El papel de las derechas en el debate de la Ley de Memoria

Arturo Peinado Cano @apces, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

El Obrero.es, 25 de Julio de 2021.

 

“Cada día es más evidente el fracaso de las políticas de reinserción de la derecha española en la democracia”. Así comentábamos en la cuenta de Twitter @foromemoria las declaraciones del exministro de la UCD Ignacio Camuñas sobre quién fue responsable de la Guerra Civil. A su lado, callando y otorgando, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado.

Las democracias europeas que se construyeron sobre la victoria contra el nazismo y el fascismo en 1945 realizaron políticas dirigidas a conseguir la condena y el rechazo social de sus respectivas dictaduras.

Que en nuestro país, en más de cuarenta años de democracia, no se hayan aplicado políticas específicas que desmontasen la falsificación de la historia de los cuarenta años anteriores, ha protegido la impunidad de los criminales, pero también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, que hoy se posicionan impúdicamente al nivel de los negacionistas del Holocausto. Perdura en buena parte de la sociedad el relato sobre la 2ªRepública, la guerra y la dictadura que el franquismo difundió, mediante cuarenta años de apabullantes políticas de memoria, para desacreditar a sus enemigos y negar o justificar sus tropelías. Décadas de adoctrinamiento dejan huella en varias generaciones y no se pueden revertir de la noche a la mañana, sobre todo cuando el régimen democrático posterior ni siquiera lo ha pretendido. La mitología franquista no ha sido censurada o desautorizada por las instituciones democráticas. Las consecuencias -cada vez más evidentes- para la democracia española, son demoledoras.

Escuchamos cada día, por parte de la derecha política y mediática, manifestaciones de apología de la dictadura, minimización de sus crímenes, e invocaciones a no recuperar un pasado que hay que olvidar. Cuando insisten en que es “mejor no reabrir heridas”, lo que buscan es que el relato de la dictadura se perpetúe socialmente, y que los medios de difusión y el sistema educativo no pongan en evidencia los mitos del franquismo, que mucha gente da aún como ciertos.

No es una cuestión de mera nostalgia para la derecha española, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende por tanto la dedicación e insistencia en que se desconozca la verdad del pasado, y los intentos por controlar que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención última de legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros.

La gran pregunta es: ¿la derecha español es demócrata o franquista? El golpe de 1936 y la inversión posterior en terror ha garantizado a la derecha española 85 años de estatus social, de poder político y económico, que jamás ha sido cuestionado. Nunca se han pedido responsabilidades de ningún tipo. Entonces, ¿por qué van a condenar el franquismo? Es más, en vista de tales réditos, ¿por qué no iban a repetir la agresión a la democracia, si se dieran las circunstancias y la oportunidad?

Pablo Casado ha anunciado que, si vuelven al gobierno alguna vez, una de las primeras medidas a adoptar será la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se va a debatir próximamente en el Congreso, para sustituirla por una “ley de concordia”. Es decir, volver a ocultar un pasado que les deja en evidencia para imponer su versión mítica e interesada de la Transición. Aparte de que sea una actitud previsible, muestra la relevancia que le dan al asunto.

Pero el anuncio de las intenciones del Partido Popular de derogar la Ley de Memoria Democrática no significa que el Proyecto de ley, tal y como lo conocemos, cubra las expectativas. Durante la tramitación de la anterior Ley de Memoria en 2007 se utilizó la oposición frontal de la derecha para justificar sus limitaciones, e incluso para presumir ante la opinión pública de la supuesta audacia de la misma.

En 2007 la oposición sistemática de la derecha política y mediática facilitaron que algunas fuerzas parlamentarias inicialmente críticas aprobasen finalmente la Ley, participando de un falso juego del sí/no, todo o nada. La mayoría de los medios se centraron en ese debate episódico, obviando que, aparte de los exabruptos de la derecha, existía una crítica razonada al Proyecto del Gobierno, por parte de organizaciones de Derechos Humanos, diversos colectivos memorialistas y de víctimas, y algunas asociaciones profesionales, en defensa de la aplicación en la Ley del derecho internacional. El tiempo ha dado y quitado la razón.

En 2021 sería lamentable que el Gobierno, proponente de este proyecto, tuviese la tentación de reproducir la situación de 2007 para garantizarse los apoyos parlamentarios que actualmente no tiene asegurados.

Porque en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el 20 de julio siguen sin asumirse plenamente las exigencias de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. El cumplimiento y respeto a los estándares internacionales son los que deben definir la ley, no la confrontación con los discursos exaltados de los negacionistas de los crímenes de la dictadura.

No va a haber otra oportunidad; no podemos esperar otros catorce años a la “ley definitiva”. Entre 2007 y 2021 nos han dejado muchas víctimas directas y muchos de sus hijos e hijas, con quienes este país tenía una inmensa deuda, que no ha sido reparada ni siquiera simbólicamente.

Las fuerzas democráticas tienen ahora la oportunidad de desmantelar definitivamente la impunidad del franquismo. Es una cuestión de Justicia, de deuda con las familias de cientos de miles de represaliados, y de homologar de una vez al Estado español con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

https://elobrero.es/opinion/70659-el-papel-de-las-derechas-en-el-debate-de-la-ley-de-memoria.html

 

La Ley de Memoria que las víctimas y la sociedad necesitan

Viñeta de @pedripol para Ctxt

Artículo publicado en El Huffington Post, 20 de Julio de 2021

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Hoy, el Gobierno de España ha aprobado trasladar al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Los colectivos memorialistas hemos valorado positivamente varios aspectos concretos del mismo. Constituye un claro avance con respecto a la Ley de 2007, y abre el camino a la implementación de políticas públicas de Memoria por parte de las instituciones.

En un tema simbólico, pero de especial relevancia como la condena del golpe de Estado y de la dictadura, creemos que es asumido en el Proyecto de manera poco contundente, y tendría que ocupar un lugar más destacado. Debería además fundamentarse en las resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo.

Es esencial la apuesta del Proyecto por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a los diversos niveles educativos: uno de los grandes problemas y déficits de nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y falsificaciones franquistas de la historia. Amplios sectores de la población siguen viendo, como algo natural, comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota de los fascismos en 1945.

Asimismo hay que destacar en el haber del Proyecto de Ley la inclusión de un régimen sancionador, ya que la carencia de desarrollo reglamentario ha sido una de las causas del fracaso de la Ley de Memoria de 2007.

Pero en nuestra opinión el Proyecto renuncia a la oportunidad de desmantelar el llamado Modelo Español de Impunidad, no incluyendo, por ejemplo, una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977. En varios países del mundo se está juzgando y condenando a responsables políticos y ejecutores de crímenes contra la humanidad, por hechos similares y coetáneos a los acaecidos aquí durante el último franquismo y los primeros años de la Transición. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y sería un grave error que la futura Ley de Memoria, si se opta porque continúe cerrando el acceso de las víctimas a la Justicia, pueda acabar, al final, apuntalando definitivamente la impunidad del franquismo.

Las asociaciones que trabajamos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, pretendemos que la futura ley recoja el reconocimiento jurídico de las víctimas, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado para que no sea así.

Una carencia fundamental del Proyecto de Ley es que no declara ilegal al franquismo. Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia.

Desde el Encuentro Estatal exigimos que se declare el carácter ilegal de todos los consejos de guerra y tribunales represivos de la dictadura, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal nombre. Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos. Considerar a esos consejos de guerra y tribunales represivos como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron. No podemos conformarnos con definir las sentencias como “ilegítimas”, tal y como hace el Proyecto de Ley, porque esa definición no tiene validez jurídica, sino moral: o son legales o son ilegales.

Es el momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la República Federal alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del franquismo.

Hay otros elementos del Proyecto de Ley que están claramente alejados de estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos: el no reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del estado, de particulares e instituciones, beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo; las ambigüedades en cuanto a la tutela judicial en las exhumaciones de fosas comunes; el derecho de acceso a todos los archivos de la represión….

Esperamos que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos humanos.

No estamos dispuestos a asumir renuncias en esta última oportunidad: no podemos esperar otros catorce años a nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo.

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-ley-de-memoria-que-las-victimas-y-la-sociedad-necesitan_es_60f7aa5fe4b09f2b23883a00?6b

Intervención en el Acto #x18JYoCondeno

Convocado por el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo

Frente al Congreso de los Diputados. 18 de Julio de 2021

 

Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo exigimos que se declare por ley el carácter ilegal de todos los consejos de guerra, tribunales represivos y otros órganos penales de la dictadura franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de los supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron.

Esas sentencias y resoluciones se dictaron en procedimientos en los que los y las acusadas no tenían las mínimas garantías procesales propias de un estado de derecho y, en consecuencia, no se garantizaron sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo.

Los órganos judiciales que las dictaron eran ilegales, no sólo porque su origen se encuentra en un golpe de estado que subvirtió la legalidad vigente de la II República, sino porque su finalidad no era el de impartir justicia como se entiende en un estado de derecho, sino el de planificar y justificar la represión sistemática y generalizada que el franquismo llevó a cabo durante toda su andadura.

Las sentencias y resoluciones represivas franquistas se deben declarar nulas de pleno derecho en la futura Ley de Memoria Democrática, y además debe hacerse de oficio, sin necesidad de que las víctimas o sus familiares tengan que instar procedimiento judicial o administrativo alguno.

Para el Tribunal Supremo español (Sala Quinta, de lo Militar, que se ocupa de las revisiones de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumarísimos) la Transición se hizo de ley a ley, otorgando el mismo valor jurídico y legitimidad a las leyes de una dictadura que a las leyes de la democracia.

Reconocer actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos, y considerar a los consejos de guerra y a los tribunales represivos del franquismo como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica. Mantener la legalidad de los tribunales franquistas y la vigencia de sus sentencias represivas, no sólo impide reparar simbólica, jurídica y económicamente a las víctimas de la dictadura condenadas por el franquismo, sino que además es incompatible con las exigencias de justicia propias de un estado de derecho, que recordamos, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico reconocido por la Constitución.

 Mientras no se declaren nulas de pleno derecho las sentencias de cada uno/a de las y los republicanos y antifascistas españoles condenados por Consejos de Guerra o Tribunales franquistas, éstas seguirán siendo válidas y seguirán estando vigentes, en tanto que no han sido expulsadas del ordenamiento jurídico español. Es decir, que los miles de antifranquistas condenados por los Tribunales de la Dictadura seguirán siendo unos delincuentes para la Democracia española.

 Verdad, Justicia y Reparación.

La banalización del mal

 

Arturo Peinado @apces, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Publicado en la web del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del franquismo. 19 de Febrero de 2021.

 

El pasado 13 de febrero una marcha nazi en Madrid homenajeó a los caídos de la División Azul, la 250ª División de la Wehrmacht que luchó contra los Aliados en la 2ª Guerra Mundial y participó en crímenes de guerra como el asedio a Leningrado, ciudad en la que murieron 1.200.000 personas, en su mayoría civiles.

La manifestación autorizada, que se celebra todos los años, finalizó con un “homenaje a los caídos” ante el monolito que homenajea a la División Azul en el Cementerio de la Almudena. En dicho acto se profirieron proclamas antisemitas como "El judío es el culpable", lo que ha sido noticia recurrente estos días en todos los medios de comunicación.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Madrid investigará de oficio las proclamas antisemitas porque el Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio. También el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid pidió que se abriera una investigación, tras expresar su “máxima condena”.

La derecha española, y especialmente la madrileña, se escandaliza de las proclamas de odio, insultos y menosprecio si se trata de las víctimas del Holocausto o del terrorismo, pero cuando se trata de las víctimas del franquismo miran hacia otro lado, si no son copartícipes de las humillaciones. No demasiado lejos del lugar donde finalizó la marcha fascista del pasado sábado se encuentra el Memorial a las víctimas del franquismo, del que el Ayuntamiento de Martínez Almeida arrancó los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas por los franquistas en la posguerra, y borró unos versos de Miguel Hernández. La historia viene de lejos: también en la Almudena hay una tumba en la que yacen los restos de varios pilotos de la Legión Cóndor; tras muchos años de denuncias y protestas al Ayuntamiento, las inscripciones que hacían apología del franquismo y el nazismo sólo fueron borradas por expresa indicación del titular del terreno, el gobierno alemán, a través de su embajada en Madrid.

La derecha española no tiene problema en condenar expresiones antisemitas como las que se escucharon en la marcha fascista, porque parten de la concepción de que los crímenes del nazismo fueron cometidos por extranjeros fuera del territorio español. Otra cosa es que rehúyan manifestarse sobre la responsabilidad del régimen de Franco en la entrega, deportación y asesinato de miles de republicanos españoles víctimas del sistema concentracionario nacionalsocialista. Estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid cumpla el compromiso adquirido por la anterior corporación, (y en principio mantenido por la actual) con la Amical de Mauthausen de erigir un monumento a los madrileños deportados a los campos nazis.

La permisividad de buena parte de la sociedad española y de los medios de comunicación hacia las manifestaciones negacionistas de los crímenes del franquismo y la humillación de sus víctimas, se sustenta en la banalización del mal y en la normalización de un pasado vergonzante, lo que acarrea siniestras consecuencias en el presente, cada vez más evidentes. El origen está en la forma en que se realizó la transición de la dictadura a la democracia, sin ajustar cuentas con el franquismo y sus crímenes. Seguimos conociendo proclamas de las fuerzas armadas y de seguridad, que consideran como propias las efemérides y “hazañas” de la División Azul: ¿Alguien se imagina un tratamiento parecido en Francia con respecto a unidades similares como la Legión de Voluntarios Franceses o la División Carlomagno?

El origen del problema es de todos conocido: en Europa los nazis y fascistas perdieron la guerra en 1945. Sus homólogos españoles ni perdieron la guerra civil ni la transición a la democracia.

La solución empieza por aplicar la normativa europea, contraria a permitir manifestaciones neonazis, por ejemplo, la Resolución del Parlamento europeo sobre neofascismo en Europa, que insta a cumplir la Decisión Marco para luchar contra organizaciones que propaguen delitos de odio.

Asimismo es indispensable la existencia o aplicación de códigos de conducta en los medios de comunicación públicos y privados, sobre el tratamiento a las ideologías de odio, como los fascismos, la xenofobia y el antisemitismo, y en el plan de estudios universitarios de Periodismo.

El fascismo debe ser recogido como delito en el Código Penal porque, es en sí mismo, un crimen. Esperamos que en la próxima tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática se homologue el tratamiento del menosprecio, las humillaciones y amenazas a las víctimas del franquismo con el que se ha legislado para otros colectivos de víctimas, incluyendo un sistema sancionador claro y contundente. 

http://www.encuentroporlamemoria.org/2021/02/20/la-banalizacion-del-mal/

La Ley de Memoria que necesitamos

 La Ley de Memoria que necesitamos

Arturo Peinado, @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Publicado en la web del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del franquismo.  2 de Febrero de 2021

 

La sentencia del Tribunal Supremo de Marzo de 2012 que absolvía a Baltasar Garzón en la causa del franquismo, aparte constituir una seria advertencia para cualquier juez que en el futuro tuviese la osadía de abrir un procedimiento sobre crímenes franquistas, pretendía cerrar definitivamente las puertas de los tribunales para impedir la investigación de los mismos, negaba explícitamente a las víctimas el acceso a la Justica, y las derivaba en exclusividad a la vía administrativa consagrada en la Ley de Memoria de 2007.

 

La Ley de Memoria de 2007 nació lastrada, no solamente porque fuese insuficiente (los gobiernos de M.Rajoy pudieron incumplirla sistemática e impunemente sin necesidad de derogarla), sino sobre todo, porque no cuestionaba sino que apuntalaba la impunidad del franquismo. Como la definieron algunos juristas: la Ley de Memoria proporcionaba una reparación limitada a algunos colectivos de víctimas, apenas posibilitaba el acceso al derecho a la Verdad, pero sobre todo, negaba explícitamente el derecho a la Justicia a las víctimas del franquismo.

 

Creemos que es inexcusable que en la próxima tramitación del Proyecto de nueva Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno, se apliquen las recomendaciones que, sobre el caso del franquismo, han venido realizando diversos organismos internacionales, que han denunciado el abandono institucional de las víctimas, y el incumplimiento histórico por parte del Estado español de sus obligaciones y compromisos con respecto al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

 

El Anteproyecto constituye un importante avance respecto al texto vigente de la anterior Ley de memoria, pero en realidad, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con lo que organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han denominado como Modelo Español de Impunidad. Ciertamente, la Ley de Memoria, aún resultando aprobada en los actuales términos significaría un importante empuje a políticas públicas de Memoria de cara al futuro, pero hoy por hoy el texto renuncia a la oportunidad de desmantelar el Modelo Español de Impunidad establecido por el franquismo y certificado en la Transición. Por ejemplo, no garantizando que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura, y no incluyendo una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977.

 

Asimismo, el Anteproyecto ilegaliza parte de las consecuencias del golpe del 18 de Julio de 1936 y de la dictadura, pero se resiste a incluir una ilegalización explícita del régimen en sí. Se echa de menos también una declaración expresa del carácter legítimo de la 2ª República.

 

En el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, hemos hecho público un amplio documento propositivo de reforma y mejora del Anteproyecto presentado por el Gobierno, que ha sido remitido al mismo, y a grupos parlamentarios e instituciones. Este documento, elaborado a partir de múltiples análisis y propuestas, y respaldado por casi un centenar de colectivos y asociaciones, valora entre otros elementos importantes que:

 

·        En el Anteproyecto se enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal. No hay en este tema ningún avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo.

·        No podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas del franquismo como “nulas e ilegítimas”, como recoge el Anteproyecto, porque esa definición de “ilegitimidad” no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos.

·        Aunque supone un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas de las fosas comunes del franquismo, el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en la localización y exhumación. No podemos perpetuar el sistema de exhumaciones extrajudiciales y privadas (subvencionando a familiares y asociaciones para su ejecución), que estableció la Ley de 2007.

·        El Anteproyecto no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones, organizaciones, entidades y particulares, que se beneficiaron del expolio franquista y de los trabajos forzados.

·        El Anteproyecto no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados sobre la represión franquista. Tampoco se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos. Por tanto, no asegura el acceso a la información, ni el derecho de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

 

El Gobierno da por hecho que el movimiento memorialista y los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez o los PGE, van a apoyar el texto del Anteproyecto de Ley tal y como ha llegado al Parlamento, cerrando filas además ante la previsible oposición de la derecha política y mediática. Pero no todo está cerrado y decidido: recordemos cómo en 2007 el diputado de ERC Joan Tardà defendió el voto contrario de su grupo a la Ley de Memoria de Zapatero, al considerar que no cumplía con los estándares mínimos del derecho penal internacional para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

 

Corremos además el riesgo de que, tal y como pasó en 2007, el debate en la sociedad y en los medios se circunscriba al conflicto entre la iniciativa específica del Ejecutivo y la reacción exaltada de la derecha negacionista, soslayando las propuestas críticas pero constructivas del movimiento memorialista.

 

No tenemos derecho a perder esta oportunidad quedándonos a mitad de camino. No podemos esperar 14 años más a otra Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, ya que no entra en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas.

http://www.encuentroporlamemoria.org/2021/02/02/la-ley-de-memoria-que-necesitamos/

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Avances y carencias

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Avances y carencias

EL SALTO, 8 de Octubre 2020

Arturo Peinado Cano @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

 

Desde su fase de tramitación, algunos colectivos memorialistas y organizaciones de derechos humanos, negamos que la Ley de Memoria de 2007 fuese el marco idóneo para hacer efectivos los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo y para el conjunto de la sociedad.

Nos felicitamos por la elaboración del Anteproyecto aprobado por el Gobierno el pasado día 15 de septiembre, porque supone en muchos aspectos un importante avance con respecto a la Ley de 2007. Nunca se hubiera llegado aquí sin la perseverancia de las víctimas, y el trabajo del movimiento social por la Recuperación de la Memoria, mediante el esfuerzo reinvidicativo y explicativo llevado a cabo durante muchos años.

Valoramos, en primer lugar, como un importante éxito que el Anteproyecto aprobado incluya el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo por el Estado español, y del derecho a ser consideradas y tratadas como sujetos pasivos de todos los derechos reconocidos en la Ley del Estatuto de la víctima del delito.

Nos gustaría que el Anteproyecto recogiese una condena mucho más rotunda y explícita del franquismo, y que aparezca en un lugar más destacado del Anteproyecto de Ley. Asimismo, valoramos que el texto se resiste a incluir una ilegalización explícita del golpe del 18 de Julio y de la propia dictadura, lo que debería hacerse a partir de la definición como régimen criminal en los términos declarados por las Resoluciones de las Naciones Unidas, adoptadas por unanimidad por la Asamblea General en 1946. Echamos de menos, también, una declaración expresa del carácter legítimo de la 2ª República española.

El Anteproyecto de Ley incluye importantes avances en el establecimiento y promoción de políticas públicas activas de memoria, sobre todo con respecto de la ley anterior:

·        Es un avance histórico, a falta de concreción, el planteamiento desarrollado en el texto sobre la implantación de la Memoria Histórica en el sistema educativo. Se plantea llevar la Memoria Democrática al currículum académico en bachillerato y la difusión de la misma en los IES, pero habría que ampliarlo a todo el campo educativo.

·        El tratamiento de los lugares de Memoria muestra una evidente mejora y detalle con respecto a la ley anterior. Otro tanto podemos decir del Banco de ADN y del Censo de Víctimas, y la apuesta por un Mapa de Fosas permanentemente actualizado.

·        También hay una mejora en el tratamiento de la simbología franquista, ya que la Ley de 2007 pudo ser incumplida sistemáticamente por muchas instituciones, por falta de desarrollo reglamentario y régimen sancionador.

·        Supone un claro avance el tratamiento de la retirada de títulos y premios procedentes a protagonistas de la represión. Valoramos positivamente la apuesta por la Extinción de Fundaciones antidemocráticas, así como la Disolución de las asociaciones que realicen apología del franquismo.

·        Asimismo compartimos el compromiso de culminar el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, aunque el resultado dependerá del sentido final de esa resignificación, que debería ir en la línea de reconvertir el Valle en un memorial de la represión franquista. De ningún modo debe servir para igualar “a todas las víctimas”, y a víctimas y verdugos, en nombre de una falsa reconciliación sin Justicia. La disolución de la Fundación del Valle es una buena noticia, que debería ser acompañada por la decisión de desacralizar la basílica, con la retirada la cruz que “representa al nacional-catolicismo”, y de toda la simbología fascista.

·        Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio y la Deportación. En cambio, rechazamos la propuesta de declarar “el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” porque es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de esa fecha para las víctimas del franquismo.

El Anteproyecto en realidad, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con el denominado Modelo Español de Impunidad, establecido durante la Transición. Por ejemplo, al no incluir una declaración de nulidad de uno de los pilares de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977.

Los artículos 29 y 30 enuncian la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo su persecución penal. El pasado 17 de septiembre la Unión Progresista de Fiscales en un comunicado expresaba que “... sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.”

 

Es indispensable que tanto las sentencias, como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo, se declaren ilegales y nulos, tal y como se hizo en los países donde los fascismos fueron derrotados en 1945. No podemos conformarnos, como recoge el Anteproyecto, con declarar las sentencias como “ilegítimas” porque esa definición no tiene validez jurídica alguna: las sentencias represivas o son legales o son ilegales. Legitimidad/ilegitimidad es una categoría moral; legal/ilegal es una categoría jurídica. Las sentencias deben anularse en bloque, y automáticamente, por el carácter intrínsecamente ilegal de los tribunales y de la legislación represiva, y no mediante una revisión individualizada en los tribunales

 

Es un avance la plasmación en el Anteproyecto de la exigencia de localización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando la declaración de la responsabilidad directa e ineludible del Estado con respecto a la exhumación de las mismas. Al parecer, el Anteproyecto propone pasar de un sistema de exhumaciones de privadas a una “nacionalización” del procedimiento, pero no se decanta por la indispensable judicialización de todo el proceso de exhumaciones e identificaciones. Venimos defendiendo desde antes de 2007 que no tratar de los restos de los asesinados como pruebas del delito de desaparición forzada, apuntala la impunidad de los crímenes.

No entendemos el papel de una “Fiscalía de Sala” que “investiga” o “impulsa” (Art.29). El Artículo 25 dice que “se pondrá en conocimiento de Fiscalía la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones e identificaciones”, cuando todas las víctimas, todos los cuerpos exhumados son víctimas de desaparición forzada, crimen de lesa humanidad imprescriptible.

 

La Reparación que propone el Anteproyecto es mucho más simbólica que material, porque no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de los particulares beneficiados por el expolio franquista mediante incautaciones de bienes o robos, como tampoco reconoce la responsabilidad del Estado, empresas y particulares beneficiados del trabajo forzoso.

 

El Anteproyecto no se mueve de los límites restrictivos que han caracterizado la legislación sobre acceso a los archivos desde la transición. El problema real hoy día para las víctimas y sus familiares, movimientos sociales por la memoria, e investigadores/usuarios, se encuentra en la falta de medios del Sistema Español de Archivos. Es preciso dotar a la administración de los medios adecuados, aplicando la tecnología actual, y adecuándolos a las normas internacionales que garantizan el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Resulta indispensable una uniformidad de criterio en la accesibilidad de todos los archivos. El Anteproyecto no aborda el tema central tanto para las víctimas de los crímenes del franquismo y sus descendientes, los movimientos sociales por la memoria o los investigadores/usuarios: la problemática legislación sobre acceso repleta de normativas contradictorias entre sí. Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.

CONCLUSIÓN

El Anteproyecto constituye un avance sustancial con respecto al texto de la anterior Ley de Memoria, pero en realidad, en sus actuales términos, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con el denominado Modelo Español de Impunidad.

Nuestra Federación, como participante del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, venimos apostando por una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que resuelva la desigualdad de trato y de reconocimiento de derechos entre unas víctimas y otras por parte del Estado español.

Esperamos que durante el proceso de tramitación de la ley se abra un debate constructivo entre los partidos que conforman el gobierno de coalición y el resto de las fuerzas políticas democráticas, que permitan incluir todas las mejoras y modificaciones precisas que hagan efectivo el acceso de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

https://www.elsaltodiario.com/memorias-comunes/avances-y-carencias-del-anteproyecto-de-ley-de-memoria-democratica

Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática: Entre avances y deudas pendientes

 Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (I): Entre avances y deudas pendientes

Arturo Peinado. Oct 5, 2020 para elestado.net

En primer lugar, nos felicitamos por la elaboración de este Anteproyecto, aprobado por el Gobierno el pasado día 15 de septiembre, y el debate público y político que se va a producir hasta su promulgación, y porque supone, en muchos temas concretos, un importante avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007.

Nunca se hubiera llegado aquí sin la perseverancia de las víctimas, y el trabajo del movimiento social por la Recuperación de la Memoria mediante el esfuerzo propositivo y explicativo desarrollado durante muchos años.

Y por qué no decirlo, sin las posiciones críticas dentro del movimiento social por la Recuperación de la Memoria que, desde su fase de tramitación, negamos que la Ley de Memoria de 2007 fuese el marco idóneo y definitivo para hacer efectivas los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo y para el conjunto de la sociedad.

Valoramos como un importante éxito que el Anteproyecto aprobado hoy incluya por fin el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo por el Estado español (Art. 3), y del derecho a ser consideradas y tratadas como sujetos pasivos de todos los derechos reconocidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito.

Echamos de menos una condena mucho más rotunda y explícita del golpe del 36 y de la dictadura, y que aparezca en un lugar más destacado del Anteproyecto de Ley: en el Artículo 1, como punto único.

Asimismo, valoramos que el Anteproyecto ilegaliza parte de las consecuencias del golpe del 18 de Julio de 1936 y de la dictadura, pero se resiste a incluir una ilegalización explícita del régimen en sí. Echamos de menos, también, una declaración expresa del carácter legítimo de la 2ª República española.

Observamos importantes carencias fundamentalmente en Justicia y en Reparación. Hacemos nuestra la propuesta de la Unión Progresista de Fiscales en su comunicado el 17 de septiembre: "...sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.”

El Anteproyecto constituye un avance importante respecto al texto vigente de la anterior Ley de memoria, pero en realidad, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con el denominado Modelo Español de Impunidad. Por ejemplo, al no incluir una declaración de nulidad de uno de los pilares de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977.

La Reparación que se propone es mucho más simbólica que material. El Anteproyecto no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado ni de los particulares beneficiados por el expolio franquista mediante incautaciones de bienes o robos, como tampoco reconoce la responsabilidad del Estado, empresas y particulares beneficiados del trabajo forzoso.

Creemos que, si se anulan las sentencias de la represión, las consecuencias de hecho y los perjuicios económicos y morales producidos a la víctima no pueden eximir al Estado de su responsabilidad. En el Anteproyecto se boquea realmente el derecho a la Reparación, que no sólo debe ser simbólica, sino también material.

Sobre la anulación de las sentencias franquistas

No podemos conformarnos con declarar las sentencias como “ilegítimas” tal y como recoge el Anteproyecto que se nos presenta (Art.5), porque esa definición no tiene validez jurídica alguna: o son legales o son ilegales.

Legitimidad/ilegitimidad es una categoría moral; legal/ilegal es una categoría jurídica. Es indispensable que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo, se declaren ilegales y nulos, tal y como se hizo en la República Federal Alemana.

Las sentencias deben anularse en bloque, y automáticamente, no por medio de una revisión individualizada en los tribunales, y tampoco discriminándolas por el tipo penal aplicado o la pena impuesta en cada ocasión, sino por el carácter intrínsecamente ilegal de los tribunales y de la legislación represiva.

Las exhumaciones de fosas

Al parecer el Anteproyecto propone pasar de un sistema de exhumaciones de privadas, a una “nacionalización” del procedimiento. De cualquier modo, el principal déficit de la Ley de 2007, la NO judicialización de las exhumaciones, permanece. Venimos defendiendo desde antes de 2007 que no tratar de los restos de los asesinados como pruebas del delito de desaparición forzada, apuntala la impunidad de los crímenes.

La competencia para la exhumación e identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes tiene que corresponder en exclusiva a la administración de Justicia, debiendo ser un juez el que determine la identidad y causa de la persona asesinada.

Asimismo, las circunstancias en que se produjo su asesinato o ejecución extrajudicial, y el posible o posibles autores del mismo, archivando la causa judicial abierta una vez se certifique la muerte, o que no ha sido posible identificar al autor o autores del crimen.

Todo ello sin perjuicio de que se reglamenten mecanismos de colaboración, denuncia y promoción de las exhumaciones por otras administraciones e instituciones, agrupaciones de familiares, y movimiento asociativo.

Se otorga a la Fiscalía en los artículos 23 y 25, y en la Disposición final primera, un ambiguo papel al final del proceso de exhumación. No entendemos el papel de una “Fiscalía de Sala” que “investiga” o “impulsa” (Art.29).

El Artículo 25 dice que “se pondrá en conocimiento de Fiscalía la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones e identificaciones”, cuando todas las víctimas, todos los cuerpos exhumados son víctimas de desaparición forzada, crimen de lesa humanidad imprescriptible.

https://elestado.net/2020/10/05/anteproyecto-ley-memoria-democratica-avances-deudas-pendientes/

Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (II): el combate contra la impunidad

By Arturo Peinado

El anteproyecto no se mueve de los estrechos límites conservadores y restrictivos que han caracterizado la legislación sobre acceso desde la transición española. Que el Anteproyecto de Ley copie y pegue el artículo 22 de la Ley 52/2007 en sus tres primeros puntos, evidencia la nula voluntad política de avanzar en este aspecto clave.

Tal y como fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 68/165 cuando se instó a los Estados a establecer “una política archivística nacional que garantice la preservación y protección de todos los archivos que guarden relación con los derechos humanos”.

El problema real hoy día para las víctimas y sus familiares, movimientos sociales por la memoria, e investigadores/usuarios, no se encuentra tanto en la ausencia de fondos o en problemas de adquisición, sino en la falta de medios del Sistema Español de Archivos para identificar, clasificar, organizar, describir, conservar y dar acceso a los valiosos fondos documentales, indiferentemente de su ubicación o el soporte (en papel o en formato electrónico).

Por último, no se aborda el tema central tanto para las víctimas de los crímenes del régimen franquista y sus descendientes, los movimientos sociales por la memoria o los investigadores/usuarios: la problemática legislación sobre acceso repleta de normativas contradictorias entre sí.

Otros temas:

El Anteproyecto de Ley incluye importantes avances en el establecimiento y promoción de políticas públicas activas de memoria, sobre todo con respecto de la deficiente ley anterior, pero también algunas graves carencias:

Es un avance histórico y fundamental el planteamiento del texto sobre la implantación de la Memoria Histórica en el sistema educativo.

El tratamiento de los lugares de Memoria muestra una evidente mejora y detalle con respecto a la ley anterior.

También hay un claro adelanto en cuanto al tratamiento de la simbología franquista que, por falta de desarrollo reglamentario y régimen sancionador en la Ley de 2007, ha sido incumplida impunemente por muchas instituciones.

Supone un claro avance el tratamiento de la retirada de títulos y premios procedentes de la represión. La posibilidad de apertura de un procedimiento de revocación “con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”, debería ampliarse a las condecoraciones y recompensas obtenidas tras haber recibido un nombramiento para ejercer un cargo político o institucional en la Administración de la Dictadura. Nos felicitamos porque la revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo.

Asimismo, compartimos el compromiso de culminar el proceso de resignificación del Valle de los Caídos, aunque el resultado dependerá del sentido final de esa resignificación. De cualquier modo, no debería servir para igualar “a todas las víctimas” y a víctimas y verdugos, concepción que resultaría una aberración en lugares de Memoria como Auschwitz o la ESMA de Buenos Aires. También la disolución de la Fundación del Valle es una buena noticia.

Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio y la Deportación, como reconocimiento expreso a los y las luchadoras españoles en el combate por la Libertad de Europa.

Rechazamos la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” porque es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de esa fecha para las víctimas del franquismo, y en consecuencia priva a la conmemoración de significación real y la condena a la irrelevancia.

Los miembros de la Guerrilla Antifranquista, así como otros luchadores antifranquistas, deben ser considerados por el Estado español como resistentes antifascistas y héroes del pueblo español, tal y como sucede en el resto de los países europeos con aquellas personas que combatieron al fascismo.

La Guerrilla Antifranquista (incluidos sus enlaces y puntos de apoyo) debe recibir, como colectivo, medidas específicas de reconocimiento y reparación, como su homologación en grado a los miembros del Ejército Republicano.

Echamos de menos la inclusión en el listado de colectivos de Víctimas de las mujeres que padecieron humillación, persecución, violación o castigo por haber ejercido su libertad personal o profesional durante la 2ª República, o por el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la vida pública de la democracia republicana. Resulta insuficiente el reconocimiento de su Memoria Democrática.

Valoramos positivamente la inclusión de un Régimen Sancionador. Su no incorporación, junto a la falta de desarrollo reglamentario, supuso un importante déficit para la Ley de 2007.

Conclusión

Los pactos más o menos explícitos de la transición establecieron el llamado por las organizaciones internacionales de derechos humanos ”Modelo Español de Impunidad”, que generó políticas públicas de silencio y olvido.

Hasta que no se aborde directamente el desmantelamiento jurídico del Modelo Español de Impunidad, el acceso de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad a la Verdad, la Justicia y la Reparación, no será efectivo.

Esta es una gran oportunidad, no podemos pasar los próximos 13 años exigiendo una tercera Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, al no entrar en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas.

Como participantes en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, apostamos por una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que resuelva la desigualdad de trato y de reconocimiento de derechos ente unas víctimas y otras por parte del Estado español.

Esperamos que, dado que el Gobierno se sustenta en una minoría parlamentaria, se abra un debate constructivo entre las fuerzas políticas que conforman el gobierno de coalición con el resto de las fuerzas políticas democráticas, para que durante el trámite de enmiendas se modifique sustancialmente el Proyecto de Ley, entrando en el cuestionamiento real del modelo de Impunidad.

https://elestado.net/2020/10/07/anteproyecto-ley-memoria-democratica-combate-impunidad/