jueves, 13 de diciembre de 2018

14-D, 30 años



El año pasado, cuando mi compañero y amigo Sergio Gálvez presentó su libro sobre la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 (1), le comenté la extraña sensación que me producía leer un libro de historia que trataba acontecimientos que yo había vivido en primera persona, jugando un modesto papel como uno de los miles de huelguistas que contribuyeron a que el 14-D acabase siendo uno de los mayores triunfos de la clase obrera española en toda su historia.

Han pasado 30 años, pero recuerdo buena parte de lo que viví aquellas jornadas como si hubiese sido ayer. Sobre las 22:00 horas del día 13 se celebró una asamblea en el salón de actos de CCOO-Madrid (que ahora lleva el nombre de Marcelino Camacho) abarrotado con cientos de delegados y delegadas, cuadros sindicales, recuerdo a varios diputados y concejales de IU… Mucha emoción en un ambiente de euforia contenida.

Desde el escenario, en una mesa larga, los responsables de las diferentes federaciones de sector impartían instrucciones sobre dónde teníamos que ir cada uno, y nombraban a los responsables de los diferentes piquetes. Yo aún no militaba en CCOO, y formé grupo con varios camaradas de la agrupación del PCE de Usera, mi barrio: Paquita García, Guiomar Sarabia, Antonio López, José Murillo (hijo)… “a las órdenes” de Molero, que entonces era dirigente del Metal. Precisamente, cuando acabó la asamblea, subimos a las oficinas de su Federación a recoger propaganda de la Huelga. La escalera del edificio de Lope de Vega, con docenas de compañeras y compañeros acelerados bajando con material camino de las citas programadas, me recordó una escena del Octubre de Einsenstein (aquella del Palacio Smolny, salvando las distancias).

Llegamos en coches a nuestra primera cita en La Vaguada sobre las 00:30 del día 14. Formábamos un megapiquete de más de mil personas gritando consignas, y sobre nuestras cabezas, un helicóptero de la policía nacional proyectando sus focos hacia nosotros. Allí nos enteramos del apagón de TVE a las 12:00, y el optimismo aumentó exponencialmente.

Visitamos luego varios talleres metalúrgicos que funcionaban habitualmente con turnos de noche, pero no tuvimos apenas tarea: estaban directamente cerrados o nadie había acudido a los puestos de trabajo. Después, a la siguiente cita, en las cocheras de los autobuses de la EMT de Carabanchel Alto. Éramos varios cientos de compañeros y compañeras de CCOO y UGT, controlando que no saliese ningún autobús por encima de los servicios mínimos establecidos, pero ni esos se respetaron: los conductores mayoritariamente se negaban a salir. Recuerdo que en las puertas y los descampados cercanos se encendieron varias hogueras, porque aunque no hacía frío un excesivo, en cuanto llevabas un rato parado resultaba evidente que estábamos en diciembre. También acudieron a calentarse varios policías nacionales que hacían guardia junto a la puerta de las cocheras, y nos decían: “La verdad es que tenéis toda la razón. Ya está bien”.

Cuando salimos de allí camino de la siguiente convocatoria, varios de los coches quedaron inutilizados, porque alguien había puesto bajo los neumáticos clavos doblados soldados. Uno de los vehículos que tuvo que quedarse allí fue el de Molero, y a partir de ese momento nuestro grupo se trasladó, amontonados los seis dentro de un solo coche, creo recordar que un Renault 5.

Llegamos al desaparecido Polígono industrial de Méndez Álvaro, donde tampoco tuvimos ningún trabajo. Sólo alguna de las docenas de talleres y fábricas estaba abierta, pero sin actividad en el interior.

Molero propuso entonces volver a la sede de Lope de Vega para tomar un caldo caliente. Estaba amaneciendo. Entramos en calor escuchando las noticias de la radio, que informaban del éxito absoluto de la huelga en todo el país, con cifras por encima del 90% en todos los lugares y sectores. Creo que fue Guiomar la que dijo en ese momento: “Pues no hay nada que hacer. ¿Nos vamos para casa?” Y yo contesté: “No jodas, para una vez que vamos ganando”.

Llegó la noticia de que lo único abierto era El Corte Inglés de Preciados, y allí nos encaminamos varios cientos de compañeros y compañeras, desde el Paseo del Prado a la Puerta del Sol. Como se puede ver en las famosas imágenes de la prensa de aquel día, el despliegue de antidisturbios era brutal. Entre insultos cruzados con trabajadores y clientes que intentaban entrar en el centro comercial y varias cargas policiales, perdí a mi grupo y no volvimos a encontrarnos ese día. Años después en casa de mi camarada López, vi enmarcada una foto de Cambio16 en la que aparecía éste en la puerta del Corte Inglés, agarrándose mutuamente por la pechera con uno de los “maderos”.

En la Calle Preciados me encontré con una docena de históricos militantes del PCE de Usera, todos ellos ya fallecidos: Luis Sáez, Cirilo Moreno, Salvador Pastor, Pepe Murillo (padre), y algunos más que no recuerdo. Muchos años de exilio, cárcel, guerrilla antifranquista, lucha en la clandestinidad… en aquel puñado de camaradas. Decidimos volver a la sede del sindicato en Lope de Vega, y entonces viví una escena insólita: el Gobierno, para aparentar normalidad, había convocado días antes un pleno del Congreso, al cual asistió una mayoría de diputados porque sólo los diversos grupos a la izquierda el PSOE se habían sumado a la huelga. Coincidió el paso de nuestro grupo por la Carrera de San Jerónimo con la entrada de los diputados, y nos pusimos frente a la puerta al otro lado de la calle con nuestras banderas y pegatinas de CCOO, vigilados por varios antidisturbios, a gritarles esquiroles durante un buen rato. Nadie nos llamó la atención y algunos diputados bajaron la cabeza cuando entraban en el Congreso. Frente a ellos, el grupo de los veteranos comunistas exhibía orgullo y dignidad.

Llegamos a la sede de Lope de Vega, y en el exterior se había instalado una tarima con megafonía. Apenas estábamos allí dos centenares de huelguistas (supongo que las compañeras y compañeros estaban repartidos por todo Madrid o se habían retirado a descansar), pero había bastantes periodistas y sobre la tarima, miembros de la dirección de CCOO. Marcelino hablaba por el micrófono, y nadie era capaz de callarle ni tenía intención de hacerlo. Estaba exultante, prácticamente levitando. A su lado, Agustín y Antonio entre otros, le miraban con una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando acabó el acto nos marchamos camino de Usera, Paseo de las Delicias abajo, a comer y descansar un rato. Había que reponer fuerzas para volver por la tarde al centro de Madrid a comprobar el éxito total de la Huelga. Porque la manifestación fue dos días después, el 16. Multitudinaria, inmensa, a pesar de las trabas puestas por la Delegación del Gobierno en Madrid, constituyó junto a las decenas de convocatorias con respuestas masivas en otras ciudades, otra demostración de fuerza sindical y del rotundo éxito de la Huelga General.

Si queréis un magnífico análisis de lo que fue el 14-D, de porqué se llegó a él y de las consecuencias que tuvo su éxito, no dejéis de leer el libro de Sergio Gálvez. Por mi parte, una cosa advierto: no me jubilo hasta que consiga cerrar El Corte Inglés. 


(1) LA GRAN HUELGA GENERAL. EL SINDICALISMO CONTRA LA “MODERNZACIÓN SOCIALISTA”
Sergio Gálvez Biesca. Siglo XXI de España, Madrid, 2017, 763 pp.28 €
Reseña de Antonio Baylos en:

lunes, 3 de diciembre de 2018

Concentración #NiValleNiAlmudena


#NiValleNiAlmudena

Madrid, 1 de Diciembre de 2018

El pasado 13 de septiembre, tras años de movilización y denuncia de los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que ha llegado a ser un clamor social, el Congreso de los Diputados aprobó un Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El Decreto se ha convertido en una proposición de ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. La redacción original del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta como lugar de inhumación definitiva para el enterramiento, por una propiedad previamente adquirida dentro de la catedral madrileña de la Almudena.

Las víctimas del franquismo y el conjunto de la sociedad española hemos conocido con enorme estupor e indignación la propuesta de la familia, la posterior inhibición de la Iglesia Católica, y las dificultades del Gobierno para dar una solución que impida una nueva humillación colectiva, y muy en particular a las víctimas de la dictadura.
Como es sabido, Franco fue un general golpista que instauró una dictadura y secuestró la soberanía popular por la fuerza durante 40 años, y el máximo responsable de un régimen de represión y terror ejercido, de múltiples formas,  sobre cientos de miles de personas.

El entierro de Franco en La Almudena, un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. Una democracia no puede honrar a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internacionales de derechos humanos.

Ante esta agresión, la sociedad civil no puede permanecer indiferente ni aceptarla con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado. Con el fin de impedir el traslado de Franco de Cuelgamuros a La Almudena , un centenar largo de colectivos de derechos humanos, de memoria histórica y víctimas del franquismo, vecinales, políticos, sindicales, feministas, ecologistas, culturales… hemos constituido la campaña #NiValleNiAlmudena desde la que hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice.

La Campaña ha respaldado una iniciativa ciudadana particular, que en pocos días ha obtenido más de 100.000 apoyos. Asimismo hemos solicitado por escrito al Presidente del Gobierno, al Arzobispo de Madrid, y a la Alcaldesa de Madrid, que “desde las diferentes responsabilidades que ejercen actualmente, tomen las medidas necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de La Almudena tras su salida del Valle de Cuelgamuros”.

También hemos organizado una importante manifestación en Madrid el pasado 8 de noviembre desde la Puerta del Sol a la catedral de la Almudena, y el día 14 un gran acto público, en el que han manifestado públicamente su adhesión portavoces de fuerzas políticas parlamentarias y de sindicatos representativos.

Al mismo tiempo que la justicia chilena ha ordenado a la familia Pinochet devolver seis millones dólares, la familia Franco se pasea por los platós televisivos defendiendo al dictador. Las únicas explicaciones públicas que  la familia Franco debería dar, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria; la apropiación de la Casa Cornide; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y negocios (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.

No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura y ampliados en la democracia, y que además se permitan provocar a la sociedad española, no consintiendo otra opción para la inhumación definitiva de los restos del dictador que la catedral de Madrid.

Queremos expresar asimismo nuestra repulsa a cómo gran parte de los medios de comunicación han tratado este asunto, poniendo al mismo nivel a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron; a las víctimas y a los verdugos; a los demócratas y a los fascistas.  Y prestando un altavoz a organizaciones (como la Fundación Francisco Franco) que, si tuvieran oportunidad, acabarían con la libertad de prensa e información, y con el derecho a la libre expresión de las ideas.

Lo que en España se entiende por dar voz a las diferentes “partes” de un debate, sería considerado apología del fascismo en los países democráticos de nuestro entorno.
Hacemos nuestras las manifestaciones de colectivos cristianos, que han respondido públicamente así al arzobispo de Madrid, tras expresar éste su intención de no interferir en la voluntad de la familia:

“No nos gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco.

Francisco Franco (…) no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica  en una Iglesia católica, mayormente en la Basílica de la archidiócesis de Madrid, capital del estado español, a no ser que el Sr. Arzobispo quiera continuar con  la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado fascista, que estuvo vigente durante la dictadura”.

La sociedad debe exigir una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española, porque el traslado de Franco a la Almudena “vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de  ‘Cruzada’ a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales”.

La Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial de la sociedad que también contribuye a su financiación, incluyendo a las víctimas del franquismo y a sus familias. Y el Gobierno de España está en condiciones, y tiene  la obligación política y ética, de exigir ese respeto.

Hoy es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de Madrid, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

Las asociaciones y colectivos que respaldamos la campaña #NiValleNiAlmudena nos oponemos frontalmente a que este hecho se produzca, y hacemos un llamamiento público a la ciudadanía para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedir que se consume tal escarnio. 

lunes, 26 de noviembre de 2018

Intervención en el Encuentro Estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo




Intervención 4ª Reunión del Encuentro Estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo

Madrid, 24 de Noviembre de 2018

Estimadas amigas y amigos, compañeros y compañeras, camaradas.

Es un honor tener la oportunidad  dirigirme hoy a vosotros en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y trasmitiros el saludo de todos los foros y asociaciones federadas. Especialmente mi reconocimiento se dirige a los que habéis venido a esta convocatoria desde fuera de Madrid.

Hace tiempo, en una reunión, el compañero Joan Tardá nos dijo (incluyéndose él mismo)que el Movimiento Social por la Memoria histórica (MSRM) lo único que había hecho realmente era meter el pie para impedir que nos cerrasen definitivamente la puerta de la impunidad y el olvido, acordada en los pactos de silencio no escritos por la Transición. La coyuntura generada por la moción de censura de junio, y algunos acontecimientos posteriores,  han supuesto un cambio cualitativo para las expectativas de nuestro movimiento social, abriéndose la posibilidad de meter al menos, el cuerpo en el hueco de la puerta. Como dijo el propio Tardà el pasado 14 de noviembre en el acto organizado por la Campaña #NiValleniAlmudena, se nos ha abierto “una ventana de oportunidad” que no tenemos derecho a desaprovechar porque no sabemos si se va a volver a presentar.

Creo que el gran déficit del MSRM, del que se deriva la multiplicación y dispersión de iniciativas judiciales y políticas que se están desarrollando, es la carencia de un análisis de fondo inicial. Como definía el llamado Documento Nizkor de abril de 2004, que para nosotros sigue siendo válido en líneas generales, los pactos de la Transición establecieron el llamado Modelo Español de Impunidad (MEI). Un sistema actualmente vigente, como demuestran las inadmisiones sistemáticas de denuncias, comisiones rogatorias, etc… y que quedó públicamente expuesto por la circular de la Fiscalía General del Estado de 2016, aunque seguro que hay otros muchos documentos en la misma línea de los que no hemos tenido conocimiento.

El MSRM en su conjunto no ha asumido un análisis del MEI, que es junto con la institución monárquica, uno de los pilares esenciales del llamado Régimen del 78. Mientras el MEI perviva, todas las iniciativas judiciales están condenadas a la inadmisión y al archivo. Como advertía amenazadoramente el Tribunal Supremo en la sentencia de 2012 que absolvía a Garzón, si un juez admitiera a trámite una denuncia de víctimas del franquismo estaría prevaricando.

Por tanto, si el esfuerzo de los colectivos que conformamos el MSRM, más las múltiples iniciativas legislativas en ese sentido de las fuerzas políticas democráticas, se hubieran dirigido desde un principio a cuestionar y confrontar con las bases jurídicas del MEI (es decir la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria de 2007, en cuanto que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo y les niega explícitamente el acceso a la justicia), la situación sería cualitativamente mejor en estos momentos. Pero si estamos hoy aquí reunidos es porque creemos que aún  no es demasiado tarde.

Como conclusión, abrir definitivamente la puerta de la impunidad  para conseguir que las víctimas del franquismo accedan a sus derechos irrenunciables a la Verdad, la Justicia y la Reparación, pasa inexcusablemente por la iniciativa política, tal  y como hemos debatido y acordado en las 3 anteriores reuniones del Encuentro.

La situación política actual es tan inestable y variable que no podemos predecir cómo estaremos dentro de un año. Tenemos oportunidad en esta 4ªReunión de profundizar en esa línea, para aprovechar la “ventana de oportunidad” de la que hablaba Joan Tardà.

Como Federación Estatal de Foros por la Memoria renovamos nuestra apuesta por la Carta de Vicálvaro, por una propuesta de Ley Integral de Víctimas del franquismo, y por este Encuentro Estatal de colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo como espacio de trabajo y de unidad de acción dentro del MSRM.
(…)

Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra atención.

lunes, 12 de noviembre de 2018

Acto público “Memoria aquí y ahora”. Carmona (Sevilla), 9 de Noviembre de 2018



Acto público “Memoria aquí y ahora”

Carmona (Sevilla), 9 de Noviembre de 2018

Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Quiero expresar también mi reconocimiento al  Foro por la Memoria del Bajo Guadalquivir por la organización de este acto, y a la Universidad Pablo de Olavide por la cesión del espacio en que nos encontramos.

Comienzo  mi  intervención explicando que la propuesta central de la Federación Estatal de Foros por la Memoria es una Ley integral de Víctimas del franquismo, porque estamos convencidos/as de que, independientemente de las causas judiciales que se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son jurídicas y políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y promover otra legislación que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

El trabajo que hemos realizado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También nos hemos inspirado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

Ley de Víctimas del franquismo
El Proyecto que hemos presentado públicamente, remitido a expertos y discutido con fuerzas políticas y grupos institucionales, se basa en dos ideas centrales:
1. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.
2. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH, sobre las víctimas del franquismo.



Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.

Nuestra propuesta no consiste en una ley de víctimas de la guerra civil en general, es más, nos oponemos tajantemente a ello. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a titulaciones académicas; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios, etc… Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia.

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo es corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Comenzando por la anulación de las sentencias represivas del franquismo, y la búsqueda y exhumación de las miles de fosas comunes clandestinas existentes, pero exhumaciones judicializadas porque la desaparición forzada es un delito de carácter permanente.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977. 
Múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano. En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos, independientemente de su edad tal y como sucede en países de nuestro entorno, como Alemania.

El Documento en el que hemos trabajado comienza con una Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.

En el primer bloque, que titulamos “El Derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad española”, hablamos, entre otros temas,
ü  De la retirada de la simbología franquista
ü  De declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
ü  Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
ü  Del tratamiento de los lugares de memoria;
Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos orientada a gestionar y garantizar el derecho de acceso a la información de víctimas, investigadores y del conjunto de la sociedad. 

En el bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
ü  La Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002).

ü  La exhumación judicializada de todas las fosas comunes del franquismo. Defendemos que la Ley de Víctimas del franquismo  debe manifestarse expresamente contra la privatización y la  gestión administrativa de las fosas comunes consagrada por la Ley de Memoria Histórica de 2007, por cuanto se tratan en primer lugar, de pruebas de crímenes contra la Humanidad.

ü  También consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, todo ello considerado dentro de una trama organizada, por lo que no pueden seguir siendo tratados como delitos individualizados.

En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la reparación material y/o simbólica de la amplia y diversa tipología de víctimas del franquismo, así como la creación de un Consejo participativo en la cual éstas, directamente o representadas por el movimiento asociativo, puedan manifestar las reivindicaciones comunes y específicas.

ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy 88 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

 La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en la presente legislatura. Hemos realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. En Junio de 2017 se celebró  la 3ª reunión estatal  del ENCUENTRO,  y  hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo hemos adoptado una posición más avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977, pronunciándonos a favor de una Declaración de Nulidad de la misma.

El próximo 24 de Noviembre se celebrará en Madrid la 4ªreunión estatal del Encuentro, para analizar cómo seguir promoviendo la convergencia estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a esta problemática, en torno a una LVF. Queremos convencerlas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tienen un recorrido limitado, y que deberíamos aunar esfuerzos a partir de la Carta de Vicálvaro y de las recomendaciones al Estado español de los organismos internacionales de derechos humanos. Esta iniciativa se ha trasladado a las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida por lo general, pero también con cierta distancia por la concurrencia con las diversas iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos desde que comenzó la legislatura. Ha inspirado propuestas como el proyecto de IU, o el presentado en el Senado junto a Compromís. Actualmente, en el proceso abierto para la reforma de la Ley de Memoria de 2007 a raíz de la exhumación y traslado de los restos de Franco, se están presentando enmiendas, fundamentalmente desde el grupo de Unidos Podemos, que recogen diversas propuestas en al línea de nuestro proyecto de Ley de Víctimas.

A pesar de las dificultades, creemos que si un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, significaría un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.

Desde nuestra apuesta por una Ley integral de Víctimas, opinamos que el papel de las instituciones de ámbito autonómico  y local debe ser respaldar ésta con las políticas concretas que se puedan adoptar en cada ámbito de competencia, así como promover las declaraciones institucionales de condena del franquismo y de apoyo a los derechos de las víctimas, dentro de la línea programática desarrollada por el Encuentro Estatal.

Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la documentación, y mantener cauces permanentes de colaboración e información.

Muchas gracias.

lunes, 5 de noviembre de 2018

“La tumba del dictador debe pasar a ser, en todos los sentidos, un asunto privado de la familia Franco”


“La tumba del dictador debe pasar a ser, en todos los sentidos, un asunto privado de la familia Franco”
Elestado.net, 31/10/2018

Entrevista a Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la MemoriaGonzalo Sánchez Martínez


El gobierno de Pedro Sánchez tenía claro desde que planteó la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, que el suyo debía ser un ejecutivo de gestos que le permitiera recuperar terreno electoral perdido de cara a las próximas elecciones generales. Por ahora casi todos los gestos han tenido un efecto positivo solo al principio. A la vista están las miserias encontradas a Màxim Huerta y a Pedro Duque.

Otro problema que le ha surgido al gobierno con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco es la cuestión sobre qué hacer con ellos y dónde ubicarlos. Lo que en un principio era un gesto al campo progresista español para mantener una posición de izquierdas que anulase la imagen de que integra el bipartidismo junto al Partido Popular, se ha convertido en un dolor de cabeza para Pedro Sánchez, que ha tenido que votar junto con el PP y Ciudadanos para blindar y proteger a la monarquía española, surgida precisamente por la voluntad expresa de Franco.

Para conocer la opinión del movimiento memorialista, nos hemos puesto en contacto con Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria. La organización que él lidera está trabajando junto con otras muchas con el objetivo de impedir que los restos del dictador vayan a la catedral de La Almudena, además de exigir al gobierno liderado por Pedro Sánchez que lleve a cabo otras necesarias acciones, para conseguir que el Valle de los Caídos deje de ser un lugar que rinda homenaje al fascismo golpista para que pase a ser un espacio de la memoria histórica.



¿Por qué el gobierno ha cambiado de opinión y ahora sí puede evitar que los restos de franco vayan a La Almudena?

Porque ha empezado a darse cuenta de que la propuesta del traslado de los restos del Valle a La Almudena, es vista por buena parte de la sociedad como un insulto y un atropello. Eso incluye a buena parte de la militancia socialista y de su electorado.

Nos hemos empezado a organizar contra el traslado, y a explicar los motivos en los medios de comunicación (que siguen con interés la noticia); en estos momentos somos más de 90 organizaciones y colectivos, no sólo de memoria histórica sino sindicatos, partidos, cristianos de base, vecinales, ecologistas, feministas, culturales… En torno a la iniciativa #NiValleNiAlmudena. Y no debemos olvidar que la iniciativa de un ciudadano particular en change.org ha superado en poco tiempo las 100.000 firmas contra el traslado, y siguen aumentando.

¿Dónde deberían ir los restos del dictador?

En 2011 el gobierno alemán de Angela Merkel, para impedir la conversión de la tumba de Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, en lugar de peregrinación neonazi, decidió destruir la tumba, incinerar los restos y dispersarlos en el Báltico, de común acuerdo con la familia y la Iglesia luterana.

Los colectivos de #NiValleNiAlmudena sencillamente proponemos que los restos sean inhumados en el panteón familiar de El Pardo, y que no sea financiado ni mantenido por Patrimonio Nacional ni por el Ayuntamiento de Madrid. La tumba del dictador debe pasar a ser, en todos los sentidos, un asunto privado de la familia Franco.

¿Qué más queda por hacer con el Valle de los Caídos?

Queda por hacer todo: sacar también los restos del fundador de Falange; exhumar a los republicanos enterrados en Cuelgamuros clandestinamente en los años 50; desacralizar el complejo y “desmochar” esa cruz, que no es cristina, sino nacionalcatólica; y tomar las medidas precisas para que deje de ser un monumento de exaltación del golpe y del Régimen del 18 de julio, y pase a ser un lugar de memoria de las víctimas de la dictadura, como el Museo del Holocausto de Jerusalén, o la ESMA de Buenos Aires, en especial de los presos republicanos que participaron en su construcción como trabajadores esclavos.

¿Un referéndum entre monarquía y república es algo secundario o urgente?

Como organización memorialista es un tema sobre el que no tenemos opinión “oficial”, puesto que trabajamos exigiendo que los derechos de las víctimas del franquismo se hagan efectivos aquí y ahora, como también haríamos en un deseable futuro republicano.

Obviamente, si se produjese un cambio de régimen se abriría un espacio muy interesante para aplicar la llamada “justicia transicional”, que no se puedo llevar a cabo en los años 70 por la forma en que se desarrolló aquí el proceso de transición desde el franquismo a la democracia.

Si me preguntas a mí a título personal sobre este tema, opino que yo solo pediría un referéndum si tuviera absoluta garantía de que íbamos a ganarlo. Y los gobiernos, excepto casos muy concretos como De Gaulle y algún ejemplo más reciente, no pierden referendos.

¿Qué se debería hacer con las posesiones y riquezas de la familia Franco conseguidas en la dictadura?

Todo ese inmenso capital y propiedades: Pazo de Meirás, Casa Cornide, pelotazo de Valdefuentes, los parkings del centro de Madrid, hasta las dos esculturas robadas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, y un muy largo etcétera… Se obtuvieron gracias al poder omnímodo del abuelo, y a la corrupción sistémica que fue, junto con la represión, seña de identidad de la dictadura. Recomiendo la lectura de los libros de Mariano Sánchez Soler, “Los Franco S.A.” y “Ricos por la guerra de España”.

En ningún país del mundo se ha consentido que tras el fin de una dictadura, los familiares del dictador sigan disfrutando impunemente del botín obtenido. En España además han aumentado su riqueza con la connivencia de los poderes políticos y las instituciones, como en el caso de la finca de Valdefuentes.

Esta es una asignatura pendiente para este país, que habrá que solucionar algún día drástica y definitivamente.

https://www.elestado.net/destacada/desmochar-cruz-nacionalcatolica-valle-cuelgamuros-arturo-peinado/

sábado, 13 de octubre de 2018

Ni en el Valle ni en la Almudena




Ni en el Valle ni en la Almudena

Arturo Peinado Cano. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
@apces

Publicado en elestado.net 12 de Octubre de 2018


El Valle de los Caídos  empezó a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando, y cuyo régimen significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio. La dictadura supuso el secuestro de la soberanía nacional durante 40 años, y la implantación de un sistema de represión  ejercida de múltiples maneras, y a lo largo de toda su existencia, sobre cientos de miles de personas.

Cuelgamuros es, ante todo, un lugar de exaltación del franquismo y de su acto fundacional: el golpe de los militares perjuros del 18 de Julio de 1936. Pero también es una necrópolis, donde yacen miles de víctimas de la dictadura conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en el momento de su traslado, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí.

Frente al relato franquista que define al Valle como monumento de “reconciliación” contamos con los documentos históricos que demuestran la falsedad de ese argumento: historiadores acaban de encontrar la factura de una empresa que en 1959 trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle; los desafectos a la dictadura fueron enviados y posteriormente inhumados en cajas de diez en diez, con los restos mezclados, frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen.

La exhumación tanto de los restos de Franco como de Primo de Rivera no es un asunto privado, que compete a las familias de ambos, sino un asunto de trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familiares, los restos de ambos deben abandonar el Valle, que debe reconvertirse en un Memorial para recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos, especialmente a los presos republicanos que lo construyeron como trabajadores forzados.

Sin embargo, hemos podido ver reiteradamente la aparición pública de los nietos de Franco, explicando su negativa al traslado de los restos del dictador, al mismo tiempo que en Chile la Corte Suprema ordenaba a la familia Pinochet devolver al fisco 1,6 millones de dólares.
Las únicas explicaciones públicas de la familia Franco que deberían interesar a la sociedad y los medios de comunicación, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago; la apropiación de la Casa Cornide en el centro de Coruña; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y bienes (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.

No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura.

El pasado 13 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La redacción del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta por un enterramiento en propiedad previamente adquirido dentro de la catedral madrileña de la Almudena.  A ello se ha unido la exigencia por parte de la familia Franco de que el traslado se haga con honores de Jefe de Estado. Incluso miembros del Gobierno han planteado la posibilidad de que, como alternativa, se le rindieran honores de General de División, el grado que tenía Franco cuando se sublevó contra el régimen democrático legítimo. Estas cosas pasan cuando un régimen dictatorial no es declarado ilegal por la democracia posterior.

El entierro de Franco en la catedral de la Almudena, un lugar público con una enorme carga simbólica en el centro de Madrid, a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura celebraba los actos de exaltación del régimen, supondría una humillación (otra más) para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad.

La respuesta del arzobispo de Madrid sobre la provocadora decisión de enterrar a Franco en la cripta de la Almudena ha sido: "La Iglesia acoge a todos". Osoro se ha desligado de la decisión y la considera "una cuestión que deben resolver el Gobierno y la familia".
Sería conveniente y deseable una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española.  Como expresan en un comunicado las Redes Cristianas , el traslado de Franco a la Almudena vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de “Cruzada” a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales.

No olvidemos que la Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial (incluso mayoritaria) de la sociedad que también contribuye a su financiación. Y el Gobierno está en condiciones, y tiene  la obligación política y moral, de exigir ese respeto.

Hoy, es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Debemos ser conscientes de que si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

No es difícil imaginar que los ultras y cabezas rapadas seguidores de los equipos de fútbol extranjeros, empiecen a considerar la Almudena como lugar de peregrinación obligatoria en sus visitas a Madrid (puesto que no existen lugares similares en el resto de Europa, ni legislaciones tan complacientes como la nuestra con las demostraciones públicas de exaltación fascista y neonazi). ¿Qué opinará de ello el arzobispado? ¿Y los hosteleros del centro de Madrid? ¿La alcaldesa seguirá pensando que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”?

El Estado debe responsabilizarse de que los aspectos formales del traslado de los restos de Franco no supongan reconocimiento ni privilegio alguno. Asimismo, el Estado debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún lugar que pueda considerarse un privilegio o un honor. Una democracia no puede honrar a un dictador, como reiteradamente han expresado los organismos internacionales de Derechos Humanos en una serie de recomendaciones dirigidas al Estado español.

Los ciudadanos y la sociedad civil organizada no pueden permanecer indiferentes, ni dejar de tomar posición. El pasado martes, 9 de octubre, una veintena de colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo, asociaciones vecinales y culturales, organizaciones políticas y sindicales… nos hemos reunido en Madrid para comenzar a organizarnos, manifestar públicamente nuestra oposición frontal a que se consume el traslado de los restos de Franco, una vez exhumados de Cuelgamuros, a la catedral de la Almudena. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedirlo.

También vamos a exigir a los responsables políticos y a las instituciones concernidas (Gobierno de la nación, Arzobispado y Ayuntamiento de Madrid), que tomen todas las medidas que sean necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral. Tenemos previsto llevar a cabo una serie de actividades reivindicativas, informativas, etc… que culminarán con una gran movilización frente a la Almudena.

Llevamos 11 años manifestándonos frente a la puerta de Cuelgamuros cada 20-N, con calor o frío, lluvia, viento o nieve… Si al final la infamia se consuma y los restos de Franco acaban en la catedral, seguiremos movilizándonos para exigir la reparación de esta infamia, y que se llegue a una solución definitiva y satisfactoria.

La sociedad y el Estado español tienen una deuda inconmensurable con las víctimas y sus familias, y también tienen un serio problema con los restos del franquismo (que no es sólo el cadáver de Franco). La salida prevista del dictador de su monumento faraónico en Cuelgamuros constituye la oportunidad de zanjar esta cuestión. La responsabilidad de que ahora se produzca un cierre en falso, que será en todo caso provisional, será en primer lugar del Gobierno, pero también de la Iglesia.

https://www.elestado.net/destacada/restos-franco-ni-valle-ni-almudena/

miércoles, 3 de octubre de 2018

¿Qué hacemos con Cuelgamuros?



Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces

Conferencia pronunciada en el CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid), el 3 de Octubre de 2018

Este artículo fue publicado en Cuarto Poder el 9 de Octubre de 2018
https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/10/10/que-hacemos-con-cuelgamuros/


Han pasado casi 43 años desde la muerte de Franco, y sus restos siguen enterrados en la basílica de Cuelgamuros, el mayor símbolo de la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo.

El Valle sólo ha empezado a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando, frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando,  y cuya dictadura de 40 años significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio.

Cuelgamuros  es un mausoleo en el que algunas víctimas de la dictadura “descansan” conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en su momento, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí. Hace unos días hemos conocido el descubrimiento de un documento excepcional: la factura de una empresa que trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle en 1959; frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen, los desafectos a la dictadura fueron trasladados e inhumados en cajas, de diez en diez.

El Gobierno ha anunciado la inminente exhumación y salida del Valle de los restos del dictador Francisco Franco. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familias, los restos deben salir, y el Valle debe convertirse en un Memorial donde recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos. Además, el Estado pretende hacer una excepción con los restos de Primo de Rivera, cuando los miembros de la organización por él fundada fueron los ejecutores materiales de docenas de miles de crímenes.

Sin duda, la exhumación del dictador es un gesto importante y de gran impacto mediático que marca distancias con todos los gobiernos anteriores: recordemos que el anterior gobierno socialista se limitó a convocar a la Comisión de expertos prevista por la Ley de Memoria de 2007, y el Informe sobre el Valle se aprobó en 2011 por el Gobierno en funciones, días después de la victoria electoral del PP.

La oposición explícita a la exhumación de Franco se limita a grupos marginales, como demuestra la abstención de la derecha parlamentaria en la aprobación de la misma en el Congreso (sólo dos diputados votaron en contra, y las malas lenguas dijeron que en vez de utilizar el sistema electrónico, votaron a mano alzada). Es prueba de que para una amplia mayoría social, la salida de los restos de Franco es cuestión de justicia y de lógica democrática, y oponerse resulta prácticamente indefendible.

Se trata también de una medida estratégica e irreversible porque, una vez ejecutada, ningún gobierno democrático podría devolver los restos de Franco a su tumba en el Valle. Es también una iniciativa más fácil de tomar que, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral o de la “ley mordaza”.

En resumen: un dictador que ha tenido una sepultura faraónica durante décadas va a ser ahora exhumado con dignidad, con flores, con rezos... Muchas de las personas a las que él asesinó ni siquiera han disfrutado de ese derecho. El tiempo transcurrido hace que apenas queden ya testigos directos y fiables de los cientos de fosas clandestinas existentes por todo el país, y muchas de ellas fueron ya borradas por obras, cambios en las delimitaciones de las fincas, y desaparición de referencias geográficas. 43 años después de su muerte, Franco seguirá siendo un privilegiado. Sus familiares también, porque podrán tener un sitio al que llevarle flores.

Hemos conocido recientemente la intención de la familia de enterrar a Franco en la catedral de la Almudena. Sería una gran torpeza por parte del Gobierno permitir que el centro de Madrid se convierta en lugar de peregrinación fascista, y por tanto, entendemos que se debería presionar a las autoridades eclesiásticas para impedirlo. En 2011 el gobierno alemán de Ángela Merkel, de acuerdo con la Iglesia luterana, demolió la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, incineró sus restos y los arrojó al Báltico, para impedir que el enterramiento se convirtiera en un lugar de memoria y peregrinación neonazi.

Uno de los argumentos más usados por quienes se oponen a cualquier actuación en el Valle de los Caídos, consiste en definir el Valle como un lugar de reconciliación entre españoles, manifestando que esa fue la intención del dictador explicitada en la construcción del monumento.

Aparte de la evidente falsificación histórica que entraña ese discurso, la reconciliación definida como “restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas” es inaplicable en este caso, porque no hay nada que restablecer o recuperar. Y menos cuando pervive un desequilibrio entre las partes, puesto que a una de ellas se le ha negado, desde hace 82 años, el derecho a la Justicia, a la Verdad y a la Reparación. Es un error igualar a todos los enterrados en el Valle por haber sido “víctimas de la guerra”, como si la muerte pudiese igualar a la hora del recuerdo y el reconocimiento por una sociedad democrática, a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron.

Concretando, ¿qué hacer con el monumento franquista, los edificios y el entorno? ¿Se tiene que conservar el monumento íntegro, o sólo parte de él? ¿Qué tratamiento deben recibir los casi 34.000 cuerpos enterrados allí? ¿Qué hacer con la comunidad benedictina y lo que hoy es un lugar de culto? ¿Qué debería explicarse en este lugar y cómo hacerlo?

Opinamos que se debe actuar en Cuelgamuros, de manera inmediata, como venimos planteando y reclamando públicamente desde los colectivos memorialistas y de víctimas:

En primer lugar, dejar de honrar y conmemorar al dictador y a la dictadura. Defendemos:

·         La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera, para ser entregados a sus familias.

·         La eliminación de cualquier símbolo franquista en el Valle, así como de cualquier acto de exaltación fascista.

·         La basílica debe ser desacralizada. La orden religiosa custodia del Valle debe ser trasladada a otro lugar. La gran cruz debe ser desmantelada. No es un símbolo del cristianismo sino de la complicidad de la Iglesia con el franquismo, y una amenaza latente contra el conjunto de la sociedad (en algún caso hemos dicho que no es una cruz cristiana, sino la cruz de Espartaco).

En segundo lugar, hay que abordar el tema del Valle como necrópolis. No compartimos la propuesta de que pueda convertirse en un cementerio civil.

·         Los restos de los republicanos que fueron trasladados al Valle clandestinamente tienen que ser ineludiblemente devueltos a sus familias. Ni por un día más pueden seguir sirviendo como trofeo a su verdugo.

·         También habrá que estudiar el tema de los soldados muertos en acción de guerra cuyos cuerpos fueron trasladados al Valle, voluntariamente o a la fuerza. Quizás podríamos hablar de un enterramiento colectivo digno, preferiblemente fuera del marco de Cuelgamuros,  porque la propuesta de una especie de “cementerio de Arlington de la guerra civil” nos parece inviable e inaceptable.

Como colofón habría que constituir y erigir un Memorial que explique la dictadura, el modelo español de fascismo y el nacionalcatolicismo.

·         El espacio del Valle debe transformarse íntegramente en un lugar de memoria democrático, como Auschwitz, la ESMA de Buenos Aires, o el Museo del Holocausto de Jerusalén; un lugar para homenajear y recordar a las víctimas, y no a los victimarios.

·         El futuro memorial del Valle debería dar un tratamiento preferente al recuerdo y homenaje a los presos políticos republicanos que construyeron el monumento como trabajadores forzados. Las empresas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de los esclavos del franquismo, deben financiar la reconversión del Valle. Nos parece un modelo a seguir la Fundación “Memoria, Responsabilidad y Futuro”, constituida por Alemania en 1999 para reconocer e indemnizar a los millones de trabajadores forzados que fueron deportados para sostener el esfuerzo de guerra nazi, fundación que contó con participación de las iglesias luteranas y católica, y de empresas donantes como Volkswagen, DaimlerChrysler, Bayer o Deutsche Bank….

·         El Valle no puede seguir siendo publicitado por la propaganda turística de la Comunidad de Madrid, que actualmente, lo sitúa como una parte de la llamada Ruta Imperial, junto con el Monasterio de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Unas notas finales:

Uno de los argumentos utilizados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para justificar la no salida del Valle de los restos de José  Antonio Primo de Rivera, es su consideración como “víctima de la guerra”, que entendemos responde al Informe de 2011 de la Comisión de expertos, que a su vez respeta lo dispuesto en el Decreto fundacional del Valle. Nos parece inaceptable, no sólo por tratarse del fundador del fascismo español, y por la ya señalada responsabilidad directa de la organización por él fundada en la represión y en miles de crímenes cometidos. Primo de Rivera fue ejecutado en cumplimiento de la legalidad entonces vigente, tras un Consejo de guerra legalmente constituido, gozando del derecho efectivo a la defensa, cosa impensable en los consejos de guerra franquistas. No es una “víctima de la guerra”, sino de la aplicación de la Justicia y de la legalidad republicana.

Estos días hemos visto cómo, a partir del debate sobre la previsible exhumación de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros, docenas de franquistas (tertualianos, ”opinadores”, representantes de la bochornosa Fundación Nacional Francisco Franco), se han paseado por programas de televisiones privadas de máxima audiencia. Las ofensas e insultos a las víctimas del franquismo han sido públicas y notorias; las tergiversaciones y manipulaciones históricas han alcanzado niveles esperpénticos.

El 13 de septiembre el Congreso avaló el decreto para exhumar a Franco. Pudimos ver que frente a la concentración de asociaciones memorialistas y de víctimas, se manifestaron grupos que protestaban con el lema “El valle no se toca”. Fueron desplazados por la policía, pero los medios se aproximaban para pedirles su “opinión” en directo.  ¿Alguien puede imaginarse que el día que se votó en el Parlamento la Ley de Víctimas del Terrorismo de septiembre de 2011, se hubieran manifestado con pancartas frente al Congreso unos simpatizantes de ETA? ¿O unos maltratadores haciendo declaraciones en directo a las televisiones mientras se aprobaba la Ley  contra la Violencia de Género de diciembre de 2004? Si consideramos que el franquismo secuestró por la fuerza la soberanía nacional y popular;  si ejerció una represión durante 40 años contra cientos de miles de personas porque habían ejercido o pretendían ejercer derechos fundamentales recogidos en las constituciones de 1931 y de 1978, tales como los de reunión, asociación, sindicación, huelga, libertad de expresión, etc… ¿Cómo es posible que siga existiendo una consideración social hacia el franquismo, que permite un trato benevolente hacia él por parte de la opinión pública y los medios de comunicación?

Todos conocemos precedentes de retirada de estatuas y otra simbología franquista realizada de manera casi clandestina, sin anuncio previo y en horario nocturno. Sería un error exhumar a Franco de igual manera. El traslado de sus restos debería hacerse a plena la luz del día, dejando claro que es un sistema democrático quien lo expulsa de Cuelgamuros.

Es fundamental hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. El nuevo Gobierno debería abrir con urgencia un debate y un intercambio de opiniones con los colectivos defensores de la memoria histórica y de víctimas del franquismo representativos, para dar una solución definitiva y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros.

Políticas de componendas y de gestos puntuales, por muy simbólicos que puedan ser, resultarían políticamente rentables a corto plazo, pero perpetuarían la injusticia y sólo retrasarían la ineludible solución definitiva del problema.