Ante la resolución aprobada en el Parlamento Europeo sobre Memoria Histórica

MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA

Ante la resolución aprobada en el Parlamento Europeo sobre Memoria Histórica el 19 de septiembre de 2019

La Federación Estatal de Foros por la Memoria quiere expresar su indignación ante la  resolución el Parlamento Europeo que supone otra pieza más dentro de la estrategia de revisionismo histórico promovida por la Unión Europea.

El título de esta Resolución ("Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa ") es manifiestamente engañoso, porque no pretende asentar la Memoria Democrática Europea como base y principio en la construcción de una Europa asentada en los valores de la libertad, solidaridad, igualdad y fraternidad, sino que su objetivos es promover burdamente el anticomunismo mediante la reescritura y la falsificación de la historia.

Porque en la lectura del texto nos encontramos con una serie de manipulaciones y tergiversaciones históricas de inspiración ultra-reaccionaria, en un intento de equiparar fascismo y comunismo, minimizando los crímenes del nazismo y ocultando las responsabilidades de las grandes potencias capitalistas en el ascenso del fascismo.

Además de manifestar una grosera sucesión de falsedades históricas en el contexto del Pacto Ribbentrop-Molotov, ocultando los antecedentes y el trasfondo histórico, la resolución adoptada por la mayoría del PE omite importantes comportamientos de tolerancia, complicidad y alineamiento de las grandes potencias capitalistas con el surgimiento del fascismo en varios países europeos. Es el caso de las políticas de No Intervención de la Sociedad de Naciones que consintieron la intervención fascista contra la República española y la abandonaron a su suerte. Políticas cómplices que culminaron con la Conferencia de Munich, en la cual Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, certificaron el desmembramiento de Checoslovaquia, así como el abandono que condenaría definitivamente a la República Española a caer en manos de un dictador aliado de Hitler y Mussolini, cuyo gobierno fascista sería reconocido por Francia y el Reino Unido en febrero de 1939.

La resolución adoptada por la mayoría del Parlamento Europeo busca borrar la contribución decisiva de los comunistas y la Unión Soviética a la derrota del nazismo y los fascismos, y la liberación de los pueblos del dominio colonial después de la Segunda Guerra Mundial. Una resolución que también pretende silenciar el papel protagonista de los comunistas en las guerrillas y resistencias antinazis, así como encabezando la lucha por la democracia y las libertades contra las dictaduras de Portugal, España o Grecia.

Se oculta la aportación del pueblo soviético con la sangre de cerca de 27 millones de muertos en la lucha contra el nazismo. La resolución del parlamento Europeo pone al mismo nivel a invasores y a libertadores, a los SS que custodiaban el campo de aniquilación de Auschwitz con el Ejército Rojo, que lo liberó. Precisamente las Naciones Unidas designaron la fecha de su liberación, el 27 de enero, como Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto.

De igual modo, la resolución interesadamente olvida los Juicios de Nüremberg,  cuya jurisprudencia ha sido una pieza fundamental en la actual configuración del Derecho Penal Internacional reconocido y codificado por las Naciones Unidas, y los hechos enjuiciados por este tribunal internacional, en el que recordamos, los jerarcas del régimen nazi fueron condenados, entre otros crímenes internacionales, por conspiración y crímenes contra la paz, declarando a la Alemania Nacionalsocialista como la única responsable del inicio de la II Guerra Mundial.

Esta resolución contiene otro elemento de enorme gravedad: Se llega a escribir que "algunos países europeos han prohibido el uso de símbolos tanto nazis como comunistas". Tiene la intención de allanar el camino para intensificar y generalizar la persecución y la prohibición de los partidos comunistas, y arrastrar a otras fuerzas progresistas y al movimiento sindical, como ha sucedido en varios estados miembros, como Lituania, Estonia, Letonia o Polonia, entre otros, donde, junto con la rehabilitación y el elogio histórico del fascismo y la glorificación de los colaboracionistas con el nazismo, se produce la destrucción de monumentos conmemorativos de la resistencia antifascista, de la liberación de territorios por el Ejército Rojo, o de las Brigadas Internacionales.

El texto ha contado con el voto a favor de representantes de países y fuerzas políticas autodenominadas demócratas, olvidando que en el hemiciclo asisten parlamentarios de países como Hungría, Polonia, etc… que están realizando políticas homófobas, racistas y xenófobas.

Como resultado, la Resolución  fomenta la xenofobia y el racismo, se promueven las fuerzas fascistas, y supone una renuncia expresa del antifascismo como elemento fundacional de la unidad europea. Ante el creciente peligro de fascismos, nazismos y nacionalismos, se elige un camino de ruptura entre los demócratas europeos.

Como consecuencia de todo ello, la Federación Estatal de Foros por la Memoria condena rotundamente dicha Resolución, e insta a los eurodiputados españoles pertenecientes a dichas fuerzas políticas autodenominadas democráticas, a una inmediata rectificación pública.

Federación Estatal de Foros por la Memoria, 27 de septiembre de 2019

Mesa Redonda "La memoria democrática en la actual encrucijada". Fiesta del PCE 2019

29 de Septiembre. 13 h. Espacio Josefina Samper

La memoria democrática en la actual encrucijada.
Con Julián Rebollo, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Arturo Peinado, de la Federación de Foros por la Memoria, Chato Galante, de la La Comuna y Javier Moreno, de la Asociación Foro por la Memoria. Modera: Mauricio Valiente, responsable de Memoria del PCE.




Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradecer la invitación a participar en este acto a la dirección de la Fiesta y al Partido Comunista de España. También agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados.

ENCUENTRO

En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy cerca de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una Ley integral de Víctimas del franquismo, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas.  Estamos convencidos/as de que, independientemente de los procedimientos judiciales que se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son fundamentalmente políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y desarrollar otra, que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

El proyecto de LVF que hemos trabajado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También nos hemos basado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En qué consiste la propuesta de Ley de Víctimas del franquismo
El Proyecto se basa en dos ideas centrales:
1. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH sobre las víctimas del franquismo.
2. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.

Se debe tener siempre en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977. (El responsable de la Oficina de víctimas de la Comunidad de Madrid utilizaba el pasado martes el argumento del tiempo transcurrido, 80 años, para diferenciar a las víctimas del terrorismo de las del franquismo, con todas las consecuencias en cuanto a reconocimiento y derechos). En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos que están vivos, independientemente de su edad, tal y como sucede en países como Alemania.
En posteriores reuniones del Encuentro (2017 y 2018), hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta de Vicálvaro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo se ha adoptado, siempre por consenso, una posición más contundente sobre la Ley de Amnistía de 1977,  pronunciándonos a favor de la aprobación por el Parlamento de una Declaración de Nulidad de la misma.

La Estrategia seguida por el Encuentro ha perseguido que se plasmen en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista. Hemos realizado manifestaciones en Madrid, y celebrado múltiples reuniones, entregas el proyecto de Ley de Víctimas a dirigentes políticos y cargos públicos… Queremos convencer a las fuerzas políticas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que están presentando tienen un recorrido limitado, como se ha demostrado.
Esta iniciativa ha tenido entre las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales una buena acogida por lo general, pero también con escasos resultados, por la concurrencia con las diversas y dispersas iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos en estas legislaturas cortas. El borrador de LVF ha inspirado propuestas como el proyecto de IU de Junio de 2018, o el presentado en el Senado junto a Compromís.

A pesar de las dificultades, creemos que si un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, significaría un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.


Nos felicitamos por la decisión el TS del 24 de junio. La importancia real de la exhumación es relativa, pero tiene una fuerte carga simbólica. Supone un éxito del MSRM y confiamos en que llegue a buen término. Que se saque a Franco de Cuelgamuros constituye una modesta victoria, pero una decisión contraria del TS hubiera supuesto una derrota estrepitosa, casi definitiva. Que los Franco hubieran parado un Decreto-Ley aprobado en el Parlamento casi por unanimidad, hubiera sido una gran derrota democrática. Podemos sin embargo, esperar más acciones obstruccionistas en los tribunales, para frenar o retardar la exhumación.

El éxito se debe sin duda al movimiento memorialista. Por ejemplo: desde hace 12 años el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, junto a otros colectivos y organizaciones, viene realizando Concentraciones en la entrada del Valle cada 20-N. La denuncia y la presión del MSRM, que han terminado convenciendo y captando el apoyo para nuestra causa de buena parte de la opinión pública, y explica porqué Pedro Sánchez ha tenido que hacer lo que no hicieron Felipe González ni Zapatero.

El pasado miércoles, Iñaki Gabilondo dijo que esto era un final, pero disentimos: es sólo un avance en la lucha contra la impunidad del franquismo. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros, que pase por el desmantelamiento de simbología franquista; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; la resignificación del Valle como lugar de homenaje a los resistentes antifranquistas, a las víctimas, y especialmente a trabajadores esclavos. (Hace unos días el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado hablaba de que el Valle debía ser un lugar de homenaje y reconciliación entre ambos bandos. Suponemos que irá al Memorial de Auschwitz o al Museo del Holocausto de Jerusalén, a convencerles de que los reconviertan en un monumento a la reconciliación de los judíos y las SS).


Nos encontramos en una tesitura complicada: nos enfrentamos a unas elecciones, el 10 de noviembre, con resultado incierto.

La conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo andaluces, los acuerdos previos a la constitución del gobierno y las medidas que ya se están adoptando, muestran que las fuerzas gobernantes en Andalucía han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los inmigrantes y los refugiados. También en la memoria histórica, cuya reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación señala a los responsables de los crímenes cometidos, deja en evidencia el sistema de impunidad en que han vivido los autores, y explica, en buena parte, el status social y económico del que siguen gozando muchas personas, empresas e instituciones.

En la misma línea, y como especialmente grave, valoramos la Resolución aprobada por el Parlamento europeo el pasado 19 de septiembre: Todo un ejemplo de revisionismo histórico, falsificación histórica y manifestación anticomunista. Constituye un intento deplorable de equiparar el fascismo y el comunismo, minimizando y justificando los crímenes del fascismo nazi,  y al tiempo  silenciando la lucha de los comunistas por la libertad de Europa en la guerra mundial, su esfuerzo y sacrificios para la liberación de los pueblos de la opresión fascista, o el papel que desempeñaron en el avance de los derechos democráticos (políticos, económicos, sociales y culturales) de los trabajadores y los pueblos. La Resolución muestra que los poderosos siguen odiando y temiendo a algo que, según ellos, desapareció en la última década del siglo XX.

Hemos sacado un comunicado, colgado en nuestra web, que condena esta Resolución, e insta a los eurodiputados españoles que lo votaron o se abstuvieron, a una rectificación pública.

Nada más. Muchas gracias.

"El timo de la tercera España", por Javier Cercas

El timo de la tercera España
Javier Cercas. El País, 22 SEP 2019


Cuando una sociedad democrática se rompe es imposible quedarse en medio; mejor dicho, es posible —la cobardía obra milagros—, pero es un error.

NO SÉ DE QUIÉN fue la idea, pero ahora mismo goza de un crédito cada vez mayor. La idea es más o menos ésta: en la Guerra Civil ninguna de las dos Españas tenía razón, porque ambas —la republicana y la franquista— cometieron atrocidades sin cuento; la razón la tenía la tercera España: aquella que, como los dos bandos eran igual de malos, se declaró neutral. En esa inhibición, en esa equidistancia entre violencias opuestas se halla el germen de la España de hoy, cuya democracia ha logrado superar la lucha fratricida entre extremos inconciliables, y esa es la herencia que hay que reclamar.

¿Tiene esto sentido? Recapitulemos. En 1931 se instauró en España una democracia en forma de República que un lustro después fue víctima de un golpe de estado que provocó tres años de guerra y 40 de dictadura. Es verdad que, en 1936, la República era una democracia pobre y frágil, muy imperfecta —mucho más, desde luego, que la democracia actual—; pero era una democracia, así que, al menos para nosotros, afortunados ciudadanos de una democracia, no puede caber la menor duda de quién tenía la razón política en la guerra: quienes defendieron la democracia, no quienes la atacaron. Claro está que ni mucho menos todos los que pelearon por la República creían en la democracia, pero el caso es que pelearon por ella; claro está que los republicanos también cometieron atrocidades, pero el caso es que defendían el Gobierno legítimo de la República. O dicho de otro modo: antes de 1936 la tercera España no sólo era una posibilidad sino una urgencia (eso fue la República: un intento, tan torpe como se quiera, de forjar un lugar de convivencia pacífico para las llamadas dos Españas); pero a partir de 1936, cuando la democracia fue atacada y el país se partió por la mitad, la tercera España se convirtió en una ficción, en una fantasía, en un timo (y, en la práctica, en un respaldo a la España de Franco).

Es lo que ocurre siempre en situaciones extremas. En la II Guerra Mundial los aliados cometieron muchas atrocidades, pero ni Hiroshima ni los bombardeos de las ciudades alemanas autorizan a decir que los nazis y los Aliados eran igual de malos, y que quienes tenían razón eran los neutrales. También cometieron graves errores los Gobiernos que lucharon contra ETA, igual que el que se enfrentó a la intentona separatista catalana de 2017, pero eran ellos, que poseían la legitimidad democrática, quienes tenían razón, y no quienes se inhibieron, equidistantes entre los que defendían la democracia y los que, con muertos o sin muertos, intentaron acabar con ella. George Orwell, que luchó por la II República y denunció sus atrocidades, lo dijo así: “Cuando se piensa en la crueldad, miseria e inutilidad de la guerra (…) siempre es una tentación decir: ‘Los dos bandos son igual de malos; me declaro neutral’. En la práctica, sin embargo, no se puede ser neutral, y difícilmente se encontrará una guerra en la que carezca de importancia quién resulte vencedor, pues un bando casi siempre tiende a apostar por el progreso, mientras que el otro es más o menos reaccionario. El odio que la República española suscitó en los millonarios, los duques, los cardenales, los señoritos, los espadones y demás bastaría por sí solo para saber lo que se cocía. En esencia fue una guerra de clases. Si se hubiera ganado, se habría fortalecido la causa de la gente corriente; pero se perdió, y los potentados de todo el mundo se frotaron las manos. Esa es la cuestión de fondo; todo lo demás es apenas espuma en la superficie”.

Claro que es la cuestión, y por eso la democracia ­actual debe reclamar la herencia de la II República. Cuando una sociedad democrática se rompe es imposible quedarse en medio; mejor dicho, es posible —porque la cobardía obra milagros—, pero es un error: o se está con la democracia, por imperfecta que sea, o se está contra ella. Por supuesto, hay que evitar que una sociedad se rompa; pero, si eso ocurre, no queda más remedio que hacer lo que hizo Antonio Machado, que defendió la II República hasta el final, y que escribió: “Es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au-dessus de la mêlée”. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/12/eps/1568289398_832929.html

El Auto del Supremo, Junio de 2019

El Auto del Supremo

Artículo publicado en la Revista de la Plataforma Contra la Impunidad del franquismo. Septiembre de 2019

Arturo Peinado Cano    @apces

Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Madrid, Junio de 2019.

Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros es un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. Una verdadera democracia no puede permitir que se siga honrando a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internaciones de derechos humanos.

El pasado 4 de Junio el Tribunal Supremo decidió, por unanimidad, a favor de adoptar la medida cautelar solicitada por la familia Franco, paralizando la exhumación del dictador del Valle de Cuelgamuros y el traslado de sus restos, acción programada por el Gobierno para el 10 de Junio. Los intentos de la familia Franco de entorpecer y sabotear la salida de los restos de Cuelgamuros con la inestimable colaboración de jueces que muestran sin rubor su connivencia con el franquismo, suponen vejar y humillar a las miles de víctimas del franquismo, a sus familias y al conjunto de la sociedad.

Creemos que el Supremo hubiera debido rechazar la cautelar, puesto que la exhumación y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panteón de El Pardo no suponen un daño real para la familia. Además el proceso hubiera sido fácilmente reversible, en caso de que el alto Tribunal estime finalmente el recurso de los abogados de la familia Franco contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso de los Diputados. Pero el Tribunal ha ido más lejos argumentando en el Auto, que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que resulta de un cinismo insultante.

También ha levantado polvareda la frase del Auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita calificarlo como dictador.

Pero no se puede acusar al Supremo de incoherencia porque el Estado español jamás ha condenado ni ilegalizado al franquismo, como tampoco la democracia española se reconoce heredera de la legitimidad republicana. El número 1 de nuestro actual BOE fue emitido por los golpistas el 2 de Octubre de 1936; la legislación (vigente o derogada a día de hoy) que se promulgó desde el 18 de Julio del 36 y entró a formar parte del ordenamiento jurídico español, no fue la republicana sino la del Estado franquista.

También se equivocan periodistas e historiadores que han afirmado que Franco fue Jefe de Estado legítimo sólo desde que acabó la guerra: la legitimidad la tuvo siempre el Gobierno de la República en el exilio, disuelto por el Presidente Maldonado tras las elecciones democráticas de 1977. Recordemos también la contundente condena del franquismo por la ONU en 1946, asimilándolo a los regímenes de Hitler y de Mussolini.

La Justicia española es siempre garantista con los derechos de los victimarios, pero mira hacia otro lado cuando se trata de los derechos de las víctimas. El TS ha adoptado una resolución política, no jurídica. La democracia española seguirá pagando las consecuencias de no haber depurado en su momento a los franquistas de los aparatos del Estado, especialmente de la judicatura.

Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy la prueba de fuego de la calidad de nuestra democracia. El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura.

Uno de los argumentos que los abogados de los Franco han presentado al Supremo para impedir la exhumación es que, de llevarse a cabo, ésta les produciría unos supuestos daños morales. Al menos ellos sabrán siempre dónde está enterrado su abuelo, porque docenas de miles de familias de víctimas del golpe del 36 y de la dictadura no tienen reconocido ni pueden ejercer ese derecho.

Intervención en el Homenaje a las víctimas del franquismo. Campo de Caso (Asturies), 18 de agosto de 2019

VII XORNAES D'ALCORDANZA Y HOMENAJE A LES VICTIMES DEL FRANQUISMU.

18 D'agostu Casu (El Campu)

Organizada por Estaya de la Memoira de l’Altu Nalón

Estimados compañeros y compañeras, amigos, camaradas.

Es para mí en privilegio y un honor tener la oportunidad de dirigirme hoy a vosotras y vosotros, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, organización conformada actualmente por 17 asociaciones y representada aquí en Asturias por las compañeras y compañeros de FAMYR.

Una vez, el compañero Joan Tardà nos dijo que todo lo que habíamos hecho (el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica), era poner el pie para impedir que nos cerrasen definitivamente la puerta del silencio y el olvido, y eso tenía un mérito enorme.

Los actos de homenaje, las conmemoraciones periódicas, la recuperación de lugares de memoria… son éxitos y conquistas en la lucha contra el olvido, el silencio y la impunidad que nos han querido imponer durante cuarenta años de dictadura, y otros más de cuarenta tras la muerte física del dictador. Os felicitamos por vuestro homenaje anual de Campo de Caso porque constituye una victoria contra el franquismo.

Quiero transmitiros dos reflexiones breves:

Es habitual decir que las víctimas del franquismo, nuestras abuelas y abuelos, nuestros compañeros… son inocentes. Es completamente falso, porque fueron conscientemente culpables de luchar por un mundo mejor para sus hijas y sus hijos, y para toda la Humanidad. Y esa fue la causa de su muerte. Pero también son culpables para el Estado español, porque todas las sentencias represivas del franquismo son, a día de hoy, plenamente firmas y legales.

La gente de la Memoria Histórica solemos decir que trabajamos para recuperar la dignidad de las víctimas. Es otra gran mentira: nuestros compañeros y compañeras, a nuestros padres y abuelos no pudieron ser despojados de su dignidad por los asesinos. Quienes no tienen dignidad son el Estado y la sociedad española, que consienten que miles de sus mejores hijos permanezcan enterrados en fosas clandestinas; que permiten que las sentencias de los tribunales represivos franquistas sigan siendo legales; que consienten que Franco siga enterrado en su mausoleo recibiendo honores, financiado por todos los ciudadanos, incluidos los hijos, y los nietos y nietas de sus víctimas.

En conclusión: no estamos aquí para conmemorar la muerte de nuestros compañeros y camaradas, sino sus vidas.

De nuevo os felicito por esta conmemoración anual contra la impunidad, el silencio y la mentira. Nada más, espero poder compartir con vosotras y vosotros muchos años más este acto de homenaje a las víctimas del franquismo, que son, sobre todo, luchadores contra el fascismo.

Salud, Memoria y República.

(Redacción a partir de la transcripción de las notas utilizadas en el acto del 18 de agosto).

#NiValleNiAlmudena #18JYoCondeno

Concentración de la Campaña #NiValleNiAlmudena

18 de Julio, 20 horas.

Puerta del Sol de Madrid

La Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc... ha convocado un acto público -coincidiendo con el 83 aniversario del golpe militar contra el régimen democrático y legal de la 2ª República- el próximo 18 de Julio desde las 20:00 horas, en la Puerta del Sol de Madrid. En dicho acto vamos a exigir la condena unánime de las instituciones al golpe militar y a la dictadura franquista, así como la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación.

Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador es un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos internacionales, que han solicitado a España dicha exhumación.

Como ya defendimos a las puertas del Tribunal Supremo el pasado 4 de junio, creemos que el alto Tribunal hubiera debido rechazar en su auto la medida cautelar solicitada por la familia Franco, de suspensión de la exhumación y traslado programados por el Gobierno, puesto que el objetivo de los diversos recursos presentados por la familia del dictador y por la Fundación que lleva su nombre, es dilatar el proceso. Esto debería haber sido, por sí mismo, causa de inadmisión de la petición.

Pero el Tribunal Supremo ha ido más lejos argumentando que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que supone un cinismo insultante. Resulta un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador, frente al desentendimiento del Estado de tantas víctimas del franquismo que todavía esperan justicia y reparación.

La adopción de medidas cautelares en un proceso judicial no supone ni puede suponer, en ningún caso, prejuzgar el fondo del asunto, como ha pasado en este auto. En conclusión, nos encontramos ante una decisión política, adoptada no según criterios jurídicos, sino en función de la ideología de los magistrados integrantes del tribunal. 

También ha generado polémica la frase del auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita calificarlo como dictador, es decir, cabeza de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Resulta inaceptable la equiparación que el Tribunal viene a hacer entre dictadura y democracia, al dar continuidad y validez –hasta el punto de servir de soporte argumental a la decisión final– a los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen democrático republicano. 

El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura. Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española.

Las pretensiones de la familia del traslado de los restos a la Almudena, son asimismo inaceptables. El enterramiento de Franco en un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. Si finalmente se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

Antes de su retirada, el Nuncio del Vaticano en Madrid se ha manifestado públicamente contra la exhumación de Franco, y ha proclamado como prioritarios los derechos y la voluntad de la familia. Sus afirmaciones constituyen una injerencia inaceptable en la soberanía popular representada en las Cortes, y muestran que la Iglesia oficial jamás ha dejado de posicionarse del lado de la impunidad del franquismo. La única declaración que las víctimas del franquismo y la sociedad española esperan de la Iglesia es una petición pública de perdón, por su participación activa en la represión desatada por los golpistas y su colaboración con la dictadura. El papel de la Iglesia, unido a la labor obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso, demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus legal del Valle.

Las organizaciones que respaldamos la Campaña #NiValleNiAlmudena estamos comprometidas a continuar las acciones de concienciación y las movilizaciones, hasta conseguir la salida de los restos de Franco de la Basílica de Cuelgamuros y su inhumación definitiva en un lugar donde no pueda ser objeto de homenajes y actos de exaltación de su figura, ni de la dictadura que encabezó.

En caso de que el TS paralice la exhumación, estimando el recurso de la familia contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso en 2018, asumimos el compromiso de seguir trabajando para que el nuevo Gobierno y el Parlamento adopten inmediatamente las medias políticas y legales que permitan retomar el proceso de salida definitiva e irreversible de Franco de Cuelgamuros, con todas las garantías jurídicas.

#NiValleNiAlmudena   #18JYoCondeno

"Suprema Impunidad", publicado en SiempreEs26, 10-06-2019

El Supremo ha adoptado una resolución política, no jurídica. Pero no se le puede acusar de incoherencia

Arturo Peinado Cano (@apces), presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

El pasado 4 de Junio el Tribunal Supremo ha decidido a favor de adoptar la medida cautelar solicitada por la familia Franco, paralizando la exhumación del dictador del Valle de Cuelgamuros y el traslado de sus restos, acción prevista por el Gobierno para el 10 de Junio.

Venimos defendiendo públicamente que cada día que Franco pasa en Cuelgamuros es un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. Asimismo, los intentos de la familia Franco de entorpecer y sabotear la salida de los restos de Cuelgamuros con la inestimable colaboración de jueces de convicciones democráticas “discutibles”, suponen una vejación y humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias y para el conjunto de la sociedad.

Una verdadera democracia no puede permitir que se siga honrando a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internaciones de derechos humanos. Un criminal debe tener sólo un reconocimiento particular, al contrario que los defensores de la República y las personas que lucharon contra el franquismo, que deberían ser honrados oficialmente por el Estado, y siguen, en muchos casos, en cunetas.

Creemos que el Supremo hubiera debido rechazar la cautelar de manera tajante, puesto que la exhumación y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panteón de El Pardo no suponen un daño para la familia, ya que ambos lugares de enterramiento son propiedad del Estado español. Asimismo, en caso de que el Tribunal Supremo estime finalmente el recurso de los abogados de la familia Franco contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso de los Diputados, el traslado de restos previsto para el 10 de Junio hubiera sido fácilmente reversible. Argumentar en el auto del 4 de junio que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, resulta de un cinismo insultante.

En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el TS ha adoptado una resolución política, no jurídica. Pero de lo que no se le puede acusar es de incoherencia.

Ha llamado la atención y ha generado polémica en los medios y en la sociedad, que el Supremo en su auto, afirme que Francisco Franco fue “jefe del Estado” desde el 1 de octubre de 1936. En aquella fecha, solo habían pasado dos meses desde el golpe militar del 18 de julio y quedaban por delante más de dos años de Guerra Civil. Por tanto, al reconocer la legalidad de la proclamación de Franco por la Junta de Defensa golpista, considera como ilegítima a la II República.

Una cosa es la verdad histórica, dado que existe un generalizado consenso académico sobre la legalidad y la legitimidad republicanas, y otra es que el Estado español actual ni se reconoce como heredero de la República, ni ha ilegalizado el franquismo. Todo ello fruto de que en la Transición no se produjo una ruptura democrática con el pasado dictatorial. No se puede seguir ocultando la gravedad de que la construcción jurídica del Estado español se fundamente en una flagrante falsificación histórica.

El 18 de julio de 1936 Franco, Queipo de Llano, Fanjul, Saliquet, Goded y Cabanellas fueron separados de sus funciones y tres días después expulsados del ejército, lo que se publicó en la Gaceta de Madrid, antecedente del BOE. Pero a día de hoy el Estado español no reconoce esa expulsión, sino los grados militares que tenían los golpistas en aquel momento, además de todos los ascensos, condecoraciones, etc.. que se autoconcedieron posteriormente.

Otro ejemplo, ente muchos, de la continuidad jurídica entre el franquismo y la democracia actual es que todas las sentencias represivas del franquismo continúan siendo legales y firmes. Es más, el gobierno de Rodríguez Zapatero argumentó durante la elaboración de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que las sentencias emitidas por los tribunales entre 1936 y 1977 en aplicación de la legislación represiva del franquismo, no podían ser declaradas nulas porque ello supondría poner en riesgo la seguridad jurídica.

¿Somos conscientes de que el número 1 del actual Boletín Oficial del Estado es de fecha 2 de Octubre de 1936? La legalidad actual proviene directamente del 18 de julio, y asume la ruptura con la legalidad constitucional republicana como propia (1). Por supuesto, el sistema democrático ha sustituido y derogado buena parte de la legislación franquista (como en las disposiciones derogatorias de la Constitución). Pero la legislación que desde el 18 de Julio del 36 hasta 1977, entró a formar parte del ordenamiento jurídico español no fue la promulgada por la República sino por el Estado franquista, tanto la que pueda seguir en vigor como la que ha sido derogada en democracia.

La Justicia española es siempre garantista con los derechos de los victimarios, mira hacia otro lado cuando se trata de los derechos de las víctimas, y nunca pierde oportunidad en apuntalar el Modelo Español de Impunidad. ¿Qué se puede esperar del Tribunal Supremo, si reconoce explícitamente en un Auto aprobado por unanimidad, la legalidad del golpe del 18 de Julio? El sistema democrático seguirá pagando las consecuencias de no haber depurado en su momento a los franquistas de los aparatos del Estado. 

Especialmente grave es el caso de la judicatura, donde perviven endogamias, valores y hábitos que muy difícilmente podríamos calificar como democráticos. Además, las políticas de nombramientos de los gobiernos de la derecha, junto a la connivencia entre magistrados y políticos conservadores han empeorado la situación, llevándola a un estado difícilmente reversible.

El accidentado proceso para exhumar a Franco y trasladarlo desde Cuelgamuros, así como los avatares de la llamada Querella argentina, por ejemplo, la Circular de la Fiscalía General del Estado (2), han tenido a pesar de todo un efecto positivo: dejar en evidencia la continuidad y plena vigencia a día de hoy, de lo que dimos en llamar el Modelo español de impunidad.

Un Modelo de Impunidad, explicitado en el llamado “Documento Nizkor” (3), que no sólo sigue plenamente vigente, sino que cada vez se muestra como un elemento central y definitorio del sistema democrático creado durante la Transición, y de lo que ahora se da en llamar el “Régimen del 78”. Cuando en los años 80 los políticos españoles definían nuestro modelo de Transición a la democracia como ejemplar y exportable, de lo que realmente estaban hablando era de impunidad.

Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy la prueba de fuego de la calidad de la democracia española. El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el día 13 de septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas (Gobierno y Parlamento), o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura.

La campaña #NiValleNiAlmudena respaldada por más de 100 organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, colectivos religiosos, vecinales, feministas, ecologistas, políticos, sindicales, culturales, etc… ha propuesto crear una comisión parlamentaria para investigar y hacer públicos la herencia recibida y el origen de las propiedades actuales de los Franco, y asimismo conocer las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de dicha familia. Esta actuación pretende, con 44 años de retraso, naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia del dictador) como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia.

Uno de los argumentos que los abogados de los Franco han presentado al Supremo para impedir la exhumación es que, de llevarse a cabo, les produciría unos supuestos daños morales, y el Tribunal ha acordado en su auto la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador. Al menos ellos sabrán siempre dónde está enterrado su abuelo, porque docenas de miles de familias de víctimas del golpe del 36 y de la dictadura, no tienen reconocido ni pueden ejercer ese derecho.

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(1) A partir del “Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936”, informe de discutido valor jurídico que trató de justificar la “ilegimitidad” del Gobierno de la Segunda República. Fue entregado en febrero de 1939 a Ramón Serrano Suñer.

(3) “La Fiscalía española ni investiga ni deja investigar”

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, 10 octubre 2016

https://www.foroporlamemoria.info/2016/10/la-fiscalia-espanola-ni-investiga-ni-deja-investigar/

(2) La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Equipo Nizkor, 14 de abril de 2004

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html

https://siemprees26.wordpress.com/2019/06/10/suprema-impunidad/#more-592