Acto
público “Memoria aquí y ahora”
Carmona
(Sevilla), 9 de Noviembre de 2018
Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:
Quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de
la Federación Estatal de Foros por la
Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de
la comisión coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y
de víctimas del franquismo. Quiero expresar también mi reconocimiento al Foro por la Memoria del Bajo Guadalquivir por
la organización de este acto, y a la Universidad Pablo de Olavide por la cesión
del espacio en que nos encontramos.
Comienzo mi intervención explicando que la propuesta central de la Federación Estatal
de Foros por la Memoria es una Ley integral de Víctimas del franquismo, porque
estamos convencidos/as de que, independientemente de las causas judiciales que
se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países,
las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo,
son jurídicas y políticas; también lo son las soluciones: revocar la
legislación en la que se sustenta la impunidad y promover otra legislación que
reconozca y promueva los derechos de las víctimas.
El trabajo que hemos realizado se sustenta en diversos documentos: La
Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por
2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de
2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo
sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator
Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las
Garantías de no repetición. También nos hemos inspirado en el llamado
“Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del
Terrorismo del País Vasco.
Ley de
Víctimas del franquismo
El Proyecto que hemos presentado públicamente, remitido a expertos y discutido
con fuerzas políticas y grupos institucionales, se basa en dos ideas centrales:
1. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las
víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Y que el Estado español niega a las
Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios
que se conceden a otros colectivos de víctimas.
2. Vemos indispensable que el Estado
asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH, sobre las
víctimas del franquismo.
Coincidimos con el fiscal
Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las
víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que
tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son
víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la
justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"
Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente
el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del
franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un
reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática
por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador
entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a
la definición de Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los
efectos es la identidad de los victimarios.
La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha
seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino
que implica el no reconocimiento
jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus
derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación
material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del
secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció
la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo
de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el
ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado
español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más
directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha
buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para
ello.
Nuestra propuesta no consiste
en una ley de víctimas de la guerra civil en general, es más, nos oponemos
tajantemente a ello. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación
entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser
éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el
trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español,
tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del
franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.
Las
víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia
republicana durante los meses iniciales de la guerra civil,
fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas
políticas de reparación que tomaron múltiples formas: indemnizaciones;
pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a
titulaciones académicas; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de
quinielas y otros negocios, etc… Y todo ello desde el primer momento, a pesar
de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por
ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los
enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.
Por el contrario, las víctimas
del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de
políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin
de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos
años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia.
Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del
franquismo es corregir esta enorme
injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las
víctimas de tanta ignominia. Comenzando por la anulación de las sentencias
represivas del franquismo, y la búsqueda y exhumación de las miles de fosas
comunes clandestinas existentes, pero exhumaciones judicializadas porque la
desaparición forzada es un delito de carácter permanente.
También se debe tener en consideración que la represión franquista no
sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años
inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se
extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977.
Múltiples
hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones
de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han
terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del
mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano. En consecuencia, no
renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los
derechos humanos, independientemente de su edad tal y como sucede en países de
nuestro entorno, como Alemania.
El Documento en el que hemos trabajado comienza con una Declaración de Motivos para justificar
la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea
necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la
necesidad del reconocimiento jurídico de
las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas
concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por
Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho
a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se
desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.
En el primer bloque, que titulamos “El Derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el
Deber de verdad de la sociedad española”, hablamos, entre otros temas,
ü De la retirada de la
simbología franquista
ü De declaraciones de
naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
ü Del Mapa de fosas de personas
desaparecidas;
ü Del tratamiento de los
lugares de memoria;
Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos
orientada a gestionar y garantizar el derecho de acceso a la información de
víctimas, investigadores y del conjunto de la sociedad.
En el bloque del “Derecho a la
Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
ü La Anulación de las
sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos
seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la
anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002).
ü La exhumación judicializada
de todas las fosas comunes del franquismo. Defendemos que la Ley de Víctimas
del franquismo debe manifestarse
expresamente contra la privatización y la
gestión administrativa de las fosas comunes consagrada por la Ley de
Memoria Histórica de 2007, por cuanto se tratan en primer lugar, de pruebas de
crímenes contra la Humanidad.
ü También consideramos que hay
que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de
la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la
humanidad, todo ello considerado dentro de una trama organizada, por lo que no
pueden seguir siendo tratados como delitos individualizados.
En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la
reparación material y/o simbólica de la amplia y diversa tipología de víctimas
del franquismo, así como la creación de un Consejo participativo en la cual
éstas, directamente o representadas por el movimiento asociativo, puedan
manifestar las reivindicaciones comunes y específicas.
ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en
Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día
de hoy 88 asociaciones y colectivos. Le
hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado,
la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas
antes de las elecciones de diciembre de
2015 y junio de 2016 como propuesta programática, con el objetivo de impedir que el debate
sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña
electoral.
La Estrategia seguida por las
organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa
institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las
reivindicaciones del movimiento memorialista en la presente legislatura. Hemos
realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples
reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…
En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta
la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra
Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. En Junio de 2017 se
celebró la 3ª reunión estatal del ENCUENTRO, y
hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta del
Encuentro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo hemos
adoptado una posición más avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977,
pronunciándonos a favor de una Declaración de Nulidad de la misma.
El próximo 24 de Noviembre se celebrará en Madrid la 4ªreunión estatal
del Encuentro, para analizar cómo seguir promoviendo la convergencia
estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a
esta problemática, en torno a una LVF. Queremos convencerlas de que las
múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tienen un
recorrido limitado, y que deberíamos aunar esfuerzos a partir de la Carta de
Vicálvaro y de las recomendaciones al Estado español de los organismos
internacionales de derechos humanos. Esta iniciativa se ha trasladado a las
diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida por lo
general, pero también con cierta distancia por la concurrencia con las diversas
iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos
desde que comenzó la legislatura. Ha
inspirado propuestas como el proyecto de IU, o el presentado en el Senado junto
a Compromís. Actualmente, en el proceso abierto para la reforma de la Ley de
Memoria de 2007 a raíz de la exhumación y traslado de los restos de Franco, se
están presentando enmiendas, fundamentalmente desde el grupo de Unidos Podemos,
que recogen diversas propuestas en al línea de nuestro proyecto de Ley de
Víctimas.
A pesar de las dificultades, creemos que si un amplio conjunto de
fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a
favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición
de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, significaría un triunfo para las víctimas
del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.
Desde nuestra apuesta por una Ley integral de Víctimas, opinamos que
el papel de las instituciones de ámbito autonómico y local debe ser respaldar ésta con las
políticas concretas que se puedan adoptar en cada ámbito de competencia, así
como promover las declaraciones institucionales de condena del franquismo y de
apoyo a los derechos de las víctimas, dentro de la línea programática
desarrollada por el Encuentro Estatal.
Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la
documentación, y mantener cauces permanentes de colaboración e información.
Muchas gracias.
