Esta noticia sobre la jueza Carolina Hidalgo, quien ha impuesto una finaza de un millón (perdón 10.000 €) al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, apareció en el diario El Mundo, el día
9 de noviembre de 2006:
Una juez permite a 'El Pocero' quedarse con un terreno que vale 316 millones pagando sólo 2,5 a un agricultor
La juez de Illescas valora el terreno de El Quiñón como si fuese rústico La Junta autorizó su reclasificación 14 días después de la adquisición
JOAQUIN MANSO
MADRID.- 2,5 millones de euros. La juez de Illescas fijó ayer en esa cantidad la indemnización que El Pocero tendrá que abonar al agricultor que le demandó. El constructor no deberá pagar más por casi la mitad del suelo sobre el que construye 13.508 viviendas en Seseña. La última tasación oficial lo valora en 316 millones, aunque su precio de mercado supera los 500.
La juez Carolina Hidalgo, titular del Juzgado nº 1 de Illescas (Toledo), determina en un auto en 2.470.611 euros la cuantía con la que el constructor Francisco Hernando -Paco El Pocero- deberá indemnizar a los herederos del agricultor Gonzalo González, que le demandó por privarle en 2003 del terreno clave sobre el que se levanta el polémico PAU de Seseña.
La juez calcula la indemnización «sobre el valor rústico de la finca inicial» -es decir, el que tenía cuando Hernando la adquirió-, y no toma en cuenta la espectacular revalorización del terreno que tuvo lugar apenas 14 días después, cuando fue reclasificado. El arquitecto municipal tasó por última vez el suelo sobre el que se construye la urbanización en 360 euros el metro cuadrado, aunque algunos particulares han llegado a recibir más de 600. Dado que la finca tiene 878.449 metros cuadrados, El Pocero pagará 2,5 millones por una parcela que vale, oficialmente, 316.
El 25 de abril de 2003, El Pocero compró por 360.000 euros el 66% de las acciones de la empresa Parque Tecnológico Toledo Norte, cuyo único activo era el 44% del suelo sobre el que ahora se levanta el Residencial Francisco Hernando. Entonces era una finca rústica sólo apta para el cultivo de secano. Sobre ella pesaba desde 1997 una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconocía a la familia del agricultor Gonzalo González el derecho a la adquisición forzosa del terreno como arrendador histórico.
La sentencia del Alto Tribunal parecía culminar así el proceso que la familia González había iniciado en 1991. La Ley de Arrendamientos Rústicos vigente en aquel momento le reconocía su derecho a acceder a la propiedad de la tierra, por haberla cultivado durante 40 años, mediante la entrega de un precio.
El 8 de mayo de 2003, la Junta de Castilla-La Mancha autorizó al Ayuntamiento de Seseña a reclasificar esa finca rústica como urbana. Ese mismo día, el alcalde, José Luis Martín (PSOE), con el voto favorable del grupo socialista municipal, dio el visto bueno definitivo a la operación y, además, adjudicó a Onde 2000, la empresa de Hernando, un PAU de 13.508 viviendas, pese a que la zona no tenía garantizado el abastacimiento de agua. El Pocero se convirtió así en propietario del suelo y, al mismo tiempo, en su agente urbanizador, lo que ha disparado sus expectativas de beneficio, que algunas estimaciones sitúan en torno a los 1.200 millones de euros.
La puesta en marcha de la edificación del complejo supuso para la juez la imposibilidad sobrevenida de ejecutar el derecho a la adquisición forzosa de la finca, y determinó la necesidad de establecer una indemnización.
La resolución que se conoció ayer no satisface la pretensión de ninguna de las partes -los herederos del agricultor Gonzalo González reclamaban 114 millones y El Pocero sólo estaba dispuesto a ofrecer 109.000 euros-, pero se aproxima bastante más a las tesis del constructor. La juez hace suya la argumentación que hizo su abogado en la vista que se celebró el 27 de septiembre y mantiene que la familia González «no ha consumado su derecho de adquisición». Concluye que es así «por no haber pagado su precio».
La juez obvía en su argumentación que el propio Juzgado de Illescas, en sucesivos autos, reconoció que si la compraventa no se había perfeccionado, se debía únicamente a la «actuación procesal fraudulenta» de los titulares de Parque Tecnológico Toledo Norte. Éstos utilizaron sucesivas argucias legales para retrasar la resolución que ordenase la entrega del justiprecio. El proceso estaba tan avanzado cuando El Pocero entró en escena, que la familia González ya había consignado en la Caja de Ahorros del Mediterráneo la cantidad que un perito judicial había calculado (la misma: 2,5 millones de euros).
Ambas partes han eludido pronunciarse sobre la posibilidad de recurrir el auto de la juez. La familia González tiene pendiente un recurso ante el TS en el que reclama que se le entreguen los terrenos. Además, en agosto de este año se adhirió a la querella que Izquierda Unida presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades presuntamente cometidas en la adjudicación del PAU de El Quiñón.
http://www.elmundo.es/papel/2006/11/09/espana/2048004.html
