Oviedo, 6
de Abril de 2019
Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:
Quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de
la Federación Estatal de Foros por la
Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de
la comisión coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y
de víctimas del franquismo. Quiero expresar también mi reconocimiento a mis
compañeros de Famyr y a La Ciudadana por la invitación y por la organización de
este acto. Asimismo quiero destacar que es para mí un honor compartir intervención
con los familiares de la fosa de Tiraña.
Comienzo mi intervención explicando que la propuesta central de la Federación Estatal
de Foros por la Memoria, asumida posteriormente por el Encuentro Estatal, es
una Ley integral de Víctimas del franquismo, porque estamos convencidos/as de
que, independientemente de que se puedan estar planteando causas judiciales, tanto
ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos
los derechos de las víctimas del franquismo, son fundamentalmente políticas más
que jurídicas; también las soluciones son esencialmente políticas y se deben
adoptar en el Parlamento: revocar la legislación en la que se sustenta la
impunidad y promover otra legislación que reconozca y promueva los derechos de
las víctimas.
El trabajo que hemos realizado elaborando la propuesta de Ley de
Víctimas, se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo
aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el
caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la
Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También
nos hemos inspirado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en
2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.
Ley de
Víctimas del franquismo
El Proyecto que hemos presentado públicamente, remitido a expertos y discutido
con fuerzas políticas y grupos institucionales, se basa en dos ideas centrales:
1. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las
víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Y que el Estado español niega a las
Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios
que se conceden a otros colectivos de víctimas.
2. Vemos indispensable que el Estado
asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH, sobre las
víctimas del franquismo.
Coincidimos con el fiscal
Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las
víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que
tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son
víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la
justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"
Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente
el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del
franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un
reconocimiento legal, una consideración justa, y su problemática se ha atendido
por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador
entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas, conforme son
definidas por Naciones Unidas, sino que la discriminación se debe a la
identidad de los victimarios.
La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha
seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos,
sino que implica el no reconocimiento
jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus
derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación
material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del
secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció
la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo
de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el
ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado
español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más
directa que con respecto a otros colectivos de víctimas.
La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias
franquistas en nombre de la seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en
la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena
responsabilidad en las consecuencias de la legislación represiva del
franquismo. El hecho (excepcional entre los países de nuestro entorno) de que
el estado de derecho democrático no se haya sustentado en la ruptura legal con
el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo
firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su
responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos
cometidos por la dictadura.
Nuestra propuesta no consiste
en una ley de víctimas de la guerra civil en general, es más, nos oponemos
tajantemente a ello. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación
entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser
éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el
trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español,
tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del
franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.
Las
víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia
republicana durante los meses iniciales de la guerra civil,
fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas
políticas de reparación que adoptaron múltiples formas: indemnizaciones;
pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a
titulaciones académicas; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de
quinielas y otros negocios, etc… Y todo ello desde el primer momento, a pesar
de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por
ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los
enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.
Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus
familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de
silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino
que además siguieron padeciendo durante muchos años diversas formas de
represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de
memoria colectiva apabullantes que se prolongaron durante cuarenta años, ese
fue el franquismo, adoptando múltiples maneras de interferir en los más
habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su
pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.
Uno de los objetivos
fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo es corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el
tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo
por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudiera ser
la existencia de miles de fosas comunes
clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de
carácter permanente) en nuestra opinión pone en cuestión la vigencia plena del
Estado de Derecho.
También se debe tener en consideración que la represión franquista no
sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años
inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se
extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977. Múltiples
hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones
de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han
terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del
mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano. En consecuencia, no
renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los
derechos humanos, independientemente de su edad, tal y como sucede en países de
nuestro entorno, como Alemania.
El Documento en el que hemos trabajado comienza con una Declaración de Motivos para justificar
la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea
necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la
necesidad del reconocimiento jurídico de
las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas
concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por
Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho
a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se
desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.
En el primer bloque, que titulamos “El Derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el
Deber de verdad de la sociedad española”, hablamos, entre otros temas,
ü De la retirada de la
simbología franquista
ü De declaraciones de
naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
ü Del Mapa de fosas de personas
desaparecidas;
ü Del tratamiento de los
lugares de memoria;
Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos
orientada a gestionar y garantizar el derecho de acceso a la información de
víctimas, investigadores y del conjunto de la sociedad.
En el bloque del “Derecho a la
Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
ü La Anulación de las
sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos
seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la
anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002).
ü La exhumación judicializada
de todas las fosas comunes del franquismo. Defendemos que la Ley de Víctimas
del franquismo debe manifestarse
expresamente contra la privatización y la
gestión administrativa de las fosas comunes consagrada por la Ley de
Memoria Histórica de 2007, por cuanto se tratan antes que cualquier otra cosa,
de pruebas de crímenes contra la Humanidad.
ü También consideramos que hay
que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de
la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la
humanidad, todo ello considerado dentro de una trama organizada, por lo que no
pueden seguir siendo tratados como delitos individualizados.
En el último bloque del “Derecho
a la Reparación”, propugnamos la reparación material y/o simbólica de la
amplia y diversa tipología de víctimas del franquismo: presos
políticos; presos sociales; víctimas de torturas; represaliados económicos
(sanciones, depuraciones de funcionarios, incautaciones de patrimonio...); víctimas del trabajo esclavo;
reconocimiento de colectivos como la guerrilla antifranquista; militares leales
a la República; militantes clandestinos antifranquistas; exiliados; deportados
al sistema concentracionario nacionalsocialista; los llamados niños de la guerra, etc…así como
la creación de un Consejo participativo de éstas, directamente o representadas
por el movimiento asociativo.
ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en
Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de
hoy más de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De
allí salió un amplio Documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro,
que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 como
propuesta programática, con el objetivo
de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda
política y de la campaña electoral.
La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido
compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar
en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en la
presente legislatura. Hemos realizado varias manifestaciones en Madrid, y hemos
celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y
cargos públicos…
En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como
propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de
nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. En Junio de
2017 se celebró la 3ª reunión estatal
del ENCUENTRO, y debatimos qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro
y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo adoptamosuna posición
más avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977, pronunciándonos a favor de una
Declaración de Nulidad íntegra de la misma.
El pasado 24 de Noviembre se celebró en Madrid la 4ªreunión estatal
del Encuentro, para analizar cómo seguir promoviendo la convergencia
estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a
esta problemática, en torno a una LVF. Queremos convencerlas de que las
múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tienen un
recorrido limitado, y que deberíamos aunar esfuerzos a partir de la Carta de
Vicálvaro y de las recomendaciones al Estado español de los organismos
internacionales de derechos humanos. Esta iniciativa se ha trasladado a las
diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida por lo
general, pero con efectos limitados por la concurrencia con las diversas
iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos
desde que comenzó la legislatura. Ha
inspirado propuestas como el proyecto de IU, o el que presentamos en el Senado
junto a Compromís.
Ahora mismo estamos estudiando los programas de las fuerzas políticas
que se presentan a las diversas convocatorias electorales, para valorar sus
propuestas sobre memoria histórica y lucha contra la impunidad franquista. El plan
de trabajo ha quedado algo trastocado con la convocatoria de elecciones
generales, ya que se estaban programando reuniones en el marco autonómico. Asimismo
desde que el Gobierno anunció la intención de sacar a Franco de Cuelgamuros,
los acontecimientos posteriores que conocéis, nos están marcando mucho la
agenda.
La
conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo andaluces, los acuerdos previos
a la constitución del gobierno y sus primeras iniciativas, muestran que las
fuerzas gobernantes en Andalucía han puesto el punto de mira en los derechos y
conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los migrantes y refugiados.
También en la memoria histórica democrática, cuya reivindicación de Verdad,
Justicia y Reparación señala a los responsables de los crímenes cometidos, deja
en evidencia el sistema de impunidad en que han vivido los autores, y explica,
en buena parte, el status social y económico del que siguen gozando muchas
personas, empresas e instituciones.
Que las
derechas conservadoras o liberales se avengan a negociar, pactar y gobernar con
la extrema derecha, a asumir sus valores y discursos, sólo puede entenderse a
partir de la banalización del mal en el debate político y mediático, a las
carencias en educación y en políticas públicas de memoria democrática, junto a
la ocultación de las víctimas del franquismo y la impunidad penal e histórica
de los crímenes franquistas.
Los colectivos
a los que la extrema derecha y sus aliados han señalado no vamos a permanecer
con los brazos cruzados, contemplando pasivamente que se hagan efectivos los
proyectos de los franquistas y sus aliados: recortes de libertades, supresión
de derechos sociales y civiles, que han costado décadas de lucha y sacrificios conseguir.
Mañana
domingo día 7, en una concentración que celebraremos en Madrid, 85 colectivos
de mujeres, LGTBI, de migrantes y de Memoria histórica, haremos un llamamiento
a todas las ciudadanas y ciudadanos demócratas para que participen masivamente
en las próximas citas electorales, no pretendiendo orientar para que se vote
por un partido u otro, sino proponiendo que se vaya a las urnas con una
intencionalidad clara: que cada voto sea un voto antifascista, contra la
extrema derecha y contra los que están dispuestos a negociar con ellos. Porque
opinamos que con el fascismo no se habla, no se negocia y no se gobierna.
Muchas gracias.
