3 de MARZO: Verdad, Justicia y Reparación

Antígona en Poyales del Hoyo

(Viñeta de El Roto, publicada en El País)

Antígona en Poyales del Hoyo

En la tragedia "Antígona", de Sófocles, representada por primera vez en el 442 a.C., la protagonista entierra a su hermano, contraviniendo el mandato del rey Creonte quien ha ordenado que, como castigo por traición, su cadáver quede insepulto.

Desde la antropología se ha estudiado el carácter ejemplarizante que tiene la prohibición de enterrar un cadáver o la ocultación del lugar donde se ha realizado el enterramiento. La inhumación ilegal supone un modo de represión (castigo post-mortem) contra el represaliado; contra sus familiares, a quienes se estigmatiza y niega la posibilidad de cerrar el hecho luctuoso mediante los ritos funerarios; y como amenaza permanente contra el conjunto de la sociedad o del grupo humano al que pertenecía la víctima.

El pasado 30 de julio, en la localidad abulense de Poyales del Hoyo, se produjo la destrucción del monumento funerario donde descansaban los restos de diez represaliados del franquismo, que habían sido exhumados de dos fosas comunes clandestinas en 2002 y en 2010. Cuerpos y familiares que, tras décadas, por fin habían recibido un merecido descanso. No fue por obra de delincuentes o gamberros, sino del alcalde de la localidad y una jueza “de paz”.

El alcalde de Poyales, Antonio Cerro, del Partido Popular, ha justificado la acción por la petición de entrega de los restos por parte de una de las familias, y el mal estado de la fosa. Sin embargo, ello no explica porqué, en vez de reparar la fosa, se trasladaron los restos a un osario. Y sobre todo, porqué se destruyó el monumento funerario, que estaba coronado por una paloma de la paz y donde constaban los nombres de los diez asesinados.

La profanación de Poyales no es un caso aislado en la comarca del Valle del Tiétar: en los últimos meses podemos constatar insultos y amenazas, como en la inauguración del monumento a los fusilados republicanos en Candeleda, en febrero; el bloqueo con cadenas del cementerio de Pedro Bernardo para impedir un acto de homenaje a las víctimas del franquismo, el pasado mes de junio; las recientes agresiones al mausoleo de Candeleda y a la tumba de las tres mujeres asesinadas en el mismo pueblo y exhumadas en 2002.

Tales demostraciones de despotismo, deberían ser inconcebibles desde los valores humanos, y en nombre de la caridad cristiana que, se presupone es seña de identidad de quienes hacen gala de su religiosidad, pues no olvidemos que la jauría humana que el pasado domingo día 7 arremetía contra los concentrados ante el Ayuntamiento de Poyales, salía en su mayor parte de la misa dominical de las 12.

No podemos quedarnos en una mera condena ética del comportamiento del alcalde de Poyales y sus concejales, o referir que son "dignos" y directos herederos del "Quinientos Uno" y los otros pistoleros falangistas que hace 75 años impusieron el terror en el Valle del Tiétar, "por Dios y por España". Es preciso realizar una reflexión más de fondo. Por ejemplo, ¿se imagina alguien que un alcalde de Bildu profanase y destruyese una tumba de víctimas de ETA? ¿Qué estarían vociferando los que se autopublicitan hasta el hastío como demócratas, pero que hoy no condenan, e incluso justifican, la destrucción de la tumba de Poyales?

Y no es una cuestión de ser de derechas o de ser de izquierdas. Recientemente hemos visto cómo el Gobierno de Sarkozy asumía, en nombre del Estado francés, la responsabilidad de la deportación por parte del Gobierno colaboracionista de Vichy, de republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, ofreciendo indemnizaciones a los herederos. O del proceso de reparación material y simbólica a los miles de trabajadores esclavos que fueron deportados para trabajar en Alemania durante la segunda guerra mundial; un programa de reparación inmenso en la cual participaron el Estado alemán, las empresas herederas de las que se beneficiaron de aquellas deportaciones, y las iglesias católica y protestante (alemanas). Todo ello culminado con un gran acto público de desagravio en el que participaron el presidente federal alemán y la canciller Merkel.

Uno de los principales problemas políticos de nuestro país es que la derecha autóctona no es antifascista. Estamos pagando, y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo, la complacencia y permisividad de los demócratas durante la Transición con el franquismo, con sus símbolos; con el respeto al status social y económico de los beneficiarios de la dictadura; con la impunidad de los criminales. Lo que está pasando en el Valle del Tiétar y en otros lugares (y lo que nos espera: "cosas veredes amigo Sancho.."), es consecuencia directa de 35 años de políticas activas de olvido; y de trato equidistante entre fascismo y democracia.

Y si es grave el respaldo unánime de los dirigentes del Partido Popular al acto de barbarie cometido en Poyales, más preocupante aún es la tibieza del rechazo del resto de fuerzas políticas (salvo honrosas excepciones), y sobre todo la falta de reacción de las administraciones y de la Justicia, o el tratamiento dado al caso por los medios de comunicación, que han caricaturizado, reduciendo a una reyerta entre vecinos por una cuestión trasnochada, las agresiones y provocaciones de "los escuadristas" durante el domingo 7 de agosto.

Hace pocos años, un expresidente autonómico "progresista" declaraba que "estaba en contra de la memoria histórica porque era un presidente del futuro, y no del pasado", pero no tenía escrúpulos para inaugurar el nuevo Museo del Ejército invitando a combatientes de la División Azul. Esa política de equidistancia, de igualación entre la democracia y el fascismo, de no confrontar ideas, valores y principios con la derecha franquista (sea por conveniencia o cobardía), termina teniendo consecuencias inevitables: hoy, el personaje aludido es un expresidente del pasado sin futuro.

Si todo un presidente del Congreso de los Diputados -presuntamente progresista- utiliza todos los subterfugios posibles para eludir la condena del golpe militar del 18 de julio y de la dictadura franquista, ¿qué podemos esperar del alcalde "centrista" de Poyales del Hoyo?

Es conocida la frase de una de las Trece Rosas: "Que mi nombre no se borre de la historia". Ese es el sentido real de la destrucción del monumento del cementerio de Poyales por parte de Antonio Cerro: el fin último de la destrucción de los nombres es certificar la impunidad histórica de los asesinos y restaurar el manto de silencio, garantizando la pervivencia de la versión franquista de la historia. Volver a dejar claro que en esa guerra hubo vencedores y vencidos, que los sigue habiendo y señalando quién es cada uno. Y que lo que "ellos" conquistaron "a punta de pistola y crucifijo", convirtiendo España en un cenagal de sangre y en una inmensa prisión, es intocable por los siglos de los siglos. También deberíamos tener en cuenta los vínculos familiares de los verdugos de entonces, con algunos de los que hoy no están dispuestos a consentir que las víctimas reposen en los mismos lugares que los criminales.

El problema está no sólo en que se pueda profanar impunemente una tumba. La cuestión es que los monumentos a las víctimas del franquismo, el erigido en Poyales y los que permanecen, de momento, en otros lugares, son Lugares de Memoria privados, de los familiares y de los compañeros de las víctimas. No fueron construidos por el Estado para proporcionar referentes y señas de identidad democráticas a la sociedad española, incluso aunque pudieran haber sido financiados mediante subvenciones públicas. El Estado español, aplicando la Ley de Memoria, de acuerdo a un preámbulo que a modo de declaración de intenciones impone la memoria personal y familiar e intenta impedir la memoria democrática social y colectiva, se ha negado a establecer Lugares de Memoria democrática, donde se rinda homenaje público a los asesinados por defender la legalidad constitucional, y los valores que, se supone, son la base de nuestro modelo político y social.

La destrucción del monumento de Poyales representa, a escala local, la impunidad de los verdugos y la manifiesta indefensión de las víctimas del franquismo.

A día de hoy, las víctimas del franquismo no existen, jurídicamente hablando. Sus familiares (un colectivo que afecta a muchos miles de personas) se encuentran en un estado de flagrante indefensión legal, como ha dejado patente la "resolución" del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el juez Garzón. Al mismo tiempo, la pervivencia de docenas de miles de conciudadanos enterrados en fosas comunes clandestinas, no es reconocida por el Estado español dentro del tipo jurídico de desaparición forzada (crimen contra la humanidad), ni está dispuesto a asumir las responsabilidades que le corresponden según los acuerdos internacionales que ha firmado y que constitucionalmente tendrían que formar parte del ordenamiento interno. Todo ello pone en cuestión la propia esencia del Estado de Derecho.

Con la destrucción de la fosa de Poyales nuestros diez compañeros, rescatados del olvido en 2002 y 2010, pero ignorados por la justicia, han vuelto a ser otra vez, desaparecidos. Y se ha creado un peligrosísimo precedente. ¿Alguien piensa hacer algo para impedirlo, o continuaremos cautivos y desarmados?

Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria

Agosto de 2011

El Diccionario biográfico de la RAH, por Eneko

Joaquín Leguina y el franquismo sobrevenido

Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria

"Quienes no tienen el valor de luchar deberían tener al menos la decencia de callarse". José Martí

Las personas que, de un modo u otro, estamos involucrados en el movimiento social por la recuperación de la memoria (que cada vez es más un movimiento anti-impunidad), sabemos que la lucha por la Justicia, la Verdad y la Reparación para las víctimas del franquismo, no ha sido ni va a ser un camino de rosas. Sin embargo, al parecer no lo estamos haciendo del todo mal, cuando como respuesta a nuestras acciones se comienzan a sacrificar torres y alfiles tras el fracaso de los peones.

Esta reflexión surge a partir de la lectura del libelo recientemente publicado por el prestigioso demógrafo, ex presidente de la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo Asesor de Doña Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina.

La lectura de "El duelo y la revancha", que así se llama el opúsculo en el que Leguina desparrama sus frustraciones, genera sensaciones varias: primero asco, después lástima, por último vergüenza ajena. Y no necesariamente en este orden.

Parece ser que el hecho de haber salido como derrotado de la presidencia de la Comunidad de Madrid ha provocado en el señor Leguina algún trauma o variedad del Síndrome de Estocolmo, porque no creemos que su actuación responda meramente al agradecimiento por el puesto más bien simbólico que ha tenido a bien otorgarle la Lideresa en su munificencia, o que a estas alturas aspire a una portería de finca urbana, despacho de quinielas, estanco o gasolinera.

Pero sobre todo nos resulta difícil comprender por qué un señor que se supone sigue llevando en el bolsillo el carnet del partido de Pablo Iglesias, Besteiro, Prieto, Largo o Negrín, no tiene ningún empacho en alinearse con quienes derrotaron, asesinaron, encarcelaron, exiliaron... a los que se supone son los suyos, tras sublevarse contra el Gobierno democrático y secuestrar la soberanía nacional a punta de pistola y crucifijo durante cuarenta años. Es más, en su panfleto el señor Leguina hace una “interpretación” particular de lo sucedido en la guerra civil con la que rebasa por la derecha a los más siniestros y desprestigiados "recauchutadores del pasado". La versión de la historia de la guerra civil que presenta el señor Leguina ya estaba desautorizada cuando el maestro Southworth vapuleaba de manera inmisericorde a Ricardo De la Cierva.

Pero el objetivo de este artículo no es realizar valoraciones subjetivas sobre la indignidad, la bajeza moral y la indigencia ética de Joaquín Leguina, algo que, por otra parte, él mismo se preocupa de dejar patente en sus últimos escritos y cuando se deja exhibir como modelo de "izquierda responsable" en las tertulias de Radio-Odio, y otros medios de comunicación de esa derecha que sigue utilizando la cabeza únicamente para embestir.

Por favor, ¿en manos de qué clase de gente ha estado la izquierda de este país, para acabar expuestos como trofeos en el despacho de Espe (véase la señora Alberdi), dejándose utilizar a modo de excusa o coartada pluralista como tertulianos en los medios "neocon", o recibiendo de regalo de cumpleaños (magro pago a los servicios prestados) un reloj de oro por los responsables de lo acaecido en Vitoria y Montejurra?

¿Qué tipo de democracia defiende el señor Leguina que nos exige silencio, que pretende obligarnos a aceptar la injusticia y la impunidad de los crímenes franquistas, muchos de ellos cometidos no en las décadas de los 30 ó los 40, sino coincidentes en el tiempo con los realizados por las dictaduras del Cono Sur americano?. ¿Pero no salió en la tele hace 35 años un señor con bigotillo diciéndonos que “la lucecita de El Pardo” se había extinguido definitivamente?.

¿Qué autoridad esgrime don Joaquín para negarnos el derecho a exigir la anulación de las sentencias franquistas, a día de hoy plenamente legales y firmes, a pesar de una paupérrima Ley de Memoria que el Sr.Leguina critica por revanchista?. ¿Aún no podemos decir públicamente que el proceso de Puig Antic estuvo plagado de irregularidades; que Julián Grimau fue defenestrado y que la composición del tribunal que le condenó era ilegal; que Granado y Delgado eran inocentes de todas las acusaciones que se les hicieron? ¿Porqué ocultar que a ellos y a muchos miles más se les sometió a salvajes torturas por las cuales nunca nadie se ha sentado ante un tribunal, gracias a la Ley de Amnistía de la que el señor Leguina se manifiesta tan orgulloso y cuya anulación ha recomendado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, equiparándola a otras leyes de punto final?

Joaquín Leguina escribe que muchos de los republicanos condenados y asesinados eran simples criminales, que se lo estaban buscando. ¿Se merecían el asesinato judicial los rectores de universidad Joan Peset, Leopoldo Alas, Salvador Vila?. ¿Se habían buscado ser juzgados y fusilados por sus compañeros perjuros miles de militares leales a la República, como Batet, Núñez de Prado, Escobar, Campins...?. ¿Y los funcionaros, los obreros, los jornaleros, las mujeres rapadas y violadas...?.

Incluso en caso de que se pudiera presuponer que alguna víctima del franquismo hubiera cometido delitos, ¿ha oído alguna vez el señor Leguina hablar de garantías procesales?. Porque todas y cada una de las víctimas del franquismo que pasaron por los consejos de guerra o los siniestros tribunales, fueron juzgados y condenados en situación de manifiesta indefensión legal: mediante testimonios, "pruebas" y delaciones sin posibilidad de ser refutadas; con "confesiones" obtenidas por medio de la tortura y las palizas; sin opción de apelar las sentencias ante una autoridad judicial superior independiente. Pero sobre todo, ¿con qué derecho constituyeron tribunales, legislaron, juzgaron y condenaron quienes no tenían otra "legitimidad" que el hecho de haberse sublevado contra el gobierno democrático y legal, traicionando su juramento, a su pueblo y a su país?.

Y eso cuando hablamos de consejos de guerra, dado que muchos miles de defensores de la legalidad democrática ni siquiera fueron juzgados: los asesinaron y permanecen aún enterrados en centenares de fosas comunes clandestinas (gran número de ellos, si no la mayoría, miembros de Casas del Pueblo, de la UGT y del PSOE como el señor Leguina), sin que los jueces se dignen a intervenir y permaneciendo sus familias en estado de absoluta indefensión jurídica. Que España sea a día de hoy el segundo país del mundo en número de desaparecidos tras la Camboya de Pol-Pot, sí que es un escándalo, una vergüenza y un hecho que pone en cuestión los fundamentos de la actual democracia, y no lo que exaspera a Don Joaquín.

El señor Leguina y "los suyos" responden invariablemente a estos planteamientos con la manida explicación de que "todos (¿porqué usan siempre la primera persona del plural?) fuimos culpables, las atrocidades no fueron exclusivas de un solo bando". El objetivo es subsumir esa "culpabilidad" global en una teórica irresponsabilidad colectiva, lo cual es un argumento falaz cuando hubo responsabilidad directa, consciente, premeditada y planificada sólo por parte de quienes libremente decidieron sublevarse contra el gobierno legítimamente constituido (por cierto, la planificación diferencia los delitos comunes de los crímenes de lesa humanidad).

El problema de fondo está en la brutal diferencia de trato entre unas y otras víctimas, porque si alguien ha hecho políticas de memoria en España ha sido el franquismo durante cuarenta años: de reparación material, "justicia" para los suyos, de socialización simbólica de sus valores por todos los medios posibles, incluyendo el sistema educativo, etc. Verdad y justicia que se negaron y se siguen negando a los defensores de la democracia y de la libertad, y a sus familias, también víctimas.

Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de los exabruptos de Joaquín Leguina?. En el discurso que pronunció al recibir el Premio Cervantes en 2008, el poeta Juan Gelman decía: “Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. (…) Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero (…) Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular”.

Joaquín Leguina no tiene, que sepamos, un pasado o antecedentes franquistas pero es plenamente consciente de que toda la actuación de muchos “prohombres” de la Transición es radicalmente cuestionada por la visibilidad de los desaparecidos, de las fosas comunes, de las sentencias firmes de los Consejos de Guerra y del TOP, de las víctimas humilladas y saqueadas. Que la recuperación de la memoria histórica en nuestro país también expone a la luz pública a los beneficiarios económicos y políticos del franquismo, los pactos más o menos explícitos de impunidad y de silencio. Leguina y muchos otros temen que la recuperación de la memoria histórica no se limite a los años 30 ó 40, y que la sociedad empiece a conocer qué pasó y el papel de cada uno en torno a 1975 y los años posteriores.

El talón de Aquiles de la argumentación del señor Leguina es que las propuestas del movimiento memorialista y contra la impunidad del franquismo, son valoraciones que sobre el modelo español de impunidad expresan también algunos de los más prestigiosos juristas de todo el mundo, organizaciones internacionales de Derechos Humanos, e incluso las Naciones Unidas: La exigencia de anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en cuanto que ley de punto final; la apertura judicializada de las fosas comunes franquistas como pruebas de crímenes contra la Humanidad imprescriptibles y no amnistiables; la necesidad imperiosa de anular las sentencias franquistas por lógica, por justicia y por higiene democrática, etc..

Nosotros formamos parte de una federación de organizaciones que realiza exhumaciones de fosas comunes del franquismo, mediante el trabajo (económicamente) desinteresado de voluntarios y familiares. Ofrecemos a Don Joaquín Leguina la posibilidad de que venga a explicarnos a pie de fosa durante la próxima exhumación que llevemos a cabo, ante los restos de nuestros compañeros asesinados, por qué tenemos que callar y olvidar. Nosotros y nosotras nos ponemos a su disposición para explicar, donde y cuando haga falta, que aspiramos a que este país deje algún día de ser una excepción en la aplicación del Derecho Penal Internacional y de los Derechos Humanos.

Los medios de comunicación dicen que exhumamos las fosas comunes y rescatamos los restos y la memoria de nuestros compañeros con el fin de devolverles la dignidad. Es un argumento completamente falso porque jamás la perdieron: quien carece de dignidad y de vergüenza es la sociedad española que se ha venido autoengañando y ha sido forzada a construir un "modelo de convivencia" sustentado en la ocultación del crimen, la imposición del silencio y la perpetuación de la injusticia.

Señor Leguina: ya pasó el protagonismo histórico de la generación de los “padres de la democracia”, y ha transcurrido el tiempo suficiente para que los historiadores (los de verdad) analicen sus acciones y las de sus coetáneos, así como las causas y motivaciones que había detrás. Exigimos respeto para los que usted llama "antifranquistas sobrevenidos", quienes únicamente pretendemos realizar la labor de superación del franquismo y de implantación efectiva de la justicia, que ustedes no supieron, o no tuvieron el valor o la intención de hacer.

De cualquier modo, la reacción de Joaquín Leguina demuestra no sólo que tenemos la razón, sino que vamos por el buen camino.

Menasalbas, 71 años después... vídeo de Jlgccv Madrid

Homenaje a los soldados republicanos que hace 71 años, acabada la guerra y a la vuelta del frente, fueron salvajemente torturados y asesinados en el pueblo toledano de Menasalbas, por haber defendido la legalidad democrática frente a la dictadura nacionalsindicalista que acabó imponiendo el militar golpista Francisco Franco con ayuda de Hitler y Mussolini.




http://www.facebook.com/video/video.php?v=1496780949165

http://www.youtube.com/watch?v=gE40e54C0qQ

Verdad y Justicia de una vez

Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria, 10 de junio de 2010

En respuesta al artículo "Abrir las fosas comunes de una vez", de Javier Ortiz publicado en El País el 31 Mayo de 2010 (1)

http://www.foroporlamemoria.info/2010/06/verdad-y-justicia-de-una-vez/

Cada vez que nos dan clases de
amnesia
como si nunca hubieran existido
los combustibles ojos del alma
o los labios de la pena huérfana
cada vez que nos dan clases de
amnesia
y nos conminan a borrar
la ebriedad del sufrimiento
me convenzo de que mi región
no es la farándula de otros

Ese gran simulacro. Mario Benedetti


La lectura del artículo de Javier Ortiz publicado en El País el pasado 31 de mayo me ha provocado una cierta indignación, aunque no sorpresa por cuanto desarrolla unos planteamientos que se vienen sosteniendo y aplicando de hecho por algunos sectores vinculados a la recuperación de la memoria histórica, si bien quizás hasta ahora no se habían expresado por escrito de modo tan explícito. Pretendo por tanto, modestamente, rebatir la argumentación de J.Ortiz.

Debo comenzar dejando claro que comprendo perfectamente a aquellos que, en defensa de legítimos intereses, creen que se puede dar una competencia desleal de las asociaciones memorialistas o de familiares de víctimas por una "cuota de mercado", frente a profesionales agrupados en fundaciones, empresas de servicios, etc... en el caso de las fosas comunes del franquismo.

Quien esto escribe ha participado en exhumaciones de víctimas del franquismo, dirigidas por un conservador jefe de un Museo Arqueológico de Comunidad Autónoma, o por un catedrático de Universidad, que sacrificaron sus vacaciones de manera absolutamente desinteresada. En el mundo en que vivimos algunos entienden que existe "profesionalidad" si, por ejemplo, se parte de un convenio firmado con una institución pública que garantiza 3.000 € (es un suponer) por cadáver exhumado. Cierto es que en determinadas circunstancias las asociaciones hemos tenido que actuar en condiciones precarias, porque obviamente no es lo mismo realizar una exhumación con el respaldo político y económico de instituciones importantes (incluso en algún caso con cajas de ahorro como "sponsors"), que con medios limitados e incluso con las instituciones en contra, y además dependiendo de la disponibilidad profesional y personal de voluntarios y especialistas. Por desgracia el voluntarismo y el compromiso militante no son siempre suficientes, o al menos no permiten que se "compita" en igualdad de condiciones.

De todos modos creemos que el tema de las fosas comunes del franquismo exige de las personas dedicadas a ello (profesionales, miembros de asociaciones, responsables políticos…), el respeto escrupuloso a unos límites éticos y formales que en ningún caso se deberían traspasar, como ha sucedido cuando algunas instituciones han financiado campamentos y talleres con enorme aparato propagandístico, pero dejando en situación de abandono fosas llenas de barro de las que asoman restos humanos (2). O en los campamentos de verano para estudiantes de Arqueología que, no es que trabajen gratuitamente, sino que pagan una matrícula por rescatar los restos de republicanos, socialistas o anarquistas asesinados. Por suerte son casos particulares y aislados, pero reales.

Las reflexiones sobre la transición o la amnistía de 1977, con que el Sr.Ortiz comienza su artículo antes de entrar en el fondo real del asunto, resultan cuando menos discutibles: no dudo de que mucha gente comparta la valoración positiva que hace de la Transición: por ejemplo, las instituciones y empresas que se lucraron con mano de obra republicana esclava y a quien nunca nadie ha pedido responsabilidades o cuentas; los antiguos fiscales y jueces del Tribunal de Orden Público; los torturadores de la Brigada Político Social (hoy la mayoría ancianos, disfrutando de pensiones que les permiten de un merecido y acomodado retiro) ; o algunos célebres próceres y padres de la Patria, responsables directos de los hechos de Montejurra o de Vitoria en 1976.

Discrepo de la opinión del Sr.Ortiz: si la Transición hubiera sido tan modélica ni él no yo tendríamos que estar debatiendo, 35 años después de la muerte del dictador, sobre la exhumación de 3.000 fosas comunes y de docenas de miles de víctimas de asesinato y del crimen contra la Humanidad de desaparición forzada.

El Sr.Ortiz critica, generalizando, la "politización" de la exhumaciones, como si los restos que extraemos de fosas comunes no fueran de políticos y sindicalistas asesinados precisamente por eso, por ser militantes políticos y sindicales. Parece ser que los restos de republicanos y antifranquistas a exhumar deberían recibir el mismo tratamiento (muy profesional, eso sí) que los de visigodos o de víctimas de la viruela, por mucho que los Comités de derechos humanos y contra la tortura de la ONU, o los convenios internacionales sobre desapariciones forzadas, mantengan otra cosa.

Por otra parte, pienso que la concepción despectiva de “lo político”, el desapego de la política del cual se hace gala en el artículo, desgraciadamente generalizado en nuestra sociedad, es una muestra de la pervivencia del triunfo del franquismo sociológico; aquello que decía "su excelencia" a un almirante: "haga como yo, no se meta en política". Precisamente todo lo contrario a lo que en su día defendían las víctimas cuyos restos pretendemos exhumar: los valores republicanos de lo público, lo colectivo, la sociedad politizada, organizada y movilizada. Lo dicho: Atado y bien atado.

El Sr.Ortiz "no sale de su asombro" porque algunos comparan la Ley de Amnistía de 1977 con las Leyes de Punto Final de las dictaduras del cono sur americano. Es una opinión respetable pero discutible, por cuanto quien ha definido recientemente la Ley de Amnistía del 77 como Ley de punto final ha sido el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Menos cuestionable es aún si quien lo dice es la propia Ley de Amnistía, con un articulado tan claro que deja poco lugar a la interpretación.

Artículo Segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Javier Ortiz también habla de "dejarnos de apasionamientos para poder realizar investigaciones serias de la historia de España (3), ayudar a las personas que tienen algún desaparecido y dejar por fin de utilizar esos asesinatos como arma arrojadiza de los “unos” contra los “otros”. Pues no, Sr.Ortiz, muchos no pretendemos eso, sino que este país deje de ser una isla de impunidad, que se traten las fosas comunes de las víctimas del franquismo conforme a la normativa de Derechos Humanos y que se aplique aquí de una vez el Derecho Penal Internacional. El tema de las fosas comunes del franquismo es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de políticos en busca de la foto ocasional, o de quienes conciben este asunto meramente como uno de los llamados "nuevos nichos de empleo".

Porque el tratamiento que se da a este tema en nuestro país sigue siendo muy poco serio: por ejemplo, con la caótica concurrencia de protocolos de exhumaciones particulares de cada Asociación, el del Ministerio de la Presidencia aún en borrador, y los respectivos de cada Comunidad Autónoma (menos las gobernadas por la derecha que se lavan las manos), amén de las particulares normativas municipales, legislación mortuoria y de patrimonio que afectan a cada exhumación. Parece que todo el mundo tiene algo que decir en este tema, menos un juez.

De resultas de todo ello, el Sr.Ortiz defiende la frívola iniciativa parlamentaria dirigida a modificar la Ley de Memoria que fue debatida el pasado 11 de mayo: puesto que los jueces no se ponen de acuerdo en el tratamiento de las fosas comunes del franquismo les quitamos por ley toda competencia, y "que sean las administraciones las que se responsabilicen del trabajo" (la cursiva y negrita son mías). Sr.Ortiz y otros: todo lo que no sea la judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, es apuntalar el modelo español de impunidad y certificar definitivamente el triunfo completo (y con consecuencias vigentes) del franquismo.

Aunque a primera vista puede parecer paradójico, la exhumación de las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica no son elementos que vayan indisociablemente unidos. Es perfectamente posible desenterrar los restos enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, sólo es preciso ocultar a la sociedad el significado de la exhumación, e incluso circunscribirlo a un acto de carácter humanitario centrado exclusivamente en las familias.

Si ciertamente es fundamental el respeto de los derechos de los familiares de las víctimas, garantizar que reciban un respaldo organizativo, moral, psicológico... por parte de instituciones, asociaciones y profesionales, no podemos dejar de tener presente que en la mayor parte de las fosas comunes del franquismo hay también víctimas no identificables, o cuyas familias no pueden ser localizadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por los franquistas antes de tener descendencia y están desaparecidos sin familiares que los reclamen, pero eso no significa que se puedan obviar sus derechos como víctimas, o que los familiares de quienes están enterrados con ellos puedan decidir por todos. Sólo debería hacerlo un juez en representación del Estado y dentro de un procedimiento jurídico abierto por desaparición forzada: Además hay otros aspectos a tener en cuenta:

1. Los familiares de las víctimas, lo son sólo presuntamente hasta que se produce una identificación positiva tras la comparación de ADN y/o la investigación antropológica.

2. Sobre los derechos de los familiares prevalecen los de las propias víctimas, y estos se vulneran gravemente cuando no se respetan las creencias que tuvieron en vida (y por las que fueron asesinados) y los ritos y símbolos que las representaban, mediante la ocultación o imponiendo los actuales de sus familiares, en demasiados (y tristes) casos, opuestos a aquéllos.

Sr.Ortiz, no escribimos esta réplica porque defendamos la primacía de la actuación de las asociaciones memorialistas en el tema de las fosas comunes del franquismo frente a empresas de servicios funerarios externalizados, sino porque pretendemos que sean los jueces quienes se hagan cargo de TODOS y cada uno de los casos como procedimientos por crímenes de lesa Humanidad, respaldados, eso sí, en el trabajo profesional de arqueólogos y antropólogos forenses. Mientras tanto, nosotras y nosotros, profesionales de diversas disciplinas, y todos/as voluntarios/as, abrimos algunas fosas, presentamos denuncias, recursos, etc... con el fin de que en un futuro se puedan utilizar como pruebas de los crímenes cometidos.

Y de paso, devolvemos a la sociedad la memoria que le fue arrebatada y homenajeamos a las víctimas. Realizamos exhumaciones por compromiso personal, ético y político, con la muerte, pero sobre todo con lo que fue la vida de nuestros compañeros, camaradas y en muchos casos, abuelos.

Puesto que la voz de las víctimas del franquismo fue callada por sus asesinos impunes, sus hijos y nietos, junto a las organizaciones memorialistas, reclamamos la potestad y asumimos el deber de ser sus portavoces, de exigir que sus restos (pruebas materiales de su asesinato, de su desaparición forzada, de su inhumación ilegal) sean exhumados conforme a los protocolos internacionales establecidos para la consecución de la Justicia (4), y facilitar a la sociedad el Derecho y el Deber del conocimiento de la Verdad. Por el contrario, podemos continuar permitiendo que, en muchos casos, sus cadáveres sigan siendo utilizados como meras mercancías con valor de uso y valor de cambio.

(1) http://www.elpais.com/articulo/opinion/Abrir/fosas/comunes/vez/elpepiopi/20100531elpepiopi_12/Tes?print=1 y
http://www.foroporlamemoria.info/2010/05/abrir-las-fosas-comunes-de-una-vez/

(2) http://www.foroporlamemoria.info/2010/05/familiares-piden-la-paralizacion-de-la-exhumacion-de-una-fosa-de-represaliados-en-castro-del-rio-2/

(3) Como si los historiadores no las hubieran hecho ya: La propuesta parecer ser que hay que seguir escribiendo la historia de República, guerra y dictadura desde la equidistancia y el relativismo moral, tal y como ha sido norma durante la Transición. Como si igualar golpistas y demócratas en nombre del consenso y de “nuestro modelo de convivencia” no fuera falsificar la historia.

(4) http://derechos.org/nizkor/doc/joinete.html

La Cultura contra la impunidad del franquismo

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria ante la celebración en Badajoz del Día de las Fuerzas Armadas

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha valorado de positivamente la política desarrollada durante los últimos meses por el Ministerio de Defensa, mediante la cual se han retirado numerosos símbolos y nombres de cuarteles y dependencias militares, que aún hoy, 35 años después de la muerte del dictador, seguían rindiendo homenaje a los golpistas de 1936.

Sin embargo hemos conocido con estupefacción y profunda indignación la noticia de que la edición 2010 del Día de las Fuerzas Armadas va celebrarse en la ciudad de Badajoz, durante el fin de semana del 29 y el 30 de mayo

El día 14 de agosto de 1936 las fuerzas de la Columna de la Muerte, a las órdenes del exTeniente Coronel Yagüe, que ya venían realizando salvajes matanzas contra la población civil a lo largo de su recorrido por Andalucía Occidental y Extremadura, entraron al asalto en la ciudad de Badajoz llevando a cabo asesinatos indiscriminados, saqueos y violaciones. Posteriormente, al menos 3.500 defensores de la legalidad democrática republicana fueron asesinados en la Plaza de toros y otros puntos de Badajoz, y sus restos quemados. La carnicería continuó posteriormente sin disminuir en intensidad durante la marcha de la Columna de la Muerte hacia Madrid, a través de las provincias de Badajoz y Toledo.

En las ediciones de los últimos años, la celebración del Día de las FF.AA. ha servido como escenario para la manifestación pública de la derecha más cerril y asilvestrada. Este año además podrán contemplar a la Legión y al Tercio de Regulares volviendo a desfilar triunfantes por la ciudad mártir, rindiendo honores al Jefe del Estado y al Gobierno de la Nación.

Ambos cuerpos coloniales continúan haciendo ostentación de su siniestro historial, y siguen luciendo los emblemas y condecoraciones que les otorgaron los militares perjuros del 18 de julio como premio por su adhesión a la rebelión facciosa y el posterior exterminio de defensores de la legalidad republicana.

La decisión de celebrar en Badajoz el desfile anual nos parece una muestra de descomunal torpeza, así como de insensibilidad hacia los familiares de las víctimas del franquismo. Si por parte del ministerio de Defensa la decisión adoptada es como mínimo, un grave error, para las víctimas del franquismo y sus familias constituye una provocación y un insulto.

No podemos por menos que tener presente que la Plaza de toros de Badajoz, que hoy debería ser un lugar de memoria democrática y homenaje a las víctimas del fascismo al mismo nivel que Auschwitz, el Museo del Holocausto de Jerusalén, o la ESMA de Buenos Aires, fue convenientemente derribada en 2002 y sobre ella se construyó un posmoderno Palacio de Congresos. No es un caso aislado: hace unos meses se derribó la madrileña cárcel de Carabanchel en beneficio de la especulación inmobiliaria y para impedir que se convirtiese en lugar de memoria de la resistencia a la dictadura.

Ambos actos, el desfile del próximo fin de semana y la destrucción de la plaza de toros de Badajoz, son un perfecto ejemplo de las políticas públicas activas de olvido desarrolladas por todos y cada uno de los gobiernos españoles desde la Transición: silencio cuando no humillación de las víctimas, e impunidad de los verdugos.

Reiteramos nuestra indignación ante tamaña muestra de insensibilidad y ante decisión tan torpe, máxime cuando en estos “desfiles de la Victoria” o en cualquier otro acto, ni las Fuerzas Armadas ni ninguna institución del Estado han pedido jamás perdón a los familiares de las víctimas.

Madrid, 27 de mayo de 2010

http://www.foroporlamemoria.info/2010/05/comunicado-de-la-federacion-estatal-de-foros-por-la-memoria-ante-la-celebracion-en-badajoz-del-dia-de-las-fuerzas-armadas/

"Si le importan las víctimas, empiece por su despacho"

Isaac Rosa, en Público, 4 de marzo

“Todas las víctimas, también las del Franquismo, si creen o tienen indicios de que estén en algún sitio, les vamos a ayudar a encontrarlos.” -Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid-


El perejilillo de todas las salsas no podía perderse una de las que más cuerpo ha cogido en los últimos años: la memoria de la represión franquista. Mucho estaba tardando ya Esperanza Aguirre, pero se ve que la gran manifestación de hace una semana la ha despertado.

Por supuesto, su ofrecimiento de ayuda ha sido recibido por los familiares con desconfianza, cuando no indignación. Tienen motivos para ello: tanto por sus convicciones históricas, que dejó claras hace poco en la Asamblea de Madrid, como por sus prácticas políticas: no extrañaría que acabase privatizando las exhumaciones y entregándolas a las mismas constructoras que ya gestionan los hospitales.

Si Aguirre quiere vencer esa desconfianza, y que nos tomemos en serio su sensibilidad con las víctimas del franquismo, no tiene que irse muy lejos para demostrarlo. No tiene ni que salir de su despacho, pues como bien sabrá, la sede oficial de la presidencia ocupa el mismo edificio que durante la dictadura fue la temida Dirección General de Seguridad, donde tantos fueron detenidos, encerrados y torturados. Algunos no salieron vivos, en un tiempo en que los detenidos tenían la manía de tirarse por la ventana.

La antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol, famosa por las uvas de fin de año, era la casa del terror. Pero nada lo recuerda hoy, pues no hay ni una placa en su fachada. Una obra teatral de hace unos años, El arquitecto y el relojero, de López Monzó, reflejaba bien la manera en que la democracia hizo borrón y cuenta nueva del franquismo, a partir precisamente de la rehabilitación de este edificio, que convirtió los calabozos en almacenes y las salas de interrogatorio en modernos despachos.

Otros países han convertido sus espacios de represión en lugares de memoria (caso de la ESMA argentina, o la Gestapo en Berlín). No así en España. Y no estamos hablando de víctimas de la guerra, ni de hace setenta años: muchos que pasaron por allí siguen vivos, y recuerdan aquellos calabozos. ¿Les pondrá Aguirre al menos una placa?


http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/05/04/si-le-importan-las-victimas-empiece-por-su-despacho/

Viñeta de Vergara, hoy en Público

Otro día más en la justicia española, por Ignacio Escolar. Hoy en Público

Tal que ayer, 7 de abril de 2010:

1. Jaume Matas paga los tres millones de fianza y, de momento, queda libre de la cárcel. Su abogado no aclara de dónde sale ese dinero, difícil de explicar para un señor que declaraba ante Hacienda unos ingresos anuales de apenas cien mil euros. Al menos la fianza llega hasta el juzgado por una transferencia, no en una bolsa de basura llena de billetes de 500.

2. Baltasar Garzón se convierte en la primera persona de la historia de España que se sentará en un banquillo por los crímenes del franquismo. Por investigarlos, por supuesto. Como acusación figura Falange Española. Entre los jueces que han participado en la llamativa decisión, destaca un magistrado que compagina el Supremo español con la Hermandad del Valle de los Caídos. En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pronto decidirá su salida de la Audiencia Nacional, se sienta la jueza que dio alas a la conspiración del ácido bórico. El vicepresidente del CGPJ es un ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana, amigo íntimo de Camps.

3. Baltasar Garzón ya casi tiene hora para el banquillo, mientras que la dirección del PP valenciano ya no tiene un solo imputado en la Gürtel, a pesar de que el sumario desvelado anteayer detalla más de seis millones de euros en supuesta financiación irregular sólo en Valencia. Curiosamente, esos seis millones son la misma cantidad que el PSOE robó con Filesa.

4. Dice el PP que la Gürtel no es Filesa II. Tienen razón: en total, las fianzas por responsabilidad civil de la trama ascienden a 201 millones de euros, 33 veces más que lo que se llevó Filesa. Ahora que el cadáver de Garzón abona el árbol del defecto de forma, a lo que se parece la Gürtel no es a una nueva Filesa. Es Naseiro II, la segunda vuelta de ese caso que nunca se juzgó.

http://www.escolar.net/MT/archives/2010/04/otro-dia-mas-en-la-justicia-espanola.html

Sobran las palabras

Viñetas de Vergara y de Manel Fontdevilla en Público