Los silencios del
derecho y la memoria democrática
Alfons Aragoneses. El diario.es, 07/06/2016
El reciente episodio sobre el monumento franquista de
Tortosa vuelve a poner de manifiesto cómo el nacionalismo franquista más banal
sigue muy presente en nuestra cultura política y jurídica.
Llueve sobre mojado. En Tortosa el gobierno municipal
organiza una consulta sobre el futuro de un monumento que debería haber sido
retirado hace años. En buscadores de internet se ofrece a los turistas una
habitación en la hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El
ministro del Interior utiliza ese mismo lugar para meditar. El Ministerio de
Defensa homenajea a un aviador franquista.
Son noticias recientes que indignan a unos y que pasan
desapercibidas para muchos. El denominador común es sin duda la naturalización
del franquismo: la aceptación de la dictadura de cuarenta años y sus símbolos
como natural y normal, junto con la percepción de la guerra civil como un
“conflicto entre iguales” en el que “todos cometieron errores”. Se trata de un
proceso que afecta a la sociedad y que se tolera, cuando no se impulsa, desde
las instituciones públicas.
Este proceso no nos debe extrañar como tampoco el resultado
de la consulta en Tortosa: la administración, española y catalana, no se
pronuncia, no elabora mediante políticas de memoria o leyes un relato
antifranquista. Ese vacío lo ocupa de manera natural el viejo discurso
franquista, el que asume la dictadura y sus símbolos como parte del paisaje que
no conviene modificar.
El problema viene de lejos. El legislador evitó, durante la
transición, condenar la dictadura o restituir plenamente en sus derechos a las
víctimas. Se impuso el silencio y lo que Bartolomé Clavero llamó “amnesia
constituyente”. El Tribunal Constitucional en 1982 sancionó esta interpretación
del pasado dando plena validez a todo el derecho franquista. Este silencio
continuó durante la democracia. El Partido Socialista no aprobó ninguna norma
reparadora a las víctimas, tampoco ninguna ley condenando el franquismo. En
cambio, confirmó a destacados militares y policías del régimen anterior.
Durante los años de Rodríguez Zapatero poco cambió esta situación: las
sentencias del franquismo no se anularon y siguieron formando parte del
ordenamiento, con lo que eso significa. No se llevó a cabo un programa de
exhumación de fosas por parte del Estado, no se vigiló el cumplimiento de la
ley y tampoco se impulsaron políticas públicas de memoria, más allá de la
creación de un centro documental en Salamanca.
El resultado ha sido un silencio jurídico y político sobre
el franquismo y la guerra civil creado desde 1977 hasta hoy. Y con el derecho y
con la cultura sucede como con la física de fluidos: un espacio vacío tiende a
ser ocupado por la materia en cualquier forma. En el caso del derecho español,
el legislador dejó un vacío: prefirió no pronunciarse sobre el franquismo. Pero
viniendo de donde veníamos -una larga dictadura con un eficiente sistema de
propaganda y un potente proyecto nacionalizador- ese vacío, ese silencio, fue
ocupándose por el relato franquista ya existente: el que se inició con el mito
de la Cruzada en 1936 y reformado en 1966 con el de la falsa paz y la falsa
reconciliación. Ahora, cuarenta años después, ese discurso está aceptado,
normalizado y naturalizado gracias a la inacción del Estado democrático.
Al no haber ni condenas del franquismo ni persecución de su
apología, ni principios antifascistas que informen el derecho, es fácil que el
nacionalismo franquista en su manifestación más banal se vaya colando en la
cultura jurídica y política. Así, el monumento de Tortosa fue protegido como
elemento del patrimonio cultural de Cataluña y después su mantenimiento se
somete a consulta sabiendo que está asumido como natural. Cuarenta años de
silencio y la inactividad de la administración catalana, incluido el Memorial
Democràtic, permiten que el viejo discurso se desarrolle.
¿Son las instituciones españolas por completo desmemoriadas?
En absoluto. El Estado también intenta moldear la identidad colectiva y la imagen
de España en el extranjero mirando al pasado. Paralelamente a la naturalización
del franquismo el Estado intenta participar de lo que algunos llaman “la
memoria cosmopolita”: la de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
La LOMCE, la reforma del Código penal que castiga la
negación del Holocausto o la reciente ley que otorga la nacionalidad española a
los sefarditas son ejemplos de ello. Pero son normas que presentan un relato
incompleto y parcial: se recuerda el Holocausto y se incluye en los curricula,
pero se calla sobre la complicidad de Franco y Hitler, sobre los deportados
republicanos a los campos nazis o sobre la desnacionalización por parte del
Gobierno de judíos españoles. Se habla de nazismo, silenciando que este fue
fundamental para la victoria franquista.
De nuevo, el legislador español crea normas y transmite
principios y valores mediante las palabras que dice, pero también mediante los
silencios.
En definitiva, el episodio de Tortosa es consecuencia de
años de silencios y de tolerancia con el discurso de los vencedores de la
guerra civil: cuando el Estado no crea un relato sobre el pasado franquista
está permitiendo que su espacio lo aproveche el viejo relato franquista. Los
otros creadores de la campaña XXV Años de Paz sabían lo que hacían: adaptar el
discurso franquista para hacerlo más duradero.
El Ayuntamiento de la ciudad del Ebro tiene ahora el encargo
de “reinterpretar y recontextualizar” el monumento. Que no nos extrañe a los
ciudadanos y a las instituciones catalanas el resultado que ese proyecto pueda
tener. Porque en el derecho, como en toda comunicación, quien calla otorga.
