Intervención V Jornadas Acceso a los Documentos Públicos y oficiales

Intervención V Jornadas Acceso a los Documentos Públicos y oficiales

de la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública

Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid

21 de Febrero de 2020.

Quiero comenzar agradeciendo a la organización de estas V Jornadas la posibilidad de dirigirme a vosotras y a vosotros, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos mis compañeros/as de los Foros federados

En 2004 nuestra Federación, que entones estábamos poniendo en marcha, suscribió junto a diversos colectivos, el Informe “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, del Equipo Nizkor, que es una organización especialista en el derecho penal internacional de los derechos humanos, con sede en Charleroi (Bélgica).

Como el nombre del Informe indica, desarrollaba el concepto de impunidad, y más concretamente “Modelo español de impunidad” que, debido al peculiar proceso de transición de la dictadura a la democracia en España, había permitido que los crímenes del franquismo entre 1936 y 1977 quedasen impunes, e impide el reconocimiento jurídico de las víctimas y su acceso a los derechos a la Verdad, al Justicia y la Reparación, tal como exigen los organismos internacionales de derechos humanos.

A día de hoy perviven centenares de fosas clandestinas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; todas las sentencias represivas siguen siendo legales y firmes; y, de ayer mismo, el estado impide los exhortos para interrogatorios y órdenes de extradición en intento de aplicación de la Justicia Universal, con instrucciones de la Fiscalía mediante.

El proceso de transición era definido por muchos en los 89 y 90 como exportable y modélico, cuando de lo que estaban hablando era de exportar la impunidad. En este marco debe entenderse la desaparición de los archivos del Servicio Central de Documentación (SECED) de Carrero Blanco, del Movimiento Nacional, o de los colaboradores e informadores de la Brigada Político-Social y otros órganos de la represión. Aquí no se ha podido hacer lo que en Europa Oriental se llamó “políticas de lustración”, o como en la antigua RDA, facilitar el acceso a los ciudadanos a los archivos de la Stasi, para conocer tanto la identidad de los colaboradores como si uno mismo había sido investigado.

En el Informe Nizkor, al cual seguimos referenciándonos habitualmente, define la impunidad y, se referencia en el “Informe de 1997 del Relator de las Naciones Unidas sobre impunidad en derechos civiles y políticos”, que define la impunidad como:

"(..) la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas".

Y establece el deber de los estados a garantizar a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos:

B) El derecho a saber.

El derecho a saber, "No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse…"

"Principio 2 - El deber de recordar

El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas".

Y también:

"Principio 3 - El derecho de las víctimas a saber

Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima."

Y en este Informe la ONU establece 3  principios (13, 15 y 16) sobre la necesidad de preservar los archivos, la organización del inventario de los mismos, y facilitar su acceso y consulta.

Ustedes se preguntarán, ¿Por qué nos está contando esto? Pues porque creo que deberíamos plantearnos hasta qué punto las políticas y la legislación sobre archivos en España, no están orientadas al libre acceso por parte de la ciudadanía, sino que responden a políticas públicas de olvido para apuntalar la impunidad del franquismo.

Nuestra Federación, en el marco del Encuentro de Colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que reúne a más de 90 organizaciones de todo el Estado español y de Europa, lleva años trabajando y promoviendo en el ámbito jurídico y político un  Proyecto de Ley Integral de Víctimas del franquismo. Se basa en dos ideas centrales:

1.    Que se ha negado a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.

2.    Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH, plasmadas en los informes aprobados en 2014 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Del Relator sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantías de No Repetición; y del Comité de Desapariciones forzadas).

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparadas y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español. Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013: "...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

No hemos desarrollado una propuesta específica sobre archivos como una parte del proyecto de Ley de Víctimas del franquismo, sino una declaración de principios y objetivos, porque entendemos que es indispensable la promulgación de una Ley específica de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el acceso público a los mismos.

Como principio fundamental se ha de reconocer el derecho de libre acceso, y la obligación de colaboración de los responsables de los archivos con la Justicia, con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Sólo por detenernos en una propuesta concreta, defendemos la desclasificación inmediata de todos los documentos históricos del estado español, y que esta desclasificación alcance a los Archivos Militares, Archivos del Ministerio del Interior, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivos Judiciales, Archivos Hospitalarios y Archivos de Maternidades. Es necesario garantizar el derecho de acceso a toda la información de los archivos que contengan documentación de autoridades, organismos, instituciones, funcionarios y agentes del orden público, que cometieron, consintieron o ampararon delitos contra los derechos humanos, para hacer posible los derecho de Reparación y Justicia de las víctimas, y el derecho y el deber de Verdad del conjunto de la sociedad.

Para finalizar, quiero llamar la atención sobre un caso reciente de disfunción grave, probablemente no prevista: la Ley de Memoria Histórica de 2007 estableció en su Artículo 4 la llamada “Declaración de reparación y reconocimiento personal”.  Algunos historiadores se están encontrando con el problema de documentos que deberían estar desclasificados, pero cuyo plazo de clasificación se ha vuelto a abrir, al unirse al expediente la solicitud de declaración por parte de familiares interesados.

Termino agradeciendo de nuevo vuestra invitación, y poniéndonos a vuestra disposición para la recepción de propuestas e ideas con las que desarrollar y mejorar el proyecto de Ley de Víctimas del franquismo.

"Apología del franquismo y apología de la estupidez", por Rosa María Artal

Apología del franquismo y apología de la estupidez

Rosa María Artal. El Diario, 11/02/2020

No mezclen. Lo que sufrió España fue un golpe de Estado fascista, una guerra, una larga dictadura que dejó terribles secuelas y una herencia ética pavorosa

Anuncia el Gobierno su intención de tipificar como delito la apología del franquismo y la reacción nos muestra a qué niveles está infiltrado en la médula del cuerpo social español. Quizás no tanto en la ciudadanía como en sus estamentos esenciales, incluyendo medios y líderes de opinión. Y ocurre así, sin duda, por la impunidad de la que siempre ha gozado esta ideología tan fascista como la que asoló Alemania o Italia y que aquí desencadenó una guerra civil, una dictadura de 40 años más otros tantos de esa desgarradora comprensión.

España lo constata cada vez que el franquismo sociológico sufre el más ligero roce. Ha arraigado hasta en quienes muestran una decidida permisividad en aras de la libertad de expresión, según dicen. Qué gran labor educacional se ha venido haciendo. Porque los análisis en favor de dejar tranquilo al franquismo muestran lagunas de peso, nada raro por otra parte: siempre se dijo que si estrujas conveniente los datos terminan confesando lo que quieras.

Lo he buscado varias veces y no he encontrado un país que sufriera tan terrible lacra en sus cimientos y no exigiera ninguna responsabilidad —recordemos que aquí incluye provocar una guerra civil—. Argentina lo intentó con las leyes de Punto Final pero terminaron siendo derogadas y juzgados algunos responsables de crímenes de las dictaduras. Portugal, quizás. Los principales jerarcas se libraron. Aunque no tiene metido en sus genes la defensa de ideologías fascistas.

España, sí. Tan larga y potente presencia del franquismo impregnó la educación, las costumbres, los criterios. Y así nos vemos ahora con el renacer de la derecha extrema y con unos librepensadores de diseño que ven normal lo que no lo es, con un sector de la sociedad que les incluye aquejado de una preocupante falta de criterio. El franquismo persistente no solo dejó tirados en las cunetas a los muertos de segunda, hasta se mofó de ellos y los sigue manipulando. Prendió mucho más allá de los hechos denunciados, entró en el alma de una parte de España con la intensidad con la que otros lo rechazan, bien es verdad.

Lo peor hoy es la herencia mental. "Estamos hablando de luchar contra la idea de que una nación, una raza (sic), un género o una especie tiene el derecho de dominar sobre otra y hacerlo sin consecuencias", y tomo las palabras del actor norteamericano Joaquim Phoenix al recibir el Oscar por su papel de Joker. Porque la ideología es la misma, y pervive, y se extiende, ante la ceguera nada inocente hasta de opinadores. Es igual, solo que aquí se configura más botijera y cutre si cabe.

Y está en la comprensión con las desigualdades, con los privilegios, con el machismo. Con las pautas que inclinan a no rebelarse ante la injusticia, y a tener miedo. La mujer fue convertida en un ser débil mental precisado de la tutela de un varón y caló de tal forma que la ultraderecha actual dice añorar el presunto paraíso en el que las mujeres se dedicaban solo a los hijos, gozaban todos de tres meses de vacaciones y de pisos baratos y todo tipo de comodidades. ¿Dónde estaba esta gente que no se enteró de lo que sucedía? ¿No vio siquiera películas que lograron pasar la censura como el Plácido de Berlanga? De ahí que un ideólogo de la derecha diga —en una tertulia, cómo no— que 10 mujeres asesinadas por sus parejas en un mes es "una casualidad estadística". Casualidad que no se da con los hombres, por poner el caso.

Estamos viendo defender la libertad de expresión a algunos que genéticamente la rechazan y la impiden cuanto pueden. Vuelven a salir los estereotipos de motivaciones ideológicas que cargan —ideológicamente— contra enemigos políticos, con virulencia que se pertrecha de mentiras o medias verdades para sustentarse.

La apología del fascismo recibe la condena del Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Porque contra ellos atenta. No metan en la cazuela otros ingredientes que distraen. Alemania persiguió y prohibió el nazismo porque lo sufrió en sus carnes y lo mandó a herir las carnes de los europeos, por la tibieza de quienes no los vieron venir. No mezclen. España lo que sufrió fue el franquismo y esas secuelas que continúan. No sumen peras y manzanas con ETA, con el comunismo o con cualquier otra cosa. Lo que sufrió España fue un golpe de Estado fascista, una guerra, una larga dictadura ha dejado terribles secuelas en los criterios y una herencia ética pavorosa.

Difícilmente la derecha en el gobierno condenaría la apología del franquismo, no insulten nuestra inteligencia. Recuerden, por favor, casi por piedad, el diferente trato que ha tenido con lo que quieren homologar. Aquellos titiriteros encarcelados de forma sumarísima, sin acabar casi de desmontar el escenario, por sacar un cartel que decía 'Gora Alka-ETA' como una parodia crítica, al ser considerado enaltecimiento del terrorismo. En España hay quien mira con la suciedad de su retina. Por contra, ataques de la ultraderecha como el perpetrado contra un acto en la librería Blanquerna en Madrid siguen en un limbo que al parecer no implica ingreso en cárcel. Y es que el franquismo impregna, no solo una parte de la justicia, sino las costumbres.

Tipificar como delito la apología del franquismo llega simplemente tarde, pero algo hará para quitarnos al menos esa sensación de impunidad insoportable. Hasta de ver cómo se permite y hasta subvenciona su protección. La del franquismo, que se dice pronto. Lo deben. Llega tarde, pero es un principio. En el trabajo para erradicar el franquismo y la "comprensión" que despierta. Desde luego la labor empieza en los colegios. Se ha evitado enseñar nuestra historia, nunca hay tiempo, dicen, no la conocen. De ahí quizás que personas adultas evalúen aquella etapa y ésta con tal frivolidad.

Enseñar nuestra historia. Y a pensar, a razonar, a separar lo importante de lo accesorio, a fomentar el espíritu crítico que se hace preguntas y cuestiona respuestas hasta llegar a conclusiones personales honestas con uno mismo. En los colegios, en los hogares, en los medios. Ésa fue y es la peor herencia del franquismo y la más difícil de erradicar: que fomenta la apología de la estupidez y la ignorancia.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Apologia-franquismo-apologia-estupidez_6_994660554.html

"Parásitos", por Javier Gallego

Parásitos
Javier Gallego. El diario, 10/02/2020


El PSOE ha anunciado que incluirá la apología de la dictadura en el Código Penal. Es un trampantojo. Una forma de condenar a la dictadura sin condenar a los franquistas. Resulta paradójico que sea delito la exaltación del franquismo pero no el propio franquismo. Persigues a los exaltados para no perseguir a los criminales

En España nos podrían dar el Oscar por los parásitos del franquismo que pululan por las cloacas, los salones y los despachos. La estatuilla al Mejor Torturador sería para Billy El Niño, que tiene dividido al Gobierno. Podemos quiere solucionar esta semana el bochorno de la anterior en la que votó con el PSOE y la derecha en contra de hacer público el expediente del verdugo franquista. Se lió tan parda que tuvieron que rectificar y decir que había sido un error vergonzoso. No fue error sino cesión, pero al menos esta vez, pudo más la presión social que la coalición gubernamental.

Para enmendarlo, Iglesias ha solicitado un informe jurídico que avala la publicación del expediente, por otra parte expuesto a la luz por eldiario.es, que deja al descubierto que siguieron premiándole por perseguir comunistas después de muerto Franco. El torturador tiene cuatro condecoraciones, concedidas entre 1972 y 1982, por las que su pensión ha aumentado un 50%. Los socialistas aún no se las han retirado como prometieron. Ocultar su actividad como funcionario público no protege su intimidad sino la complicidad de la Transición con la impunidad de la dictadura.

El Régimen aún parasita nuestra democracia en todas las instancias, por eso es imposible juzgarle por sus crímenes 80 años después. A cambio, el PSOE ha anunciado que incluirá la apología de la dictadura en el Código Penal. Es un trampantojo. Una forma de condenar a la dictadura sin condenar a los franquistas. Resulta paradójico que sea delito la exaltación del franquismo pero no el propio franquismo. Persigues a los exaltados para no perseguir a los criminales. Como la Ley de Memoria Histórica, se intenta contentar a las víctimas y a la izquierda mientras los verdugos quedan impunes.

Por más que me moleste que se elogie a un golpista genocida como Franco, no soy de prohibir la libertad de expresión ni siquiera de quienes quieren acabar con ella. Mientras todo lo que hagan sea hablar, no me parecen más peligrosos para la democracia que mucho de lo que se ve cada día en las pantallas. Lo que sí creo que hay que proteger es a las víctimas del franquismo frente a quienes insulten gravemente su memoria o traten de humillarlas. Más que la defensa de Franco, penaría el ataque a sus víctimas (a veces, puede ser lo mismo, lo sé).

Pero eso no nos previene del fascismo porque me temo que el Código Penal no enseña Historia. En Italia y Alemania tienen delitos similares contra fascistas y nazis y eso que no les ha impedido expresarse, resurgir, incluso llegar al Parlamento. Como hemos visto con tuiteros y titiriteros, las penas por exaltación valen más para restringir libertades que para restringir el fascismo. Por querer fortalecer la democracia se puede debilitar uno de sus pilares. Ojo ahí.

Si lo que se quiere es hacer Justicia con el franquismo y sus víctimas, hay que juzgar a los criminales que siguen vivos, enseñar cuáles fueron sus crímenes, quitarles los honores y acabar con las subvenciones a sus asociaciones. Ese es el ingente trabajo que hay que hacer y no se ha hecho. Educación y reparación. Acaben con la Ley de Amnistía, enseñen los crímenes de la dictadura en las escuelas, empiecen a despulgar. Entonces el franquismo dejará de ser el parásito que mata a esta democracia por dentro.

https://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/Parasitos_6_994310603.html

Las fosas del franquismo: Qué y para qué

Las fosas del franquismo: Qué y para qué

Cuarto Poder, 12 de Febrero de 2020

Arturo Peinado Cano. @apces

Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

Cada vez que alguien oye hablar de la recuperación de la memoria histórica, identifica casi automáticamente este concepto con la exhumación de fosas comunes del franquismo. No sólo se debe al impacto social que las imágenes de dichas exhumaciones causan, también a la imagen simplificada que los medios de comunicación trasmiten habitualmente sobre el sentido y los objetivos del movimiento social por la recuperación de la memoria. Pero ni las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo nos dedicamos exclusivamente a realizar exhumaciones, ni el fenómeno es tan simple como se nos presenta.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria realizó una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas, entre 2003 y 2012. Todas se llevaron a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado,  y en cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural. Es decir, exigiendo la implicación de la Justicia en la exhumación conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consonancia con lo establecido por el derecho penal internacional de los derechos humanos, dado que, hasta ahora, cuando en España aparecen restos humanos que se supone corresponden a víctimas del franquismo, ningún juez se persona ni se abre un procedimiento.

Invariablemente la respuesta que hemos recibido ha sido el archivo de las denuncias (inmediatamente recurridas por nuestra parte) sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho interno sobre el internacional, la prescripción del delito, y en todo caso, aplicando la Ley de Amnistía de 1977. Eso era lo que pasaba hasta 2012. Posteriormente, en las dos últimas exhumaciones que llevamos a cabo (en Guadalajara y Málaga), las denuncias se archivaron en aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. La sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que absolvió al exjuez Garzón, dejó claro que la vía de la Justicia quedaba cerrada para las víctimas del franquismo.

La única excepción había sido, hasta ahora, el Juzgado de Almazán (Soria), en el caso de tres fosas del franquismo exhumadas en los últimos años por la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad, en las que la juez ordenó investigar lo sucedido y buscar a los responsables (archivando el caso sólo después de que se certificase el fallecimiento de los posibles ejecutores), así como la apertura de diligencias para la identificación de las víctimas. El pasado 30 de Octubre, la juez libró un oficio para que los restos óseos de la última exhumación, asegurando la cadena de custodia, fuesen remitidos al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid en vistas a una posible identificación. Pero el 30 de diciembre, un nuevo juez archivó por sorpresa la causa sobre los desaparecidos, dejando en el limbo las pruebas biológicas ya ordenadas, que tenían como objeto determinar si los restos hallados tras la exhumación se correspondían con las personas cuya desaparición se denunció. La resolución se comunicó un viernes después de Navidad, con el perentorio plazo de tres días para recurrir.

Cuando se busca a las víctimas se acaba preguntando por los verdugos. La Ley de memoria niega explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas y de sus familias, y además opta por privatizar y externalizar la gestión de las exhumaciones, subvencionando a familias, asociaciones y profesionales. Hoy, las víctimas del franquismo continúan siendo tratadas como una excepción por el Estado, que no reconoce su existencia y las mantiene en un limbo jurídico al que no se aplican los procedimientos habituales de la Justicia. Miles de personas ejecutadas extrajudicialmente y hechas desaparecer por la fuerza, reciben el trato de restos arqueológicos, en vez de víctimas de graves agresiones a los derechos humanos.

Una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes. Por tanto, el modelo de exhumación no judicializada que se ha impuesto implica deshacerse poco a poco del “problema” haciendo permanente y definitiva la impunidad de los crímenes.

Lamentablemente comprobamos que la actual proliferación de legislación autonómica sobre memoria histórica y fosas comunes, al insistir en legislar sobre la intervención en exhumaciones cuando no se tiene competencia sobre Justicia, persevera en líneas generales en el modelo privatizador y extrajudicial de exhumaciones.

Cuando hablamos de fosas comunes del franquismo nos referimos esencialmente a inhumaciones ilegales y clandestinas, llevadas a cabo en cunetas, tapias de cementerios, parajes alejados de población, etc…  con el fin de hacer desaparecer pruebas de ejecuciones extrajudiciales y, en consecuencia, la desaparición forzada de las víctimas, lo que constituye un crimen contra la humanidad de carácter permanente e imprescriptible. Desde las principales organizaciones de derechos humanos y los organismos de Naciones Unidas en la materia, se ha señalado que hasta que no se produce una identificación positiva estas personas continúan desaparecidas, por lo que no cabe aplicar la prescripción, que tampoco se pueden contemplar como crímenes aislados, y que se debe anular o modificar la Ley de Amnistía para poder perseguir esos crímenes.

Actualmente las causas que se abren en España a partir de una denuncia se cierran al considerar los asesinatos generados por el alzamiento militar de 1936, como asesinatos aislados, en lugar de contemplarlos, lo que está historiográficamente demostrado, como parte de un plan de exterminio del enemigo político. La planificación, la premeditación, la organización de los crímenes por un aparato del Estado, por sus fuerzas coercitivas, u organizaciones paraestatales, es lo que diferencia los asesinatos comunes de los crímenes de guerra y contra la Humanidad.

Lamentablemente constatamos que la solución que propugna el Estado al problema de las fosas comunes pasa por circunscribir las exhumaciones al ámbito estrictamente personal  y familiar, ajeno a otras consideraciones. Se niega a los familiares el reconocimiento  y el derecho a la justicia, y se utiliza su dolor y el legítimo derecho a la recuperación de los restos del familiar asesinado, haciéndoles creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles unos restos mortales que fueron mal  enterrados, y que eso es todo lo que deben esperar.

Entendemos perfectamente las urgencias y las necesidades de los familiares de las víctimas (en primer lugar porque nosotros/as también lo somos), pero debemos tener presente que en una exhumación se dan las siguientes circunstancias:

1.       Que la identificación de todos los restos no siempre es técnicamente posible. Se habla de una media de un 10% de identificaciones.

2.       Que los familiares promotores de la exhumación no tienen derecho legal sobre los restos hasta que no se produce una identificación positiva, antropológica o mediante ADN.

3.       Cada exhumación afecta inevitablemente a la totalidad de los enterrados en la fosa, lo que supone una vulneración de derechos de las víctimas no reclamadas por sus familias, y de las que no pueden ser identificadas. Muchas víctimas no tienen familias que reclamen sus restos al haber sido asesinados antes de tener descendencia, o no están interesadas. Obviamente, aquí hay una responsabilidad del Estado sobre los restos exhumados no reclamados que no puede trasladarse a las asociaciones o a otros familiares.

4.       Que las víctimas que exhumamos tienen derechos, reconocidos por protocolos internacionales, y que estos están por encima de los derechos de familiares, asociaciones o administración en aspectos que afectan a su propia dignidad, como el respeto a sus creencias, lo que implica la presencia y uso de los ritos y símbolos que les fueron propios, durante los procesos de exhumación y enterramiento posterior. En particular debemos denunciar el tratamiento morboso que se da en muchos casos a las imágenes de las víctimas del franquismo exhumadas, y que por supuesto es inconcebible cuando se trata de cualquier otro tipo de víctimas.

Que las pruebas de delito obtenidas durante los trabajos de exhumación sean judicialmente válidas y puedan ser utilizadas en un procedimiento penal, no depende de la capacitación, por lo general muy alta, de los profesionales que realizan  las exhumaciones, sino de que todo el proceso esté sujeto a una certificación judicial que encuadre la exhumación desde el principio dentro de un procedimiento legal, e imposibilite la destrucción de la cadena de custodia.

Asimismo se efectúan en algún caso exhumaciones de fosas comunes de cementerios de otro tipo de víctimas, fusilados tras las sentencias de los Consejos de guerra. No se trata de desaparecidos: esas víctimas nombre y apellidos, expedientes carcelarios, sentencia, partes de ejecución, registro de entrada en el cementerio… la exhumación se rige aquí por los respectivos reglamentos y ordenanzas municipales de cementerios. Realmente se trata de un traslado de restos para su entrega a los familiares, por cuanto las pruebas documentales hacen innecesarias las forenses como elemento probatorio. En este caso, al derecho a la Verdad de las familias y de la sociedad no se accede necesariamente con la exhumación. Es más, la destrucción irreversible de la fosa como lugar de memoria puede conseguir el resultado opuesto.

En nuestra opinión, el papel en este caso tanto de las asociaciones memorialistas como de las administraciones, debería limitarse a la constitución de un espacio estable de memoria que explique las causas y el sentido de su muerte, y establecer una dinámica de homenajes periódicos con presencia oficial de representantes institucionales. Y por supuesto, seguir exigiendo la anulación de todas las sentencias dictadas por los tribunales y consejos de guerra franquistas.

Hemos visto estos últimos años cómo se pretende, por instituciones y asociaciones, hacer pasar unas exhumaciones administrativas (un mero traslado de restos) por exhumaciones judicializadas. De igual modo defienden que las pruebas de crímenes obtenidas en las exhumaciones que realizan son judicialmente válidas, a pesar de la evidente inexistencia de certificación judicial del procedimiento, y de que la cadena de custodia de las pruebas durante el proceso es ajena a cualquier procedimiento judicial. Coinciden con empresas y fundaciones, que tras la retórica justificativa cientificista y pretendidamente humanitaria, utilizan el dolor y la impaciencia de las familias en su beneficio, defendiendo intereses profesionales, concibiendo la exhumación de fosas comunes del franquismo como un nicho de empleo, o una oportunidad de “emprendimiento”. Y por supuesto, justificando la renuncia a la judicialización del procedimiento y la celebración de homenajes políticos a las víctimas.

En los últimos tiempos hemos visto de todo en algunas exhumaciones: crowdfunding, sponsores comerciales y publicidad, cobros a las familias, instituciones promoviendo excavaciones como campamentos de verano financiados con la matrícula de los estudiantes… Todo muy posmoderno y muy neoliberal. Imagino lo que pensarían de ello las víctimas que se desentierran.

Casos como exhumaciones en los cementerios de Guadalajara o Talavera, y los proyectos de actuar en fosas comunes de fusilados  tras sentencias de consejos de guerra, a partir de la iniciativa de una familia o grupo de familiares, implican el serio peligro de hacer el trabajo sucio a los defensores de perpetuar la impunidad, facilitando la destrucción de lugares de memoria de la represión franquista.

La derecha, contraria habitualmente a la recuperación de la memoria antifranquista, no se opone en muchos lugares a las exhumaciones si estas son despolitizadas, y si además suponen una destrucción de lugares de memoria que en muchos casos beneficia económicamente al propietario del terreno (particular o institucional) liberando el mismo para otros usos. De paso se destruye la memoria y se impide definitivamente que se haga justicia.

Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, mediante la ocultación a la sociedad del significado real de las exhumaciones, circunscribiéndolas a actos privados formalmente humanitarios. Un entierro “digno”, no recupera necesariamente la dignidad de las víctimas, ni les hace Justicia.

EL PSOE presentó el pasado 24 de Enero una proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática, que si bien supone un avance en el tema de las fosas del franquismo, no cuestiona el modelo de impunidad de los crímenes, ni garantiza el acceso de las familias y de la sociedad española a la Justicia. Establece la responsabilidad de la Administración General del Estado en las exhumaciones, y el desarrollo de planes cuatrienales para la exhumación de fosas. Como Federación, demandamos a los poderes judiciales y al Estado que asuman sus obligaciones, y elaboren un plan de exhumaciones para llevar a cabo todas las que sean técnicamente viables, pero siempre judicializadas y llevadas a cabo por parte de un juzgado o fiscalía especializada, dentro de un procedimiento por el tipo penal de crímenes contra la humanidad.

Según las noticias que se van conociendo, se prevé que en el Proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2021, se va a dedicar para memoria más dinero que en todos los presupuestos de Rodríguez Zapatero, y que se van a aplicar mayoritariamente a la exhumación de fosas comunes. Constituye la gran oportunidad que estaban esperando algunas asociaciones, empresas y profesionales, que llevan años pidiendo financiación (pública y/o privada) para llevar a cabo las exhumaciones.

La posición de nuestra Federación, compartida con otras asociaciones memorialistas y de víctimas, y con organizaciones de derechos humanos, es que debemos seguir actuando con firmeza para impedir que se perpetúe el modelo español de impunidad. Si no se producen previamente los cambios legislativos indispensables, llevar a cabo exhumaciones extrajudiciales implicará la destrucción irreversible de pruebas de crímenes contra la Humanidad, y supondrá el triunfo final del franquismo al hacer definitivos sus designios: la desaparición física de sus enemigos, su eliminación de la historia y la impunidad de los victimarios.

La pervivencia de las fosas comunes del franquismo, 44 años después de la muerte física del dictador,  constituye una denuncia permanente del trato que la democracia española da a docenas de miles de sus mejores ciudadanos, manteniendo el castigo post mortem diseñado por sus verdugos para ellos y sus familias, sólo porque se atrevieron a soñar que un mundo mejor era posible.

https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/02/12/las-fosas-del-franquismo-arturo-peinado/

El tratamiento de la memoria histórica en el "Nuevo acuerdo para España"

El tratamiento de la memoria histórica en el "Nuevo acuerdo para España"

Publicado en Cuarto Poder, 31 de diciembre de 2019

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

A expensas de un análisis colectivo más profundo y extenso, que tendremos que realizar las diferentes organizaciones del movimiento social por la recuperación  de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, podemos hacer las siguientes consideraciones, como valoración inicial del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos:

Ciertamente se trata de un avance con respecto a lo existente. No podía ser otra la intención de los autores de un programa al que se ha llamado de "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España". Sin embargo nos parece insuficiente, poco ambicioso, y creemos que no recoge más que superficialmente las propuestas que los colectivos memorialistas y los organismos internacionales de derechos humanos han venido haciendo al Estado español. Entendemos que la parquedad de espacio que ocupa el tema dentro del conjunto del programa (6 párrafos) impide mayor concreción y desarrollo, pero en lo que se ha presentado subyacen elementos preocupantes.

Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio (y la Deportación). En cambio, sobre la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo”, que ya se recogía en las Proposiciones del PSOE de Ley de Memoria Histórica de 2017 y de Reforma de la vigente Ley (Julio de 2019), es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de ese aniversario para las víctimas del franquismo (la aprobación en 1978 del borrador de la Constitución por las Cortes Generales). Creemos que se ha optado por la celebración de una efeméride de segundo nivel de la Transición, en vez de una fecha realmente significativa de la resistencia contra los golpistas durante la guerra, de la represión franquista, o de la lucha clandestina contra la dictadura, con el fin de no dar a la conmemoración una "excesiva" relevancia. Esperemos que se corrija esta decisión durante la acción de gobierno y se designe finalmente una fecha realmente significativa, como por ejemplo: la matanza de Badajoz, la Desbandá, el bombardeo de Gernika, las cinco últimas ejecuciones del franquismo...

La parquedad y ambigüedad del apartado dedicado a la exhumación de fosas comunes (así como algunas iniciativas de las fuerzas firmantes durante las últimas legislaturas), nos hace temer que se pretenda perseverar en el modelo establecido por la Ley de Memoria de 2007: un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas. Una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia, esperamos de las fuerzas que aspiran a formar gobierno, que esta iniciativa se plasme finalmente en un plan estatal de exhumaciones a cargo de la administración de justicia impulsada por una fiscalía especializada en la investigación de crímenes del franquismo, procediendo a la investigación de los delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y demás agresiones a los derechos humanos.

Apoyamos el compromiso de “retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”, aunque esta última frase nos parece preocupantemente ambigua. Hasta ahora la retirada de la simbología franquista sólo se ha producido donde los responsables institucionales han manifestado inequívoca voluntad política, dada las ambigüedades e insuficiencias de la Ley de Memoria de 2007. Por otra parte, la frase "Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo", parece una muestra de humor negro: ningún crimen franquista ha sido juzgado en el franquismo, y lo que es mucho peor, en democracia. Y por otra parte, que la única consecuencia para los autores de crímenes contra la humanidad vaya a ser la retirada de las condecoraciones y prestaciones asociadas, muestra tanto la vigencia de la impunidad del franquismo como una escasa ambición por parte de los firmantes.

Valoramos también como una mejora importante la propuesta de anular "las condenas y sanciones...". Es un gran avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, y alguien debería dar explicaciones sobre porqué se puede hacer ahora, sin mayor problema, lo que al parecer en 2007 ponía en peligro la seguridad jurídica y los cimientos del sistema democrático. También el texto tendría que haber dejado claro que se refiere exclusivamente a las condenas emitidas por los tribunales y consejos de guerra franquistas, y no englobarlo todo en el término "Guerra civil", para deslegitimar también las sentencias y resoluciones emitidas por los instituciones democráticas y plenamente legales de la República Española. Además, es completamente insuficiente ilegalizar las condenas pero no declarar ilegales los tribunales y los consejos de guerra franquistas.

Sobre las propiedades y el estatus de la familia Franco, opinamos que es necesario naturalizar una situación propia de un país democrático: la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador aún con 44 años de retraso. Creemos que es indispensable empezar por la constitución de una comisión parlamentaria para:

·      Que investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador.

·      Que investigue el origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de la familia Franco.

·      Que investigue todos los títulos de propiedad, así como los documentos de adquisición, si los hubiere.

·      Que audite e investigue las declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa.

·      Que analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos.

·      Que investigue las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado.

Los trabajos de la Comisión parlamentaria tendrían que desarrollarse con la máxima publicidad y transparencia. Y la documentación estudiada, así como las conclusiones de los trabajos de la Comisión deberán de ser de acceso público.

Tras todos los acontecimientos del último año, echamos de menos en el documento un compromiso explícito de culminar la resignificación democrática del Valle de los Caídos, que de ningún modo puede sustentarse en el “Informe de Expertos sobre el Valle de los Caídos” de 2011. Entendemos que esta resignificación debe partir de la desacralización del Valle con la salida de los monjes benedictinos, así como del cambio del estatus jurídico del mismo.

Como conclusión, si bien saludamos los elementos que suponen un avance en positivo, debemos expresar nuestra preocupación por las insuficiencias en algunos puntos del documento, y por diversos posicionamientos, en nuestra opinión, seriamente desencaminados. De cualquier modo, el problema fundamental sigue siendo la pervivencia de la impunidad de los crímenes del franquismo, algo que sólo podrá superarse con iniciativas políticas y jurídicas muchos más ambiciosas: en primer lugar, la ratificación por el Estado español de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" de 1968; en segundo lugar, con una declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, que viene siendo aplicada a los crímenes del franquismo por los jueces invariablemente, desde su promulgación, como una ley de punto final. Asimismo, se debería impulsar la única vía abierta hasta el momento de investigación de los crímenes del franquismo: el robo de bebés.

Venimos defendiendo en el marco del "Encuentro Estatal de memoria histórica y de víctimas del franquismo", que sólo una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que iguale a éstas en reconocimiento jurídico y de derechos con otros colectivos de víctimas para las que el Estado español ha legislado convenientemente, puede llevar al cumplimiento de las obligaciones del Estado español con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Esperamos que el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, con su probada capacidad de propuesta y de movilización pueda favorecer la corrección durante la acción del futuro gobierno, de algunas de las propuestas y líneas de actuación que hemos conocido hoy.

https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/12/31/el-tratamiento-de-la-memoria-historica-en-el-nuevo-acuerdo-para-espana/

Manifiesto contra el desmantelamiento del monumento Memorial

Manifiesto contra el desmantelamiento del monumento memorial dedicado a las víctimas del franquismo en el Cementerio del Este de Madrid 1939-1944, y la resignificación del mismo por parte del actual gobierno municipal.

 Plataforma en Defensa del Memorial del cementerio del Este de Madrid,  Diciembre de 2019

Las Organizaciones Memorialistas, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales, sociales, personalidades y entidades de la cultura, manifestamos:

El pasado 18 de Noviembre, el  actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid arrancó las lápidas con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura en el Cementerio del Este.

La colocación de las placas fue paralizada el 17 de julio, cuando la obra estaba prácticamente finalizada. La retirada, que provocó serios daños en algunas de las lápidas, supuso una nueva humillación y la revictimización de los familiares de los asesinados, que llevaban décadas esperando el reconocimiento de la democracia a personas que fueron asesinadas por defender los valores democráticos, derechos, libertades, y justicia social representados por la II República española.

Esas personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1944 en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el más básico derecho a la defensa. Consideramos inadmisible en democracia, que se anteponga el argumentario franquista al reconocimiento debido a sus víctimas, frente a la defensa de los valores universales por los que fueron masacradas y a la imprescindible reparación a sus familiares, dando carta de naturaleza a las sentencias de los Consejos de Guerra.

El gobierno del señor Martínez Almeida no sólo profana los nombres de quienes pagaron el más alto precio en Madrid por defender la libertad frente al fascismo, sino que ha modificado el criterio con el que fue erigido el Memorial, cambiando completamente su significación para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia. Ello supone un castigo post mortem añadido a las familias de las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria democrática del pueblo de Madrid y de todos los pueblos del Estado español.

Asimismo, la renuncia por parte del equipo de gobierno de Martínez Almeida, de levantar un memorial en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchel en reconocimiento a todas las personas presas políticas durante el franquismo, así como el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, dan idea del concepto que tienen de las políticas de memoria democrática  los actuales responsables municipales.

La construcción del monumento del cementerio del Este, tal y como se estaba llevando a cabo hasta su paralización por el Ayuntamiento, no había provocado ningún rechazo ni oposición en la sociedad madrileña. Es por tanto el equipo de gobierno actual, el único responsable de alterar la convivencia y de crear problemas que no existían. La decisión por el gobierno municipal encabezado por el Sr. Martínez Almeida de remodelar el monumento, desvirtúa completamente su significado, objetivo y sentido. Es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid quien manifiesta una actitud autoritaria, revanchista y sectaria, capaz de crear y promover la discordia y el enfrentamiento en una sociedad ajena a sus discursos de odio. Existen en el Estado español docenas de memoriales de reconocimiento a las víctimas del franquismo, con las características del que ha sido desmantelado por el Ayuntamiento de Madrid, algunos de ellos erigidos por gobiernos municipales del partido del señor Martínez Almeida.

Exigimos la inmediata reversión del proceso, procediéndose a la reconstrucción del Memorial conforme al proyecto original, y que el Sr. Martínez Almeida pida disculpas públicas en nombre del Ayuntamiento de Madrid, a los familiares de las víctimas y al conjunto de la ciudadanía.

Consideramos imprescindible, conforme a la exigencia del Derecho y Tratados Internacionales, y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que el Estado y todas las instituciones asuman y garanticen el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la Resistencia Antifranquista como víctimas de la violencia política.

Consideramos irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de historiadores, a ser juzgados solamente por jueces, y a que las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo.

Convocamos a la sociedad civil a frenar esta agresión sin precedentes cometida, en primer lugar, contra los familiares de las personas que pagaron con la vida su compromiso en defensa de la legalidad democrática, pero también contra los derechos humanos, contra la Democracia y contra la Memoria Democrática Colectiva.

Solicitamos el apoyo explícito de todos y todas las demócratas, y de toda la sociedad, para revertir este nuevo atropello a la Memoria de las personas que lucharon contra la Dictadura.

Los familiares, colectivos y organizaciones que conformamos esta Plataforma abierta, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a este manifiesto y participe activamente en la defensa de esta causa.

Comunicado de apoyo a la afición del Rayo Vallekano. Por IU-Puente de Vallekas