Mesa Redonda "La memoria democrática en la actual encrucijada". Fiesta del PCE 2019

29 de Septiembre. 13 h. Espacio Josefina Samper

La memoria democrática en la actual encrucijada.
Con Julián Rebollo, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Arturo Peinado, de la Federación de Foros por la Memoria, Chato Galante, de la La Comuna y Javier Moreno, de la Asociación Foro por la Memoria. Modera: Mauricio Valiente, responsable de Memoria del PCE.




Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradecer la invitación a participar en este acto a la dirección de la Fiesta y al Partido Comunista de España. También agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados.

ENCUENTRO

En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy cerca de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una Ley integral de Víctimas del franquismo, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas.  Estamos convencidos/as de que, independientemente de los procedimientos judiciales que se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son fundamentalmente políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y desarrollar otra, que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

El proyecto de LVF que hemos trabajado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También nos hemos basado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En qué consiste la propuesta de Ley de Víctimas del franquismo
El Proyecto se basa en dos ideas centrales:
1. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH sobre las víctimas del franquismo.
2. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.

Se debe tener siempre en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977. (El responsable de la Oficina de víctimas de la Comunidad de Madrid utilizaba el pasado martes el argumento del tiempo transcurrido, 80 años, para diferenciar a las víctimas del terrorismo de las del franquismo, con todas las consecuencias en cuanto a reconocimiento y derechos). En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos que están vivos, independientemente de su edad, tal y como sucede en países como Alemania.
En posteriores reuniones del Encuentro (2017 y 2018), hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta de Vicálvaro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo se ha adoptado, siempre por consenso, una posición más contundente sobre la Ley de Amnistía de 1977,  pronunciándonos a favor de la aprobación por el Parlamento de una Declaración de Nulidad de la misma.

La Estrategia seguida por el Encuentro ha perseguido que se plasmen en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista. Hemos realizado manifestaciones en Madrid, y celebrado múltiples reuniones, entregas el proyecto de Ley de Víctimas a dirigentes políticos y cargos públicos… Queremos convencer a las fuerzas políticas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que están presentando tienen un recorrido limitado, como se ha demostrado.
Esta iniciativa ha tenido entre las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales una buena acogida por lo general, pero también con escasos resultados, por la concurrencia con las diversas y dispersas iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos en estas legislaturas cortas. El borrador de LVF ha inspirado propuestas como el proyecto de IU de Junio de 2018, o el presentado en el Senado junto a Compromís.

A pesar de las dificultades, creemos que si un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, significaría un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.


Nos felicitamos por la decisión el TS del 24 de junio. La importancia real de la exhumación es relativa, pero tiene una fuerte carga simbólica. Supone un éxito del MSRM y confiamos en que llegue a buen término. Que se saque a Franco de Cuelgamuros constituye una modesta victoria, pero una decisión contraria del TS hubiera supuesto una derrota estrepitosa, casi definitiva. Que los Franco hubieran parado un Decreto-Ley aprobado en el Parlamento casi por unanimidad, hubiera sido una gran derrota democrática. Podemos sin embargo, esperar más acciones obstruccionistas en los tribunales, para frenar o retardar la exhumación.

El éxito se debe sin duda al movimiento memorialista. Por ejemplo: desde hace 12 años el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, junto a otros colectivos y organizaciones, viene realizando Concentraciones en la entrada del Valle cada 20-N. La denuncia y la presión del MSRM, que han terminado convenciendo y captando el apoyo para nuestra causa de buena parte de la opinión pública, y explica porqué Pedro Sánchez ha tenido que hacer lo que no hicieron Felipe González ni Zapatero.

El pasado miércoles, Iñaki Gabilondo dijo que esto era un final, pero disentimos: es sólo un avance en la lucha contra la impunidad del franquismo. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros, que pase por el desmantelamiento de simbología franquista; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; la resignificación del Valle como lugar de homenaje a los resistentes antifranquistas, a las víctimas, y especialmente a trabajadores esclavos. (Hace unos días el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado hablaba de que el Valle debía ser un lugar de homenaje y reconciliación entre ambos bandos. Suponemos que irá al Memorial de Auschwitz o al Museo del Holocausto de Jerusalén, a convencerles de que los reconviertan en un monumento a la reconciliación de los judíos y las SS).


Nos encontramos en una tesitura complicada: nos enfrentamos a unas elecciones, el 10 de noviembre, con resultado incierto.

La conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo andaluces, los acuerdos previos a la constitución del gobierno y las medidas que ya se están adoptando, muestran que las fuerzas gobernantes en Andalucía han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los inmigrantes y los refugiados. También en la memoria histórica, cuya reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación señala a los responsables de los crímenes cometidos, deja en evidencia el sistema de impunidad en que han vivido los autores, y explica, en buena parte, el status social y económico del que siguen gozando muchas personas, empresas e instituciones.

En la misma línea, y como especialmente grave, valoramos la Resolución aprobada por el Parlamento europeo el pasado 19 de septiembre: Todo un ejemplo de revisionismo histórico, falsificación histórica y manifestación anticomunista. Constituye un intento deplorable de equiparar el fascismo y el comunismo, minimizando y justificando los crímenes del fascismo nazi,  y al tiempo  silenciando la lucha de los comunistas por la libertad de Europa en la guerra mundial, su esfuerzo y sacrificios para la liberación de los pueblos de la opresión fascista, o el papel que desempeñaron en el avance de los derechos democráticos (políticos, económicos, sociales y culturales) de los trabajadores y los pueblos. La Resolución muestra que los poderosos siguen odiando y temiendo a algo que, según ellos, desapareció en la última década del siglo XX.

Hemos sacado un comunicado, colgado en nuestra web, que condena esta Resolución, e insta a los eurodiputados españoles que lo votaron o se abstuvieron, a una rectificación pública.

Nada más. Muchas gracias.

"El timo de la tercera España", por Javier Cercas

El timo de la tercera España
Javier Cercas. El País, 22 SEP 2019


Cuando una sociedad democrática se rompe es imposible quedarse en medio; mejor dicho, es posible —la cobardía obra milagros—, pero es un error.

NO SÉ DE QUIÉN fue la idea, pero ahora mismo goza de un crédito cada vez mayor. La idea es más o menos ésta: en la Guerra Civil ninguna de las dos Españas tenía razón, porque ambas —la republicana y la franquista— cometieron atrocidades sin cuento; la razón la tenía la tercera España: aquella que, como los dos bandos eran igual de malos, se declaró neutral. En esa inhibición, en esa equidistancia entre violencias opuestas se halla el germen de la España de hoy, cuya democracia ha logrado superar la lucha fratricida entre extremos inconciliables, y esa es la herencia que hay que reclamar.

¿Tiene esto sentido? Recapitulemos. En 1931 se instauró en España una democracia en forma de República que un lustro después fue víctima de un golpe de estado que provocó tres años de guerra y 40 de dictadura. Es verdad que, en 1936, la República era una democracia pobre y frágil, muy imperfecta —mucho más, desde luego, que la democracia actual—; pero era una democracia, así que, al menos para nosotros, afortunados ciudadanos de una democracia, no puede caber la menor duda de quién tenía la razón política en la guerra: quienes defendieron la democracia, no quienes la atacaron. Claro está que ni mucho menos todos los que pelearon por la República creían en la democracia, pero el caso es que pelearon por ella; claro está que los republicanos también cometieron atrocidades, pero el caso es que defendían el Gobierno legítimo de la República. O dicho de otro modo: antes de 1936 la tercera España no sólo era una posibilidad sino una urgencia (eso fue la República: un intento, tan torpe como se quiera, de forjar un lugar de convivencia pacífico para las llamadas dos Españas); pero a partir de 1936, cuando la democracia fue atacada y el país se partió por la mitad, la tercera España se convirtió en una ficción, en una fantasía, en un timo (y, en la práctica, en un respaldo a la España de Franco).

Es lo que ocurre siempre en situaciones extremas. En la II Guerra Mundial los aliados cometieron muchas atrocidades, pero ni Hiroshima ni los bombardeos de las ciudades alemanas autorizan a decir que los nazis y los Aliados eran igual de malos, y que quienes tenían razón eran los neutrales. También cometieron graves errores los Gobiernos que lucharon contra ETA, igual que el que se enfrentó a la intentona separatista catalana de 2017, pero eran ellos, que poseían la legitimidad democrática, quienes tenían razón, y no quienes se inhibieron, equidistantes entre los que defendían la democracia y los que, con muertos o sin muertos, intentaron acabar con ella. George Orwell, que luchó por la II República y denunció sus atrocidades, lo dijo así: “Cuando se piensa en la crueldad, miseria e inutilidad de la guerra (…) siempre es una tentación decir: ‘Los dos bandos son igual de malos; me declaro neutral’. En la práctica, sin embargo, no se puede ser neutral, y difícilmente se encontrará una guerra en la que carezca de importancia quién resulte vencedor, pues un bando casi siempre tiende a apostar por el progreso, mientras que el otro es más o menos reaccionario. El odio que la República española suscitó en los millonarios, los duques, los cardenales, los señoritos, los espadones y demás bastaría por sí solo para saber lo que se cocía. En esencia fue una guerra de clases. Si se hubiera ganado, se habría fortalecido la causa de la gente corriente; pero se perdió, y los potentados de todo el mundo se frotaron las manos. Esa es la cuestión de fondo; todo lo demás es apenas espuma en la superficie”.

Claro que es la cuestión, y por eso la democracia ­actual debe reclamar la herencia de la II República. Cuando una sociedad democrática se rompe es imposible quedarse en medio; mejor dicho, es posible —porque la cobardía obra milagros—, pero es un error: o se está con la democracia, por imperfecta que sea, o se está contra ella. Por supuesto, hay que evitar que una sociedad se rompa; pero, si eso ocurre, no queda más remedio que hacer lo que hizo Antonio Machado, que defendió la II República hasta el final, y que escribió: “Es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au-dessus de la mêlée”. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/12/eps/1568289398_832929.html

El Auto del Supremo, Junio de 2019

El Auto del Supremo

Artículo publicado en la Revista de la Plataforma Contra la Impunidad del franquismo. Septiembre de 2019

Arturo Peinado Cano    @apces

Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Madrid, Junio de 2019.

Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros es un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. Una verdadera democracia no puede permitir que se siga honrando a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internaciones de derechos humanos.

El pasado 4 de Junio el Tribunal Supremo decidió, por unanimidad, a favor de adoptar la medida cautelar solicitada por la familia Franco, paralizando la exhumación del dictador del Valle de Cuelgamuros y el traslado de sus restos, acción programada por el Gobierno para el 10 de Junio. Los intentos de la familia Franco de entorpecer y sabotear la salida de los restos de Cuelgamuros con la inestimable colaboración de jueces que muestran sin rubor su connivencia con el franquismo, suponen vejar y humillar a las miles de víctimas del franquismo, a sus familias y al conjunto de la sociedad.

Creemos que el Supremo hubiera debido rechazar la cautelar, puesto que la exhumación y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panteón de El Pardo no suponen un daño real para la familia. Además el proceso hubiera sido fácilmente reversible, en caso de que el alto Tribunal estime finalmente el recurso de los abogados de la familia Franco contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso de los Diputados. Pero el Tribunal ha ido más lejos argumentando en el Auto, que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que resulta de un cinismo insultante.

También ha levantado polvareda la frase del Auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita calificarlo como dictador.

Pero no se puede acusar al Supremo de incoherencia porque el Estado español jamás ha condenado ni ilegalizado al franquismo, como tampoco la democracia española se reconoce heredera de la legitimidad republicana. El número 1 de nuestro actual BOE fue emitido por los golpistas el 2 de Octubre de 1936; la legislación (vigente o derogada a día de hoy) que se promulgó desde el 18 de Julio del 36 y entró a formar parte del ordenamiento jurídico español, no fue la republicana sino la del Estado franquista.

También se equivocan periodistas e historiadores que han afirmado que Franco fue Jefe de Estado legítimo sólo desde que acabó la guerra: la legitimidad la tuvo siempre el Gobierno de la República en el exilio, disuelto por el Presidente Maldonado tras las elecciones democráticas de 1977. Recordemos también la contundente condena del franquismo por la ONU en 1946, asimilándolo a los regímenes de Hitler y de Mussolini.

La Justicia española es siempre garantista con los derechos de los victimarios, pero mira hacia otro lado cuando se trata de los derechos de las víctimas. El TS ha adoptado una resolución política, no jurídica. La democracia española seguirá pagando las consecuencias de no haber depurado en su momento a los franquistas de los aparatos del Estado, especialmente de la judicatura.

Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy la prueba de fuego de la calidad de nuestra democracia. El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura.

Uno de los argumentos que los abogados de los Franco han presentado al Supremo para impedir la exhumación es que, de llevarse a cabo, ésta les produciría unos supuestos daños morales. Al menos ellos sabrán siempre dónde está enterrado su abuelo, porque docenas de miles de familias de víctimas del golpe del 36 y de la dictadura no tienen reconocido ni pueden ejercer ese derecho.