¿Aprendices de brujo?

Algunas reflexiones sobre la idoneidad de una Comisión de la verdad para los crímenes del franquismo

Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Las Comisiones de la Verdad son un elemento de lo que se ha dado en llamar “justicia transicional”, dentro de la fase histórica del paso de una dictadura a una democracia. La profundidad de su actuación y su implicación con la justicia han dependido, fundamentalmente, de las características particulares de cada proceso de transición (pactada; tras una fase de ruptura democrática...) definidas a su vez por las particulares correlaciones de fuerza entre los sectores democráticos y los continuistas.

En todas las fases de transición se da el conflicto entre los que buscan hacer efectivo el derecho a la justicia de las víctimas del régimen dictatorial, y los que pretenden que se garantice la impunidad de los responsables políticos de la dictadura y de los actores directos de la represión, así como los privilegios de los sectores sociales, cómplices y beneficiarios, de la dictadura.

El modelo español de transición a la democracia fue, sin duda, el más intensamente caracterizado por la hegemonía política de los sectores provenientes de la dictadura, que en buena parte diseñaron y dirigieron el proceso transicional. Convencidos del inevitable fin del régimen, y presionados por poderes económicos y gobiernos extranjeros, pactaron (repetimos, desde una permanente posición hegemónica) con la oposición democrática la recuperación de las libertades políticas. Todo ello a cambio de la impunidad de los crímenes cometidos, la garantía de pervivencia del status de privilegio de los sectores beneficiados por el franquismo, y la sustitución de las abrumadoras políticas de memoria del franquismo por políticas públicas de silencio y de olvido, con respecto a los únicos antecedentes democráticos de la sociedad española: la II República y la resistencia antifascista. Es más, el modelo español de transición, cuyo elemento definitorio es la impunidad de los crímenes de la dictadura, se ha pretendido exportar a otros países caracterizándolo como "modélico", con cierto éxito en un principio.

Sin embargo, el hecho de que hoy, cuando parecía cerrado el proceso transicional español, desde algunos sectores se plantee la conveniencia de promover la creación de la Comisión de la Verdad que fue inviable en los años 70 y 80, es muestra de que el modelo español de impunidad está cuestionándose, y de que es el principal obstáculo para que las víctimas de la dictadura accedan a la Verdad, la Justicia y la Reparación, como exigen amplios sectores de la sociedad española (entre ellos, las víctimas y sus familiares, las organizaciones de Derechos Humanos, y del movimiento social por la Memoria Democrática).

Pero, ¿es una Comisión de la Verdad un instrumento útil para la consecución de la de la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo? ¿Es viable en nuestro país una Comisión de la Verdad?. Las Comisiones de la Verdad han tenido un papel más o menos importante en varios de los procesos transicionales realizados en otros países, relevancia definida, entre otros factores, por la distancia temporal entre su puesta en funcionamiento y el fin de la dictadura correspondiente. Sus resultados han dependido, asimismo, del nivel de exigencia y de la capacidad de movilización de las diferentes sociedades civiles en favor de la Justicia, y de la mayor o menor posibilidad de interferir en el desarrollo del proceso democratizador por parte de los herederos de las dictaduras.

Las Comisiones de la Verdad han ejercido un efecto catártico sobre las sociedades en transición, pero han generado, por lo general, frustración entre las víctimas a medio plazo, al decantarse invariablemente por el intercambio de verdad por impunidad. Las comisiones, en la mayoría de los casos, han negociado el cambio de los testimonios de los verdugos y responsables políticos de los crímenes, por la impunidad judicial. También han sustituido generalmente la reparación material por la formal, si bien es cierto que han servido en gran manera como impulso de políticas públicas de memoria de los crímenes cometidos. En muchos casos han añadido el término “Reconciliación” a su nombre, pero ¿es posible la reconciliación sin que la justicia se haya hecho plenamente efectiva?

Pero el elemento central y definitorio de las Comisiones de la Verdad, propiamente dichas, es que se constituyen a partir de un mandato parlamentario, que al mismo tiempo las dota de un reglamento donde se regula su composición, sus plazos de funcionamiento, objetivos y límites.

En las actuales circunstancias políticas de nuestro país, difícilmente podría consensuarse la composición de dicha Comisión. Desgraciadamente, y producto de nuestro “peculiar” modelo de transición, las fuerzas democráticas y las víctimas del franquismo carecieron de la capacidad de exigir una rendición de cuentas en el momento en que era necesario. Nuestra democracia se define por su carácter excepcional dado que, frente a la gran mayoría de procesos de transición de una dictadura a la democracia, no se ha dado una fase de justicia transicional. Es más, mientras que los modelos de impunidad exportados se han ido resquebrajando (gracias a la labor de las organizaciones de víctimas, y en muchos casos de fuerzas políticas, y de jueces y fiscales demócratas), obteniendo posteriormente la derogación o anulación de las Leyes de Punto Final, en España pervive aún la situación de excepcionalidad. Prueba de ello es la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, plenamente asimilable a aquellas tal y como la define el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y el fracasado intento de "bajar el telón" de forma definitiva con la Ley llamada de la Memoria de 2007.

¿Estaría hoy el partido de la derecha en el gobierno dispuesto a aceptar y llevar a buen término los trabajos de una Comisión de la Verdad, restringida a los crímenes del franquismo y a las responsabilidades de la Dictadura? ¿Las conclusiones obtenidas no apuntarían directamente contra esa derecha que a diferencia de otras derechas europeas no se proclama antifascista, y que no ha sabido ni ha pretendido desprenderse seriamente de la herencia del franquismo?

Seamos claros: una Comisión del Verdad creada por mandato parlamentario estaría probablemente formada por un amplio elenco de magistrados y creadores de opinión conservadores; quizás por algunos de los historiadores que elaboraron las polémicas entradas del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, cuando no por varios de los publicistas de los desautorizados mitos franquistas. No sería aventurar demasiado suponer que el objetivo final de esa Comisión de ¿la Verdad? sería reeditar, no el desautorizado discurso neofranquista en un sentido estricto, sino la mitología legitimadora del actual régimen político: transición modélica otorgada al pueblo por un grupo de políticos "clarividentes" encabezados por un monarca demócrata de toda la vida; ocultación del papel de la oposición antifranquista y de los movimientos obrero, vecinal, estudiantil, y otros, en el final de la dictadura; tratamiento equidistante de los hechos cometidos igualando a víctimas con verdugos; reparto exaqueo de responsabilidades en el inicio y las causas de la guerra civil, etc…

Y no sólo sería ese el sentido que pretendería dar a la Comisión la fuerza política conservadora que hoy tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La experiencia de los años pasados demuestra que la izquierda política no está dispuesta a confrontar el modelo de impunidad y se niega a romper con los pactos de la Transición en que se sustenta éste. Una izquierda presa de sus contradicciones y ampliamente sobrepasada por las exigencias de justicia de las organizaciones de Derechos Humanos y los organismos internacionales. Si presumiblemente, la mayoría absoluta de derechas cubriría su cuota en la composición de la Comisión de "la Verdad" con los patronos de la Fundación Francisco Franco, la izquierda política propondría, muy probablemente, a sus Excombatientes de la Transición.

Por otra parte, ¿tendrían las víctimas del franquismo y el movimiento memorialista alguna capacidad de decisión o influencia a la hora de conformar la Comisión y regular sus objetivos y normas de funcionamiento? Sería una inmensa torpeza que nosotros mismos promoviésemos que el Estado español volviese a juzgar, y sin lugar a dudas a condenar otra vez a las víctimas del franquismo. Porque ése sería el resultado inevitable, las conclusiones de una Comisión de la Verdad constituida por un régimen político que no ha roto de ningún modo con la legalidad franquista (“de la Ley a la Ley” como decía Torcuato Fernández Miranda) y que se negó en nombre de la "seguridad jurídica" a anular las sentencias represivas del franquismo en la Ley de Memoria de 2007. ¿Sería justo que consintiésemos un nuevo juicio, aunque fuera meramente político y formal, a los defensores de la República y a las víctimas del franquismo?

Probablemente la única posibilidad de hacer justicia con respecto a los crímenes del franquismo sea en un nuevo proceso de transición, esta vez sí, hacia otro régimen dispuesto a romper con la legalidad del franquismo y hacer efectivos los tratados internacionales suscritos por el Estado español que puedan afectar a los derechos de las víctimas del franquismo y a las responsabilidades (en primer lugar, penales) de los verdugos.

En numerosas ocasiones, quienes propugnan el establecimiento de una Comisión de la Verdad, en realidad se refieren a un comité de expertos en la represión franquista, e incluso de organizar un “juicio" popular y mediático a la dictadura… Este comité podría ser producto de una iniciativa particular, y además no requiere aprobación y mandato parlamentario. Quizás constituya una propuesta interesante para debatir y analizar pausadamente, pero tengamos claro que eso NO es una Comisión de la Verdad.

Existen suficientes trabajos publicados, fundamentalmente de historiadores pero también de juristas, sociólogos, antropólogos, etc… que realizados con rigor, absoluta profesionalidad y honestidad, permiten un conocimiento amplio y casi definitivo de lo que fue el franquismo y sus crímenes, de sus beneficiarios y de las responsabilidades de los victimarios. El problema no es que no exista una “historia oficial” sobre la República, la guerra civil y el franquismo, o que haya que establecerla para oponerla al moderno recauchutado de los mitos franquistas. Esa batalla por la memoria del futuro es una batalla ya ganada, al menos en el ámbito académico y de los especialistas.

El escollo es que la socialización de la verdad científica para su conversión en memoria colectiva, topa con la ausencia de políticas públicas de memoria democrática. Si quienes hicieron la Ley de Memoria en 2007, establecieron en el preámbulo que sólo buscaban la recuperación de la “memoria personal y familiar”, qué políticas de memoria podemos esperar de quienes acaban de asumir las responsabilidades del gobierno central, tienen amplia mayoría parlamentaria, y controlan la mayor parte de las instituciones municipales y autonómicas.

Y si en algún momento, las organizaciones del movimiento por la memoria democrática, acordasen recabar el apoyo de profesionales para elaborar una especie de “Libro Negro del franquismo”, habría que partir de la premisa de que éste no debería ser únicamente una apuesta por la “verdad”, sino que su objetivo consistiría en desarrollar un sólido argumentario, el cual sustentase futuros procedimientos judiciales (fuera y dentro del Estado español) utilizando el tipo penal de “crímenes contra la humanidad”.

Si lo que se nos propone es una Comisión de la Verdad en sentido estricto, con el fin de establecer, supuestamente, una Verdad histórica oficial, tengamos claro que para nuestros objetivos, no hay otra verdad que la verdad judicial, en forma de leyes o de sentencias. Si no hay justicia, no puede haber verdad, ni reparación, ni reconciliación.

En consecuencia, jugar a aprendices de brujo nos puede llevar a obtener efectos perversos y en ningún modo pretendidos: desde una reedición de la causa general, hasta un intento de volver a juzgar y condenar a los defensores de la legalidad republicana. Y sería prudente que no exijamos al Parlamento que constituya una Comisión de la Verdad si no estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias, porque podrían hacernos caso. En la historia de la democracia española, nunca hasta hoy, el inmenso esfuerzo que supone la recogida de medio millón de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular ha prosperado en el Parlamento. Pero podría darse el caso de que en esta ocasión el Gobierno de la derecha lo acogiera favorablemente. En las actuales circunstancias políticas los resultados de los trabajos de esa Comisión no pueden ser otros, repetimos, que unas conclusiones “políticamente correctas”: se recuperaría la doctrina del reparto de responsabilidades ex-aqueo, como teoría “oficial” justificativa de nuestro modelo de transición. No obtendríamos Justicia, sino “equidistancia” y la reconciliación impuesta por los vencedores; y tampoco Verdad, sino falsificación histórica.

Si por motivos obvios la monarquía implantada con la Ley de Sucesión de 1969 carece de legitimidad de origen, no deberíamos ser nosotros y nosotras (republicanos/as y/o activistas del movimiento memorialista) quienes facilitásemos al segundo jefe de estado que tuvo la dictadura y a su heredero, una apariencia de legitimidad de ejercicio, permitiéndoles reeditar el desgastado mito de la modélica transición, consistente en que debemos la recuperación de las libertades únicamente a su "gracia y magnanimidad". Sería el lavado del ajado discurso de la reconciliación y la concordia entre todos los españoles bajo el manto protector de la corona. Algo que les vendría muy bien en estos momentos en que la institución monárquica está devaluada ante la opinión pública, en que se ha colocado en el punto de mira de las críticas, y en el que la posibilidad de una sucesión monárquica, por causas naturales, parece ser una expectativa no lejana.

Seamos rigurosos y consecuentes: la definición de lo que debe ser la aplicación del derecho a la verdad se recoge en un documento de Naciones Unidas, el llamado Informe Joinet (1). El movimiento memorialista y de víctimas del franquismo (por no hablar de la izquierda política) debería asumir estos planteamientos, absolutamente incompatibles, por ejemplo, con la ley de Memoria de 2007, y dejar de utilizar los términos de "Verdad, Justicia y Reparación" como un mero lema sin dotarlo de contenido. ¿Acaso una Comisión de la Verdad constituida por el parlamento español va a otorgar esos derechos a las víctimas del franquismo? ¿Vamos a promover una Comisión de la Verdad con el fin de “contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas?” ¿Estamos dispuestos a renunciar al derecho a la justicia?

Si alguien tiene dudas sobre el resultado de crear una Comisión de la Verdad, sólo tiene que preguntarse si asume plenamente las conclusiones del "Informe de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos", elaborado en 2011 por iniciativa de un gobierno de orientación, en principio, más progresista que el actual, que carecía de mayoría absoluta parlamentaria.

En los últimos meses hemos podido comprobar cuáles son las consecuencias para la causa de las víctimas del franquismo, de sentencias que crean precedentes negativos, llevando las iniciativas judiciales a una vía muerta. Quizás deberíamos estar pensando en cómo sortear o levantar los precedentes a los que han dado lugar dichas iniciativas, en vez de perseverar y distraer esfuerzos en aventuras que, a la postre, obtendrán resultados contraproducentes y probablemente irreversibles. La proposición de promover una Comisión de la Verdad para el tema de las víctimas del franquismo, debería ser desestimada por irreflexiva. O acaso como segunda fase de una estrategia para apuntalar definitivamente el modelo de impunidad y los pactos de la transición.

Es cierto que las víctimas llevan demasiado tiempo esperando Verdad, Justicia y Reparación por parte de un Estado que se niega a reconocerlas y a aplicar a su caso el Derecho Internacional, pero la impaciencia no es buena consejera. El movimiento social por la memoria democrática y de las víctimas del franquismo tendría a estas alturas que ser capaz de analizar acontecimientos pasados, extraer las conclusiones pertinentes, y no estar a remolque de iniciativas que, actuando a modo de flautista de Hamelin, lo secuestren o lo conduzcan al suicido. Si de hecho se nos acaba de cerrar prácticamente la vía judicial, no podemos cometer el suicido de trabajar para que, además, se nos cierre la vía política.

(1) La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión.

http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html

Joaquín Leguina y el franquismo sobrevenido

Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria

"Quienes no tienen el valor de luchar deberían tener al menos la decencia de callarse". José Martí

Las personas que, de un modo u otro, estamos involucrados en el movimiento social por la recuperación de la memoria (que cada vez es más un movimiento anti-impunidad), sabemos que la lucha por la Justicia, la Verdad y la Reparación para las víctimas del franquismo, no ha sido ni va a ser un camino de rosas. Sin embargo, al parecer no lo estamos haciendo del todo mal, cuando como respuesta a nuestras acciones se comienzan a sacrificar torres y alfiles tras el fracaso de los peones.

Esta reflexión surge a partir de la lectura del libelo recientemente publicado por el prestigioso demógrafo, ex presidente de la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo Asesor de Doña Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina.

La lectura de "El duelo y la revancha", que así se llama el opúsculo en el que Leguina desparrama sus frustraciones, genera sensaciones varias: primero asco, después lástima, por último vergüenza ajena. Y no necesariamente en este orden.

Parece ser que el hecho de haber salido como derrotado de la presidencia de la Comunidad de Madrid ha provocado en el señor Leguina algún trauma o variedad del Síndrome de Estocolmo, porque no creemos que su actuación responda meramente al agradecimiento por el puesto más bien simbólico que ha tenido a bien otorgarle la Lideresa en su munificencia, o que a estas alturas aspire a una portería de finca urbana, despacho de quinielas, estanco o gasolinera.

Pero sobre todo nos resulta difícil comprender por qué un señor que se supone sigue llevando en el bolsillo el carnet del partido de Pablo Iglesias, Besteiro, Prieto, Largo o Negrín, no tiene ningún empacho en alinearse con quienes derrotaron, asesinaron, encarcelaron, exiliaron... a los que se supone son los suyos, tras sublevarse contra el Gobierno democrático y secuestrar la soberanía nacional a punta de pistola y crucifijo durante cuarenta años. Es más, en su panfleto el señor Leguina hace una “interpretación” particular de lo sucedido en la guerra civil con la que rebasa por la derecha a los más siniestros y desprestigiados "recauchutadores del pasado". La versión de la historia de la guerra civil que presenta el señor Leguina ya estaba desautorizada cuando el maestro Southworth vapuleaba de manera inmisericorde a Ricardo De la Cierva.

Pero el objetivo de este artículo no es realizar valoraciones subjetivas sobre la indignidad, la bajeza moral y la indigencia ética de Joaquín Leguina, algo que, por otra parte, él mismo se preocupa de dejar patente en sus últimos escritos y cuando se deja exhibir como modelo de "izquierda responsable" en las tertulias de Radio-Odio, y otros medios de comunicación de esa derecha que sigue utilizando la cabeza únicamente para embestir.

Por favor, ¿en manos de qué clase de gente ha estado la izquierda de este país, para acabar expuestos como trofeos en el despacho de Espe (véase la señora Alberdi), dejándose utilizar a modo de excusa o coartada pluralista como tertulianos en los medios "neocon", o recibiendo de regalo de cumpleaños (magro pago a los servicios prestados) un reloj de oro por los responsables de lo acaecido en Vitoria y Montejurra?

¿Qué tipo de democracia defiende el señor Leguina que nos exige silencio, que pretende obligarnos a aceptar la injusticia y la impunidad de los crímenes franquistas, muchos de ellos cometidos no en las décadas de los 30 ó los 40, sino coincidentes en el tiempo con los realizados por las dictaduras del Cono Sur americano?. ¿Pero no salió en la tele hace 35 años un señor con bigotillo diciéndonos que “la lucecita de El Pardo” se había extinguido definitivamente?.

¿Qué autoridad esgrime don Joaquín para negarnos el derecho a exigir la anulación de las sentencias franquistas, a día de hoy plenamente legales y firmes, a pesar de una paupérrima Ley de Memoria que el Sr.Leguina critica por revanchista?. ¿Aún no podemos decir públicamente que el proceso de Puig Antic estuvo plagado de irregularidades; que Julián Grimau fue defenestrado y que la composición del tribunal que le condenó era ilegal; que Granado y Delgado eran inocentes de todas las acusaciones que se les hicieron? ¿Porqué ocultar que a ellos y a muchos miles más se les sometió a salvajes torturas por las cuales nunca nadie se ha sentado ante un tribunal, gracias a la Ley de Amnistía de la que el señor Leguina se manifiesta tan orgulloso y cuya anulación ha recomendado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, equiparándola a otras leyes de punto final?

Joaquín Leguina escribe que muchos de los republicanos condenados y asesinados eran simples criminales, que se lo estaban buscando. ¿Se merecían el asesinato judicial los rectores de universidad Joan Peset, Leopoldo Alas, Salvador Vila?. ¿Se habían buscado ser juzgados y fusilados por sus compañeros perjuros miles de militares leales a la República, como Batet, Núñez de Prado, Escobar, Campins...?. ¿Y los funcionaros, los obreros, los jornaleros, las mujeres rapadas y violadas...?.

Incluso en caso de que se pudiera presuponer que alguna víctima del franquismo hubiera cometido delitos, ¿ha oído alguna vez el señor Leguina hablar de garantías procesales?. Porque todas y cada una de las víctimas del franquismo que pasaron por los consejos de guerra o los siniestros tribunales, fueron juzgados y condenados en situación de manifiesta indefensión legal: mediante testimonios, "pruebas" y delaciones sin posibilidad de ser refutadas; con "confesiones" obtenidas por medio de la tortura y las palizas; sin opción de apelar las sentencias ante una autoridad judicial superior independiente. Pero sobre todo, ¿con qué derecho constituyeron tribunales, legislaron, juzgaron y condenaron quienes no tenían otra "legitimidad" que el hecho de haberse sublevado contra el gobierno democrático y legal, traicionando su juramento, a su pueblo y a su país?.

Y eso cuando hablamos de consejos de guerra, dado que muchos miles de defensores de la legalidad democrática ni siquiera fueron juzgados: los asesinaron y permanecen aún enterrados en centenares de fosas comunes clandestinas (gran número de ellos, si no la mayoría, miembros de Casas del Pueblo, de la UGT y del PSOE como el señor Leguina), sin que los jueces se dignen a intervenir y permaneciendo sus familias en estado de absoluta indefensión jurídica. Que España sea a día de hoy el segundo país del mundo en número de desaparecidos tras la Camboya de Pol-Pot, sí que es un escándalo, una vergüenza y un hecho que pone en cuestión los fundamentos de la actual democracia, y no lo que exaspera a Don Joaquín.

El señor Leguina y "los suyos" responden invariablemente a estos planteamientos con la manida explicación de que "todos (¿porqué usan siempre la primera persona del plural?) fuimos culpables, las atrocidades no fueron exclusivas de un solo bando". El objetivo es subsumir esa "culpabilidad" global en una teórica irresponsabilidad colectiva, lo cual es un argumento falaz cuando hubo responsabilidad directa, consciente, premeditada y planificada sólo por parte de quienes libremente decidieron sublevarse contra el gobierno legítimamente constituido (por cierto, la planificación diferencia los delitos comunes de los crímenes de lesa humanidad).

El problema de fondo está en la brutal diferencia de trato entre unas y otras víctimas, porque si alguien ha hecho políticas de memoria en España ha sido el franquismo durante cuarenta años: de reparación material, "justicia" para los suyos, de socialización simbólica de sus valores por todos los medios posibles, incluyendo el sistema educativo, etc. Verdad y justicia que se negaron y se siguen negando a los defensores de la democracia y de la libertad, y a sus familias, también víctimas.

Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de los exabruptos de Joaquín Leguina?. En el discurso que pronunció al recibir el Premio Cervantes en 2008, el poeta Juan Gelman decía: “Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. (…) Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero (…) Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular”.

Joaquín Leguina no tiene, que sepamos, un pasado o antecedentes franquistas pero es plenamente consciente de que toda la actuación de muchos “prohombres” de la Transición es radicalmente cuestionada por la visibilidad de los desaparecidos, de las fosas comunes, de las sentencias firmes de los Consejos de Guerra y del TOP, de las víctimas humilladas y saqueadas. Que la recuperación de la memoria histórica en nuestro país también expone a la luz pública a los beneficiarios económicos y políticos del franquismo, los pactos más o menos explícitos de impunidad y de silencio. Leguina y muchos otros temen que la recuperación de la memoria histórica no se limite a los años 30 ó 40, y que la sociedad empiece a conocer qué pasó y el papel de cada uno en torno a 1975 y los años posteriores.

El talón de Aquiles de la argumentación del señor Leguina es que las propuestas del movimiento memorialista y contra la impunidad del franquismo, son valoraciones que sobre el modelo español de impunidad expresan también algunos de los más prestigiosos juristas de todo el mundo, organizaciones internacionales de Derechos Humanos, e incluso las Naciones Unidas: La exigencia de anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en cuanto que ley de punto final; la apertura judicializada de las fosas comunes franquistas como pruebas de crímenes contra la Humanidad imprescriptibles y no amnistiables; la necesidad imperiosa de anular las sentencias franquistas por lógica, por justicia y por higiene democrática, etc..

Nosotros formamos parte de una federación de organizaciones que realiza exhumaciones de fosas comunes del franquismo, mediante el trabajo (económicamente) desinteresado de voluntarios y familiares. Ofrecemos a Don Joaquín Leguina la posibilidad de que venga a explicarnos a pie de fosa durante la próxima exhumación que llevemos a cabo, ante los restos de nuestros compañeros asesinados, por qué tenemos que callar y olvidar. Nosotros y nosotras nos ponemos a su disposición para explicar, donde y cuando haga falta, que aspiramos a que este país deje algún día de ser una excepción en la aplicación del Derecho Penal Internacional y de los Derechos Humanos.

Los medios de comunicación dicen que exhumamos las fosas comunes y rescatamos los restos y la memoria de nuestros compañeros con el fin de devolverles la dignidad. Es un argumento completamente falso porque jamás la perdieron: quien carece de dignidad y de vergüenza es la sociedad española que se ha venido autoengañando y ha sido forzada a construir un "modelo de convivencia" sustentado en la ocultación del crimen, la imposición del silencio y la perpetuación de la injusticia.

Señor Leguina: ya pasó el protagonismo histórico de la generación de los “padres de la democracia”, y ha transcurrido el tiempo suficiente para que los historiadores (los de verdad) analicen sus acciones y las de sus coetáneos, así como las causas y motivaciones que había detrás. Exigimos respeto para los que usted llama "antifranquistas sobrevenidos", quienes únicamente pretendemos realizar la labor de superación del franquismo y de implantación efectiva de la justicia, que ustedes no supieron, o no tuvieron el valor o la intención de hacer.

De cualquier modo, la reacción de Joaquín Leguina demuestra no sólo que tenemos la razón, sino que vamos por el buen camino.

"Si le importan las víctimas, empiece por su despacho"

Isaac Rosa, en Público, 4 de marzo

“Todas las víctimas, también las del Franquismo, si creen o tienen indicios de que estén en algún sitio, les vamos a ayudar a encontrarlos.” -Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid-


El perejilillo de todas las salsas no podía perderse una de las que más cuerpo ha cogido en los últimos años: la memoria de la represión franquista. Mucho estaba tardando ya Esperanza Aguirre, pero se ve que la gran manifestación de hace una semana la ha despertado.

Por supuesto, su ofrecimiento de ayuda ha sido recibido por los familiares con desconfianza, cuando no indignación. Tienen motivos para ello: tanto por sus convicciones históricas, que dejó claras hace poco en la Asamblea de Madrid, como por sus prácticas políticas: no extrañaría que acabase privatizando las exhumaciones y entregándolas a las mismas constructoras que ya gestionan los hospitales.

Si Aguirre quiere vencer esa desconfianza, y que nos tomemos en serio su sensibilidad con las víctimas del franquismo, no tiene que irse muy lejos para demostrarlo. No tiene ni que salir de su despacho, pues como bien sabrá, la sede oficial de la presidencia ocupa el mismo edificio que durante la dictadura fue la temida Dirección General de Seguridad, donde tantos fueron detenidos, encerrados y torturados. Algunos no salieron vivos, en un tiempo en que los detenidos tenían la manía de tirarse por la ventana.

La antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol, famosa por las uvas de fin de año, era la casa del terror. Pero nada lo recuerda hoy, pues no hay ni una placa en su fachada. Una obra teatral de hace unos años, El arquitecto y el relojero, de López Monzó, reflejaba bien la manera en que la democracia hizo borrón y cuenta nueva del franquismo, a partir precisamente de la rehabilitación de este edificio, que convirtió los calabozos en almacenes y las salas de interrogatorio en modernos despachos.

Otros países han convertido sus espacios de represión en lugares de memoria (caso de la ESMA argentina, o la Gestapo en Berlín). No así en España. Y no estamos hablando de víctimas de la guerra, ni de hace setenta años: muchos que pasaron por allí siguen vivos, y recuerdan aquellos calabozos. ¿Les pondrá Aguirre al menos una placa?


http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/05/04/si-le-importan-las-victimas-empiece-por-su-despacho/