejo participativo, en la cual las víctimas directamente,
o representadas por el movimiento asociativo, puedan manifestar las
reivindicaciones específicas de cada colectivo: presos políticos; presos
sociales; víctimas de torturas; represaliados económicos (sanciones,
depuraciones de funcionarios, incautaciones de
patrimonio...); víctimas del trabajo esclavo; reconocimiento de
colectivos como la guerrilla antifranquista; militares leales a la República;
militantes clandestinos antifranquistas; exiliados, los llamados niños de la
guerra, etc…
En resumen, propondremos a las
fuerzas políticas la promulgación en la próxima legislatura de un bloque legal,
centrado en la Ley de Víctimas del franquismo, pero que podría ir más allá, con
una Ley de Archivos avanzada; una solución definitiva al tema de El Valle de
Los Caídos, o la Anulación de la Ley de
Amnistía de 1977, que actúa como Ley de punto final y es la clave de bóveda
del sistema de impunidad.
Desde el
convencimiento de que sin justicia no hay democracia, y de que sin memoria no
hay cambio, os deseamos los mayores éxitos, que serán también nuestros, y nos
ponemos a vuestra disposición para haceros entrega del documento y explicaros
pormenorizadamente nuestras propuestas.
