La memoria histórica y la extrema derecha en las instituciones

La memoria histórica y la extrema derecha en las instituciones

Artículo publicado en "Siempre es 26". 25-11-2019


Por: Arturo Peinado Cano- @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. 

Uno de los grandes déficits y pecado original de nuestra democracia, es que la derecha española no es antifascista. La derecha de Europa occidental participó en la lucha y en la victoria contra el nazismo y los fascismos, y posteriormente, en la construcción de las democracias de la posguerra y en el proceso fundacional de la unidad europea. Sus referentes son Adenauer, De Gasperi, De Gaulle,  Monnet… El referente de la derecha español es Manuel Fraga, quien tras la detención de Julián Grimau elaboró un dossier inculpatorio ad hoc, para legitimar las torturas, la defenestración, y finalmente, el asesinato “legal”  del dirigente comunista.

Durante más de 40 años el llamado franquismo sociológico ha estado representado políticamente en el Partido Popular, fundado como Alianza Popular por los llamados “siete magníficos”, el grupo de exministros franquistas en torno a Fraga. No es un sector de la sociedad minoritario o marginal: Franco no hubiera ganado la guerra ni se hubiera mantenido en el poder durante 40 años sin contar con un importante respaldo social. Muchos de aquellos que vivieron con “extraordinaria placidez” durante la dictadura lo hicieron gracias al estatus alcanzado mediante su participación o complicidad con las diferentes formas que adoptó la represión durante la guerra y la posguerra –algunos historiadores han hablado del  “pacto de sangre”-.

Posteriormente fueron los grandes beneficiarios de un sistema caracterizado por la corrupción a todos los niveles, y se aprovecharon de las condiciones brutales de explotación a las que se sometió a la clase trabajadora derrotada y diezmada en 1939. Hoy, muchos herederos de aquellos franquistas disfrutan de los réditos y la herencia de lo expoliado durante la dictadura, lo que explica en buena parte su actual estatus social y económico, así como la continuidad de tantos apellidos franquistas en la política, la justicia, los consejos de administración…

La crisis sistémica aún no cerrada, la crisis de Estado generada a raíz del Procés catalán, ha brindado a la extrema derecha que antes estaba dentro del Partido Popular, ahora desacomplejada, una oportunidad. El ascenso del nuevo partido fascista, Vox, se ha sustentado en el espectáculo indecente de blanqueo del franquismo por buena parte de los medios de comunicación. Esos a quienes regalan impúdicamente espacios y tribunas en platós, columnas de prensa y emisoras, no tendrían escrúpulos en cerrar los mismos medios y silenciar por la fuerza a los periodistas, si tuvieran oportunidad de hacerlo.

Los acuerdos previos a la constitución de las instituciones municipales y autonómicas gobernadas a raíz de las elecciones de mayo por coaliciones de derechas, así como las primeras iniciativas adoptadas, han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los migrantes económicos y los refugiados. También en la memoria histórica, cuyas reivindicaciones de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo, señalan simultáneamente a los responsables de los crímenes cometidos entre 1936 y 1977, y dejan en evidencia el grado de impunidad del que han gozado.

Uno de los elementos a los que se achaca al éxito de la extrema derecha en las elecciones del pasado 10 de noviembre ha sido la exhumación de Franco. Ciertamente la retransmisión televisiva en directo de más de cinco horas ha contenido imágenes de explícita exaltación del franquismo con la consiguiente humillación a sus víctimas, y ha terminado por convertir el acto de exhumación e inhumación posterior un producto televisivo obsceno. Lo natural en una sociedad democrática es que se hubiese llevado a cabo de manera privada, discreta, y expeditiva, no subordinada a los cálculos electorales del partido en el gobierno.

Un ejemplo significativo -por tratarse de la capital del Estado- de políticas de agresión sistemática contra la memoria histórica, son las decisiones adoptadas desde su toma de posesión por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, renunciando a levantar un memorial programado en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchel en reconocimiento a todas los presos políticos durante el franquismo, y cerrando la Oficina municipal de Derechos Humanos. Que la responsabilidad de memoria histórica de la nueva corporación recaiga en un concejal apellidado Fanjul, es mucho más que una anécdota.

Asimismo, el ayuntamiento presidido por Martínez Almeida tiene decidido modificar radicalmente el Memorial proyectado en el Cementerio del Este -que paralizó el pasado 17 de julio-, donde ya estaban instaladas buena parte de las placas con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura. El actual equipo de gobierno ha manifestado su intención de arrancar las lápidas y de cambiar completamente la significación del Memorial, modificando el criterio con el que fue erigido para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia. Supone una nueva humillación contra miles de demócratas que fueron asesinados/as en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa.

También el pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 30 de Octubre, aprobó una declaración cuya exposición de motivos constituye un compendio de tópicos franquistas burdos y majaderías históricamente infumables. Presentada por el concejal Ortega Smith, fue aprobada con el voto a favor de Ciudadanos y del Partido Popular (1).

No vamos a repetir los exabruptos emitidos recientemente por el mencionado concejal madrileño sobre las Trece Rosas, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la quema de iglesias, pero no podemos por menos que calificar esas palabras como expresión de indigencia intelectual y de bajeza moral. Es también impunidad que representantes políticos y publicistas de los mitos franquistas digan esas barbaridades, e incluso peores, sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia, mentir y calumniar sale gratis en España, especialmente cuando se ataca a los defensores de la 2ª República, a los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura.

Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo hacen? Y la respuesta es simple: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; O a que la familia Franco y tantas otras puedan seguir disfrutando aún del producto del expolio y de la corrupción.

¿Porqué la derecha cuando llega al poder actúa sin el menor escrúpulo, y la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso no correspondidas? Todavía estamos esperando una declaración de condena del franquismo por parte del pleno municipal, que solicitamos en varias ocasiones durante la anterior legislatura, cuando gobernaba Ahora Madrid con apoyo del PSOE  (sí se aprobó, por ejemplo, una moción sobre la revolución húngara de 1956, y se erigió un monumento). También seguimos aguardando respuesta a dos cartas dirigidas a la exalcaldesa Carmena, pidiéndole que el Ayuntamiento de la capital se manifestase públicamente contra la pretensión de trasladar los restos de Franco a la catedral de La Almudena.

Las políticas de extrema derecha suponen una agresión contra la democracia, la convivencia, los derechos humanos, las libertades civiles y las conquistas sociales. Es enormemente grave que partidos autodenominados “constitucionalistas” negocien y gobiernen con partidos de extrema derecha, dejando claro que mezquinos intereses económicos y de poder priman sobre los principios democráticos de los que alardean. Que las derechas conservadoras o liberales se avengan a pactar y gobernar con la extrema derecha, asumir sus valores y su discurso, sólo puede entenderse a partir de deficiencias heredadas de nuestro “peculiar” modelo de transición a la democracia: la banalización del mal en el debate político y mediático; carencias en educación y en políticas públicas de memoria democrática; ocultación de las víctimas del franquismo; y la impunidad histórica y penal de los crímenes franquistas.

Sería deseable que, siguiendo el ejemplo alemán,  todas las fuerzas políticas y sociales democráticas establecieran “cordones sanitarios” para impedir la entrada de la extrema derecha en las instituciones y que lleguen a aplicarse sus aberrantes políticas. Es lo viene haciendo la derecha democrática europea desde la derrota de los fascismos en 1945.

Los colectivos a los que este nuevo/viejo fascismo y sus aliados han señalado, no vamos a permanecer con los brazos cruzados, contemplando cómo se hacen efectivos los proyectos de los franquistas y sus aliados: recortes de libertades, supresión de derechos sociales y civiles que ha costado conseguir décadas de lucha y sacrificios de miles de compañeras y compañeros.

Acabar tanto con comportamientos como con políticas incompatibles con los derechos humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales, con la impunidad de las calumnias e  insultos dirigidos a las víctimas del franquismo y a los combatientes por la democracia, no tiene una solución judicial, sino fundamentalmente política: sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los víctimas del franquismo, puedan acabar condenados por un tribunal. Y que las políticas de Verdad, Justicia y Reparación dirigidas a las víctimas del franquismo y a los verdaderos responsables de la llegada de la democracia, sean incuestionables, y obligación y patrimonio de la sociedad y de todas las instituciones.

Noviembre 2019

ENLACES
(1) “El Ayuntamiento de Madrid y su peligroso revisionismo histórico”, Ramón Górriz y José Babiano. Público, 09-Noviembre-2019

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2019/11/09/el-ayuntamiento-de-madrid-y-su-peligroso-revisionismo-historico/

“El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante”, Fernando Hernández Sánchez. El Salto, 08-noviembre-2019

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/el-libro-negro-de-la-villa-y-corte-apuntes-sobre-una-resolucion-municipal-delirante

https://siemprees26.wordpress.com/2019/11/25/la-memoria-historica-y-la-extrema-derecha-en-las-instituciones/

"El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante", por Fernando Hernández Sánchez

El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante


FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN, UAM.

El Salto, 2019-11-08


El documento presentado el 30 de octubre de 2019 por el portavoz de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, al pleno del Ayuntamiento de Madrid para la adopción de una resolución de condena de los crímenes de la izquierda excluye calificar a su autor como perteneciente a la categoría de los inteligentes, los que procuran el bien propio y el de los demás.

Dice Carlo M. Cipolla en Las leyes fundamentales de la estupidez humana que los individuos malvados se caracterizan por procurar el mal para los demás al tiempo que se garantizan el bien para sí mismos. Eso les diferencia de los incautos y de los estúpidos: los primeros, porque se hacen mal a sí mismos para beneficiar a otros; los segundos, porque socializan el mal propio convirtiéndolo en general.

El documento presentado el 30 de octubre de 2019 por el portavoz de Vox al pleno del Ayuntamiento de Madrid para la adopción de una resolución de condena de los crímenes de la izquierda —pues a esto se reduce, aunque lo plantee como una trasposición de la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre pasado— excluye calificar a su autor como perteneciente a la categoría de los inteligentes, los que procuran el bien propio y el de los demás.

No lo es por la intención y mucho menos por el contenido, que no pasaría una evaluación positiva en cualquier institución académica que no fuera una mera expendeduría de títulos previo pago. Es meritorio, eso sí, condensar en tan poco espacio como dos folios semejante florilegio de lugares comunes del negacionismo y el revisionismo histórico. Francisco Javier Ortega Smith fusila —en la segunda acepción de la RAE— una colección de patrañas, lugares comunes, medias verdades y mentiras completas, marca de la casa, que sirven a sus propósitos de armar ruido mediático y modelar un maniqueo: el de la izquierda criminal y antiespañola. Un clásico revisitado.

Ortega Smith se asemeja al buhonero de las películas del Oeste que exhibe su mercancía, adobada con verbo simple, rudo y eficaz, ante un círculo de almas de cántaro proclives a dejarse engañar. No falta ni un frasco de crecepelo, ni un ungüento milagroso, ni una vajilla desportillada que el exboina verde deje de sacar del fondo de su carromato, aunque se le pille pronto el truco. Por ejemplo, en los fundamentos de su petición expone que el nazismo y el comunismo fueron ideologías criminales que ocasionaron, respectivamente, “seis y cien millones de muertos”. Nuestro hombre acredita con ello que leyó la portada del Libro Negro del Comunismo, de Stephan Courtois, pero no el contenido; y que minusvalora injustamente la capacidad letal de los amigos de sus amigos.

El libro negro fue un auténtico best seller allá por 1997, cuando comenzaba a asentarse la polvareda ocasionada por el derrumbe del muro de Berlín y el mundo parecía adentrarse en la era feliz del capitalismo global sin historia. Sus asertos, entre ellos el número áureo de los cien millones de muertos ocasionados por el comunismo, hicieron fortuna y se replicaron por doquier.

Sin embargo, el copyright de la cifra no le correspondía a Courtois: era de Alexander Solzhenitsin, que aventuró en ciento diez millones las víctimas del sistema soviético. En cosas de cifras, El libro negro… es un buen ejemplo de ese sistema de cómputo variable —“contabilidad macabra de comerciante al por mayor”, la denominó Daniel Bensaid— en el que los guarismos van disminuyendo según se va de las tapas del volumen a sus tripas, para no fatigar al motivado cliente pero desganado lector: cien millones de muertos en la faja promocional, ochenta y cinco millones en el cómputo global de los contribuyentes al volumen, quince millones para el propio Courtois que, interpelado por sus fuentes, confesó que lo suyo era una “apreciación personal”.

La mezcla de países, épocas y circunstancias, la amalgama de la guerra civil alimentada por la intervención exterior, las hambrunas, las bajas de la guerra mundial, la represión estaliniana, los crímenes del despotismo burocrático maoísta o del delirio khmer, concluye Bensaid, tienen “algo de cínico y de profundamente irrespetuoso hacia las propias víctimas”.

Según Ortega Smith, el nazismo solo fue responsable de la décima parte de los muertos estimados de la Segunda Guerra Mundial, estrictamente de aquellos que fueron víctimas del Holocausto. Ni uno más. Una rebaja imbatible. Resulta impropio de una posición de derecha dura que desprecia orgullosamente a las opciones cobardes parapetarse detrás de las víctimas de la Shoá tomadas a modo de rehenes para una argumentación tramposa. Como si los  millones de muertos ocasionados por el desencadenamiento de la guerra, la invasión de diez países, la alianza con Japón que extendió el conflicto a cuatro continentes y a los cinco océanos, el desplazamiento y la aniquilación de poblaciones enteras hubieran sido efectos de una ciclogénesis explosiva o de la mala suerte y no de la guerra de agresión y de los crímenes contra la Humanidad tipificados en Nuremberg.

El abogado Ortega Smith debería estar familiarizado con la jurisprudencia. Si, además, hubiera echado un vistazo a algo más que los subproductos de Arcadi Espada o Jiménez Losantos, sabría que exonerar al franquismo de su complicidad con el Eje es una apuesta arriesgada. Miguel de Muguiro, Ángel Sanz Briz, Sebastián Romero Radigales y otros diplomáticos llevaron a cabo su humanitaria labor de salvar judíos por convicción propia y muchas veces al margen de, o contra, las directivas de su departamento. Muguiro fue cesado por el ministro Lequerica cuando los alemanes y los colaboracionistas húngaros protestaron por su actuación y Sanz Briz escribió a quien le sucedió en la gestión de la embajada en Budapest: “No olvide usted que la decisión de meter gente en los locales de la legación fue de mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid, y motivada por el terror que entonces reinaba en la capital húngara”.

Ortega Smith, que se refiere a la dictadura como “el gobierno español y sus funcionarios”, como si fuese un ente invariable, neutral e intemporal, haría bien en ser más prudente porque hay constancia documental de las consecuencias que la vinculación entre Franco y Hitler a través del Pacto de Acero tuvieron para los deportados españoles a los campos de exterminio, y los archivos, tanto los extranjeros como los españoles que se van abriendo con parsimonia, albergan las pruebas de la colaboración entre los agentes de la Brigada Social, los espías de la Segunda Bis, el Abwehr y la Gestapo y de sus barrabasadas en el sur de Francia y la frontera andorrana.

También las hay en los archivos del Banco de España acerca de los pagos a la División Azul, cuya conmemoración en el callejero madrileño sigue avergonzándonos ante una Europa donde no hay calles que celebren a la Legión Valona o a la Legión Francesa de Voluntarios contra el Bolchevismo.

Cuando llega el momento de adentrarse en el asunto del callejero madrileño, terreno abonado por la proverbial incuria del anterior equipo de gobierno, Ortega Smith nos muestra sin complejos su faceta de consumidor bulímico de baratijas adquiridas en los bazares de todo a 0,60 regentados por historietógrafos: Largo Caballero, Prieto y el “golpe de estado” de 1934; Carrillo y Paracuellos; las Brigadas Internacionales como divisiones de Stalin; Pablo Iglesias Posse incitando al atentado contra Maura... Se echan de menos clásicos del género como Pasionaria mordiendo la yugular de sacerdotes o la quema de conventos. No faltan las ensoñaciones húmedas con una Margarita Nelken mitad virago, mitad gorgona, ni el ilustre abogado pierde la ocasión de demostrar la calidad de su formación forense dando por buenos los cargos contra Marcos Ana tomados de la Causa General, hija de aquellos monstruos jurídicos que fueron la Ley de Responsabilidades Políticas y el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, bases instituyentes de la justicia al revés —los sublevados acusando a otros de sublevación— y de la punición con efectos retroactivos.

Nadie crea, sin embargo, que el portavoz de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid es persona ajena a las novedades editoriales. Ahí está la referencia al último juguete: el supuesto fraude de las elecciones de febrero de 1936 y el uso de la presión en la calle para que el frentepopulismo consiguiera sus espurios fines, solo frustrados a medio plazo por la viril reacción de la media nación que se resistió a morir.

Explicar al portavoz de Vox, como han hecho Eduardo Sánchez Calleja y Francisco Sánchez Pérez, los entresijos que desmontan la tesis del pucherazo generalizado sería, sin duda, tiempo perdido: el caramelo de un estudio académico “no militante” que hace reverdecer las teorías de Tomás Borrás, Manuel Aznar o Eduardo Comín Colomer es demasiado apetecible como para desecharlo por un quítame allá esas fuentes.

La resolución de Vox rinde tributo al Instituto de Estudios Históricos del CEU San Pablo, dirigido con mano diestra —nunca mejor dicho— por Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Eugenio Togores, hagiógrafos, respectivamente, de esos grandes referentes democráticos que fueron José Calvo Sotelo —el jefe político de la trama conspirativa contra la República, como ha demostrado Ángel Viñas— y el general Yagüe —el carnicero de Badajoz, cuyas andanzas glosó Francisco Espinosa—.

El Instituto perpetró una impagable serie sobre la Cruzada, Mitos al descubierto, emitida por Telemadrid bajo el esperanzato en 13 capítulos que, a buen seguro, Santiago Abascal seguiría en los descansos que le dejaba su extenuante trabajo al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocino Social. También es responsable de Checas de Madrid, un exhaustivo escaneado del entramado urbano de sedes políticas y sindicales sobre las que la Causa General extendió aquella denominación genérica con una economía de medios conceptual muy propia, como decía esa Falange a la que Ortega Smith profesa admiración en sus escritos, del “recio laconismo de nuestro estilo”.

Hay que suponer que la vocación de servicio pregonada en la web de la institución —“es preciso ofrecer a la sociedad una visión completa y verdadera de la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil”— no se agotará con este proyecto.

Aquí van algunas sugerencias de continuidad: un geolocalizado y escrupuloso catálogo de centros de detención y tortura de los Servicios de Información de FET de las JONS, de colegios religiosos convertidos en cárceles, de sedes de tribunales de depuración, de cuartelillos de la Guardia Civil y de comisarías de la Brigada Político Social; o la colocación de placas informativas en la calle del Reloj, sede del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol y en el solar de la cárcel de Carabanchel. Por ideas, que no quede.

A pesar de todo lo expuesto, no todo va a ser disenso. No se puede sino estar de acuerdo con la invocación final del secretario general de Vox a la declaración de Naciones Unidas que proclama que los pueblos deben promover “mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y asegurar su reconocimiento”.

Solo un prurito suspicaz podría llevarnos a desconfiar de que esta sea su verdadera intención, porque no cabe pedirle peras al olmo. El problema no es suyo: los fascistas siempre tenderán a obtener el máximo beneficio propio a costa del mal ajeno. Lo peor es que los sedicentes conservadores y liberales los normalicen, se apoyen en ellos para gobernar y compren su mercancía ideológica. Son estos los que se encuentran haciendo funambulismo en la disyuntiva de ocasionarse un mal solo a ellos mismos o a todos los demócratas en general. Es decir, sobre la sinuosa línea divisoria que separa a los incautos de los estúpidos. Para aclararse, deberían leer a Cipolla.


https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/el-libro-negro-de-la-villa-y-corte-apuntes-sobre-una-resolucion-municipal-delirante

Lo exhumado y lo que queda por exhumar

Lo exhumado y lo que queda por exhumar

Publicado por 65yMás, 5 de noviembre de 2019

Arturo Peinado Cano, @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

El pasado 24 de octubre se produjo la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Fue una noticia largamente esperada, recibida con alegría por el movimiento social por la recuperación de la memoria y de víctimas del franquismo, y por buena parte de la sociedad española.

Cada día que Franco ha pasado en Cuelgamuros ha supuesto un insulto a la democracia y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador ha sido un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de sus víctimas. Además, ha supuesto cumplir con un requerimiento de diversos organismos internacionales de derechos humanos, que así lo habían solicitado a España.

Ciertamente la exhumación ha tenido aspectos discutibles, tanto porque hayan tenido que pasar 44 años desde la muerte física del dictador para que se culmine, como por haber convertido el acto de exhumación e inhumación posterior un producto televisivo obsceno: una retransmisión televisiva en directo de más de cinco horas, que ha contenido imágenes de explícita exaltación del franquismo con la consiguiente humillación a sus víctimas. Creemos que debería haberse llevado a cabo de manera privada, rápida, discreta, y más expeditiva.

Supone también un éxito innegable para el movimiento social por la Memoria. Hace un año constituimos la Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc... Se han celebrado varios actos públicos, concentraciones y manifestaciones, hemos enviado cartas a responsables políticos y al arzobispado de Madrid, exigiendo tanto la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, como que fueran trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación de su figura, ni de la dictadura que encabezó.

Asimismo, desde hace trece años, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid junto a otros colectivos sociales de la Sierra de Guadarrama, ha venido convocando una concentración en torno al 20 de Noviembre frente a la entrada de Cuelgamuros. Una de las exigencias, la primera pero no la única, era la salida de los restos del dictador.

La denuncia y la labor de difusión durante años de sus reivindicaciones por parte del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, han terminado convenciendo y consiguiendo el apoyo de buena parte de la opinión pública, lo que explica porqué Pedro Sánchez ha hecho lo que ni siquiera se plantearon gobiernos anteriores.

Si bien la importancia real de la exhumación de Franco es relativa, tiene una evidente carga simbólica. Además, ha constituido una prueba de fuego de la calidad de la democracia española: si la labor obstruccionista de la familia Franco y sus abogados, de la Fundación que lleva su nombre, de algunos jueces y los benedictinos del Valle, hubiera tenido éxito, habría significado una gran derrota democrática. Durante este año y medio los opositores a la exhumación han confrontado con los tres poderes del Estado: primero con el Legislativo, que había aprobado una Proposición No de Ley que instó a sacar al dictador del Valle en mayo de 2017 y convalidó un real decreto-ley en septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra; después con el Ejecutivo, que lo marcó como prioridad en junio de 2018 sin esperar las trabas de todo tipo que encontraría en un proceso escrupulosamente garantista; y por último con el Judicial, que el pasado 30 de septiembre desestimaba con una votación unánime en el Tribunal Supremo el último recurso de los Franco y daba luz verde a la exhumación.

La salida de Franco de Cuelgamuros ha supuesto, de cualquier modo, sólo un peldaño en la ya larga lucha contra las pervivencias del franquismo en nuestra sociedad, y contra la impunidad de sus crímenes. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros que pase por su desacralización; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional-católica; y finalmente, por una resignificación integral del Valle, en línea con otros lugares de memoria destinados a servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de las agresiones a los derechos humanos, tales como la ESMA de Buenos Aires, Casa Grimaldi en Chile, o el Memorial de Auschwitz.

En los próximos meses tendremos que valorar , en relación con los resultados electorales y la composición del próximo Gobierno, qué efecto tienen sobre el futuro del Valle, tanto la salida de los restos de Franco como la indignación de una parte sustancial de la opinión pública tras un año de continuas trabas dirigidas a entorpecer el proceso.

La actuación provocadora de los Franco y de sus abogados, ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político que conserva la familia el dictador. Creemos que, después de los 44 años transcurridos, es indispensable naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador) como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia. Estamos viendo recientemente a  la Justicia de Chile, exigiendo a la familia Pinochet la devolución de fincas irregularmente apropiadas y las cuentas bancarias en el extranjero.

La labor obstruccionista que ha tenido posibilidad de ejercer el prior de los benedictinos del valle, demuestra también la necesidad modificar urgentemente el estatus legal del Valle. Algo similar puede decirse sobre la pervivencia de la Fundación que lleva el nombre del dictador, algo inconcebible en los países democráticos de nuestro entorno que derrotaron a los fascismos en 1945.

Queda aún mucho por hacer: como muestra, el cadáver de Franco descansa hoy en un panteón pagado con dinero público. Y su familia es una privilegiada porque sigue teniendo un lugar al que llevar unas flores, que es un derecho del que no pueden disfrutar los familiares de miles de víctimas de su dictadura.

https://www.65ymas.com/opinion/arturo-peinado-exhumado-queda-exhumar_10049_102.html

La caída de la Ciudad y del Ángel

La caída de la Ciudad y del Ángel

Madrid, 3 de Noviembre de 2019

Hace unos años, durante la presentación de un libro, el catedrático de Historia Contemporánea de una universidad madrileña explicaba que, entre los historiadores profesionales que trabajan sobre el franquismo y la guerra civil y la nómina de publicitas recauchutadores de mitos franquistas, hay la misma distancia que entre los astrónomos y los astrólogos.

La materia prima es la misma: los acontecimientos del pasado. El resto difiere radicalmente: honestidad, profesionalidad, formación, metodología de trabajo, fines y objetivos...

De la afortunada comparación, que tiene varias lecturas, se pueden extraer diversas conclusiones. La principal es que, por supuesto, cada uno es libre de leer lo que quiera, pero si lo que pretendes es conocer el origen, composición, estructura y evolución del Universo tienes que leer e interesarte por el trabajo de astrónomos y astrofísicos. Si lo que buscas es que te digan que te va a tocar la Primitiva o que te vas a echar novia, tendrás que llamar de madrugada a un señor que sale por la tele vestido con túnica brillante y unas cartas, arriesgándote a que te metan un buen viaje en la próxima factura telefónica.

Con la Historia de la II República, la Guerra civil y el franquismo, pasa algo parecido.

Todo esto viene a cuento porque en el pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid del pasado 30 de Octubre, se aprobó una declaración cuya exposición de motivos constituye un compendio de tópicos franquistas burdos y majaderías históricamente infumables. Presentada por el concejal Ortega Smith, fue aprobada con el voto a favor de los liberales de Ciudadanos y del típico centro progresista que representa el Partido Popular. Esta vez ni tan siquiera se ha producido el típico "discurso Pimpinela" del tripartito madrileño: cada uno cantando una letra diferente dentro de una misma canción.

Uno de los grandes déficits y pecado original de nuestra democracia, es que la derecha española no es antifascista. La derecha de Europa Occidental participó en los combates y en la victoria contra el nazismo y los fascismos, y posteriormente, en la construcción de las democracias de la posguerra y en el proceso fundacional de la Unión Europea. Sus referentes son Adenauer, De Gasperi, De Gaulle,  Monnet… El referente de la derecha español es Manuel Fraga, quien tras la detención de Julián Grimau elaboró un dossier inculpatorio ad hoc, para legitimar las torturas, la defenestración y finalmente, el asesinato legal del dirigente comunista.

Volviendo a la metáfora de los astrólogos: la declaración del consistorio madrileño del 30 de octubre pudo perfectamente, haber sido elaborada por Paco Porras con cinco solysombras entre pecho y espalda.

¿Qué nos ha pasado, qué le ha podido suceder a esta ciudad para que nos hayamos desplomado (como el Ángel Caído de Bellver en El Retiro) desde los Bandos del Alcalde Tierno Galván, a estas declaraciones demenciales de cara... a la galería?

¿Porqué la derecha cuando llega al poder actúa sin el menor escrúpulo, y la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso que no son correspondidas? Todavía estamos esperando una declaración de condena del franquismo por parte del pleno municipal, lo que solicitamos en varias ocasiones durante la anterior legislatura, mientras gobernaba Ahora Madrid con apoyo del PSOE. Es más, aún seguimos aguardando respuesta a dos cartas dirigidas a Manuela Carmena, pidiéndole que el Ayuntamiento de la capital se manifestase públicamente contra la reinhumación de Franco en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.

"El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado (Faulkner)", por Javier Pérez Royo

El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado (Faulkner)
No pasa solo en España, como muy bien nos recuerda William Faulkner, pero en España pasa de manera singular, como consecuencia de la Guerra Civil. El largo proceso de exhumación del general Francisco Franco culminado esta pasada semana es un indicador insuperable

Javier Pérez Royo
eldiario.es, 27/10/2019

Santos Juliá abre su libro Transición con una cita de Juan Benet: "La Guerra Civil de 1936 a 1939 es el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién sabe si el más decisivo de su historia". El historiador, fallecido el día anterior al traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos a Mingorrubio, manifiesta su conformidad con la afirmación de Juan Benet, acentuándola todavía más: cuarenta años después de su muerte, hay que suprimir todas las cautelas. El "quién sabe" tiene que ser sustituido por "sin duda alguna".

La Guerra Civil fue un enfrentamiento a muerte entre los dos bandos a los que quedó reducida la extraordinaria complejidad de la sociedad española de las décadas anteriores, tras el cual "el vencedor nunca accedió a ningún tipo de pacto que posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los perdedores y volviera a integrarlos en la vida nacional". Por ello, "la Guerra Civil no fue la culminación de una historia, sino su quiebra brutal, un corte profundo infligido a la sociedad española que, desde 1939, quedó amputada para siempre de una parte muy notable de sus gentes y de su historia"

Francisco Franco fue la encarnación del bando vencedor, que consiguió no solo estabilizar un régimen político hasta su muerte, sino que consiguió condicionar de manera decisiva el futuro régimen que vendría a sustituirlo. Las piezas centrales del sistema de poder que articula jurídicamente la Constitución de 1978 no fueron definidas en el proceso constituyente que se inició tras las elecciones del 15 de junio de 1977, sino que provienen directamente o del General Franco: la Monarquía, o de las Cortes franquistas inmediatamente después de la muerte del dictador, que a través de la Ley para la Reforma Política, definirían la composición de las Cortes bicamerales que aprobarían la Constitución y que mantendrán dicha composición en el texto constitucional, o del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez, que mediante Decreto-ley aprobó el sistema electoral del Congreso y el Senado.

Estos tres elementos, que son los decisivos en el ejercicio del poder juridificado en la Constitución de 1978, no son resultado de un proceso constituyente democrático, sino que son herencia del Régimen del General Franco. La Restauración de la Monarquía, la composición de las Cortes como órgano constitucional representativo del pueblo español y su sistema electoral, no han sido definidos por el poder constituyente del pueblo español, sino que se introdujeron sin debate constituyente de ningún tipo en el texto constitucional que se sometería a referéndum el 6 de diciembre de 1978.

Hay un cuarto. La Iglesia Católica, que también se incorporó de forma espuria al sistema de poder del 78, a través de la negociación de unos Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que fueron negociados por el Gobierno de Adolfo Suárez antes de que estuviera aprobada la Constitución, pero que fueron publicados el 4 de enero de 1979, unos días después de que la Constitución hubiera entrado en vigor. Materialmente son preconstitucionales, pero formalmente no lo son. Tanto la Iglesia como el Gobierno de Adolfo Suárez, sabían que esos acuerdos no hubieran podido ser aprobados en democracia, pero que para la democracia sería muy difícil, por no decir imposible, revisarlos. Y así ha sido.

La Monarquía, un Congreso de los Diputados ligeramente devaluado en su composición y un sistema de elección desde la perspectiva del principio de legitimidad democrática, un Senado incompatible con dichos principios de legitimidad y una Iglesia Católica que mantiene su posición privilegiada predemocrática, han encorsetado el proceso político y han condicionado fuertemente el esfuerzo por ir levantando las hipotecas heredadas de la Guerra Civil y de las décadas del Régimen de las Leyes Fundamentales.

Con un sistema de poder definido desde el pasado, ha resultado imposible enfrentarse a lo que ese pasado había sido. La "parte amputada" a la que se refería Santos Juliá, ha continuado siendo parte amputada. La sociedad española no ha podido o no se ha atrevido siquiera a mirar a ese pasado e intentar "integrarlo en la vida nacional".

De ahí viene la permanencia durante 44 años de los restos del general Franco en El Valle de los Caídos; de ahí viene la incapacidad de abordar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales militares o de excepción después de la Guerra Civil, de ahí vienen los más de cien mil ciudadanos desparramados por las cunetas y un largo etcétera.

La exhumación del General Franco era un primer paso indispensable para que la sociedad española empiece a mirar a su pasado e intentar una auténtica reparación. Ya hemos visto lo difícil que ha sido. No menos difícil va a ser el camino que queda por recorrer.

El pasado en España nunca ha sido pasado. Kant decía que España es el reino de los muertos, que los muertos la poseen, que los muertos la dominan. Lo hemos visto con la exhumación de Franco. Pero también lo podemos ver con la utilización del terrorismo como instrumento de represión años después del fin del terrorismo y de la disolución de ETA. La utilización de un pasado terrorista para reprimir conductas que no pueden ser calificadas de tales. En la Audiencia Nacional no dejan de multiplicarse los procesos por terrorismo en estos últimos años. Ahí está el caso de Alsasua. Parece que ahora se está iniciando la traslación de dicha estrategia para hacer frente al nacionalismo catalán.

¿Hasta cuándo?

https://www.eldiario.es/contracorriente/pasado-muerto_6_957214271.html

Intervención en la Biblioteca Pública de Guadalajara. 17 de Octubre 2019

Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradecer la invitación a participar en este acto a las compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de Guadalajara y felicitarles por la organización de estas Jornadas. También agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados.

El título de esta Jornadas, “la Memoria histórica ante los nuevos retos políticos”, es bastante más sencillo que la realidad a la que se refiere. Nos encontramos en una tesitura complicada: nos enfrentamos a unas elecciones, el 10 de noviembre, con resultado incierto.

La conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo andaluces, los acuerdos previos a la constitución de gobierno y las medidas que ya se están adoptando, muestran que las fuerzas gobernantes en Andalucía han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los inmigrantes y los refugiados. También sobre la memoria histórica, cuya reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación señala a los responsables de los crímenes cometidos, deja en evidencia el sistema de impunidad en que han vivido los autores, y explica, en buena parte, el status social y económico del que siguen gozando muchas personas, empresas e instituciones.

En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy más de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase entonces, fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una Ley integral de Víctimas del franquismo, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas.  Estamos convencidos/as de que, independientemente de los procedimientos judiciales que se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son fundamentalmente políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y desarrollar otra, que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

El proyecto de LVF que hemos trabajado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También nos hemos basado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En qué consiste la propuesta de Ley de Víctimas del franquismo

El Proyecto se basa en dos ideas centrales:

1. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH sobre las víctimas del franquismo.

2. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.

Se debe tener siempre en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta, al menos, las elecciones democráticas de 1977. En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos que están vivos, independientemente de su edad, tal y como sucede en países como Alemania.

En posteriores reuniones del Encuentro (2017 y 2018), hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta de Vicálvaro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo se ha adoptado, siempre por consenso, una posición más contundente sobre la Ley de Amnistía de 1977,  pronunciándonos a favor de la aprobación por el Parlamento de una Declaración de Nulidad de la misma.

La Estrategia seguida por el Encuentro ha perseguido que se plasmen en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista. Hemos realizado manifestaciones en Madrid, y celebrado múltiples reuniones, entregas del proyecto de Ley de Víctimas a dirigentes políticos y cargos públicos… Queremos convencer a las fuerzas políticas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que están presentando tienen un recorrido limitado, como se ha demostrado.

Esta iniciativa ha tenido entre las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales una buena acogida por lo general, pero también con escasos resultados, por la concurrencia con las diversas y dispersas iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos en estas legislaturas cortas. El borrador de LVF ha inspirado propuestas como el proyecto de IU de Junio de 2018, o el que presentamos en el Senado junto a Compromís.

A pesar de las dificultades, creemos que el hecho de que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía, y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, constituiría un hito histórico, significaría un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.

Sobre la exhumación de Franco

Nos felicitamos por la decisión el TS del 24 de septiembre. La importancia real de la exhumación es relativa, por cuanto no deja de ser un hecho aislado que no supone un cuestionamiento del modelo español de impunidad, pero tiene una fuerte carga simbólica. Supone un éxito innegable para el movimiento social por la Memoria,  y confiamos en que llegue a buen término. Que se saque a Franco de Cuelgamuros constituye una modesta victoria, pero una decisión contraria del TS hubiera supuesto una derrota estrepitosa, casi definitiva. Que los Franco hubieran parado el Decreto-Ley aprobado en el Parlamento hubiera supuesto una gran derrota democrática.

El éxito se debe sin duda al movimiento memorialista. Por ejemplo: desde hace 12 años el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, junto a otros colectivos y organizaciones, viene realizando concentraciones en la entrada del Valle cada 20-N. La denuncia y la presión del MSRM, han terminado convenciendo y captando el apoyo para la causa de las víctimas del franquismo de buena parte de la opinión pública, y explica porqué Pedro Sánchez ha tenido que hacer lo que ni siquiera se plantearon Felipe González o Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno probablemente tiene la tentación de utilizar electoralmente la exhumación, pero también de que este tema sirva de cortafuegos a otras reivindicaciones memorialistas, y al cuestionamiento de la impunidad del franquismo. Pero Rodríguez Zapatero intentó algo parecido con la Ley de Memoria en 2007, y el resultado está a la vista.

Durante todo este proceso, ha sido noticia la labor obstruccionista de los Franco y del prior contra la decisión del Gobierno, avalada en el Parlamento casi por unanimidad, y además por la sentencia firme del Supremo. Demuestra la necesidad urgente modificar el status jurídico del Valle.

El 25 de septiembre, Iñaki Gabilondo dijo que esto era un final, pero disentimos: es sólo un avance en la lucha contra la impunidad del franquismo. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros, que pase la desacralización, por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional- católica; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; la resignificación del Valle como lugar de homenaje a los resistentes antifranquistas, a las víctimas, y especialmente a trabajadores esclavos.

En los próximos meses tendremos que valorar la nueva situación creada (junto con los resultados electorales y la composición del próximo Gobierno). Y qué efecto tienen sobre el futuro del Valle tanto la salida de los restos de Franco, como la indignación de una parte de la opinión pública ante los continuos intentos de entorpecer el proceso.

La actuación provocadora e impúdica de los Franco y de sus abogados, ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político de la familia el dictador.

Creemos indispensable, a pesar de los 44 años de retraso, naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador) como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia. Estamos viendo recientemente lo que está pasando con la familia Pinochet en Chile, con la Justicia del país exigiendo la devolución de fincas irregularmente apropiadas y las cuentas bancarias en el extranjero.

Tendremos que plantear la constitución con efecto inmediato tras la conformación del Parlamento, de una Comisión de investigación, que tenga necesariamente consecuencias judiciales, con el fin de que investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador; el origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de la familia Franco; que investigue todos los títulos de propiedad, así como los documentos de adquisición, si los hubiere; que audite e investigue las declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa; que analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos; que investigue las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado.

Como especialmente grave valoramos la Resolución "Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa " aprobada por el Parlamento europeo el pasado 19 de septiembre: Todo un ejemplo de revisionismo histórico, falsificación histórica y manifestación anticomunista. Constituye un intento deplorable de equiparar el fascismo y el comunismo, minimizando y justificando los crímenes del fascismo,  silenciando la responsabilidad de las grandes potencias capitalistas con el surgimiento del fascismo en varios países europeos, y al tiempo ocultando la lucha de los comunistas por la libertad de Europa en la Guerra Mundial,  o el papel que desempeñaron en el avance de los derechos democráticos (políticos, económicos, sociales y culturales) de los trabajadores y los pueblos.

Se llega a escribir en la Resolución que "algunos países europeos han prohibido el uso de símbolos tanto nazis como comunistas", instando a imitar el “ejemplo”. Tiene la intención de allanar el camino para intensificar y generalizar la persecución y la prohibición de los partidos comunistas, y arrastrar a otras fuerzas progresistas y al movimiento sindical, como ha sucedido en varios estados miembros, como Lituania, Estonia, Letonia o Polonia, entre otros, donde, junto con la rehabilitación y la glorificación de los colaboracionistas con el nazismo, se produce la destrucción de monumentos conmemorativos de la resistencia antifascista o de las Brigadas Internacionales.

La Resolución tiene como consecuencia cuestionar los Juicios de Nüremberg,  cuya jurisprudencia ha sido la pieza fundamental en la actual configuración del Derecho Penal Internacional reconocido y codificado por las Naciones Unidas.

Cuando se constituyó el Tribunal de Nüremberg se dieron  discusiones y problemas, que se solventaron con el Estatuto de Londres 1945: se dotó de argumentación para legitimar el hecho de actuar en nombre de toda la Humanidad; asimismo definió los delitos a juzgar, agrupándolos en crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad.

Las dudas sobre la legitimidad del Tribunal se centraban en la aplicación de la extraterritorialidad sobre acusados alemanes, y la retroactividad juzgando delitos que no lo eran en su momento en la legislación alemana, como las leyes raciales de Nüremberg,  o las políticas eugenésicas, por ejemplo. Asimismo es cierto que las potencias aliadas también cometieron crímenes: los bombardeos británicos sobre población civil en objetivos no estratégicos (Dresde o Hamburgo); matanzas soviéticas como Katyn y deportaciones de grupos étnicos colaboracionistas de los nazis (chechenos y tártaros). Por no habla de Hiroshima y Nagasaki.

En Nüremberg los jerarcas del régimen nazi fueron condenados, entre otros crímenes internacionales, por conspiración y crímenes contra la paz, declarando a la Alemania Nacionalsocialista como la única responsable del inicio de la II Guerra Mundial. Cuestionar ahora a una de las potencias aliadas (la 4ª parte del Tribunal) situando a los soviéticos al mismo nivel que los nazis acusados y condenados, cuestiona el Estatuto, el propio juicio y la sentencia. Y en consecuencia pone en entredicho la Justicia Internacional y todo el sistema de derechos humanos.

Hemos sacado un comunicado, colgado en nuestra web, que condena esta Resolución, e insta a los eurodiputados españoles que lo votaron o se abstuvieron, a una rectificación pública.

No voy a repetir las célebres declaraciones de hace unos días del concejal madrileño de Vox, o las de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no me resisto a calificar sus palabras como expresión de maldad, de indigencia intelectual y de bajeza moral.

Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo hacen? Y la respuesta es sencilla: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; O a que la familia Franco pueda seguir disfrutando del producto del expolio y de la corrupción.

También es impunidad que políticos de derecha y publicistas de los mitos franquistas digan brutalidades similares, e incluso peores, que las recientemente pronunciadas por Ortega y por Ayuso, sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia y mentir sale gratis en España, especialmente cuando se ataca a los defensores de la República, a los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura...

Hemos estado analizando las posibilidades e intervenir judicialmente, y los problemas y dificultades son enormes. La respuesta política y judicial que como colectivos memorialistas y de víctimas tenemos que dar, debe ser muy rigurosa, no poniendo en riesgo nuestros objetivos finales por un minuto en un telediario. Si los juzgados no admiten o desestiman una denuncia podemos obtener un precedente muy negativo. Un auto o una sentencia contraria a nuestros intereses, puede acarrear consecuencias difíciles de enmendar.

En 2007 un grupo de personas de diferentes colectivos participamos en una denuncia contra Pío Moa, por decir que: “Franco no liquidó a los rojos, los escarmentó”, y “Aquellos que hoy defienden la Ley de la Memoria Histórica se identifican con los criminales, los de las checas”. La denuncia llegó a la Audiencia Nacional debido a las supuestas injurias al Gobierno, y en mayo de 2008 la archivó el juez Fernando Grande Marlaska, por no apreciar que las declaraciones de Moa consistieran en injurias, y que en todo caso éstas iban dirigidas a los “chequistas”, y no al Gobierno.

Como venimos repitiendo desde el Encuentro Estatal de Colectivos, la solución no es meramente judicial, sino fundamentalmente política: sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los víctimas del franquismo, puedan acabar condenados por un tribunal.

Nada más. Muchas gracias.

Entrevista en El Siglo, 10 de Octubre de 2019

Virginia Miranda. El Siglo, 10-10- 2019

Arturo Peinado (Foro por la Memoria): “La salida del dictador es sólo el primer paso”

“Las declaraciones de Ortega Smith tienen una muy complicada salida penal porque nos encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis”

@ElSiglo_eu

Virginia Miranda.

Fotos: ÁLEX PUYOL

Sus declaraciones sobre las 13 Rosas pueden sentar a Javier Ortega Smith en el banquillo de los acusados. O no. Porque las víctimas del franquismo no tienen el reconocimiento jurídico del que sí gozan otros colectivos para poder perseguir el delito de injurias esgrimido en una querella prevista contra el número dos de Vox. Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria reclaman soluciones a problemas que, como éste, seguirán pendientes tras la salida de Franco de Cuelgamuros. Su presidente, Arturo Peinado, anuncia que para el 20 de noviembre y como vienen haciendo desde hace una docena de años, “estaremos en la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista”.

La Asociación Trece Rosas de Asturias ya ha iniciado los trámites para querellarse contra Javier Ortega Smith por injurias a las 13 Rosas, 13 jóvenes fusiladas en Madrid por el régimen franquista en 1939. ¿Por qué cree que el secretario general de Vox haga estas declaraciones a punto de exhumarse Franco y de que se celebren elecciones? ¿Cree que es tan potente el franquismo sociológico en España?

El franquismo sociológico en España es bastante potente porque no se ha tocado desde el punto de vista de la transición. La democracia no ha juzgado la impunidad criminal y política, el expolio masivo a las propiedades de los republicanos y los beneficios por el trabajo en condiciones de esclavitud no se han cuestionado. Ni siquiera se ha cuestionado cómo la familia Franco ha adquirido propiedades como el Palacio de Cornide, el Pazo de Meirás, las estatuas de la catedral de Santiago… Hay mucha gente que se vio beneficiada por un sistema plagado de corruptelas y eso, al cabo de 40 años, creó un amplio sector de franquismo sociológico que estaba dentro del PP.

¿Cree que ha cambiado algo en la derecha española? Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, sólo se ha escuchado en el PP una reacción polémica por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando de quemar iglesias como en el 36.

Sí, los franquistas estaban antes en el PP y Vox es ahora la parte más ultrarreaccionaria y sin complejos. Respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid ya hemos visto sus permanentes meteduras de pata y estas declaraciones son una mezcla de mala fe y maldad con bastante indigencia intelectual.

Hablando de iglesias. ¿Cómo compara el papel que jugó la jerarquía católica durante la guerra y la dictadura y el que ha jugado ahora, desde que el Gobierno anunció su intención de sacar a Franco de la basílica del Valle? Sin mencionar al prior, que ha ido por libre durante este proceso.

Uno de los grandes problemas de la sociedad española es que la Iglesia no se haya planteado pedir perdón por aquello. Hubo una declaración en los años 70 por parte de un grupo de sacerdotes, pero no llegó a ser unánime. Ahora hay un arzobispado en Madrid bastante menos reaccionario que el de Antonio María Rouco Varela y entiendo que habrá habido presiones por parte del Gobierno y del Vaticano para que este tema se solucione. Nosotros hemos constituido una plataforma  llamada ‘Ni Valle ni Almudena’ donde estamos más de cien asociaciones de todo tipo; sindicatos, partidos políticos, asociaciones feministas, vecinales… y varios grupos de católicos de base. Fuimos a presentar una petición al arzobispado contra la intención de la familia Franco de inhumarlo al dictador en la basílica de la Almudena y entre las seis personas que llevamos el documento había dos sacerdotes. Entiendo que ha cambiado mucho respecto al franquismo, pero continúan existiendo rémoras en la Iglesia porque se benefició con riqueza, poder y fundamentalmente el control del sistema educativo.

Ni Valle ni Almudena. ¿Y Mingorrubio? Porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se opone a la inhumación en un cementerio público.

Los restos de Franco han de dejar de ser un problema público para convertirse en un asunto privado. Cuando sea trasladado a Mingorrubio se debe dejar de financiar. Y el Ayuntamiento de Madrid, que durante estos años ha sostenido económicamente el mantenimiento del mausoleo familiar, debe dejar de hacerlo. Si se dice que no a Mingorrubio, habrá que decir algún sitio. Nosotros decimos Mingorrubio pero con un cambio en las condiciones de propiedad y gestión.

¿Cree que el número dos de Vox podría ser condenado por la vía penal? La reforma de 1995 elimina la posibilidad de iniciar un procedimiento por injurias o calumnias contra una persona fallecida. ¿Existe también la posibilidad de proceder por un delito de odio?

Un equipo de abogados nuestros y de otras organizaciones memorialistas están trabajando sobre este asunto, pero es complicado. El de injurias es un delito privado y tiene que ser el ofendido el querellante. En cuanto al delito de odio lo veo poco factible porque no ha prosperado en casos anteriores. ¿Por qué? Porque para que se dé tiene que ir contra un colectivo reconocido por el Estado, como los judíos o las víctimas del terrorismo, y las víctimas del franquismo no cuentan con ese reconocimiento. Nosotros consideramos que el asunto tiene una muy complicada salida desde el punto de vista judicial. Estamos viendo cómo abordar las declaraciones de Ortega Smith, pero entendemos que la solución es política. Hay que hacer una ley de víctimas del franquismo que las reconozca jurídicamente y les dé unos derechos similares o del mismo nivel que las víctimas del terrorismo. De este modo sería perseguible penalmente la calumnia y la injuria, pero nos encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis.

¿Están entonces estudiando la vía civil?

Sí, vemos que ir por la vía civil por vulneración del derecho al honor es bastante más factible. Hace diez o doce años, después de que Pío Moa dijera que las víctimas del franquismo habían sido escarmentadas, presentamos una denuncia que acabó siendo desestimada por el juez, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo digo no porque hiciera una lectura conservadora, sino porque prácticamente es inviable ese procedimiento con la legislación que tenemos. Si se pudiese actuar por delito de odio, calumnias o difamaciones, podríamos haber conseguido condenas contra muchos de estos pseudohistoriadores revisionistas que han publicado infamias de manera permanente con gran respaldo de medios de comunicación.

El Supremo tumbaba estos días los últimos intentos por impedir la exhumación del dictador. ¿Qué representa una noticia así para su federación?

Para nosotros y para todos los compañeros de la plataforma ‘Ni Valle ni Almudena’ supone una alegría y un éxito de muchas asociaciones de memoria histórica. Mi organización y otras más llevamos más de una docena de años concentrándonos cada 20 de noviembre en la puerta del Valle de los Caídos, mandando comunicados de prensa, celebrando reuniones y concentraciones de todo tipo… y eso ha cuajado en el conjunto de la sociedad. Nos parece también que es un primer paso. La salida del dictador es lo primero de todo lo que queda por hacer. El estatus jurídico de los religiosos de la basílica, la simbología franquista, la propia cruz… Son elementos que hay que abordar y resolver de manera satisfactoria. Siempre hemos defendido que tiene que ser un lugar de memoria democrática dedicado a las víctimas del franquismo y muy concretamente a los trabajadores esclavos que lo construyeron. Peleamos por eso y por dar una salida a los restos de los miles de republicanos que allí se trasladaron en los años 50 y 60.

¿Dónde van a estar el próximo 20 de noviembre?

Hablaremos con los compañeros del Foro Social de la Sierra del Guadarrama, pero el sábado anterior o posterior, ya lo acordaremos, estaremos en la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista y franquista.

Si el PP gana las elecciones derogará la ley de memoria histórica y la sustituirá por la llamada ley de concordia. ¿Qué opina de esta propuesta?

Es la vieja equidistancia de la Transición. Son los organismos internacionales de derechos humanos los que han dicho que hay un sector de la sociedad, un colectivo de varios cientos de miles de personas como son las víctimas del franquismo, que han sido maltratadas y abandonadas por parte del Estado español, al que han mandando una serie de recomendaciones para que cumpla con ellas. Esa es la idea a seguir. Nosotros, como decía antes, apuntamos que tiene que haber una ley de víctimas del franquismo.

Si por el contrario es el PSOE el que logra formar Gobierno, ¿cree que abordará las grandes demandas pendientes, como las exhumaciones de las víctimas, la reforma de la Ley de Amnistía o la anulación de los juicios franquistas?

Parte sí. También dependerá de la composición del futuro Gobierno.

 ¿Cree que sin Unidas Podemos el PSOE no lo haría?

Sí, en buena parte. El 26 de agosto participé en la reunión sobre memoria histórica que convocó el presidente del Gobierno en funciones con una treintena de personas. El PSOE ya había presentado el 19 de julio una nueva ley de memoria que ha quedado en nada con la disolución de las Cortes, pero creo que si forma Gobierno su propuesta va a ir por ahí. Yo en cambio defendí una ley de víctimas para la equiparación de sus derechos con los de otros colectivos como las víctimas del terrorismo. También reclamamos la nulidad de la ley de amnistía, que está funcionando como una ley de punto final por ejemplo con las peticiones de extradición desde Argentina, y consideramos que las exhumaciones de las fosas del franquismo tiene que hacerla un juzgado o fiscalía especializada. Es inaceptable que intenten vendernos el sistema que se aprobó en la ley de memoria de 2007, que incumple la ley de enjuiciamiento criminal donde se dice que, si se encuentran restos con signos de violencia, se tiene que hacer cargo un juez y la policía judicial. No es lógica la derivación a la vía administrativa que aplicó la ley de memoria, con la cual y tras solicitar un permiso, una administración subvenciona a una asociación particular o agrupación de familiares. Tanto Podemos como Izquierda Unida, formando parte el mismo grupo parlamentario, han presentado dos iniciativas independientes en el Congreso, pero todavía nos parece que hay elementos bastante mejorables.

https://informados.es/elsiglo/arturo-peinado-foro-por-la-memoria-la-salida-del-dictador-es-solo-el-primer-paso/