Intervención en el debate "“Ley de víctimas del franquismo, ¿una respuesta contra la impunidad?”
Jueves 18 de mayo, Centro Dotacional Integrado Arganzuela
Intervienen también:
Gregorio Cámara Villar Portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Parlamentario Socialista, y Sol Sánchez. Coportavoz de Izquierda Unida Madrid.
Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quiero comenzar
expresando mi agradecimiento, en nombre de la Federación Estatal de Foros por
la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento
de Madrid, y más concretamente a la Junta Municipal de Arganzuela y a su
concejala, por la cesión de este espacio donde hoy nos encontramos.
Asimismo quiero expresar mi agradecimiento a los compañeros y a la compañera
que han aceptado nuestra invitación para participar en este acto, y queremos
que trasmitan ese agradecimiento a las direcciones de las fuerzas políticas a
las que representan.
Han disculpado su presencia hoy aquí, los grupos de Bildu y de
Compromís. Paso a leer las
comunicaciones que nos han hecho llegar:
Comienzo mi intervención explicando que una Ley integral
de Víctimas del franquismo es la propuesta central de la Federación Estatal de
Foros por la Memoria: hemos creído necesario desarrollar una proposición
sistematizada en la que llevamos trabajando algún tiempo. Porque estamos
convencidos/as de que, independientemente de las causas judiciales que se están
planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas
para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son jurídicas
y políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se
sustenta la impunidad y promover una legislación que reconozca y promueva los
derechos de las víctimas.
Hemos elaborado un amplio borrador, abierto a modificaciones y a sugerencias
para su mejora y ampliación. El texto se ha enviado a expertos y se está
discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Hemos celebrado
recientemente dos debates sobre el asunto en el Colegio de Abogados de Madrid,
con participación de expertos en Justicia Internacional y Derechos
humanos. Ambos actos han sido subidos a
Youtube, y en mi opinión su visión es muy recomendable.
El Proyecto de LVF se basa en dos ideas: primero, que el Estado español niega a las Víctimas
del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se
conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base
jurídica ni lógica conforme a la definición de víctima de NNUU. En segundo
lugar, creemos que es indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos
internacionales de DDHH.
La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las
víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana (que por cierto, asistió al primer
debate en el ICAM) cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo
estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor,
exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen
derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las
otras no"
El Documento en el que estamos trabajando comienza con un Preámbulo o
Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de
la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas
del franquismo.
El Borrador de Ley de Víctimas
del franquismo parte del reconocimiento
jurídico de las víctimas, y continúa con una serie de propuestas concretas,
agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones
Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la
Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
Buena parte del trabajo que hemos realizado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del
terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos
Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición. También nos hemos inspirado en el llamado “Manifiesto de la
Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.
Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente
el agravio comparativo que se ha
venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un
reconocimiento legal, una consideración justa y cuya problemática se ha
atendido por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento
diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en
sí, conforme a la definición de Naciones
Unidas, sino que lo que las diferencia a todos los efectos es la identidad de
los victimarios.
La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha
seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos,
sino que implica el no reconocimiento
jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus
derechos a la Verdad, a la Justicia y a cualquier forma de Reparación
material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del
secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció
la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo
de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el
ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, la legislación
represiva emanada del gobierno y de las Cortes franquistas… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español
con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor entidad y más directa
que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado
hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.
Además debemos considerar que no
sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de
las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un
sentido amplio, lo fue el conjunto de la
sociedad española.
Este Proyecto no pretende ser una ley de víctimas de la guerra civil
en general. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre
quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser
éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el
trato proporcionado a unas víctimas y a
otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia,
ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y
discriminatorio.
Las víctimas del franquismo y
sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se
corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir
padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de
la injusticia.
Uno de los objetivos
fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y
desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de
tanta ignominia.
También se debe tener en
consideración que las agresiones contra los derechos humanos no sólo se produjeron durante la guerra de
1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas
represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977,
cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que
múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos
humanos que siguen siendo perseguidas, que han sido juzgadas y han
terminado por lo general con contundentes condenas penales en otros países del
mundo, como los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano. En
consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de
agresiones a los derechos humanos, independientemente de su edad tal y como
sucede en países de nuestro entorno, como Alemania.
A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se
desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.
En el primer
bloque, que titulamos “El Derecho a la verdad de las víctimas del franquismo.
El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad española”,
hablamos, entre otros temas,
ü De la
retirada de la simbología franquista
ü De
declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
ü Del Mapa
de fosas de personas desaparecidas;
ü Del
tratamiento de los lugares de memoria;
Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos orientada
a gestionar y garantizar el derecho de acceso a la información de víctimas,
investigadores y del conjunto de la sociedad.
En el
bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
ü La
Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que
recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana
para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002), tal y
como se desarrolla en un documento del Equipo Nizkor de derechos humanos,
enviado a los diputados españoles en 2010.
ü La
exhumación judicializada de todas las fosas comunes del franquismo. Defendemos
que la Ley de Víctimas del franquismo
debe manifestarse expresamente contra la privatización y la gestión administrativa de las fosas comunes consagrada
por la Ley de Memoria Histórica de 2007, por cuanto se tratan en primer lugar, de
pruebas de crímenes contra la Humanidad.
ü También
consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas
robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como
crímenes contra la humanidad, delitos permanentes e imprescriptibles. Todo ello
considerado dentro de una trama organizada, por lo que no pueden seguir siendor
tratados como delitos individualizados.
En el
último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la
reparación material y/o simbólica de la amplia y diversa tipología de víctimas
del franquismo, así como la creación de un Consejo participativo en la cual éstas,
directamente o representadas por el movimiento asociativo, puedan manifestar
las reivindicaciones comunes y específicas.
En resumen, proponemos a las
fuerzas políticas la promulgación en esta legislatura de un bloque legal,
centrado en la Ley de Víctimas del franquismo, pero que debería ir más allá, con una Ley de Archivos avanzada;
una solución definitiva al tema de El Valle de Los Caídos, o la declaración de
nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 para impedir que siga actuando como ley
de punto final, tal y como la definen
las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Durante el segundo Encuentro de
asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo celebrado en
mayo de 2016 en Madrid, la estrategia de proponer a las fuerzas políticas una
iniciativa legislativa común para la promulgación de una LVF, fue asumida por
la totalidad de las organizaciones. Hoy constituye la propuesta política del
conjunto de organizaciones adheridas al Encuentro, y se inspira en la llamada
Carta de Vicálvaro consensuada entre todas ellas en septiembre de 2015 y hoy
suscrita por 88 organizaciones. La propuesta política del Encuentro va a ser
actualizada próximamente, en la reunión (la tercera) que vamos a celebrar en
Vicálvaro el próximo mes de junio.
Esta iniciativa se ha trasladado
a las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida
por lo general, pero también con cierta distancia por la concurrencia con las diversas
iniciativas sobre memoria histórica de los grupos políticos desde que en Junio
pasado comenzó la legislatura. Nuestra propuesta, en el marco del Encuentro, será promover la convergencia
estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a
esta problemática en torno a una LVF. Queremos convencerlas de que las
múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tienen un
recorrido limitado, y que deberíamos aunar esfuerzos a partir de la Carta de
Vicálvaro y de las recomendaciones al Estado español de los organismos
internacionales de derechos humanos.
Esto podría plasmarse en una
elaboración conjunta del proyecto de ley; o por ejemplo, tal y como nos han sugerido
en alguna ocasión, mediante la constitución de una ponencia específica en la
Comisión de Justicia del Congreso.
Para finalizar, nos ponemos a vuestra disposición para haceros llegar
el borrador del documento de proposición de Ley de Víctimas del Franquismo a quien no lo tenga aún, así
como para recoger vuestras sugerencias, y para explicar pormenorizadamente
nuestra propuesta.
