Víctor Sampedro: "Sin el golpe de Estado, estaríamos en un estado federal"

Entrevista en el Diario Público, ayer

El catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política considera que con el 23 F se acabó con una transición "que podría haber llevado esta democracia muchísimo más lejos de donde está ahora"

J. GAS / J. PÉREZ MARTÍNEZ MADRID 22/02/2011

¿Cómo están tratando los medios convencionales este 30 aniversario del 23 F?

El segundo periódico de tirada nacional tituló: "En Bahrein piden un rey como Juan Carlos"; algo que desapareció inmediatamente de la versión online. Una información no contrastada volvía a colocar al rey como el piloto ideal de cualquier transición democrática. Por una parte, un alarde de figura política que no se corresponde con la realidad. Y por otra, una banalidad absoluta. Parecida a los recopilatorios sobre ‘qué hacías la noche del 23 F', los líderes actuales cuentan qué hacían en sus vidas privadas y cómo, al igual que el resto de la población, no se implicaron en el curso de los hechos.

¿Cree que se acabó la transición y comenzó la democracia?

Lo que acabó fue una transición que podría haber llevado esta democracia muchísimo más lejos de donde está ahora. El 23-F abortó la potencia regenerativa de esta sociedad, con dos discursos oficiales muy contradictorios. No se puede sostener al mismo tiempo que Tejero era un payaso sin ningún tipo de apoyo y que el monarca abortó un golpe de estado de consecuencias trágicas. Una cosa u otra. Estas historias son verdades, pero verdades a medias. Son verdades que ocultan una verdad todavía más profunda. Tejero no era el hombre clave de los golpistas. Y el rey se enfrentó al verdadero golpe (un gobierno de coalición en torno a Armada) cuando vio que fracasaba, precisamente por la astracanada de Tejero.

¿Cuál fue el verdadero papel del rey?

Está escrito y firmado por activa y pasiva. El rey participó en una representación. Como todo acto político, su intervención tuvo mucho de teatro. Viendo que los tiros y exabruptos de Tejero en el Congreso invalidaban la ‘operación De Gaulle' en torno a Armada, se escenificó que el rey ponía la Constitución por delante de la Corona. Algo falso en los meses previos y en el 23-F. Las muchas horas que pasan antes de su intervención son horas de consulta. Para saber si los capitanes generales se suman al tejerazo, si Armada logra reconducir las cosas... Cuando hay constancia de que nada de eso ocurrirá, entonces toma una postura pública a favor de la democracia, recordando cómo los Borbones pagaron con el exilio su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera . Lógico en un monarca: primero mira por su linaje y luego ve en qué régimen sale adelante.

¿Nadie cuestionó la figura del rey en ese momento?

Sí. Según el teniente coronel Amadeo Martínez Inglés -conocido por sus ideas republicanas- la cuestionan sobre todo los militares fascistas porque el rey traicionó a sus compañeros de armas. También le cuestiona una izquierda republicana que, a partir de entonces, pasa a ser extra-parlamentaria. Cuestionan al rey quienes, según Javier Cercas en su libro Anotomía de un instante, no fueron capaces de traicionar sus ideales. Habla de que éste es un país de héroes de la traición. Así es como retrata (y alaba) a Suárez, a Gutiérrez Mellado y a Carrillo, pero no al rey. ¿Insinúa Cercas que el rey no tenía ideales?

¿Cuál fue el objetivo del golpe?

Existen dos golpes en marcha que son barajados por la corona y la clase política. El primero lo encabezó Tejero y una trama civil muy ligada a los restos del Movimiento Nacional franquista. Al mismo tiempo existe una búsqueda, por parte de la clase política y del monarca, de un gobierno de concentración nacional, que no era constitucional. Se deja que ambos planes continúen paralelamente, e incluso se mantiene la ambigüedad de que se puedan fundir en un momento dado. Es la precipitación de Tejero la que desbarata absolutamente todo. Los servicios secretos (el CSID, actualmente CNI) dejan que los dos golpes salgan adelante y el rey opta por asumir el protagonismo cuando ya no había forma de encauzar las cosas.

¿Cuáles son las consecuencias de ese 23 F?

Lo que ocurre es muy significativo para la marcha posterior de este país. La definición del modelo territorial sufre una regresión considerable. Si en 1981 las cosas hubieran continuado como iban estaríamos, casi seguro, en un estado federal. Además, el golpe fue utilizado por el PSOE como razón de permanencia en la OTAN, porque esto "democratizaría" a un ejército como el de Franco, socializado en el autoritarismo, la represión y el control de la población. Hay un alineamiento total con EEUU tras el referéndum de la OTAN, en el que González amenazó con dimitir (con el miedo a otro 23-F) si la población no aceptaba unas condiciones de permanencia que han sido desde entonces siempre incumplidas. El 23F y el viaje posterior del rey a EEUU suponen una restauración borbónica. Todo eso frente a un ideal de socialdemocracia no alienada, al estilo escandinavo, que era el sueño de la población y que es abandonado por un PSOE entregado al posibilismo.

¿A qué se debe la desmovilización de entonces?

El principal legado de la dictadura es el miedo. Miedo a una represión que no tiene parangón con otro gobierno autoritario, tanto en extensión de años como en ensañamiento con los vencidos [de la guerra civil]. La destrucción de organizaciones ciudadanas que se produce tras cuarenta años es tal que hay un pavor tremendo a la involución. Asimismo, una democracia estable, según los padres de nuestra constitución y la clase política española, está reñida con la movilización. Y esto es un error de cultura política tan grave... No existe ninguna democracia viva merecedora de ese adjetivo sin una ciudadanía movilizada.

¿Cómo vivió aquel día la opinión pública?

Mientras en Madrid y Valencia salieron los fascistas a la calle, la oposición parlamentaria se escondía en el suelo de los tiroteos o preparaba su exilio. El contraste no puede ser mayor con otro momento de crisis. El 13 de marzo de 2004 [tras los atentados del 11 M] las nuevas generaciones hicieron uso de las nuevas tecnologías y defendieron la democracia como no lo habían hecho ni el monarca ni el país en 1981. Lo cual implica el 13M acabó con la cultura impuesta el 23F. Un cambio generacional muy importante, que está teniendo consecuencias.

A los jóvenes, a veces, se les echa en cara quejarse de esta democracia...

Los jóvenes ya no están dispuestos a aceptar una democracia regalada y a que no se les reconozca ningún papel (ni previo ni actual) en profundizar en un modelo que se da como cerrado y perfecto. Cuando mis alumnos vuelven de la beca Erasmus, se dan cuenta de que aquí no ven reconocidas ni su valía laboral ni la dignidad ciudadana. Se saben en una sociedad imperfecta y en una democracia donde la implicación activa, al margen de los partidos (y, además, mayoritarios) está penalizada. Siendo como es la savia de una democracia viva, digna de tal adjetivo.

¿Cómo se podría abrir el debate para que avance la democracia?

Hagamos un reajuste generacional, empezando en nuestras casas. No hablemos tanto de la guerra y centrémonos en los cuarenta años más cercanos. En la dictadura sólo derramaron sangre el dictador y sus matarifes. ¿Por qué son tan difíciles de asumir dos cosas que parecen evidentes? Que ciertos consensos fueron útiles y, en su tiempo, sirvieron para evitar mayores conflictos. Y que aunque, hubiese que traicionar entonces muchos ideales ahora necesitamos recuperar al menos uno. O consideramos el antifascismo, la implicación democrática frente al autoritarismo, como semillas de democracia o no existe democracia posfranquista.

http://www.publico.es/espana/362746/victor-sampedro-sin-el-golpe-de-estado-estariamos-en-un-estado-federal

Comentario personal:

Con tanto cortesano rastrero y tanto "creador de opinión" lacayuno, vomitando sandences a cascoporro con motivo del 30 aniversario del golpe de Tejero y otros, da gusto leer una serie de reflexiones inteligentes, y por tanto excepcionales (de excepción). Una entrevista muy recomendable

24 de Enero: 34 aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha

La Ley de Amnistía de 1977 o la Transición intransitiva

Jaime Pastor. Diagonal, 18 de mayo de 2010. Número 126

Dice el poeta Juan Gelman que desaparecen los dictadores de la escena y aparecen entonces los organizadores del olvido. Nos recuerda Reyes Mate: “La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada”. Ambas reflexiones son especialmente atinadas para hablar de la Ley de Amnistía, aprobada por el nuevo Parlamento ‘democrático’ en 1977. Casi a la vez que se firmaban los mitificados Pactos de la Moncloa: el “consenso” sobre el olvido del pasado acompañaba así a unos acuerdos destinados a respetar al bloque económico en el poder y a frenar la dinámica ascendente del movimiento obrero.

En realidad, esa ley intentaba completar las medidas de amnistía parciales que se habían tomado desdel verano de 1976 y que habían permitido ya la libertad o el retorno del exilio de un número significativo de antifranquistas. Faltaban, sobre todo, presos –y “extrañados” o deportados– de ETA, junto con algunos del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, condenados por delitos de sangre. Además de muchos trabajadores despedidos por motivos “políticos”. Entonces, en el tercer trimestre de 1977, se produjo la más intensa movilización en Euskadi para liberar a todos esos presos.

La respuesta a esa presión por su puesta en libertad (al final fueron en total 153, según el fiscal del Reino) llevó a la aprobación de una ley que amnistiaba “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez). Sin embargo, la UCD aprovechó esa “concesión” obligada para introducir, con el apoyo tanto del PSOE como del PCE, la amnistía para “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”; y “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se ‘perdonaron’ así tanto “delitos” cometidos por quienes habían luchado por las libertades democráticas como la represión franquista.

Se trataba de algo inédito en la Europa posterior al nazismo. Por eso, se presentó la Transición como “modélica”, pese a ser todo lo contrario, como bien recuerda Jon Elster: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transnacional”. Ése fue el altísimo precio que pagó la llamada “oposición democrática antifranquista” en nombre de una ilusoria “reconciliación nacional”, bien utilizada por Suárez y los “poderes fácticos” para asegurarse el control de la Transición. Éste tendría su “consagración” en la aprobación de una Constitución que no hace mención al rechazo del Franquismo y blinda, en cambio, la monarquía, la “indisoluble unidad de la Nación española” y los privilegios de la Iglesia, herencias todas ellas de la dictadura.

Luego, se quiso convertir esa ley de “punto final” en referente para otras transiciones. Como comprobamos en Chile o Argentina, leyes similares no han resistido a la lucha por recuperar la memoria y a las conquistas logradas en el ámbito del Derecho Internacional y de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Se comprueba así por desgracia que, como escribió el ya fallecido Pepín Vidal Beneyto, “el sepultamiento de la memoria política durante la Transición, que se tradujo en una primera fase en una banalización de la dictadura, se ha transformado en una naturalización histórica del franquismo”. Hoy, pese al enorme coste que esto ha supuesto, la extensa lista de apologistas de aquella Transición todavía insiste en que la aprobación de aquella Ley era necesaria e incluso inevitable. Por el contrario, quienes nos opusimos entonces a la misma seguimos pensando que otro camino, el de la intensificación de la movilización desde abajo hasta la ruptura y la exigencia de justicia para las víctimas del Franquismo, era posible.

INTENTOS DE DEROGACIÓN
La petición de derogación de la Ley de Amnistía, expresada en enero de 2009 por el Comité de Derechos Humanos, después por el Comité contra la Tortura en noviembre y finalmente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas en diciembre, todos ellos dependientes de la ONU, sigue tropezando con la resistencia no sólo de un amplio sector del poder judicial, sino también de la mayoría de la derecha política, económica y mediática. Pero también de un sector nada despreciable de la izquierda oficial. La conocida como Ley de Memoria Histórica tampoco llegó a cuestionar la impunidad del Franquismo.

http://www.diagonalperiodico.net/La-Ley-de-Amnistia-de-1977-o-la.html

"Tra(ns)iciones"

JOSEP FONTANA, hoy en Público

Un amigo de Salamanca me envía la fotocopia de dos documentos del verano de 1936 que certifican dos asesinatos causados “por las fuerzas de Falange Española”. Resulta alucinante que esta misma entidad se haya atrevido a acusar en la actualidad a un juez por denunciar estos crímenes. Esto parece ser consecuencia de la Ley de Amnistía de 1977, que sobrevive al cabo de más de 30 años, en abierto contraste con las leyes de impunidad de la República Argentina de 1986 y 1987, que fueron declaradas nulas en 2003 y 2005, lo que permitió juzgar los crímenes de su dictadura. Si, como se nos dice, esta aberración es necesaria porque la ley de 1977 fue una de las bases en que se asienta la Transición, tal vez sea la Transición misma la que necesite ser revisada.
Ocurre, sin embargo, que en cuanto se expresa cualquier duda sobre las excelencias de estos pactos, quienes ayer los firmaron reaccionan hoy con irritación, negándose a discutir su naturaleza y oportunidad. El mes pasado, en Revista de libros, Ignacio Sotelo, un intelectual orgánico del PSOE, se despachaba con cierta ferocidad contra un libro (El mito de la transición, de Ferran Gallego), por atreverse a plantear un análisis crítico de lo sucedido.

Lo cual resulta tanto más sorprendente por cuanto acababa aceptando el punto central del planteamiento de Gallego: “Que el proceso transcurrió en todo momento dirigido y controlado desde el régimen”.

Sotelo nos regala de paso afirmaciones tan estupendas como la de que “Franco había estado siempre muy lejos de ser un inmovilista”; algo que hubiera sorprendido al propio autor del “lo dejo todo atado y bien atado”. Le guste o no, la imagen mítica de la Transición que se nos ha estado vendiendo durante más de 30 años no se sostiene hoy. Hemos recuperado, por ejemplo, la realidad de la violencia que se empleó para imponerla. Sophie Baby ha calculado que, de octubre de 1975 a diciembre de 1982, murieron 178 personas como consecuencia de la violencia policial, y Mariano Sánchez Soler, en La transición sangrienta, denuncia que estas víctimas fueron además sistemáticamente silenciadas para preservar la imagen del “éxito casi inmaculado de un pacto en las alturas entre caballeros providenciales y clarividentes”.

Un silencio que, por otra parte, resultaba conveniente para disimular la mayor de las miserias del trato: el precio de la renuncia a sus principios que los dirigentes de los dos grandes partidos de la izquierda, PCE y PSOE, pagaron para que se les permitiera entrar en el juego parlamentario en las condiciones fijadas por el ex ministro secretario general del movimiento Adolfo Suárez. Y digo los dirigentes, y no los partidos, porque, como señaló Abril Martorell, “nuestra Transición la protagonizaron individuos y no partidos”. Esto es, que las renuncias se hicieron a espaldas de los militantes.

Cualquiera que se moleste en analizar las diferencias que existen entre lo que PCE y PSOE ofrecían en los programas de la Junta Democrática de 1974, de la Plataforma de Convergencia Democrática de 1975 y de la Platajunta de 1976 –que definían un proyecto para una auténtica recuperación de la democracia y no para la revolución– y lo que votaron en la Constitución de 1978, habrá de concluir que o en 1976 estaban engañando a sus militantes, o en 1978 los traicionaron. La afirmación de Sotelo de que, salvo aceptar la continuidad del Gobierno posfranquista y de la monarquía, “se consiguieron todos los demás puntos” no resiste un ejercicio de lectura comparada de estos textos.

No se trata tan sólo de que hicieran concesiones dictadas por la necesidad coyuntural de acelerar el desmontaje del aparato dictatorial. Sino que tanto el PCE como el PSOE dieron un giro a la derecha, renegando de buena parte de cuanto venían predicando, y se han mantenido desde entonces en esta misma línea, que es lo que explica que sigan obligados, 33 años después, a defender medidas como la Ley de Amnistía de 1977.

En una tesis doctoral presentada en diciembre de 2009 en la Universidad de Extremadura, El PCE y el PSOE en (la) transición, que conviene que se publique cuanto antes, Juan Antonio Andrade ha estudiado cómo PCE y PSOE “vivieron su propia transición dentro de la Transición”, y cómo se procuró reeducar a los militantes para que olvidasen los viejos principios por los que habían luchado y se adaptasen a los nuevos. El proceso fracasó en el PCE, que entró en una rápida crisis, pero tuvo más éxito en el PSOE. Andrade muestra, por ejemplo, que en sus “escuelas de verano” los socialistas enseñaban en 1976 “fundamentos del marxismo”, y que en 1977 hablaban de la “superación del Estado burgués”, pero que en 1981 eliminaron toda referencia doctrinal de sus programas, que se reorientaron con el fin de preparar a sus militantes para la tarea de gestionar el “Estado burgués”.

“Quis custodiet ipsos custodes?”. ¿Quién amnistiará a los que siguen empeñados en amnistiar los crímenes del franquismo?

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1996/transiciones/

"La Transición contada a mis padres"

Juan Carlos Monedero, en Público, el 28 de abril

A la memoria de Pepín Vidal Beneyto


Mil veces oímos una petición de silencio que hoy resuena con cuento de furia y ruido: “Abuelo, deje de contar batallas”. Ignoraban los guardianes de los tiempos apacibles que la verdadera batalla no era esa que los viejos apuntaban. Era otra, apenas susurrada, que se contaban a ellos mismos en un silencio de décadas, con complicidad de café, trinchera y cuitas compartidas. “¡Deje de contar batallas, abuelo!”. Y los apaciguadores, al tiempo, contaban incontables veces su cuento incontinente: “La democracia nos la inventamos nosotros”. Lo dijeron, lo escribieron, lo repitieron, lo exportaron y, quizá –sólo quizá–, hasta se lo creyeron. Sociólogos corrieron a decir que antes de la Transición no hubo democracia y que, de pronto, ya éramos iguales al resto de Europa; filósofos cambiaron panfletos contra el todo por panfletos por lo que me caiga; historiadores oficiales dieron el pasado como inocuo pasto abierto sólo a anticuarios; sabedores de la política hicieron taxonomías borgianas para que encajara la democracia con un campo sembrado de fosas comunes y desmemoria; matemáticos trazaron la topología que permitía transitar en vez de retornar a la democracia perdida; periodistas y filólogos encontraron en el decir “consenso” una palabra mágica que contentaba a tirios y troyanos (a unos porque no cuestionaba ningún fruto de su victoria; a otros, porque les entregaba una excusa perfecta para explicar por qué eran tan vociferantes y tan poco consecuentes). Burlón este espíritu de la Transición democrática.
La Transición redujo la explicación dolida del pasado a un problema de derechos humanos. En la distancia, todos somos bienintencionados. Por eso era relevante explicar aquella época como una locura colectiva fruto del calor y los tiempos duros. Otras explicaciones sacan el hilo al ovillo y llegan hasta palacios reales, catedrales, cámaras bancarias y mansiones donde siguen los que nunca se fueron.

Recuerdo de la madre. Hija robada por la posguerra a un herrero anarquista –linchado cabeza abajo, colgando de un olivo, por el jefe de Falange, luego alcalde del pueblo–. Nueva vida en Madrid. Pudo estudiar. Su colegio tenía dos puertas, una principal para las niñas ricas y otra lateral para las hijas de la caridad. Recuerdo a la madre subiendo, junio de 1977, la calle del colegio donde estudiaban sus hijos. A suplicar un precio en los caros ejercicios espirituales. Carteles electorales en las paredes. Entendí cuando el cura afirmó: “Si no podéis permitíroslo, buscad otro colegio”. El franquismo fue una dictadura de clase. Pero nunca acepté el tuteo arrogante a la madre derrotada. Porque los mataron mil veces. En aquellos años de la guerra y la posguerra, y también en cada humillación, durante cuatro interminables décadas (las cartas que llegaron y las que no llegaron; compartir mesa con el verdugo; suplicar trabajo o limosna de lo que fue el propio patrimonio; los labios mordidos; pisar el suelo donde reposan los abandonados; las placas santas ensalzando al sayón; la impunidad de los togados, los purpurados, los condecorados; el interminable usted no sabe con quién está hablando…).

“Con la Transición, los demócratas vencimos”, y le cargaron al búnker toda la memoria del franquismo. Derrotado el búnker, derrotado el franquismo. ¿Un nuevo inicio? ¿Sin restitución? Hasta que un juez quiso llevar a juicio aquella etapa y se cayeron las caretas. El juicio al franquismo ha separado a los demócratas gratuitos de los demócratas con todas las consecuencias. “Las virtudes de la Transición son los vicios de la democracia” se reescribe: “Los vicios de la Transición son los vicios de la democracia”. Un sistema electoral indigno; Bartolín llamando a la Guardia Civil desde un maletero porque lo había secuestrado ETA. Cospedal y la Caudillesa gritando ¡golpe de Estado! por una reunión política en sede universitaria; un juez escondiendo residuos franquistas bajo alfombras progresistas; el filósofo de la ética para adolescentes recibiendo el premio literario más amañado de la historia de los premios; el ministro de Información de Franco, el que afirmó tras el asesinato en la Puerta del Sol de Julián Grimau que ese “caballerete” merecía morir, redactando la Constitución de la democracia que apuntaló a un rey de origen franquista, a comisarios de origen franquista, a catedráticos de origen franquista, a periodistas de origen franquista e, incluso, a franquistas de origen franquista. Ahí reposa nuestro miedo. Franco es más peligroso muerto que vivo. Vivo por lo menos se le veía venir.
Dudo de que la Transición hubiera podido ser radicalmente diferente. En 1973 fue el golpe contra Allende. Unos meses después, la Revolución de los Claveles alertó a los guardianes de la guerra fría. Y 40 años de exilio, represión y miedo. Lo reprochable es la falta de honestidad de sus voceros. No decir: “Hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron, lo que nos atrevimos”. Esconderlo tras “nos corresponde la mayor hazaña democrática de la historia de España”. Una Transición perfecta que no deja entender una democracia tan imperfecta.

Lo han tenido que recordar desde fuera: aquí hubo un propósito de genocidio. Hubo guerra porque los franquistas, aun ayudados por Hitler y Mussolini, no tuvieron la fuerza suficiente. Cuando ganaron, la intención genocida se consumó. Hoy se siguen repartiendo culpas con la excusa de la guerra. Para una lectura democrática, los luchadores por la República dieron todo para frenar el genocidio. Y los olvidamos.
Por eso, abuela, abuelo, perdonad por lo que no os dejaron hablar en estos años. Y contadme otra vez, desde el principio, todas aquellas batallas.

Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1982/la-transicion-contada-a-mis-padres/

Pasar la página

Hace una semana leíamos: “Eurodiputados catalanes piden que se retire un símbolo franquista del Parlamento Europeo. El PSC pide al Gobierno que envíe a Bruselas un ejemplar de la Constitución sin el águila y las flechas” (1). Estas noticias fueron pronto comentadas por nuestro compañero, camarada y amigo Emilio Sales con el espíritu crítico que le caracteriza, en un artículo titulado “La gallina constitucional”(2)

Sin embargo nos resultó especialmente sorprendente una sagaz propuesta de solución a tan incómodo conflicto: “mientras llega ese momento, los eurodiputados del PSOE y el PP han propuesto pasar la página y seguir mostrándolo en la exposición abierto por otra parte” (3).

En primer lugar debemos partir de una incontestable realidad: el águila franquista era el escudo oficial del Estado español en diciembre de 1978 cuando se promulgó el texto constitucional, y lo siguió siendo hasta 1981.

Ciertamente hoy es impresentable y políticamente incorrecto exhibir en Bruselas y en el Congreso de Diputados ejemplares del texto constitucional presididos por sendas gallinas, con su yugo, sus flechas y sus lemas de “una, grande y libre”. Pero la pretensión en este caso, de ocultar los símbolos franquistas externos, enmascara un objetivo más profundo: hurtar un análisis de fondo y un posible debate social sobre la Constitución del 78 en sí, y las circunstancias políticas e históricas en que ésta se generó.

Por ejemplo, que todos los que pudieron votarla lo hicieron en circunstancias completamente diferentes a las actuales, y tienen hoy al menos 49 años. O que la pervivencia del carácter oficial de esos símbolos durante la Transición, no es más que un síntoma (relativamente anecdótico) de que el proceso estuvo diseñado y dirigido por los herederos de la dictadura, en una situación de correlación de fuerzas de manifiesta inferioridad de la oposición democrática, bajo la permanente espada de Damocles del golpe militar involucionista y la violencia impune de los pistoleros fascistas. También estos días hemos conmemorado los aniversarios de los asesinatos de Enrique Ruano y de los Abogados de Atocha.

Asimismo podríamos analizar la forma en que esa Constitución fue aprobada: porque las elecciones de 1977 no fueron planteadas explícitamente a los ciudadanos electores como constituyentes; porque se impidió la presentación de cualquier candidatura republicana; porque las autoridades y corporaciones municipales que controlaban el proceso (hasta la elecciones locales de 1979) estaban formadas exclusivamente por adeptos y beneficiarios de la dictadura nombrados a dedo por el respectivo Gobernador Civil, a su vez designado por el ministro de la gobernación de turno, quien era elegido vía digital por el jefe del Estado del momento. Y no olvidemos que la dictadura tuvo dos titulares en la Jefatura del Estado, uno desde 1936 hasta su muerte física en 1975, y el otro, desde noviembre del 75 hasta la promulgación de la Constitución en diciembre de 1978.

Lo más preocupante del proceso constituyente no es que no estuvieran derogados los símbolos oficiales del franquismo en 1978, consecuencia natural de que no se hubiera producido ninguna ruptura democrática con el régimen nacido a sangre y fuego el 18 de Julio del 36. Porque ¿quién había designado a la persona que rubricó los ejemplares del texto constitucional hoy expuestos en el Europarlamento y en el Congreso de Diputados?. Deberíamos tener presente que desde hace 70 años, todos los decretos y leyes que aparecen en el BOE son firmados por un militar que no ha sido votado por nadie, y que el himno y la bandera actualmente oficiales (que también lo eran en 1978) fueron reestablecidos por Cabanellas, Queipo de Llano y Franco en Sevilla, el 15 de agosto de 1936, para la parte del país controlada entonces por los militares facciosos.

En consecuencia, lo más grave de la Transición no es que se usasen los símbolos oficiales vigentes en el momento o que el proceso estuviera en todo momento tutelado por responsables de la dictadura recién conversos (de manera casi milagrosa) a la democracia, sino la certificación, vía Ley de Amnistía de 1977, de la impunidad de los golpistas del 36, de los jueces y fiscales del TOP, y de los torturadores de la Brigada Político-Social, entre muchos otros. O, por ejemplo, que nadie haya exigido la presentación de disculpas públicas y reparación material efectiva a las víctimas del franquismo por parte de las instituciones y de las empresas que se lucraron del trabajo esclavo de los presos republicanos, algunas de cuyas herederas cotizan hoy en el Ibex 35. Y en este asunto podríamos tomar lecciones y ejemplo de países como Francia, Austria y Alemania. (4)

También resulta sorprendente comprobar cómo se pueden escandalizar por la presencia de la siniestra gallina en un documento oficial de 1978 quienes han certificado, aprobando la Ley de Memoria de 2007, la plena legalidad y vigencia de las sentencias represivas del franquismo en nombre de la “seguridad jurídica”.

Algunos argumentarán que “precisamente gracias a esa Ley de Memoria se retiran los símbolos”. Aparte de que es una vergüenza nacional que aún se tenga que reivindicar 35 años después de la muerte del dictador, el argumento es falso: no se ha publicado aún el reglamento de la Ley que concreta plazos y tipología de los símbolos a retirar, amén (y nunca mejor dicho) de los subterfugios que la Ley facilita a determinadas instituciones, en especial a la Iglesia católica, para soslayar las obligaciones que establece como marco general. La Ley de Memoria, como mucho, está sirviendo de acicate para que diversas instituciones de la Administración del Estado y algunos ayuntamientos retiren hoy símbolos y nombres de calles en cumplimiento de las competencias y facultades que les son propias desde 1979.

En consecuencia, que por una vez y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con los eurodiputados del PP y del PSOE en que ya va siendo hora de pasar página.

Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria
Madrid, 28-01-2010



(1) http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=678124&idseccio_PK=1008

(2)
http://www.foroporlamemoria.info/2010/01/la-gallina-constitucional/

(3)
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=525686

(4)
http://www.elmundo.es/2000/03/23/europa/23N0066.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ALEMANIA/NAZISMO/HOLOCAUSTO_JUDiO/Alemania/pagara/850/000/millones/trabajadores/esclavos/regimen/nazi/elpepiint/19991215elpepiint_14/Tes/

Espíritus y memorias en transición. Ariel Jerez, en Público, 14 de noviembre

El ex dictador uruguayo Goyo Álvarez ha sido condenado recientemente a 25 años de prisión por el homicidio de 37 opositores, entendiéndolo el juez como un delito de lesa humanidad. Al tiempo, el juez Baltasar Garzón está siendo sometido a un juicio por el Tribunal Supremo debido a la acusación de una organización de extrema derecha, que exige entender como prevaricación su intento de investigar el asesinato y la desaparición de 113.000 ciudadanos que no apoyaron el golpe de Estado franquista.

Muchos países del mundo que han transitado a la democracia tras cruentas dictaduras han tomado iniciativas para hacer justicia a quienes padecieron las violaciones de derechos humanos. En nuestra ejemplar Transición, coronada con una Constitución monárquica que normaliza la institucionalidad franquista, ninguno de los responsables del régimen represor ha tenido que responder ante la Justicia.

Algunos intelectuales orgánicos del nuevo régimen niegan que haya habido pacto de olvido. Pero cuando desde los poderes del Estado se reafirma, una y otra vez, un espíritu de la Transición, no podemos dejar de interrogarnos sobre esta prolongada operación de manipulación simbólica y discursiva, orientada a contrarrestar la emergencia pública y política de los discursos de quienes cuestionan unos consensos nítidamente conservadores sobre diversos aspectos de nuestra vida en común.

Existe una nueva generación de ciudadanos que no asume este relato transicional, que convirtió a los articuladores de estos pactos elitistas en los grises héroes de nuestra democracia otorgada, y que rechaza una reconciliación presentada como la contracara del caos de los años republicanos y la condena de toda movilización de los de abajo como una irresponsabilidad para consolidar la democracia, cuando no un peligro de reabrir viejas heridas. Y este descubrimiento progresista se debe a una evidencia: pese a la crisis sistémica, nos guste o no, hoy la movilización social de contenido estratégico está en manos del bloque conservador (Iglesia, Partido Popular, empresariado e izquierdas cooptadas-silenciadas). Saben que, anticipándose a todo intento por revisar este relato, consiguen mantener una posición clave para contener cualquier iniciativa de redistribución simbólica y material considerada inaceptable para sus tan bien conservados privilegios.

La defensa de la Transición y la Constitución se ha convertido en un modus vivendi, donde los epígonos de los grises héroes institucionales lograron apartar de nuestra vida pública a los antifranquistas que en la calle lucharon por acabar con la dictadura, para ocupar ellos, en exclusiva, el panteón de los “padres” de la democracia.

En las primeras elecciones democráticas (junio de 1977), el Ministerio de la Gobernación retrasó la legalización de algunos partidos políticos para que no participasen; unos porque podían encontrar posibilidades a la izquierda del PCE-PSOE y otros porque tenían como punto fundamental en su identidad la reivindicación de una república. Así se construyó un Parlamento a la medida de las necesidades del cambio de camisa de las élites franquistas, donde nadie cuestionaría frontalmente el modelo económico y la monarquía, donde izquierdas y derechas votarían una Ley de Amnistía que ha otorgado impunidad a todos aquellos que perpetraron violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Con este pacto, la izquierda se vería obligada a desmovilizar a sus bases, pero también a recortar su imaginario social e ideológico y a renunciar a introducir vectores emancipadores en la reconstrucción de una cultura democrática tras tres generaciones socializadas en el franquismo. En este sentido, el verdadero haraquiri político fue en el campo progresista.

La ejemplaridad del relato hegemónico está basada en la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas educados tras la muerte del dictador, que no han aprendido en sus centros de enseñanza nada o casi nada acerca de las atrocidades del franquismo. Esto ha sido una política de Estado que oculta tanto la dictadura como las dejaciones de los padres de las Constitución. Como ha dejado en evidencia Amnistía Internacional, España es el segundo país en número de desaparecidos del mundo y uno de los peores en formación de derechos humanos. En realidad, vivimos en una monarquía bananera.

Lo que no nos ha impedido presentarnos como el caso de referencia para dar lecciones democráticas en las diversas olas de democratización decretadas por el sector académico funcionalista, satisfecho con homologar democracias contando votos y procedimientos, e ignorando lacerantes e insostenibles desigualdades e injusticias. Mientras tanto, en nuestras ciudades y pueblos agonizaban en silencio, sin reconocimiento público, los hombres y las mujeres que deberían ser el espejo ciudadanista en el que se mirase nuestra sociedad. Estigmatizados por el miedo del “se había significado políticamente”, caían de nuevo en las cunetas de la historia.

Sin duda, nuestra Transición fue un nuevo espejito que quisimos vender a América Latina, donde nuestras redes académicas globalizadas, con el apoyo de fundaciones y multinacionales, organizaban este nuevo relato ejemplar de la madre patria, ignorando activamente cómo muchos de los países hermanos ponían en marcha, sin bonanza económica y con escasos recursos institucionales, comisiones de la verdad, derogaban leyes de punto final y enjuiciaban criminales sin ningún “espíritu” que los iluminase.

Durante unos días, en las jornadas Memorias en transición, expertos de las dos orillas debatieron sobre transiciones, memorias y justicias necesarias, iluminando la virtud de los que luchan por los derechos humanos y la ciudadanía contra la oscuridad del fascismo (ignorancia política activa siempre al acecho).


Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1661/espiritus-y-memorias-en-transicion/

No hay como una buena Transición para lavar el pasado

El martes 27 de octubre, el programa de Telemadrid “Madrid opina” comenzó con un fragmento de una entrevista que hace unos años el director del Programa, Ernesto Sáenz de Buruaga, realizó al recientemente fallecido Sabino Fernández Campo.

En el fragmento seleccionado, Fernández Campo, Conde de Latores, criticaba el fenómeno de la recuperación de la memoria histórica que se viene dando en nuestro país, empleando los consabidos argumentos de defensa de la Transición como proceso de reconciliación entre españoles, la exaltación de las bondades y beneficios del olvido, etc…

Inevitablemente recordé las palabras pronunciadas por el escritor Juan Gelman en su discurso de recepción del Premio Cervantes 2007:

“Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas.(…). Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular”.

Me pregunto qué parte de su pasado podía tener interés en obviar el Sr.Fernández Campo, dado que en todas las necrológicas y obituarios escritos estos días aparece como Padre de la Patria, benefactor social, y demócrata de toda la vida por principios y convicción: “Persona de excepción y asturiano y español «ejemplar», referente «moral y ético»”. Hablan de "Su defensa de la democracia en momentos claves de la reciente historia española…”. Santiago Carrillo, muy en su papel, rinde homenaje al “hombre sabio y valiente que defendió la libertad“.

Por tanto, ¿qué parte de su pasado podría tener interés en ocultar nuestro prohombre?. Pedro García Bilbao, compañero del Foro por la Memoria de Guadalajara, me remite unas notas biográficas de don Sabino:

“Defensor de Oviedo, miembro de la hermandad de antiguos defensores: uno de los 400 voluntarios civiles que se unieron a Aranda. No fue falangista, venía de la JAP (las juventudes de la CEDA de Gil Robles), en pleno proceso de fascistización.
Acaba la guerra como alférez provisional. Hace derecho en la “Convocatoria de la Victoria”, se mete a jurídico militar y al cuerpo de interventores, desde los 50 es, Interventor Jefe de la Casa Militar de Franco, un puesto de la máxima confianza del dictador. Acaba, como es lógico, al lado del sucesor de Franco.
¿Defensor de la democracia?. Cuando tocó defenderla, en julio del 36, no lo hizo”.

Deberíamos suponer que el consecuente demócrata en algún momento pidió perdón, o al menos se declaró arrepentido por haber actuado como faccioso contra el gobierno democrático y legal, y por haber sido jerarca del régimen dictatorial. ¿Condenó en algún momento don Sabino, miembro del patronato de la Fundación en Defensa de la Nación Española, el régimen de Franco y el golpe de estado del 18 de Julio?.

Por otra parte, ¿porqué el presentador Ernesto Sáenz de Buruaga seleccionó ese fragmento en concreto de la entrevista al conde de Latores?. Recordemos cómo narra un biógrafo de Franco la llegada de éste a Tetuán desde Canarias en el Dragon Rapide:
“Franco o Bolín (según versiones) dio instrucciones al piloto: "Dé una vuelta a la pista lo más bajo posible. Si le digo ¡Arriba! retome el vuelo sin vacilar". después de dar varias vueltas, Franco reconoció a uno de los coroneles sublevados y dijo al piloto: "¡Ahí está el rubito! ¡Aterricemos!". Al tomar tierra es recibido con júbilo por los oficiales sublevados, entre ellos Yagüe, que le besa y le abraza.” (Fernández, Carlos, El general Franco, Editorial Argos Vergara, Barcelona 1983)

Parece ser que el coronel “rubito” se llamaba Eduardo Sáenz de Buruaga.