Las cartas clandestinas de Vicente Serrano Zarco

Publicado en Memòria antifranquista nº 17

Edición extraordinaria  “La Represión franquista en Castilla la Mancha”

Editada por L'Associació per a la memòria històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Julio de 2017

http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/biblio/MAF17-cast.pdf


Hace unos años, tras una reunión en el ayuntamiento de Alcázar de San Juan sobre la rehabilitación del monumento a los casi cuatrocientos republicanos fusilados en la fosa común del cementerio, el entonces concejal de IU en Argamasilla de Alba, José Trujillo, nos informó de la existencia de un documento único: las notas manuscritas de un preso condenado a muerte en la cárcel habilitada en el convento de Santa Clara de Alcázar de San Juan, en los años 1939 y 1940. Tiempo después, José me proporcionó una copia de dichas notas, que procedí a digitalizar y transcribir.

Pienso que este es un documento excepcional porque no se trata sencillamente, como otros muchos casos, de las memorias de un preso redactadas años después de su excarcelación, sino de 35 notas de cuaderno escritas a lápiz, 22 de ellas a doble cara, que Vicente Serrano Zarco (vecino de Argamasilla y militante del Partido Comunista de España) consiguió sacar de la cárcel, escondidas entre la ropa que su mujer, Petra, recogía periódicamente para lavar.

Vicente narra en ellas las condiciones de su encarcelamiento; las sucesivas fases de esperanza y abatimiento que padecían los presos conforme se indultaba o fusilaba a vecinos, amigos, compañeros de consejo de guerra. Pero sobre todo pretende dejar constancia probatoria  de los asesinatos que se cometían, registrando en listados los nombres de las víctimas y las fechas de su fusilamiento.

Finalmente, a Vicente Serrano, que había sido concejal de Argamasilla durante la guerra, la pena de muerte le fue conmutada por la de prisión.

En las primeras notas, escribe sobre las torturas y malos tratos padecidos y la arbitrariedad de la “justicia” franquista.

 (…) y después me propinaron buenos palos con la verga, que de muestra la tenían encima de la mesa, esto fue porque no decía todo lo que ellos querían, y más cuando me negué a firmar la declaración la cual firmé por temor a que me siguieran pegando aquellas fieras

Porque han encerrado a quien han querido ellos, han soltado a quienes ellos han querido, han informado mal y bien de quien bien a ellos les ha parecido o más graciosos. Han fusilado a quien a ellos les ha pasado por las narices, han salido para años y han levantado la pena de muerte a quien ellos les ha venido en gana.

Y tu padre tan inocentemente como va a morir, pero me llevo el orgullo que sólo muero por la REPÚBLICA, de la cual en mi tumba nacerán flores de ella.
Vosotros todos, y por todas partes que vayáis, nunca bajéis la cabeza por mí, tened el orgullo de llevarla muy alta, y mirad a todo el mundo y tened la seguridad que por mí nunca os avergoncéis en parte alguna.
Y si lo hicieran, con toda seguridad y energías podéis salir en mi defensa.
VIVA LA REPÚBLICA. VIVA LA LIBERTAD
Prisión de Partido 17-12-40. Vicente Serrano

Sacar las notas fuera de la cárcel suponía para ambos, Petra y Vicente, correr un enorme peligro, pudiendo acarrear la detención de ella y el empeoramiento de la situación carcelaria de su marido.

 (…) así que la vez que traigas el bolso procura hacerlo lo mejor posible, a mí me parece que por el desgarrón que tiene junto al culo, por dentro, en un pico, debieras ponerle una pequeña pieza especia de bolsa, para en ese sitio colocarlas. Ese ¿? es el de esparto, ya sabes el sitio

Las esquelas me las mandas en los sitios de costumbre, porque donde tú querías, fíjate y verás cómo está descosido, porque al pasar la ropa han mirado en el tarjetón.

Paco, con orinas y una pluma que no esté de tinta puede escribirme y contarme algo, pero no lo cargues mucho, o con ácido de limón, pero ya sabes cómo yo lo hago y me cuentas algo del asunto internacional, y de otras cosas, pero con mucha vista.

Cuidado con dar esto a la publicidad de nadie, porque nos costaría muy caro.

A pesar del riesgo, las notas de Vicente muestran una permanente preocupación por asegurarse de que todas las comunicaciones han llegado a su destino.

Paco: cuando me escribas me dices si habéis recibido todas las notas que he mandado, este es, desde que el infortunado Tomás  falta. Me lo dices de esta manera: "padre, las judías están grandes". Y si no las habéis recibido todas, me dices: "las judías valen poco". Pues sólo he mandado en los cestos, y cuando mandé en los pantalones, esto es con el solo objeto de saber si obran todas en vuestro poder.

Resultan muy emotivos algunos comentarios de Vicente sobre su situación procesal,  o preocupándose por el estado de la familia y de los amigos en el exterior.

Paco, te mando cinco cigarros, le das uno a Tío José Vicente, que se lo fume como recuerdo mío. El cesto me lo pasaron sin tarjetón, dime si es que no traía o es que ponía algo en él. Cuando vengáis decidme 
Petra, (…) En la chaqueta, en la solapa y más abajo van dos alfileres. Te lo advierto por si lavas no te pinches.

Incluso uno de los documentos más singulares contiene la letra de un “Cara al Sol carcelario”, terminado con “Los mandamientos de Negrín”, y las consignas “Viva la República de trabajadores-Arriba el Partido Proletario-Uníos Hermanos Proletarios”.

Varias de las notas denuncian la situación en la que viven los presos. Vicente se disculpa por escribir sobre ello preocupando a la familia, pero argumenta la importancia de dejar constancia escrita de los padecimientos sufridos.

Petra: esta gente nos va a matar de hambre. Ya llevamos veinte días sin darnos pan, y cuando nos da, cuatrocientos gramos para cuatro. Y el día que dan es jueves o domingo, para que lo vean nuestras familias, que es cuando traen algo si pueden.

Petra, el motivo de pedirte los tostones es porque llevamos quince días sin darnos ni pizca de pan, y el rancho sólo es zanahoria cocida, y la noche un jurel y algunas veces uno para dos. No quisiera deciros estas cosas porque no me parece bien sacrificaros, pero quiero que todo los sepáis para alguna ocasión.

Que con motivo del día de Ntrª Srª de la Merced, Patrona de las Prisiones, nos dieron rancho extraordinario (…)Y también dejaron pasar a muchos niños y niñas, y estuvieron con sus padres y tíos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde; esto lo ha hecho los días 24, 25 y 26. Pero nos hizo a todos una impresión muy grande este cuadro tan desolador: ver a las criaturas tan demacradas y vestidas de harapos, aunque no dudamos que sus madres les pusieron todo lo mejor que tenían; también contemplábamos aquellas caras de hambre y de miseria, y aquellos cutis tan ennegrecidos.
Estas son las buenas obras del FASCISMO: también comieron del rancho que comimos nosotros, el cual decía que les estaba muy bueno. También el Director les repartió monedas de diez céntimos y se pusieron muy contentos.

También los dos meses que estuvieron sin dejar de pasar comidas desde la calle: nos daban de comer arroz con jureles revueltos con raspas y todos, y por la tarde acelgas cocidas, y de que no había de esto, sardinas saladas sin pan.
Y ahora para cenar sardinas (¿¿??) y mal, y de que no jureles y besugos, y muchas veces hay que tirarlos porque huelen que apestan, y rancho muy poco. Con decirte hambre negra y mucho miedo.
Las anchuras que tenemos son un patio de cinco metros y para dormir en una chabola con siete bovedillas para once, y de que no, para doce.

Trece de las notas de Vicente incluyen listas de los antifascistas fusilados en la cárcel de Alcázar de San Juan. Porque el objetivo explícito de los papeles es servir como testimonio de los crímenes cometidos por los franquistas, presumiblemente preocupado Vicente por la posibilidad de que éstos ocultasen o destruyesen las pruebas. Todo ello con las esperanzas puestas en un posible cambio de las circunstancias internacionales, que pudiera tener consecuencias en la situación política española.

Enhorabuena: todos han ido a morir sonrientes y enérgicos, dando ánimos a los camaradas que en la mazmorra quedaban para lo mismo. Todos se despedían con un ¡Viva la República!, y pidiendo venganza.

A los 13 meses de una paz honrosa. El día 26 de abril fueron fusilados 6 buenos compañeros de Alcázar. En estos cierra la suma de doscientos.
Compañeros todos, que vuestras muertes sean vengadas, esto lo han pedido todos, y nosotros los que faltamos también lo exigimos. 
Gloria a los mártires de la Libertad. Viva la República,
Vuestro compañero  Vicente Serrano. Alcázar de San Juan, 30-04-1940
Recordad nuestras vidas como héroes que lo fuimos todos.

Noches de tragedia para los mártires de la libertad; y de (¿¿??) para los criminales fascistas.

Nombres y apellidos de los fusilados. Mes y fecha desde el día 14 de marzo del 1940 al día  ¿¿?? Septiembre del mismo año. En la Prisión de Partido de Alcázar de San Juan.   NOCHES TRÁGICAS. (Añade una lista de 105 nombres, con la fecha del asesinato, agrupados por las poblaciones de origen: Alcázar de San Juan, Argamasilla, Socuéllamos y Tomelloso).
Prisión de Partido, 14.XI.40
A los veinte meses de Paz Honrosa, los que dicen ser católicos han fusilado en esta localidad a Trescientos Sesenta y Uno.
Todavía quedan (¿¿??). ¡ MUERTE ! algunos, más de cien y los que después vengan, pues esta gente cada vez está más sedienta de carne humana. (…)
Un abrazo a todos mis amigos, compañeros y familiares, y para vosotros de tu Vicente

Muchos de los textos expresan la necesidad imperiosa de impedir la impunidad de los crímenes franquistas, de combatir el olvido.
Conserva bien todas las notas que mando

Incluso finaliza  así Vicente un poema dirigido a su familia:

(…)
Los papeles no se rompen
y se archivan con esmero
nunca podrán escapar 
los que tanto daño hicieron

Hojas del árbol caídas
semillas del viento son
no dejéis de recogerlas
cuando llegue la ocasión
Nota en el lateral: Desde mi prisión: Alcázar de San Juan, 4-6-40. Vicente Serrano

Casi 400 vecinos del partido judicial de Alcázar de San Juan fueron fusilados y yacen en las dos fosas comunes del cementerio de esta localidad. Siempre tras una farsa de consejo de guerra llevada a cabo por un tribunal militar ilegalmente constituido; en aplicación de leyes promulgadas por un poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin las mínimas garantías procesales; sin derecho de apelación a una instancia jurídica superior independiente. Unas sentencias sustentadas  en denuncias en muchos casos anónimas. Sin derecho efectivo a la defensa, en consejos de guerra colectivos en los que a veces se juzgaba a docenas de detenidos de diferentes localidades a la vez, con un defensor militar de oficio designado por los mismos verdugos que se limitaba a pedir clemencia al tribunal.

Antes de los traslados a la cárcel de cabeza de partido de Alcázar, numerosos republicanos de cada una de las poblaciones que lo componían  (Alcázar, Tomelloso, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Herencia y Puerto Lápice ) habían sido víctimas de asesinatos extrajudiciales y de todo tipo de palizas y torturas en improvisados centros locales de detención. La cárcel de Alcázar se cerró en 1941, y los detenidos fueron trasladados a la cárcel provincial de Ciudad Real, donde las ejecuciones se prolongaron hasta 1944 (ocho de ellos eran vecinos de Argamasilla) y se reprodujeron las pésimas condiciones y los malos tratos, que costaron la vida y la salud a otros muchos.

A día de doy, todas y cada una de las sentencias y resoluciones judiciales producto de la legislación represiva del franquismo, continúan siendo plenamente legales y firmes. Jamás ninguno de los asesinos, ninguno de los torturadores, ninguno de los beneficiarios políticos y económicos del régimen franquista y de la represión, ha sido juzgado, condenado ni censurado. Las tierras, casas y bienes, el dinero incautado a muchas familias de antifranquistas ni les ha sido devuelto, ni se les ha reparado por el daño causado (por no hablar del miedo y de las humillaciones padecidas). Nunca un representante del Estado, del Ejército, de la Iglesia Católica, ha pedido disculpas a las víctimas de la dictadura, a sus familias, a la sociedad española.

Han pasado 42 años desde la muerte física del dictador y la memoria de los defensores de la democracia y de la libertad aún no ha sido recuperada. Todos ellos y ellas, así como la mayor parte de sus hijos, nos han dejado sin que se les haya hecho justicia. Por eso son tan importantes las memorias de los antifranquistas y un documento tan excepcional como las notas de Vicente Serano: para evitar el olvido planificado y la impunidad que siguen imponiendo los vencedores de la guerra, de la dictadura y de la transición.

Quiero expresar mi consideración y agradecimiento a Vicente, a Petra y Paco, a toda la familia Serrano Zarco, y a José Trujillo, por haber preservado este documento, continuando con el deber de memoria  voluntad de su padre, a pesar del riesgo que supuso conservar y esconder las notas de Vicente durante toda la dictadura.

El impagable documento de Vicente Serrano Zarco exige una publicación íntegra y un estudio mucho más amplio, en el contexto de los recientes trabajos sobre la represión franquista en Ciudad Real.  A ello nos comprometemos desde estas líneas.

Arturo Peinado Cano, @apces

"Las huelgas no sirven para nada", por Isaac Rosa

Las huelgas no sirven para nada

Un recuento de algunas de las huelgas que en los últimos meses "no han servido para nada": nuevos convenios, mantenimiento del empleo, subidas de sueldo, reducciones de jornada...

Isaac Rosa. El Diario, 29/06/2017

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de los estibadores, que ya sé que han conseguido mantener el 100% de puestos de trabajo frente a la patronal y el Gobierno. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como el transporte marítimo de mercancías. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de la recogida de basuras de Madrid, que ya sé que no hizo falta más que anunciarla para que las empresas aceptasen una sola mesa y negociar un convenio único para todos los trabajadores. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la recogida de basura de la capital. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo del aeropuerto de Ibiza, que ya sé que los trabajadores lograron que la empresa pague los atrasos y les abone también los días de huelga. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como un aeropuerto turístico. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Nissan en Ávila, que ya sé que los trabajadores han garantizado que la fábrica no cierre, y suavizar mucho el ajuste que pretendía la empresa. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la automoción. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de El Periódico de Cataluña, que ya sé que sus trabajadores han logrado la devolución de la rebaja salarial. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como el periodismo. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Cuétara, que ya sé que han conseguido subidas salariales, más puestos fijos y pluses de nocturnidad. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la fabricación de galletas. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Enviser, que ya sé que han logrado su primer convenio en diez años; ni lo de la Residencia Miravilla, que ya sé que han obtenido subidas salariales y reducción de jornada; ni lo de Zardoya Otis, que ya sé que la empresa se ha comprometido a no aplicar la reforma laboral y convertir en indefinidos al 90%; ni lo de los actores de doblaje, que ya sé lo de su nuevo convenio con mejores condiciones. Ninguno de ellos es representativo: son todos colectivos privilegiados y con capacidad de paralizar sectores tan estratégicos como la recogida de residuos, la residencia de mayores, la fabricación de ascensores o el doblaje de series y películas. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, ni en España ni en Eslovaquia, que ya sé que los trabajadores de Volkswagen en ese país han conseguido una subida salarial del 14%. Su caso no es representativo etc., etc. y etc. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de los repartidores de Deliveroo. No me extrañaría que acabasen consiguiendo una mejora de sus condiciones, pues sin duda son un colectivo privilegiado (todo el día en bici, qué felicidad) y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la comida a domicilio. Así cualquiera.

(Lo dejo aquí, aunque podría seguir unos cuantos párrafos más enumerando únicamente las huelgas exitosas de los últimos meses. Lo de "las huelgas no sirven para nada" es un estribillo que llevo oyendo hace años. Lo interesante es que últimamente lo oigo más veces en clave irónica, como este artículo. Algo debe de estar cambiando).

http://www.eldiario.es/zonacritica/las_huelgas_no_sirven_para_nada_6_659744049.html

Víctimas del franquismo: recuperar sus restos y recuperar su memoria

Víctimas del franquismo: recuperar sus restos y recuperar su memoria.

Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces

CTXT, 28 de Junio de 2017


Foto @apces: Entierro de los tres antifascistas exhumados en la fosa común de Alcañizo (Toledo).  2012

Cada vez que alguien oye hablar de la recuperación de la memoria histórica, si no está directamente implicado en la cuestión, identifica casi automáticamente este concepto con la exhumación de fosas comunes del franquismo. Esto no sólo se debe al impacto social que las imágenes de dichas exhumaciones causan, también a la simplificación que los grandes medios de comunicación trasmiten sobre el sentido y los objetivos del movimiento social por la recuperación de la memoria. Pero ni las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo nos dedicamos exclusivamente a realizar exhumaciones, ni el fenómeno es tan simple como se nos presenta.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria  ha realizado una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas. Todas se llevaron a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado durante sus vacaciones,  y en cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural competente por el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Es decir, exigiendo la implicación de la Justicia en la exhumación conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consonancia con lo establecido por el derecho penal internacional de los derechos humanos.

Invariablemente la respuesta ha sido el archivo de las denuncias (inmediatamente recurridas por nuestra parte) sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho interno sobre el internacional, la prescripción del delito, y en todo caso aplicando la Ley de Amnistía de 1977. La sorprendente homogeneidad en los autos de juzgados desde Asturias a Extremadura, culminó cuando en las dos últimas exhumaciones (en Guadalajara y Málaga) las denuncias se archivaron en aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que deriva a la vía exclusivamente administrativa las exhumaciones de las fosas del franquismo.

La Ley de Memoria establece un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a  la Justicia de las víctimas. Lamentablemente comprobamos que la actual proliferación de legislación autonómica sobre memoria histórica y fosas comunes, al insistir en legislar sobre la intervención en exhumaciones cuando no se tiene competencia sobre Justicia, persevera en líneas generales en el modelo privatizador de la Ley de Memoria.

Hoy, las víctimas del franquismo continúan siendo una excepción para el Estado, que no reconoce su existencia, y las mantiene en un limbo jurídico al que no se aplican los procedimientos habituales de la Justicia, siendo norma habitual que el juez o la policía judicial no se personen en una fosa común donde hay restos humanos con evidentes signos de muerte violenta. Recientemente, un abogado especialista en derechos humanos nos recordaba que hoy, es perfectamente posible vender en Amazon los restos exhumados de una víctima del franquismo sin tener ningún problema legal.

Pero una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia hemos realizado exhumaciones con el objetivo principal de denunciar unos delitos que consideramos, encajan plenamente en la definición de crímenes contra la humanidad, tal y como fueron definidos por el Estatuto de Nüremberg. También para evidenciar públicamente el incumplimiento por el Estado español de sus compromisos y obligaciones con respecto a los derechos humanos en el caso de las víctimas del franquismo.

Cuando hablamos de fosas comunes del franquismo nos referimos esencialmente a inhumaciones ilegales y clandestinas, llevadas a cabo en cunetas, tapias de cementerios, parajes alejados de población, etc…  con el fin de hacer desaparecer pruebas de ejecuciones extrajudiciales y, en consecuencia, la desaparición forzada de las víctimas, lo que constituye un crimen contra la humanidad de carácter permanente e imprescriptible.

La conservación o la destrucción de pruebas de estos delitos durante las exhumaciones, no depende de la capacitación, por lo general muy alta, de los profesionales que realizan  las exhumaciones, sino de que todo el proceso esté sujeto a una certificación judicial que encuadre la exhumación desde el principio dentro de un procedimiento legal, e imposibilite la destrucción de la cadena de custodia, para permitir que las pruebas obtenidas puedan ser utilizadas en un procedimiento penal.

Asimismo se efectúan en algún caso exhumaciones de fosas comunes de cementerios de otro tipo de víctimas, fusilados tras las sentencias de los Consejos de guerra. No se trata aquí de desaparecidos: las víctimas tienen todas ellas nombre y apellidos, expedientes carcelarios, sentencia, partes de ejecución, registro de entrada en el cementerio…  la exhumación se rige aquí por los respectivos reglamentos municipales de cementerios. Realmente se trata de un traslado de restos para su entrega a los familiares, por cuanto las pruebas documentales hacen innecesarias las forenses como elemento probatorio. En nuestra opinión, el papel en este caso tanto de las asociaciones memorialistas como de las administraciones, debería orientarse a la constitución de un espacio estable de memoria que explique las causas y el sentido de su muerte, y estableciendo una dinámica de homenajes periódicos con presencia oficial de representantes institucionales. Y por supuesto, seguir exigiendo la anulación de todas y cada una de las sentencias dictadas por los tribunales y consejos de guerra franquistas.

Algunas administraciones realizan también exhumaciones de otro tipo, como el caso de combatientes muertos en acción de guerra,  aunque ante la ausencia de familiares que reclamen los restos y previsibles problemas para su identificación,  entendemos que el tratamiento que se debe dar a estas fosas debe ser fundamentalmente conmemorativo y divulgativo.

Lamentablemente constatamos que la solución que propugna el Estado al problema de las fosas comunes, pasa por circunscribir las exhumaciones al ámbito estrictamente personal  y familiar, ajeno a otras consideraciones. Se niega a los familiares el reconocimiento  y el derecho a la justicia, y se utiliza su dolor y el legítimo derecho a la recuperación de los restos del familiar asesinado, haciéndoles creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles unos restos mortales que fueron mal  enterrados, y que eso es todo lo que deben esperar.

Entendemos perfectamente las urgencias y las necesidades de los familiares de las víctimas (en primer lugar porque nosotros/as también lo somos), pero debemos tener presente que en una exhumación se dan las siguientes circunstancias:

1.       Que la identificación de todos los restos no siempre es técnicamente posible.

2.       Que muchas víctimas no tienen familias que reclamen sus restos al haber sido asesinados antes de tener descendencia, o porque no están interesadas. Obviamente, aquí hay una responsabilidad del Estado sobre los restos exhumados no reclamados que no puede trasladarse a las asociaciones o a otros familiares.

3.       Que los familiares promotores de la exhumación no tienen derecho legal sobre los restos hasta que no se produce una identificación positiva, antropológica o mediante ADN.

4.       Que las víctimas que exhumamos no han perdido derechos, reconocidos por protocolos internacionales, y que estos están por encima de los derechos de familiares, asociaciones o administración en aspectos que afectan a su propia dignidad, como el respeto a sus creencias, lo que implica la presencia y uso de los ritos y símbolos que les fueron propios, durante los procesos de exhumación y enterramiento posterior. En particular debemos denunciar el tratamiento morboso que se da en muchos casos a las imágenes de las víctimas del franquismo exhumadas, y que por supuesto sería inconcebible si se tratase de cualquier otro tipo de víctimas.

En 1941 las autoridades nazis aprobaron el Decreto de “Noche y Niebla” para la represión y eliminación física de sus oponentes políticos, que incluía directrices para destruir las pruebas de los delitos cometidos, garantizando así la impunidad definitiva de los verdugos. Hoy, el modelo de exhumación de fosas del franquismo que se pretende imponer, tiene como objetivo deshacerse poco a poco del “problema” haciendo permanente y definitiva la impunidad de los crímenes. Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, mediante la ocultación a la sociedad del significado real de las exhumaciones, circunscribiéndolas a actos particulares formalmente humanitarios.

La pervivencia de las fosas comunes del franquismo, 42 años después de la muerte física del dictador,  constituye una denuncia permanente del trato que la democracia española da a docenas de miles de sus mejores ciudadanos, manteniendo el castigo post mortem diseñado por sus verdugos para ellos y sus familias, sólo porque se atrevieron a soñar que un mundo mejor era posible.

La posición de nuestra Federación, que compartimos con otras asociaciones memorialistas y de víctimas, y con organizaciones de derechos humanos, es que debemos seguir actuando con firmeza para impedir que se perpetúe el modelo español de impunidad, lo que supondría el triunfo absoluto  y definitivo del franquismo.

http://ctxt.es/es/20170628/Firmas/13515/Foro-Memoria-franquismo-CTXT-restos.htm

"Más imputados por la juez Alaya que resultan finalmente absueltos: ¿quién les resarce ahora?", por Juan Torres López

Más imputados por la juez Alaya que resultan finalmente absueltos: ¿quién les resarce ahora?

21 de Junio de 2017

El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:

“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.

Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La juez absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).

La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular .

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya. No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que le dan la razón a los jóvenes del 15M cuando que decían “Lo llaman democracia y no lo es”.

http://www.juantorreslopez.com/otro-imputado-por-la-juez-alaya-que-resulta-finalmente-absuelto-quien-le-resarce-ahora/

"Las complicadas relaciones de la derecha española con el pasado", por Fernando Hernández Sánchez

Las complicadas relaciones de la derecha española con el pasado

El olvido de Francisco Boix y sus compañeros de infortunio evidencia la ausencia de una legitimidad de origen de los populares, frente a sus homólogos europeos, conservadores, democristianos o liberales

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. CTXT, 

El 16 de junio de 2017, el fotógrafo, el deportado en el campo de Mauthausen, el testigo de Nuremberg, el español Francisco Boix fue enterrado con honores en el cementerio Père Lachaise, honrado por las autoridades francesas y ninguneado por las españolas, que se limitaron a enviar a la ceremonia a una representación consular de bajo perfil. El presidente del Gobierno, que en este caso no podía alegar lejanía para eludir su presencia en el acto ya que se encontraba ese mismo día en París para departir con el flamante presidente de la República, Macron, no creyó necesaria su presencia. Es posible que, muy en su estilo, pudiera alegar desconocer todo acerca de esa persona de la que usted me habla, a pesar de que el Congreso de los Diputados le mandatara por unanimidad para acudir a la ceremonia en representación del pueblo español. En su descargo hay que decir que no desmerece en absoluto de la tradición de su partido: su otrora mentor, José María Aznar, llegó a sostener que "España estuvo en las Azores porque no pudo participar en el desembarco de Normandía, que es donde debería haber estado". Sería demasiado fácil atribuir a la ignorancia tanto el comportamiento del uno como la afirmación del otro. Significaría que este país ha estado gobernado doce años --y lo que quede de esta legislatura--, ocho de ellos con mayoría absoluta, por un par de indocumentados, y no es así. Lo que pasa es que el pensamiento, las acciones, las omisiones y los lapsus revelan una manera de entender el pasado. Las representaciones sociales son instrumentos poderosos para que los individuos hagan inteligible la realidad en la que se encuadran, proporcionándoles una guía para la acción social y política.  Y de todos estos elementos que conforman el imaginario de los dirigentes, militantes y votantes conservadores españoles, se deduce que la derecha española mantiene una complicada relación con el pasado reciente.

Durante el periodo de entresiglos que coincide con la expansión de la contrarrevolución neoconservadora, su expresión política en España ha venido pugnando por conseguir y consolidar posiciones estratégicas en el ámbito de la interpretación de la historia contemporánea y de sus episodios fundamentales: la República, la guerra y el franquismo. Tras la etapa acomplejada de la transición y la postransición, aquella en la que los conversos a la democracia procuraron que se olvidaran sus orígenes y el neófito y aún frágil Aznar vindicaba el legado de Manuel Azaña, los primeros intentos de revisar el pasado a beneficio del presente fueron firmados por un prolífico aficionado a quien un patético Stanley G. Payne pretendió proteger bajo el manto de su declinante prestigio académico. La mascarada duró lo que tardó en aflorar, al calor del think tank conservador, FAES, y de algunas universidades de nuevo cuño una hornada de historiadores dispuesta a disputar el combate por la hegemonía del relato sobre aquellos tres escenarios históricos.

Durante las legislaturas de 2004 a 2011, la historia reciente se erigió en campo historiográfico y, sobre todo, político. La conmemoración del septuagésimo aniversario del comienzo de la guerra, la aprobación de la ley de la memoria histórica y las iniciativas para exhumar las fosas del franquismo fueron objeto de aguda controversia. El argumentario de la derecha giró en torno a tres conjuntos de ideas básicas: la República fue un régimen radical, poco inclusivo y tendente a la confrontación violenta; el franquismo, aunque innegablemente autoritario, fue un régimen funcional, autorregenerado al compás de la evolución del contexto internacional y del crecimiento interno sobre la base de una mayoría silenciosa de pujantes clases medias; y la transición, un proceso en el que se hizo tabla rasa de todo lo anterior para conseguir una democracia que podría verse abocada a la desestabilización si, cuestionando el pasado, se procedía a su reevaluación crítica con el pernicioso corolario de la reapertura de viejas heridas.

De la primera afirmación de derivaron obras colectivas como la de Del Rey Reguillo, Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española (2011), o la muy reciente de Álvarez Tardío y Villa García, 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (2017). La segunda se asentó sobre las bases ya establecidas por el sociólogo Juan Linz. En el boletín de FAES, Cuadernos de pensamiento político, de abril-junio de 2009, el catedrático Manuel Ramírez estableció una evolución del franquismo en tres fases: el franquismo bajo influencia totalitaria, el franquismo católico-empírico y el tecnopragmático. Nostálgicos sin complejos como Suárez Fernández fijarían un canon menos alambicado y más contundente en el polémico Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. No es de extrañar, en cualquier caso, que el franquismo se concibiese como la ballena que llevaba en su estómago al Jonás de la democracia, que solo tuvo que aguardar al encallamiento del cetáceo para salir a la luz. Un cierre del círculo revisionista al que aspira la tesis de Álvaro de Diego, cuyo título no deja lugar a dudas: La Transición sin secretos. Los franquistas trajeron la democracia (2017).

Si en el ámbito historiográfico la derecha aún encuentra réplica a sus intentos de extender su relato, a pesar de su capacidad para amplificar sus tesis gracias al conglomerado oligopólico de los medios de opinión, hay que reconocerle que, en el terreno del discurso social o de sentido común, la ventaja adquirida es incontestable. Sería inacabable la cita de intervenciones destinadas a modelar la opinión pública en el sentido de una percepción peyorativa de la República, condescendiente con el franquismo y reverente con la interpretación elitista de la transición. El periodo de los mandatos de Rodríguez Zapatero estuvo plagado de ellas, desde la “guerra de las esquelas” en la prensa conservadora con motivo de la entrada en vigor de la ley de la memoria histórica hasta las controversias en comisión parlamentaria sobre la “saturación” de películas y documentales sobre la guerra civil que emitía RTVE o la línea argumental de seriales de sobremesa que presentaban, a su juicio, “una visión idealizada de la II República, marcando una línea divisoria entre las dos Españas, hurgando una vez más en la herida de la guerra civil” teniendo en cuenta que más de un tercio de su audiencia pertenecía a la tercera edad. Curiosamente, la sensibilidad de sus señorías no se veía afectada por la continuidad en bucle de un programa, Cine de barrio, auténtico aquelarre del franquismo sociológico y apología autocomplaciente del subdesarrollo cultural y moral.

 El mantenimiento de este discurso una vez sustituido el gobierno socialista por el de Mariano Rajoy demostró que las representaciones sobre la República, la guerra y el franquismo no eran coyunturales, sino que forman parte intrínseca de la ideología del conservadurismo español y de su estrategia de guerra cultural contra la izquierda. La exministra de Educación y Ciencia y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, a la que se debe la trama de universidades privadas erigidas en trinchera contra el sedicente izquierdismo de la universidad pública --amén de la charca que ha enfangado durante décadas la región--, dejó en legado una tercera de ABC absolutamente antológica. Con la soberbia del autodidacta, la condesa aseguraba que “no hay que ser un historiador avezado, basta con ser un lector mínimamente crítico de los libros de Historia, para saber que la II República fue un auténtico desastre para España y los españoles”. La inspiradora del thatcherismo castizo ejecutaba una pirueta magistral para evitar definir el franquismo como lo que fue: “El rotundo fracaso de la experiencia republicana lo conocían muy bien los políticos responsables de 1977 cuando propugnaron una amnistía (siempre hay que recordar que amnistía viene de una palabra griega que significa olvido) total sobre los hechos acaecidos en los cuarenta años anteriores”. A nadie sorprenderá que en el currículum oficial de Secundaria de la Comunidad de Madrid, el periodo comprendido entre 1939 y 1945 fuera designado como “la era de Franco”, ni que en agosto de 2014, alguien para quien la ignorancia del Griego y de la Historia nunca supuso un problema para labrarse una carrera política, Rafael Hernando, agitara las redes sociales con la ocurrencia de que “las consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos”, una barbaridad equivalente a que un diputado de la CDU dijera en Alemania que Weimar fue la responsable de los cincuenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Batallas de la política municipal, como las libradas entre distintos ayuntamientos y sus respectivos grupos de oposición conservadora en torno a los cambios de nombre en el callejero o en la supresión de la coletilla “del Caudillo” en poblaciones de colonización agraria son muestra de que, para la derecha, este no es un tema baladí. 

Porque, en última instancia, el tema de Boix y sus compañeros de infortunio nos remite a la clave del problema: al contrario que sus homólogos europeos, conservadores, democristianos o liberales, los populares españoles no participan de una legitimidad de origen fundada en la victoria contra el fascismo, sino que son el resultado de una evolución adaptativa del bloque de poder que promovió y usufructuó la dictadura y, en principio, pretendió salvaguardar lo que pudiera de ella. En la cúpula del PP no hay un Sarkozy promoviendo en los institutos la lectura de la carta de despedida de Guy Moquet, joven resistente comunista fusilado por los nazis en 1941. No cuentan con el Jean-Claude Juncker que, como primer ministro luxemburgués, culminaba el prólogo de un libro homenaje a los brigadistas de su país en estos términos: “La conmemoración más importante --y también el mayor reconocimiento de los méritos históricos y personales de los “combatientes de España”-- son nuestros pasos de libertad, nuestros pasos de justicia, nuestros pasos de amor en las arenas comunitarias e individuales de nuestro día a día político y personal. Pues la libertad está siempre cercada. Como Madrid en 1936. ¡No pasarán!” En el PP no tienen a una Angela Merkel dispuesta a limpiar el ejército de simpatizantes del nacionalsocialismo y a aplicar todo el peso de la ley a los infractores de las leyes de exaltación del Tercer Reich.

Tienen, por contra, a un presidente que deja pasar la ocasión de serlo de todos los españoles, incluidos aquellos a los que Max Aub describió de manera desgarradora en Campo de los almendros: “Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides”.

La derecha española tiene unos órganos de propaganda como aquel que, con motivo del aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977, publicó una delirante portada, joya del humor idiosincrático marca de la casa, en la que se atribuían a Fraga los votos del PP actual y a Ciudadanos los de la UCD de entonces, reclamando así la herencia de una Alianza Popular liderada por un cenáculo de jerarcas del búnker e incurriendo en el anacronismo de creer que, con tal combinación electoral, la transición habría dado idénticos resultados. Una vindicación que, en última instancia, evidencia que la derecha mantiene con mayor coherencia y menor empacho que la izquierda el hilo de la memoria con su pasado.

La derecha, por último, tiene a un expresidente cuya concepción estrecha de lo español le llevó a desconocer la intervención de la Compañía La Nueve en la liberación de París, o el papel jugado por los miles de guerrilleros españoles en el sur de Francia o en las operaciones contra la retaguardia alemana en el frente ruso, o la resistencia interior que el catalán Francisco Boix, el madrileño Saturnino Navazo, el asturiano Luis Montero y así hasta 9.300 rotspanier --rojos españoles-- llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Aquellos, por cierto, a los que les había arrojado como apátridas “cuyo regreso no interesa” un personaje, Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, al que un canal de televisión líder de audiencia en la España pastoreada por el PP dedicó hace poco un glamuroso, almibarado y falsario serial. Pero, claro, como dijo Mayor Oreja, aquellos fueron tiempos de extraordinaria placidez y, a la postre, el biopic de los amores de la marquesa de Llanzol y el cuñado de Su Excelencia trataba sobre ricos, guapos y, sobre todo, vencedores. Siempre ha habido clases.

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Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Madrid.

http://ctxt.es/es/20170621/Firmas/13437/Francisco-Boix-derecha-Paris-pasado-CTXT.htm

"La medalla", por Francisco Espinosa

La medalla
Público, 12-06-2017

Francisco Espinosa. Historiador y autor de Guerra y represión en el sur de España, entre otras obras.


Por iniciativa de la orden de los dominicos y del PP, y mediante propuesta avalada por seis mil firmas, el ayuntamiento de Cádiz presidido por José María González Santos “Kichi”, del grupo Por Cádiz Sí Se Puede (Podemos), ha decidido recientemente conceder la “medalla de oro” de la ciudad a la virgen del Rosario, patrona de la ciudad desde 1867 y alcaldesa perpetua desde 1967. Conviene señalar que el 24 de este mes de junio, coincidiendo con el 150 aniversario de la designación de la imagen como patrona de la ciudad, tendrá lugar una magna procesión en la que colabora el Ayuntamiento. El único grupo que no apoyó la iniciativa ni en la comisión previa ni en el Pleno fue Ganar Cádiz en Común (IU). Basó su decisión en que, según el reglamento, solo puede otorgarse dicha medalla a personas físicas o jurídicas y no a imágenes o figuras. El resto de los partidos, PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos, votaron a favor. Como era de esperar la noticia causó de inmediato polémica por estar relacionada con una opción política, Podemos, que supuestamente apoya el laicismo, por más que el mismo González Santos,  siendo ya alcalde de Cádiz, hubiera llamado la atención al aceptar recibir la medalla de “Hermano de la cofradía del Nazareno”.

En esas estábamos cuando el 28 de mayo apareció en Público un artículo de Juan Carlos Monedero titulado “¡Ahí va, la virgen!” favorable a la decisión del alcalde de Cádiz y en el que puede leerse que “Kichi” es alcalde “de todos los gaditanos”, que “hace bien en escuchar al pueblo” y que es alcalde “sin ayuda de la virgen, porque dios nunca abandona a un buen marxista”. Sin comentarios. Unos días después, el 2 de junio, Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía, declaraba en la SER que “la Semana Santa, la patrona, los símbolos, no son de la Iglesia ni del Estado. Son del pueblo”. Respecto a la extrañeza manifestada por algunos en el asunto de la medalla procedía, según ella, del error que conlleva pensar que “nuestra identidad es diferente a la del pueblo”. Añadía: “Nosotros no somos sectarios. (…). Somos coherentes. Se puede defender esta medalla y reclamar, al mismo tiempo, que la Iglesia pague el IBI”. Finalmente daba dos argumentos para justificar la entrega de la medalla a la virgen: que lo “pedía la gente” y que la semana santa “tiene que ver con la gente”, “trasciende lo religioso” y “tiene que ver con lo que la gente piensa y respira. Y nosotros no somos diferentes del pueblo al que queremos representar”. Otra vez sin comentarios.

Dos días después era Pablo Iglesias el que declaraba al Diario de Cádiz que, pese a sus dudas iniciales, “Kichi” lo convenció: “Me habló del carácter de dignidad popular que significaba esa Virgen y que en una ciudad como Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores, no va unida al conservadurismo como nos podría parecer desde fuera”. Lo mejor sin duda era el final: “Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata de una muestra de respeto a los sentimientos populares, demostrando que hay que convivir con distintos pareceres y tradiciones. Los urbanitas de izquierdas tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo”.

Si estas ideas vinieran de donde suelen venir habitualmente no hubiera pasado nada. Lo llamativo es que vengan de la izquierda o, más concretamente, de una izquierda de la que podría pensarse que estaba al margen de estas veleidades ideológicas. Los que vivimos la transición recordamos los equilibrios que algunos tuvieron que hacer para conllevar su militancia en partidos de izquierdas con su pertenencia al mundo cofradiero. Solían justificarlo entonces diciendo que eran costumbres paganas. ¿Cómo olvidar aquellas decadentes semanas santas de fines de los años setenta? Parecía que aquello se acababa. Podría haberse apostado entonces por otros rituales cívicos más acordes con la nueva situación, pero era más fácil seguir con lo de siempre y eso es lo que se hizo a partir de 1982.

Por otra parte, con estas ideas justificadoras de la medalla se puede llegar donde uno quiera. Ya se sabe que las palabras lo soportan todo, pero decir que “Kichi” ha manejado la decisión de entregar una medalla a una virgen “de una manera muy laica” pone el listón muy alto. ¿Se puede hacer tal cosa de una manera laica? Lo verdaderamente laico hubiera sido haber respetado el reglamento municipal y rechazado como alcalde la intervención del Ayuntamiento en este asunto, y que a título personal y en privado José María González Santos se hubiera puesto al servicio de los dominicos para lo que gustaran.

Las cuestiones religiosas pertenecen a la esfera privada. Y entre esas cuestiones están incluidas todas las que dependen de la Iglesia por muy populares que sean. Un cofrade podrá ser agnóstico, pero desde el momento en que participa en rituales católicos entra en el ámbito de la Iglesia católica. Es desde la convicción de que la religión y sus ritos pertenecen a la vida privada de cada uno desde la que se reivindican hechos tan simples como que la religión salga de los ámbitos públicos, desde la enseñanza hasta la sanidad pasando por todo tipo de actos del Estado y de la Administración en todos sus niveles. Y es también desde ahí desde donde cabe exigir a las autoridades civiles que dejen de asistir como tales a eventos religiosos. Que vayan privadamente, pero no como cargos públicos.

Dicen que entregan la medalla a la virgen porque son pueblo y respetan las tradiciones populares. Olvidan que hay otro pueblo que va en otra dirección y que no se siente representado en decisiones como esta ni se reconoce en toda la parafernalia que acarrean los rituales católicos, que soportan estoicamente a lo largo de todo el año. Si quieren representar a todo el pueblo deben estar por encima de la cuestión religiosa y de sus manifestaciones. Su deber es atender las necesidades municipales de todo tipo pero sin implicarse en el terreno de las creencias. ¿Qué hace un Ayuntamiento entregando una medalla a una virgen? Suena a lo mismo que cuando el tal Fernández Díaz ministro de Interior hizo otro tanto: suena a reminiscencia franquista, lógica en el caso de Fernández e incomprensible en el caso de un alcalde que se dice de izquierdas. Realizar cesiones en este sentido para no perder votos ya sabemos que tarde o temprano acaba beneficiando a la derecha. El número de firmas da igual. ¿Qué tiene que ver el Ayuntamiento en esto y cómo es posible decidir tal cosa por unos pliegos de firmas?

Por otra parte, como bien sabemos en este país, el concepto de “lo popular” da para mucho. ¿Habrá algo más “popular” que la romería del Rocío? Durante la primera etapa de la II República sirvió para desestabilizar la situación política y para preparar el terreno de cara al golpe de Sanjurjo en el que sería su principal escenario: Sevilla. No puede imaginarse lo “popular” que resultó que una masa alentada por la burguesía agraria con la virgen del Rocío en ristre y con un cura en cabeza ocupara el Ayuntamiento de Almonte tras expulsar y detener a las autoridades. Y es que en España la religión siempre ha constituido un instrumento al servicio de la derecha. Lo fue en el siglo XIX, en el XX y en lo que va del XXI. Iglesia y dictadura fueron una misma cosa y debe dar tal miedo el poder de la primera que nadie desde la transición se ha atrevido a plantar cara a la anómala situación existente. La estrecha relación entre Iglesia y Estado y entre religión y política debe desaparecer, aunque solo sea por las terribles consecuencias que ha tenido en nuestra historia y sin olvidar además que dicha unión ha traído siempre más beneficios a la primera que al segundo. Sería la única forma de superar no ya los brotes anticlericales, cosa del pasado, sino la presión clerical, cosa del pasado y del presente.

En España la Iglesia ocupa un espacio muy superior al que le corresponde. Da igual que su influencia esté en decadencia. Ahí sigue recibiendo miles de millones de todos y pontificando urbi et orbi sobre todo lo que le viene en gana. ¿A quién representan los obispos y la Conferencia Episcopal? ¿Acaso a la sociedad española? Pues bien, esta Iglesia es la misma que controla la semana santa por muy “popular” que esta sea. Pensar que es del pueblo es ignorar que la Iglesia tiene experiencia de siglos en manejar estas cuestiones y sabe cuándo dar más cuerda y cuándo reducirla sin perder nunca el control. Y quien tenga duda que eche un vistazo a los boletines cofradieros.

En cuanto a que los urbanitas de izquierdas debemos aprender a respetar las tradiciones hay que decir que dichos urbanitas estamos hartos de soportar “tan arraigadas tradiciones”: hartos de ensayos y de procesiones sin fin, de cohetes, de interminables toques de campanas, de cornetas y tambores, de alardes eclesiástico-populares de todo tipo e incluso de actos y celebraciones en lugares públicos que recuerdan a las “misiones interiores” de los años cuarenta. Porque para la Iglesia, cuyo victimismo no tiene límites, no existen los espacios cívicos. La calle es suya. Todo es suyo.

José María González Santos “Kichi” decidió cambiar el retrato de rey que presidía su despacho por el de Fermín Salvochea. La prensa resaltó el gesto al igual que su participación anterior en una comparsa de carnaval en la que se decía: “Si yo fuera alcalde de Cádiz sería un alcalde como Salvochea”. Pero no es tan fácil. Este, alcalde de la ciudad durante la I República (1873-1874), fue un firme partidario de la separación Iglesia/Estado. En su primer año como alcalde suprimió las fiestas religiosas sustituyéndolas por fiestas cívicas, cambió los nombres de santos que tenían las escuelas municipales por los de principios y virtudes, y sustituyó la enseñanza religiosa por clases de moral universal. Algunos escritos suyos harían que aún hoy cayese sobre él la “ley mordaza”. Me pregunto qué pensaría Salvochea, que mantenía que el Ayuntamiento debía mantenerse ajeno a toda religión, de la entrega de la medalla a una virgen por parte de un alcalde de izquierdas. Lo que es seguro es que la curia y la derecha gaditana verán con agrado que la pasión que el actual alcalde de Cádiz siente por Salvochea se limite a tener su retrato en su despacho.

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9180/9180/

"Nuestra historia, un agujero de enormes proporciones", por Fernando Hernández Sánchez

Nuestra historia, un agujero de enormes proporciones
Existe un déficit democrático que, pese a algunas gesticulaciones, apenas ha preocupado hasta la fecha a los gobiernos del turnismo ni a los editores de libros de texto

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Si cada verano cuenta con su avistamiento del monstruo del lago Ness, con periodicidad algo más breve afloran en los medios escritos que proporcionan alimento espiritual y combustible ideológico al conservadurismo español los toques de alerta ante la manipulación de la historia que se enseña en aquel vasto territorio que se extiende, dicen, más allá de los confortables límites del barrio de Salamanca. Con motivo de la comparecencia de expertos ante la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar las posibilidades de un pacto educativo, las declaraciones del máximo responsable del oligopolio de las editoriales de libros de texto han enervado, una vez más, a quienes se encuentran en permanente estado de ansiedad por el inminente riesgo de disolución de la que llaman la nación más antigua de Europa: “Recibimos presiones por parte de las Comunidades Autónomas para ajustar los contenidos de los manuales”. 

“¡Adoctrinamiento!”, concluye el partido que sustenta el gobierno central. “¡Evitemos la manipulación y la pérdida del rigor histórico!”, clama un portavoz de la nueva política cuya sedicente biografía de Azaña prologó un tal Pío Moa. Concedamos a todas estas exclamaciones el mismo beneficio en cuanto a lamento por la inocencia mancillada que a aquello de “¡Es un escándalo! ¡He descubierto que aquí dentro se juega!”, que declamaba el capitán Renault en Casablanca, y hagamos un repaso del contexto.

La enseñanza de Historia siempre se ha planteado como un terreno de combate, aquí y en los países en que existe, desde hace siglo y medio, un sistema de educación obligatoria para la ciudadanía. No hay que remontarse a la “querella de los historiadores” sobre el pasado alemán del siglo XX ni a la revisión del papel de Vichy en Francia: basta con ver lo que ocurre actualmente en la Europa central y oriental donde, tras la implosión del bloque socialista, las interpretaciones historiográficas han experimentado una evolución que oscila entre el encumbramiento de un hipernacionalismo con preocupantes ribetes xenófobos en Ucrania y los países bálticos, y la Rusia de Putin, donde realidades contrapuestas como el zarismo y la Revolución de Octubre se han sintetizado como herencia cultural común en pos de la conformación de una nueva identidad basada en los aspectos consensuados y no controvertidos de la historia nacional. 

En el caso español, no es necesario acudir a un plantel de expertos en la Reconquista o en los avatares dinásticos de la Edad Moderna para diagnosticar las carencias y distorsiones de la historia enseñada. Si nos remitimos a nuestra historia inmediata, aquella en la que se han configurado los rasgos de la sociedad en la que nuestros jóvenes van a insertarse como ciudadanos activos, llegaremos a la desazonadora conclusión de que su tratamiento constituye un agujero negro de enormes dimensiones. Cuando culmine el intervalo entre dos convocatorias electorales ordinarias, dos millones y medio de nuevos ciudadanos serán llamados a elegir a sus representantes para que tomen decisiones que afectarán a sus vidas, afrontando problemas cuyas raíces se hunden en procesos de la historia reciente sobre los que apenas habrán recibido formación escolar alguna. Desde comienzos del siglo XXI, habrán sido entre ocho o nueve millones quienes hayan hecho este recorrido, quizás más si tenemos en cuenta las elevadas tasas de abandono escolar prematuro hasta el estallido de la crisis en 2008. Por añadidura, es probable que más de la mitad de los que aún permanecen dentro del sistema educativo reciban apenas una información superficial, lineal o inexplicablemente menguada sobre episodios fundamentales como la Segunda República o la Guerra Civil. Y prácticamente ninguna sobre la dictadura franquista o la transición.

El resultado de lo anterior adquiere los rasgos de un déficit democrático que, pese a las gesticulaciones citadas, apenas ha preocupado hasta la fecha a los gobiernos del turnismo ni a los editores de manuales. Y han tenido sobrado tiempo para remediarlo. En febrero de 2010, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo pública una encuesta realizada a tres mil personas en la que el 40% afirmó que la culpa del estallido de la Guerra Civil la tuvieron los dos “bandos” por igual y el 36% que ambos causaron las mismas víctimas. El 58% afirmó que “el franquismo tuvo cosas buenas y cosas malas” y un 35% valoró que, con Franco, “había más orden y paz”, aunque a continuación, un 80 y un 88% admitiesen, respectivamente, que durante ese periodo se violaron los derechos humanos y no había libertad de expresión. El 74% creía que la transición constituía un motivo de orgullo para los españoles, aunque el 56% ignorase cuándo se aprobó la Constitución. El 69% afirmó que recibió poca o ninguna información sobre la Guerra Civil en el colegio o el instituto. El autor de estas líneas recogió durante el curso 2013/14 una muestra sobre el nivel de conocimientos acerca de hechos, procesos, personajes y lugares emblemáticos de la historia española de los últimos setenta y cinco años entre un centenar de estudiantes universitarios madrileños en el ecuador de su carrera de Magisterio. El 30% no sabía cuántos años estuvo Franco en el poder (creían que menos de 30 años). El 45% desconocía qué fue el maquis. El 71,6% ignoraba en qué consistió el proceso 1.001. El 58% desconocía qué fue el Tribunal de Orden Público. El 79,5% no sabía en qué año se produjeron las últimas ejecuciones en España (casi un 40% desconoce incluso que las hubiera). El 47% no supo señalar en qué año se aprobó la actual Constitución. Un 98% y un 95% identificó Cuelgamuros y el Guernicade Picasso entre los hitos monumentales de nuestro pasado reciente, pero solo un 66% y un 45% respectivamente acertó a contextualizarlos. Nadie reconoció ni supo explicar, sin embargo, el monumento a los abogados laboralistas de Atocha y menos del 7% lo hizo con el monumento a la Constitución de 1978.

¿Ignorancia? Cierto, pero en lo tocante a la Historia reciente de España cabría especular si no es la que cabría esperar teniendo en cuenta cómo fue la formación de estos aprendices de profesores en las etapas previas a la universidad: solo el 27% de los encuestados vio los contenidos relativos a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición durante su educación obligatoria (4º de ESO). El 73% tuvo que esperar a 2º de Bachillerato y afrontar su estudio con la premura de la preparación de la selectividad. Solo el 21,5% de sus profesores abordó los temas con detenimiento y profundidad frente a un 28,4% que lo hizo deprisa y superficialmente con pretextos como rehuir la polémica política o la proximidad a los hechos (¡casi 80 años después de la guerra y 40 de la muerte del dictador!). Podría pensarse que, a la vista de todo esto, la contemporaneidad reciente es un territorio perdido para las nuevas generaciones. Nada más lejos: el 76% de los estudiantes reconoció tener unos conocimientos bajos o medio-bajos sobre los episodios clave de nuestra historia contemporánea, pero al mismo tiempo un significativo 79,5% mostró por ellos un interés alto o medio-alto.

Añadamos a todo esto la persistencia, en cuanto a las explicaciones manifestadas sobre los hechos de aquel pasado, de un auténtico “canon de hierro” que ha troquelado una serie de rasgos perdurables en el marco social de la memoria española: la Guerra Civil como locura colectiva, una confrontación entre hermanos impelidos a la lucha por un sino trágico y unas minorías políticas y ambiciosas; y la teoría del empate moral sobre las responsabilidades por el estallido de la guerra, repartidas por igual entre ambos bandos, y en la violencia de retaguardia, evaluada en cotas similares y ejecutada por grupos minoritarios sin más explicación que la exaltación de las pasiones y los odios. A esta mistificación a beneficio de una intencionalidad presentista han contribuido en buena medida los manuales escolares con el establecimiento de una secuencia cronológica de naturaleza teleológica. La Segunda República y la Guerra Civil aparecen indefectiblemente juntas, lo que condena a aquella como preámbulo indefectible de esta. 

El franquismo queda encapsulado en su propia temporalidad, ajeno a su origen en y como causante de la Guerra Civil, como si la dictadura no se hubiese reivindicado hasta el final a sí misma como “el Estado del 18 de julio” y su régimen no hubiera sido, parafraseando a Clausewitz, la continuación de la Guerra Civil por otros medios. Queda asimismo separado de la democracia actual, cuya genealogía se construye sobre su superación, obviando las inercias, las contradicciones y los conflictos insertos en un complejo proceso evolutivo. 

Un acotamiento que con el resurgir de tendencias revisionistas a comienzos del siglo XXI ha dado lugar a que el franquismo haya llegado a ser designado con vergonzantes o ridículos eufemismos como “el régimen anterior” o “el periodo predemocrático”.

Un elemento que conforma la orientación de los libros de texto, no curricular pero en absoluto desdeñable, es la comerciabilidad. El mercado al que los manuales están destinados (centros públicos o centros privados y/o concertados) determina según qué orientaciones. Los editores de libros de texto admiten que, sin que se pueda hablar de censura, una determinada orientación sobre ciertos temas puede acarrear que determinadas escuelas, en particular las privadas, no adopten un manual, lo que determina la apuesta de las editoriales por versiones adaptadas al canon conservador en el tratamiento de algunos temas. Las dobles líneas editoriales y el plegamiento de los contenidos a las demandas del mercado darían la razón a Dewey y Freire cuando advirtieron que las fuerzas comerciales terminarían por actuar en contra de la política escolar y de los objetivos educativos. 

Es preciso señalar que, en no pocas ocasiones, los manuales adolecen de una deficitaria incorporación de los avances de la historiografía actualizada, de una simplificación derivada de confundir divulgación con vulgarización y de groseros errores factuales. No es raro seguir leyendo que bajo la República se produjeron oleadas de huelgas, quemas de iglesias y enfrentamientos armados de grupos antagonistas, mezclando el legítimo ejercicio de un derecho constitucional con manifestaciones de piromanía anticlerical y actos terroristas, muy al estilo de los discursos coetáneos de Gil Robles. O que Calvo Sotelo, con doce escaños frente a los ochenta y ocho de la CEDA, era el líder de la derecha. O que su asesinato fue el desencadenante de la Guerra Civil, obviando lo que hoy sabemos acerca del tiempo largo de la trama conspirativa. Se sigue empleando “bando” para referirse a las partes en guerra, como si el gobierno legítimo y los sediciosos estuviesen en idéntico plano de legitimidad, e incluso algunos textos recuperan para estos últimos la denominación de “nacionales”. Se abunda en la fuerte influencia comunista --dos carteras de once- en los gobiernos de Juan Negrín. Se afirma que la represión en las retaguardias fue simétrica, de parecida magnitud e irracional. En definitiva, a pesar de los años transcurridos y de la producción historiográfica del último tercio de siglo, aún no existe una transposición didáctica, por ejemplo, de los aportes de Herbert Southworth y Paul Preston sobre el golpe de Estado; de los trabajos de Ángel Viñas o Enrique Moradiellos sobre la internacionalización del conflicto; de los estudios de Gabriel Cardona o Michel Alpert sobre la dinámica militar; de las reflexiones de Julio Aróstegui, Helen Graham o Alberto Reig Tapia sobre la dinámica política y social; de las conclusiones sobre la violencia y la represión de Julián Casanova, Francisco Espinosa,  Francisco Moreno o Ricard Vinyes.

Dada la importancia que tienen los recursos gráficos en los manuales, y partiendo de la base de que la ilustración no es un mero adorno, el repertorio de imágenes deja traslucir un discurso oculto que legitima la percepción vulgar de cada periodo histórico. La República evoluciona del entusiasmo popular inicial (Puerta del Sol el 14 de abril, sufragio femenino, misiones pedagógicas) a la radicalización y el enfrentamiento fratricida (Casas Viejas, Asturias, quema de conventos, extrema polarización). La secuencia iconográfica del franquismo revela que, tras una fase de penuria y aislamiento (cartillas de racionamiento, censura de prensa y cine, entrevista Franco/Hitler en Hendaya), el régimen fue capaz de sentar las bases del desarrollismo económico de la mano de su alianza con los Estados Unidos (Eisenhower, Seat 600, turismo, electrodomésticos) con algunas inevitables alteraciones del orden público (cargas policiales en la universidad). En la transición, imperan las instantáneas que reflejan el consenso (referéndum de la reforma política, autonomías, sesiones del Congreso) y el pacto de élites pilotado por la Corona. Junto a lo que exponen, es preciso también resaltar lo que los manuales invisibilizan. Episodios como el exilio, la resistencia interior, la presencia de republicanos españoles en la guerra mundial y en los campos nazis, las cárceles, campos y trabajos forzados, las ejecuciones, las leyes de excepción y tribunales especiales (TOP), la clandestinidad, el movimiento obrero, estudiantil y vecinal, la Ley de Peligrosidad Social, la censura moral e intelectual y, en definitiva, la trágica aritmética del franquismo no reciben la atención proporcional que merecen. 

No estaría mal que todas esas almas sensibles que se alarman por las periódicas apariciones del monstruo secesionista del lago de Banyoles se preocuparan de que las nuevas generaciones dispusieran de las claves para conocer a qué precio se pagaron las libertades que con tanto ahínco dicen defender. Y quiénes fueron los que más contribuyeron a su consecución. Quizás eso haría más por la cohesión colectiva que las invocaciones retóricas a la función inspectora. Aparte de que sea una deuda que la democracia actual y su sistema educativo aún no han satisfecho. Nunca es tarde. 

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Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM.
http://ctxt.es/es/20170531/Firmas/12991/historia-guerra-civil-franquismo-manipulacion.htm