lunes, 25 de julio de 2016

"Cómo se gestó el golpe del 18 de julio", por Julián Vadillo, Fernando Hernández Sánchez


Julián Vadillo, Fernando Hernández Sánchez. Diagonal, 24/07/16


Cómo se gestó el golpe del 18 de julio
Lejos de la visión de una República caótica, salvada por unos militares patriotas, lo cierto es que la derecha política tuvo como objetivo, desde el primer momento, derrocar la República. Repartir responsabilidad, como hacen los "revisionistas", es una auténtica temeridad a tenor de las nuevas investigaciones.



Las interpretaciones dadas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 han sido de lo más variopintas desde el momento en que se produjo. Y desde ese momento se ha generado un intento de justificación de la razón por la que un grupo de militares, con apoyo de algunos elementos civiles, se sublevaron contra la República legítimamente constituida.

El difícil primer bienio (1931-1933) tuvo como objetivo matar la República. El ambiente de festividad que trajo la Segunda República fue acompañado por los primeros movimientos para derrocarla. Cierto que Alfonso XIII marchó al exilio. Cierto que las fuerzas de orden público no hicieron nada para impedir la proclamación de la República. Pero figuras monárquicas, algunas de las cuales habían tenido cargos importantes durante la dictadura de Primo de Rivera, se reunieron en la misma noche del 14 de abril de 1931 en la casa del Conde de Guadalhorce.

A dicha reunión, junto con el propio conde que había sido ministro de la dictadura, acudieron el Marqués de Quintanar, José Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera, Yanguas Messía y Vegas Latapié. En dicha reunión ya se juró como objetivo liquidar la República lo antes posible. Aquí se entiende la agitación que los monárquicos tuvieron en los primeros momentos de la proclamación republicana en contra del propio régimen.

Gracias a las leyes de libertad de asociación republicana, esos conjurados pronto constituyeron un Círculo Monárquico, cuya sede estuvo en la calle de Alcalá. Y muchas personalidades partidarias del rey destronado le visitaron en Roma (Juan Ignacio Luca de Tena, el conde Gamazo, Gabriel Maura, etc.).

Tampoco se puede decir que la Iglesia actuara para dar paz en la República. El cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, llegó a decir que "la maldición bendita caiga sobre España si llega a consolidarse la República".

Frente a unas medidas moderadas en materia religiosa por parte del gobierno republicano, la Iglesia le plantó batalla a la República desde el primer momento a través de sus asociaciones (Acción Española) o desde sus medios de comunicación (El Debate).

Hablar de violencia anticlerical antes de la guerra es complicado, teniendo en cuenta que sólo durante la movilización en Asturias en 1934 se produjeron asesinatos de sacerdotes

La laicización del Estado y la sociedad, así como de la educación, bastión de la Iglesia católica, no fue bien acogida por la mayoría del catolicismo español. Hablar de violencia anticlerical antes de la guerra es complicado, teniendo en cuenta que sólo durante la movilización en Asturias en 1934 se produjeron asesinatos de sacerdotes. En el resto del periodo no hubo víctimas en el clero. La Guerra Civil marcó un cambio en este aspecto.

Tampoco extraña la virulencia con la que los cuerpos de seguridad de la República actuaron contra las movilizaciones obreras, motivadas por la lentitud de las reformas y la premura de la búsqueda de soluciones.

Las fuerzas de orden público no fueron depuradas por las instituciones republicanas y en su seno actuaban elementos represores que venían de otras épocas. Aquí hay que inscribir los sucesos de Arnedo (La Rioja) o Castilblanco (Badajoz).

Para remediarlo, la República promulgó la creación de la Guardia de Asalto. Pero en ese cuerpo acabaron personajes como el capitán Rojas Feijespán, elemento derechista y ejecutor de la masacre de Casas Viejas.

La Sanjurjada

El hecho más destacado del primer bienio fue el intento de golpe de Estado que el general Sanjurjo encabezó el 10 de agosto de 1932. En dicha conspiración participaron viejas glorias monárquicas: Barrera, Cavalcanti, Fernández Pérez, Sáinz de Lerín, etc.

La conspiración fue un fracaso. Sólo en Sevilla el golpe tomó visos de triunfo. Pero la movilización obrera y el fracaso del resto del plan hicieron caer las pretensiones de los militares golpistas. La República se había salvado.

¿Fue el único intento? No. Los monárquicos alfonsinos y carlistas tenían en mente golpes y conspiraciones que no llegaban a fraguar. Nombres como los de Burgos y Mazo, Víctor Pradera, Esteban Bilbao, el Conde de Rodezno, Lamamié de Clairac, etc., estaban metidos en dichas conspiraciones.

Además, en ese tiempo comenzaron a emerger los grupos de carácter fascista o fascistizante que, como el Partido Nacional Español de José María Albiñana, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas de Ramiro Ledesma Ramos o la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, tenían como objetivo prioritario matar a la República.

Victoria del Frente Popular

Que la República era una democracia normal lo demuestra que cuando en noviembre de 1933 se celebraron elecciones generales, las candidaturas de derechas representadas por la CEDA y el Partido Radical obtuvieron la victoria.

Y aunque la trayectoria republicana de los radicales era innegable, la lealtad republicana de la CEDA está en entredicho. El bienio de la derecha intentó derogar parte de las medidas del primer bienio.

El hito represivo del momento fue la huelga general de octubre de 1934. La intervención del Ejército de África en la represión en Asturias, con el beneplácito del Gobierno, marcaba un macabro precedente.

Militares que serán protagonistas en julio de 1936 ya participaron en dicha represión. Francisco Franco o López Ochoa son ejemplo de ello.
La derecha, en vez de depurar responsabilidades por las barbaridades que el Ejército cometió en la represión asturiana, continuó con la tarea de presentar a la izquierda como golpista, encarcelando a sus dirigentes y militantes y presentando la huelga general y los sucesos de Asturias como el precedente del "bolchevismo en España".

A esta política represiva se unió una serie de escándalos de corrupción que acabaron con el gobierno de la derecha y la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Un Frente concebido como coalición electoral, pero en el que los partidos obreros no iban a tener incidencia en el gobierno.

El Gobierno que salió de esas elecciones estuvo en manos de partidos republicanos como Izquierda Republicana o Unión Republicana, nada sospechosos de bolcheviques o anarquistas.

Lo que sí se dio en aquel momento fue una aceleración de los procesos que, como la Reforma Agraria, eran una asignatura pendiente.

Movilizaciones entendidas y manipuladas por parte de la derecha como el antecedente de una revolución comunista para predisponer a la población a la necesidad de un golpe de Estado.

El caldo de cultivo

No hubo que esperar a la confirmación oficial del triunfo del Frente Popular para que la derecha pintara la nueva situación con tintes apocalípticos.

La CEDA había alertado de que, si triunfaba la izquierda, las consecuencias serían "armamento de la canalla, incendio de bancos y casas particulares, reparto de bienes y tierras, saqueos, reparto de vuestras mujeres".

Tras las elecciones se publicaron panfletos apócrifos con listas negras de gentes de orden a las que se aplicarían las guillotinas ocultas en las Casas del Pueblo. Hubo amenazas de cierre patronal, se detectaron fugas de capitales y retirada de fondos bancarios.

El general Franco solicitó al jefe de Gobierno saliente, Portela Valladares, que no entregase el poder a los ganadores. Contrariados en sus propósitos, los militares, con Emilio Mola como "director", activaron la maquinaria de un golpe de Estado con seguro a todo riesgo: cada uno de sus cabecillas recibió del banquero-contrabandista Juan March la promesa de un millón de pesetas depositado en una cuenta extranjera si la intentona fracasaba.

El peso fundamental de la trama civil corrió a cargo de los monárquicos. Su líder, José Calvo Sotelo, no era, como se dice, el jefe de la oposición. Renovación Española sólo tenía doce de los 473 diputados de las cortes republicanas, es decir, un pobre 2,5 %.

Pero contaba con el apoyo de Mussolini a través del exrey Alfonso XIII. Los falangistas, sin representación parlamentaria, crearon mediante el terrorismo contra militantes izquierdistas, magistrados y oficia­les de los cuerpos de seguridad el clima de alarma propicio para una intervención militar.

Gil Robles, cuyas Juventudes de Acción Popular se estaban pasando en masa a la Falange, remitió a los conspiradores medio millón de pesetas del remanente de su presupuesto electoral.

El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, se invocó tradicionalmente como el Rubicón de los conjurados. Sin embargo, se sabe que la primera directriz de Mola para la planificación del golpe tenía fecha del 25 de mayo; que Franco había sido encargado de dirigir la conspiración en Canarias el 24 de junio; que el 1 de julio, el monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó contratos con la Società Anonima Idrovolanti Alta Italia para el suministro de unos 40 aviones –cazas, bombarderos e hidroaviones– con su combustible, 12.000 bombas de dos a 50 kg, ametralladoras y munición por valor superior a 39 millones de liras, aportadas por March; y que el 9 de julio, el periodista de ABC, Luis Bolín, contrató el Dragon Rapide y los servicios de su piloto, un espía británico, para llevar a Franco desde Gran Canaria a Tetuán y liderar la sublevación en el protectorado de Marruecos.

Un solo obstáculo se interponía en su camino entre Tenerife, donde Franco se encontraba alejado por el gobierno, y el norte de África. Se trataba del general Amado Balmes, gobernador militar de Las Palmas, contrario a sumarse al levantamiento.

Pero el 16 de julio Balmes murió a consecuencia de un absurdo accidente durante unas rutinarias prácticas de tiro. Franco pretextó su asistencia al entierro para viajar sin levantar sospechas. Da que pensar si fue esta oportuna y sospechosa muerte la que jalonó el inicio de su marcha hacia el poder absoluto tras otras desapariciones azarosas –las de Sanjurjo y el propio Mola– y la masacre contra su propio pueblo en una guerra larga e inclemente.

Mitos sin fundamento

Los golpistas siempre pretextaron que la sublevación fue la respuesta al clima de violencia del periodo republicano y a un inminente levantamiento comunista.

Respecto a lo primero, los estudios más recientes estiman en 2.629 las víctimas de la violencia social y política entre 1931 y el 18 de julio de 1936, una media de casi 1,5 muertes diarias. Pero no se produjeron a un ritmo constante.

El periodo en que gobernaron los partidos de derecha fue el más mortífero: 1.550 víctimas no fueron causadas por las milicias marxistas o los grupos de acción ácratas, sino por las fuerzas de seguridad del Estado que, a su vez, sufrieron 455 bajas.

Ello desmiente que la República fuera tolerante con la violencia política. De los 530 individuos cuya afiliación se ha identificado, dejando aparte octubre de 1934, 484 pertenecían a partidos o sindicatos de izquierda. El Estado, pues, conservó el monopolio de la violencia y lo empleó contra aquellos que pusieron en cuestión el orden establecido. Con mayor eficacia, por cierto, que contra quienes conspiraban para derribarlo.

Finalmente, el 18 de julio una parte del Ejército, en complot con parte de la sociedad civil, dieron un golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil y que terminó con la victoria golpista y la instauración de una dictadura que sumió a España en una larga noche.

La lucha izquerdista desde el 31

¿Hubo violencia política por parte de la izquierda? Sí. Pero en ningún caso se podía establecer como algo conspirativo. Las movilizaciones obreras vinieron dadas por la lentitud o insuficiencia de las reformas republicanas.

Los libertarios, que participaron en la llegada de la República, fueron beligerantes con ella a través de movilizaciones que pretendían proclamar el comunismo libertario. Una quimera de objetivo que los propios libertarios reconocieron como error en su congreso de 1936.



jueves, 21 de julio de 2016

"Un remedo de libro", por Ángel Viñas

Ángel Viñas. Revista de Libros, Julio de 2016


Un remedo de libro

Reseña de:

La Guerra Civil contada a los jóvenes
Arturo Pérez-Reverte
Madrid, Alfaguara, 2015
144 pp. 17,95 €


Este libro tiene 127 páginas con treinta capitulitos (en realidad, epígrafes) más anexos (figuritas de uniforme, mapas, términos esenciales, momentos clave y biografías del autor y del dibujante). La longitud del texto es ínfima: veintisiete páginas cubren el período 1931-1945 y lo que queda se despacha en cinco. Ninguna es completa y varían sólo entre la mitad y tres cuartos con tipo de letra grande e interlineado generoso. El resto son ilustraciones y páginas en blanco.

Para no inducir a error, y gracias a la ayuda de Jordi Grau, profesor de enseñanza secundaria y bloguero, el texto puede expresarse en páginas de ordenador en Word, Times New Roman 12, con interlineado normal y doble para separar párrafos. El no titánico esfuerzo se ha reflejado en solo diez páginas y un tercio. Un total de 4.547 palabras. Los expertos determinarán su equivalencia en páginas de periódico. No creo que dé para más de dos o tres. El número de palabras por epígrafes es el siguiente: prólogo, 109; las causas políticas, 126; los modelos extranjeros, 112; las fuerzas enfrentadas, 134; la sublevación, 131; el comienzo de la guerra, 116; las atrocidades, 124; el avance sobre Madrid, 111; los asedios, 97; éxodo y tragedia, 122; represalias en la zona republicana, 123; la intervención exterior, 120; el gobierno de Burgos, 110; el Jarama, 90; Guadalajara, 98; guerra en el mar, 105; la retaguardia nacional, 120; la republicana, 101; las mujeres, víctimas frecuentes, 128; Unamuno, 112; Barcelona, 103; Guernica, 120; Brunete, Belchite, Teruel, 137; el Ebro, 118; el comienzo del desastre de la República, 121; la sublevación de Casado, 145; el exilio, 106; la España franquista, 134; la Segunda Guerra Mundial, 125; el maquis, 114; y el retorno a la democracia, 130. El glosario da para 715 y los momentos claves para 175. Los dos epígrafes más largos son los de las fuerzas enfrentadas y la sublevación de Casado. La exigüidad se comenta por sí sola, sin tener en cuenta que a veces los epígrafes incluyen temas más amplios. El de Guernica, por ejemplo, comprende toda la campaña del Norte.

La terminología utilizada es significativa. Los sublevados aparecen siempre como «nacionales» Sus oponentes como «republicanos». Los términos «fascistas» o «rojos» hacen acto de presencia una sola vez y entrecomillados. El oprobioso fascismo se reserva para alguna que otra referencia a Italia y Alemania en el glosario. A Falange se la presenta como uno de los «movimientos más extremistas de derecha». Entre las izquierdas, a los socialistas sólo se les menciona una vez; a los anarquistas, dos, y a los comunistas, siempre ligados a Rusia, tres. La guerra se dirimió entre dos «bandos», término que aparece nueve veces. «Rebeldes», trece.

Salvo Franco, citado ocho veces, no abundan los personajes. Mussolini, García Lorca, Muñoz Seca, Millán-Astray, Picasso, Capa, Antonio Machado, José Antonio Primo de Rivera, Alfonso XIII o Adolfo Suárez se mencionan una sola vez; Casado, dos, como Juan Carlos I; solamente Unamuno tiene derecho a tres. (En el glosario, Hitler aparece cuatro veces y en dos momentos clave se mencionan a Alcalá-Zamora y Azaña).

Lo que antecede no sugiere nada sobre la calidad. Un artículo corto puede ser rompedor. Menos aún cabe pensar que el autor haya pretendido escribir un articulito de historia «pseudoestructural». Se trata de una muy somera descripción de acontecimientos y episodios en un estilo que se supone conviene a chavales de entre doce a dieciséis años. Es decir, de sexto de Primaria a cuarto de la ESO y, quizás, el primer año de Bachillerato. Chavales, tal vez, que no están acostumbrados a leer y que padecen del lamentable estado de la enseñanza de la historia contemporánea en tales segmentos educativos. Ciertamente, para una gran parte, el conocimiento del pasado es una mezcla heterogénea de elementos de procedencia diversa, herencias de la experiencia familiar, anécdotas, prejuicios, informaciones no contrastadas y mistificaciones. La escuela española no ha logrado reedificar un conocimiento de la historia reciente desde una perspectiva inequívocamente democrática. Los diseños curriculares y los libros de texto, reconociendo el enorme esfuerzo de actualización desplegado en los últimos decenios, no han escapado a la acomodación al canon historiográfico de la «equidistancia». En la práctica docente no es raro que se liquide este período de manera superficial y superacelerada, con voluntad de obviar episodios controvertidos o, simplemente, molestos.

La idea del autor, ya que no original, es muy loable. Conviene que las generaciones del siglo XXI sepan algo del pasado. Si la enseñanza reglada no lo hace, el equivalente de un articulito, ilustrado profusamente, quizá pueda competir con YouTube o con esos libros de texto que, si bien han experimentado transformaciones vanguardistas en lo que a diseño y recursos gráficos se refiere, siguen adoleciendo de la falta de transposición al ámbito didáctico de los resultados de investigación historiográfica actualizada sobre elementos clave, tales como la urdimbre de la trama del golpe de Estado, la internacionalización del conflicto, la dinámica política y social y, sobre todo, la etiología de la violencia y la represión.

En declaraciones a la prensa, el autor afirma haber leído extensamente. Se echa de menos una mínima bibliografía que pudiera dar pistas sobre qué obras haya hojeado. Para información, al menos, de los papás y mamás. Su articulito no contiene, ni lo pretende, abordar ninguna idea o interpretación que no se hayan repetido de forma recurrente en la literatura (ni tampoco en las contraideas o contrainterpretaciones en un campo que en los últimos treinta años ha sido objeto de innumerables tratamientos científicos apoyados por evidencias de toda índole).

Menos loable es que Pérez-Reverte presente, nada menos, su trabajo afirmando que, «para evitar que tan desoladora tragedia vuelva a repetirse nunca, es conveniente recordar cómo ocurrió». Esta manidísima y oculta referencia a Santayana no viene a cuento en absoluto. También figura en la contraportada por si a algún eventual lector le asaltaran dudas. Ahora bien, tal y como aborda la Guerra Civil, parece difícil que en el presente o en el futuro puedan darse cita las «causas políticas» que identifica. Si su propósito didáctico estriba en extraer «conclusiones útiles sobre la paz y la convivencia que jamás se deben perder. Lecciones terribles que nunca debemos olvidar», en mi modesta opinión, fracasa estrepitosamente.

¿Cuáles son las causas que, según él, llevaron al conflicto? Atraso social y económico, mucha pobreza, incultura, desigualdades sociales, insatisfacción con el estado de cosas, la tierra no era de quien la trabajaba, las condiciones laborales (en las fábricas) eran «a menudo» injustas. En consecuencia, se producían disturbios, algaradas y alteraciones del orden público. Todo ello impedía la estabilidad política. Si estas fueron las causas, ¿no podrían pensar los chavales que tales fenómenos también se producen hoy en día?
De lo que no tendrán experiencia es de otros rasgos: «derechas e izquierdas se organizaban para lo que, tarde o temprano, parecía confrontación inevitable» y, además, «las revueltas callejeras, sublevaciones e incidentes diversos [...] alteraban el orden público y contribuían a crear [sic] esa sensación». Esto último, afortunadamente, ya no ocurre en la España de nuestros días, como incluso las mentes infantiles o en proceso de formación pueden comprobar a diario.

También podrán pensar, si lo hacen, que no existen muestras del chispazo que se atribuye a «buena parte de los jefes y oficiales del ejército», en connivencia con ciertos movimientos extremistas de derecha (eludiendo cualquier responsabilidad que no sea la de Falange). ¿Y por qué se sublevaron los militares? Pues simplemente porque «se creían marginados por la República». Los chavales más despiertos podrán comprobar, si preguntan a sus papás y mamás, que tal no es el caso en nuestros días.

Aparte de la debatida cuestión de la «inevitabilidad» de la guerra, lo poco que dice el autor sobre el contexto exterior permite remachar que el «santayanismo» ofrece una pista errónea. Como es frecuente en la literatura hispanocéntrica, abundan las falsas afirmaciones (lo que dentro de la parquedad informativa es revelador). Italia no envió una fuerza terrestre de cincuenta mil soldados. No es cierto que Mussolini, avergonzado por la derrota de Guadalajara, no perdonase nunca a sus tropas aquel desastre. Los tanques soviéticos no actuaron con mucha eficacia, pero al autor ni se le ocurre mencionar los aviones. Insiste en la especie (franquista y de la Guerra Fría) de que Rusia intervino confiando en que una victoria republicana terminase convirtiendo a España en un país comunista. Atribuye mucha importancia a los que, contradictoriamente, denomina «disturbios en Barcelona» (mayo de 1937), pero los liga a la intervención directa «de los agentes soviéticos que actuaban en España». Es una tergiversación afirmar que la guerra «se convirtió en motivo de estudio y experimentación para los regímenes europeos que pronto se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial». Lo fue, sobre todo, para el Tercer Reich, pero bastante menos para la Unión Soviética. Salvaré al autor por reconocer que el bombardeo de Guernica se hizo con «autorización del Estado Mayor de Franco» en un «ensayo despiadado de lo que después serían las tácticas aéreas nazis». Es algo que siguen negando, todavía hoy, historiadores de derechas, incluso en obras destinadas a la enseñanza universitaria.

La parte militar es de pena. Sin duda es muy complicada para las mentes infantiles: «Las ofensivas republicanas se vieron obstaculizadas por los problemas políticos de retaguardia» es hasta punto cierto, pero se omiten la carencia de recursos, la dificultad de crear un ejército capaz de enfrentarse a otro dirigido y encuadrado por profesionales, la incapacidad de formar masas de maniobra y los obstáculos tácticos y estratégicos a la hora de obtener recursos del exterior, también soviéticos. Así que no se explica la tenaz resistencia frente, y esto sí está bien visto, a un Franco «que no dudaba en sacrificar a las propias tropas en una larga guerra de desgaste, mientras que con la represión de los vencidos aseguraba las zonas conquistadas». Tampoco esta es una afirmación que compartan numerosos autores franquistas. Evidentemente, Pérez-Reverte va de «progre».

El relato elude todas las cuestiones claves, de difícil comprensión para los chicos y chicas del siglo XXI: ¿cómo se distribuyen las responsabilidades en la preparación de la sublevación y por qué? ¿Qué convirtió la sublevación a una guerra civil? ¿Por qué se hizo la guerra? ¿Por qué duró casi tres años? ¿Qué fue la guerra? ¿Por qué duró tanto el franquismo? Aquí, la imprecisión terminológica es notable: de «férrea dictadura», sin otro calificativo, se pasa a régimen de «carácter autoritario». Un régimen, al parecer, muy limitado, porque lo habría sido en tanto que «represor de libertades políticas y ciudadanas».

Eso sí, todos «pelearon con crueldad y también con valentía» (aparentemente, la guerra debería haber sido «florida», como entre los mesoamericanos anteriores a la conquista, y el valor se supone a todos los españoles por el mero hecho de serlo). Con todo, se reconocen similitudes y diferencias: «Las tropas rebeldes tomaron terribles represalias contra la población partidaria del legítimo Gobierno de la República», pero «en la zona republicana ocurrieron también innumerables atrocidades». El autor carga la siniestra contabilidad contra las primeras. Ahora bien, es difícil que el número de asesinados entre los leales a la República fuera ciento ochenta mil. Más acertada es, en los causados en esta zona, una cifra en torno a los cincuenta mil.

Choca la forma en que Pérez-Reverte termina el equivalente de sus ocho páginas y un tercio de texto (sin glosario y momentos clave): «A la muerte del dictador, España se convirtió en una monarquía parlamentaria por decisión personal del rey Juan Carlos I [...] [que] volvió a legalizar los partidos políticos, procuró la reconciliación nacional, liquidó el régimen franquista y devolvió a España la democracia». La tímida contextualización del comienzo del relato desaparece. La responsabilidad monárquica en la preparación de la guerra se omite cuidadosamente.

Debo felicitar efusivamente al autor y a la editorial por el éxito económico que supone haber vendido cuatro ediciones en menos de tres meses de un articulito de cuatro mil quinientas palabras. Es algo que no está al alcance del común de los mortales. Mucho menos en un país en el que, casi todas las semanas, se publica algún libro sobre un aspecto u otro de la guerra y en el que las autoridades han cortado la desclasificación de documentos de índole militar.

Alfaguara afirma en la contraportada que se cuenta la guerra «de forma escueta, objetiva y rigurosa, sin clichés partidarios ni etiquetas fáciles». Publicidad barata. Me pregunto si hubiera aceptado un texto parecido caso de haberlo escrito algún exprofesor de enseñanza secundaria. Sugiero el nombre de Fernando Hernández Sánchez, a quien agradezco sus observaciones sobre el ámbito en que se educan esos jóvenes para los que escribe nuestro estimado novelista.

Ángel Viñas es historiador y catedrático emérito de la Universidad Complutense. Es autor, entre otros muchos libros, de la trilogía formada por La soledad de la República, El escudo de la República y El honor de la República (Barcelona, Crítica, 2006-2009), El desplome de la República (con Fernando Hernández Sánchez; Barcelona, Crítica, 2009), La conspiración del General Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada (Barcelona, Crítica, 2011), Las armas y el oro. palancas de la guerra, mitos del franquismo (Barcelona, Pasado & Presente, 2013) y La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco (Barcelona, Crítica, 2015).

http://www.revistadelibros.com/resenas/la-guerra-civil-contada-a-los-jovenes-de-arturo-perez-reverte?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20160720

miércoles, 20 de julio de 2016

"La sombra del 18 de Julio es alargada", por José Antonio Martín Pallín

La sombra del 18 de Julio es alargada

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Ctxt,19 DE JULIO DE 2016


La estela del golpe de 1936 llega hasta el 26J. Algunos dirigentes políticos, enarbolando los esquemas simplistas del comunismo, el laicismo, las dictaduras bolivarianas y otras impurezas argumentales, han hecho mella en el electorado
Existen muchas personas, en este país, para las que el 18 de Julio de 1936 es una efeméride que se mantiene como un obelisco que  nos recuerda una etapa de nuestro pasado que ha sido superada, sin haber dejado huella en nuestro presente. Me permito disentir de tan optimista conclusión. Como las ondas, en un estanque agitado, se extienden hasta nuestros días.

Hace ahora ochenta años que una parte del Ejército que había jurado fidelidad al sistema democrático instaurado por la Constitución republicana de 1931, apoyada, en gran parte, por la oligarquía financiera y agraria de nuestro país y alentada por los regímenes nazis y fascistas de Alemania e Italia, se puso al frente de un golpe militar cuyo objetivo, previamente programado y expresamente reconocido por sus protagonistas, no era otro que el de exterminar y erradicar el sistema democrático, que había instaurado la Segunda República.

La Constitución republicana suponía un avance espectacular en el reconocimiento de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y de los sectores más desprotegidos, como los niños y las personas de edad. Se incorporaba al sistema internacional de derechos humanos y pretendía conseguir que el sistema educativo rompiese con el anquilosado programa, que ignoraba las conquistas de la Ilustración, combatiéndolas con las rancias recetas que proporcionaba un catolicismo que tenía como referente el concilio de Trento y nuestro pasado histórico.

Es cierto que durante el periodo republicano se produjeron incidentes y tensiones que hacían difícil la convivencia pero, en todo caso, permitieron una alternancia en el poder y el gobierno de las derechas por un sistema impecablemente democrático. La aparición de movimientos fascistas como Falange Española, responsable, entre otros, de los asesinatos del magistrado Manuel Pedregal y del teniente Castillo, la permanencia del sentimiento ancestral y tradicionalista de los carlistas y las reticencias de muchos sectores económicos y de la Iglesia generaron tensiones que en muchas ocasiones desembocaron en violentos enfrentamientos e incluso en un intento de revolución inspirada en los movimientos sociales y políticos de nuestro entorno. La República tuvo que compartir su experiencia de gobierno con el advenimiento del nazismo y del fascismo en Alemania e Italia, con la revolución soviética, con los frentes populares de varios países del entorno y con movimientos revolucionarios en gran parte del mundo.

Cualquiera que sea la posición que se adopte sobre los orígenes y el desenlace del levantamiento militar del 18 de Julio de 1936, es irrefutable que su objetivo no era otro que erradicar los valores republicanos y constitucionales, exterminando a la mayoría de los que llegaron al poder legitimados por las urnas. Basta con leer las declaraciones del general Franco a un periodista norteamericano, valorando la posibilidad de tener que eliminar a la mitad de los españoles si era necesario, o conocer la expresiva contestación que el general Mola dio al presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrios, Gran Oriente de la Masonería española, la noche del 17 de julio, cuando recibió su llamada pidiéndole que se hiciese cargo de la cartera de Gobernación para restablecer el orden manteniendo los principios democráticos.

Su respuesta fue lapidaria. Más o menos vino a decir que lo sentía pero que rechazaba la propuesta porque el golpe militar se había dado para instaurar una España nueva que liquidase cualquier atisbo de democracia. Su posición era inequívoca e irreductible, no quería un sistema democrático sino una “nueva España” que rescatase los valores eternos de la religión católica tridentina y del nuevo hombre auténticamente hispano, temeroso de Dios y sumiso ante los poderosos. 

 Así como Francia, en un momento de convulsión, tuvo a  un general De Gaulle dispuesto a recuperar el orden republicano, sin alterar sustancialmente sus bases, principios y libertades inmutables como la igualdad y fraternidad, los militares españoles encarnados fundamentalmente en los generales Mola y Franco sólo tenía en su mente el propósito de exterminar los presupuestos básicos de la democracia, sustituyéndolos por un fascismo totalitario, autoritario y sanguinario. 

A partir de ese momento se puso en marcha una  maquinaria de exterminio de todas las personas, cualquiera que fuese su ideología, que permanecieron fieles a la República y defendían sus postulados. El exterminio fue brutal y planificado desde el comienzo del golpe militar, prolongándose durante varios años y  una vez terminada la Guerra Civil, se perpetuó en un régimen autoritario, ultracatólico, que odiaba como disolventes de la España eterna las ideas y los principios democráticos.

Como les advirtió Unamuno, quizá vencerían pero nunca convencerían. Vencieron  y declararon cautivos a los fieles a la República. Dispusieron, sostenidos por los intereses militares de los norteamericanos y la indiferencia de las democracias vecinas, de la posibilidad de exterminar a los vencidos, atemorizar a los que albergaban sentimientos democráticos, reprimir cualquier atisbo de disidencia con la cobertura del Tribunal de Orden Público y finalizar su etapa con cinco condenas a muerte en Consejos de Guerra sumarísimos.  Una propaganda monótona y machacona dejó marcada para siempre a gran parte de la sociedad española.

Los restos persistentes del pasado no han permitido configurar una derecha asimilable a la de los países líderes en Europa, como Alemania y Francia. El reconocimiento de la labor salvadora del golpe militar que supo vencer a las hordas marxistas está profundamente arraigado en gran parte de nuestra derecha política que se resiste a reconocer los crímenes cometidos y a favorecer la reparación y reconocimiento de los que murieron, cualquiera que fuese su ideología, por los ideales republicanos.

Es justo reconocer que esta tendencia no es exclusiva de España, sin ir más lejos, en Francia, nuestro país vecino, en estos momentos duramente castigado por el terrorismo, existe un número importante de franceses que añoran y veneran al general Pétain. Ahora bien, con una lógica coherencia política, todas estas personas se han agrupado en torno a un partido de extrema derecha liderado por Le Pen. En nuestro país los panegiristas de la ideología franquista no sólo son partidarios de mantener sus símbolos y la iconografía, sino que se oponen de forma despiadada y antidemocrática al reconocimiento de las víctimas y al restablecimiento de la verdad y la justicia. Es suficiente con que demuestren un mínimo de sensibilidad para que se recuperen los cadáveres de sus conciudadanos que yacen en las cunetas y en los campos, asesinados por la ideología fascista.

Que la sombra del 18 de Julio es alargada lo hemos podido comprobar en las recientes elecciones del 26J. Algunos dirigentes políticos, enarbolando los esquemas simplistas del comunismo, el laicismo, las dictaduras más o menos bolivarianas y otras impurezas argumentales, han hecho mella en el electorado. El Partido Popular, donde cohabitan los partidarios de Le Pen y los devotos del general Franco, con personas que, sin participar  de este entusiasmo, identifican a la izquierda con el "desorden republicano", es incapaz de enfrentarse, de manera sensata y democrática a la realidad.

Lo urgente y lo que demandan los ciudadanos pasa por afrontar los problemas reales y graves que tiene planteada la sociedad española con un veinte por ciento de paro y con millones de personas en el umbral de la pobreza. Mientras se perpetúan políticas educativas que nos han retrasado con respecto a nuestros vecinos europeos. Los logros en sanidad, educación y dependencia se han derrumbado ante un realismo descarnado que prefiere mantener políticas de austeridad y desigualdad, frente a la solidaridad como una forma de fraternidad según la perenne declaración de los revolucionarios franceses.

 No sé si llegaremos a unas terceras elecciones, lo que, en contra de algunas opiniones, no me parece ninguna tragedia ni ningún ridículo. Me preocupa mucho más que haya personas jóvenes, como la que he escuchado recientemente en televisión, contestando de manera abrupta al entrevistador. Sostenía que era un derroche gastar cuarenta millones de euros en papeletas. Creo que debe meditar sobre sus palabras. Las papeletas sólo pueden ser sustituidas por las armas. Desgraciadamente no resulta una opinión aislada sino un sentimiento extensamente arraigado en muchos sectores de la sociedad española. Estas y otras semejantes son las sombras alargadas del 18 de Julio.

AUTOR
José Antonio Martín Pallín, es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

lunes, 4 de julio de 2016

"El Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo"

El Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo (Madrid, octubre de 2015)
Artículo de Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, en la Revista "Nuestra Historia", Nº1, de la Sección de Historia de la FIM




El Encuentro 
   
El 17 de octubre de 2015 tuvo lugar en Vicálvaro (Madrid) el "Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo", que reunió a delegaciones de 70 colectivos venidos de todos los territorios del Estado, y del exilio español. En el referido Encuentro se aprobó una Carta que recoge las principales reivindicaciones de este movimiento social, y que constituye un mandato dirigido a ser tomado en consideración por las instituciones del Estado español . (1)

Con el lema “Convencidos de que sin Justicia no hay democracia, y de que sin Memoria no hay cambio”, partía de la valoración unánime por los colectivos convocados de encontrarnos en una situación, si no de cambio de régimen, sí de crisis del sistema político. El presumible final del sistema bipartidista que parecía iba a plasmarse en las elecciones del 20 de diciembre, fue interpretado por el conjunto de las asociaciones como la apertura de una coyuntura favorable para los intereses de las víctimas y sus asociaciones. Una coyuntura decisiva de oportunidad y de riesgo, quizás la última para las víctimas del franquismo. La constatación de la situación también explica la generosidad del conjunto de las asociaciones participantes en los debates y el consenso finalmente alcanzado.

Como primera valoración del Encuentro destacamos que, por primera vez, 70 organizaciones se reunieron y elaboraron un documento común, lo que constituye un éxito de todas y todos los participantes. El Movimiento Social por la Recuperación de la Memoria (MSRM) se compone de múltiples organizaciones de implantación estatal, autonómica, comarcal o local; asociaciones de víctimas con problemática específica; colectivos vinculados a un lugar de memoria o a un hecho histórico concreto; y además, cada uno de ellos con muy diverso origen ideológico e histórico, y algunos con cierto nivel de vinculación con fuerzas políticas y sociales. Por tanto, que un movimiento tan extenso y plural busque organizarse para poner en común unas propuestas consensuadas, es una cuestión de gran dificultad, y a su vez una muestra de generosidad al pretender poner por delante lo común y lo esencial, por encima de los intereses y los posicionamientos de cada colectivo. Consideremos que la pluralidad del movimiento, si bien es un síntoma de debilidad también lo es de fortaleza, porque históricamente ha dificultado la instrumentalización por parte de las instituciones.

La inminencia de las elecciones, coincidiendo con un momento en que el MSRM percibía que el tema de la memoria histórica pretendía ser apartado del debate político, y el convencimiento de que cuatro años más de gobiernos de la derecha significarían el definitivo triunfo del modelo de impunidad, y el final del movimiento memorialista y de la causa de las víctimas del franquismo, ha posibilitado la confluencia de organizaciones muy diversas. El objetivo central del Encuentro era impedir que el tema de la memoria histórica y los derechos de las víctimas quedasen fuera de la agenda política en la coyuntura electoral, construyendo una estrategia para influir en los debates y en los programas electorales. Esta estrategia consistió en el envío a instituciones y a fuerzas políticas del Documento aprobado en el Encuentro; la celebración de reuniones bilaterales con los partidos; y por fin, la manifestación celebrada en Madrid el 22 de noviembre.

Podemos decir que el objetivo inicial se alcanzó: el MSRM consiguió introducir el tema de la memoria histórica en el debate electoral. Los líderes políticos tuvieron que pronunciarse al respecto con mayor o menor claridad, e incluso matizar y rectificar públicamente declaraciones críticas con la lucha y las reivindicaciones del movimiento memorialista. Asimismo, en los programas electorales de los partidos del ámbito de la izquierda, se recogieron propuestas del movimiento y del Encuentro de asociaciones, con diferentes grados de concreción y de compromiso.

El Documento

El Documento aprobado en Vicálvaro parte de la exigencia del reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, para que posteriormente se garantice la aplicación de los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación material y simbólica, tal y como se definen por la ONU, conforme al Derecho Penal internacional de los Derechos Humanos. La impunidad del franquismo vigente en el Estado español ha seguido persistiendo hasta el día de hoy, lo que ha implicado el no reconocimiento jurídico y político de las víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos.

Por tanto, la Carta contempla la eliminación de las trabas jurídicas que impiden el reconocimiento de los derechos de las víctimas; por un lado, la Ley de Amnistía de 1977, que viene siendo utilizada por los tribunales para garantizar la impunidad de los crímenes franquistas, y por otro, los elementos contrarios al derecho internacional que existen en la Ley de Memoria de 2007, la cual explícitamente niega el reconocimiento jurídico a las víctimas del franquismo y su derecho a la justicia, y que además atribuye única y exclusivamente al ámbito administrativo las reclamaciones de las víctimas.

Las propuestas programáticas que contiene este documento encuentran su fundamento y apoyo en los informes presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra(2).

Los debates

Para alcanzar un consenso que pudiera vincular a todas las asociaciones presentes en el Encuentro de Vicálvaro, así como las que pudieran adherirse posteriormente, se optó como método de trabajo dejar fuera todo lo que no contara con un respaldado unánime. Se consideró conveniente, en consecuencia, partir del “mínimo común denominador” y redactar algunos puntos con una ambigüedad calculada (como el tratamiento de la Ley de Amnistía de 1977; o la consideración de las exhumaciones de fosas comunes, es decir, por quién y cómo deberían llevarse a cabo). Temas controvertidos fueron así apartados de inicio de los debates, y para otros se buscó una redacción ambigua, que pudiera satisfacer a todas las organizaciones.

Dentro del MSRM resulta especialmente controvertido desde hace años la viabilidad de una Comisión de la Verdad (CdeV), dado que diversas organizaciones plantean que esta iniciativa proporcionaría una “verdad oficial” que  generaría consecuencias favorables a hacer efectivos los derechos de las víctimas. Por el contrario, para otras asociaciones la CdeV es un elemento de la justicia transicional y ésta, obviamente, no es la situación en la que nos encontramos. De una CdeV oficial (constituida por mandato parlamentario) sólo podría salir una verdad oficial legitimadora del régimen de la transición, y por tanto de la impunidad del franquismo y de los pactos más o menos explícitos de silencio y olvido (3) .

Ante la divergencia irreconciliable de ambas posiciones, éste fue uno de los temas que se optó por dejar apartado desde un principio, puesto que las recomendaciones de los informes de la ONU tampoco concretan qué tipo de políticas debe desarrollar el Estado español para hacer efectivo el Derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo.

Si bien existe entre las organizaciones del MSRM un consenso generalizado sobre el papel negativo de la Ley de Amnistía de 1977, se dan notables diferencias en cuanto a cómo ha de solventarse este problema: Algunas organizaciones interpretan la Ley de Amnistía como un éxito de la oposición antifranquista, y rechazan las críticas a la misma, por cuanto supone para ellos el cuestionamiento de parte de su biografía personal y de organizaciones políticas o sindicales en las que militan. Otras, en cambio, definen la Ley como pilar central de sistema de impunidad, y la cuestionan utilizando argumentos de entidades internacionales de derechos humanos, que la asimilan a las leyes de punto final de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 del siglo XX.

En cuanto al tratamiento que habría que dar a dicha Ley, el MSRM se divide entre las propuestas de derogación (dejar de tener vigencia a partir del momento en que se deroga legalmente), y de anulación (deja sin efecto todas las sentencias y resoluciones judiciales que se han sustentado en la aplicación de esa Ley). La redacción final acordada fue: “Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas”.

Para varias de las organizaciones participantes en el Encuentro, la llamada Querella Argentina que se presentó en 2010 en el Juzgado Nacional Nº 1 de Buenos Aires, tendrá unas consecuencias decisivas y definitivas en el desmantelamiento del sistema de impunidad. Otras asociaciones, si bien no niegan el papel que la Justicia Internacional puede tener en la resolución del “caso español”, creen que ésta tiene unos límites, y que en todo caso, las reivindicaciones que se recogen en el documento deben ir dirigidas al Estado español y a sus instituciones políticas y judiciales (4) .

La redacción consensuada definitiva quedó así: “Que el Estado español, en tanto continúe haciendo una manifiesta dejación de su obligación de investigar y perseguir los crímenes del franquismo, en virtud del principio de jurisdicción universal, dé cumplimiento a las órdenes de detención y extradición de criminales franquistas y demás requerimientos y diligencias de cooperación cursadas por los tribunales extranjeros que decidan investigar estos delitos. Este es el caso de la Causa 4591/2010 abierta ante la Justicia Argentina, o cualquier otra que se inicie en el extranjero.”

Otro debate importante que se dio en el Encuentro es definir qué tipo de iniciativa institucional habría que promover para conseguir la plasmación política y legal de las propuestas del documento: la exigencia de una ley específica de víctimas del franquismo confrontó con otra propuesta, que consideraba que era más conveniente la reforma de la Ley llamada de Memoria Histórica de 2007. En aras del consenso no se optó por ninguna solución concreta, aunque el debate ha quedado abierto porque es absolutamente ineludible. En nuestra opinión sólo una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y cuya problemática ha sido atendida ampliamente por parte del Estado español  (5).

Retos de futuro

El Encuentro no debería convertirse en una mera coordinadora de asociaciones para llevar a cabo iniciativas comunes y respaldar las actividades particulares de cada una de ellas. El único futuro viable del Encuentro es que llegue a convertirse en un mecanismo unitario de acción política en torno al Documento. Si hubiera una nueva campaña electoral, para que de nuevo se presente a las fuerzas contendientes como propuesta programática con la exigencia de que sea asumido; si finalmente se conforma gobierno y la legislatura echa andar, para que sea una propuesta de acción política, un plan de acción que se discuta y se plasme en leyes y medidas concretas.

Para ello hace falta una modificación organizativa y de funcionamiento, constituyendo una dirección más dinámica y representativa que abarque a organizaciones no madrileñas, superando a la actual comisión promotora. Esto implicaría estabilizar el Encuentro con una estructura coordinadora mínima de ámbito estatal, legitimada en sucesivas reuniones y que garantice su continuidad.

Tenemos que asegurar que no se reabran debates (sí adaptarse a las nuevas realidades que vayan apareciendo para dar respuesta a nuevos problemas), y que no se cuestionen los consensos conseguidos con gran esfuerzo en Vicálvaro.

Otro elemento de importancia fundamental es ampliar el Encuentro y lo que representa a la parte del MSRM que, por diversas causas, no se sumó a la iniciativa del mes de octubre. Si se analiza la lista de asociaciones participantes en el encuentro y signatarias del documento, se observa que no hay representación específica de zonas geográficas tan amplias e importantes como Andalucía o Galicia, lo que supone un hándicap para las expectativas del futuro de la iniciativa.

El principal reto político, que ya hemos enunciado antes, es cómo convertir las exigencias recogidas en el Documento, en leyes y medidas concretas. En debates y reuniones mantenidos con las fuerzas políticas antes de las pasadas elecciones generales para promover la inclusión en los programas electorales de las propuestas del Documento, se planteó la posibilidad o la necesidad de un Pacto de Estado para solucionar el “problema” de las víctimas del franquismo, dado que los diferentes documentos y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso español, han tenido una repercusión interna e internacional indudable, aunque hayan sido obviados por el Estado español.

Deducimos que el tema de las fosas comunes ha llegado a ser percibido por las fuerzas políticas como un problema de Estado, al que debería darse una solución definitiva en un plazo no demasiado largo, y que podría contar con un amplio consenso. Todo ello ha supuesto una indudable conquista del MSRM gracias a años de permanente denuncia y reivindicación, y consecuentemente, a las impactantes imágenes de las exhumaciones e historias personales que han sido conocidas por la opinión pública.

La actividad de parte de las organizaciones que formamos parte del MSRM, así como la distorsión intencionada por parte de los medios, han hecho calar en la opinión pública la idea de que nuestro único objetivo es la exhumación de restos cadavéricos para entregarlos a sus familias, sin importar cómo, por qué ni para qué. Este tipo de medidas han venido siendo avaladas hasta ahora por buena parte del MSRM, también participante de la dinámica de la exhumación por sí misma, justificada en el humanitarismo y en la urgencia de la edad de las víctimas y sus hijos.

Creemos que es probable que en la legislatura que ahora se abre, se pretenda dar al “problema” de las fosas comunes del franquismo una solución como la que se ha venido aportando hasta ahora, en línea con lo recogido por la Ley de Memoria de 2007, es decir, utilizando mecanismos ajenos a la justicia, mediante el sistema de privatización y servicios funerarios externalizados, con la diferencia de que ahora se le proporcionaría una suficiente dotación económica, frente a lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años. En esa línea de continuismo con los gobiernos de Rodríguez Zapatero se mueve el acuerdo de gobierno firmado el 23 de febrero entre PSOE y Cs, consistente en revitalizar la Ley de Memoria de 2007 “incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria”.

Esta es una salida inaceptable. Las fosas comunes del franquismo no son sólo un asunto familiar, sino pruebas materiales de crímenes de lesa humanidad (el tipo penal aplicable sería la desaparición forzada, por tanto, delito permanente e imprescriptible), y como tal deben ser tratadas, es decir, que todas y cada una de las exhumaciones deben ser judicializadas. Todo lo que no se haga en ese sentido es apuntalar la impunidad, favorecer el silencio y la injusticia, y a la postre, certificar el triunfo final del franquismo sobre sus víctimas y sobre la sociedad.

El tema de las sentencias franquistas, que siguen siendo firmes y legales, es otro elemento que difícilmente podrá incluirse en un Pacto de Estado con consecuencias satisfactorias. Con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), algunos juristas interpretan que se abre una puerta para dar una solución a la vigencia de las sentencias represivas del franquismo. Según estos juristas se han establecido mecanismos para que el órgano judicial competente, la Sala de lo Militar del Supremo, pueda revisar las sentencias de manera individualizada (6) .

A nuestro parecer esto sería un camino erróneo hacia la solución del problema, por cuanto implicaría el reconocimiento de la legalidad del conjunto de la legislación represiva franquista y sus sentencias, y además porque centenares de miles de ellas quedarían sin revisar, puesto que muchos de los represaliados carecen de familias o estas pueden no tener interés alguno en iniciar el procedimiento. El único camino justo, por tanto, es la anulación por el parlamento de todas las sentencias franquistas, tal y como se hizo, por ejemplo, con las sentencias nacionalsocialistas por la República Federal Alemana en 1998 y 2002 (7) .

Como base para una verdadera política integral de Derechos Humanos y de Memoria democrática, el Estado español “sencillamente” tendría que cumplir con las obligaciones que ha ido adquiriendo en materia de derechos humanos, garantizando que se incorpore la normativa internacional a la legislación española (lo cual es un mandato constitucional que no siempre se respeta), y debería actuar sin subterfugios, por ejemplo, ratificando ya, la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, otra exigencia recogida en la Carta de las asociaciones.

Conclusión

Nos produce recelo un Pacto de Estado, porque éste podría ser utilizado por las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo inevitablemente a la baja, un subterfugio mediante el cual el Estado español pueda seguir incumpliendo sus obligaciones.

En la última asamblea de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, los servicios jurídicos analizaron que el marco idóneo para promover el desarrollo de legislación sobre Víctimas del franquismo sería una ponencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Esta ponencia debería ser promovida simultáneamente por varios grupos parlamentarios; con su correspondiente fase de redacción, comparecencias, consultas y dictámenes…; y las conclusiones finales se trasladarían al pleno del Congreso como propuestas legislativas.
Ésta podría ser una estrategia asumible por las organizaciones en el marco del Encuentro, sirviéndonos del Documento colectivo como propuesta a las fuerzas políticas. Debemos ser conscientes de que, en caso de prosperar la iniciativa y una vez puesta en marcha, perderíamos completamente su control y puede acabar siendo utilizada para alcanzar consecuencias no deseadas e incluso opuestas a las reivindicaciones del Documento, en la línea del presumible Pacto de Estado que rechazamos explícitamente.

En conclusión, no debería hacer falta un pacto de Estado para que un gobierno democrático respete el derecho internacional, ni para que cumpla la hoja de ruta que Naciones Unidas ha establecido para el tratamiento de los crímenes del franquismo. Tampoco para que una oposición democrática respalde una política de Estado en ese sentido. Para todo ello sólo hace falta voluntad democrática y compromiso con los derechos humanos, es decir, lo que no ha habido hasta ahora. De ahí la importancia de la propuesta colectiva recogida en el Documento consensuado en Vicálvaro. Pero si algo hemos aprendido en los años de historia del MSRM, es que nada se consigue sin trabajo, sin movilización y sin acciones reivindicativas de cara a la opinión pública.

Quizás la Carta de las más de 70 asociaciones no sea el mejor documento colectivo de la historia del movimiento memorialista, pero ningún otro con un carácter programático tan extenso ha contado con tal grado de apoyo. Y sin lugar a dudas, será en el futuro el documento de referencia a la hora de presentar las propuestas del conjunto del MSRM, en busca de soluciones políticas y legales al problema de las víctimas del franquismo.


(1) “Carta aprobada en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo”. Federación Estatal de Foros por la Memoria, 17 de Octubre de 2015, http://www.foroporlamemoria.info/2015/10/carta-aprobada-en-el-encuentro-estatal-de-colectivos-de-memoria-historica-y-de-victimas-del-franquismo/  (Consulta: 2 de marzo de 2016).
(2) Naciones Unidas- Consejo de Derechos Humanos. “Informe sobre España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, 2 de Julio de 2014. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/072/73/PDF/G1407273.pdf   (Consulta: 2 de marzo de 2016). Naciones Unidas -Consejo de Derechos Humanos, “Informe sobre España del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff”, en Federación Estatal de Foros por la Memoria, 22 de Julio de 2014. http://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uploads/2014/08/ONU-agosto-2014-InformeRelatorPablodeGreiff.pdf  (Consulta 2 de marzo de 2016).
Federación Estatal de Foros por la Memoria, “Comisión de la Verdad versus Justicia”, 14 de octubre de 2012 http://www.foroporlamemoria.info/2012/10/comision-de-la-verdad-versus-justicia/  (Consulta 2 de marzo de 2016).
(4) http://www.ceaqua.org/querella-argentina/  (Consulta 2 de marzo de 2016).
(5) Federación Estatal de Foros por la Memoria, “Propuesta para una Ley de Víctimas de reconocimiento y protección integral de las víctimas del franquismo”, 1 de septiembre de 2015, http://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uploads/2015/09/Propuesta-LVF-FEFM-sept-2015-1.0.pdf   (Consulta 2 de marzo de 2016).
(6) Ángel García Fontanet, “Una vía de rehabilitación”, El País, 27 de noviembre de 2015.
(7) Equipo Nizkor, “Texto de la carta-informe enviada a cada uno de los diputados de todos los grupos parlamentarios acerca de la nulidad de las leyes y sentencias nacionalsocialistas en Alemania”, Febrero de 2010. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nulidad1.html (Consulta: 2 de marzo de 2016).

viernes, 1 de julio de 2016

"La economía inmoral de la multitud. Una lectura de los resultados electorales a la luz de los análisis de E.P. Thompson", por Fernando Hernández Sánchez

La economía inmoral de la multitud. Una lectura de los resultados electorales a la luz de los análisis de E.P. Thompson

Posted on 29 junio, 2016 



En su libro Tradición, revuelta y conciencia de clase (1979 ), el historiador marxista británico Edward P. Thompson estableció el concepto de economía moral de la multitud para explicar las respuestas colectivas a la prácticas fraudulentas que comprometían la subsistencia de las clases populares en las sociedades preindustriales. El término alude a un conjunto coherente de creencias según las cuales el principio básico del abastecimiento de lo imprescindible para la vida, básicamente el pan, no debía estar sometido al dictado del beneficio del productor, el comerciante o el fabricante sino al derecho del acceso universal a su disfrute, en cantidad y calidad suficiente y a precios fijados por una autoridad política que no podía desentenderse del bienestar de sus súbditos. Por ello, no había a ojos de la multitud crímenes mayores que el acaparamiento y ocultación de grano, la especulación con su escasez, la adulteración de su calidad y, como corolario, la permisividad, la complicidad o la dejación de funciones por parte de las autoridades encargadas de velar para que todo lo anterior no quedara impune.

Los estallidos de furia conocidos como motines de subsistencias o revueltas de consumidores del siglo XVIII fueron motivados por la infracción de estas normas, erigidas -en expresión del propio Thompson- en costumbres en común. Las grandes alteraciones, que se prolongaron en Europa hasta bien avanzado el siglo XIX, comprometieron severamente en ciertos momentos el orden público y hasta el despliegue de la legislación liberalizante inherente al desarrollo del capitalismo comercial e industrial. Se trataba de convulsiones que nacían y se extendían en el seno de sociedades muy diferentes a las actuales. Sociedades en las que las formas de vida primaban lo común sobre lo individual, donde la sociabilidad se desenvolvía en el taller, la plaza, el mercado local y la vivienda vecinal. En esos espacios donde todos estaban estrechamente interrelacionados, el abuso individual prendía la mecha de la respuesta colectiva y las normas aceptadas, aquilatadas por la experiencia de generaciones, operaban con rango de ley no escrita.

No significa todo esto que las multitudes preindustriales fueran menos conservadoras que la ciudadanía contemporánea: los motines y su máxima expresión, los movimientos milenaristas, tenían como objetivo no la revolución, sino restituir un equilibrio perfecto cuya expresión más acabada era remitida a un pasado legendario, una Edad de Oro cuya antigüedad, mítica, actuaba como aval legitimador de las demandas de los alzados. “Cuando Adán cavaba la tierra y Eva hilaba -cantaban los combatientes de las guerras campesinas alemanas del siglo XVI- ¿quién era entonces el noble?”.
Viene todo esto a cuento de los análisis sociológicos de urgencia que se están realizando para comprender la victoria, basada en una significativa recuperación del voto en algunas de las regiones más afectadas por su corrupción institucionalizada, de un partido como el PP que se ha erigido en el último lustro en el paradigma de la combinación de prácticas fraudulentas y ataque despiadado contra los resortes fundamentales del estado del bienestar. ¿Por qué el electorado se muestra indulgente con la corrupción? ¿Por qué no hay una respuesta contundente, incluso airada, al menoscabo de derechos sociales penosamente conquistados por generaciones pasadas? ¿Por qué la polarización entre ricos y pobres, acentuada por una gestión neoliberal y austericida de la crisis desde su estallido en 2008 no ha ocasionado estallidos colectivos de frustración? Quizás el análisis de Thompson, aplicado al envés, pueda arrojar alguna luz sobre ello.

Las respuestas colectivas a la imposición de un modelo que, desde sus orígenes, atentaba contra los intereses de quienes carecían de canales de interlocución, capacidad de disuasión o fuerza coercitiva para frenarlo o impedirlo se dieron en sociedades donde la acción en común primaba sobre la respuesta individual. La concentración de la fuerza de trabajo, primero en los talleres y luego en las fábricas fordistas, condición necesaria de la expansión productiva del capitalismo inicial y maduro, forjó también el arma que le arrancó las concesiones que no tenían previstas en su ADN los profetas de la mano invisible: la jornada de 8 horas no sería concebible sin los sindicatos únicos que contribuyeron a extender y generalizar huelgas sectoriales como la de La Canadiense en 1919 ni las vacaciones pagadas sin la fuerza obrera concentrada en la ciudad-factoría de Billancourt, ocupada por los trabajadores de Renault en 1936, ni en la amenaza de las banlieus y cinturones rojos sobre la ciudad burguesa hasta la década de los 70.

Desde los años 80 del pasado siglo, la atomización de los lugares de trabajo, fruto de la desindustrialización del mundo occidental debido a los procesos de deslocalización favorecidos por la liberalización mundial del comercio, y el ataque concertado e implacable contra las organizaciones organizadoras de su acción, los sindicatos, ha pulverizado la fuerza de una clase obrera en acentuado proceso de pérdida de identidad. La generalización del imaginario neoliberal, que premia el éxito individual a toda costa -la filosofía del ganador frente al looser- y combate los comportamientos basados en el apoyo mutuo en lugar de en la competencia, generó, en tiempos de relativa prosperidad, una mentalidad de sálvese quien pueda. Instalada la recesión, el desarbolamiento de un estado asistencial por cuyos menguados recursos han de competir nacionales e inmigrantes exacerba una auténtica guerra civil de baja intensidad entre pobres en la que pescan los beneficiarios de la xenofobia y del discurso defensor del retorno a un status quo ideal y remoto, previo a la irrupción de la multiculturalidad, las identidades desdibujadas y la zozobra laboral, erigido en una nueva Arcadia perdida. Si a todo ello le unimos una deficiente calidad del sistema democrático por efecto remanente de una extendida mentalidad antipolítica, debeladora feroz tanto de gobernantes como de opositores pero estérilmente incapaz de aplicar, mediante el voto, correctivos regeneradores, vemos configurarse los ingredientes de una economía inmoral de la multitud en la que los comportamientos corruptos de las élites, las exacciones de derechos colectivos y los abusos de poder no cuentan si quienes los perpetran ofrecen, al mismo tiempo, la reconfortante sensación de que cualquier otra opción sería peor, de que solo ellas prometen ser valladar contra la disolución identitaria y de que, con ellas, como en el pensamiento milenarista, se retornará alguna vez a ese pasado de leche y miel donde había empleo y asistencia universal porque los dueños del capital necesario deben contar con un entorno apacible para invertirlo. Aunque la realidad, día a día, tozudamente, desmienta todos y cada uno de estos a priori.

https://laestaciondefinlandia.wordpress.com/2016/06/29/la-economia-inmoral-de-la-multitud-una-lectura-de-los-resultados-electorales-a-la-luz-de-los-analisis-de-e-p-thompson/