jueves, 29 de junio de 2017

Víctimas del franquismo: recuperar sus restos y recuperar su memoria

Víctimas del franquismo: recuperar sus restos y recuperar su memoria.
Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces

CTXT, 28 de Junio de 2017


Foto @apces: Entierro de los tres antifascistas exhumados en la fosa común de Alcañizo (Toledo).  2012


Cada vez que alguien oye hablar de la recuperación de la memoria histórica, si no está directamente implicado en la cuestión, identifica casi automáticamente este concepto con la exhumación de fosas comunes del franquismo. Esto no sólo se debe al impacto social que las imágenes de dichas exhumaciones causan, también a la simplificación que los grandes medios de comunicación trasmiten sobre el sentido y los objetivos del movimiento social por la recuperación de la memoria. Pero ni las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo nos dedicamos exclusivamente a realizar exhumaciones, ni el fenómeno es tan simple como se nos presenta.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria  ha realizado una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas. Todas se llevaron a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado durante sus vacaciones,  y en cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural competente por el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Es decir, exigiendo la implicación de la Justicia en la exhumación conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consonancia con lo establecido por el derecho penal internacional de los derechos humanos.

Invariablemente la respuesta ha sido el archivo de las denuncias (inmediatamente recurridas por nuestra parte) sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho interno sobre el internacional, la prescripción del delito, y en todo caso aplicando la Ley de Amnistía de 1977. La sorprendente homogeneidad en los autos de juzgados desde Asturias a Extremadura, culminó cuando en las dos últimas exhumaciones (en Guadalajara y Málaga) las denuncias se archivaron en aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que deriva a la vía exclusivamente administrativa las exhumaciones de las fosas del franquismo.

La Ley de Memoria establece un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a  la Justicia de las víctimas. Lamentablemente comprobamos que la actual proliferación de legislación autonómica sobre memoria histórica y fosas comunes, al insistir en legislar sobre la intervención en exhumaciones cuando no se tiene competencia sobre Justicia, persevera en líneas generales en el modelo privatizador de la Ley de Memoria.

Hoy, las víctimas del franquismo continúan siendo una excepción para el Estado, que no reconoce su existencia, y las mantiene en un limbo jurídico al que no se aplican los procedimientos habituales de la Justicia, siendo norma habitual que el juez o la policía judicial no se personen en una fosa común donde hay restos humanos con evidentes signos de muerte violenta. Recientemente, un abogado especialista en derechos humanos nos recordaba que hoy, es perfectamente posible vender en Amazon los restos exhumados de una víctima del franquismo sin tener ningún problema legal.

Pero una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia hemos realizado exhumaciones con el objetivo principal de denunciar unos delitos que consideramos, encajan plenamente en la definición de crímenes contra la humanidad, tal y como fueron definidos por el Estatuto de Nüremberg. También para evidenciar públicamente el incumplimiento por el Estado español de sus compromisos y obligaciones con respecto a los derechos humanos en el caso de las víctimas del franquismo.

Cuando hablamos de fosas comunes del franquismo nos referimos esencialmente a inhumaciones ilegales y clandestinas, llevadas a cabo en cunetas, tapias de cementerios, parajes alejados de población, etc…  con el fin de hacer desaparecer pruebas de ejecuciones extrajudiciales y, en consecuencia, la desaparición forzada de las víctimas, lo que constituye un crimen contra la humanidad de carácter permanente e imprescriptible.

La conservación o la destrucción de pruebas de estos delitos durante las exhumaciones, no depende de la capacitación, por lo general muy alta, de los profesionales que realizan  las exhumaciones, sino de que todo el proceso esté sujeto a una certificación judicial que encuadre la exhumación desde el principio dentro de un procedimiento legal, e imposibilite la destrucción de la cadena de custodia, para permitir que las pruebas obtenidas puedan ser utilizadas en un procedimiento penal.

Asimismo se efectúan en algún caso exhumaciones de fosas comunes de cementerios de otro tipo de víctimas, fusilados tras las sentencias de los Consejos de guerra. No se trata aquí de desaparecidos: las víctimas tienen todas ellas nombre y apellidos, expedientes carcelarios, sentencia, partes de ejecución, registro de entrada en el cementerio…  la exhumación se rige aquí por los respectivos reglamentos municipales de cementerios. Realmente se trata de un traslado de restos para su entrega a los familiares, por cuanto las pruebas documentales hacen innecesarias las forenses como elemento probatorio. En nuestra opinión, el papel en este caso tanto de las asociaciones memorialistas como de las administraciones, debería orientarse a la constitución de un espacio estable de memoria que explique las causas y el sentido de su muerte, y estableciendo una dinámica de homenajes periódicos con presencia oficial de representantes institucionales. Y por supuesto, seguir exigiendo la anulación de todas y cada una de las sentencias dictadas por los tribunales y consejos de guerra franquistas.

Algunas administraciones realizan también exhumaciones de otro tipo, como el caso de combatientes muertos en acción de guerra,  aunque ante la ausencia de familiares que reclamen los restos y previsibles problemas para su identificación,  entendemos que el tratamiento que se debe dar a estas fosas debe ser fundamentalmente conmemorativo y divulgativo.

Lamentablemente constatamos que la solución que propugna el Estado al problema de las fosas comunes, pasa por circunscribir las exhumaciones al ámbito estrictamente personal  y familiar, ajeno a otras consideraciones. Se niega a los familiares el reconocimiento  y el derecho a la justicia, y se utiliza su dolor y el legítimo derecho a la recuperación de los restos del familiar asesinado, haciéndoles creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles unos restos mortales que fueron mal  enterrados, y que eso es todo lo que deben esperar.

Entendemos perfectamente las urgencias y las necesidades de los familiares de las víctimas (en primer lugar porque nosotros/as también lo somos), pero debemos tener presente que en una exhumación se dan las siguientes circunstancias:

1.       Que la identificación de todos los restos no siempre es técnicamente posible.
2.       Que muchas víctimas no tienen familias que reclamen sus restos al haber sido asesinados antes de tener descendencia, o porque no están interesadas. Obviamente, aquí hay una responsabilidad del Estado sobre los restos exhumados no reclamados que no puede trasladarse a las asociaciones o a otros familiares.
3.       Que los familiares promotores de la exhumación no tienen derecho legal sobre los restos hasta que no se produce una identificación positiva, antropológica o mediante ADN.
4.       Que las víctimas que exhumamos no han perdido derechos, reconocidos por protocolos internacionales, y que estos están por encima de los derechos de familiares, asociaciones o administración en aspectos que afectan a su propia dignidad, como el respeto a sus creencias, lo que implica la presencia y uso de los ritos y símbolos que les fueron propios, durante los procesos de exhumación y enterramiento posterior. En particular debemos denunciar el tratamiento morboso que se da en muchos casos a las imágenes de las víctimas del franquismo exhumadas, y que por supuesto sería inconcebible si se tratase de cualquier otro tipo de víctimas.

En 1941 las autoridades nazis aprobaron el Decreto de “Noche y Niebla” para la represión y eliminación física de sus oponentes políticos, que incluía directrices para destruir las pruebas de los delitos cometidos, garantizando así la impunidad definitiva de los verdugos. Hoy, el modelo de exhumación de fosas del franquismo que se pretende imponer, tiene como objetivo deshacerse poco a poco del “problema” haciendo permanente y definitiva la impunidad de los crímenes. Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, mediante la ocultación a la sociedad del significado real de las exhumaciones, circunscribiéndolas a actos particulares formalmente humanitarios.

La pervivencia de las fosas comunes del franquismo, 42 años después de la muerte física del dictador,  constituye una denuncia permanente del trato que la democracia española da a docenas de miles de sus mejores ciudadanos, manteniendo el castigo post mortem diseñado por sus verdugos para ellos y sus familias, sólo porque se atrevieron a soñar que un mundo mejor era posible.

La posición de nuestra Federación, que compartimos con otras asociaciones memorialistas y de víctimas, y con organizaciones de derechos humanos, es que debemos seguir actuando con firmeza para impedir que se perpetúe el modelo español de impunidad, lo que supondría el triunfo absoluto  y definitivo del franquismo.


domingo, 25 de junio de 2017

"Más imputados por la juez Alaya que resultan finalmente absueltos: ¿quién les resarce ahora?", por Juan Torres López

Más imputados por la juez Alaya que resultan finalmente absueltos: ¿quién les resarce ahora?

21 de Junio de 2017

El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:

“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.

Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La juez absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).

La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular .

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya. No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que le dan la razón a los jóvenes del 15M cuando que decían “Lo llaman democracia y no lo es”.

http://www.juantorreslopez.com/otro-imputado-por-la-juez-alaya-que-resulta-finalmente-absuelto-quien-le-resarce-ahora/

jueves, 22 de junio de 2017

"Las complicadas relaciones de la derecha española con el pasado", por Fernando Hernández Sánchez


Las complicadas relaciones de la derecha española con el pasado


El olvido de Francisco Boix y sus compañeros de infortunio evidencia la ausencia de una legitimidad de origen de los populares, frente a sus homólogos europeos, conservadores, democristianos o liberales

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. CTXT, 

El 16 de junio de 2017, el fotógrafo, el deportado en el campo de Mauthausen, el testigo de Nuremberg, el español Francisco Boix fue enterrado con honores en el cementerio Père Lachaise, honrado por las autoridades francesas y ninguneado por las españolas, que se limitaron a enviar a la ceremonia a una representación consular de bajo perfil. El presidente del Gobierno, que en este caso no podía alegar lejanía para eludir su presencia en el acto ya que se encontraba ese mismo día en París para departir con el flamante presidente de la República, Macron, no creyó necesaria su presencia. Es posible que, muy en su estilo, pudiera alegar desconocer todo acerca de esa persona de la que usted me habla, a pesar de que el Congreso de los Diputados le mandatara por unanimidad para acudir a la ceremonia en representación del pueblo español. En su descargo hay que decir que no desmerece en absoluto de la tradición de su partido: su otrora mentor, José María Aznar, llegó a sostener que "España estuvo en las Azores porque no pudo participar en el desembarco de Normandía, que es donde debería haber estado". Sería demasiado fácil atribuir a la ignorancia tanto el comportamiento del uno como la afirmación del otro. Significaría que este país ha estado gobernado doce años --y lo que quede de esta legislatura--, ocho de ellos con mayoría absoluta, por un par de indocumentados, y no es así. Lo que pasa es que el pensamiento, las acciones, las omisiones y los lapsus revelan una manera de entender el pasado. Las representaciones sociales son instrumentos poderosos para que los individuos hagan inteligible la realidad en la que se encuadran, proporcionándoles una guía para la acción social y política.  Y de todos estos elementos que conforman el imaginario de los dirigentes, militantes y votantes conservadores españoles, se deduce que la derecha española mantiene una complicada relación con el pasado reciente.

Durante el periodo de entresiglos que coincide con la expansión de la contrarrevolución neoconservadora, su expresión política en España ha venido pugnando por conseguir y consolidar posiciones estratégicas en el ámbito de la interpretación de la historia contemporánea y de sus episodios fundamentales: la República, la guerra y el franquismo. Tras la etapa acomplejada de la transición y la postransición, aquella en la que los conversos a la democracia procuraron que se olvidaran sus orígenes y el neófito y aún frágil Aznar vindicaba el legado de Manuel Azaña, los primeros intentos de revisar el pasado a beneficio del presente fueron firmados por un prolífico aficionado a quien un patético Stanley G. Payne pretendió proteger bajo el manto de su declinante prestigio académico. La mascarada duró lo que tardó en aflorar, al calor del think tank conservador, FAES, y de algunas universidades de nuevo cuño una hornada de historiadores dispuesta a disputar el combate por la hegemonía del relato sobre aquellos tres escenarios históricos.

Durante las legislaturas de 2004 a 2011, la historia reciente se erigió en campo historiográfico y, sobre todo, político. La conmemoración del septuagésimo aniversario del comienzo de la guerra, la aprobación de la ley de la memoria histórica y las iniciativas para exhumar las fosas del franquismo fueron objeto de aguda controversia. El argumentario de la derecha giró en torno a tres conjuntos de ideas básicas: la República fue un régimen radical, poco inclusivo y tendente a la confrontación violenta; el franquismo, aunque innegablemente autoritario, fue un régimen funcional, autorregenerado al compás de la evolución del contexto internacional y del crecimiento interno sobre la base de una mayoría silenciosa de pujantes clases medias; y la transición, un proceso en el que se hizo tabla rasa de todo lo anterior para conseguir una democracia que podría verse abocada a la desestabilización si, cuestionando el pasado, se procedía a su reevaluación crítica con el pernicioso corolario de la reapertura de viejas heridas.

De la primera afirmación de derivaron obras colectivas como la de Del Rey Reguillo, Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española (2011), o la muy reciente de Álvarez Tardío y Villa García, 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (2017). La segunda se asentó sobre las bases ya establecidas por el sociólogo Juan Linz. En el boletín de FAES, Cuadernos de pensamiento político, de abril-junio de 2009, el catedrático Manuel Ramírez estableció una evolución del franquismo en tres fases: el franquismo bajo influencia totalitaria, el franquismo católico-empírico y el tecnopragmático. Nostálgicos sin complejos como Suárez Fernández fijarían un canon menos alambicado y más contundente en el polémico Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. No es de extrañar, en cualquier caso, que el franquismo se concibiese como la ballena que llevaba en su estómago al Jonás de la democracia, que solo tuvo que aguardar al encallamiento del cetáceo para salir a la luz. Un cierre del círculo revisionista al que aspira la tesis de Álvaro de Diego, cuyo título no deja lugar a dudas: La Transición sin secretos. Los franquistas trajeron la democracia (2017).

Si en el ámbito historiográfico la derecha aún encuentra réplica a sus intentos de extender su relato, a pesar de su capacidad para amplificar sus tesis gracias al conglomerado oligopólico de los medios de opinión, hay que reconocerle que, en el terreno del discurso social o de sentido común, la ventaja adquirida es incontestable. Sería inacabable la cita de intervenciones destinadas a modelar la opinión pública en el sentido de una percepción peyorativa de la República, condescendiente con el franquismo y reverente con la interpretación elitista de la transición. El periodo de los mandatos de Rodríguez Zapatero estuvo plagado de ellas, desde la “guerra de las esquelas” en la prensa conservadora con motivo de la entrada en vigor de la ley de la memoria histórica hasta las controversias en comisión parlamentaria sobre la “saturación” de películas y documentales sobre la guerra civil que emitía RTVE o la línea argumental de seriales de sobremesa que presentaban, a su juicio, “una visión idealizada de la II República, marcando una línea divisoria entre las dos Españas, hurgando una vez más en la herida de la guerra civil” teniendo en cuenta que más de un tercio de su audiencia pertenecía a la tercera edad. Curiosamente, la sensibilidad de sus señorías no se veía afectada por la continuidad en bucle de un programa, Cine de barrio, auténtico aquelarre del franquismo sociológico y apología autocomplaciente del subdesarrollo cultural y moral.

 El mantenimiento de este discurso una vez sustituido el gobierno socialista por el de Mariano Rajoy demostró que las representaciones sobre la República, la guerra y el franquismo no eran coyunturales, sino que forman parte intrínseca de la ideología del conservadurismo español y de su estrategia de guerra cultural contra la izquierda. La exministra de Educación y Ciencia y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, a la que se debe la trama de universidades privadas erigidas en trinchera contra el sedicente izquierdismo de la universidad pública --amén de la charca que ha enfangado durante décadas la región--, dejó en legado una tercera de ABC absolutamente antológica. Con la soberbia del autodidacta, la condesa aseguraba que “no hay que ser un historiador avezado, basta con ser un lector mínimamente crítico de los libros de Historia, para saber que la II República fue un auténtico desastre para España y los españoles”. La inspiradora del thatcherismo castizo ejecutaba una pirueta magistral para evitar definir el franquismo como lo que fue: “El rotundo fracaso de la experiencia republicana lo conocían muy bien los políticos responsables de 1977 cuando propugnaron una amnistía (siempre hay que recordar que amnistía viene de una palabra griega que significa olvido) total sobre los hechos acaecidos en los cuarenta años anteriores”. A nadie sorprenderá que en el currículum oficial de Secundaria de la Comunidad de Madrid, el periodo comprendido entre 1939 y 1945 fuera designado como “la era de Franco”, ni que en agosto de 2014, alguien para quien la ignorancia del Griego y de la Historia nunca supuso un problema para labrarse una carrera política, Rafael Hernando, agitara las redes sociales con la ocurrencia de que “las consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos”, una barbaridad equivalente a que un diputado de la CDU dijera en Alemania que Weimar fue la responsable de los cincuenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Batallas de la política municipal, como las libradas entre distintos ayuntamientos y sus respectivos grupos de oposición conservadora en torno a los cambios de nombre en el callejero o en la supresión de la coletilla “del Caudillo” en poblaciones de colonización agraria son muestra de que, para la derecha, este no es un tema baladí. 

Porque, en última instancia, el tema de Boix y sus compañeros de infortunio nos remite a la clave del problema: al contrario que sus homólogos europeos, conservadores, democristianos o liberales, los populares españoles no participan de una legitimidad de origen fundada en la victoria contra el fascismo, sino que son el resultado de una evolución adaptativa del bloque de poder que promovió y usufructuó la dictadura y, en principio, pretendió salvaguardar lo que pudiera de ella. En la cúpula del PP no hay un Sarkozy promoviendo en los institutos la lectura de la carta de despedida de Guy Moquet, joven resistente comunista fusilado por los nazis en 1941. No cuentan con el Jean-Claude Juncker que, como primer ministro luxemburgués, culminaba el prólogo de un libro homenaje a los brigadistas de su país en estos términos: “La conmemoración más importante --y también el mayor reconocimiento de los méritos históricos y personales de los “combatientes de España”-- son nuestros pasos de libertad, nuestros pasos de justicia, nuestros pasos de amor en las arenas comunitarias e individuales de nuestro día a día político y personal. Pues la libertad está siempre cercada. Como Madrid en 1936. ¡No pasarán!” En el PP no tienen a una Angela Merkel dispuesta a limpiar el ejército de simpatizantes del nacionalsocialismo y a aplicar todo el peso de la ley a los infractores de las leyes de exaltación del Tercer Reich.

Tienen, por contra, a un presidente que deja pasar la ocasión de serlo de todos los españoles, incluidos aquellos a los que Max Aub describió de manera desgarradora en Campo de los almendros: “Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides”.

La derecha española tiene unos órganos de propaganda como aquel que, con motivo del aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977, publicó una delirante portada, joya del humor idiosincrático marca de la casa, en la que se atribuían a Fraga los votos del PP actual y a Ciudadanos los de la UCD de entonces, reclamando así la herencia de una Alianza Popular liderada por un cenáculo de jerarcas del búnker e incurriendo en el anacronismo de creer que, con tal combinación electoral, la transición habría dado idénticos resultados. Una vindicación que, en última instancia, evidencia que la derecha mantiene con mayor coherencia y menor empacho que la izquierda el hilo de la memoria con su pasado.

La derecha, por último, tiene a un expresidente cuya concepción estrecha de lo español le llevó a desconocer la intervención de la Compañía La Nueve en la liberación de París, o el papel jugado por los miles de guerrilleros españoles en el sur de Francia o en las operaciones contra la retaguardia alemana en el frente ruso, o la resistencia interior que el catalán Francisco Boix, el madrileño Saturnino Navazo, el asturiano Luis Montero y así hasta 9.300 rotspanier --rojos españoles-- llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Aquellos, por cierto, a los que les había arrojado como apátridas “cuyo regreso no interesa” un personaje, Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, al que un canal de televisión líder de audiencia en la España pastoreada por el PP dedicó hace poco un glamuroso, almibarado y falsario serial. Pero, claro, como dijo Mayor Oreja, aquellos fueron tiempos de extraordinaria placidez y, a la postre, el biopic de los amores de la marquesa de Llanzol y el cuñado de Su Excelencia trataba sobre ricos, guapos y, sobre todo, vencedores. Siempre ha habido clases.
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Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Madrid.

martes, 13 de junio de 2017

"La medalla", por Francisco Espinosa


La medalla
Público, 12-06-2017

Francisco Espinosa. Historiador y autor de Guerra y represión en el sur de España, entre otras obras.


Por iniciativa de la orden de los dominicos y del PP, y mediante propuesta avalada por seis mil firmas, el ayuntamiento de Cádiz presidido por José María González Santos “Kichi”, del grupo Por Cádiz Sí Se Puede (Podemos), ha decidido recientemente conceder la “medalla de oro” de la ciudad a la virgen del Rosario, patrona de la ciudad desde 1867 y alcaldesa perpetua desde 1967. Conviene señalar que el 24 de este mes de junio, coincidiendo con el 150 aniversario de la designación de la imagen como patrona de la ciudad, tendrá lugar una magna procesión en la que colabora el Ayuntamiento. El único grupo que no apoyó la iniciativa ni en la comisión previa ni en el Pleno fue Ganar Cádiz en Común (IU). Basó su decisión en que, según el reglamento, solo puede otorgarse dicha medalla a personas físicas o jurídicas y no a imágenes o figuras. El resto de los partidos, PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos, votaron a favor. Como era de esperar la noticia causó de inmediato polémica por estar relacionada con una opción política, Podemos, que supuestamente apoya el laicismo, por más que el mismo González Santos,  siendo ya alcalde de Cádiz, hubiera llamado la atención al aceptar recibir la medalla de “Hermano de la cofradía del Nazareno”.

En esas estábamos cuando el 28 de mayo apareció en Público un artículo de Juan Carlos Monedero titulado “¡Ahí va, la virgen!” favorable a la decisión del alcalde de Cádiz y en el que puede leerse que “Kichi” es alcalde “de todos los gaditanos”, que “hace bien en escuchar al pueblo” y que es alcalde “sin ayuda de la virgen, porque dios nunca abandona a un buen marxista”. Sin comentarios. Unos días después, el 2 de junio, Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía, declaraba en la SER que “la Semana Santa, la patrona, los símbolos, no son de la Iglesia ni del Estado. Son del pueblo”. Respecto a la extrañeza manifestada por algunos en el asunto de la medalla procedía, según ella, del error que conlleva pensar que “nuestra identidad es diferente a la del pueblo”. Añadía: “Nosotros no somos sectarios. (…). Somos coherentes. Se puede defender esta medalla y reclamar, al mismo tiempo, que la Iglesia pague el IBI”. Finalmente daba dos argumentos para justificar la entrega de la medalla a la virgen: que lo “pedía la gente” y que la semana santa “tiene que ver con la gente”, “trasciende lo religioso” y “tiene que ver con lo que la gente piensa y respira. Y nosotros no somos diferentes del pueblo al que queremos representar”. Otra vez sin comentarios.

Dos días después era Pablo Iglesias el que declaraba al Diario de Cádiz que, pese a sus dudas iniciales, “Kichi” lo convenció: “Me habló del carácter de dignidad popular que significaba esa Virgen y que en una ciudad como Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores, no va unida al conservadurismo como nos podría parecer desde fuera”. Lo mejor sin duda era el final: “Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata de una muestra de respeto a los sentimientos populares, demostrando que hay que convivir con distintos pareceres y tradiciones. Los urbanitas de izquierdas tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo”.

Si estas ideas vinieran de donde suelen venir habitualmente no hubiera pasado nada. Lo llamativo es que vengan de la izquierda o, más concretamente, de una izquierda de la que podría pensarse que estaba al margen de estas veleidades ideológicas. Los que vivimos la transición recordamos los equilibrios que algunos tuvieron que hacer para conllevar su militancia en partidos de izquierdas con su pertenencia al mundo cofradiero. Solían justificarlo entonces diciendo que eran costumbres paganas. ¿Cómo olvidar aquellas decadentes semanas santas de fines de los años setenta? Parecía que aquello se acababa. Podría haberse apostado entonces por otros rituales cívicos más acordes con la nueva situación, pero era más fácil seguir con lo de siempre y eso es lo que se hizo a partir de 1982.

Por otra parte, con estas ideas justificadoras de la medalla se puede llegar donde uno quiera. Ya se sabe que las palabras lo soportan todo, pero decir que “Kichi” ha manejado la decisión de entregar una medalla a una virgen “de una manera muy laica” pone el listón muy alto. ¿Se puede hacer tal cosa de una manera laica? Lo verdaderamente laico hubiera sido haber respetado el reglamento municipal y rechazado como alcalde la intervención del Ayuntamiento en este asunto, y que a título personal y en privado José María González Santos se hubiera puesto al servicio de los dominicos para lo que gustaran.

Las cuestiones religiosas pertenecen a la esfera privada. Y entre esas cuestiones están incluidas todas las que dependen de la Iglesia por muy populares que sean. Un cofrade podrá ser agnóstico, pero desde el momento en que participa en rituales católicos entra en el ámbito de la Iglesia católica. Es desde la convicción de que la religión y sus ritos pertenecen a la vida privada de cada uno desde la que se reivindican hechos tan simples como que la religión salga de los ámbitos públicos, desde la enseñanza hasta la sanidad pasando por todo tipo de actos del Estado y de la Administración en todos sus niveles. Y es también desde ahí desde donde cabe exigir a las autoridades civiles que dejen de asistir como tales a eventos religiosos. Que vayan privadamente, pero no como cargos públicos.

Dicen que entregan la medalla a la virgen porque son pueblo y respetan las tradiciones populares. Olvidan que hay otro pueblo que va en otra dirección y que no se siente representado en decisiones como esta ni se reconoce en toda la parafernalia que acarrean los rituales católicos, que soportan estoicamente a lo largo de todo el año. Si quieren representar a todo el pueblo deben estar por encima de la cuestión religiosa y de sus manifestaciones. Su deber es atender las necesidades municipales de todo tipo pero sin implicarse en el terreno de las creencias. ¿Qué hace un Ayuntamiento entregando una medalla a una virgen? Suena a lo mismo que cuando el tal Fernández Díaz ministro de Interior hizo otro tanto: suena a reminiscencia franquista, lógica en el caso de Fernández e incomprensible en el caso de un alcalde que se dice de izquierdas. Realizar cesiones en este sentido para no perder votos ya sabemos que tarde o temprano acaba beneficiando a la derecha. El número de firmas da igual. ¿Qué tiene que ver el Ayuntamiento en esto y cómo es posible decidir tal cosa por unos pliegos de firmas?

Por otra parte, como bien sabemos en este país, el concepto de “lo popular” da para mucho. ¿Habrá algo más “popular” que la romería del Rocío? Durante la primera etapa de la II República sirvió para desestabilizar la situación política y para preparar el terreno de cara al golpe de Sanjurjo en el que sería su principal escenario: Sevilla. No puede imaginarse lo “popular” que resultó que una masa alentada por la burguesía agraria con la virgen del Rocío en ristre y con un cura en cabeza ocupara el Ayuntamiento de Almonte tras expulsar y detener a las autoridades. Y es que en España la religión siempre ha constituido un instrumento al servicio de la derecha. Lo fue en el siglo XIX, en el XX y en lo que va del XXI. Iglesia y dictadura fueron una misma cosa y debe dar tal miedo el poder de la primera que nadie desde la transición se ha atrevido a plantar cara a la anómala situación existente. La estrecha relación entre Iglesia y Estado y entre religión y política debe desaparecer, aunque solo sea por las terribles consecuencias que ha tenido en nuestra historia y sin olvidar además que dicha unión ha traído siempre más beneficios a la primera que al segundo. Sería la única forma de superar no ya los brotes anticlericales, cosa del pasado, sino la presión clerical, cosa del pasado y del presente.

En España la Iglesia ocupa un espacio muy superior al que le corresponde. Da igual que su influencia esté en decadencia. Ahí sigue recibiendo miles de millones de todos y pontificando urbi et orbi sobre todo lo que le viene en gana. ¿A quién representan los obispos y la Conferencia Episcopal? ¿Acaso a la sociedad española? Pues bien, esta Iglesia es la misma que controla la semana santa por muy “popular” que esta sea. Pensar que es del pueblo es ignorar que la Iglesia tiene experiencia de siglos en manejar estas cuestiones y sabe cuándo dar más cuerda y cuándo reducirla sin perder nunca el control. Y quien tenga duda que eche un vistazo a los boletines cofradieros.

En cuanto a que los urbanitas de izquierdas debemos aprender a respetar las tradiciones hay que decir que dichos urbanitas estamos hartos de soportar “tan arraigadas tradiciones”: hartos de ensayos y de procesiones sin fin, de cohetes, de interminables toques de campanas, de cornetas y tambores, de alardes eclesiástico-populares de todo tipo e incluso de actos y celebraciones en lugares públicos que recuerdan a las “misiones interiores” de los años cuarenta. Porque para la Iglesia, cuyo victimismo no tiene límites, no existen los espacios cívicos. La calle es suya. Todo es suyo.

José María González Santos “Kichi” decidió cambiar el retrato de rey que presidía su despacho por el de Fermín Salvochea. La prensa resaltó el gesto al igual que su participación anterior en una comparsa de carnaval en la que se decía: “Si yo fuera alcalde de Cádiz sería un alcalde como Salvochea”. Pero no es tan fácil. Este, alcalde de la ciudad durante la I República (1873-1874), fue un firme partidario de la separación Iglesia/Estado. En su primer año como alcalde suprimió las fiestas religiosas sustituyéndolas por fiestas cívicas, cambió los nombres de santos que tenían las escuelas municipales por los de principios y virtudes, y sustituyó la enseñanza religiosa por clases de moral universal. Algunos escritos suyos harían que aún hoy cayese sobre él la “ley mordaza”. Me pregunto qué pensaría Salvochea, que mantenía que el Ayuntamiento debía mantenerse ajeno a toda religión, de la entrega de la medalla a una virgen por parte de un alcalde de izquierdas. Lo que es seguro es que la curia y la derecha gaditana verán con agrado que la pasión que el actual alcalde de Cádiz siente por Salvochea se limite a tener su retrato en su despacho.

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9180/9180/

"Nuestra historia, un agujero de enormes proporciones", por Fernando Hernández Sánchez


Nuestra historia, un agujero de enormes proporciones
Existe un déficit democrático que, pese a algunas gesticulaciones, apenas ha preocupado hasta la fecha a los gobiernos del turnismo ni a los editores de libros de texto

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Si cada verano cuenta con su avistamiento del monstruo del lago Ness, con periodicidad algo más breve afloran en los medios escritos que proporcionan alimento espiritual y combustible ideológico al conservadurismo español los toques de alerta ante la manipulación de la historia que se enseña en aquel vasto territorio que se extiende, dicen, más allá de los confortables límites del barrio de Salamanca. Con motivo de la comparecencia de expertos ante la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar las posibilidades de un pacto educativo, las declaraciones del máximo responsable del oligopolio de las editoriales de libros de texto han enervado, una vez más, a quienes se encuentran en permanente estado de ansiedad por el inminente riesgo de disolución de la que llaman la nación más antigua de Europa: “Recibimos presiones por parte de las Comunidades Autónomas para ajustar los contenidos de los manuales”. 

“¡Adoctrinamiento!”, concluye el partido que sustenta el gobierno central. “¡Evitemos la manipulación y la pérdida del rigor histórico!”, clama un portavoz de la nueva política cuya sedicente biografía de Azaña prologó un tal Pío Moa. Concedamos a todas estas exclamaciones el mismo beneficio en cuanto a lamento por la inocencia mancillada que a aquello de “¡Es un escándalo! ¡He descubierto que aquí dentro se juega!”, que declamaba el capitán Renault en Casablanca, y hagamos un repaso del contexto.

La enseñanza de Historia siempre se ha planteado como un terreno de combate, aquí y en los países en que existe, desde hace siglo y medio, un sistema de educación obligatoria para la ciudadanía. No hay que remontarse a la “querella de los historiadores” sobre el pasado alemán del siglo XX ni a la revisión del papel de Vichy en Francia: basta con ver lo que ocurre actualmente en la Europa central y oriental donde, tras la implosión del bloque socialista, las interpretaciones historiográficas han experimentado una evolución que oscila entre el encumbramiento de un hipernacionalismo con preocupantes ribetes xenófobos en Ucrania y los países bálticos, y la Rusia de Putin, donde realidades contrapuestas como el zarismo y la Revolución de Octubre se han sintetizado como herencia cultural común en pos de la conformación de una nueva identidad basada en los aspectos consensuados y no controvertidos de la historia nacional. 

En el caso español, no es necesario acudir a un plantel de expertos en la Reconquista o en los avatares dinásticos de la Edad Moderna para diagnosticar las carencias y distorsiones de la historia enseñada. Si nos remitimos a nuestra historia inmediata, aquella en la que se han configurado los rasgos de la sociedad en la que nuestros jóvenes van a insertarse como ciudadanos activos, llegaremos a la desazonadora conclusión de que su tratamiento constituye un agujero negro de enormes dimensiones. Cuando culmine el intervalo entre dos convocatorias electorales ordinarias, dos millones y medio de nuevos ciudadanos serán llamados a elegir a sus representantes para que tomen decisiones que afectarán a sus vidas, afrontando problemas cuyas raíces se hunden en procesos de la historia reciente sobre los que apenas habrán recibido formación escolar alguna. Desde comienzos del siglo XXI, habrán sido entre ocho o nueve millones quienes hayan hecho este recorrido, quizás más si tenemos en cuenta las elevadas tasas de abandono escolar prematuro hasta el estallido de la crisis en 2008. Por añadidura, es probable que más de la mitad de los que aún permanecen dentro del sistema educativo reciban apenas una información superficial, lineal o inexplicablemente menguada sobre episodios fundamentales como la Segunda República o la Guerra Civil. Y prácticamente ninguna sobre la dictadura franquista o la transición.

El resultado de lo anterior adquiere los rasgos de un déficit democrático que, pese a las gesticulaciones citadas, apenas ha preocupado hasta la fecha a los gobiernos del turnismo ni a los editores de manuales. Y han tenido sobrado tiempo para remediarlo. En febrero de 2010, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo pública una encuesta realizada a tres mil personas en la que el 40% afirmó que la culpa del estallido de la Guerra Civil la tuvieron los dos “bandos” por igual y el 36% que ambos causaron las mismas víctimas. El 58% afirmó que “el franquismo tuvo cosas buenas y cosas malas” y un 35% valoró que, con Franco, “había más orden y paz”, aunque a continuación, un 80 y un 88% admitiesen, respectivamente, que durante ese periodo se violaron los derechos humanos y no había libertad de expresión. El 74% creía que la transición constituía un motivo de orgullo para los españoles, aunque el 56% ignorase cuándo se aprobó la Constitución. El 69% afirmó que recibió poca o ninguna información sobre la Guerra Civil en el colegio o el instituto. El autor de estas líneas recogió durante el curso 2013/14 una muestra sobre el nivel de conocimientos acerca de hechos, procesos, personajes y lugares emblemáticos de la historia española de los últimos setenta y cinco años entre un centenar de estudiantes universitarios madrileños en el ecuador de su carrera de Magisterio. El 30% no sabía cuántos años estuvo Franco en el poder (creían que menos de 30 años). El 45% desconocía qué fue el maquis. El 71,6% ignoraba en qué consistió el proceso 1.001. El 58% desconocía qué fue el Tribunal de Orden Público. El 79,5% no sabía en qué año se produjeron las últimas ejecuciones en España (casi un 40% desconoce incluso que las hubiera). El 47% no supo señalar en qué año se aprobó la actual Constitución. Un 98% y un 95% identificó Cuelgamuros y el Guernicade Picasso entre los hitos monumentales de nuestro pasado reciente, pero solo un 66% y un 45% respectivamente acertó a contextualizarlos. Nadie reconoció ni supo explicar, sin embargo, el monumento a los abogados laboralistas de Atocha y menos del 7% lo hizo con el monumento a la Constitución de 1978.

¿Ignorancia? Cierto, pero en lo tocante a la Historia reciente de España cabría especular si no es la que cabría esperar teniendo en cuenta cómo fue la formación de estos aprendices de profesores en las etapas previas a la universidad: solo el 27% de los encuestados vio los contenidos relativos a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición durante su educación obligatoria (4º de ESO). El 73% tuvo que esperar a 2º de Bachillerato y afrontar su estudio con la premura de la preparación de la selectividad. Solo el 21,5% de sus profesores abordó los temas con detenimiento y profundidad frente a un 28,4% que lo hizo deprisa y superficialmente con pretextos como rehuir la polémica política o la proximidad a los hechos (¡casi 80 años después de la guerra y 40 de la muerte del dictador!). Podría pensarse que, a la vista de todo esto, la contemporaneidad reciente es un territorio perdido para las nuevas generaciones. Nada más lejos: el 76% de los estudiantes reconoció tener unos conocimientos bajos o medio-bajos sobre los episodios clave de nuestra historia contemporánea, pero al mismo tiempo un significativo 79,5% mostró por ellos un interés alto o medio-alto.

Añadamos a todo esto la persistencia, en cuanto a las explicaciones manifestadas sobre los hechos de aquel pasado, de un auténtico “canon de hierro” que ha troquelado una serie de rasgos perdurables en el marco social de la memoria española: la Guerra Civil como locura colectiva, una confrontación entre hermanos impelidos a la lucha por un sino trágico y unas minorías políticas y ambiciosas; y la teoría del empate moral sobre las responsabilidades por el estallido de la guerra, repartidas por igual entre ambos bandos, y en la violencia de retaguardia, evaluada en cotas similares y ejecutada por grupos minoritarios sin más explicación que la exaltación de las pasiones y los odios. A esta mistificación a beneficio de una intencionalidad presentista han contribuido en buena medida los manuales escolares con el establecimiento de una secuencia cronológica de naturaleza teleológica. La Segunda República y la Guerra Civil aparecen indefectiblemente juntas, lo que condena a aquella como preámbulo indefectible de esta. 

El franquismo queda encapsulado en su propia temporalidad, ajeno a su origen en y como causante de la Guerra Civil, como si la dictadura no se hubiese reivindicado hasta el final a sí misma como “el Estado del 18 de julio” y su régimen no hubiera sido, parafraseando a Clausewitz, la continuación de la Guerra Civil por otros medios. Queda asimismo separado de la democracia actual, cuya genealogía se construye sobre su superación, obviando las inercias, las contradicciones y los conflictos insertos en un complejo proceso evolutivo. 

Un acotamiento que con el resurgir de tendencias revisionistas a comienzos del siglo XXI ha dado lugar a que el franquismo haya llegado a ser designado con vergonzantes o ridículos eufemismos como “el régimen anterior” o “el periodo predemocrático”.

Un elemento que conforma la orientación de los libros de texto, no curricular pero en absoluto desdeñable, es la comerciabilidad. El mercado al que los manuales están destinados (centros públicos o centros privados y/o concertados) determina según qué orientaciones. Los editores de libros de texto admiten que, sin que se pueda hablar de censura, una determinada orientación sobre ciertos temas puede acarrear que determinadas escuelas, en particular las privadas, no adopten un manual, lo que determina la apuesta de las editoriales por versiones adaptadas al canon conservador en el tratamiento de algunos temas. Las dobles líneas editoriales y el plegamiento de los contenidos a las demandas del mercado darían la razón a Dewey y Freire cuando advirtieron que las fuerzas comerciales terminarían por actuar en contra de la política escolar y de los objetivos educativos. 

Es preciso señalar que, en no pocas ocasiones, los manuales adolecen de una deficitaria incorporación de los avances de la historiografía actualizada, de una simplificación derivada de confundir divulgación con vulgarización y de groseros errores factuales. No es raro seguir leyendo que bajo la República se produjeron oleadas de huelgas, quemas de iglesias y enfrentamientos armados de grupos antagonistas, mezclando el legítimo ejercicio de un derecho constitucional con manifestaciones de piromanía anticlerical y actos terroristas, muy al estilo de los discursos coetáneos de Gil Robles. O que Calvo Sotelo, con doce escaños frente a los ochenta y ocho de la CEDA, era el líder de la derecha. O que su asesinato fue el desencadenante de la Guerra Civil, obviando lo que hoy sabemos acerca del tiempo largo de la trama conspirativa. Se sigue empleando “bando” para referirse a las partes en guerra, como si el gobierno legítimo y los sediciosos estuviesen en idéntico plano de legitimidad, e incluso algunos textos recuperan para estos últimos la denominación de “nacionales”. Se abunda en la fuerte influencia comunista --dos carteras de once- en los gobiernos de Juan Negrín. Se afirma que la represión en las retaguardias fue simétrica, de parecida magnitud e irracional. En definitiva, a pesar de los años transcurridos y de la producción historiográfica del último tercio de siglo, aún no existe una transposición didáctica, por ejemplo, de los aportes de Herbert Southworth y Paul Preston sobre el golpe de Estado; de los trabajos de Ángel Viñas o Enrique Moradiellos sobre la internacionalización del conflicto; de los estudios de Gabriel Cardona o Michel Alpert sobre la dinámica militar; de las reflexiones de Julio Aróstegui, Helen Graham o Alberto Reig Tapia sobre la dinámica política y social; de las conclusiones sobre la violencia y la represión de Julián Casanova, Francisco Espinosa,  Francisco Moreno o Ricard Vinyes.

Dada la importancia que tienen los recursos gráficos en los manuales, y partiendo de la base de que la ilustración no es un mero adorno, el repertorio de imágenes deja traslucir un discurso oculto que legitima la percepción vulgar de cada periodo histórico. La República evoluciona del entusiasmo popular inicial (Puerta del Sol el 14 de abril, sufragio femenino, misiones pedagógicas) a la radicalización y el enfrentamiento fratricida (Casas Viejas, Asturias, quema de conventos, extrema polarización). La secuencia iconográfica del franquismo revela que, tras una fase de penuria y aislamiento (cartillas de racionamiento, censura de prensa y cine, entrevista Franco/Hitler en Hendaya), el régimen fue capaz de sentar las bases del desarrollismo económico de la mano de su alianza con los Estados Unidos (Eisenhower, Seat 600, turismo, electrodomésticos) con algunas inevitables alteraciones del orden público (cargas policiales en la universidad). En la transición, imperan las instantáneas que reflejan el consenso (referéndum de la reforma política, autonomías, sesiones del Congreso) y el pacto de élites pilotado por la Corona. Junto a lo que exponen, es preciso también resaltar lo que los manuales invisibilizan. Episodios como el exilio, la resistencia interior, la presencia de republicanos españoles en la guerra mundial y en los campos nazis, las cárceles, campos y trabajos forzados, las ejecuciones, las leyes de excepción y tribunales especiales (TOP), la clandestinidad, el movimiento obrero, estudiantil y vecinal, la Ley de Peligrosidad Social, la censura moral e intelectual y, en definitiva, la trágica aritmética del franquismo no reciben la atención proporcional que merecen. 

No estaría mal que todas esas almas sensibles que se alarman por las periódicas apariciones del monstruo secesionista del lago de Banyoles se preocuparan de que las nuevas generaciones dispusieran de las claves para conocer a qué precio se pagaron las libertades que con tanto ahínco dicen defender. Y quiénes fueron los que más contribuyeron a su consecución. Quizás eso haría más por la cohesión colectiva que las invocaciones retóricas a la función inspectora. Aparte de que sea una deuda que la democracia actual y su sistema educativo aún no han satisfecho. Nunca es tarde. 

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Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM.
http://ctxt.es/es/20170531/Firmas/12991/historia-guerra-civil-franquismo-manipulacion.htm

miércoles, 7 de junio de 2017

"Lo de los estibadores es inaceptable", por Isaac Rosa

Lo de los estibadores es inaceptable

A base de insistir en lo importante que son los puertos para desprestigiar la huelga, acabaremos dudando de si merece la pena liberalizar un recurso tan estratégico

Isaac Rosa

Si queda por ahí algún despistado que todavía apoye la huelga de los odiosos estibadores, ahora mismo le quito las tonterías. A ver, izquierdistas ingenuos, nostálgicos del obrerismo, sindicalistas de salón, tomad nota de unos cuantos datos in-con-tes-ta-bles, y veréis cómo os acaba pareciendo inaceptable que unos pocos trabajadores pongan en jaque un país entero al cerrar los puertos.

Los datos hablan solos, con los puertos no se puede jugar: el 60% de las exportaciones y el 86% de importaciones pasan por ellos. Cada año, mercancías por valor de 200.000 millones, el 20% del PIB español. Repito: el 20% del PIB español. 15 millones de contenedores en 2016, 500 millones de toneladas. Un solo día de paralización cuesta una media de 50 millones de euros. Sectores clave dependen del puerto: industrias de todo tipo, comercio, alimentación, materias primas, componentes, químicas, siderurgia, cementeras, fabricantes de coches...

Datos incontestables, ¿eh? Yo mismo estoy impresionado. Yo intuía que los puertos eran estratégicos, pero vaya, no tanto. ¡El 20% del PIB circulando por ellos! ¡El 86% de importaciones! De hecho, estoy pensando que… Nada, una tontería, olvídenlo. A lo que íbamos: es inaceptable que 6.000 trabajadores defiendan sus derechos (perdón, sus privilegios) a costa de dañar a tantos sectores.

¡Mercancías por valor de 200.000 millones! ¡500 millones de toneladas! ¡Fabricantes de coches que no reciben un tornillo que no pase por el puerto! Vaya, vaya. Se me ocurre que si los puertos son tan, tan, tan importantes como estos días repiten Gobierno, empresarios y medios, pues igual eso de liberalizarlos, no sé… Nada, no me hagan caso, que se me va la cabeza. Yo venía a convencerles de que la huelga es un disparate, porque afecta a un elemento estratégico para el país y que...

Digo estratégico, y me quedo corto. Se me olvidaba que España es entrada y salida de Europa. Más que estratégico. Mira tú que si al final todo el conflicto no tiene que ver con los "privilegios" de unos pocos trabajadores, sino con el pastel enorme que se despacha en los puertos, y al que aspiran inversores internacionales. No sé, igual "liberalizar" la estiba es un paso imprescindible para acabar de "liberalizar" los puertos: dejarlos baratitos y limpios de la molesta interferencia de esos sindicatos, porque en el horizonte se anuncian operaciones multimillonarias que no quieren estorbos.

Qué tonterías se me ocurren, verdad. Yo venía a criticar la huelga, y ya ven: a base de escuchar tantas veces eso de que los puertos son fundamentales, acabaré pensando que igual los tiros iban por otro lado, y que los estibadores más que unos privilegiados son un obstáculo, una piedra en el camino del negocio que se espera generen esos puertos "estratégicos". A ver si lo inaceptable no es la huelga, sino que los trabajadores tengan control sobre la manera en que se organiza su actividad, dónde se ha visto algo así. Y que encima, bajo ese control (perdón, "monopolio"), los puertos crecen y baten récords cada año.

Inaceptable, sí.

http://www.eldiario.es/zonacritica/huelga_estibadores_puertos_6_651344882.html

viernes, 19 de mayo de 2017

Intervención en el debate “Ley de víctimas del franquismo, ¿una respuesta contra la impunidad?”


Intervención en el debate "“Ley de víctimas del franquismo, ¿una respuesta contra la impunidad?”

Jueves 18 de mayo, Centro Dotacional Integrado Arganzuela

Intervienen también:
Gregorio Cámara Villar Portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Parlamentario Socialista, y Sol Sánchez. Coportavoz de Izquierda Unida Madrid.





Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento, en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, y más concretamente a la Junta Municipal de Arganzuela y a su concejala, por la cesión de este espacio donde hoy nos encontramos.

Asimismo quiero expresar mi agradecimiento a los compañeros y a la compañera que han aceptado nuestra invitación para participar en este acto, y queremos que trasmitan ese agradecimiento a las direcciones de las fuerzas políticas a las que representan.
Han disculpado su presencia hoy aquí, los grupos de Bildu y de Compromís.  Paso a leer las comunicaciones que nos han hecho llegar:

Comienzo  mi  intervención explicando que una Ley integral de Víctimas del franquismo es la propuesta central de la Federación Estatal de Foros por la Memoria: hemos creído necesario desarrollar una proposición sistematizada en la que llevamos trabajando algún tiempo. Porque estamos convencidos/as de que, independientemente de las causas judiciales que se están planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son jurídicas y políticas; también lo son las soluciones: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y promover una legislación que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

Hemos elaborado un amplio borrador, abierto a modificaciones y a sugerencias para su mejora y ampliación. El texto se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Hemos celebrado recientemente dos debates sobre el asunto en el Colegio de Abogados de Madrid, con participación de expertos en Justicia Internacional y Derechos humanos.  Ambos actos han sido subidos a Youtube, y en mi opinión su visión es muy recomendable.

El Proyecto de LVF se basa en dos ideas: primero, que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base jurídica ni lógica conforme a la definición de víctima de NNUU. En segundo lugar, creemos que es indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH.

La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana (que por cierto, asistió al primer debate en el ICAM) cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"
El Documento en el que estamos trabajando comienza con un Preámbulo o Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo.
El Borrador de Ley de Víctimas del franquismo parte del reconocimiento jurídico de las víctimas, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.



Buena parte del trabajo que hemos realizado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. También nos hemos inspirado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y cuya problemática se ha atendido por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de  Naciones Unidas, sino que lo que las diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, a la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, la legislación represiva emanada del gobierno y de las Cortes franquistas… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor entidad y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.
Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.


Este Proyecto no pretende ser una ley de víctimas de la guerra civil en general. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.
Las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia.
Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia.
También se debe tener en consideración que las agresiones contra los derechos humanos no sólo se produjeron durante la guerra de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidas, que han sido juzgadas y han terminado por lo general con contundentes condenas penales en otros países del mundo, como los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano. En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos, independientemente de su edad tal y como sucede en países de nuestro entorno, como Alemania.

A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.
En el primer bloque, que titulamos “El Derecho a la verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad española”, hablamos, entre otros temas,
ü  De la retirada de la simbología franquista
ü  De declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
ü  Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
ü  Del tratamiento de los lugares de memoria;
Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos orientada a gestionar y garantizar el derecho de acceso a la información de víctimas, investigadores y del conjunto de la sociedad.  

En el bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
ü  La Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002), tal y como se desarrolla en un documento del Equipo Nizkor de derechos humanos, enviado a los diputados españoles en 2010.
ü  La exhumación judicializada de todas las fosas comunes del franquismo. Defendemos que la Ley de Víctimas del franquismo  debe manifestarse expresamente contra la privatización y la  gestión administrativa de las fosas comunes consagrada por la Ley de Memoria Histórica de 2007, por cuanto se tratan en primer lugar, de pruebas de crímenes contra la Humanidad.
ü  También consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, delitos permanentes e imprescriptibles. Todo ello considerado dentro de una trama organizada, por lo que no pueden seguir siendor tratados como delitos individualizados.

En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la reparación material y/o simbólica de la amplia y diversa tipología de víctimas del franquismo, así como la creación de un Consejo participativo en la cual éstas, directamente o representadas por el movimiento asociativo, puedan manifestar las reivindicaciones comunes y específicas.
En resumen, proponemos a  las fuerzas políticas la promulgación en esta legislatura de un bloque legal, centrado en la Ley de Víctimas del franquismo, pero que debería  ir más allá, con una Ley de Archivos avanzada; una solución definitiva al tema de El Valle de Los Caídos, o la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 para impedir que siga actuando como ley de punto final, tal y como la definen  las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Durante el segundo Encuentro de asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo celebrado en mayo de 2016 en Madrid, la estrategia de proponer a las fuerzas políticas una iniciativa legislativa común para la promulgación de una LVF, fue asumida por la totalidad de las organizaciones. Hoy constituye la propuesta política del conjunto de organizaciones adheridas al Encuentro, y se inspira en la llamada Carta de Vicálvaro consensuada entre todas ellas en septiembre de 2015 y hoy suscrita por 88 organizaciones. La propuesta política del Encuentro va a ser actualizada próximamente, en la reunión (la tercera) que vamos a celebrar en Vicálvaro el próximo mes de junio.

Esta iniciativa se ha trasladado a las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida por lo general, pero también con cierta distancia por la concurrencia con las diversas iniciativas sobre memoria histórica de los grupos políticos desde que en Junio pasado comenzó la legislatura. Nuestra propuesta, en el marco del  Encuentro, será promover la convergencia estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a esta problemática en torno a una LVF. Queremos convencerlas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tienen un recorrido limitado, y que deberíamos aunar esfuerzos a partir de la Carta de Vicálvaro y de las recomendaciones al Estado español de los organismos internacionales de derechos humanos.

Esto podría plasmarse en una elaboración conjunta del proyecto de ley; o por ejemplo, tal y como nos han sugerido en alguna ocasión, mediante la constitución de una ponencia específica en la Comisión de Justicia del Congreso.


Para finalizar, nos ponemos a vuestra disposición para haceros llegar el borrador del documento de proposición de Ley de Víctimas  del Franquismo a quien no lo tenga aún, así como para recoger vuestras sugerencias, y para explicar pormenorizadamente nuestra propuesta.