Madrid, 9 de Diciembre de 2015
Es para mí un
privilegio y un placer tener la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes, en
nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Esperamos que este sea
el inicio de una relación de colaboración fluida y fructífera entre la
Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Centro UNESCO de la Comunidad
de Madrid. Especialmente quiero dar las gracias por la invitación a Eduardo
Montagut.
Somos la
generación de los nietos. En 1976 dijeron a nuestros padres que no se podía
hacer justicia a las víctimas del franquismo y que había que esperar. Hoy, 40
años después de la muerte física del dictador, nos dicen que ocurrió hace
demasiado tiempo, que ya pasó la hora de recordar y de hacer justicia. Nos
piden que perdonemos cuando nadie nos ha pedido perdón. Nos exigen que
renunciemos a la Justicia.
El título de
esta Charla-Debate es “La Memoria
histórica, ¿un Pacto de Estado?” Como Federación de asociaciones
memorialistas que llevamos trabajando más de una década, creemos que un Pacto
de Estado no es estrictamente necesario, que “sencillamente” el Estado español
tendría que cumplir con las obligaciones que ha ido adquiriendo en materia de
derechos humanos, garantizando que se incorpore la normativa internacional de
Derechos humanos a la legislación española (lo cual es un mandato
constitucional que no siempre se respeta), y que debería actuar sin
subterfugios, por ejemplo, ratificando ya, la “Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad”.
No debería
hacer falta un pacto de estado para que un gobierno democrático respete el
derecho internacional, ni para que cumpla la Hoja de Ruta que Naciones Unidas
ha establecido para el tratamiento de los crímenes del franquismo. Tampoco
debería hacer falta ningún pacto para que una oposición democrática respaldase
una política de Estado en ese sentido. Para todo ello no hace falta en
principio ningún pacto de Estado sino voluntad democrática y compromiso con los
derechos humanos. Es decir, lo que no ha habido hasta ahora.
Nos produce
cierto recelo hablar de un Pacto de Estado, porque éste podría ser utilizado
por las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo a la baja, un subterfugio
mediante el cual el Estado español pueda seguir incumpliendo sus obligaciones.
Durante los
últimos meses, en un intento por influir en la elaboración de programas electorales,
y de impedir que el tema de la memoria histórica y de las víctimas del
franquismo quedase fuera de la campaña electoral, nos hemos reunido con las
diferentes organizaciones políticas, tanto nosotros/as como Federación, como
formando parte de la Coordinadora de más de 70 colectivos que constituimos el
pasado mes de octubre. De las conclusiones de estas reuniones deducimos que el
tema de las fosas comunes ha llegado a ser percibido por las fuerzas políticas como
un problema de Estado, al que debería darse una solución definitiva en un plazo
no demasiado largo, y que podría contar con un amplio consenso. Todo ello se ha
conseguido gracias a la permanente denuncia del movimiento memorialista, y a
las impactantes imágenes de las exhumaciones que han sido conocidas por la
opinión pública.
Otra cosa es,
que se pretenda dar al “problema” de las fosas comunes una solución como la que
se ha venido proporcionando hasta ahora. Es decir, utilizando mecanismos ajenos
a la justicia, mediante el sistema de privatización y servicios funerarios
externalizados que estableció la Ley de Memoria de 2007, con la diferencia de
que ahora se le dotaría económicamente, frente a lo que ha hecho el gobierno
del Partido Popular en los últimos cuatro años.
Para
nosotros, sería una salida inaceptable. Las fosas comunes del franquismo no son
sólo un asunto familiar, sino pruebas materiales de crímenes de lesa humanidad
(el tipo penal aplicable sería ejecución extrajudicial y fundamentalmente desaparición
forzada, por tanto, delito permanente e imprescriptible) y como tal deben ser
tratadas, es decir, todas las exhumaciones deben ser judicializadas. Todo lo
que no se haga en ese sentido es apuntalar la impunidad, favorecer el silencio
y la injusticia, y a la postre, certificar el triunfo final del franquismo
sobre sus víctimas y sobre la sociedad. Es la versión española de la política
nazi de Noche y Niebla.
La impunidad
del franquismo y la injusta situación de sus víctimas es un problema político,
que solamente puede solucionarse a partir de decisiones políticas, y finalmente
plasmarse en leyes. Sólo desde la política puede conseguirse el respeto en el
Estado español al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos. En
consecuencia, el conjunto del movimiento memorialista y de víctimas del
franquismo venimos exigiendo al Estado Español que asuma y cumpla las
recomendaciones del “Informe sobre España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias”, y del “Informe
sobre España del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff”, (ambos
presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas).
Habría que
empezar por la eliminación de las trabas jurídicas que impiden la plasmación de
los derechos de las víctimas. Por un
lado la ley de Amnistía de 1977, que si bien en su momento pudo tener un
sentido y haber sido incluso una exigencia de las fuerzas democráticas y
rupturistas, posteriormente se ha revelado como el eje central del sistema de
impunidad, tal y como reconocen los organismos internacionales de DDHH,
asimilándola a otras leyes de punto final, felizmente suprimidas,
fundamentalmente, del Cono Sur americano. Y por otro lado habrá que eliminar
los elementos contrarios al derecho internacional de la Ley de Memoria de 2007,
que explícitamente niega el reconocimiento jurídico de las víctimas del
franquismo y su derecho a la justicia, y que además, desde la sentencia
absolutoria del exjuez Garzón (Sentencia
del T.Supremo 27/02/2012), se usa
para ejercer coacción sobre los jueces, y reconduce obligatoriamente las
reclamaciones de las víctimas a la vía administrativa exclusivamente.
También es nuestra opinión que una mera reforma de la
Ley de Memoria Histórica sería insuficiente, incluso acompañando dicha reforma
con la dotación económica que se le ha negado durante los últimos años.
Por otro
lado, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim),
algunos juristas interpretan que se abre una puerta para solucionar el otro
gran problema relacionado con la memoria histórica, que es la vigencia de las
sentencias represivas del franquismo. Según estos juristas, se han establecido
mecanismos para que el órgano judicial competente, la Sala de lo Militar del
Supremo, pueda revisar las sentencias de manera individualizada. Esto nos
parecería un camino erróneo hacia la solución del problema, por cuanto
implicaría el reconocimiento de la legalidad del conjunto de la legislación
represiva franquista y sus sentencias, y por otro lado porque centenares de
miles de ellas quedarían sin revisar, puesto que los represaliados carecen de
familias o estas pueden no tener interés alguno en iniciar el procedimiento. Para
nuestra Federación, el único camino justo es la anulación por el parlamento de
todas las sentencias franquistas. Como dice un poema de Bertold Brecht, “O
todos o ninguno”
La
Federación Estatal de Foros por la Memoria, desde que se constituyó hace 11
años, ha venido elaborando una serie de reflexiones sobre la memoria
democrática y la lucha contra la impunidad del franquismo. Ante la
evidencia de un cambio político próximo,
hemos creído necesario desarrollar una
propuesta sistematizada en la que llevamos trabajando algún tiempo, y que se
plasmaría en una Ley Integral de
Víctimas del franquismo. El documento se ha remitido a las fuerzas
políticas que se presentan a las próximas elecciones del día 22.
Coincidimos
con la reflexión del fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas
del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las
víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas
de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia
y a la reparación, no veo por qué las otras no"
Uno de los
objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debería ser
corregir tan enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo
transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la
pervivencia de una situación injusta, 40 años después de la muerte física del
dictador, como la existencia de miles de fosas comunes clandestinas, pone en
cuestión la vigencia real del Estado de derecho en España, y de paso, la realidad
de lo que hay detrás de eso que se ha dado en llamar “Marca España”.
Buena parte
del trabajo que hemos elaborado, tanto en su preámbulo como en las propuestas
concretas, se fundamenta en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo
aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el
caso español antes señalados, presentados en septiembre de 2014 al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.
Nuestra
Propuesta comienza con un Preámbulo
a modo de Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años
después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley
de Víctimas del franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico
de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas
concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por
Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho
a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
También
explicamos que nuestra propuesta no consiste en una ley general de víctimas de
la guerra civil, tanto por el espacio temporal que entendemos debería abarcar,
como por los colectivos que se verían afectados por las políticas de reparación material y
simbólica que proponemos. Asimismo, porque la equidistancia y la igualación
entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser
éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el
trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, ha
sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y
discriminatorio.
En el Bloque
que titulamos “El Derecho a la verdad de
las víctimas del franquismo. El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad
española” hablamos, entre otros temas,
- De la retirada de la simbología franquista
- De declaraciones de naturaleza política y actos
públicos de reconocimiento;
- Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
- Del tratamiento de los lugares de memoria;
- Presentamos una propuesta avanzada sobre
Legislación de Archivos y derecho de acceso a la información (a partir de
Trabajos y manifiestos por ejemplo, de asociaciones profesionales de la
Archiveros, Bibliotecarios, y Documentalistas, o de la Cátedra Complutense
“Memoria Histórica del siglo XX” ), etc...
En el bloque
del “Derecho a la Justicia”
tratamos, entre otras cuestiones
- De la Anulación de las sentencias franquistas,
con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento
utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las
sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002), tal y como se desarrolla
en un documento del Equipo Nizkor de derechos humanos, enviado a los
diputados españoles en 2010.
- También hablamos de la exhumación judicializada
de las fosas comunes del franquismo, a partir de un plan nacional de
búsqueda de personas desaparecidas,
y un desarrollo legislativo
sobre exhumaciones e identificación de víctimas. Defendemos que la Ley de
Víctimas del franquismo debe
manifestarse expresamente contra la privatización y la gestión administrativa de las
exhumaciones de fosas comunes.
- Consideramos que hay que dar una respuesta
estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración
de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, delitos
permanentes e imprescriptibles. No vale, como hasta ahora, que la Justicia
gestione el problema como una serie de casos particulares: el Estado debe
reconocer que existió una trama organizada nacida en la posguerra como una
forma más de represión, que extendió sus actividades hasta entrados los
años 80.
En el último
bloque del “Derecho a la Reparación”,
propugnamos la reparación material y/o simbólica de los diversos colectivos de
víctimas, así como la creación de un Consejo participativo, en el cual las
víctimas directamente, o representadas por el movimiento asociativo, puedan
manifestar las reivindicaciones específicas de cada colectivo: presos
políticos; presos sociales; víctimas de torturas; represaliados económicos
(sanciones, depuraciones de funcionarios, incautaciones de patrimonio...); víctimas del trabajo esclavo;
reconocimiento de colectivos como la guerrilla antifranquista; militares leales
a la República; militantes clandestinos antifranquistas; exiliados, los
llamados niños de la guerra, etc…
En resumen,
propondremos a partir del mismo día 21 de diciembre, a las fuerzas políticas la promulgación en la
próxima legislatura de un bloque legal, centrado en una Ley de Víctimas del
franquismo, pero que por motivos técnicos tendría que ir más allá, con una
indispensable Ley de Archivos avanzada; dando una solución definitiva al tema
de El Valle de Los Caídos, o la Anulación de la Ley de Amnistía de 1977, que
actúa como Ley de punto final y es la clave de bóveda del sistema de impunidad.
Para concluir,
desde el convencimiento de que sin justicia no hay democracia, y de que sin
memoria no hay cambio, esperamos que la legislatura que ahora se abre suponga
el fin definitivo del sistema español de impunidad, y de la deuda que la
sociedad, y todas y cada uno de nosotras y nosotros, tenemos con las víctimas
del franquismo, y con aquellos que lucharon por una democracia real y un mundo
mejor.
En esa labor
nos encontraremos, desde la más o menos limitada capacidad de cada uno para influir,
pero como dijo Mahatma Gandhi :"Lo
que ustedes hagan puede ser absolutamente insignificante ...pero es
absolutamente indispensable que lo hagan"
