El tratamiento de la memoria histórica en el "Nuevo acuerdo para España"

El tratamiento de la memoria histórica en el "Nuevo acuerdo para España"

Publicado en Cuarto Poder, 31 de diciembre de 2019

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

A expensas de un análisis colectivo más profundo y extenso, que tendremos que realizar las diferentes organizaciones del movimiento social por la recuperación  de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, podemos hacer las siguientes consideraciones, como valoración inicial del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos:

Ciertamente se trata de un avance con respecto a lo existente. No podía ser otra la intención de los autores de un programa al que se ha llamado de "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España". Sin embargo nos parece insuficiente, poco ambicioso, y creemos que no recoge más que superficialmente las propuestas que los colectivos memorialistas y los organismos internacionales de derechos humanos han venido haciendo al Estado español. Entendemos que la parquedad de espacio que ocupa el tema dentro del conjunto del programa (6 párrafos) impide mayor concreción y desarrollo, pero en lo que se ha presentado subyacen elementos preocupantes.

Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio (y la Deportación). En cambio, sobre la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo”, que ya se recogía en las Proposiciones del PSOE de Ley de Memoria Histórica de 2017 y de Reforma de la vigente Ley (Julio de 2019), es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de ese aniversario para las víctimas del franquismo (la aprobación en 1978 del borrador de la Constitución por las Cortes Generales). Creemos que se ha optado por la celebración de una efeméride de segundo nivel de la Transición, en vez de una fecha realmente significativa de la resistencia contra los golpistas durante la guerra, de la represión franquista, o de la lucha clandestina contra la dictadura, con el fin de no dar a la conmemoración una "excesiva" relevancia. Esperemos que se corrija esta decisión durante la acción de gobierno y se designe finalmente una fecha realmente significativa, como por ejemplo: la matanza de Badajoz, la Desbandá, el bombardeo de Gernika, las cinco últimas ejecuciones del franquismo...

La parquedad y ambigüedad del apartado dedicado a la exhumación de fosas comunes (así como algunas iniciativas de las fuerzas firmantes durante las últimas legislaturas), nos hace temer que se pretenda perseverar en el modelo establecido por la Ley de Memoria de 2007: un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas. Una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia, esperamos de las fuerzas que aspiran a formar gobierno, que esta iniciativa se plasme finalmente en un plan estatal de exhumaciones a cargo de la administración de justicia impulsada por una fiscalía especializada en la investigación de crímenes del franquismo, procediendo a la investigación de los delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y demás agresiones a los derechos humanos.

Apoyamos el compromiso de “retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”, aunque esta última frase nos parece preocupantemente ambigua. Hasta ahora la retirada de la simbología franquista sólo se ha producido donde los responsables institucionales han manifestado inequívoca voluntad política, dada las ambigüedades e insuficiencias de la Ley de Memoria de 2007. Por otra parte, la frase "Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo", parece una muestra de humor negro: ningún crimen franquista ha sido juzgado en el franquismo, y lo que es mucho peor, en democracia. Y por otra parte, que la única consecuencia para los autores de crímenes contra la humanidad vaya a ser la retirada de las condecoraciones y prestaciones asociadas, muestra tanto la vigencia de la impunidad del franquismo como una escasa ambición por parte de los firmantes.

Valoramos también como una mejora importante la propuesta de anular "las condenas y sanciones...". Es un gran avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, y alguien debería dar explicaciones sobre porqué se puede hacer ahora, sin mayor problema, lo que al parecer en 2007 ponía en peligro la seguridad jurídica y los cimientos del sistema democrático. También el texto tendría que haber dejado claro que se refiere exclusivamente a las condenas emitidas por los tribunales y consejos de guerra franquistas, y no englobarlo todo en el término "Guerra civil", para deslegitimar también las sentencias y resoluciones emitidas por los instituciones democráticas y plenamente legales de la República Española. Además, es completamente insuficiente ilegalizar las condenas pero no declarar ilegales los tribunales y los consejos de guerra franquistas.

Sobre las propiedades y el estatus de la familia Franco, opinamos que es necesario naturalizar una situación propia de un país democrático: la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador aún con 44 años de retraso. Creemos que es indispensable empezar por la constitución de una comisión parlamentaria para:

·      Que investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador.

·      Que investigue el origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de la familia Franco.

·      Que investigue todos los títulos de propiedad, así como los documentos de adquisición, si los hubiere.

·      Que audite e investigue las declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa.

·      Que analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos.

·      Que investigue las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado.

Los trabajos de la Comisión parlamentaria tendrían que desarrollarse con la máxima publicidad y transparencia. Y la documentación estudiada, así como las conclusiones de los trabajos de la Comisión deberán de ser de acceso público.

Tras todos los acontecimientos del último año, echamos de menos en el documento un compromiso explícito de culminar la resignificación democrática del Valle de los Caídos, que de ningún modo puede sustentarse en el “Informe de Expertos sobre el Valle de los Caídos” de 2011. Entendemos que esta resignificación debe partir de la desacralización del Valle con la salida de los monjes benedictinos, así como del cambio del estatus jurídico del mismo.

Como conclusión, si bien saludamos los elementos que suponen un avance en positivo, debemos expresar nuestra preocupación por las insuficiencias en algunos puntos del documento, y por diversos posicionamientos, en nuestra opinión, seriamente desencaminados. De cualquier modo, el problema fundamental sigue siendo la pervivencia de la impunidad de los crímenes del franquismo, algo que sólo podrá superarse con iniciativas políticas y jurídicas muchos más ambiciosas: en primer lugar, la ratificación por el Estado español de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" de 1968; en segundo lugar, con una declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, que viene siendo aplicada a los crímenes del franquismo por los jueces invariablemente, desde su promulgación, como una ley de punto final. Asimismo, se debería impulsar la única vía abierta hasta el momento de investigación de los crímenes del franquismo: el robo de bebés.

Venimos defendiendo en el marco del "Encuentro Estatal de memoria histórica y de víctimas del franquismo", que sólo una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que iguale a éstas en reconocimiento jurídico y de derechos con otros colectivos de víctimas para las que el Estado español ha legislado convenientemente, puede llevar al cumplimiento de las obligaciones del Estado español con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Esperamos que el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, con su probada capacidad de propuesta y de movilización pueda favorecer la corrección durante la acción del futuro gobierno, de algunas de las propuestas y líneas de actuación que hemos conocido hoy.

https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/12/31/el-tratamiento-de-la-memoria-historica-en-el-nuevo-acuerdo-para-espana/

Manifiesto contra el desmantelamiento del monumento Memorial

Manifiesto contra el desmantelamiento del monumento memorial dedicado a las víctimas del franquismo en el Cementerio del Este de Madrid 1939-1944, y la resignificación del mismo por parte del actual gobierno municipal.

 Plataforma en Defensa del Memorial del cementerio del Este de Madrid,  Diciembre de 2019

Las Organizaciones Memorialistas, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales, sociales, personalidades y entidades de la cultura, manifestamos:

El pasado 18 de Noviembre, el  actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid arrancó las lápidas con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura en el Cementerio del Este.

La colocación de las placas fue paralizada el 17 de julio, cuando la obra estaba prácticamente finalizada. La retirada, que provocó serios daños en algunas de las lápidas, supuso una nueva humillación y la revictimización de los familiares de los asesinados, que llevaban décadas esperando el reconocimiento de la democracia a personas que fueron asesinadas por defender los valores democráticos, derechos, libertades, y justicia social representados por la II República española.

Esas personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1944 en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el más básico derecho a la defensa. Consideramos inadmisible en democracia, que se anteponga el argumentario franquista al reconocimiento debido a sus víctimas, frente a la defensa de los valores universales por los que fueron masacradas y a la imprescindible reparación a sus familiares, dando carta de naturaleza a las sentencias de los Consejos de Guerra.

El gobierno del señor Martínez Almeida no sólo profana los nombres de quienes pagaron el más alto precio en Madrid por defender la libertad frente al fascismo, sino que ha modificado el criterio con el que fue erigido el Memorial, cambiando completamente su significación para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia. Ello supone un castigo post mortem añadido a las familias de las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria democrática del pueblo de Madrid y de todos los pueblos del Estado español.

Asimismo, la renuncia por parte del equipo de gobierno de Martínez Almeida, de levantar un memorial en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchel en reconocimiento a todas las personas presas políticas durante el franquismo, así como el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, dan idea del concepto que tienen de las políticas de memoria democrática  los actuales responsables municipales.

La construcción del monumento del cementerio del Este, tal y como se estaba llevando a cabo hasta su paralización por el Ayuntamiento, no había provocado ningún rechazo ni oposición en la sociedad madrileña. Es por tanto el equipo de gobierno actual, el único responsable de alterar la convivencia y de crear problemas que no existían. La decisión por el gobierno municipal encabezado por el Sr. Martínez Almeida de remodelar el monumento, desvirtúa completamente su significado, objetivo y sentido. Es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid quien manifiesta una actitud autoritaria, revanchista y sectaria, capaz de crear y promover la discordia y el enfrentamiento en una sociedad ajena a sus discursos de odio. Existen en el Estado español docenas de memoriales de reconocimiento a las víctimas del franquismo, con las características del que ha sido desmantelado por el Ayuntamiento de Madrid, algunos de ellos erigidos por gobiernos municipales del partido del señor Martínez Almeida.

Exigimos la inmediata reversión del proceso, procediéndose a la reconstrucción del Memorial conforme al proyecto original, y que el Sr. Martínez Almeida pida disculpas públicas en nombre del Ayuntamiento de Madrid, a los familiares de las víctimas y al conjunto de la ciudadanía.

Consideramos imprescindible, conforme a la exigencia del Derecho y Tratados Internacionales, y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que el Estado y todas las instituciones asuman y garanticen el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la Resistencia Antifranquista como víctimas de la violencia política.

Consideramos irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de historiadores, a ser juzgados solamente por jueces, y a que las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo.

Convocamos a la sociedad civil a frenar esta agresión sin precedentes cometida, en primer lugar, contra los familiares de las personas que pagaron con la vida su compromiso en defensa de la legalidad democrática, pero también contra los derechos humanos, contra la Democracia y contra la Memoria Democrática Colectiva.

Solicitamos el apoyo explícito de todos y todas las demócratas, y de toda la sociedad, para revertir este nuevo atropello a la Memoria de las personas que lucharon contra la Dictadura.

Los familiares, colectivos y organizaciones que conformamos esta Plataforma abierta, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a este manifiesto y participe activamente en la defensa de esta causa.

Comunicado de apoyo a la afición del Rayo Vallekano. Por IU-Puente de Vallekas

"El legado de los historiadores liberales del Régimen del 78", por Sebastiaan Faber

Sebastiaan Faber. La Marea, 28 noviembre 2019

El legado de los historiadores liberales del Régimen del 78

La muerte de Santos Juliá, el 23 de octubre pasado, ha inspirado un aluvión de panegíricos. Nada más natural; a fin de cuentas, no solo era un historiador prominente sino un intelectual público que llevaba más de un cuarto de siglo interviniendo en los medios, sobre todo en El País. Solía expresarse siempre con claridad y valentía, sin pelos en la lengua. Pero precisamente porque el propio Juliá nunca rehuyó las polémicas, quizás se merezca un retrato con más claroscuros que, además, aproveche para ubicarlo en su contexto generacional e institucional. Lo que sigue es una primera pincelada en ese sentido, de mano de algunas voces amigas que, en años recientes, han formulado visiones algo más críticas de Juliá y sus compañeros de generación, como Juan Pablo Fusi y José Álvarez Junco.

Sus virtudes personales quedan fuera de duda. A Juliá en particular le impulsó siempre una impresionante dedicación a su campo, la historia contemporánea, y una tremenda capacidad de trabajo, nutrida por un caudal de erudición en el mejor sentido del término: un conocimiento profundo y amplio de su propio país y su pasado. Indudable también era su compromiso con la sociedad de su tiempo, que quedó manifiesto tanto en sus libros de ensayo e historia como en sus columnas periodísticas. En un paisaje mediático adicto al postureo de los todólogos, Juliá casi siempre se expresó con una seriedad y sinceridad excepcionales.

Las limitaciones de su obra, en cambio, eran en gran parte sintomáticas: de su generación, de las instituciones en que ocupó durante mucho tiempo un papel central –la universidad y los medios– y, cómo no, de lo que se ha dado en llamar la Cultura de la Transición. Fue sintomática, por ejemplo, la difícil relación que tenía Juliá, como historiador académico, con el movimiento por la recuperación de la memoria histórica, cuyos móviles –me parece– nunca llegó a apreciar del todo, a pesar de que fue él quien coordinó el importante libro sobre Víctimas de la Guerra Civil (1999).

También fueron sintomáticas las contradicciones de su práctica profesional y la visión que tuvo de ella. Por un lado, rechazaba la “memoria” como un fenómeno sentimental, subjetivo y politizado, estructuralmente inferior a una “historia” científica rigurosamente objetiva, representada por su propio trabajo y el de sus compañeros de gremio. Este rechazo categórico de la memoria era cuando menos problemático en un contexto social –y un momento histórico: la primera década del siglo XXI– donde esa memoria estaba en su mayor parte encarnada por las voces de las víctimas, víctimas que después de años de silencio forzado por fin sentían que había un público dispuesto a escucharlas.

Por otro lado, llama la atención que Juliá, como supuesto historiador científico y rigurosamente objetivo, no tuviera reparo en asumir un papel de opinador en un sistema mediático altamente politizado y comercializado, expresando opiniones, además, nada rigurosas desde un punto de vista historiográfico. Como “fichaje” de El País, una figura pública como Juliá era representativa de la relación entre la intelligentsia de la CT y sus aparatos mediáticos, en la cual el intelectual mantiene una relación simbiótica con el medio, en un intercambio de capital cultural provechoso para ambas partes. (Este tipo de análisis, que formulé alguna vez en un ensayo, no lo acogía Juliá con agrado.)

Había una contradicción similar en su visión de su campo académico, la historia. A pesar de su indudable brillantez como historiador, me parece que Juliá nunca fue capaz de asumir plenamente su propia historicidad. Su idealización de la práctica historiográfica es, en el fondo, ahistórica. Como disciplina académica, escribía en Hoy no es ayer y un ensayo en Claves de razón práctica, la historia“sigue aspirando a construir interpretaciones del pasado edificadas sobre un conocimiento que se pretende científico y objetivo”; el historiador profesional trabaja con una “austera pasión por el hecho, la prueba, la evidencia”, “con la intención única de que el pasado hable” y que “no pretende servir a ningún señor, sea el Estado, la Justicia, la Política, el Partido, la Clase, la Identidad Nacional, la Memoria”, inmune ante las “últimas modas”. El historiador, en fin, “[n]o se siente prisionero de ningún paradigma ni obligado a seguir la dirección impuesta por el último giro”.

No sorprende que un historiador que concibe de su propia labor de esta forma esté poco receptivo ante los análisis que pretenden demostrar, precisamente, hasta qué punto su obra y las ideas que la informan son productos de su tiempo y circunstancias y, por tanto, ideológicas.

Un análisis de este tipo lo realiza, de forma ejemplar, el filósofo gallego Manuel Artime en su libro España. En busca de un relato. Lo que caracteriza a la generación de “historiadores liberales” a la que pertenecen figuras como Juliá, Fusi, Álvarez Junco y otros –escribe Artime– es, paradójicamente, su miedo a la historia, que ven como una selva tupida llena de peligros (ideas equivocadas, aspiraciones irrealizables, actitudes superadas, ilusiones tan ingenuas que resultan vergonzosas). Movidos por ese miedo, intentan controlar o desarmar lo que la historia, el pasado colectivo, tiene de potencial inspirador para el presente, un potencial que para ellos solo puede ser desestabilizador. Lo que también caracteriza a los historiadores liberales –prosigue Artime– es que asocian la “normalización” de España (una normalización primero ansiada y, después, constatada y celebrada) con la capacidad (su capacidad) de hacer historia sin política. Y, más importante, con la posibilidad de hacer política sin historia. Ese, a fin de cuentas, es el sueño del Régimen del 78.

De allí también su insistencia en su propia probidad disciplinaria. El pasado, para ellos, es un territorio tenebroso, ponzoñoso y tentador, lleno de peligrosas tentaciones ideológicas, al que solo deberían poder acceder especialistas armados de una metodología a prueba de bombas. Las consecuencias para España de esta actitud han sido negativas, concluye Artime. Al revestir el pasado de una especie de barrera aséptica, una guardia pretoriana de disciplinariedad, la narrativa normalizante de los historiadores liberales –que han dominado el campo y la opinión pública durante años– “ha contribuido a desarmarnos críticamente, a empobrecer nuestra memoria democrática y perder de vista múltiples relatos emancipatorios, que tendrían cosas por decir a la democracia actual”.

Un buen ejemplo es la visión hegemónica que cundió entre los historiadores liberales del anarquismo ibérico. Para ellos, el movimiento libertario, una aberración o curiosidad histórica, “se resume en religiosidad, sentimentalidad o moralismo, es decir, ausencia de pensamiento, irracionalidad”, como escribe el joven investigador Jorge Gaupp en una tesis doctoral defendida hace poco. Aunque adoptaban, en lo básico, la visión del anarquismo español que ya había esbozado Gerald Brenan en los años 40, en los años 70 y 80 la revistieron de una autoridad académica que se negaban a ver como ideológica. Como historiadores eran científicos, a fin de cuentas: buscadores objetivos de la verdad. En el fondo, sin embargo, la suya era una visión reductiva y simplista –y en el fondo, muy poco rigurosa– que les permitió condenar a los márgenes de la historia, y desactivar para su presente político y social toda una tradición de pensamiento y de experiencia práctica alternativas.

La visión del pasado como una fuente de peligros la expuso Juliá con nitidez en un ensayo de tono sombrío en la Revista de Occidente de 2006, titulado Bajo el imperio de la memoria. Recordando (en tercera persona) la experiencia de su propia generación, educada en un asfixiante clima franquista marcado por un uso constante e instrumental del pasado, explicaba que los miembros de su generación “optaron por echar la guerra al olvido en un sentido muy preciso”:

La consideraron como historia, como un pasado clausurado, algo que había afectado a sus padres, pero de lo que era preciso librarse si se quería desbrozar el único camino que podía reconducir a la democracia, a la libertad. No queremos compartir los odios del pasado, decía un manifiesto firmado por universitarios de Barcelona en 1957. La guerra era sencillamente historia, objeto de conocimiento, no de memoria; su herencia no era bien venida.

Aunque aquí Juliá reconstruye su propia experiencia generacional, historizándola, es característico que no aproveche la oportunidad para relativizar las posiciones ideológicas a la que esa experiencia acabó dando lugar, o siquiera reconocerlas como tales. (La ideología siempre está en el otro, en este caso en los “emperadores” de la memoria.)

Así, esta generación tampoco estuvo dispuesta a reconocer la obvia posición de poder que ocupaba en sus dos mundos: el universitario y el mediático, aunque esto no significaba, ni mucho menos, que se negara a ejercer ese poder. Su relación con las generaciones siguientes –sobre todo con sus miembros más díscolos, que tuvieron la oportunidad de asimilar otras prácticas y modelos que los dominantes en España– resultó necesariamente conflictiva. El historiador Pablo Sánchez León, unos 20 años más joven, la describió así cuando le pregunté al respecto, hace un par de años:

«En estos tiempos tienes que hacer un poco de psicoanálisis para saber qué es lo que te motiva, y ese poco de autoconocimiento no tienen. Son intelectuales para sí mismos. Hablan todos en función de lo que promueve la reproducción del ideario de su propia generación, tal como va evolucionando en el tiempo. Y esa generación va siendo cada vez peor, más mayor y conservadora. […] Una generación para sí misma de este tipo crea muchos problemas. El principal es que no transmite nada. Ellos no tienen continuadores. No han querido hacer escuela porque han preferido ser ellos siempre los que tienen la primera, la última y la palabra de en medio. Han querido tener un monopolio oligopolístico, un cártel. Por tanto no han dejado una herencia».

Lo que acaba señalando Sánchez León aquí es un problema institucional íntimamente ligado a la organización del mundo universitario español: un mundo altamente jerarquizado que premia a los sicofantes, castiga a los disidentes y sigue aferrado a conceptos anticuados de conocimiento como erudición y modelos didácticos que insisten en ver la formación como la “transmisión” unidireccional de ese conocimiento. Como decía Noelia Adánez en 2012: “En las aulas de nuestros vetustos centros de enseñanza superior, el conocimiento no fluía, simplemente se enquistaba”:

Las universidades, las facultades, los departamentos, son auténticos reinos de taifas. En términos de reclutamiento de investigadores y docentes, el clientelismo franquista y posfranquista característico de la universidad española permanecen. Simplemente se ha adaptado, convirtiendo, por ejemplo, a la universidad en un lugar en el que el acoso laboral no solo no es un problema, sino que es una práctica extendida, naturalizada y definitivamente funcional para el sistema, en un grado muy superior al que lo es en otros espacios de la administración pública. La figura del catedrático-padre-mentor-empresario se ha desdibujado, pero las dependencias, el despliegue de filias y fobias en los procesos de reclutamiento, permanecen.

Sánchez León, en la misma entrevista, explicó esta dinámica institucional en términos biográficos:  

«[C]uando acceden al poder son muy jóvenes. […] En la primera mitad de los años 80 llegan a tener cuotas de poder grandes. Acceden a una universidad que no se democratiza sino que se expande. Porque son muy jóvenes, tienen carrete para largo. […] Esta hegemonía absoluta muy larga en el tiempo es la que verdaderamente ha permitido que el famoso régimen del 78 perdure tanto. Porque da igual que estés en la oposición o no: mantienes tu puesto de trabajo, tu columna, tu tribuna, tu prestancia e incluso tu lenguaje«.

Y así como fueron incapaces de comprender lo que impulsaba el movimiento por la recuperación de la memoria histórica en la primera década del siglo XXI, les costó comprender lo que movía la crítica al régimen del 78 del 15-M y sus secuelas en la segunda. Como explicaba Sánchez León: “Para la generación que llega al poder con la Transición, revisarla amenaza los parámetros de su propia autobiografía. Les obligaría a asumir que la posición razonada, razonable, moderada que tuvieron en tiempos convulsos –dentro de que andaban en la izquierda, nadie lo duda– hoy los haría aparecer como totalmente conservadores. Eso condiciona su lectura de la historia española”.

Cuando se le invitó a escribir una réplica, Juliá, como era de esperar, no desaprovechó la oportunidad. Lo hizo con desprecio y sarcasmo pero también –hay que admitirlo– con un punto de humor que le honra:

«Como todo el mundo sabe, mi cercanía al poder y mi carencia total de principios deontológicos, con tanta valentía denunciados en esa pieza, han sembrado mi carrera profesional de cargos y prebendas desde que, allá por los años ochenta, los primeros gobiernos socialistas me nombraran, sucesivamente, director del Colegio de España en París, rector de la Universidad Menéndez Pelayo y secretario de Estado de Universidades. Luego, con los gobiernos del Partido Popular, y por no renunciar a mi inveterado apego al poder, presté mis servicios a la nación española –y al españolismo en general– como ministro de Cultura, desde donde procedí a censurar a todos los descontentos con la Transición, prohibiendo su participación como invitados en las sedes del Instituto Cervantes».

Sarcasmo aparte, el legado de esta generación de historiadores es mixto. Rompieron con la hegemonía de la historiografía franquista, sí; y lo hicieron apelando a actitudes y prácticas “científicas” con el fin de desideologizar la visión del pasado construida por los historiadores académicos en España durante la dictadura. Emprendieron un proyecto necesario y meritorio. Pero en ese afán no dejaron de imponer su propia hegemonía, casi tan asfixiante como la que desplazaron. No solo porque, por razones biográficas, la pudieron ejercer durante mucho tiempo, dentro de la universidad y en la esfera pública; y no solo porque en lugar de reformar las estructuras de poder de la universidad española, las acabaron replicando. También porque, revestidos de la autoridad de sus puestos universitarios y con pleno acceso a la plaza pública, utilizaron la historia –el relato sobre el pasado colectivo, narrado con autoridad– para transmitir un proyecto de país: concretamente, el proyecto europeísta, centralizador, normalizador de la Transición.

https://www.lamarea.com/2019/11/28/el-legado-de-los-historiadores-liberales-del-regimen-del-78/

La memoria histórica y la extrema derecha en las instituciones

La memoria histórica y la extrema derecha en las instituciones

Artículo publicado en "Siempre es 26". 25-11-2019


Por: Arturo Peinado Cano- @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. 

Uno de los grandes déficits y pecado original de nuestra democracia, es que la derecha española no es antifascista. La derecha de Europa occidental participó en la lucha y en la victoria contra el nazismo y los fascismos, y posteriormente, en la construcción de las democracias de la posguerra y en el proceso fundacional de la unidad europea. Sus referentes son Adenauer, De Gasperi, De Gaulle,  Monnet… El referente de la derecha español es Manuel Fraga, quien tras la detención de Julián Grimau elaboró un dossier inculpatorio ad hoc, para legitimar las torturas, la defenestración, y finalmente, el asesinato “legal”  del dirigente comunista.

Durante más de 40 años el llamado franquismo sociológico ha estado representado políticamente en el Partido Popular, fundado como Alianza Popular por los llamados “siete magníficos”, el grupo de exministros franquistas en torno a Fraga. No es un sector de la sociedad minoritario o marginal: Franco no hubiera ganado la guerra ni se hubiera mantenido en el poder durante 40 años sin contar con un importante respaldo social. Muchos de aquellos que vivieron con “extraordinaria placidez” durante la dictadura lo hicieron gracias al estatus alcanzado mediante su participación o complicidad con las diferentes formas que adoptó la represión durante la guerra y la posguerra –algunos historiadores han hablado del  “pacto de sangre”-.

Posteriormente fueron los grandes beneficiarios de un sistema caracterizado por la corrupción a todos los niveles, y se aprovecharon de las condiciones brutales de explotación a las que se sometió a la clase trabajadora derrotada y diezmada en 1939. Hoy, muchos herederos de aquellos franquistas disfrutan de los réditos y la herencia de lo expoliado durante la dictadura, lo que explica en buena parte su actual estatus social y económico, así como la continuidad de tantos apellidos franquistas en la política, la justicia, los consejos de administración…

La crisis sistémica aún no cerrada, la crisis de Estado generada a raíz del Procés catalán, ha brindado a la extrema derecha que antes estaba dentro del Partido Popular, ahora desacomplejada, una oportunidad. El ascenso del nuevo partido fascista, Vox, se ha sustentado en el espectáculo indecente de blanqueo del franquismo por buena parte de los medios de comunicación. Esos a quienes regalan impúdicamente espacios y tribunas en platós, columnas de prensa y emisoras, no tendrían escrúpulos en cerrar los mismos medios y silenciar por la fuerza a los periodistas, si tuvieran oportunidad de hacerlo.

Los acuerdos previos a la constitución de las instituciones municipales y autonómicas gobernadas a raíz de las elecciones de mayo por coaliciones de derechas, así como las primeras iniciativas adoptadas, han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los migrantes económicos y los refugiados. También en la memoria histórica, cuyas reivindicaciones de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo, señalan simultáneamente a los responsables de los crímenes cometidos entre 1936 y 1977, y dejan en evidencia el grado de impunidad del que han gozado.

Uno de los elementos a los que se achaca al éxito de la extrema derecha en las elecciones del pasado 10 de noviembre ha sido la exhumación de Franco. Ciertamente la retransmisión televisiva en directo de más de cinco horas ha contenido imágenes de explícita exaltación del franquismo con la consiguiente humillación a sus víctimas, y ha terminado por convertir el acto de exhumación e inhumación posterior un producto televisivo obsceno. Lo natural en una sociedad democrática es que se hubiese llevado a cabo de manera privada, discreta, y expeditiva, no subordinada a los cálculos electorales del partido en el gobierno.

Un ejemplo significativo -por tratarse de la capital del Estado- de políticas de agresión sistemática contra la memoria histórica, son las decisiones adoptadas desde su toma de posesión por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, renunciando a levantar un memorial programado en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchel en reconocimiento a todas los presos políticos durante el franquismo, y cerrando la Oficina municipal de Derechos Humanos. Que la responsabilidad de memoria histórica de la nueva corporación recaiga en un concejal apellidado Fanjul, es mucho más que una anécdota.

Asimismo, el ayuntamiento presidido por Martínez Almeida tiene decidido modificar radicalmente el Memorial proyectado en el Cementerio del Este -que paralizó el pasado 17 de julio-, donde ya estaban instaladas buena parte de las placas con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura. El actual equipo de gobierno ha manifestado su intención de arrancar las lápidas y de cambiar completamente la significación del Memorial, modificando el criterio con el que fue erigido para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia. Supone una nueva humillación contra miles de demócratas que fueron asesinados/as en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa.

También el pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 30 de Octubre, aprobó una declaración cuya exposición de motivos constituye un compendio de tópicos franquistas burdos y majaderías históricamente infumables. Presentada por el concejal Ortega Smith, fue aprobada con el voto a favor de Ciudadanos y del Partido Popular (1).

No vamos a repetir los exabruptos emitidos recientemente por el mencionado concejal madrileño sobre las Trece Rosas, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la quema de iglesias, pero no podemos por menos que calificar esas palabras como expresión de indigencia intelectual y de bajeza moral. Es también impunidad que representantes políticos y publicistas de los mitos franquistas digan esas barbaridades, e incluso peores, sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia, mentir y calumniar sale gratis en España, especialmente cuando se ataca a los defensores de la 2ª República, a los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura.

Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo hacen? Y la respuesta es simple: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; O a que la familia Franco y tantas otras puedan seguir disfrutando aún del producto del expolio y de la corrupción.

¿Porqué la derecha cuando llega al poder actúa sin el menor escrúpulo, y la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso no correspondidas? Todavía estamos esperando una declaración de condena del franquismo por parte del pleno municipal, que solicitamos en varias ocasiones durante la anterior legislatura, cuando gobernaba Ahora Madrid con apoyo del PSOE  (sí se aprobó, por ejemplo, una moción sobre la revolución húngara de 1956, y se erigió un monumento). También seguimos aguardando respuesta a dos cartas dirigidas a la exalcaldesa Carmena, pidiéndole que el Ayuntamiento de la capital se manifestase públicamente contra la pretensión de trasladar los restos de Franco a la catedral de La Almudena.

Las políticas de extrema derecha suponen una agresión contra la democracia, la convivencia, los derechos humanos, las libertades civiles y las conquistas sociales. Es enormemente grave que partidos autodenominados “constitucionalistas” negocien y gobiernen con partidos de extrema derecha, dejando claro que mezquinos intereses económicos y de poder priman sobre los principios democráticos de los que alardean. Que las derechas conservadoras o liberales se avengan a pactar y gobernar con la extrema derecha, asumir sus valores y su discurso, sólo puede entenderse a partir de deficiencias heredadas de nuestro “peculiar” modelo de transición a la democracia: la banalización del mal en el debate político y mediático; carencias en educación y en políticas públicas de memoria democrática; ocultación de las víctimas del franquismo; y la impunidad histórica y penal de los crímenes franquistas.

Sería deseable que, siguiendo el ejemplo alemán,  todas las fuerzas políticas y sociales democráticas establecieran “cordones sanitarios” para impedir la entrada de la extrema derecha en las instituciones y que lleguen a aplicarse sus aberrantes políticas. Es lo viene haciendo la derecha democrática europea desde la derrota de los fascismos en 1945.

Los colectivos a los que este nuevo/viejo fascismo y sus aliados han señalado, no vamos a permanecer con los brazos cruzados, contemplando cómo se hacen efectivos los proyectos de los franquistas y sus aliados: recortes de libertades, supresión de derechos sociales y civiles que ha costado conseguir décadas de lucha y sacrificios de miles de compañeras y compañeros.

Acabar tanto con comportamientos como con políticas incompatibles con los derechos humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales, con la impunidad de las calumnias e  insultos dirigidos a las víctimas del franquismo y a los combatientes por la democracia, no tiene una solución judicial, sino fundamentalmente política: sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los víctimas del franquismo, puedan acabar condenados por un tribunal. Y que las políticas de Verdad, Justicia y Reparación dirigidas a las víctimas del franquismo y a los verdaderos responsables de la llegada de la democracia, sean incuestionables, y obligación y patrimonio de la sociedad y de todas las instituciones.

Noviembre 2019

ENLACES
(1) “El Ayuntamiento de Madrid y su peligroso revisionismo histórico”, Ramón Górriz y José Babiano. Público, 09-Noviembre-2019

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2019/11/09/el-ayuntamiento-de-madrid-y-su-peligroso-revisionismo-historico/

“El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante”, Fernando Hernández Sánchez. El Salto, 08-noviembre-2019

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/el-libro-negro-de-la-villa-y-corte-apuntes-sobre-una-resolucion-municipal-delirante

https://siemprees26.wordpress.com/2019/11/25/la-memoria-historica-y-la-extrema-derecha-en-las-instituciones/

"El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante", por Fernando Hernández Sánchez

El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante


FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN, UAM.

El Salto, 2019-11-08


El documento presentado el 30 de octubre de 2019 por el portavoz de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, al pleno del Ayuntamiento de Madrid para la adopción de una resolución de condena de los crímenes de la izquierda excluye calificar a su autor como perteneciente a la categoría de los inteligentes, los que procuran el bien propio y el de los demás.

Dice Carlo M. Cipolla en Las leyes fundamentales de la estupidez humana que los individuos malvados se caracterizan por procurar el mal para los demás al tiempo que se garantizan el bien para sí mismos. Eso les diferencia de los incautos y de los estúpidos: los primeros, porque se hacen mal a sí mismos para beneficiar a otros; los segundos, porque socializan el mal propio convirtiéndolo en general.

El documento presentado el 30 de octubre de 2019 por el portavoz de Vox al pleno del Ayuntamiento de Madrid para la adopción de una resolución de condena de los crímenes de la izquierda —pues a esto se reduce, aunque lo plantee como una trasposición de la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre pasado— excluye calificar a su autor como perteneciente a la categoría de los inteligentes, los que procuran el bien propio y el de los demás.

No lo es por la intención y mucho menos por el contenido, que no pasaría una evaluación positiva en cualquier institución académica que no fuera una mera expendeduría de títulos previo pago. Es meritorio, eso sí, condensar en tan poco espacio como dos folios semejante florilegio de lugares comunes del negacionismo y el revisionismo histórico. Francisco Javier Ortega Smith fusila —en la segunda acepción de la RAE— una colección de patrañas, lugares comunes, medias verdades y mentiras completas, marca de la casa, que sirven a sus propósitos de armar ruido mediático y modelar un maniqueo: el de la izquierda criminal y antiespañola. Un clásico revisitado.

Ortega Smith se asemeja al buhonero de las películas del Oeste que exhibe su mercancía, adobada con verbo simple, rudo y eficaz, ante un círculo de almas de cántaro proclives a dejarse engañar. No falta ni un frasco de crecepelo, ni un ungüento milagroso, ni una vajilla desportillada que el exboina verde deje de sacar del fondo de su carromato, aunque se le pille pronto el truco. Por ejemplo, en los fundamentos de su petición expone que el nazismo y el comunismo fueron ideologías criminales que ocasionaron, respectivamente, “seis y cien millones de muertos”. Nuestro hombre acredita con ello que leyó la portada del Libro Negro del Comunismo, de Stephan Courtois, pero no el contenido; y que minusvalora injustamente la capacidad letal de los amigos de sus amigos.

El libro negro fue un auténtico best seller allá por 1997, cuando comenzaba a asentarse la polvareda ocasionada por el derrumbe del muro de Berlín y el mundo parecía adentrarse en la era feliz del capitalismo global sin historia. Sus asertos, entre ellos el número áureo de los cien millones de muertos ocasionados por el comunismo, hicieron fortuna y se replicaron por doquier.

Sin embargo, el copyright de la cifra no le correspondía a Courtois: era de Alexander Solzhenitsin, que aventuró en ciento diez millones las víctimas del sistema soviético. En cosas de cifras, El libro negro… es un buen ejemplo de ese sistema de cómputo variable —“contabilidad macabra de comerciante al por mayor”, la denominó Daniel Bensaid— en el que los guarismos van disminuyendo según se va de las tapas del volumen a sus tripas, para no fatigar al motivado cliente pero desganado lector: cien millones de muertos en la faja promocional, ochenta y cinco millones en el cómputo global de los contribuyentes al volumen, quince millones para el propio Courtois que, interpelado por sus fuentes, confesó que lo suyo era una “apreciación personal”.

La mezcla de países, épocas y circunstancias, la amalgama de la guerra civil alimentada por la intervención exterior, las hambrunas, las bajas de la guerra mundial, la represión estaliniana, los crímenes del despotismo burocrático maoísta o del delirio khmer, concluye Bensaid, tienen “algo de cínico y de profundamente irrespetuoso hacia las propias víctimas”.

Según Ortega Smith, el nazismo solo fue responsable de la décima parte de los muertos estimados de la Segunda Guerra Mundial, estrictamente de aquellos que fueron víctimas del Holocausto. Ni uno más. Una rebaja imbatible. Resulta impropio de una posición de derecha dura que desprecia orgullosamente a las opciones cobardes parapetarse detrás de las víctimas de la Shoá tomadas a modo de rehenes para una argumentación tramposa. Como si los  millones de muertos ocasionados por el desencadenamiento de la guerra, la invasión de diez países, la alianza con Japón que extendió el conflicto a cuatro continentes y a los cinco océanos, el desplazamiento y la aniquilación de poblaciones enteras hubieran sido efectos de una ciclogénesis explosiva o de la mala suerte y no de la guerra de agresión y de los crímenes contra la Humanidad tipificados en Nuremberg.

El abogado Ortega Smith debería estar familiarizado con la jurisprudencia. Si, además, hubiera echado un vistazo a algo más que los subproductos de Arcadi Espada o Jiménez Losantos, sabría que exonerar al franquismo de su complicidad con el Eje es una apuesta arriesgada. Miguel de Muguiro, Ángel Sanz Briz, Sebastián Romero Radigales y otros diplomáticos llevaron a cabo su humanitaria labor de salvar judíos por convicción propia y muchas veces al margen de, o contra, las directivas de su departamento. Muguiro fue cesado por el ministro Lequerica cuando los alemanes y los colaboracionistas húngaros protestaron por su actuación y Sanz Briz escribió a quien le sucedió en la gestión de la embajada en Budapest: “No olvide usted que la decisión de meter gente en los locales de la legación fue de mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid, y motivada por el terror que entonces reinaba en la capital húngara”.

Ortega Smith, que se refiere a la dictadura como “el gobierno español y sus funcionarios”, como si fuese un ente invariable, neutral e intemporal, haría bien en ser más prudente porque hay constancia documental de las consecuencias que la vinculación entre Franco y Hitler a través del Pacto de Acero tuvieron para los deportados españoles a los campos de exterminio, y los archivos, tanto los extranjeros como los españoles que se van abriendo con parsimonia, albergan las pruebas de la colaboración entre los agentes de la Brigada Social, los espías de la Segunda Bis, el Abwehr y la Gestapo y de sus barrabasadas en el sur de Francia y la frontera andorrana.

También las hay en los archivos del Banco de España acerca de los pagos a la División Azul, cuya conmemoración en el callejero madrileño sigue avergonzándonos ante una Europa donde no hay calles que celebren a la Legión Valona o a la Legión Francesa de Voluntarios contra el Bolchevismo.

Cuando llega el momento de adentrarse en el asunto del callejero madrileño, terreno abonado por la proverbial incuria del anterior equipo de gobierno, Ortega Smith nos muestra sin complejos su faceta de consumidor bulímico de baratijas adquiridas en los bazares de todo a 0,60 regentados por historietógrafos: Largo Caballero, Prieto y el “golpe de estado” de 1934; Carrillo y Paracuellos; las Brigadas Internacionales como divisiones de Stalin; Pablo Iglesias Posse incitando al atentado contra Maura... Se echan de menos clásicos del género como Pasionaria mordiendo la yugular de sacerdotes o la quema de conventos. No faltan las ensoñaciones húmedas con una Margarita Nelken mitad virago, mitad gorgona, ni el ilustre abogado pierde la ocasión de demostrar la calidad de su formación forense dando por buenos los cargos contra Marcos Ana tomados de la Causa General, hija de aquellos monstruos jurídicos que fueron la Ley de Responsabilidades Políticas y el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, bases instituyentes de la justicia al revés —los sublevados acusando a otros de sublevación— y de la punición con efectos retroactivos.

Nadie crea, sin embargo, que el portavoz de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid es persona ajena a las novedades editoriales. Ahí está la referencia al último juguete: el supuesto fraude de las elecciones de febrero de 1936 y el uso de la presión en la calle para que el frentepopulismo consiguiera sus espurios fines, solo frustrados a medio plazo por la viril reacción de la media nación que se resistió a morir.

Explicar al portavoz de Vox, como han hecho Eduardo Sánchez Calleja y Francisco Sánchez Pérez, los entresijos que desmontan la tesis del pucherazo generalizado sería, sin duda, tiempo perdido: el caramelo de un estudio académico “no militante” que hace reverdecer las teorías de Tomás Borrás, Manuel Aznar o Eduardo Comín Colomer es demasiado apetecible como para desecharlo por un quítame allá esas fuentes.

La resolución de Vox rinde tributo al Instituto de Estudios Históricos del CEU San Pablo, dirigido con mano diestra —nunca mejor dicho— por Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Eugenio Togores, hagiógrafos, respectivamente, de esos grandes referentes democráticos que fueron José Calvo Sotelo —el jefe político de la trama conspirativa contra la República, como ha demostrado Ángel Viñas— y el general Yagüe —el carnicero de Badajoz, cuyas andanzas glosó Francisco Espinosa—.

El Instituto perpetró una impagable serie sobre la Cruzada, Mitos al descubierto, emitida por Telemadrid bajo el esperanzato en 13 capítulos que, a buen seguro, Santiago Abascal seguiría en los descansos que le dejaba su extenuante trabajo al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocino Social. También es responsable de Checas de Madrid, un exhaustivo escaneado del entramado urbano de sedes políticas y sindicales sobre las que la Causa General extendió aquella denominación genérica con una economía de medios conceptual muy propia, como decía esa Falange a la que Ortega Smith profesa admiración en sus escritos, del “recio laconismo de nuestro estilo”.

Hay que suponer que la vocación de servicio pregonada en la web de la institución —“es preciso ofrecer a la sociedad una visión completa y verdadera de la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil”— no se agotará con este proyecto.

Aquí van algunas sugerencias de continuidad: un geolocalizado y escrupuloso catálogo de centros de detención y tortura de los Servicios de Información de FET de las JONS, de colegios religiosos convertidos en cárceles, de sedes de tribunales de depuración, de cuartelillos de la Guardia Civil y de comisarías de la Brigada Político Social; o la colocación de placas informativas en la calle del Reloj, sede del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol y en el solar de la cárcel de Carabanchel. Por ideas, que no quede.

A pesar de todo lo expuesto, no todo va a ser disenso. No se puede sino estar de acuerdo con la invocación final del secretario general de Vox a la declaración de Naciones Unidas que proclama que los pueblos deben promover “mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y asegurar su reconocimiento”.

Solo un prurito suspicaz podría llevarnos a desconfiar de que esta sea su verdadera intención, porque no cabe pedirle peras al olmo. El problema no es suyo: los fascistas siempre tenderán a obtener el máximo beneficio propio a costa del mal ajeno. Lo peor es que los sedicentes conservadores y liberales los normalicen, se apoyen en ellos para gobernar y compren su mercancía ideológica. Son estos los que se encuentran haciendo funambulismo en la disyuntiva de ocasionarse un mal solo a ellos mismos o a todos los demócratas en general. Es decir, sobre la sinuosa línea divisoria que separa a los incautos de los estúpidos. Para aclararse, deberían leer a Cipolla.


https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/el-libro-negro-de-la-villa-y-corte-apuntes-sobre-una-resolucion-municipal-delirante

Lo exhumado y lo que queda por exhumar

Lo exhumado y lo que queda por exhumar

Publicado por 65yMás, 5 de noviembre de 2019

Arturo Peinado Cano, @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

El pasado 24 de octubre se produjo la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Fue una noticia largamente esperada, recibida con alegría por el movimiento social por la recuperación de la memoria y de víctimas del franquismo, y por buena parte de la sociedad española.

Cada día que Franco ha pasado en Cuelgamuros ha supuesto un insulto a la democracia y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador ha sido un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de sus víctimas. Además, ha supuesto cumplir con un requerimiento de diversos organismos internacionales de derechos humanos, que así lo habían solicitado a España.

Ciertamente la exhumación ha tenido aspectos discutibles, tanto porque hayan tenido que pasar 44 años desde la muerte física del dictador para que se culmine, como por haber convertido el acto de exhumación e inhumación posterior un producto televisivo obsceno: una retransmisión televisiva en directo de más de cinco horas, que ha contenido imágenes de explícita exaltación del franquismo con la consiguiente humillación a sus víctimas. Creemos que debería haberse llevado a cabo de manera privada, rápida, discreta, y más expeditiva.

Supone también un éxito innegable para el movimiento social por la Memoria. Hace un año constituimos la Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc... Se han celebrado varios actos públicos, concentraciones y manifestaciones, hemos enviado cartas a responsables políticos y al arzobispado de Madrid, exigiendo tanto la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, como que fueran trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación de su figura, ni de la dictadura que encabezó.

Asimismo, desde hace trece años, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid junto a otros colectivos sociales de la Sierra de Guadarrama, ha venido convocando una concentración en torno al 20 de Noviembre frente a la entrada de Cuelgamuros. Una de las exigencias, la primera pero no la única, era la salida de los restos del dictador.

La denuncia y la labor de difusión durante años de sus reivindicaciones por parte del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, han terminado convenciendo y consiguiendo el apoyo de buena parte de la opinión pública, lo que explica porqué Pedro Sánchez ha hecho lo que ni siquiera se plantearon gobiernos anteriores.

Si bien la importancia real de la exhumación de Franco es relativa, tiene una evidente carga simbólica. Además, ha constituido una prueba de fuego de la calidad de la democracia española: si la labor obstruccionista de la familia Franco y sus abogados, de la Fundación que lleva su nombre, de algunos jueces y los benedictinos del Valle, hubiera tenido éxito, habría significado una gran derrota democrática. Durante este año y medio los opositores a la exhumación han confrontado con los tres poderes del Estado: primero con el Legislativo, que había aprobado una Proposición No de Ley que instó a sacar al dictador del Valle en mayo de 2017 y convalidó un real decreto-ley en septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra; después con el Ejecutivo, que lo marcó como prioridad en junio de 2018 sin esperar las trabas de todo tipo que encontraría en un proceso escrupulosamente garantista; y por último con el Judicial, que el pasado 30 de septiembre desestimaba con una votación unánime en el Tribunal Supremo el último recurso de los Franco y daba luz verde a la exhumación.

La salida de Franco de Cuelgamuros ha supuesto, de cualquier modo, sólo un peldaño en la ya larga lucha contra las pervivencias del franquismo en nuestra sociedad, y contra la impunidad de sus crímenes. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros que pase por su desacralización; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional-católica; y finalmente, por una resignificación integral del Valle, en línea con otros lugares de memoria destinados a servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de las agresiones a los derechos humanos, tales como la ESMA de Buenos Aires, Casa Grimaldi en Chile, o el Memorial de Auschwitz.

En los próximos meses tendremos que valorar , en relación con los resultados electorales y la composición del próximo Gobierno, qué efecto tienen sobre el futuro del Valle, tanto la salida de los restos de Franco como la indignación de una parte sustancial de la opinión pública tras un año de continuas trabas dirigidas a entorpecer el proceso.

La actuación provocadora de los Franco y de sus abogados, ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político que conserva la familia el dictador. Creemos que, después de los 44 años transcurridos, es indispensable naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador) como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia. Estamos viendo recientemente a  la Justicia de Chile, exigiendo a la familia Pinochet la devolución de fincas irregularmente apropiadas y las cuentas bancarias en el extranjero.

La labor obstruccionista que ha tenido posibilidad de ejercer el prior de los benedictinos del valle, demuestra también la necesidad modificar urgentemente el estatus legal del Valle. Algo similar puede decirse sobre la pervivencia de la Fundación que lleva el nombre del dictador, algo inconcebible en los países democráticos de nuestro entorno que derrotaron a los fascismos en 1945.

Queda aún mucho por hacer: como muestra, el cadáver de Franco descansa hoy en un panteón pagado con dinero público. Y su familia es una privilegiada porque sigue teniendo un lugar al que llevar unas flores, que es un derecho del que no pueden disfrutar los familiares de miles de víctimas de su dictadura.

https://www.65ymas.com/opinion/arturo-peinado-exhumado-queda-exhumar_10049_102.html

La caída de la Ciudad y del Ángel

La caída de la Ciudad y del Ángel

Madrid, 3 de Noviembre de 2019

Hace unos años, durante la presentación de un libro, el catedrático de Historia Contemporánea de una universidad madrileña explicaba que, entre los historiadores profesionales que trabajan sobre el franquismo y la guerra civil y la nómina de publicitas recauchutadores de mitos franquistas, hay la misma distancia que entre los astrónomos y los astrólogos.

La materia prima es la misma: los acontecimientos del pasado. El resto difiere radicalmente: honestidad, profesionalidad, formación, metodología de trabajo, fines y objetivos...

De la afortunada comparación, que tiene varias lecturas, se pueden extraer diversas conclusiones. La principal es que, por supuesto, cada uno es libre de leer lo que quiera, pero si lo que pretendes es conocer el origen, composición, estructura y evolución del Universo tienes que leer e interesarte por el trabajo de astrónomos y astrofísicos. Si lo que buscas es que te digan que te va a tocar la Primitiva o que te vas a echar novia, tendrás que llamar de madrugada a un señor que sale por la tele vestido con túnica brillante y unas cartas, arriesgándote a que te metan un buen viaje en la próxima factura telefónica.

Con la Historia de la II República, la Guerra civil y el franquismo, pasa algo parecido.

Todo esto viene a cuento porque en el pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid del pasado 30 de Octubre, se aprobó una declaración cuya exposición de motivos constituye un compendio de tópicos franquistas burdos y majaderías históricamente infumables. Presentada por el concejal Ortega Smith, fue aprobada con el voto a favor de los liberales de Ciudadanos y del típico centro progresista que representa el Partido Popular. Esta vez ni tan siquiera se ha producido el típico "discurso Pimpinela" del tripartito madrileño: cada uno cantando una letra diferente dentro de una misma canción.

Uno de los grandes déficits y pecado original de nuestra democracia, es que la derecha española no es antifascista. La derecha de Europa Occidental participó en los combates y en la victoria contra el nazismo y los fascismos, y posteriormente, en la construcción de las democracias de la posguerra y en el proceso fundacional de la Unión Europea. Sus referentes son Adenauer, De Gasperi, De Gaulle,  Monnet… El referente de la derecha español es Manuel Fraga, quien tras la detención de Julián Grimau elaboró un dossier inculpatorio ad hoc, para legitimar las torturas, la defenestración y finalmente, el asesinato legal del dirigente comunista.

Volviendo a la metáfora de los astrólogos: la declaración del consistorio madrileño del 30 de octubre pudo perfectamente, haber sido elaborada por Paco Porras con cinco solysombras entre pecho y espalda.

¿Qué nos ha pasado, qué le ha podido suceder a esta ciudad para que nos hayamos desplomado (como el Ángel Caído de Bellver en El Retiro) desde los Bandos del Alcalde Tierno Galván, a estas declaraciones demenciales de cara... a la galería?

¿Porqué la derecha cuando llega al poder actúa sin el menor escrúpulo, y la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso que no son correspondidas? Todavía estamos esperando una declaración de condena del franquismo por parte del pleno municipal, lo que solicitamos en varias ocasiones durante la anterior legislatura, mientras gobernaba Ahora Madrid con apoyo del PSOE. Es más, aún seguimos aguardando respuesta a dos cartas dirigidas a Manuela Carmena, pidiéndole que el Ayuntamiento de la capital se manifestase públicamente contra la reinhumación de Franco en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.

"El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado (Faulkner)", por Javier Pérez Royo

El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado (Faulkner)
No pasa solo en España, como muy bien nos recuerda William Faulkner, pero en España pasa de manera singular, como consecuencia de la Guerra Civil. El largo proceso de exhumación del general Francisco Franco culminado esta pasada semana es un indicador insuperable

Javier Pérez Royo
eldiario.es, 27/10/2019

Santos Juliá abre su libro Transición con una cita de Juan Benet: "La Guerra Civil de 1936 a 1939 es el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién sabe si el más decisivo de su historia". El historiador, fallecido el día anterior al traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos a Mingorrubio, manifiesta su conformidad con la afirmación de Juan Benet, acentuándola todavía más: cuarenta años después de su muerte, hay que suprimir todas las cautelas. El "quién sabe" tiene que ser sustituido por "sin duda alguna".

La Guerra Civil fue un enfrentamiento a muerte entre los dos bandos a los que quedó reducida la extraordinaria complejidad de la sociedad española de las décadas anteriores, tras el cual "el vencedor nunca accedió a ningún tipo de pacto que posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los perdedores y volviera a integrarlos en la vida nacional". Por ello, "la Guerra Civil no fue la culminación de una historia, sino su quiebra brutal, un corte profundo infligido a la sociedad española que, desde 1939, quedó amputada para siempre de una parte muy notable de sus gentes y de su historia"

Francisco Franco fue la encarnación del bando vencedor, que consiguió no solo estabilizar un régimen político hasta su muerte, sino que consiguió condicionar de manera decisiva el futuro régimen que vendría a sustituirlo. Las piezas centrales del sistema de poder que articula jurídicamente la Constitución de 1978 no fueron definidas en el proceso constituyente que se inició tras las elecciones del 15 de junio de 1977, sino que provienen directamente o del General Franco: la Monarquía, o de las Cortes franquistas inmediatamente después de la muerte del dictador, que a través de la Ley para la Reforma Política, definirían la composición de las Cortes bicamerales que aprobarían la Constitución y que mantendrán dicha composición en el texto constitucional, o del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez, que mediante Decreto-ley aprobó el sistema electoral del Congreso y el Senado.

Estos tres elementos, que son los decisivos en el ejercicio del poder juridificado en la Constitución de 1978, no son resultado de un proceso constituyente democrático, sino que son herencia del Régimen del General Franco. La Restauración de la Monarquía, la composición de las Cortes como órgano constitucional representativo del pueblo español y su sistema electoral, no han sido definidos por el poder constituyente del pueblo español, sino que se introdujeron sin debate constituyente de ningún tipo en el texto constitucional que se sometería a referéndum el 6 de diciembre de 1978.

Hay un cuarto. La Iglesia Católica, que también se incorporó de forma espuria al sistema de poder del 78, a través de la negociación de unos Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que fueron negociados por el Gobierno de Adolfo Suárez antes de que estuviera aprobada la Constitución, pero que fueron publicados el 4 de enero de 1979, unos días después de que la Constitución hubiera entrado en vigor. Materialmente son preconstitucionales, pero formalmente no lo son. Tanto la Iglesia como el Gobierno de Adolfo Suárez, sabían que esos acuerdos no hubieran podido ser aprobados en democracia, pero que para la democracia sería muy difícil, por no decir imposible, revisarlos. Y así ha sido.

La Monarquía, un Congreso de los Diputados ligeramente devaluado en su composición y un sistema de elección desde la perspectiva del principio de legitimidad democrática, un Senado incompatible con dichos principios de legitimidad y una Iglesia Católica que mantiene su posición privilegiada predemocrática, han encorsetado el proceso político y han condicionado fuertemente el esfuerzo por ir levantando las hipotecas heredadas de la Guerra Civil y de las décadas del Régimen de las Leyes Fundamentales.

Con un sistema de poder definido desde el pasado, ha resultado imposible enfrentarse a lo que ese pasado había sido. La "parte amputada" a la que se refería Santos Juliá, ha continuado siendo parte amputada. La sociedad española no ha podido o no se ha atrevido siquiera a mirar a ese pasado e intentar "integrarlo en la vida nacional".

De ahí viene la permanencia durante 44 años de los restos del general Franco en El Valle de los Caídos; de ahí viene la incapacidad de abordar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales militares o de excepción después de la Guerra Civil, de ahí vienen los más de cien mil ciudadanos desparramados por las cunetas y un largo etcétera.

La exhumación del General Franco era un primer paso indispensable para que la sociedad española empiece a mirar a su pasado e intentar una auténtica reparación. Ya hemos visto lo difícil que ha sido. No menos difícil va a ser el camino que queda por recorrer.

El pasado en España nunca ha sido pasado. Kant decía que España es el reino de los muertos, que los muertos la poseen, que los muertos la dominan. Lo hemos visto con la exhumación de Franco. Pero también lo podemos ver con la utilización del terrorismo como instrumento de represión años después del fin del terrorismo y de la disolución de ETA. La utilización de un pasado terrorista para reprimir conductas que no pueden ser calificadas de tales. En la Audiencia Nacional no dejan de multiplicarse los procesos por terrorismo en estos últimos años. Ahí está el caso de Alsasua. Parece que ahora se está iniciando la traslación de dicha estrategia para hacer frente al nacionalismo catalán.

¿Hasta cuándo?

https://www.eldiario.es/contracorriente/pasado-muerto_6_957214271.html