Políticas de memoria y de olvido en la ciudad de Madrid

Arturo Peinado Cano, @apces

Licenciado en Historia. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Memòria Antifranquista nº 20. 

Portavoz de l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat

Página 18. Julio de 2020

Edició en castellà

http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/biblio/MAF20-cast.pdf

http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/biblio/MAF20-cat.pdf

Madrid, 1979-2015

En 1979 la ciudad de Madrid volvía a tener una corporación democrática, desde el ayuntamiento republicano en marzo de 1939, encabezada ahora por Enrique Tierno Galván.

Aunque se habló, en principio, de unas 160 calles con nombres vinculados al franquismo, en 1980 el Ayuntamiento rebautizó 27 calles y avenidas. El criterio de selección consistió en que, en líneas generales,  las nuevas denominaciones recuperarían las que tenían antes de la República. Se eligieron las 27 que tenían una vinculación más directa con el franquismo y que además, estaban enclavadas en los ejes fundamentales de la ciudad. Votaron a favor de la modificación los partidos que sustentaban al equipo de gobierno, PSOE y PCE, y en contra la UCD.

En diciembre de 2007 el Parlamento aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica, que disponía  en su artículo 15  que “Todas las administraciones están obligadas a la retirada de símbolos o referencias que tengan que ver con la exaltación de la sublevación militar de 1936, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista”.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, declaró que consultaría con expertos qué calles de la ciudad deberían cambiar de nombre por estar afectadas por la Ley. El alcalde sólo mencionó entre los "expertos" a los que se refería, a los cronistas de la Villa. Ruiz-Gallardón echó balones fuera, obviando el centenar largo de calles franquistas de Madrid, argumentando que "es fundamentalmente la Administración General del Estado la que conserva símbolos referidos al anterior jefe del Estado".

El Ayuntamiento de Madrid no aplicó la Ley. Sí se retiró casi completamente la abundante simbología franquista en edificios de la Administración General del Estado, por parte de la administración socialista entre 2008 y 2011, afectando fundamentalmente a los ministerios de Defensa, Agricultura, Interior y Hacienda, e incluso al Palacio de la Moncloa.

La Cárcel de Carabanchel, inaugurada en 1944 y construida por presos, albergó durante la dictadura franquista a reclusos comunes y sociales, y sobre todo, a numerosos presos políticos. El 16 de julio de 2008 el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un acuerdo para construir equipamientos y viviendas en los terrenos de la prisión, y repartirse los beneficios.  La crisis económica fastidió el cuento de la lechera, pero la destrucción de lo que pudo haber sido uno de los más importantes lugares de memoria de todo el Estado, no se frenó.

Asociaciones vecinales de Carabanchel y Aluche, organizaciones de defensa de la memoria histórica de la lucha antifranquista, y personas de diversos ámbitos sociales y culturales formaron la Plataforma para la creación de un Centro para la Paz y la Memoria en la antigua Cárcel de Carabanchel. Pedían que se conservara la cúpula para albergar un espacio de recuperación de la memoria histórica, y reclamaban que en el solar se construyeran un hospital y servicios sociales para el barrio. A pesar de las protestas, el Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, acabó derribándola en octubre de 2008. Once años después nada se ha construido; permanece el enorme solar vacío y de la cárcel sólo queda el controvertido Centro de Internamiento de Extranjeros. La Plataforma por el Centro de Memoria sigue reivindicando activamente la construcción del Memorial.

Elementos de la sociedad civil comenzaron a trabajar en la creación de un lugar de memoria no oficial en la tapia del cementerio de la Almudena. Desde 1988 una placa recuerda a las Trece Rosas. Esta iniciativa tomó impulso a partir de las investigaciones de Mirta Núñez y Antonio Rojas Friend, que recogían los primeros listados de víctimas. El colectivo Memoria y Libertad, que reúne a familiares de los allí asesinados, organiza anualmente un acto de homenaje que ya lleva 13 ediciones.

El Gobierno de Progreso. 2015-2019

En las elecciones municipales de mayo de 2015 ganó en la ciudad de Madrid la candidatura Ahora Madrid. Su cabeza de lista, Manuela Carmena, con el apoyo del PSOE, se convirtió en alcaldesa.

Las primeras acciones del nuevo gobierno municipal en materia de memoria histórica fueron polémicas: la delegada de Cultura, Celia Mayer, ordenó en febrero de 2016  la retirada de tres monumentos franquistas. Tras las críticas unánimes de la oposición y una querella de la Fundación Francisco Franco,  el equipo de Carmena suspendió la retirada hasta desarrollar una normativa municipal. Tras reponer los elementos, se retiraron a Mayer las competencias sobre Memoria Histórica.

La Cátedra de Memoria

A finales de 2015  se conoció que la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”, conformada por historiadores, sociólogos, archiveros… había recibido el encargo por parte del Ayuntamiento de proyectar un “Plan Integral Memoria Madrid.” Se constituyó para ello un grupo de trabajo.

Inmediatamente comenzó una campaña de acoso mediático que fue in crescendo hasta conseguir la renuncia de la Cátedra. El linchamiento, que no tuvo el menor reparo en difundir mentiras y calumnias, estuvo encabezado por medios de comunicación de extrema derecha y por la edición madrileña del diario El País. En palabras de uno de los coordinadores del grupo de trabajo:

No hubo tregua desde el principio. ¿Cuáles fueron las razones? Probablemente se puede especular en torno a las siguientes hipótesis: primero, el decidido compromiso de llevar hasta el final y con todas sus consecuencias el citado Plan (…). Una segunda razón no se puede escapar: la impecable trayectoria de los integrantes de aquel Equipo Interdisciplinar –con reconocidos expertos en cada una de las materias– habituados a este tipo de "batallas por la memoria" en terrenos tan poco propicios para el cumplimiento de los Derechos Humanos. Y, en tercer lugar, el decidido apoyo a tal Equipo por parte de los movimientos sociales por la memoria. (…)

El juguete se rompió con la famosa publicación del "listado" atribuido a la Cátedra por parte de El País. Pero no por la publicación en sí misma, sino por las declaraciones de la propia Alcaldesa en donde daba por buena aquella información (…).[1]

La campaña de acoso y derribo culminó con la creación de una noticia falsa por la edición madrileña de El País. La aceptación de las calumnias como verdaderas por parte de la alcaldesa, y la renuncia de continuar con el encargo por parte de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, certificaban el triunfo de dicha operación.[2]

El País publicaba ayer una lista de 256 nombres que supuestamente habían sido propuestos por la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense para la reforma del callejero que el ayuntamiento de Madrid tiene previsto realizar en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. (…)  Hoy la Cátedra ha publicado un comunicado en el que niega de manera tajante la autoría del listado que adelantaba El País (…).

El Comisionado de Memoria

El 6 de mayo de 2016 se hizo pública la composición de un Comisionado de Memoria Histórica municipal presidido por la abogada Francisca Sauquillo.

Se celebró una primera reunión entre Sauquillo y los colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo, donde la mayor parte de los asistentes rechazamos la propia constitución y la composición del Comisionado.

Llamaba la atención la ausencia de juristas especialistas en memoria histórica y derechos humanos. Otro tanto podríamos decir de archiveros, documentalistas, antropólogos sociales.... También manifestamos al Ayuntamiento que era inaceptable la ausencia de representantes del movimiento memorialista y de víctimas del franquismo. Como escribió el jurista Rafael Escudero[3]:

A estas alturas, poco o nada sorprenderá la ausencia de representantes de las asociaciones de víctimas y memorialistas en la Comisión. La explicación ofrecida por Sauquillo es que no pueden estar porque “son parte, por reclamar… la verdad, la justicia“.  (…) Pero si hay personas que deben de estar muy contentas estos días, estas son Esperanza Aguirre y los integrantes de la derecha madrileña. Sin estar en el poder, han alcanzado sus últimos objetivos: desactivar por completo las políticas de recuperación de la memoria histórica en Madrid y mantener las reivindicaciones de las víctimas en el olvido institucional. Esperemos no tener que lamentarlo demasiado.

El criterio de la alcaldesa era alcanzar el consenso entre los grupos municipales, tanto en la composición del Comisionado como en el objetivo: el cumplimiento de la Ley de Memoria de 2007.  Como resultado,  la actuación del Comisionado no fue compatible con el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento en materia de Derechos humanos. Tampoco con los compromisos adquiridos por la alcaldesa, su equipo de Gobierno y los grupos municipales que lo sustentaban. Los colectivos de víctimas del franquismo no estaban representados en el Comisionado; especialistas de las disciplinas relacionadas, tampoco. El Arzobispado de Madrid, sí.

El historiador José Álvarez Junco fue nombrado Vicepresidente del Comisionado. Prosigue Escudero Alday:

(…)  Sorprende también su incorporación a la Comisión, dado que se trata de una persona que rechaza la nulidad de los juicios del franquismo y que en sus escritos incluso se ha manifestado en contra del propio concepto de “memoria histórica”. (…) Estar en una comisión de memoria histórica cuando no se comparte su propio concepto de partida es lo más cercano a meter un “quintacolumnista” en ella.

Otra persona que entró a formar parte del Comisionado fue el escritor Andrés Trapiello, propuesto por el grupo municipal de Ciudadanos. Lo explica el historiador Francisco Espinosa:[4]

Sin duda, debe ser por el desprecio que siente y por la forma en que ha maltratado en sus escritos al movimiento en pro de la memoria por lo que Trapiello ha sido elegido como uno de los vocales de la comisión que encabeza Francisca Sauquillo, designada a su vez por Manuela Carmena. Hay que felicitar a la derecha, ya que una vez más ha conseguido su propósito, en este caso controlar el asunto del callejero y los vestigios franquistas.

Trapiello y otro miembro del Comisionado, el historiador Octavio Ruiz Manjón, firmaban en marzo de 2018 el llamado "Manifiesto por la historia y la libertad" contra la reforma de la ley de Memoria Histórica que proponía el PSOE. Otros firmantes eran Santiago Abascal, Fernando Savater, Stanley G. Payne, Jon Juaristi, Pío Moa, Jaime Mayor Oreja, Joaquín Leguina, María San Gil, Alberto Ruiz-Gallardón, el bisnieto del dictador Luis Alfonso de Borbón, o el militar Santiago Milans de Bosch[5].

El Callejero: Movilizaciones y juicios

El equipo de gobierno municipal y las fuerzas políticas que lo apoyaban renunciaron a ir más allá de la retirada de 53 calles designadas por el Comisionado de Memoria. Los colectivos memorialistas no sólo cuestionamos algunos de los nombres que sustituirían a las que se proponen retirar, también algunas propuestas de señalización de lugares de memoria recogidas en el libro editado por el Ayuntamiento [6], tuvieron contestación por parte del movimiento memorialista madrileño, que de acuerdo con otras entidades (vecinales, sociales…), presentó su propia alternativa:

1. Un listado de 132 calles y plazas franquistas que deberían ser renombradas.

2. Un segundo listado de 80 calles sobre las que existían dudas en cuanto a los motivos para su concesión. De estas, se solicitaron al consistorio los expedientes administrativos.

3. Un listado de 102 nombres alternativos, con propuestas de personas y hechos relacionados, mayoritariamente, con la memoria democrática.

Al mismo tiempo, el movimiento memorialista mantenía la movilización en la calle:

(…) Hemos expresado al Ayuntamiento de Madrid nuestro profundo desacuerdo con el Informe del Comisionado de Memoria Histórica presentado al pleno municipal el pasado mes de enero, concretamente por la propuesta que se hace de señalización de lugares de memoria. Entendemos que incide y reproduce la situación de injusticia y discriminación de las víctimas del franquismo, en nombre de una supuesta equidistancia que equipara a los defensores de la legalidad democrática con quienes mantuvieron secuestrada la soberanía nacional durante décadas (…).[7]

La retirada aprobada de 53 calles fue paralizada por cinco denuncias diferentes. Nuestra Federación se personó en el procedimiento general, y a pesar de las alegaciones de la Fundación Nacional Francisco Franco, el Juzgado de lo Contencioso nos reconoció el derecho a actuar como codemandados en la querella.

El Memorial en el Cementerio del Este. El Informe del Comisionado.

En febrero de 2018 un equipo multidisciplinar, dirigido por el historiador Fernando Hernández Holgado, presentó un Informe encargado por el Ayuntamiento sobre la represión franquista en el Cementerio del Este, con un listado actualizado de las víctimas, que había de servir como fundamento de un proyecto de Memorial.[8]

Por su parte, el Informe del Comisionado sobre el Memorial favoreció el retraso de la construcción, y junto a diversos problemas administrativos, que no fuera acabado e inaugurado durante la legislatura de gobierno de Ahora Madrid. El Comisionado, haciendo suyos los argumentos de los medios de derechas, propuso que no constasen los nombres de los 2.937 fusilados. [9]Sus conclusiones chocaban frontalmente con el Informe del equipo dirigido por Hernández Holgado y con los compromisos públicos del gobierno municipal.[10]

El papel del Comisionado en este tema no consistió solamente en aplicar una estrategia deliberadamente obstruccionista. También proporcionó al actual gobierno municipal de PP y Cs apoyado por Vox, la argumentación para frenar la finalización del Memorial, y finalmente la eliminación de los nombres. La polémica sobre el papel del Comisionado se ha reabierto, tras el desmantelamiento del proyecto original del Memorial en noviembre 2019 por el nuevo alcalde, Martínez Almeida.

La actual corporación defiende que el Comisionado pidió un monumento anónimo y un segundo memorial a las víctimas franquistas. Miembros del Comisionado arguyen que en su informe abrían la puerta a la construcción de una segunda placa que recordara a los muertos “del otro bando”. Nosotros, por una vez estamos de acuerdo con Andrés Trapiello: “Quien ahora ha quitado los nombres no ha hecho otra cosa que lo que el Comisionado de la Memoria aconsejó en su día, insisto, por unanimidad”.[11]

El Informe sobre el Memorial supuso el fin del Comisionado, dado que parte del grupo de Ahora Madrid lo consideró inaceptable. Por fin, quedó disuelto en junio de 2018.

2019. La derecha vuelve al gobierno. Conclusiones

Tras las elecciones municipales de mayo de 2019 se formó un gobierno de coalición para la ciudad de Madrid presidido por José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, con Begoña Villacís de Ciudadanos como Vicealcaldesa, y apoyado por la extrema derecha.

Durante el período de Gobierno de Ahora Madrid (2015-2019) se realizó una importante política de memoria (con resultados tangibles como el cambio de casi medio centenar de nombres de calles significativas) aunque alejada de las expectativas creadas. Hay que agradecer lo conseguido, fundamentalmente, al compromiso personal en circunstancias difíciles, de algunos miembros del gobierno municipal y presidentes/as de Juntas de Distrito.

El nuevo equipo de gobierno de derechas ha utilizado sus primeros meses de gobierno para desmantelar, sin complejos y sin pausa, las políticas progresistas desarrolladas durante la legislatura anterior.  Los avances en materia de memoria histórica y democrática han sido un objetivo central de sus ataques. En junio el consistorio de Martínez Almeida anunció el cierre de la Oficina municipal de Derechos Humanos y Memoria. Le siguió la renuncia a levantar el memorial aprobado en los terrenos de la cárcel de Carabanchel.

El pasado 18 de noviembre, el  actual equipo de gobierno arrancó las lápidas con los nombres de las personas ejecutadas en el Cementerio del Este. El gobierno de Martínez Almeida ha modificado el criterio con el que fue erigido el Memorial, cambiando completamente su significación para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia.[12]

Una plataforma recientemente constituida de colectivos memorialistas, sociales,  vecinales, políticos, sindicales, culturales… exige la inmediata reversión del proceso con la reconstrucción del Memorial conforme al proyecto original, y anuncia movilizaciones.

De cómo se construye el relato del pasado depende en gran parte la legitimación de los actos y políticas presentes. Por ello, el nuevo consistorio ha sido especialmente beligerante contra la Memoria histórica. La aparición de un espacio político de la extrema derecha  sirve como coartada a la derecha “de toda la vida” para aplicar políticas revisionistas.

¿Porqué la derecha cuando llega al poder actúa sin el menor escrúpulo, y la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso? Todavía estamos esperando una declaración de condena del franquismo por parte del pleno municipal, solicitada en varias ocasiones durante la anterior legislatura. Sí se aprobó una moción sobre la revolución húngara de 1956.

Madrid, como capital del Estado, constituye una referencia y un ejemplo a seguir por otras muchas instituciones. Esperemos que pronto las fuerzas progresistas puedan construir una alternativa capaz de recuperar el Ayuntamiento, analizando y asumiendo la experiencia de los años 2015-2019, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos.

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[1] Gálvez Biesca, S. (30-7-2016) El juguete roto de la Cátedra Memoria Histórica del Siglo XX. El Diario. Recuperado desde: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Catedra-Memoria-Historica-Siglo-XX_6_541455874.html

[2] Garín, J. (11-02-2016)  La polémica del callejero que creó El País. Diagonal. Recuperado desde: https://www.diagonalperiodico.net/blogs/nolescreas/la-polemica-del-callejero-creo-pais.html

[3] Escudero Alday, R. (07-05-2016) Madrid: la comisión de la (des)memoria histórica. La Marea. Recuperado desde: http://www.lamarea.com/2016/05/07/madrid-la-comision-de-la-desmemoria-historica/

[4] Espinosa Maestre, F. (04-05-2016). La comisión.  Público. Recuperado desde: http://blogs.publico.es/dominiopublico/16691/la-comision/

[5] La Razón, (03-09-2018) El manifiesto contra la reforma de la ley de Memoria Histórica del PSOE suma casi 24.000 firmas. Recuperado desde: https://www.larazon.es/espana/mas-de-200-expertos-firman-un-manifiesto-contra-la-exhumacion-de-franco-CJ19674053

[6] Ayuntamiento de Madrid (2017) Memoria Histórica: Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid.

[7] Colectivos memorialistas madrileños (27-02-2017) #NiUnaCalleFranquista: Fuera golpistas y asesinos del callejero madrileño. https://www.foroporlamemoria.info/2017/02/niunacallefranquista-fuera-golpistas-y-asesinos-del-callejero-madrileno-3/

[8] Hernández Holgado, F. (2018) Listado de personas ejecutadas durante las posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid. Informe explicativo / Cronológico y Alfabético. Ayuntamiento de Madrid. Recuperado desde: https://cutt.ly/orci2OU

[9] El País (30-04-2018) El memorial de la Almudena incluirá los nombres de todos los fusilados, incluidos los chequistas. El Comisionado de la Memoria Histórica sugirió que se consultasen las identidades a través de un código QR. Recuperado desde: https://elpais.com/ccaa/2018/04/30/madrid/1525085713_995072.html

[10] Olmeda, F. (10-04-2018) 14 de abril, homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid. Nueva Tribuna. Recuperado desde: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/memorial-todos-nombres-reivindica/20180410105428150683.html

[11] Mateo, J.J. (28-11-2019) Ni paz, ni piedad, ni perdón. El País. Recuperado desde: https://elpais.com/ccaa/2019/11/27/madrid/1574877577_119763.html

[12] Europa Press, (29-07-2019) Ayuntamiento reitera la paralización del Memorial de la Almudena porque "no sirve para favorecer la concordia". Recuperado desde: https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuntamiento-reitera-paralizacion-memorial-almudena-porque-no-sirve-favorecer-concordia-20190729132105.html

Muerte de un torturador

Arturo Peinado Cano  @apces

Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

7 de mayo de 2020

"Muerte de un torturador". Ese debía haber sido el titular de todos los medios de comunicación. Pero casi todos, incluyendo a los más progresistas, hablan hoy de la muerte del "Expolicía" Antonio González Pacheco, alias «Billy El Niño».

Billy el Niño, el torturador, fallece sin haber rendido cuentas ante la justicia ni ante sus víctimas. De nuevo, triunfa el Modelo Español de Impunidad implantado en la modélica Transición. Por muy significado que sea el caso de González Pacheco, no es más que otro criminal que muere en la cama. Cientos, miles lo han hecho antes, sin pagar tampoco la cuenta que tenían pendiente con sus víctimas, con toda la sociedad, y con un mundo en el que se supone que se respetan los derechos humanos. Claro, que siempre hay excepciones.

En los últimos años, hemos visto cómo asociaciones memorialistas y fuerzas políticas exigían la retirada de medallas bien remuneradas concedidas a González Pacheco, algo que no ha llevado a cabo ningún gobierno en 45 años. Está bien, pero ¿es suficiente? ¿Eso acaba con la impunidad de los crímenes o se hace mínimamente justicia? ¿Qué pasa con los privilegios heredados por los deudos de los criminales muertos? ¿Se van a retirar las prebendas en la pensión de su viuda, que seguro que es enormemente superior a la de cualquiera de las víctimas?

En el lugar donde Billy el Niño cometió buena parte de sus crímenes, el edificio de Correos de la Puerta del Sol de Madrid,antigua Dirección General de Seguridad y actual sede del gobierno de la Comunidad, no hay una placa de recuerdo a los cientos de estudiantes y trabajadores y trabajadoras, torturados, apaleados, defenestrados. Los votos del PP y Ciudadanos lo impidieron en una votación de la Asamblea regional, en Mayo de 2016. Los políticos de derechas tienen muy claro esto de la memoria histórica; otras y otros, no tanto. Hoy, Isabel Díaz Ayuso ocupa la sede de Sol, que sigue sin placa de homenaje a los torturados por Billy (perdón por la confianza).

Lo único que diferencia a Billy el Niño del resto de ejecutores de la represión, de los legisladores que la promulgaron, de los responsables políticos de la dictadura, es que González Pacheco -que fue policía hasta 1982- ha muerto más tarde y ha podido ser señalado por sus víctimas y por parte de la sociedad. Para la mayoría de ellos, la ejemplar Transición fue una máquina de lavado de pasados siniestros, como se lava el dinero negro de la corrupción, del tráfico de armas, drogas o mujeres.

A Billy el Niño le incluirán entre los homenajeados por el Estado, ya que ha muerto a causa del Covid19. Igual que su colega Melitón Manzanas recibe todo tipo de honores y reconocimientos como víctima del terrorismo.

El 7 de septiembre de 2018, hicimos un escrache frente a la casa de Billy el Niño. Participamos compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, de La Comuna, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, y del 15-M Chamartín. Algunos de los asistentes habían sido torturados personalmente por González Pacheco. Señalarle como torturador ante sus vecinos, su familia, todo el barrio, fue un pequeño triunfo. Quizás conseguimos avergonzarle o sintió por un momento un peso en la conciencia (si alguna vez la tuvo), aunque eso no tiene la menor importancia.

Luchamos porque no mueran más torturadores franquistas sin sentarse delante de un banquillo, acusados de crímenes contra la humanidad. Para que mueran condenados penalmente, socialmente señalados, y envueltos en la ignominia. Para que no quede ni una sola víctima de la dictadura (viva o muerta) sin reparar. Para que este país y esta sociedad paguen su deuda con los luchadores/as por la democracia y por la libertad. Las víctimas de Billy el Niño, todas las víctimas, deben recibir el máximo reconocimiento público y oficial, y los que viven tienen que salir a la calle a cara descubierta, con la cabeza alta y con nuestro agradecimiento, que siempre será insuficiente comparado con su sacrificio.

Pero hoy, es el momento de festejar la muerte de un torturador.

Con palabras de Mario Benedetti.

Obituario con hurras

Vamos a festejarlo

vengan todos

los inocentes

los damnificados los que gritan de noche

los que sueñan de día

los que sufren el cuerpo

los que alojan fantasmas

los que pisan descalzos

los que blasfeman y arden

los pobres congelados

los que quieren a alguien

los que nunca se olvidan

vamos a festejarlo

vengan todos

el crápula se ha muerto

se acabó el alma negra

el ladrón

el cochino

se acabó para siempre

hurra

que vengan todos

vamos a festejarlo

a no decir

la muerte

siempre lo borra todo

todo lo purifica

cualquier día

la muerte

no borra nada

quedan

siempre las cicatrices

hurra

murió el cretino

vamos a festejarlo

a no llorar de vicio

que lloren sus iguales

y se traguen sus lágrimas

se acabó el monstruo prócer

se acabó para siempre

vamos a festejarlo

a no ponernos tibios

a no creer que éste

es un muerto cualquiera

vamos a festejarlo

a no volvernos flojos

a no olvidar que éste

es un muerto de mierda.

Recuperar el relato de la historia, por Juan Manuel Aragüés

Recuperar el relato de la historia

Juan Manuel Aragüés. InfoLibre, 27/04/2020


contacta@infolibre.es @JArags


Que el papel lo aguanta todo es una expresión habitual de nuestro idioma. Con ella queremos poner de manifiesto la a veces evidente distancia que existe entre una declaración, una posición política, una propuesta, y el perfil o intenciones de quien la enuncia. Como el papel va perdiendo, a marchas forzadas, el privilegio comunicativo que en otras épocas tuviera, bien podríamos decir que esa capacidad de aguante, de sostenimiento, se extiende por igual a todo discurso público. Cada vez, en esta época de la posverdad, constatamos con mayor frecuencia la propensión fabulatoria de buena parte de nuestros actores sociales y políticos, atentos, en todo momento, a construirse el discurso que más se ajuste a sus necesidades, aunque este poco tenga que ver con la realidad. Y hacer hegemónica una mirada sobre la realidad garantiza la eficacia política de quien la detenta.

En los últimos años, la derecha española, en sus diferentes versiones, ha perdido buena parte de los complejos que arrastraba desde la Transición y ha comenzado a retirar todos los velos que cubrían su visión del mundo. Tras jugar durante un tiempo al juego del centrismo, como modo de adquirir legitimidad democrática, ha abandonado ese campo para regresar a un discurso profundamente reaccionario que, en muchas ocasiones, no oculta sus querencias franquistas. La crisis territorial que estamos viviendo ha ayudado mucho en esa dirección. Pero hay un campo, el de la historia de España, en concreto el período de la II República y de la Guerra Civil, en el que la derecha ha mantenido un discurso constante que los sectores progresistas de este país no han querido, o sabido, afrontar y que, entiendo, están detrás de muchas de las posiciones que en la actualidad la extrema derecha puede defender con una cierta aquiescencia social.

En efecto, la derecha, cuyo cordón umbilical con el franquismo siempre se ha mantenido activo, ha presentado el período de la II República como un episodio de caos, de violencia y desgobierno que desembocó, de modo casi necesario, en una intervención militar cuyo resultado fue el restablecimiento de la paz social en el país, aunque para ello fuera precisa una desgraciada Guerra Civil en la que, dicen, "ambos bandos cometieron barbaridades", como ocurre en toda guerra, añaden. Se convierte, de este modo, la primera experiencia democrática seria de nuestro país, con innegables logros políticos, sociales y culturales, en una época sobre la que pasar de puntillas y cuyo recuerdo resulta, incluso, incómodo. Y la Guerra Civil en un juego de equidistancias en el que no merece la pena entrar. Y así, mientras para la II Guerra Mundial nos queda muy claro dónde se encontraba la defensa de la libertad, cuando de la Guerra Civil se habla esta perspectiva desaparece por completo. Desde mi punto de vista, ese relato histórico, a pesar de nuestros tiempos democráticos, no ha dejado de ser hegemónico.

Recuerdo mis años de escolar. Cuando Franco muere, yo contaba diez años. Y recuerdo mi estupor cuando en casa, antes de la muerte del dictador, se me explicó que la Guerra Civil la había provocado un golpe de Estado encabezado por Franco. Tal como se me habían explicado las cosas en el colegio, yo había entendido que Franco siempre había sido la autoridad legítima y que la guerra la provocan quienes se sublevan contra él. Recuerdo también haber hablado de la cuestión con algún compañero de clase y cómo me contestó que Franco había traído la paz a España. Paradójico que quien provocó una guerra sea presentado como pacificador. No es de extrañar, claro, que la escuela del momento, como aparato ideológico de la dictadura, transmitiera esa versión falseada de la realidad histórica. Lo sorprendente es que, consolidada la democracia, la versión hegemónica de ese momento histórico no fuera en exceso diferente de la que transmitía la escuela franquista.

No es de extrañar que la derecha, con el respaldo de ciertos sectores sociales cargados de ingenuidad, nos haya repetido que no hay que mirar al pasado. Evidentemente, no les interesaba revisitar un pasado cuyo relato habían hegemonizado y popularizado. Ya lo decía Walter Benjamin, la historia la escriben siempre los vencedores y algunos, en este país, no han dejado de vencer.

Pero lo que aquí planteo no es un problema historiográfico, sino político. Y muy serio. Porque esa hegemonía en la interpretación de la historia da alas a Vox para utilizar un discurso guerracivilista en el que el peligro son los socialcomunistas en el gobierno a los que se acusa, incluso, de dar un golpe de Estado o de practicar una "feroz eutanasia" con los ancianos, mientras la extrema derecha se presenta como defensora de la Constitución. El mundo al revés, en efecto, pero no tan al revés para aquellos que han aceptado el relato del caos izquierdista de la II República y el restablecimiento del orden, la paz y la ley por parte de Franco. Delirios que, sin embargo, forman parte del sentido común de una parte de la población española.

Está claro que llegamos con enorme retraso, porque una izquierda en exceso timorata no supo reivindicar una parte del pasado y explicar las atrocidades de otra. Parar a la extrema derecha pasa, también, por generar otra visión hegemónica de nuestro pasado que impida a quienes destruyeron la democracia presentarse bajo la piel de cordero de defensores de la Constitución. Porque cuando se quiten la piel de cordero puede que ya sea demasiado tarde.

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Juan Manuel Aragüés es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/25/recuperar_relato_historia_106196_2003.html

La impunidad del franquismo no guarda cuarentena

La impunidad del franquismo no guarda cuarentena

Los bulos son hoy también el vehículo de transmisión de la mentira, en una trama expresamente urdida por la derecha española con el objetivo de convertir el miedo en odio.

publicado en elestado.net, 14 abril 2020 

Hace algunos años, durante la presentación de un libro sobre la represión franquista de posguerra, un catedrático madrileño de Historia Contemporánea hizo una afortunada comparación: entre los historiadores profesionales que investigan la República, el franquismo y la guerra civil por un lado, y por otro, la larga nómina de publicistas recauchutadores de mitos franquistas, hay la misma distancia que entre los astrónomos y los astrólogos.

La materia prima es similar, los acontecimientos del pasado. Pero lo demás difiere radicalmente: honestidad, profesionalidad, formación, metodología de trabajo.. y sobre todo, fines y objetivos…

El estudio de la historia de la 2ª República, la Guerra civil y el franquismo es el principal campo de batalla entre «astrofísicos» y «astrólogos». Falsificar la historia, mentir y calumniar sale gratis en España, especialmente cuando el objetivo de los ataques son los defensores de la República, los luchadores antifranquistas, o las víctimas de la dictadura.

No vamos a repetir, por ejemplo, los exabruptos emitidos hace unos meses por un concejal madrileño de extrema derecha sobre las Trece Rosas, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la quema de iglesias, pero no podemos por menos que calificar sus palabras como expresión de indigencia intelectual y de bajeza moral.

Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo hacen? Y la respuesta es simple: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; o a que la familia Franco y tantas otras puedan seguir disfrutando aún del producto del expolio y de la corrupción.

Otra de las formas que adopta la impunidad del franquismo, consiste en que representantes políticos y publicistas de los mitos franquistas puedan permitirse decir y publicar esas barbaridades, sin consecuencias penales ni políticas.

El principal pecado original de nuestra democracia es que la derecha española no es antifascista. Siempre ha considerado que España es suya en exclusiva, por concesión divina y por derecho de conquista. La derecha de Europa occidental participó en la lucha y en la victoria contra el nazismo y los fascismos, y posteriormente, en la construcción de las democracias de la posguerra y en el proceso fundacional de la unidad europea. Sus referentes son Adenauer, De Gasperi, De Gaulle, Monnet…

El referente de la derecha español es Manuel Fraga, quien, entre otras fechorías conocidas, fabricó un dossier inculpatorio ad hoc tras la detención de Julián Grimau, para legitimar las torturas, la defenestración, y finalmente, el asesinato “legal” del dirigente comunista.

Durante más de 40 años el llamado franquismo sociológico ha estado representado políticamente en exclusiva por el Partido Popular, fundado como Alianza Popular por los llamados “7 magníficos”, el grupo de exministros franquistas en torno a Fraga.

No es un sector de la sociedad minoritario o marginal: Franco no hubiera ganado la guerra ni se hubiera mantenido en el poder durante 40 años sin contar con un importante respaldo social. Muchos de aquellos que vivieron con “extraordinaria placidez” durante la dictadura lo hicieron gracias al estatus alcanzado mediante su participación o complicidad con las diferentes formas que adoptó la represión durante la guerra y la posguerra.

Posteriormente fueron los grandes beneficiarios de un sistema caracterizado por la corrupción y las redes clientelares a todos los niveles, y se aprovecharon de las condiciones brutales de explotación a las que se sometió a la clase trabajadora derrotada y diezmada en 1939.

Hoy, muchos herederos de aquellos franquistas disfrutan de los réditos y la herencia de lo expoliado durante la dictadura, lo que explica en buena parte su actual estatus social y económico, así como la continuidad de tantos apellidos franquistas en la política, la justicia, los consejos de administración…

Actualmente, uno de los principales objetivos a batir por las derechas como manifiestan sus discursos y las políticas de las instituciones que gobiernan, junto a los derechos de mujeres, migrantes y refugiados, es la Memoria Histórica, porque sus reivindicaciones de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo, señalan simultáneamente a los responsables de los crímenes cometidos entre 1936 y 1977 y dejan en evidencia el grado de impunidad del que han gozado.

Cuando las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de memoria histórica habamos del derecho de las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación, habitualmente dejamos a un lado las Garantías de No Repetición, definidas como «el conjunto de iniciativas y políticas orientadas a la conciencia colectiva de un pueblo sobre un conflicto ocurrido en su historia, a la promoción de la convivencia entre los ciudadanos y a la paz«.

El Modelo Español de Impunidad impuesto durante la transición a la democracia, consistente en la ausencia de cualquier tipo de Justicia efectiva o recriminación social para los golpistas del 36 y para sus herederos y beneficiarios, ha dejado claro a las derechas que calumniar y sabotear al gobierno legítimo, actuar arteramente para sustituirlo, no sólo sale gratis sino que lleva como premio décadas de monopolio del poder e inconmensurables beneficios económicos.

Lo que estamos viviendo estos días no deja de tener paralelismos con el comportamiento de la derecha en la primavera de 1936, tras la victoria electoral del Frente Popular (salvando las diferencias evidentes).

Los bulos son hoy también el vehículo de transmisión de la mentira, en una trama expresamente urdida por la derecha española con el objetivo de convertir el miedo en odio.

La diferencia de actitud y comportamiento con las fuerzas políticas opositoras de otros países, que apoyan a sus respectivos gobiernos en estas horas tan difíciles, tiene una explicación: la impunidad del franquismo como ejemplo y modelo. Aquí no ha habido ni Verdad, ni Justicia, ni políticas de depuración y lustración, ni por supuesto un Nüremberg.

Al fascismo se le combate con la Verdad. Acabar con la sensación de impunidad de las derechas españolas, con comportamientos y políticas incompatibles con los derechos humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales, no tiene una solución judicial, sino fundamentalmente política.

Sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los víctimas del franquismo y a los combatientes por la democracia, puedan acabar condenados por un tribunal.

Y también es una decisión política la eliminación de todas las trabas jurídicas que sustentan la impunidad, permitiendo que los responsables de crímenes contra los derechos humanos que aún viven, se sienten como acusados en los banquillos de los tribunales españoles.

http://elestado.net/la-impunidad-del-franquismo-no-guarda-cuarentena/

No es ni siquiera pasado

No es ni siquiera pasado

¿Sigue siendo necesaria la reparación de las víctimas del franquismo?

elestado. net, 25-06-2020

"El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado" escribió William Faulkner. En los 70, les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora, los mismos nos dicen que es demasiado tarde.

El actual sistema político y nuestra sociedad se han construido sobre la impunidad de los crímenes franquistas, el no cuestionamiento de sus consecuencias, y a partir de políticas públicas de silencio y olvido sobre todo lo que tiene que ver con las vícitmas del franquismo, los defensores de la 2ªRepública y los resistentes antifranquistas.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas sus familias) de unas políticas de reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios; facilidades de acceso a titulaciones académicas, etc… Pero sobre todo, recibieron un reconocimiento público multiforme y unívoco. Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ese fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles y españolas.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además siguieron padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. Miles de personas siguen enterradas clandestinamente en cunetas y despoblados, víctimas de desaparición forzada, y ni siquiera conocemos cuántas son ni muchos de sus nombres. Todas las sentencias de los ilegales consejos de guerra y tribunales represivos siguen siendo, a día de hoy, firmes y legales.

Sus familias jamás obtuvieron reparación, y mucho menos, Justicia. Pero aún hoy, tienen que escuchar cómo los mismos que revindican a sus muertos bien enterrados y los homenajean o beatifican, les acusan de querer reabrir heridas. Exigir el olvido sin que haya habido previamente Verdad, Justicia y Reparación es un nuevo ejercicio de violencia sobre las víctimas. Las víctimas del franquismo y sus familias están obligadas a perdonar sin que nadie jamás les haya pedido perdón.

Se exige a las víctimas generosidad, perdón y olvido, y nunca se ha exigido a los asesinos que reconozcan sus crímenes. La reconciliación no significa tampoco perdón y olvido, sino justicia para todos. No se habla de la falta de libertad e intimidación a la que sometieron a toda la sociedad, pero por el contrario sí se apunta a que las víctimas tienen que ser generosas y comprensivas presentándolas como revanchistas. No podemos seguir soportando que los que torturaron, mataron o ayudaron a matar se ufanen de lo que hicieron, que consideren acciones heroicas los crímenes y que se llame héroes a los asesinos.

La represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil y la posguerra. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta, al menos, la recuperación de las libertades democráticas 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que son juzgados y están terminando generalmente con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Hace falta primero Justicia (en primer lugar, penal), luego reparación material aunque también simbólica: señalar los lugares de Memoria de la represión y de la resistencia al franquismo; instaurar actos regulares de homenaje a las víctimas, pero no privados sino institucionales. Por último, siguiendo el modelo que se ha establecido para otros colectivos de víctimas, legislar y actuar para impedir tanto los actos de menosprecio a las víctimas del franquismo, como la apología del golpe militar de 1936 y de una dictadura que secuestró durante 40 años la soberanía popular, impidiendo por la fuerza el ejercicio de derechos humanos y civiles fundamentales.

Defendemos que sólo una Ley Integral de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa, y se ha atendido su problemática por parte del Estado español.

http://elestado.net/debate-o-dogma-reparacion-victimas-franquismo/

Colaboración para el libro-homenaje a Luis Fernández Aguado

Colaboración para el libro "Los tres agostos de Luis el Sastre", de Luis S.Fernández

Homenaje a Luis Fernández Aguado, primer alcalde republicano de Fuenlabrada.

Es para mí, y para la Federación Estatal de Foros por la Memoria que presido, un  privilegio y un honor tener la oportunidad de colaborar en el homenaje a  Luis Fernández Aguado, el primer alcalde democrático de Fuenlabrada, electo en 1931.

A Luis Fernández Aguado lo fusiló el franquismo en 1940. Como la mayoría de cargos públicos republicanos, Luis trabajó por la cultura, contra la ignorancia y el analfabetismo, contra el hambre y por la Justicia. Hoy, cuando prolifera por ignorancia o mala fe el peligroso discurso de la antipolítica, los responsables democráticos de la República  siguen siendo exponente de valores, de honestidad y de ética. Su forma de vida y su consideración de la política entendida como servicio público, suponen una insultante contraposición con otra concepción de la política, caracterizada por la insolidaridad, el egoísmo y la defensa de los intereses de los privilegiados. El ejemplo de los gobernantes republicanos confronta con valores heredados del franquismo que aún perviven, y con la incompetencia y corrupción generalizada que fueron rasgos definitorios de la dictadura de Franco.

Es habitual decir que las víctimas del franquismo, nuestras abuelas y abuelos, nuestros compañeros… fueron “inocentes”. Es completamente falso, porque fueron conscientemente culpables de luchar por un mundo mejor para sus hijas y sus hijos, y para toda la Humanidad. Y esa y no otra fue la causa de su muerte. Pero las víctimas asimismo siguen siendo culpables para el Estado español, puesto que todas las sentencias represivas del franquismo- también la de Luis Fernández Aguado- son, a día de hoy, plenamente firmes y legales. Como lo siguen siendo todas las leyes y actos represivos del franquismo, los consejos de guerra y los tribunales.

La gente que nos dedicamos a esto de la Memoria Histórica también solemos contar que trabajamos para recuperar la dignidad de las víctimas. Es otra gran mentira: nuestros compañeros y compañeras, nuestros padres y abuelos no pudieron ser despojados de su dignidad por los asesinos. Quienes carecen de dignidad son el Estado y la sociedad española, que miran hacia otro lado cuando miles de sus mejores hijos permanecen enterrados en fosas clandestinas; que permiten que las sentencias de los tribunales represivos sigan siendo legales; que tratan con equidistancia a víctimas y a victimarios; que consienten la pervivencia de Cuelgamuros  como lugar de exaltación, homenaje y peregrinación fascista.

La impunidad del franquismo tiene los brazos tan largos que, a día de hoy, los herederos (políticos, socioeconómicos, culturales) de los victimarios pueden permitirse humillar y menospreciar a las víctimas. Prueba de ello es la argumentación empleada –primero por el siniestro Comisionado de Memoria de la ciudad de Madrid, después por la actual corporación de la capital - para impedir la construcción de un Memorial en el Cementerio del Este donde se visibilicen los nombres de los asesinados, entre ellos, el de Luis Fernández Aguado. Quieren todavía aplicarles otro decreto de “Noche y Niebla” como el que promulgaron los nazis, para que sus nombres se borren de la historia y los crímenes del franquismo permanezcan eternamente ignorados e impunes.

A las hijas y a los nietos de las víctimas nos exigen que perdonemos, cuando jamás nadie nos ha pedido perdón. Pero sin que se haga previamente Justicia (real, efectiva, completa) no hay reconciliación ni perdón posible, y las víctimas del franquismo –la primera, la sociedad española- llevan más de ochenta años esperándola.

“Lorca eran todos” dice un monolito erigido en la zona donde se supone está enterrado el poeta granadino. El tema de la memoria histórica y de la reivindicación de los derechos de las víctimas del franquismo, no es una suma de batallas individuales en nombre del abuelo de cada uno. Cada uno de ellas y ellos es mi compañero y mi camarada, como lo fueron de mis abuelos.

Todos tenemos una deuda personal, política y ética con las víctimas, pero fundamentalmente la tiene la sociedad española, y jamás vamos a renunciar a que esa deuda se salde. La recuperación de su memoria no es un asunto meramente familiar – como establecía la Ley de Memoria de 2007- sino sobre todo de Justicia, Democracia y Derechos Humanos. “O todos o ninguno”, escribió Bertolt Brecht. Si lo asumimos así, la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo, será la punta de lanza en la defensa de los derechos humanos y civiles en nuestro país.

Cada libro de recuerdo y homenaje, cada celebración conmemorativa, cada instauración de un lugar de memoria, es un triunfo contra la impunidad, el silencio y la mentira que nos han querido imponer durante cuarenta años de dictadura, y otros cuarenta y cuatro más tras la muerte física del dictador.

No homenajeamos  a nuestros compañeros y camaradas para conmemorar su muerte, sino sus vidas. 

No para lamentarnos, sino para proclamar el inmenso orgullo de ser sus nietos/as, sus camaradas y sus compañeros/as. Porque las víctimas del franquismo, continúan siendo, antes que cualquier otra cosa, luchadores contra el fascismo, y por tanto, ejemplo e inspiración en nuestro presente personal y colectivo. Así es como entendemos este homenaje a nuestro compañero Luis Fernández Aguado.

Salud, Memoria y República. Verdad, Justicia y Reparación.

Arturo Peinado Cano. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Septiembre de 2019

Entrevista en Tercera Información, 24/02/2020. por César Pérez Navarro

Arturo Peinado: "En los 70, les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es demasiado tarde"

Entrevista al presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

César Pérez Navarro. Tercera Información, 24/02/2020

Conversamos con Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Consideramos este un momento crucial en el debate sobre diversos aspectos de la Memoria Histórica, que debiera contribuir a llevar a buen puerto las reivindicaciones de la sociedad civil, de las víctimas del franquismo y de las asociaciones memorialistas.

- César Pérez: A muchos nos sorprende el revuelo que se ha levantado con la propuesta del nuevo Gobierno de coalición de sancionar la apología del franquismo en la reforma del código Penal que se prepara. Recordemos que la tipificación de la exaltación de la dictadura era una promesa que figuraba en el programa electoral de Pedro Sánchez. El Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha recordado que "en los países en lo que hubo fenómenos parecidos al que supuso el régimen del general Franco está incluido el delito de apología del fascismo en el régimen penal [...] y de una manera muy singular en Alemania, donde no se ha visto resentida en absoluto la libertad de expresión". Pérez-Royo argumenta que tal delito "debe tipificarse con mucha precisión”. Sin embargo, estos días se escuchan críticas a la medida desde la izquierda. Antonio Maestre apuntó que es “un error histórico de cálculo que incide en lo simbólico perdiendo de vista lo estructural”, pero también aprecia argumentos flojos como “considerar la defensa del genocidio franquista como una opinión más. Porque no todas las opiniones son respetables, como recoge nuestra Constitución”.

La crítica más destacada señala que en España no existen procesos judiciales ni de condena sobre el franquismo ni sobre cualquiera de sus responsables como consecuencia de la Ley de Amnistía, que ha archivado todas y cada una de las denuncias presentadas por asociaciones memorialistas como el Foro por la Memoria. Por tanto, siguen vigentes las sentencias franquistas y los tribunales sumarísimos de la dictadura. Considera que estas reparaciones deber ser anteriores al castigo de la apología del franquismo... Por otro lado, dice que aún no se ha “acuñado” en este país una “verdad histórica y no se ha construido una identidad colectiva”.

¿Considera que estos argumentos cuentan con suficiente peso para frenar el castigo de la exaltación del franquismo en el código penal? ¿Cree que, aún pasados 45 años desde la muerte de Franco aún “no es el momento” para esta reforma?

-Arturo Peinado: Valoramos en principio positivamente el anuncio de modificación del Código Penal para que se tipifique como delito la apología del franquismo. El problema está en que el franquismo nunca ha sido ilegalizado; no hay una ruptura entre la legalidad franquista y la democrática. El número 1 de nuestro actual BOE se publicó en Burgos en octubre del 36. Ciertamente habrá que especificar cómo se va poder a juzgar a alguien por defender un régimen que legalmente no ha cometido ningún delito, y por crímenes que nunca han podido ser juzgados, pero eso no implica que se tenga que dejar de hacer.

Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; o a que la familia Franco y tantas otras puedan seguir disfrutando aún del producto del expolio y de la corrupción. Es también impunidad que representantes políticos como Ortega Smith o Rafael Hernando, y publicistas de los mitos franquistas, digan y escriban barbaridades sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia, mentir y calumniar sale gratis en España cuando se ataca a los defensores de la 2ª República, a los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es simple: porque pueden.

En cuanto a si es el momento o no de cambiar en ese sentido el Código Penal, en los 70 les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es demasiado tarde. Era mentira entonces y es mentira ahora.

C.P.: ¿Podría indicarnos algunas pinceladas desde el Foro por la Memoria sobre qué podría castigarse en concreto en el código penal como exaltación de franquismo?

-A.P.: Debemos dotarnos de una legislación que defienda a las víctimas, y a los defensores de la República y luchadores antifranquistas, de la falsificación de la historia, y de amenazas, insultos y menosprecios. Y que las políticas de Verdad, Justicia y Reparación dirigidas a las víctimas del franquismo y a los verdaderos responsables de la llegada de la democracia, sean incuestionables, y obligación y patrimonio de la sociedad y de las instituciones. Ni más ni menos que lo que sucede en países democráticos de nuestro entorno que derrotaron al nazismo y a los fascismos en 1945.

Aquellos que desde posiciones progresistas critican estos cambios suponemos que exigirán inmediatamente que la apología del terrorismo y el menosprecio a sus víctimas dejen de ser delito, y que defienden los homenajes a etarras excarcelados como ejercicio de la libertad de expresión. A no ser que consideren que las víctimas del franquismo son de inferior categoría a otras, y no son dignas de los derechos que les reconocen los organismos internacionales de derechos humanos.

-C.P.: Esta pasando desapercibido el hecho de que -además del delito en países como Italia o Alemania- el enaltecimiento del Franquismo ya se sanciona en España. La Ley de Memoria Histórica de Extremadura aprobada en 2018 establece que la Junta de Extremadura “tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y de la represión de la Dictadura”, lo cual, no se diferencia de otras leyes de memoria, la estatal de 2007, u otras a escala regional. Pero añade como “infracción leve” sancionada con entre 200 y 2.000 euros, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria democrática; “incumplir la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias, placas y otros objetos o elementos, conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento del franquismo, emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la Dictadura franquista, cualquier tipo de conducta que suponga el enaltecimiento del franquismo cuando no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio, la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo y promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”. Además, la ley de memoria extremeña también contempla que “en caso de reincidencia, las infracciones leves pasan a ser graves”, sancionadas con multas de 2.001 a 10.000 euros.

¿Qué le parece esta ley?

-A.P.:  Precisamente hace un año explicamos nuestra valoración de la ley de memoria extremeña en unas Jornadas en Herrera del Duque. Supone un importante avance en varios aspectos, no sólo en el que indicas, como el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, que va mucho más lejos que la Ley de Memoria estatal; La inclusión de temáticas en los planes de educación sobre la recuperación de la memoria democrática y la promoción de los Derechos Humanos y la Paz; Resulta muy avanzado en el reconocimiento y reparación a los trabajadores forzados, incluyendo la señalización de las obras como lugares de memoria, y promoviendo actuaciones para hacer copartícipes a las instituciones y empresas, que obtuvieron beneficio de ello; Y el compromiso de solicitar al Estado español que declare nulas todas las acciones legales de carácter represivo de la dictadura...

Pero la proliferación de legislación autonómica que se viene produciendo desde 2011 puede resultar contraproducente, ya que genera discriminación entre las víctimas: dependiendo de la comunidad autónoma de dónde procedan, unas víctimas y sus familias tienen muchos derechos, otras pocos y el resto, ninguno. Además, las comunidades autónomas no tienen competencias para legislar en materia de Justicia, particularmente sobre la exhumación de fosas comunes del franquismo. La competencia para la exhumación e identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes corresponde en exclusiva a la administración de Justicia, aunque las administraciones autonómicas puedan participar en la localización y protección de las fosas comunes del franquismo.

En cuanto a la pervivencia de callejero o simbología franquista, el problema está en que no se elaboró un reglamento de la Ley de Memoria del 2007: no hay tipología precisa sobre qué hay que retirar, ni plazos para la retirada, ni un régimen sancionador para las instituciones que incumpliesen la Ley. Lo que se ha quitado y cambiado ha dependido de los titulares de cada institución, a partir de su signo político y de su voluntad de hacerlo o no.

-C.P.: ¿Es factible la derogación o la nulidad de la Ley de Amnistía en nuestro país? ¿Cree que tal medida podría implementarse en la presenta legislatura? Mucho se está diciendo y escribiendo sobre el torturador “Billy el Niño”, pero el hecho es que sus graves crímenes seguirían impunes si no se acaba con la Ley de Amnistía. La tortura es considerada un crimen de lesa humanidad que nunca prescribe...

-A.P.: Nosotros/as nunca hemos defendido su derogación, y mucho menos parcial. Exigimos una declaración de nulidad integral de la Ley de Amnistía por el Parlamento, por dos motivos: Primero: Derogar significa que la ley deja de tener validez desde el momento de la derogación, y nosotros pretendemos revisar autos y sentencias en los que se ha aplicado, desde 1977 hasta el día de hoy. Y segundo: aparte de amnistiar a los criminales franquistas, la ley del 77 amnistía hechos tales como el ejercicio de las libertades de prensa, de reunión, de expresión, de huelga, de asociación… por los antifranquistas. Son derechos fundamentales reconocidos por las constituciones de 1931 y 1978. Si la democracia acepta que son “delitos” amnistiables, está sumiendo la legalidad del franquismo, y por eso defendemos que se anule íntegramente.

La tortura es un crimen imprescriptible, pero los gobiernos de Felipe González, Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez se han opuesto a ratificar la "Convención de la ONU de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad". La impunidad del franquismo no es cuestión de un gobierno o de otro, es política de Estado desde los pactos más o menos explícitos de la Transición.

No creemos que el actual Gobierno vaya a cuestionar el modelo español de impunidad, uno de cuyos pilares es la Ley de Amnistía. Al menos eso es lo que se percibe de la Proposición de Ley presentada por el PSOE el 24 de Enero, que aunque supone avance sustanciales con respecto a lo existente, aún queda lejos de hacer efectivos el derecho de las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Esperamos que en la fase de tramitación, los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez consigan modificaciones de calado, porque 13 años después de la fracasada Ley de Memoria no nos conformaremos con cambios cosméticos. Lo advertía hace unos días Joan Tardà en un artículo titulado “Ningún engaño más a las víctimas del franquismo”.

-C.P.: ¿Exige la Federación de Foros por la Memoria la anulación de las sentencias franquistas por parte de los tribunales sumarísimos de la dictadura?

-A.P.: Siempre lo hemos exigido, incluso lo defendimos en cierta soledad cuando en 2007 no se recogió en la Ley de Memoria Histórica. Todas las sentencias franquistas, que a día de hoy siguen siendo legales y firmes, deben anularse, pero también los consejos de guerra y los tribunales represivos deben ser declarados ilegales.

-C.P.: Los pasados 20 y 21 de febrero tuvieron lugar unas jornadas abiertas sobre acceso a los archivos en la Función Pública en las cuales la Federación de Foros por la Memoria estuvo presente. El Gobierno plantea la apertura de los archivos secretos de la Guerra Civil y de la Transición como uno de los primeros pasos en materia de Memoria Histórica para esta legislatura ¿En qué punto se encuentra esta cuestión en el momento actual y cuáles son vuestras reivindicaciones al respecto?

-A.P.: Deberíamos plantearnos que, hasta ahora, las políticas y la legislación sobre archivos en España no han estado orientadas al libre acceso por parte de la ciudadanía, sino que responden, en buena parte, a políticas públicas activas de olvido dirigidas a apuntalar la impunidad del franquismo.

Valoramos que los archivos juegan una función central en la promoción y realización del Derecho a la Verdad y del deber de recordar de la sociedad. El Estado tiene que garantizar el derecho de libre acceso y establecer por ley la obligación de colaboración de los responsables de los archivos con la Justicia, con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Las medidas anunciadas, en principio parece que van por el buen camino, porque necesitamos una legislación de archivos que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, para que prevalezca siempre el Derecho a la Verdad. Además, los archivos deben contar con los recursos adecuados para su correcta gestión, y los archiveros necesitan respaldo legal y un marco jurídico claro, para ejercer su profesión con seguridad jurídica, libertad, transparencia e independencia.

-C.P.: ¿Qué le ha parecido el largo proceso de exhumación de los restos del dictador? El Gobierno ha anunciado que una nueva norma sacará a los monjes benedictinos que desde 1957 regentan el Valle de los Caídos. Parece otra medida de escasa trascendencia respecto a lo que pudiera hacerse allá ¿Qué proponen para el Valle de Cuelgamuros?

-A.P.: Fue una noticia largamente esperada, recibida con alegría por el movimiento social por la recuperación de la memoria y de víctimas del franquismo, y por buena parte de la sociedad española. La exhumación de los restos mortales del dictador ha sido un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de sus víctimas.

Ciertamente la exhumación ha tenido aspectos discutibles, porque el acto fue convertido en un producto televisivo obsceno, con imágenes de exaltación explícita del franquismo. Creemos que debería haberse llevado a cabo de manera expeditiva, privada y discreta.

La salida de Franco de Cuelgamuros ha supuesto sólo un paso (importante) en la lucha contra las pervivencias del franquismo en nuestra sociedad, y contra la impunidad de sus crímenes. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros que pase por su desacralización; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional-católica; y finalmente, por una resignificación integral del Valle, en línea con otros lugares de memoria destinados a servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de las agresiones a los derechos humanos, tales como la ESMA de Buenos Aires, o el Memorial de Auschwitz.

Asimismo el papel de la comunidad de benedictinos, durante este año y medio, demuestra la necesidad modificar urgentemente el estatus legal del Valle. Algo similar puede decirse sobre la pervivencia de la Fundación que lleva el nombre del dictador, algo inconcebible en los países democráticos de nuestro entorno. Y por último, la actuación provocadora de los Franco y de sus abogados ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político que conserva la familia el dictador. Después de 44 años, es indispensable llevar adelante la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de los "Franco S.A.", como ha sido norma habitual en todos los países que han pasado de una dictadura a una democracia.

-C.P.: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha anunciado recientemente la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el objetivo de “seguir abriendo fosas”, como si -hasta la fecha- ese trabajo lo hubiese desempeñado directamente el Estado. No se han dado muchos más detalles, pero es bien conocido que la exhumación de fosas junto a todo el trabajo que ello conlleva se ha canalizado a través de organizaciones como la Federación de Foros por la Memoria. ¿Cómo debería afrontarse la recuperación de las fosas en el contexto de verdad, justicia y reparación y de acuerdo con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos?

-A.P.: La Federación Estatal de Foros por la Memoria realizó una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas, entre 2003 y 2012, llevadas a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado. En cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural, e invariablemente, la respuesta que recibimos fue el archivo de las denuncias sin abrir una investigación incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que cuando aparecen restos humanos ningún juez se persona ni abre un procedimiento (algo que sólo pasa cuando se trata de víctimas del franquismo).

El Estado optó por intentar reconducir todo el problema de las exhumaciones a la vía administrativa, mediante la Ley de Memoria de 2007. El texto niega explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas y de sus familias, y además privatiza y externaliza la gestión de las exhumaciones, subvencionando a familias, asociaciones y profesionales. Posteriormente, la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que absolvió al exjuez Garzón, con el consiguiente rechazo de los juzgados implicados a hacerse cargo de las exhumaciones, dejó meridianamente claro que la vía de la Justicia quedaba cerrada para las víctimas del franquismo.

Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, circunscribiendo la exhumación y posterior reinhumación a actos privados formalmente humanitarios.

Como Federación venimos demandando a los poderes judiciales y al Estado que asuman sus obligaciones, y elaboren un plan de exhumaciones para llevar a cabo todas las que sean técnicamente viables. Pero siempre a cargo de un juzgado o fiscalía especializada, dentro de un procedimiento por el tipo penal de crímenes contra la humanidad, ya que una fosa común es, en primer lugar, el conjunto de pruebas de un crimen imprescriptible.

La Proposición de Ley presentada por el PSOE el pasado Enero, si bien supone un avance en el tema de las fosas del franquismo porque establece la responsabilidad de la Administración General del Estado en las exhumaciones y el desarrollo de planes cuatrienales para la exhumación de fosas, sin embargo persevera en la línea de financiar exhumaciones no judicializadas.

Según lo que vamos conociendo, parece que en el Proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2021 se va a dedicar para memoria más dinero que en todos los presupuestos de Rodríguez Zapatero, y la partida sustancial se va a destinar mayoritariamente a la exhumación de fosas comunes. Pero al ser exhumaciones extrajuidiciales, ni se cuestiona la impunidad de los crímenes ni se garantiza el acceso de las familias y de la sociedad española a la Justicia.

-C.P.: ¿Han recibido invitación por parte del nuevo Gobierno de PSOE-Unidas Podemos a un encuentro para recoger y debatir propuestas de cara a esta reforma de la Ley de Memoria? Sé que la respuesta es larga, pero, a grosso modo, ¿Qué aspectos fundamentales deberían cambiarse e incluirse en dicha reforma?

-A.P.: Mantenemos una relación cordial con Fernando Martínez, actual Secretario de Estado de Memoria Democrática, y hemos hablado personalmente de reunirnos para tratar estas cuestiones.

De todos modos, nuestra Federación comparte espacio de trabajo y elaboración programática junto con un centenar de organizaciones más, en el denominado Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo. Pronto haremos una reunión de ámbito estatal, para analizar las iniciativas legislativas que haya sobre la mesa, y actualizar nuestra propuesta de una Ley de Integral de Víctimas del franquismo que equipare en reconocimiento y derechos a este colectivo con otros, sobre los que el Estado español ha legislado y puesto políticas en marcha. A partir de ahí, solicitaremos y programaremos reuniones de trabajo con representantes institucionales y diversas fuerzas políticas y sociales.

En cuanto a propuestas que pondremos en el marco del Encentro para la reforma la ley de Memoria, aún compartiendo medidas recogidas en el reciente Proyecto de Ley presentado por el PSOE, muy sintéticamente vamos a exigir que se incluya:

El pleno reconocimiento jurídico de las víctimas, en cuanto damnificadas por graves agresiones a los derechos humanos.

La anulación de todas las sentencias de los órganos represivos del franquismo, así como la ilegalización expresa de todos esos tribunales y consejos de guerra, y de toda la legislación represiva.

Un plan para la exhumación judicializada de las fosas comunes clandestinas del franquismo, conforme hemos explicado anteriormente.

  

-C.P.: Gracias por su buena disposición, y por aclarar la postura de la Federacación de Foros por la Memoria en todas estas cuestiones, algunas de ellas muy controvertidas y largamente debatidas estos días a través de distintos canales.

-A.P.: Gracias por la entrevista, y darnos esta oportunidad de hacer visibles nuestros posicionamientos y propuestas.

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* César Pérez, periodista de Tercera Información y, anteriormente, arqueólogo colaborador de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

* Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/02/24/arturo-peinado-en-los-70-les-dijeron-a-nuestros-padres-y-madres-que-era-demasiado-pronto-para-pedir-cuentas-al-franquismo-ahora-los-mismos-nos-dicen