domingo, 8 de octubre de 2017

Intervención en la Jornada "10º Aniversario de la Ley de Memoria y política municipal"


Jornada "10º Aniversario de la Ley de Memoria y política municipal"
Celebrada en la Diputación de Toledo  (7 de Octubre de 2017)


Para comenzar quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo.

Fundamentalmente, agradecemos  a la Diputación y a Izquierda Unida de Toledo que nos haya brindado la oportunidad de poder informaros sobre cómo vemos en estos momentos la situación de la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo.

El pasado 24 de diciembre,  al final del discurso de Nochebuena, el jefe del Estado, dijo: “son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. 

Este alegato explícito a favor de la impunidad y del olvido tiene una doble lectura: Por un lado expresa el rechazo del Estado español a cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas, como hizo la representación española en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.

En segundo lugar, que Felipe Borbón cerrase su discurso más importante de 2016 con dicha alusión, implica el reconocimiento de que las reivindicaciones del movimiento social por la memoria histórica y por los derechos de las víctimas del franquismo, es un debate que está hoy en la sociedad, en la política, y en los medios de comunicación.

Nuestra Federación, que ha participado en diversos procedimientos judiciales desde 2003, ha llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del franquismo es política, y debe generarse en el Parlamento, legislando, derogando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales de derechos humanos denominan “modelo español de impunidad”. Todo ello, independientemente de procedimientos judiciales que haya abiertos o se puedan abrir, aquí, o como los que se han presentado en Argentina o en México.

ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy 88 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado, la llamada CARTA de Vicálvaro, que no es de nadie en concreto pero es de todos, y que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

 La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en esta legislatura. Hemos realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…

El pasado 15 de mayo estuvimos en Barcelona presentando las propuestas del Encuentro al movimiento memorialista y a las instituciones (Ayuntamiento de Barcelona, Memorial Democràtic, Parlament). También estábamos interesados en conocer de primera  mano la llamada Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo que se aprobó el 4 de julio. Asimismo tenemos prevista realizar otra reunión similar con instituciones y organizaciones gallegas en Coruña.

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. Se ha trasladado a diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida, pero distancia por la concurrencia que se ha dado con múltiples iniciativas parlamentarias memoria histórica de varios grupos políticos.  Algunos, como En Marea o Compromís, sí se han manifestado públicamente a favor de una LVF.

El pasado mes de Junio se celebró  la 3ª reunión estatal  del ENCUENTRO,  y  hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo hemos adoptado una posición más avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977, pronunciándonos a favor de una Declaración de Nulidad de la misma.

Pretendemos promover la convergencia estratégica del MSRM y de la izquierda política en torno a una LVF. Debemos convencer a las fuerzas políticas democráticas de que ninguna de las múltiples iniciativas políticas particulares que se han venido presentando tiene futuro, y que deben aunar fuerzas a partir de la Carta de Vicálvaro y de las reivindicaciones y propuestas reales de las asociaciones memorialistas.

Somos conscientes de que con la actual composición del parlamento, una mayoría parlamentaria se pondrá del lado de la impunidad, tal y como pasó hace unos meses con la votación sobre las extradiciones de torturadores a Argentina. De cualquier modo, que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.



Ley de Víctimas del franquismo
Nuestra propuesta central como Federación, asumida por el Encuentro Estatal, se plasma en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Hemos organizado 3 debates en Madrid, 2 de ellos con expertos en Justicia Internacional y Derechos humanos en el Colegio de Abogados, y un tercero con responsables de MH de diversas fuerzas parlamentarias. Los tres debates se pueden seguir en Youtube.

El Proyecto LVF Se basa en dos ideas:

1. Que se niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base jurídica ni lógica (definición de víctima de NNUU) y hay que acabar con ello. 
2. Vemos indispensable que el estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

El Documento en el que estamos trabajando comienza con una Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del reconocimiento jurídico de las víctimas, y posteriormente garantizar la aplicación a las mismas de esos tres derechos, conforme al Derecho Penal internacional de los Derechos Humanos.

Buena parte del trabajo, se fundamenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.

La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias franquistas en nombre de una supuesta seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad de las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho inconcebible de que el estado de derecho no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.

Nuestra propuesta no consiste en una ley de víctimas de la guerra civil en general, es más, nos oponemos tajantemente a ello. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a titulaciones académicas; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios, etc… Pero sobre todo, recibieron un reconocimiento público prolongado, multiforme y unívoco.  Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ése fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudieran ser la plena vigencia de las sentencias represivas del franquismo, o la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Somos conscientes de que la tarea que se nos presenta es muy difícil. Hace unos meses el diputado Joan Tardà, el parlamentario más comprometido con las víctimas del franquismo y el movimiento social por la recuperación de la memoria, nos comentaba que queda muchísimo por hacer, pero que hemos metido un pie para impedirles cerrar la puerta. Que el esfuerzo de cientos de personas en muchos puntos del Estado español ha impedido que los vencedores de la guerra, de la dictadura y de la  Transición, diesen carpetazo a la memoria de los defensores de la República y de los combatientes antifascistas. No hemos conseguido desmantelar el sistema de impunidad, pero sí hemos impedido que se impusiesen definitivamente la impunidad de los crímenes franquistas, y las políticas de silencio y olvido propugnadas desde 1977.

Desde nuestra apuesta por una Ley integral de Víctimas, creemos que el papel de las instituciones de ámbito regional y local debe ser respaldar ésta con las políticas concretas que se puedan adoptar en cada ámbito de competencia, así como promover las declaraciones institucionales de condena del franquismo y de apoyo a los derechos de las víctimas, dentro de la línea programática desarrollada por el Encuentro Estatal de Asociaciones.

Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la documentación, y mantener cauces permanentes de colaboración e información.


Muchas gracias.

viernes, 8 de septiembre de 2017

"¿Están todas las víctimas siempre en nuestra memoria?", por Hugo Martínez Abarca




Cifuentes quiere utilizar el terrorismo para la propaganda partidista más ruin en un momento en el que se siente muy débil políticamente por el colapso de su gobierno

Hugo Martínez Abarca   - Diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid
El Diario, 05/09/2017 

Ha anunciado Cristina Cifuentes la aprobación de un proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo. Lo ha hecho con una explicación encomiable: "Aprobamos el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo, como garantía de que los madrileños no van a olvidar a los que perdieron la vida, resultaron heridos física o psicológicamente o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Las víctimas siempre en nuestra memoria".

Cifuentes ha demostrado en los últimos meses querer hacer del terrorismo un instrumento de confrontación partidista. En ningún momento se ha dirigido a los grupos de la oposición (al menos a Podemos) para construir juntos una ley como ésta y todo lo que ha hecho en los últimos meses ha sido organizar una campaña contra Manuela Carmena por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y responder al atentado de Barcelona y Cambrils diciendo que Podemos es "ambiguo" con el terrorismo yihadista.

Es, pues, evidente que Cifuentes quiere utilizar el terrorismo para la propaganda partidista más ruin en un momento en el que se siente muy débil políticamente por el colapso de su gobierno. Si en ningún momento es decente colocar el dolor por el terrorismo como trinchera propagandística, en este momento histórico sería una irresponsabilidad para el futuro de Madrid y de España, que tiene la oportunidad de mostrarse cohesionado y unido no sólo contra los crímenes terroristas sino contra todas aquellas violaciones graves de derechos humanos en contextos de violencia de motivación política que mantienen en nuestro país y singularmente en Madrid heridas abiertas que todavía no hemos sabido afrontar. La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.

Dos son los elementos que hacen pensar que ahora podríamos por fin abandonar la utilización política de las víctimas y del dolor, y construir una cultura de los derechos humanos en favor de la paz y la convivencia, además de ser útiles ante hipotéticos crímenes futuros

En primer lugar, afortunadamente hay episodios de nuestra Historia que podemos asegurar que no se van a repetir en un horizonte histórico razonable. El golpe de Estado de 1936, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forman parte de un pasado que colectivamente todavía no hemos sabido cerrar, como muestra que todavía haya asesinados sin enterrar o que Patrimonio Nacional ceda el Valle de los Caídos para hacer apología de la dictadura.

Sin embargo, la Asamblea de Madrid en 2016 aprobó una Proposición No de Ley (apoyada por Podemos, PSOE y Ciudadanos) que nos mandataba a los partidos y al Gobierno a legislar para que la Comunidad de Madrid afronte esa época tal y como nos viene recomendando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: cimentando nuestro país sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Incluso para el Partido Popular podría resultar una liberación catártica ponerse por fin a construir una memoria colectiva que no debe ser de parte: a nadie se le ocurriría en Alemania que un acto sobre el Holocausto es partidismo porque la sociedad alemana y todos sus partidos está unida en el recuerdo a las víctimas del nazismo y en contra del régimen de Hitler; nadie diría que la memoria reabre heridas porque todos son conscientes de que sólo la memoria permite cerrarlas.

Sobre otros crímenes como los de determinadas organizaciones ultraderechistas, la violencia durante la Transición, los crímenes de los GRAPO y otras organizaciones terroristas y fundamentalmente de ETA, podemos estar hoy en una situación análoga dado que tales organizaciones dejaron hace años de suponer la amenaza criminal que fueron. Obviamente, muchas (no todas) de las víctimas de estos últimos crímenes han tenido el reconocimiento que merecían pero tenemos la oportunidad de renunciar al partidismo con el que algunos intentaron desvirtuar su memoria para hacer del conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en distintos contextos, un cimiento de una sociedad cohesionada en la denuncia de los crímenes que ha sufrido.

En segundo lugar porque, pese a ello, el terrorismo sigue siendo una cruel amenaza como hemos visto en Cataluña este verano. La legislación actual llama a las administraciones autonómicas a regular cómo actuar en caso de un atentado terrorista: necesitamos protocolos de respuesta y atención a las víctimas para que nunca más tengamos que felicitar a nuestros servicios públicos por su buena gestión ante una situación no programada o, por ejemplo, para que no haya disputa en cuanto al tipo de homenajes que merecen las víctimas porque esté acordado legalmente. Madrid tiene la desgraciada experiencia del 11M y, dado el tipo de ataques del terrorismo yihadista que estamos viviendo, cabe pensar que una región fundamentalmente metropolitana como Madrid necesita extremar la prevención para evitar nuevos ataques y, en caso de producirse, tener protocolos claros para minimizar el efecto y optimizar la ayuda a las víctimas.

Madrid tiene muchas razones para protagonizar el primer gran paso hacia la unidad en defensa de los derechos humanos y de la cultura democrática y de la paz. Fuimos la ciudad que resistió al fascismo para admiración de todo el mundo, una región a la que la dictadura castigó severamente por ello, en la que se dieron luchas democráticas sin las cuales hoy no tendríamos los derechos de los que gozamos y que nos sirven de exigencia para mayores avances democráticos. También somos una Comunidad cuya Presidencia se ubica en el edificio de la DGS franquista, donde se detenía y torturaba a la oposición democrática sin que aún hayamos hecho común el recuerdo a las víctimas.

Somos también la Comunidad que sufrió crueles atentados terroristas, que prácticamente no dejan un barrio de la ciudad sin la memoria de un coche bomba. En nuestros trenes se dio la mayor masacre terrorista que ha sufrido Europa, con los 192 asesinados el 11 de marzo de 2004. Y somos una comunidad cuyo pueblo ha dado múltiples muestras de defensa de la paz y la solidaridad y que no merece ni que se use como instrumento de propaganda el terrorismo para atacar a quien se opone tanto como el que más a esos crímenes ni que haya quien busque excusas para no reconocer a las víctimas de la dictadura y condenar los crímenes de ésta.

Estamos ante un momento histórico que no merece el politiqueo más bajo sino que nos exige construir sobre valores democráticos un país cohesionado en defensa de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y que, lejos de arrojarse las víctimas a la cara con fines mezquinos, las ponga en el centro del futuro como pilar moral de una sociedad democrática en vanguardia de la defensa de los derechos humanos.

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Todas-victimas-siempre-memoria_6_683541654.html

"Los trenes chocarán y no morirán los maquinistas", por Carlos Hernández



El siniestro que se avecina va a ser duro, doloroso y dejará unas huellas con las que nuestro país tendrá que convivir durante décadas
La historia reciente de este conflicto comienza cuando Mariano Rajoy llenó las calles de España con mesas en las que se recogían firmas contra el proyecto de Estatuto para Cataluña, que solo servían para generar una honda catalanofobia

Carlos Hernández . El Diario, 04/09/2017

Llevamos más de cinco años anunciando, semana a semana, la gran colisión. Pocos desastres se han vaticinado con tanta antelación como este. Cada día, los medios de comunicación hemos ido retransmitiendo en directo como los dos trenes, procedentes de Madrid y Barcelona, se acercaban, uno a otro, a toda velocidad y transitando por la misma vía. Aunque algunos trataran de mirar para otro lado, todos sabíamos lo que iba a ocurrir si nadie lo remediaba. Y sí; ahora sí se va a producir el choque sin que ninguno de los irresponsables maquinistas haya querido evitarlo.

El siniestro que se avecina va a ser duro, doloroso y dejará unas huellas con las que nuestro país tendrá que convivir durante décadas. Cuando se produzca, los investigadores catalanistas y españolistas intentarán exculpar a su maquinista e incriminarán únicamente al conductor del otro convoy. Sin embargo, si actuara un forense verdaderamente imparcial que analizara el trayecto recorrido por cada tren, no repartiría las culpas por igual.

Aunque tendríamos que retrotraernos, como mínimo, 85 años para analizar sus raíces, lo cierto es que la historia más reciente de este conflicto arranca en enero de 2006. Eran los tiempos en que el Partido Popular seguía sin aceptar la derrota electoral que había sufrido dos años atrás y estaba dispuesto a todo por recuperar el poder lo antes posible. Fueron los tiempos en que Rajoy y los suyos culpaban a etarras, policías y socialistas de estar detrás de la masacre del 11-M. Fueron los tiempos en los que sus aliados mediáticos hablaban de agujeros negros, utilizaban como prueba de la responsabilidad etarra una cinta de la Orquesta Mondragón y hasta difundían la "exclusiva" de que Zapatero entregaría Ceuta y Melilla a Marruecos como contrapartida por el papel jugado por ese país en los atentados (mensaje a los más jóvenes: fue así, aunque pueda parecerlo no es broma ni ironía). También fueron los tiempos en que el PP se oponía en la calle y en el Congreso al matrimonio entre personas del mismo sexo; los gloriosos tiempos de sabotear el intento de alcanzar un final dialogado a la violencia de ETA porque no soportaban que la paz llegara a Euskadi de la mano de un presidente que no fuera de los suyos.

Fue en esos tiempos oscuros cuando Mariano Rajoy llenó las calles de los pueblos y ciudades de España con mesas en las que, supuestamente, se recogían firmas contra el proyecto de Estatuto para Cataluña, pero que en realidad solo servían para generar una honda catalanofobia. El entonces líder de la oposición no ocultó a los medios las razones de peso que le empujaron a montar aquella campaña: lo hago "porque me da la gana", dijo sin cortarse un pelo. Según el PP, cuatro millones de españoles desfilaron por esas mesas dispuestos a firmar lo que fuera contra Cataluña y a secundar el boicot al cava y al resto de productos catalanes que se alentaba desde radios, televisiones y diarios teledirigidos desde la calle Génova.

Pasado el tiempo, hasta el actual líder del PP en Cataluña, nada sospechoso de ser un peligroso independentista, ha reconocido que aquella performance "fue muy poco afortunada (…) y fue entendida en Cataluña como una agresión". Lo que no se ha atrevido a decir García Albiol es que la operación no fue una chapuza ni una improvisación que se le ocurriera a Rajoy de la noche a la mañana. Todo fue diseñado al milímetro porque el PP sabía que atacar a Cataluña le reportaría un buen número de votos. Por eso aquella campaña terminó con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut; por eso, después, los populares maniobraron torticeramente en el Tribunal Constitucional para contar con una mayoría de magistrados que tumbara la reforma. Y todo ello a pesar de que Rajoy era plenamente consciente de que el nuevo estatuto, de haber perdurado, habría diluido las aspiraciones soberanistas durante muchos años. El líder del PP sabía cuando lo hacía que estaba abriendo la Caja de Pandora.

Lo lógico hubiera sido que el tren que había partido desde Madrid hacia Barcelona en 2006, hubiera frenado su marcha en 2011 cuando el maquinista Rajoy ocupó por fin el anhelado despacho del Palacio de la Moncloa. Y así habría ocurrido, muy probablemente, si no hubiera tenido una espada de Damocles sobre su cabeza llamada Gürtel. Con una ETA rendida, el PP solo podía tejer una cortina de humo utilizando los colores rojo y amarillo de la senyera. Es aquí donde debemos buscar la respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho durante los últimos cinco años ¿Por qué no hace nada Rajoy para intentar buscar una solución dialogada al conflicto? Era por eso y solo por eso: al presidente le interesaba mantener muy viva la hoguera catalana.

El otro tren, por su parte, había permanecido parado ante la cómoda barrera que suponía el nuevo estatuto de autonomía. Sin embargo, en junio de 2010 el Constitucional no solo dinamitó esa barrera, sino que convirtió en papel mojado los votos del 73’9% de los catalanes que lo habían ratificado en referéndum. Sin freno, la máquina se puso en marcha, encontrando muy pronto un piloto inesperado y con una motivación extra, similar a la del maquinista rival: nada le venía mejor a la Convergencia de Artur Mas, gangrenada por la corrupción,  que azuzar el victimismo frente a España y subirse a un carro soberanista del que siempre había renegado.

El antiespañolismo y el anticatalanismo han sido empleados durante este lustro como excusa para ganar votos y tapar vergüenzas a uno y otro lado de "la frontera". Rajoy ha hecho de su Gobierno la mayor fábrica de independentistas; Mas y otros líderes del procés han alimentado la caldera de los nacionalistas españoles. Así llegamos a este mes decisivo en que los trenes chocarán sin que ya nadie pueda evitarlo. Habrá grandes daños y profundas secuelas, pero, paradójicamente, ninguno de los maquinistas saldrá herido; más bien al contrario, ambos seguirán empujando las locomotoras destrozadas mientras puedan sacar rédito político de las cenizas. Los dos pilotos intelectuales del desastre dejarán, eso sí, una herencia envenenada a quienes quieran reconstruir la convivencia entre Cataluña y España. No será fácil. Hará falta tiempo, mucho diálogo y valientes reformas legales. Será necesario también que las sociedades catalana y española no vuelvan a permitir que haya nuevos pilotos decididos a avivar la llama del odio interterritorial, dispuestos a apelar a los más bajos instintos para ocultar sus corruptelas y decididos a enfrentar a los ciudadanos para arañar, miserablemente, unos cuantos millones de votos.

http://www.eldiario.es/zonacritica/trenes-chocaran-moriran-maquinistas_6_683191693.html

"Patria asesina versus patria colectiva. Sobre la novela “Patria” de Fernando Aramburu", por Ramón Zallo


Patria asesina versus patria colectiva. Sobre la novela “Patria” de Fernando Aramburu

Ramón Zallo  Catedrático de la Universidad del Pais Vasco-EHU
Fuente: www.sinpermiso.info, 12 de marzo de 2017


La crítica literaria de la novela “Patria” de Fernando Aramburu supongo que la harán personas más competentes que yo por lo que, a este respecto, me limitaré a algunos comentarios de lector para centrarme más en el universo social y político que nos dibuja.

La batalla del relato político

Si la novela de Fernando Aramburu ha tenido tanto éxito de ventas y crítica y causado tanto impacto será porque algo ha hecho bien pero, sobre todo, porque –dada la interesada promoción y las críticas laudatorias, muchas de ellas muy exageradas tanto en lo literario como lo político- le ha venido bien al stablishment, especialmente en la llamada batalla por EL relato sobre la situación dramática que se ha vivido en el País Vasco, pero también en España en los últimos 40 años.

Una batalla en parte inútil porque siempre habrá relatos en plural, y el que plantea Aramburu es uno más y, por lo que explicaré luego, bastante parcial y maniqueo, que mezclando prejuicios y verdades absolutas que no lo son tanto, nos presenta un país irreconocible que se parece, en los comportamientos colectivos, más a la Sicilia de la mafia y la omertá que a la sociedad vasca permanentemente movilizada desde 1978 protestando por los desmanes de uno y otro lado.

Toda esta ausencia en la novela lo convierte en un relato escrito con las tripas, de parte y con bastantes amnesias. Aramburu se refiere a su novela como aportación “a la derrota literaria de ETA”. Con ese mimbre como hilo conductor difícilmente se puede hacer un relato espejo. De hecho no se ha esforzado mucho en documentarse (por ejemplo, en épocas pues abarca demasiados años o en hechos políticos relevantes como fondo) pues le bastaba su mirada ficcionando sobre una localidad dibujada como carcelaria, cobarde y cómplice de criminales.

La recepción de la “crítica”, sospechosamente unánime especialmente en la Corte, responde al imaginario que desde Mayor Oreja se aventó por los medios como modelo de relato para explicar lo que ocurría en el País Vasco: una lucha sin sentido de unos criminales que tenían atemorizada a toda la ciudadanía y que quería destruir el Estado de Derecho.

Aramburu así, confiesa no entender: “No hay tal lógica. Es todo un delirio y probablemente un negocio” (pg. 417). A pesar de los centenares de páginas que he escrito en mi vida analizando, criticando y denunciando las acciones y estrategias de ETA nunca la definiría como “una organización dedicada al asesinato en serie” (pg. 69) porque es un carril que no permite explicar casi nada salvo la aplicación del código penal.

Aramburu se fue a vivir a Alemania en 1985, con 26 años y la novela trata de un periodo posterior, que vivió a distancia y que reencontraba, supongo, en sus visitas a Donostia y, sobre todo, en toneladas de información y de artículos de columnistas dedicados a crear un relato con un imaginario inducido y que podría resumirse así: todo es ETA (la izquierda abertzale por supuesto y se ilegaliza; al igual que la euskalgintza –movimiento por el euskera- puesta bajo sospecha... y se cierra Egunkaria); la izquierda abertzale no tiene otra idea en la cabeza que la Patria como identidad asesina; el nacionalismo tradicional consiente, es cómplice y obtiene las nueces del árbol que zarandea la violencia y, de paso, es la fuente primigenia de la que bebió ETA; la sociedad vasca está chantajeada, acobardada y enferma; el Estado es el Derecho y la ley, y las Fuerzas de seguridad, hagan lo que hagan, su baluarte. Este imaginario está implícito unas veces, explícito otras, en el discurso de la novela.

Ese relato, tan lleno de circunloquios, pasa por negar que haya un conflicto vasco (habitualmente se le reduce a una cuestión de presencia de la ideología nacionalista en una mayoría poblacional) siendo el único conflicto el que ETA creó y el Estado respondió, cuando lo cierto es que había dos conflictos tan distintos como relacionados: el político y general, y el armado y particular de un sector aunque nos afectaba a toda la población. Aquel tipo de relato negacionista ha hecho mucho daño (como en Catalunya) y vale para evitar poner en cuestión la “integridad territorial” o permitir preguntarse por la salud de la democracia misma.

Eso sí que es patria (española) y patriotismo no confeso, porque se le pone a la unidad patria por encima de la democracia y del derecho a divorciarse de ella, cosa que no le pasa al patriotismo vasco (sin ETA) que se basa precisamente en la democracia (hoy negada) de preguntarse y aceptar el resultado.

El título mismo arremete contra la “patria” (ahora que Podemos la revindica incluso para España) como causa última de la violencia ocurrida, sin pararse a pensar en la diferencia entre las patrias culturales, sociales y políticas satisfechas, y aquellas que sienten la frustración de no poder decidir sobre la suya propia. La Transición sin ruptura democrática nos trajo la imposibilidad de decidir más que en los límites de una Constitución que en Euskadi no se legitimó, y está en la base de la autojustificación que se dieron ETA m, ETA pm y Comandos Autónomos para proseguir con la estrategia armada después de 1977 haciendo un flaco favor a la generación de un movimiento popular nacional de corte solo civil, aunque en algunos temas (Lemoiz, Autovía) ETA sí tuvo un rol  decisorio.

¿Se puede ridiculizar aquella frustración colectiva?. Claro!. pero al hacerlo se tocaron fibras muy sensibles porque afectaban a la identidad, al ser o no ser subjetivo, desde donde surgieron los demonios que hemos sufrido, invisibilizando el combate político colectivo y pacífico por una sociedad más libre e igualitaria y por unas instituciones más decentes que las del Estado.

Los ausentes
Aramburu nos describe en su libro, lo que ya comenzara en los relatos cortos de “Los peces de la amargura” (2006). Nos narra el sufrimiento oculto de las víctimas de ETA, el miedo al atentado, su aislamiento social en algunos lugares o el vacío a los familiares. Sin embargo lo hace desde el dibujo de un mundo dual en el que solo están ETA + Izquierda Abertzale versus candidatos a víctimas a las que no puede proteger el Estado y, en medio, como un coro mudo y comparsa, el miedo, la cobardía y el silencio general. Solo dos bandos y un solo conflicto (demócratas –violentos).

No fue así porque hace desaparecer del escenario al principal protagonista que siempre ha sido la inmensa mayoría de la sociedad vasca: las bases votantes del PNV, la capacidad reactiva del socialismo guipuzcoano, fenómenos como Elkarri o Gesto y su movilización constante, la trama amplísima de sociedad civil, mucha base de las izquierdas  abertzales que renegaba de ETA, los resultados electorales, las instituciones funcionando, las decenas y decenas de manifestaciones o concentraciones contra atentados y secuestros de ETA ya desde finales de los 70.

Todo ello está alejado del unanimismo social proetarra o acobardado que se dibuja injustamente, aunque también es cierto que esa sensibilidad –que ni siquiera estaba presente en las filas socialistas en los 80- para el sufrimiento de una parte de las víctimas, comenzó solo a principios de los 90 cuando además de militares, policías y guardias civiles, y supuestos colaboradores y narcos, pasaron a ser víctimas también empresarios y políticos electos. Quizás influyó –es una hipótesis- que la amenaza se cernía sobre la propia urdimbre social y no solo sobre la gente de armas, vista como un cuerpo social ajeno.

En la novela no hay ni rastro ni eco de una sociedad movilizada por causas varias (Autovía, OTAN, objetores, huelgas obreras…) desde los 70 hasta los 90 mientras en España se vivía el desencanto, la pasividad y la anomia social. No están la movilización contra las violencias de cada momento ni los ensayos sociales para erradicar a ETA o avanzar en el derecho de decisión (Lizarra 1998, Loiola 2006…). La sociedad vasca ha sido durante décadas la más viva, de mejor criterio y más politizada de todo el Estado.

Así que la intención de introducir el sentido de culpa colectiva, como en Alemania tras el nazismo (Juaristi, Savater, Varela...) debería pinchar en hueso porque la película narrada es una fantasía, eso sí con pinceladas de verdad, hasta confeccionar un discurso de posverdad. Lo siento, pero las culpas a los que las tengan; y está bastante distribuida aunque en distinta dimensión, entre los autores de hechos inapelables (muertos, heridos y amenazados) bastante más producidos en una parte (ETA) que en otra (GAL y abusos policiales) pero, sobre fondos contextuales (no justificativos) de un Estado y partidos de orden sosteniendo una democracia de bajo perfil, con derechos negados de forma reiterada frente a voluntades colectivas y mayoritarias.

Se podrá decir que la de Aramburu es solo una historia local, (aunque no la mencione parece Hernani), sin pretensión de retrato general de Euskal Herria, pero lo desmienten la significación del conjunto de localidades elegidas para la trama (a añadir Rentería y Donostia), los personajes, las relaciones sociales descritas, el cura, los etarras, la izquierda abertzale, los acontecimientos del antes y después, las vivencias de los personajes de origen español, el accidente de los familiares del preso, la presencia de la tortura o el discurso vicario del propio escritor en el alegato para una causa general (pg. 551) sobre los años de plomo.

Pero para ser justos, hay otro esquematismo maniqueo que se manejó en uno de los otros bandos, y fue el de la izquierda abertzale, hasta fechas cercanas con sus “conmigo o contra mí”. Recordemos. Tras el distanciamiento social por la bomba de Hipercor (1987), el Pacto antiterrorista de Ajuria Enea (1988) y el fracaso de Argel (1989), la izquierda abertzale oficial intentó la recuperación de la hegemonía social perdida al final de los 80 (en lenguaje, imaginarios, actitudes y raíces sociales). 

Pero recurrió para ello a un terreno imposible y que chocó con la sociedad: la coacción social (contramanifestaciones o contra concentraciones con visos de enfrentamiento social) y la kale borroka, amparadas en la pretensión de “socialización del sufrimiento” que propugnaba la ponencia Oldartzen de HB (1994). Las acciones de ETA en esa década pasaron a ser menos numerosas, más selectivas y de más impacto tales como los secuestros prolongados y muy dolorosos para la psique social, culminando con la barbarie del secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. El resultado fue el choque frontal con la sociedad vasca casi entera, la ofensiva antinacionalista de Mayor Oreja y Redondo Terreros que fue vista como una amenaza por el nacionalismo moderado y el surgimiento del acuerdo de Lizarra en 1998 (nacionalistas, Ezker Batua, izquierda radical, organizaciones de sociedad civil) que trajo una tregua de año y medio pero no la paz.

Trama que atrapa y personajes dudosos
La novela es eficaz, de las que atrapa al principio –luego bastante menos-, revela sufrimientos, interpela, hace sentir y solidarizarte, con personajes variados y múltiples tramas derivadas. De estilo ágil, de capítulos cortos y frases aún más cortas y lenguaje rotundo y austero, sus excesivas 640 págs. se leen unas veces con facilidad, y otras con dificultad, por los problemas para reconocer épocas, sus continuos flashbacks, sus cortes a veces artificiosos, sus bastantes reiteraciones y dèja vus en la propia novela o un narrador que, a veces, no se sabe quién es. No es “un libro que durará para siempre” como se ha dicho.

Los dos personajes principales (Bittori y Miren, las temibles matriarcas, esposas de unos maridos simplones pero buena gente) a veces parecen el mismo personaje (en versión perversa- abertzale la una y taimada la otra). Rinden culto al mito del matriarcado pero, por excesivas, no reconocemos ahí a nuestras madres aunque es más que lícito en una novela.

Entre los que son más burdamente descritos están ¡casualidad¡ el militante de ETA Joxe Mari y sus amigos, de los que dibuja una cruel caricatura (pg. 172). Les despoja de humanidad e inteligencia sin reconocer su militancia y sacrificio –estén equivocados o no- convertidos en puros matones, criminales y llenos de testosterona (pg. 440) o de competitividad (“ganar puntos en la organización“ pg. 495) o manteniendo conversaciones increíbles entre dos miembros de ETA (“cuando tengamos la sartén por el mango entonces bailarán al son de nuestra música”, pg. 496). La verdad es que Aramburu no hubiera dibujado así a los militantes socialistas y comunistas de los años 30 que, por cierto, con frecuencia se liaban a tiros con los del PNV, y viceversa.

Mucho alejamiento de la realidad tiene Aramburu cuando les atribuye actitudes de homofobia (pg. 582 y 621) que están radicalmente proscritas del ideario abertzale desde hace muchos años (“La muerte de Mikel” de 1984 fue el antídoto). Al igual que el dibujo de xenofobia anti-inmigrado español (pg. 173) hace poca justicia a los intensos mestizajes de la población vasca ya desde los 50, mucho más intensos, por ejemplo, que en Catalunya; ello al margen de que en las mentalidades más tradicionales queden restos del maketismo y que Aramburu nos trae a colación (“No es vasca pero bien”, o sobre la fisioterapeuta que no habla euskara “pero en este caso no importa“, o con la ridícula paga a la asistenta latinoamericana Celeste “son pobres. Ella 
En ningún momento trae a colación el componente de izquierda en el ideario de la izquierda abertzale. Incluso el único sindicalista que aparece en el libro -de LAB- lo dibuja como un canalla desagradecido, matón y estúpido que pasa información sobre su propio patrón (pg. 447) sin percatarse de que si lo matan perderá el puesto de trabajo.

Peor rollo se trae con el odioso cura Don Serapio, con un perfil imposible de justificador de la lucha armada (pg. 313 ) y culpabiliza a Bittori por ser víctima, recomendándole que no vuelva al pueblo a pesar del alto el fuego de 2011 para “no entorpecer el proceso de paz” (pg. 120). En fin, cartón piedra. Y desde luego no hace justica a la Iglesia popular vasca que, si en el franquismo fue fuente de rebeldía, en democracia propugnó en su muy inmensa mayoría la no violencia, compatibilizada con la defensa de los derechos políticos de la colectividad. Seguramente junto a la sociedad civil potente y que se enfrentó al Estado y a ETA, fue un factor que impidió que nos convirtiéramos en una comunidad inviable y fracturada y preparó el camino al fin de ETA que, aunque les cueste a algunos aceptarlo, ha sido menos (que también) una derrota policial que el resultado de un aislamiento social, incluido el riesgo de marginación y de fractura que la izquierda abertzale percibió ya en 2004 (discurso de Otegi). Ahora bien ¿puede haber un cura descerebrado como Don Serapio?. Puede, pero éste lo ha fabricado Aramburu como personaje.

Indicativo de la mentalidad de Aramburu es atribuirle al obispo (y no puede ser otro que Setién) sin venir a cuento como personaje que “este señor solo practica la misericordia con los asesinos” (pg. 489) lo que es una calumnia para quienes hemos seguido (desde el ateísmo) su ponderada e incómoda trayectoria y su amplia y digna obra escrita.

Otros personajes (Arantza, Xabier, Nerea, Gorka…) tienen perfiles más cercanos y reconocibles. Y todos ellos mediante trazos rápidos y eficaces aunque sin las finas profundidades sicológicas de los personajes de Ramón Saizarbitoria, por ejemplo.

Un debate sobre la responsabilidad de escritores y periodistas
Cito a Saizarbitoria con intención, porque en su debate-encontronazo con Aramburu en 2011 (Feria del Libro de Guadalajara) y reiterada en un debate el 4-11- 2016, este último dijo que «los escritores en lengua vasca están subvencionados y no son libres» mientras que «Yo puedo explicarme con total libertad». ¡Vaya injusta arrogancia!. No mencionó que, de partida, sus colegas y compatriotas voluntariamente se han empeñado en crear desde una literatura casi inexistente, que se ciñen a un primer “mercado natural” de un millón de hablantes en euskera (que en realidad solo una muy pequeña parte lee novela en euskara) mientras que el mercado potencial de Aramburu supera 470 millones de hablantes, además de tener más facilidades para ser traducido a otros grandes idiomas con accesos a muchos más premios y editoriales.

Estuvo fuera de lugar por su parte reprochar en ese debate que la violencia no ha golpeado por igual a unos (escritores euskaldunes) y a otros (autores en castellano) como si los autores se hubieran decantado idiomáticamente para protegerse, o habría que culpabilizarse por no haber sido objetivo de ETA, o no habría habido denuncias severas desde ese campo (Atxaga, Lertxundi, Muñoz, Zaldua, Cano o Saizarbitoria) en los peores años de plomo, arriesgando ser vistos como equidistantes (y boicoteados) en “Madrid” (como le pasó a Julio Medem por su valiente “La pelota vasca”) y, al mismo tiempo, perder lectores en euskera -muchos de ellos de izquierda abertzale-. Al fondo -y lo dice uno que piensa que también hay una (buena) literatura vasca en castellano- los complejos o las fobias sean idiomáticas, culturales o patrióticas… son malas consejeras.     

El comentario anterior viene a cuento. En su novela Gorka y Ramuntxo, periodistas de una emisora en euskara de Bilbao de la época (solo había una en Bilbao y era de la Iglesia) peroran: “¿Te imaginas que tú y yo condenáramos mañana en la radio el asesinato de hoy? Antes del mediodía nos habrían cortado la subvención o nos pondrían de patitas en la calle” (pg. 462). Esa foto es tan imposible como injusta. Falsa porque es inconcebible que Gobierno Vasco o la Diputación de Bizkaia (PNV) pudieran condicionar subvenciones a no denunciar a ETA cuando las propias instituciones lo hacían. Injusta porque mayoritariamente el periodismo –en castellano o euskera- hilaba más grueso que fino frente a ETA también en la época y todos los días, fuera por convicciones o fuera porque le temían más a los dueños de los media, muy mayoritariamente decantados no solo contra ETA sino contra el nacionalismo. Es no conocer el país del que habla.

Precisamente lo que se echó más de menos en la época fue un periodismo comprometido y sin equidistancias que mirara al fondo de los conflictos: las violencias, incluida en primer lugar la de las organizaciones armadas, y la degeneración del estado de Derecho, que se profundizó con la bendición moral de algunos intelectuales antaño rojos y luego blancos, con su rendición a Leviatán. Algunos (Ortiz, Ferrer, Ibarra, Estornés, Lasagabaster, Yanke, Zallo…), por ejemplo, lo intentamos hasta entrando en el consejo editorial en el primer El Mundo de El País Vasco (1994-1996) hasta que vino la alianza Aznar –PedroJota. Y tantos otros que podría enumerar, Portell entre otros (otro puente).
Hechos dolorosos a recordar

¿Se mató a empresarios por no pagar la extorsión? Sí, aunque en el caso de Txato no encaja que no tuviera vía para negociar su situación.

¿Hubo miedo?. Sí y mucho, y afectó a muchos de nuestros compatriotas que debían llevar escolta incluso cuando quedábamos a comer. En mi caso cuando asesinaron a Lluch (2000) -con el que compartí tertulia radiofónica el mismo día que le mataron- empecé a mirar durante meses debajo de mi coche, porque también asumía una cierta condición de puente entre las banderías. ¿En la estrategia de fuga hacia delante de ETA estaba la de volar los puentes? A saber. La reacción social fue tan contundente y sana, especialmente en Catalunya, que ese camino se cegó.

¿Hubo espiral del silencio? (“Nunca hemos sido nacionalistas. Pero es mejor que aquí nadie se entere” (p 126). Sin duda y más especialmente en algunos pueblos. Pero de ahí a que nadie, ni los trabajadores, fueran al entierro de Txato o que la gente no sepa o sospeche cómo piensa el de al lado incluso en los pueblos pequeños, o que el vacío a un amenazado y a familiares sea general, es donde ya se entra en un territorio imaginario.

Y si miráramos también al otro lado ¿Hubo hostigamiento policial y judicial con suspensión del Estado de Derecho para una franja social entera: la “izquierda abertzale”, más allá de ETA? Lo hubo. La población en general vivimos traumatizados años y años por las acciones de ETA y por las respuestas del Estado que no distinguía entre derechos y represiones mientras la Justicia tampoco hacía (hace) honor a su nombre.

Llamativamente -y hay que agradecerle a Aramburu la valentía- como autor nada sospechoso describe con detalle (p 505-509) el calvario de la tortura y deja ver que era sistemática y rutinaria, en Intxaurrondo y la Dirección General  de la Guardia Civil de Madrid, incluyendo la mecánica del médico forense garantista para llamarse “andana” ante la piltrafa machacada que tiene delante, o del juez instructor (Garzón fue de esos) que ante la queja del torturado contesta con un aquí no toca: “presente la denuncia correspondiente en el juzgado”(510). Tantos años los “constitucionalistas” españoles y vascos mirando a otro lado a pesar de 5.000 denuncias alegando que denunciar era una consigna de ETA y ahora resulta que uno de los suyos dice que sí, que era así, y que el Estado de Derecho tenía sus cloacas y que las 9 condenas por torturas en 40 años nos hablan de otra espiral de silencio. A Aramburu si le creerán pero seguro que no se investigará.

Se cierra el círculo narrativo de la novela con la figura del arrepentimiento (y la ambigüedad sobre el perdón) simbolizado en las consecuencias de la violencia y en la vida fracasada de Joxe Mari. La cárcel cumple su función redentora-destructora personal y su objetivo político de vencedores y vencidos. Michel Foucault lo tenía claro.

La sociedad vasca es consciente de que los errores estratégicos, gravísimos hasta el crimen, de ETA pueden ser una vacuna social para un nunca más, y que es posible escribir el presente y el futuro con otros mimbres tejidos desde la centralidad de los derechos humanos y la pura fuerza social y política. Quizás la izquierda abertzale llegue algún día a la conclusión de que lo mejor de su corriente era su gente y su peso social, sin que necesitara al primo de Zumosol que, ya desde fecha temprana, la maniató pasando a ser su problema y no parte de la solución.

De hecho, está recuperando poco a poco peso y, al lado, apoyando un giro social a la izquierda, milita otra corriente nueva –Podemos- con su propia filosofía. ¿De quién es la derrota entonces? Hay que acotarla porque ese Ícaro vuela de nuevo, tras liberarse del plomo y sus alas negras, y volará más ligero y alto si hace memoria sincera y liberadora sobre lo que pasó. Y si no lo hace, lo haría la Comisión de la Verdad que proponemos desde las organizaciones memorialistas partiendo de la fecha en la que se iniciaron los crímenes de lesa humanidad: 1936 a 1977, y a las que acompañaron violencias injustificables y sin cuento hasta llegar este momento, 2017, en el que pueda cerrarse el relato plausible y diverso sobre lo ocurrido, y alumbrar otra convivencia y otro futuro. 

http://www.sinpermiso.info/textos/patria-asesina-versus-patria-colectiva-sobre-la-novela-patria-de-fernando-aramburu

"Las víctimas del PP", por Antón Losada



Que el PP intente sacar ventaja de las víctimas del terrorismo etarra no resulta sorprendente. Lo llamativo es la facilidad con la que todos le dejamos que lo siga haciendo

Antón Losada 11/07/2017 -

Los viejos hábitos siempre resultan difíciles de abandonar. El Partido Popular está tan habituado a utilizar a las víctimas del terrorismo etarra que no ha podido resistir la tentación de apropiarse de manera partidista del aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Además, ha encontrado en Ciudadanos ese socio de gobierno entusiasta y también siempre dispuesto a hacer caja electoral con las víctimas y con lo que haga falta.

Todos los fantasmas y demonios de los 'populares', desde la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a los nacionalistas de más variado signo y origen, se han visto sometidos a los burdos y descarados intentos de convertir los actos y gestos de homenaje al concejal asesinado y el espíritu de Ermua en juicios sumarísimos por traición, equidistancia, complicidad o bajeza moral, jaleados por ese habitual coro mediático viril y cipotero, siempre dispuesto a llamar gilipollas, cobardes, miserables e hijos de puta a todos los que no piensen como ellos.

Que el PP intente sacar ventaja de las víctimas del terrorismo etarra no resulta sorprendente. Lo llamativo es la facilidad con la que todos los demás le dejamos que lo siga haciendo.

Cuesta entender la docilidad con que las restantes fuerzas política permiten que las señale impunemente con su dedo acusador el mismo partido que utilizó la Fundación Miguel Ángel Blanco para falsear facturas y pagar de manera irregular actos electorales, o ha empleado el terrorismo para justificar e incluso legitimar pagos en B. Lejos de hacer causa común para denunciar y exponer la desfachatez y el cinismo exhibido por el PP a la hora de acusar a los demás de miseria moral, cobardía o desprecio a las víctimas, lo normal parece ser oírles correr a sumarse a la turba indignada para ver si pueden cazar algunas migajas, sea en titulares o sea en votos.

Cuesta entender la pasividad y la falta de valor de una parte de la opinión pública y publicada para decir, alto y claro, que al Partido Popular sólo le interesan las víctimas que puede rentabilizar de manera partidista o puede emplear para desgastar a sus adversarios políticos.

No le interesan la víctimas del accidente de metro de Valencia ni las víctimas de Angrois, a quienes ignora y agravia sistemáticamente con su indiferencia y falta de empatía. Tampoco le preocupan las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, a quienes prefiere mantener enterradas en las cunetas. Tampoco le inquietan las víctimas de la Hepatitis C y sus recortes sanitarios, investigadas por la justicia en Galicia. Mucho menos le ocupan o le afectan las víctimas de la política migratoria y las pelotas de goma. Para todas esas víctimas no hay memoria ni dignidad, sólo silencio y olvido.

http://www.eldiario.es/zonacritica/victimas-PP_6_663943618.html

martes, 15 de agosto de 2017

"El olvido y la impunidad son los pies de barro de una democracia", por Benjamín Prado


El olvido y la impunidad son los pies de barro de una democracia

Benjamín Prado . InfoLibre, 15/08/2017 


“La justicia consiste en elegir: estás de parte del asesino o estás del lado de sus víctimas”.

Hace algunos años, publiqué una novela titulada Operación Gladio que, envuelta en el ambiente de una historia de espías, hablaba de nuestra famosa Transición, un episodio que en aquel libro se definía como un triunfo de todos que también tuvo sus perdedores. En ella se reflexionaba sobre el trato injusto que recibieron, cuando regresó la democracia a España, algunos de los derrotados, especialmente aquellos que habían mantenido la resistencia, al menos ideológica, contra una dictadura sanguinaria que llamaba Cruzada Nacional a lo que no fue más que una feroz tarea de exterminio contra personas indefensas, llevada a cabo por el grupo terrorista Falange Española y de las JONS, con el apoyo de las fuerzas del Estado, transformadas en una máquina represiva por la dictadura. Hubo miles de asesinatos y, en consecuencia, miles de criminales, pero nadie ha pagado por aquellos delitos, ni siquiera uno de los pistoleros de camisa azul, todos regresaron tranquilamente a sus vidas o, en muchos casos, a las de los demás, dado que ocuparon los puestos y requisaron los bienes de los profesionales de toda índole a los que habían pegado un tiro en la nuca y enterrado en una cuneta o empujado al exilio; pero nadie les pidió explicaciones, los verdugos quedaron impunes; los torturadores fueron condecorados incluso después de la muerte del matarife en jefe, el funeralísimo, como lo llamaba el poeta Rafael Alberti, que en pleno siglo XXI sigue teniendo su vergonzoso monumento en la sierra de Madrid, el tétrico Valle de los Caídos, y entre otras cosas, la propiedad del Pazo de Meirás, en Sada, A Coruña, un palacete de estilo románico que disfrutan sus herederos, financia la Xunta de Galicia y sirve para enaltecer la figura del que fue a lo largo de cuatro décadas el mayor cáncer de un país que, en algunas cosas, aún paga el precio de haber dejado que semejante indeseable muriese tranquilamente en su cama del hospital de La Paz.
  
En aquella novela se recreaba la historia real de los familiares de algunos ciudadanos ejecutados ilegalmente, arrojados a una fosa común, profanada unos años más tarde su terrible sepultura y llevados sus restos al Valle de los Caídos, y a los que cuando pidieron sacar de aquel lugar ignominioso a sus abuelos, madres o padres, se los trató de alborotadores, fueron acusados de reabrir las heridas que, según ellos, provocaron la Guerra Civil y no se sabe si también, por extensión, los abusos, violaciones y homicidios que se llevaron a cabo por parte de los sublevados hasta el último momento de aquella larga y oscura noche.
  
Y también se cuestionaban en Operación Gladio algunos prestigios en mi opinión desproporcionados, como el de Dionisio Ridruejo, buen prosista y mal poeta, teórico del fascismo y cortesano con yugo y flechas bordado sobre el corazón, que si es cierto que se distanció pronto, como muchos de sus compañeros de armas e ideas, del golpista de El Pardo, no fue porque no reinstaurase el sistema tras su triunfo, ni el democrático ni siquiera el monárquico, sino porque el nuevo régimen no se quería basar en las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Él evolucionó, como algunos otros, y el papel que jugó como referencia tiene su mérito, pero de ahí a convertirlo en uno de los padres de la libertad recuperada, como se ha hecho con frecuencia, hay un mundo. La novela fue atacada con saña, desde la derecha y desde la izquierda, y tuve la impresión de haber levantado un antifaz que no convenía, tal vez porque aquí la palabra reconciliación no está muy lejos de la palabra olvido. Punto final, borrón y cuenta nueva, aquí paz y después gloria... Desde entonces, hay un título que suelo repetir en mis conferencias: si no quieren que la cuentes, es que es una buena historia.

Ahora, en 2017, continuamos hablando del viscoso general, porque resulta que el Pazo de Meirás sigue en manos de sus herederos y la Fundación Franco recibe ayudas públicas para que pueda continuar encomiando al canalla. El año que viene publicaré una nueva entrega de la serie protagonizada por el maestro Juan Urbano en Mala gente que camina, la propia Operación Gladio y Ajuste de cuentas. Como adelanto, les dejo este fragmento que viene que ni pintado para la ocasión:  “Cuando en plena Guerra Civil un grupo de aduladores decidió regalarle al jefe de los sediciosos la antigua casa de la novelista Emilia Pardo Bazán, el célebre Pazo de Meirás, su esposa se presentó allí un día acompañada por dos militares y un sacerdote, subió a la Torre de la Quimera, empezó a abrir displicentemente burós y arquetas llenos de originales de la autora de Los pazos de Ulloa, se entretuvo en leer algunos fragmentos de sus diarios inéditos, unos apuntes de viajes y varias cartas; “y de pronto, se puso pálida”, según contó después uno de los testigos de la escena y recogen las biografías de la escritora, “echó a andar hacia la salida con pasos coléricos y mientras se colocaba los guantes su voz restalló como un látigo: ¡Que se quemen los papeles que hay en los cajones! ¡Todos!” Había echado al fuego la correspondencia privada de la condesa feminista con Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Vicente Blasco Ibáñez y muchos otros.” Esto es lo que hubo y es lo que aún hoy defienden algunos.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/2017/08/15/el_olvido_impunidad_son_los_pies_barro_una_democracia_68608_2002.html

"La destrucción de la plaza de toros de Badajoz", por Francisco Espinosa Maestre




La destrucción de la plaza de toros de Badajoz

"Bien pensado, el palacio de congresos se podía haber hecho en otro lugar. La plaza de toros debió restaurarse parcialmente, dedicando espacios a la historia y la memoria y dejando el resto para fines culturales"
"Ahí podía haber ido el gran archivo nacional sobre el golpe militar, la represión y la guerra civil, cuya creación fue una de las reivindicaciones del movimiento pro memoria y que la investigación histórica tanto hubiese agradecido"

Francisco Espinosa Maestre
eldiario.es Extremadura,12/08/2017


El primer deber de la democracia es la memoria                                                                            
Pierre Vidal-Naquet, historiador


Han pasado ya casi dos décadas desde que tuvo lugar el gravísimo atentado arquitectónico e histórico contra la plaza de toros de Badajoz. Arquitectónico por tratarse de una plaza enclavada en el sistema defensivo de la ciudad e histórico por haber sido escenario de un hecho clave y simbólico a las pocas semanas de producirse el golpe militar de 18 de julio de 1936.

Tal despropósito se justificó en su momento en que prácticamente ya no había nada dentro, solo ruina. Pero basta revisar viejos documentales accesibles por Internet para saber que dicha afirmación es falsa.

Aquel lugar, uno de los símbolos más reconocidos, dentro y fuera de nuestro país, de la resistencia democrática y del terror fascista fue sustituido por un palacio de congresos de esos que abundan en España con o sin sentido (solo en Extremadura hay cinco).

Podría haber sido construido en cualquier otro lugar de la ciudad pero alguien decidió que debía estar precisamente ahí. El presupuesto oficial fue de mil quinientos millones de pesetas, generosamente proporcionados por los fondos europeos, pero en realidad debió costar costó bastante más.

El responsable de tal hecho fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Esta decisión personal tiene relación sin duda, como luego veremos, con su visión de la “guerra civil”. El entonces presidente de la Junta de Extremadura Rodríguez Ibarra no contempló en ningún momento la permanencia de aquel monumento.

El supuesto mal estado de conservación era una excusa. Se trataba de un edificio catalogado y con protección estructural del que el mismo Luis Pla, que llegó a hacer una propuesta sobre su conservación y uso, reconocía que había sufrido durante años intervenciones diversas no solo desafortunadas sino ilegales. Nadie sabía qué hacer con él. Ni el PSOE en los doce años en que controló tanto la alcaldía de la ciudad como la presidencia de la Junta (1983-1995) ni, por supuesto, el PP, que aún mantiene la alcaldía desde entonces.

O sea que la responsabilidad del estado en que llegó la plaza a 1998, cuando Rodríguez Ibarra decidió su final, fue consecuencia tanto del abandono en que estuvo desde que se dejó a su suerte en plena dictadura al construirse otra en 1967 como de la actitud del PSOE en esos años en que pudo hacer algo. ¿Imaginan lo que debió pasar por la cabeza del alcalde Celdrán cuando Rodríguez Ibarra le comunicó su idea? Lo que la derecha pacense no se había atrevido a hacer en décadas ahora venía de la mano del primer dirigente regional del PSOE, el partido más afectado por las matanzas fascistas. Cabe preguntarse si existe relación alguna entre el PSOE de entonces y el de ahora aparte de la coincidencia de siglas.

Todo parece indicar que la plaza fue destruida por una cuestión ideológica: se trataba simplemente de un símbolo que había que arrasar, de un elemento negativo que convenía que desapareciera de la ciudad, llevándose de paso consigo los recuerdos que concitaba. Al presidente Ibarra no le gustaba ver aquello allí y, teniendo por base su idea de lo que era la superación del pasado y la reconciliación, y sintiéndose el intérprete de todos los extremeños y de todos los españoles, decidió su destrucción.

La plaza de toros era un lugar de memoria de similar importancia a la de otros que se conservan en Europa y que por supuesto nadie osaría destruir. Sin embargo, frente a la frase de Vidal-Naquet que encabeza el texto, la cúpula del PSOE decidió que el primer deber de la democracia era el olvido, lo cual encontró su mejor exposición en Felipe González cuando dijo aquello de “Nosotros decidimos no mirar atrás”. A Rodríguez Ibarra le estorbaba la plaza de toros porque probablemente le estorbaba el pasado. Hacían falta todo tipo de votos y el compromiso con el pasado podía restar muchos.

No hablamos de una decisión de los primeros años ochenta, cuando aún resonaba la intentona de febrero de 1981, sino de 1998, tras dos décadas de democracia y cuando ya se ha producido el turno político del PSOE al PP. ¿Tuvo relación la decisión de Rodríguez Ibarra con la salida del poder del PSOE en 1996 tras una legislatura desastrosa? ¿Quiso con ello tranquilizar y agradar a las derechas pacenses tomando una decisión que aquellas sin duda verían con agrado?

Pese a la gravedad de la decisión tomada por Rodríguez Ibarra nadie dijo nada. El silencio fue casi absoluto. Hasta donde yo sé solo hubo tres voces críticas. La de IU recogiendo firmas para frenar aquel despropósito; un cartel con el que amaneció la ciudad el 14 de agosto de 2002, y la introducción que hice para mi libro La columna de la muerte en 2003. Cuando se tuvo noticia de lo que iban a hacer con la plaza, IU, que solía colocar allí flores todos los 14 de agosto, decidió recoger firmas para salvarla.

Asimismo mostraron imágenes del estado en que estaban las zonas interiores de la plaza de toros cuando decidieron tirarla, de las bóvedas de cañón y de los toriles. También se apreciaban impactos de disparos. Lo que la plaza sufría eran treinta años de abandono y  saqueo. Los herrajes de forja de los palcos superiores, algunos de los cuales pasaron a manos privadas, se encontraban en almacenes municipales. El monumento se pudo haber restaurado pero simplemente no se quiso.

Una vez construido el palacio, ante las críticas y por iniciativa del propio arquitecto del proyecto José Selgas, se intentó corregir el hecho de que no se aludiera en modo alguno a lo que allí hubo con una plaquita y con eso que hay fuera, obra de Blanca Muñoz, y cuyo significado verán todos los que estén allí a las dos de la tarde de los días 14 al 17 de agosto de cada año. Una hora y una fecha ideal en Badajoz para asistir al milagro astronómico de la galaxia espiral. El nombre de la obra es por lo visto “Eclíptica II” y constituye sin duda un broche final adecuado al plan de Rodríguez Ibarra. 

El cartel, con formato taurino, constituía una dura crítica a la destrucción de la plaza de toros. Ninguna imprenta de Badajoz quiso hacerlo, razón por la que hubo que llevarlo a la vecina Elvas (Portugal). Podemos imaginar dos razones para tal negativa: por la ideología del responsable de la imprenta o por temer las consecuencias.

Además se intentó que nadie lo viera, para lo cual madrugadoras manos arrancaron los carteles desde que se tuvo noticia de su existencia, aunque no obstante quedaron algunos que despertaron la curiosidad de los vecinos. El cartel, firmado por Mercenarios de la Idea, pretendía traer a la memoria de la gente los nombres de los protagonistas y consentidores de la matanza: nacionales, locales, militares, civiles y eclesiásticos, y lo hacía en el formato que mejor le iba al asunto: en el de un cartel de toros.

Por otra parte, mi introducción a La columna de la muerte sentó fatal, máxime cuando la Junta decidió poco antes adquirir un importante número de ejemplares (una quinta parte de la edición) por tratarse de la primera investigación en la que salían a la luz los nombres de miles de personas represaliadas y una relación detallada de lo ocurrido entre el triunfo del golpe en Sevilla y la llegada de las columnas facciosas a Mérida y Badajoz.

Cuando la editorial les envió la copia yo aún no había concluido la introducción. Y sentó mal porque en dicha introducción se hacia una crítica fundamentada de la destrucción de un símbolo tan importante como ese y de la absurda decisión de colocar en su lugar un palacio de congresos. Había que proteger la decisión de Rodríguez Ibarra y evitar toda crítica y, como es lógico, aquello tuvo sus consecuencias. De entrada, anularon la presentación en la que intervenían Justo Vila, Francisco Muñoz y Francisco Fuentes y ni siquiera asistieron al acto celebrado en la feria del libro. Y todo ello porque en un libro de más de quinientas páginas había cinco en las que se criticaba una decisión del líder. Lo que no pudieron evitar es que el libro haya tenido seis ediciones en trece años, la última hace unos meses.

Se aludió antes a la visión de la “guerra civil” de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Lo primero que hay que decir es que nunca le gustó eso de la “memoria histórica”, prueba de ello es el control que en todo momento ejerció la Junta sobre la asociación de memoria histórica. Memoria sí, decían, pero “hasta su justo límite”. Ibarra decía que quería comprender “a muchos que estuvieron en el bando ganador”, pensaba que en “ambos bandos” hubo buenos y malos y que la guerra la perdieron todos.

Para Ibarra “el soldado español” merece respecto estuviera donde estuviera. Una de las ideas que más ha repetido es esa que dice que muchos soldados al servicio de Franco fueron sufridores de la guerra que ganaron. Sé lo que quiere decir pero yo, por mi parte, procedente de una de esas familias, me pregunto qué hubieran pensado de esto los republicanos sufridores de la guerra que perdieron.

En fin, qué duro debió ser ganar. Naturalmente a una persona que piense así le sobra lo que recuerde que todo empezó por un salvaje golpe militar, que los golpistas no fueron bien recibidos en ninguna localidad del suroeste y que Badajoz cayó tras una lucha feroz y fue sometida a un durísimo castigo cuya máxima expresión fue lo ocurrido en la plaza de toros.

Ibarra, además de respetar a los que lucharon en ambos bandos, ha insistido en el desprecio hacia los asesinos de retaguardia. Parece ignorar la debilidad de la línea que en una guerra separa al soldado del asesino. Y no digamos ya si se trata del enfrentamiento surgido a consecuencia de un golpe militar... ¿Cómo considerará Ibarra a los soldados que en Sancha Brava estuvieron durante años, noche a noche y por riguroso sorteo, asesinando a cientos de personas, incluyendo a sus propios vecinos? ¿Y a los que subieron con las columnas hacia Madrid sin dejar con vida a ningún prisionero de los que iban haciendo en el recorrido? ¿Y a los que perpetraron matanzas sobre la población civil en los pueblos cercanos a Madrid en los días previos al gran desastre del 7 de noviembre? Todos cumplían órdenes… asesinas. Se olvida a aquellos soldados que no pudiendo soportar aquella vida se pasaron a zona republicana.

Las palabras de Ibarra están llenas de relativismo moral sobre lo que él denomina los dos bandos. Claro que hubo asesinos en ambas zonas, pero de lo que se trata es de dejar claro es que el bando franquista era en sí una facción criminal. Y claro que ahí hubo gente simplemente porque les tocó, pero esto no les exime de su responsabilidad por más que en un juicio no hubieran sido ellos los que pasasen por el banquillo.

Se mire como se mire, nunca será lo mismo luchar al servicio de una banda asesina que al del gobierno legal que se defiende de un brutal golpe militar. Aunque la versión que se impuso fue la de los vencedores, sus protagonistas callaron y, salvo excepción, nunca hablaron de aquellos hechos. Rodríguez Ibarra olvida que ese pacto de sangre inicial constituyó la argamasa sobre la que se edificó la dictadura y fue su más firme aliado; también la causa de que la dictadura durase tanto y de que antes de la Constitución se aprobase la Ley de Amnistía, que borraba los crímenes de los franquistas; la izquierda ya había dispuesto de cuarenta años para penar por los suyos. Se trataba simplemente de una pionera ley de impunidad.

¿Qué consecuencias tuvo la decisión de Rodríguez Ibarra sobre la plaza? La imposición por la fuerza del plan de Ibarra acarreó el silencio de muchos sobre este asunto. El PSOE quedó tocado, como se vería más tarde. No me cabe duda de que en dicho partido hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la destrucción de la plaza de toros, pero optaron por callar. Estando aún Rodríguez Ibarra en el poder no resultaba aconsejable poner en duda sus decisiones. En política ya se sabe que todo pende de un fino hilo. Este silencio se mantuvo y aún no se ha roto.

En 2009 el Ayuntamiento de Badajoz decidió levantar un gran muro tapando todo un lateral del cementerio de San Juan. Los tiempos ya eran otros. El palacio de congresos se inauguró por fin en 2006, el PSOE de Rodríguez Zapatero se había comprometido a poner en marcha una ley de memoria y Rodríguez Ibarra dejó finalmente la presidencia de la Junta de Extremadura en 2007, tras veinticuatro años en el poder.

La excusa que dio el PP para ocultar el muro inmortalizado por la cámara de René Brut fue el mismo que se dio en 1998 con la plaza: su mal estado de conservación. Pero la realidad era otra: proyectos inmobiliarios aconsejaban levantar un enorme muro que ocultara el cementerio y, ya de paso, que tapara el lienzo de pared que evocaba las perturbadoras imágenes de los militares leales asesinados tras la ocupación de la ciudad.

Por iniciativa de la ARMHEX numerosas personas se pronunciaron en contra de lo que se quería hacer en el cementerio. Las relacionadas con el PSOE lo tuvieron complicado, ya que después de la decisión de 1998 no podían decir nada.

El PP incluso se permitió, en medio de un bochornoso espectáculo, eliminar del callejero la calle dedicada en los años ochenta a la diputada socialista por Badajoz Margarita Nelken. Incluso lo intentaron con el último alcalde republicano Sinforiano Madroñero y tuvieron  el cinismo de proponer que dicha avenida pasase a denominarse Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a lo que este, con buen sentido, se negó.

La destrucción de la plaza de toros silenció al PSOE y envalentonó al PP, que pudo gritar a los cuatros vientos que se trató de una decisión de Rodríguez Ibarra. Por otra parte el PSOE no recuerda o parece tener borroso las iniciativas contrarias que hubo en contra de la destrucción de la plaza. Sin embargo, tiene que llegar el momento en que muchos socialistas de base recuerden e incluso manifiesten que aquello estuvo mal y que la plaza debió respetarse.

Bien pensado, el palacio se podía haber hecho en otro lugar. La plaza de toros debió restaurarse parcialmente, dedicando espacios a la historia y la memoria y dejando el resto para fines culturales. Incluso un espacio al aire libre, como planteaba el proyecto de Luis Pla.

Ahí podía haber ido el gran archivo nacional sobre el golpe militar, la represión y la guerra civil, cuya creación fue una de las reivindicaciones del movimiento pro memoria y que la investigación histórica tanto hubiese agradecido. Una base de datos hubiera facilitado la búsqueda de personas dándose posibilidad a los visitantes de aportar información así como documentos, memorias y objetos de todo tipo. La educación y el respeto a los derechos humanos estarían en la base de todo el proyecto y al servicio de la memoria democrática. Desde luego hubiera costado mucho menos tiempo y dinero. El monumento resultante no tendría menos uso que el actual y se habría respetado el patrimonio y la historia de la ciudad. Y, sobre todo, se habría hecho un homenaje perpetuo a todas las personas allí asesinadas y se hubiera conservado un lugar de memoria relevante a nivel europeo.

No sabemos aún cómo pasará a la historia la etapa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Junta de Extremadura. Lo único que me atrevería a decir es que desde luego en su haber no estará jamás la decisión de destruir la plaza de toros de Badajoz, cuyo recuerdo desaparecerá totalmente en poco tiempo.