martes, 15 de agosto de 2017

"El olvido y la impunidad son los pies de barro de una democracia", por Benjamín Prado


El olvido y la impunidad son los pies de barro de una democracia

Benjamín Prado . InfoLibre, 15/08/2017 


“La justicia consiste en elegir: estás de parte del asesino o estás del lado de sus víctimas”.

Hace algunos años, publiqué una novela titulada Operación Gladio que, envuelta en el ambiente de una historia de espías, hablaba de nuestra famosa Transición, un episodio que en aquel libro se definía como un triunfo de todos que también tuvo sus perdedores. En ella se reflexionaba sobre el trato injusto que recibieron, cuando regresó la democracia a España, algunos de los derrotados, especialmente aquellos que habían mantenido la resistencia, al menos ideológica, contra una dictadura sanguinaria que llamaba Cruzada Nacional a lo que no fue más que una feroz tarea de exterminio contra personas indefensas, llevada a cabo por el grupo terrorista Falange Española y de las JONS, con el apoyo de las fuerzas del Estado, transformadas en una máquina represiva por la dictadura. Hubo miles de asesinatos y, en consecuencia, miles de criminales, pero nadie ha pagado por aquellos delitos, ni siquiera uno de los pistoleros de camisa azul, todos regresaron tranquilamente a sus vidas o, en muchos casos, a las de los demás, dado que ocuparon los puestos y requisaron los bienes de los profesionales de toda índole a los que habían pegado un tiro en la nuca y enterrado en una cuneta o empujado al exilio; pero nadie les pidió explicaciones, los verdugos quedaron impunes; los torturadores fueron condecorados incluso después de la muerte del matarife en jefe, el funeralísimo, como lo llamaba el poeta Rafael Alberti, que en pleno siglo XXI sigue teniendo su vergonzoso monumento en la sierra de Madrid, el tétrico Valle de los Caídos, y entre otras cosas, la propiedad del Pazo de Meirás, en Sada, A Coruña, un palacete de estilo románico que disfrutan sus herederos, financia la Xunta de Galicia y sirve para enaltecer la figura del que fue a lo largo de cuatro décadas el mayor cáncer de un país que, en algunas cosas, aún paga el precio de haber dejado que semejante indeseable muriese tranquilamente en su cama del hospital de La Paz.
  
En aquella novela se recreaba la historia real de los familiares de algunos ciudadanos ejecutados ilegalmente, arrojados a una fosa común, profanada unos años más tarde su terrible sepultura y llevados sus restos al Valle de los Caídos, y a los que cuando pidieron sacar de aquel lugar ignominioso a sus abuelos, madres o padres, se los trató de alborotadores, fueron acusados de reabrir las heridas que, según ellos, provocaron la Guerra Civil y no se sabe si también, por extensión, los abusos, violaciones y homicidios que se llevaron a cabo por parte de los sublevados hasta el último momento de aquella larga y oscura noche.
  
Y también se cuestionaban en Operación Gladio algunos prestigios en mi opinión desproporcionados, como el de Dionisio Ridruejo, buen prosista y mal poeta, teórico del fascismo y cortesano con yugo y flechas bordado sobre el corazón, que si es cierto que se distanció pronto, como muchos de sus compañeros de armas e ideas, del golpista de El Pardo, no fue porque no reinstaurase el sistema tras su triunfo, ni el democrático ni siquiera el monárquico, sino porque el nuevo régimen no se quería basar en las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Él evolucionó, como algunos otros, y el papel que jugó como referencia tiene su mérito, pero de ahí a convertirlo en uno de los padres de la libertad recuperada, como se ha hecho con frecuencia, hay un mundo. La novela fue atacada con saña, desde la derecha y desde la izquierda, y tuve la impresión de haber levantado un antifaz que no convenía, tal vez porque aquí la palabra reconciliación no está muy lejos de la palabra olvido. Punto final, borrón y cuenta nueva, aquí paz y después gloria... Desde entonces, hay un título que suelo repetir en mis conferencias: si no quieren que la cuentes, es que es una buena historia.

Ahora, en 2017, continuamos hablando del viscoso general, porque resulta que el Pazo de Meirás sigue en manos de sus herederos y la Fundación Franco recibe ayudas públicas para que pueda continuar encomiando al canalla. El año que viene publicaré una nueva entrega de la serie protagonizada por el maestro Juan Urbano en Mala gente que camina, la propia Operación Gladio y Ajuste de cuentas. Como adelanto, les dejo este fragmento que viene que ni pintado para la ocasión:  “Cuando en plena Guerra Civil un grupo de aduladores decidió regalarle al jefe de los sediciosos la antigua casa de la novelista Emilia Pardo Bazán, el célebre Pazo de Meirás, su esposa se presentó allí un día acompañada por dos militares y un sacerdote, subió a la Torre de la Quimera, empezó a abrir displicentemente burós y arquetas llenos de originales de la autora de Los pazos de Ulloa, se entretuvo en leer algunos fragmentos de sus diarios inéditos, unos apuntes de viajes y varias cartas; “y de pronto, se puso pálida”, según contó después uno de los testigos de la escena y recogen las biografías de la escritora, “echó a andar hacia la salida con pasos coléricos y mientras se colocaba los guantes su voz restalló como un látigo: ¡Que se quemen los papeles que hay en los cajones! ¡Todos!” Había echado al fuego la correspondencia privada de la condesa feminista con Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Vicente Blasco Ibáñez y muchos otros.” Esto es lo que hubo y es lo que aún hoy defienden algunos.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/2017/08/15/el_olvido_impunidad_son_los_pies_barro_una_democracia_68608_2002.html

"La destrucción de la plaza de toros de Badajoz", por Francisco Espinosa Maestre




La destrucción de la plaza de toros de Badajoz

"Bien pensado, el palacio de congresos se podía haber hecho en otro lugar. La plaza de toros debió restaurarse parcialmente, dedicando espacios a la historia y la memoria y dejando el resto para fines culturales"
"Ahí podía haber ido el gran archivo nacional sobre el golpe militar, la represión y la guerra civil, cuya creación fue una de las reivindicaciones del movimiento pro memoria y que la investigación histórica tanto hubiese agradecido"

Francisco Espinosa Maestre
eldiario.es Extremadura,12/08/2017


El primer deber de la democracia es la memoria                                                                            
Pierre Vidal-Naquet, historiador


Han pasado ya casi dos décadas desde que tuvo lugar el gravísimo atentado arquitectónico e histórico contra la plaza de toros de Badajoz. Arquitectónico por tratarse de una plaza enclavada en el sistema defensivo de la ciudad e histórico por haber sido escenario de un hecho clave y simbólico a las pocas semanas de producirse el golpe militar de 18 de julio de 1936.

Tal despropósito se justificó en su momento en que prácticamente ya no había nada dentro, solo ruina. Pero basta revisar viejos documentales accesibles por Internet para saber que dicha afirmación es falsa.

Aquel lugar, uno de los símbolos más reconocidos, dentro y fuera de nuestro país, de la resistencia democrática y del terror fascista fue sustituido por un palacio de congresos de esos que abundan en España con o sin sentido (solo en Extremadura hay cinco).

Podría haber sido construido en cualquier otro lugar de la ciudad pero alguien decidió que debía estar precisamente ahí. El presupuesto oficial fue de mil quinientos millones de pesetas, generosamente proporcionados por los fondos europeos, pero en realidad debió costar costó bastante más.

El responsable de tal hecho fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Esta decisión personal tiene relación sin duda, como luego veremos, con su visión de la “guerra civil”. El entonces presidente de la Junta de Extremadura Rodríguez Ibarra no contempló en ningún momento la permanencia de aquel monumento.

El supuesto mal estado de conservación era una excusa. Se trataba de un edificio catalogado y con protección estructural del que el mismo Luis Pla, que llegó a hacer una propuesta sobre su conservación y uso, reconocía que había sufrido durante años intervenciones diversas no solo desafortunadas sino ilegales. Nadie sabía qué hacer con él. Ni el PSOE en los doce años en que controló tanto la alcaldía de la ciudad como la presidencia de la Junta (1983-1995) ni, por supuesto, el PP, que aún mantiene la alcaldía desde entonces.

O sea que la responsabilidad del estado en que llegó la plaza a 1998, cuando Rodríguez Ibarra decidió su final, fue consecuencia tanto del abandono en que estuvo desde que se dejó a su suerte en plena dictadura al construirse otra en 1967 como de la actitud del PSOE en esos años en que pudo hacer algo. ¿Imaginan lo que debió pasar por la cabeza del alcalde Celdrán cuando Rodríguez Ibarra le comunicó su idea? Lo que la derecha pacense no se había atrevido a hacer en décadas ahora venía de la mano del primer dirigente regional del PSOE, el partido más afectado por las matanzas fascistas. Cabe preguntarse si existe relación alguna entre el PSOE de entonces y el de ahora aparte de la coincidencia de siglas.

Todo parece indicar que la plaza fue destruida por una cuestión ideológica: se trataba simplemente de un símbolo que había que arrasar, de un elemento negativo que convenía que desapareciera de la ciudad, llevándose de paso consigo los recuerdos que concitaba. Al presidente Ibarra no le gustaba ver aquello allí y, teniendo por base su idea de lo que era la superación del pasado y la reconciliación, y sintiéndose el intérprete de todos los extremeños y de todos los españoles, decidió su destrucción.

La plaza de toros era un lugar de memoria de similar importancia a la de otros que se conservan en Europa y que por supuesto nadie osaría destruir. Sin embargo, frente a la frase de Vidal-Naquet que encabeza el texto, la cúpula del PSOE decidió que el primer deber de la democracia era el olvido, lo cual encontró su mejor exposición en Felipe González cuando dijo aquello de “Nosotros decidimos no mirar atrás”. A Rodríguez Ibarra le estorbaba la plaza de toros porque probablemente le estorbaba el pasado. Hacían falta todo tipo de votos y el compromiso con el pasado podía restar muchos.

No hablamos de una decisión de los primeros años ochenta, cuando aún resonaba la intentona de febrero de 1981, sino de 1998, tras dos décadas de democracia y cuando ya se ha producido el turno político del PSOE al PP. ¿Tuvo relación la decisión de Rodríguez Ibarra con la salida del poder del PSOE en 1996 tras una legislatura desastrosa? ¿Quiso con ello tranquilizar y agradar a las derechas pacenses tomando una decisión que aquellas sin duda verían con agrado?

Pese a la gravedad de la decisión tomada por Rodríguez Ibarra nadie dijo nada. El silencio fue casi absoluto. Hasta donde yo sé solo hubo tres voces críticas. La de IU recogiendo firmas para frenar aquel despropósito; un cartel con el que amaneció la ciudad el 14 de agosto de 2002, y la introducción que hice para mi libro La columna de la muerte en 2003. Cuando se tuvo noticia de lo que iban a hacer con la plaza, IU, que solía colocar allí flores todos los 14 de agosto, decidió recoger firmas para salvarla.

Asimismo mostraron imágenes del estado en que estaban las zonas interiores de la plaza de toros cuando decidieron tirarla, de las bóvedas de cañón y de los toriles. También se apreciaban impactos de disparos. Lo que la plaza sufría eran treinta años de abandono y  saqueo. Los herrajes de forja de los palcos superiores, algunos de los cuales pasaron a manos privadas, se encontraban en almacenes municipales. El monumento se pudo haber restaurado pero simplemente no se quiso.

Una vez construido el palacio, ante las críticas y por iniciativa del propio arquitecto del proyecto José Selgas, se intentó corregir el hecho de que no se aludiera en modo alguno a lo que allí hubo con una plaquita y con eso que hay fuera, obra de Blanca Muñoz, y cuyo significado verán todos los que estén allí a las dos de la tarde de los días 14 al 17 de agosto de cada año. Una hora y una fecha ideal en Badajoz para asistir al milagro astronómico de la galaxia espiral. El nombre de la obra es por lo visto “Eclíptica II” y constituye sin duda un broche final adecuado al plan de Rodríguez Ibarra. 

El cartel, con formato taurino, constituía una dura crítica a la destrucción de la plaza de toros. Ninguna imprenta de Badajoz quiso hacerlo, razón por la que hubo que llevarlo a la vecina Elvas (Portugal). Podemos imaginar dos razones para tal negativa: por la ideología del responsable de la imprenta o por temer las consecuencias.

Además se intentó que nadie lo viera, para lo cual madrugadoras manos arrancaron los carteles desde que se tuvo noticia de su existencia, aunque no obstante quedaron algunos que despertaron la curiosidad de los vecinos. El cartel, firmado por Mercenarios de la Idea, pretendía traer a la memoria de la gente los nombres de los protagonistas y consentidores de la matanza: nacionales, locales, militares, civiles y eclesiásticos, y lo hacía en el formato que mejor le iba al asunto: en el de un cartel de toros.

Por otra parte, mi introducción a La columna de la muerte sentó fatal, máxime cuando la Junta decidió poco antes adquirir un importante número de ejemplares (una quinta parte de la edición) por tratarse de la primera investigación en la que salían a la luz los nombres de miles de personas represaliadas y una relación detallada de lo ocurrido entre el triunfo del golpe en Sevilla y la llegada de las columnas facciosas a Mérida y Badajoz.

Cuando la editorial les envió la copia yo aún no había concluido la introducción. Y sentó mal porque en dicha introducción se hacia una crítica fundamentada de la destrucción de un símbolo tan importante como ese y de la absurda decisión de colocar en su lugar un palacio de congresos. Había que proteger la decisión de Rodríguez Ibarra y evitar toda crítica y, como es lógico, aquello tuvo sus consecuencias. De entrada, anularon la presentación en la que intervenían Justo Vila, Francisco Muñoz y Francisco Fuentes y ni siquiera asistieron al acto celebrado en la feria del libro. Y todo ello porque en un libro de más de quinientas páginas había cinco en las que se criticaba una decisión del líder. Lo que no pudieron evitar es que el libro haya tenido seis ediciones en trece años, la última hace unos meses.

Se aludió antes a la visión de la “guerra civil” de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Lo primero que hay que decir es que nunca le gustó eso de la “memoria histórica”, prueba de ello es el control que en todo momento ejerció la Junta sobre la asociación de memoria histórica. Memoria sí, decían, pero “hasta su justo límite”. Ibarra decía que quería comprender “a muchos que estuvieron en el bando ganador”, pensaba que en “ambos bandos” hubo buenos y malos y que la guerra la perdieron todos.

Para Ibarra “el soldado español” merece respecto estuviera donde estuviera. Una de las ideas que más ha repetido es esa que dice que muchos soldados al servicio de Franco fueron sufridores de la guerra que ganaron. Sé lo que quiere decir pero yo, por mi parte, procedente de una de esas familias, me pregunto qué hubieran pensado de esto los republicanos sufridores de la guerra que perdieron.

En fin, qué duro debió ser ganar. Naturalmente a una persona que piense así le sobra lo que recuerde que todo empezó por un salvaje golpe militar, que los golpistas no fueron bien recibidos en ninguna localidad del suroeste y que Badajoz cayó tras una lucha feroz y fue sometida a un durísimo castigo cuya máxima expresión fue lo ocurrido en la plaza de toros.

Ibarra, además de respetar a los que lucharon en ambos bandos, ha insistido en el desprecio hacia los asesinos de retaguardia. Parece ignorar la debilidad de la línea que en una guerra separa al soldado del asesino. Y no digamos ya si se trata del enfrentamiento surgido a consecuencia de un golpe militar... ¿Cómo considerará Ibarra a los soldados que en Sancha Brava estuvieron durante años, noche a noche y por riguroso sorteo, asesinando a cientos de personas, incluyendo a sus propios vecinos? ¿Y a los que subieron con las columnas hacia Madrid sin dejar con vida a ningún prisionero de los que iban haciendo en el recorrido? ¿Y a los que perpetraron matanzas sobre la población civil en los pueblos cercanos a Madrid en los días previos al gran desastre del 7 de noviembre? Todos cumplían órdenes… asesinas. Se olvida a aquellos soldados que no pudiendo soportar aquella vida se pasaron a zona republicana.

Las palabras de Ibarra están llenas de relativismo moral sobre lo que él denomina los dos bandos. Claro que hubo asesinos en ambas zonas, pero de lo que se trata es de dejar claro es que el bando franquista era en sí una facción criminal. Y claro que ahí hubo gente simplemente porque les tocó, pero esto no les exime de su responsabilidad por más que en un juicio no hubieran sido ellos los que pasasen por el banquillo.

Se mire como se mire, nunca será lo mismo luchar al servicio de una banda asesina que al del gobierno legal que se defiende de un brutal golpe militar. Aunque la versión que se impuso fue la de los vencedores, sus protagonistas callaron y, salvo excepción, nunca hablaron de aquellos hechos. Rodríguez Ibarra olvida que ese pacto de sangre inicial constituyó la argamasa sobre la que se edificó la dictadura y fue su más firme aliado; también la causa de que la dictadura durase tanto y de que antes de la Constitución se aprobase la Ley de Amnistía, que borraba los crímenes de los franquistas; la izquierda ya había dispuesto de cuarenta años para penar por los suyos. Se trataba simplemente de una pionera ley de impunidad.

¿Qué consecuencias tuvo la decisión de Rodríguez Ibarra sobre la plaza? La imposición por la fuerza del plan de Ibarra acarreó el silencio de muchos sobre este asunto. El PSOE quedó tocado, como se vería más tarde. No me cabe duda de que en dicho partido hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la destrucción de la plaza de toros, pero optaron por callar. Estando aún Rodríguez Ibarra en el poder no resultaba aconsejable poner en duda sus decisiones. En política ya se sabe que todo pende de un fino hilo. Este silencio se mantuvo y aún no se ha roto.

En 2009 el Ayuntamiento de Badajoz decidió levantar un gran muro tapando todo un lateral del cementerio de San Juan. Los tiempos ya eran otros. El palacio de congresos se inauguró por fin en 2006, el PSOE de Rodríguez Zapatero se había comprometido a poner en marcha una ley de memoria y Rodríguez Ibarra dejó finalmente la presidencia de la Junta de Extremadura en 2007, tras veinticuatro años en el poder.

La excusa que dio el PP para ocultar el muro inmortalizado por la cámara de René Brut fue el mismo que se dio en 1998 con la plaza: su mal estado de conservación. Pero la realidad era otra: proyectos inmobiliarios aconsejaban levantar un enorme muro que ocultara el cementerio y, ya de paso, que tapara el lienzo de pared que evocaba las perturbadoras imágenes de los militares leales asesinados tras la ocupación de la ciudad.

Por iniciativa de la ARMHEX numerosas personas se pronunciaron en contra de lo que se quería hacer en el cementerio. Las relacionadas con el PSOE lo tuvieron complicado, ya que después de la decisión de 1998 no podían decir nada.

El PP incluso se permitió, en medio de un bochornoso espectáculo, eliminar del callejero la calle dedicada en los años ochenta a la diputada socialista por Badajoz Margarita Nelken. Incluso lo intentaron con el último alcalde republicano Sinforiano Madroñero y tuvieron  el cinismo de proponer que dicha avenida pasase a denominarse Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a lo que este, con buen sentido, se negó.

La destrucción de la plaza de toros silenció al PSOE y envalentonó al PP, que pudo gritar a los cuatros vientos que se trató de una decisión de Rodríguez Ibarra. Por otra parte el PSOE no recuerda o parece tener borroso las iniciativas contrarias que hubo en contra de la destrucción de la plaza. Sin embargo, tiene que llegar el momento en que muchos socialistas de base recuerden e incluso manifiesten que aquello estuvo mal y que la plaza debió respetarse.

Bien pensado, el palacio se podía haber hecho en otro lugar. La plaza de toros debió restaurarse parcialmente, dedicando espacios a la historia y la memoria y dejando el resto para fines culturales. Incluso un espacio al aire libre, como planteaba el proyecto de Luis Pla.

Ahí podía haber ido el gran archivo nacional sobre el golpe militar, la represión y la guerra civil, cuya creación fue una de las reivindicaciones del movimiento pro memoria y que la investigación histórica tanto hubiese agradecido. Una base de datos hubiera facilitado la búsqueda de personas dándose posibilidad a los visitantes de aportar información así como documentos, memorias y objetos de todo tipo. La educación y el respeto a los derechos humanos estarían en la base de todo el proyecto y al servicio de la memoria democrática. Desde luego hubiera costado mucho menos tiempo y dinero. El monumento resultante no tendría menos uso que el actual y se habría respetado el patrimonio y la historia de la ciudad. Y, sobre todo, se habría hecho un homenaje perpetuo a todas las personas allí asesinadas y se hubiera conservado un lugar de memoria relevante a nivel europeo.

No sabemos aún cómo pasará a la historia la etapa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Junta de Extremadura. Lo único que me atrevería a decir es que desde luego en su haber no estará jamás la decisión de destruir la plaza de toros de Badajoz, cuyo recuerdo desaparecerá totalmente en poco tiempo.


"Charlottesville: equidistancias y otras miserias", por Antonio Maestre

Charlottesville: equidistancias y otras miserias

“Sólo existe una posición moral aceptable, y es el antifascismo. Si en un combate ideológico, e incluso físico, entre fascistas y antifascistas no eliges la trinchera de los que defienden la diversidad y el respeto a las minorías entonces ya has elegido. Eres uno de ellos”, escribe Maestre.

14 Agosto 2017
ANTONIO MAESTRE
redaccion@lamarea.com

Danuta Danielsson era una mujer polaca que vivía en Suecia y que tuvo a su madre en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hans Runeson la fotografió en una manifestación del Partido Nórdico del Reich golpeando con su bolso a un miembro de la formación nazi. Danielsson hizo bien en expresar su rechazo ante aquellos que representan el odio más extremo. Su fotografía es hoy un referente icónico de la lucha antifascista que muestra de manera gráfica que al fascismo no se le discute.

Sin embargo, no resulta extraño cuando en una manifestación de nazis y supremacistas blancos se producen hechos violentos ver en la prensa española titulares que dicen: Estado de emergencia en Virginia por disturbios entre grupos radicales. Es una posición editorial muy extendida equiparar a los que creen que su raza es superior y quieren exterminar a todos aquellos que no cumplen con sus cánones raciales con quienes defienden la diversidad y los combaten.

La intelectualidad conservadora patria, ahora autodenominada liberal, siempre ha equiparado fascismo y antifascismo para justificar ante sí misma que no ve tan mal la ideología que mantenía reprimido el gen rojo. El anticomunismo siempre ha dejado al desnudo sus costuras. El tratamiento informativo de Charlottesville en los medios españoles sólo cambió cuando en rueda de prensa Donald Trump habló de violencia por ambos lados y dejó en evidencia todas las vergüenzas periodísticas.

La progresía española se ha contaminado de ese pensamiento por un complejo de inferioridad, y corre a denunciar cualquier conato de violencia sin pararse a valorar cuál es el contexto. No se atreve a exponer y analizar que no es lo mismo que un nazi agreda a un negro por su color que el hecho de que un antifascista agreda a una nazi que se dedica a apalear a minorías y colectivos vulnerables en cacerías por simple diversión y motivadas por su odio ideológico. Una postura pusilánime que no se arriesga a analizar y especificar el contexto determinado de un acto violento por temor a ser acusados de compartir el método. Porque no todas las violencias son iguales, las hay que por su fanatismo extremo no conocen más antídoto que el poder punitivo, del mismo modo que otras son legales o proporcionan excusa jurídica. Desde un punto de vista editorial y periodístico especificar el contexto de la violencia contra colectivos fascistas es imprescindible.

Manuel Jabois, periodista en El País, tuvo la osadía de hablar del contexto informativo en un caso de violencia contra colectivos nazis. Fue el pasado mes de enero, con motivo de la paliza dada por un grupo de antifascistas a una chica nazi en Murcia llamada La intocable. Lo hizo en una columna radiofónica en La SER llamada Información y verdad: “No sé si existe algo que justifique a una muchedumbre pateando a alguien en el suelo. Pero la información ayuda a colocarse mejor moralmente delante del suceso. Para un oyente no es lo mismo escuchar que le han dado una paliza una chica porque es de derechas o porque lleva una pulsera de la bandera de España (y esa es la información que se dio, y se sigue dando en muchos lugares) que oír que la paliza la reciba alguien neonazi que se encarga de dar esas mismas palizas”. 

Jabois hablaba de un caso que desde el punto de vista periodístico y moral marca una pauta habitual en los medios de comunicación españoles. La primera opción siempre es criminalizar a una determinada ideología de izquierdas. Ese sesgo político prima sobre la información, la deontología y el contexto. Si en las primeras noticias sobre la paliza se dice que la víctima era una nazi conocida de Murcia con diversos antecedentes que se dedica a dar palizas a inmigrantes lo más normal es que no consiga epatar a la inmensa mayoría de la opinión pública y la noticia pase desapercibida. Pero si dices que un grupo de violentos de extrema izquierda apalea a una chica de 19 años por llevar una pulsera de la bandera de España consigues el objetivo político marcado. Unos cuantos días marcando la agenda, el ministro del Interior tomando parte por la nazi agredida, y con un buen número de míseros y equidistantes haciendo buena la cita falsa de Churchill sobre los fascistas del futuro. Se consigue de manera efectiva igualar a los miembros de una ideología criminal con aquellos que la combaten. Ni nazismo, ni antinazismo, igualdad.

Alberto Reig Tapia define a estos especímenes de la vida cultural, política y periodística en su magnífico ensayo sobre los revisionistas españoles La crítica de la acrítica” como inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes. Aunque ellos no lo saben, o no se aceptan, y optan por llamarse liberales y apelar al valor último de la libertad sin comprender la complejidad sociológica y filosófica de ese concepto. Dice Reig de este arquetipo nacional: “Esa hipócrita equidistancia de la que se sirven tantos pretendidos críticos que se creen imparciales y que presumen de neutrales recurriendo al facilón recurso de dar una de cal y una de arena”.

La ideología nazi, supremacista o fascista no es respetable. No es una ideología equiparable a otra, no hay que darle voz, no hay que dejar que muestra sus ideas en ningún foro público. Su ilegalización sólo es debatible desde el punto de vista pragmático, para evitar que la victimización la haga crecer. La única manera con la que hay que dirigirse a ellos es mediante un combate frontal, directo y sin concesiones a sus ideas. No hay debate posible ni aceptable. No existe ninguna fobia que permita desde un punto de vista moral aceptar una posición neutra entre aquellos que consideran que hay que exterminar o subyugar a un ser humano y entre aquellos que los combaten. Sólo existe una posición moral aceptable, y es el antifascismo. Si en un combate ideológico, e incluso físico, entre fascistas y antifascistas no eliges la trinchera de los que defienden la diversidad y el respeto a las minorías, entonces ya has elegido. Eres uno de ellos.

http://www.lamarea.com/2017/08/14/equidistancias-otras-miserias/

lunes, 31 de julio de 2017

"La máscara de Isidoro"


La máscara de Isidoro

Artículo del excoordinador general de IU Julio Anguita junto a Juan Rivera Reyes y Rafael Juan Ruiz, miembros del Frente Cívico 'Somos Mayoría'

El Diario, 27/07/2017

Cada día sorprende menos hasta dónde puede llegar la degradación política de un personaje como Felipe González, conocido por ser capaz de vender humo teñido de esperanza a todo un país. Hace decenios que tanto el 'Isidoro' que desde una militancia plácida y poco arriesgada se opuso al Tardofranquismo, como el 'Felipe' encumbrado a la Presidencia del Gobierno quedaron amortizados y engullidos por el ávido "estadista" al servicio del mejor postor -llámese, por ejemplo, Carlos Slim- sin problema ético por sentarse en cualquier consejo de administración de una boyante multinacional.

Hubo una época en que sus falacias no hacían mella en su rostro porque la sordidez sólo asomaba en cuchicheos de pasillo, dibujando retratos de Dorian Grey que no verían la luz más allá de un círculo de iniciados. Los años han dado paso a la grotesca caricatura de su figura en la cubierta del yate de cualquier empresario amigo. 

Esta semana, dando una vuelta de tuerca,  González ha pedido que los militares venezolanos desobedezcan al presidente electo Nicolás Maduro. En román paladín a ese acto siempre se le ha llamado "Golpe de Estado". González ha usado para justificar su boutade las expresiones "mandato constitucional" y respeto a los Derechos Humanos. Resulta curioso oír decir esto a quien convivió sin problemas con los GAL. También conmueve su preocupación actual por el destino de Venezuela. La que no tuvo cuando su íntimo amigo Carlos Andrés Pérez dio la orden, en 1989, de reprimir a sangre y fuego al pueblo venezolano levantado en protestas causando centenares de muertos y miles de desaparecidos en lo que se conoció como "Caracazo".

Resultaría cómico, si no fuese por las consecuencias posteriores, comprobar la similitud de su discurso con el empleado por otros "encantadores de serpientes" en momentos previos a grandes tragedias:

"Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo -y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto- que exista actualmente en el Ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales, que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la Monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera, sería un loco, lo digo con toda claridad (rumores), aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía... (Grandes protestas y contraprotestas)".

José Calvo Sotelo. Diario de Sesiones de las Cortes. 16 de junio de 1936.

González es el hombre que en 1979 hizo que el PSOE abandonara las ideas de Marx (Carlos) para seguir la senda del otro Marx (Groucho) bajo el mantra de "Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros". También el político capaz de decir una cosa para hacer la contraria (OTAN de entrada, NO). Parece, por lo dicho hoy, que también se siente cómodo allanando el camino al coronel Casado de turno para que la oligarquía venezolana, sedienta de venganza por los años desplazada del poder, se sacie a través de la miseria golpista.              

Llamar a la intervención militar como solución a los problemas actuales de Venezuela es llamar al baño de sangre. Y por muy oxidado que estuviese el olfato del decrépito actor sevillano colgado a la máscara de su impostura, seguro que no ignora las consecuencias finales que tendría la puesta en práctica de sus palabras.

Entendemos que arrojar gasolina al fuego, prenda éste en Caracas o en Barcelona, no es el modo de respetar la democracia y los derechos humanos. Y menos hacerlo, supuestamente, en nombre de un pueblo español cada día más confuso con la escandalosa manipulación mediática que se hace sobre el asunto.

http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/mascara-Isidoro_6_669193090.html

viernes, 21 de julio de 2017

#18JYoCondeno

Hoy, 42 años después de la muerte física del dictador, y 81 del golpe de estado llevado a cabo por un grupo de militares perjuros y una poderosa trama civil contra el régimen democrático legalmente constituido, constatamos que:

Miles de víctimas del franquismo siguen enterradas en fosas comunes clandestinas, en los mismos lugares elegidos por sus asesinos para que fueran cubiertos por un manto definitivo de silencio y olvido; cuando familiares, asociaciones e instituciones consiguen exhumar sus restos, se lleva a cabo fuera de un procedimiento judicial, y no como debería hacerse conforme a los protocolos internacionales sobre desapariciones forzadas. 

Todas y cada una de las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales represivos el franquismo siguen siendo absolutamente legales y firmes.

Los vestigios que rinden homenaje a los militares golpistas y a los jerarcas de la dictadura, permanecen aún en muchas  instituciones y en las calles de nuestros pueblos y ciudades, incumpliendo de manera flagrante y con absoluta impunidad la legalidad vigente.

Medios de comunicación y representantes de fuerzas políticas que se proclaman democráticas, humillan y calumnian a las víctimas de la dictadura con absoluta impunidad, un día sí y otro también, al tiempo que responsables institucionales homenajean con total desvergüenza a organizaciones y personajes representativos de la dictadura.

Pero no todo son malas noticias: la labor de concienciación, reivindicación y protesta que las organizaciones memorialistas venimos llevando a cabo desde hace años, está obteniendo frutos: numerosos monumentos franquistas han sido retirados y el callejero de muchas poblaciones está recibiendo tratamientos de higiene democrática.  También proliferan los actos de homenaje y reconocimiento  a las víctimas, aunque no siempre suficientemente respaldados desde las instituciones. Debemos destacar por su significación, la reciente aprobación por el Parlament de Catalunya de una Ley de Reparación Jurídica de las víctimas del franquismo.

En la ciudad de Madrid la presión ciudadana y una receptividad mayor del Ayuntamiento han permitido la aprobación del cambio de nombre de 52 calles, aunque en algún caso la propuesta de nombre para sustituirlas resulta más que discutible. Recordamos además, que la propuesta del movimiento asociativo incluía otras 60 calles de clara significación franquista, que parece que ahora se renuncia a eliminar. Reiteramos nuestra apuesta por la lucha y la movilización hasta conseguir  la total erradicación de la simbología y la nomenclatura franquista del callejero de Madrid.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la fuerza política gobernante y la que la sustenta en la Asamblea, votaron en contra poner una placa que recordara a los miles de personas que fueron secuestradas, torturadas e incluso asesinadas en la actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, antigua Dirección General de Seguridad. También se sigue subvencionando la restauración de edificios que haciendo gala de simbología fascista incumplen la legislación vigente. Y no hay noticias de que el cambio de calles franquistas aprobado por el Ayuntamiento de Madrid vaya a tener su reflejo en las correspondientes estaciones de Metro o de Cercanías.  En consecuencia, la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos dejada meridianamente claro que ambas fuerzas han optado hasta ahora,  por posicionarse del lado de los verdugos en vez del de las víctimas.
Hoy , 18 de julio de 2017, expresamos nuestro convencimiento de que para ser demócrata hay que ser previamente antifascista. 

Exigimos del Estado español que aplique ya, sin más excusas, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos  con respecto al reconocimiento jurídico y los derechos irrenunciables de las víctimas del franquismo. En consonancia con lo aprobado en el 3º Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, recientemente celebrado, emplazamos a las fuerzas políticas democráticas a que en esta legislatura se promueva en el Parlamento la aprobación de una Ley Integral de víctimas de franquismo.

Asimismo instamos a todas las fuerzas políticas y sociales, y a las  instituciones democráticas, a que manifiesten en términos formales su rotunda condena y repulsa de la dictadura franquista.

"Cinco apuntes (y una reflexión inconclusa) para enseñar la Transición", por Fernando Hernández Sánchez



Cinco apuntes (y una reflexión inconclusa) para enseñar la Transición
Las libertades se arrancaron con sacrificio y se pagaron con sangre y dolor


FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.Ctxt, 19-07-2017

A las nuevas generaciones se les debe un relato veraz, no un cuento de hadas. Las libertades no se regalaron con un simbólico apretón de manos en la cumbre, se arrancaron con sacrificio y se pagaron con sangre y dolor.

Los aniversarios redondos son propicios a la melancolía. El cuadragésimo de la celebración de las primeras elecciones tras idéntico tiempo de dictadura no se ha hurtado a este axioma. Estamos ante un ensayo general con todo de lo que el año próximo será el homenaje al mismo periodo de vigencia de la segunda constitución del siglo XX. Unos actos de perfil discreto, un desfile de viejas glorias --algunas con biografía cuestionable y carne de proceso judicial-- y la polémica por determinadas ausencias emblemáticas han contribuido a evidenciar que el imaginario de la Transición, nacido de la necesidad de dotar de un referente identitario compartido a una comunidad nacional dividida por la guerra civil y la dictadura, va camino de fosilizarse como el relato biográfico de una generación en rampa de salida. El mito que se fundamentó en la apertura política, la consolidación de las libertades, la modernización social y económica y la definitiva inserción de España en el concierto internacional lleva un lustro experimentando una erosión que los analistas demoscópicos pretenden explicar por una desafección de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene recordar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE del año 2017, 46.557.008 habitantes, el 43,0% de la población nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 40,7% de los actualmente mayores de edad ni tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto. Si, a pesar de la ralentización que supone el envejecimiento, esta inercia paralizante persiste, podría llegar a cumplirse aquella paradoja que los demócratas radicales anglosajones denunciaron como rasgo indeseable del Antiguo Régimen: que se acabe encomendando a los muertos el gobierno de los vivos.

Una conmemoración reducida al autoaplauso de una minoría solipsista ha demostrado sus limitaciones para apelar a una ciudadanía digna de tal nombre. En los alrededores del Congreso de los Diputados no había ciudadanos, sino curiosos.  El ritual tuvo bastante más de refuerzo de autoestima corporativo que de celebración colectiva. La propia selección de los denominados protagonistas de la Transición --padres constituyentes supervivientes, exministros, exdiputados de las Cortes fundacionales, ex de ambos regímenes, como Martín Villa-- dejó fuera de cuadro a los otros protagonistas, los que ensancharon con su lucha cotidiana los espacios de libertad e hicieron inviable la perpetuación del franquismo --sindicalistas, presos políticos, torturados, represaliados--, lo que revela, al fin, los contornos de un relato hegemónico: el protagonizado por unas élites preclaras con una misión determinada --el de la Ley a la Ley de Torcuato Fernández Miranda; la pizarra de Suresnes; la Operación Promesa del SECED…-, estimuladas por la voluntad de superar el viejo trauma colectivo cainita, con la Corona como mediadora taumatúrgica al mando de una nave diestramente pilotada entre la Escila del golpismo inmovilista y el Caribdis del terrorismo etarra. 

Un relato plano y teleológico con el que no se pretenderá seducir a unas generaciones más acostumbradas a los protagonistas poliédricos a lo Blue Detective o Breaking Bad y a los duelos de ambición de Mad Men o House of Cards que a la simpleza binaria de Heidi o a la mediocridad middle class de Verano azul.

 Pero no se trata solo de un problema que pueda ser explicado por la demografía y la arterioesclerosis. Una vez más, hay que evaluar el déficit formativo derivado de una insuficiente transmisión de conocimiento histórico del pasado reciente en el ámbito del sistema educativo básico. La LOMCE prescribe para la materia de Historia en 4º de ESO --el último curso común para todos los futuros ciudadanos, trabajadores, contribuyentes y votantes-- un bloque de contenidos, el relativo al mundo reciente entre los siglos XX y XXI, en cuyo apartado 3 se aborda “La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982)” y la Constitución de 1978. La cronología queda estrictamente acotada entre la muerte del dictador y la victoria electoral del PSOE. Siete años que estremecieron al mundo. Los estándares de aprendizaje que todo estudiante deberá aprehender son: “3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc”.

Estos son los mimbres con los que, en caso de llegar al bloque de contenidos 8, sorteando las proverbiales excusas sobre lo apretado de los temarios y la escasez de horario semanal, los estudiantes del curso final de la ESO tendrán que construir su interpretación de la España en que nacieron sus padres y en la que fraguaron los fenómenos sociopolíticos, económicos y culturales de los ellos que serán protagonistas en breve plazo. Un proceso vertiginoso en el que toda una superestructura muta en su contraria como al conjuro de un abracadabra. Un proceso a ritmo de BOE solo acechado por violentos de un solo signo que ocasionan una sola clase de víctimas.  ¿Cabría una visión alternativa capaz de proporcionar los elementos para la elaboración de una narrativa sintética --en la propia lengua de palo lomciana-- de carácter contrahegemónico? Aquí van cinco apuntes y una reflexión inconclusa.

1/ La cronología: si transición, según la primera acepción del DRAE, es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, ¿entre qué dos fechas debe horquillarse el proceso de tránsito de la dictadura a la democracia? En un principio, se apostó por un tiempo corto, 1975-1978, el comprendido entre la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución. El vértigo del cambio era su mejor autopropaganda legitimadora. Una vez consolidado el sistema, fueron proponiéndose secuencias temporales en las que se atrasaba el hito inicial hasta 1973 para incluir el inicio de la crisis del tardofranquismo y se prolongaba el final a 1982, culminando en la primera vez que la izquierda ganó de nuevo unas elecciones. Una propuesta de tiempo largo, que pretendiera explicar las contradicciones en el seno del bloque de poder de la dictadura en torno a la inserción de España en las estructuras internacionales del capitalismo fordista y la toma de posiciones de la desigualmente influyente oposición antifranquista debería situar el arranque del recorrido transicional en 1969, con la promulgación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1969).  La meta sería 1986, fecha del referéndum para la permanencia de España en la OTAN tras la adhesión previa a la Unión Europea en un mundo que se sumía en la contrarrevolución conservadora, y de la primera ocasión en que un gobierno de centro-izquierda se sucedió a sí mismo sin sufrir la intromisión de una intervención militar o un golpe reaccionario. La Transición, el intervalo convulso entre dos estabilidades, es todo lo que quedó en medio.

2/ La diferenciación entre la transición en sí y la transición para sí: basta acudir a las hemerotecas digitales para comprobar la distancia entre los acontecimientos y la memoria oficial. La realidad fue mucho más compleja, inestable, indeterminada, dramática y abierta de lo que se desprende del relato canónico. A las nuevas generaciones de españoles se les debe un relato veraz, no un cuento de hadas. Las libertades no se regalaron ni se materializaron a partir de un simbólico apretón de manos en la cumbre: se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y dolor. Y para ello hay que resituar una de las premisas principales, aquella que se ha exaltado como el logro de un éxito colectivo y que viene a fundamentarse sobre la teoría de la evitación: por primera vez en nuestra Historia Contemporánea, logramos no matarnos los unos a los otros. Se trata de una premisa falsa, porque a las alturas de los años 70 del siglo XX no había posibilidad alguna de guerra civil. Lo que sí pesó sobre el proceso fueron dos condicionantes que limitaron enormemente su alcance: que, a imitación de lo que ocurría en aquella misma época en la Latinoamérica del Plan Cóndor, los unos nos matasen a los otros, y que en virtud de una estrategia deliberada de acción-reacción, unos terceros consiguieran empujar a los unos a ejecutarnos a todos los que pudieran. Como ha analizado Xavier Casals, el voto ignorado de las armas tuvo un peso nada desdeñable en el devenir de la transición española.

3/ Recordar a todas las víctimas: hablar de transacción pactada bajo la amenaza de la pistola de unos aparatos duros del Estado, crispados por un terrorismo al que identificaban como hijo bastardo de la democracia, es como denominar transferencia de numerario a lo que realiza el cajero de un banco al que un sujeto con una media en la cabeza apunta con un revólver. En el caso de la Transición, ni siquiera fue necesaria la media. Valorar lo que costó alcanzar un estadio superador de aquellos años de caqui y plomo supone rescatar la memoria de las víctimas, comenzando por reconocer la existencia de todas y de la violencia tous azimuts: la de los grupos de inspiración nacionalista o ultraizquierdista, pero también la de la extrema derecha y la del Estado. Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez Cuenca elaboraron una base de datos con todas las víctimas mortales de la violencia política en el periodo 1975-1982. En ese periodo, 665 personas fueron víctimas mortales de la violencia política. De ellas, 162 (el 24%) corresponden a la actividad represiva del Estado. El resto, 503, cayeron víctimas de la violencia terrorista nacionalista y de ultraizquierda. Como concluyen los autores, “la transición española resultó mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974, unos meses antes de la española”. Habida cuenta de que, en cuarenta años de democracia, todavía está pendiente la reparación y la dignificación de las víctimas, doblemente perdedoras, que lo fueron por oponerse al derribo manu militari del anterior sistema democrático del siglo XX: la Segunda República española.

4/ Ganadores y perdedores: la Transición se ha abordado como eso que las escuelas de negocios han denominado modelo win-win, un juego donde dos partes contrarias diseñan una solución de la que ambas se beneficiarán mutuamente. Todos ganan. Sin embargo, al aplicar el análisis al tiempo largo y a la multiplicidad de transiciones, se aprecia que el resultado final se aproxima más a los juegos de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro. Cierto es, qué duda cabe, que el diseño del espacio político resultante fue incomparablemente más respirable de lo que había sido el opresivo corsé de hierro de la dictadura. Sin embargo, los condicionantes a los que se ha hecho referencia anteriormente limitaron en su momento la consecución de horizontes más amplios --forma republicana del Estado, federalismo territorial, fortaleza del sector público, laicismo--, sin que se haya avanzado hacia ellos ni siquiera desde que la doble argolla forjada por el golpismo y el terrorismo desapareciera. Visto desde la perspectiva del tiempo largo, la Transición tuvo unos ganadores efectivos, empezando por los agentes que intervinieron en su diseño, el personal político de la dictadura que se autoamnistió y los sectores financieros cuyo poder permaneció intacto. Los menos afortunados o los claramente perdedores fueron diversos, pero quizás la más destacada entre ellos fue una clase obrera industrial que pasó de ser vanguardia de la lucha contra la dictadura a sector residual por efecto combinado del desarbolado de sus herramientas de presión sindical y la implantación del posfordismo, la atomización de los centros de producción y la deslocalización. Unas heridas que la posterior gestión económica del consenso en torno al mercado --mucho más sólido y desprovisto de facetas que el político, desde los Pactos de la Moncloa a la reconversión industrial-- contribuyeron a profundizar, desagregándola y desactivándola como sujeto político influyente.

5/ Transición o transiciones: la Transición no fue solamente la transformación de la superestructura política de una dictadura originaria del fascismo residual en una democracia parlamentaria homologable a las europeas. Fue una constelación de procesos de transformación económica, social y cultural de la sociedad española. Como ha puesto de relieve Germán Labrador, el periodo fue escenario de un conflicto intergeneracional que “reconfiguró profundamente el sistema de valores morales del país en ámbitos como la religión, la política y la moral, en lo que constituyen las mayores transformaciones de la transición democrática”. El autor destaca cuatro metamorfosis estructurales esenciales que marcaron una ruptura con los significantes culturales del régimen franquista: el radical proceso de secularización que ha llevado a España a ser una de las sociedades menos religiosas de Europa; una acelerada revolución sexual que modificó roles de género, marcos jurídicos, costumbres arraigadas e instituciones sociales como el matrimonio y la maternidad; una profunda crisis del nacionalismo de Estado, artefacto con el que la dictadura impuso su concepción patrimonial, excluyente y castiza de patriotismo, que quebró con el proceso de descentralización y la eclosión de fidelidades identitarias alternativas; y un extendido pacifismo de tipo humanista y antimilitarista cuya expresión fueron el movimiento de objeción de conciencia y las movilizaciones contra la OTAN y las guerras del Golfo. Quizás han sido estos los únicos terrenos donde se produjo una verdadera ruptura con lo precedente. Una auténtica ruptura que se logró a pesar de y, en la mayor parte de las veces, en contra del famoso espíritu de la Transición. ¿O hay que recordar la persecución judicial de la objeción, las campañas de la derecha, gobernante u opositora, contra la autonomía andaluza --con represión policial y muertes incluidas--, contra el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual?

La reflexión última queda inconclusa, a expensas de que el lector la complete. Una sociedad civil madura recurre de manera periódica a la conmemoración de su pasado para recordar de dónde viene y rendir homenaje a los que hicieron posible un presente mejor. Un sistema democrático sano educa a sus jóvenes en el conocimiento de su historia reciente para dotarles de las claves con las que interpretar el mundo actual. Eso supone mirar al pasado, aunque una jaculatoria muy querida por determinados sectores políticos lo juzguen inoportuno e incluso peligroso. ¿No será que en algunos anide la intención de proceder ahora a reescribir los capítulos en los que resultaron desbordados durante aquella Transición que, por otra parte, erigen en tótem? ¿Será casualidad que, en los últimos tiempos, se esté ejerciendo una presión disciplinaria sobre la libertad de expresión, las manifestaciones de laicismo o las tendencias políticas no acomodaticias? ¿Habrá algo más que retórica tras el aliento de un discurso renacionalizador en el que subyace la amenaza de la coerción dura contra las tentaciones centrífugas? ¿Se estará buscando revertir aquella parte incómoda de la publicitada fiesta de la libertad en la que se fue mucho más allá de la zona de confort de la ideología conservadora?

Como se decía en los años 70 y 80: “Al loro…” .

Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las CCSS, Facultad de Educación UAM.
http://ctxt.es/es/20170719/Firmas/13941/transicion-democracia-constitucion.htm

martes, 18 de julio de 2017

"Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)", por Pablo Sánchez León


Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)
Pablo Sánchez León, Público,

18 Jul 2017

Desde hace años, cada aniversario del golpe de julio de 1936 que culminó en la destrucción de la República democrática es aprovechado para intervenir sobre el estado de la opinión pública en relación con esa parcela dramática del pasado común y sus secuelas. Esta vez parece que toca reivindicar a los historiadores —así, en genérico—, a ver si dejan de ejercer de convidados de piedra, que es lo que vienen haciendo desde el más benigno de los juicios, ante el avance de la cultura del recuerdo. 

A lo largo de las últimas dos décadas, el estudio de la crisis de la República y la guerra ha experimentado una transformación profunda al pasar a primer plano la investigación sobre las matanzas de civiles lejos de los frentes. En esta nueva orientación son muy variados los expertos que también tienen, y mucho, que decir y aportar: arqueólogos, forenses, antropólogos, juristas… todo un surtido elenco de especialistas. También desde luego los historiadores. Pero la diferencia es que todos los anteriores suelen aprovecharse de los hallazgos respectivos cuando no colaborar en sus actividades. En cambio los historiadores españoles en general no.

Un solo dato resulta suficientemente elocuente: desde 2016 funciona en la UNED un MOOC (siglas de Massive Open Online Course, es decir, curso no presencial abierto y masivo) que reúne el conocimiento experto de todos los especialistas implicados en las exhumaciones de fosas comunes . Pues bien, no hay un solo historiador entrevistado. Es decir que veinte años después de la primera exhumación posterior a las de la transición, todavía se está esperando a que los historiadores profesionales aporten su saber experto al asunto, beneficiándose a su vez a cambio del conocimiento que todas esas disciplinas aportan a cuestiones muy relevantes para la elaboración de interpretaciones más rigurosas sobre el ejercicio de la violencia en estados de excepción en general y en la guerra de 1936 en particular.

Sin duda los historiadores no han venido actuando así por mala fe ni falta de rigor profesional, sino por lo mal que han estado asesorados por sus mentores, especialmente los de la generación de la transición, quienes en general han mostrado un recelo más que clamoroso hacia todo lo que sonase a “memoria”. Si estos han logrado durante tiempo imponer su estrecha mirada fuera y dentro de la profesión es porque, más allá del sesgo ideológico conservador, en su postura hay también un indisimulado temor corporativo, pues si por un lado las exhumaciones exponen a los historiadores a la concurrencia de otros especialistas, por el otro se ven presionados por la proliferación de numerosos conocedores no acreditados que han irrumpido en los trabajos de la memoria, y muchas veces para aportar insumos cruciales en la elaboración de los mapas de fosas y la reconstrucción de los escenarios locales de violencia. Son sin embargo muy pocos los historiadores que tienen la honestidad de reconocer que también los amateur contribuyen al mejor conocimiento del pasado traumático.

Que la profesión se encuentra en una encrucijada por el despliegue de la globalización es algo que no debería sorprender, sobre todo tratándose de una democracia como la española, que no funda su relación con el pasado en la cultura de los derechos humanos que acompaña dicha globalización.  El problema es que no es así como en general los historiadores cuentan la historia, sino que se obstinan en acusar de los males que afectan a su actividad a la creciente polarización en la opinión pública en general, fomentada por los partidos, y en particular a la contribución destacada del movimiento memorialista en ese escenario. Tal es la explicación que aparece en el artículo que firma el catedrático Javier Moreno Luzón en las páginas del domingo 16 de julio en El País  donde vuelve una vez más con la letanía de que han sido las polémicas públicas sobre memoria las que al parecer “han enrarecido el panorama historiográfico hasta extremos inimaginables” en los últimos años. 

Cierto, si no fuera un diagnóstico incompleto y, dejado así, falaz. Pues son también muchos los historiadores reputados que han contribuido activamente y no como simple reflejo o efecto del ambiente general a enrarecer el medio profesional hasta hacer que los especialistas en la República tiendan “hoy a alinearse en facciones enfrentadas a cara de perro”.  Lo más interesante del caso es que entre estos últimos destacan algunos de los que aparecen opinando en el otro artículo que El País ha dedicado el mismo día a anticipar la conmemoración del 18 de Julio.

El reportaje de José Andrés Rojo se titula Historia, no combate…  pero no hay más que contrastar las declaraciones de los entrevistados con las aseveraciones del texto de Moreno Luzón para entender que ¡el único combate que se libra hoy día es entre los historiadores unos contra otros! Eso sí, la suya es una guerra entre sordos, porque nadie polemiza con nadie, se reduce todo a ocupar cada uno su taifa académica como un coto vedado, lanzar sus soflamas contra los que no opinan como ellos sobre la República y la guerra, y de vez en cuando dejarse caer sobre el conjunto de los ciudadanos desde algún púlpito mediático. Esta actitud profesional tan irresponsable se viene justificando negando a los adversarios credenciales “científicas”, palabra ésta fetiche empleada sin recato por quienes menos avales tienen a ese respecto. Porque no nos engañemos: estos historiadores, sean de uno u otro signo, son todos igual de tradicionales en su concepción de la profesión y por tanto están muy poco preparados para la interdisciplinariedad que exige hoy el estudio de la República democrática de los años treinta y su destrucción en un baño de violencia sobre civiles. Así está a día de hoy el escenario académico del cual se nos quiere seguir contando que la culpa de todo la tiene el movimiento memorialista, aunque entre los entrevistados por Rojo algunos tienen una opinión más positiva que la mayoría.

Ellos lo saben, por mucho que lo disimulen; con todo Moreno se apresura a salvar de antemano al conjunto de la profesión asegurando que “entre tanto, la historiografía se ha enriquecido con un sinfín de artículos, libros y congresos, impulsada a menudo por profesionales españoles que se mueven con soltura en las universidades europeas”. Se le ha olvidado añadir que también los especialistas en la República y la guerra desde esas otras disciplinas que sus colegas historiadores vienen despreciando por figurar en el campo de la memoria están alcanzando prestigio internacional, y se podría decir que de modo más fulgurante y rotundo que los historiadores, empezando por algunos grupos de investigación del CSIC; pero no solo. 

Y aún así, el asunto principal se le escapa al columnista, porque una cuestión como la violencia sobre civiles no necesita, según plantea, simplemente enriquecerse con los aportes de “la historia cultural” o cualesquier otros enfoques: lo que reclama es ser convertida en el eje y el centro de todo un nuevo marco narrativo sobre la experiencia democrática de los años treinta y su hundimiento a manos de fanáticos integristas contrarios a toda condición de ciudadanía. Esto es algo que leyendo su texto se ve que los historiadores no terminan de comprender, entre otros motivos porque a día de hoy les desborda como cometido y les sitúa en la necesidad de colaborar codo con codo con numerosos otros especialistas. El argumento vale igual para el reportaje de Rojo. Si el periodista, además de dar espacio a unos cuantos historiadores, hubiera recabado la opinión de especialistas en la violencia de los años treinta procedentes de otras disciplinas, habría conseguido ofrecer al público un tratamiento plural del asunto, aunque seguramente a costa de perder la voz coral que parecía estar buscándose para apuntalar lugares comunes.

“La política maniquea pervierte el conocimiento de la historia, y este, como la calidad de nuestros debates, sale perdiendo”. Esta aseveración de Moreno Luzón, siendo perfectamente compartible, tiene el problema de no venir precedida de una mínima evaluación crítica de la propia profesión que permita valorar sobre hasta qué punto los historiadores que dominan el campo de la República y la guerra no son solo víctimas de la situación que viven. Pues hay opiniones muy reveladoras de la profundidad de la crisis en que los historiadores han ido entrando por activa y por pasiva, como la que lleva a uno de los entrevistados por Rojo, Santos Juliá, a declarar que en relación con las exhumaciones “hay una demanda social de la que no se han hecho cargo las Administraciones públicas, poniendo a trabajar en su resolución a jueces, forenses, autoridades políticas”. De nuevo una postura perfectamente asumible si no viniera de labios de uno de los principales fustigadores del movimiento memorialista desde su surgimiento.

Lo interesante de este cambio de postura de Juliá es que muestra que la guerra que publicistas como él abrieron hace una década larga de manera unilateral contra el movimiento que ha hecho posible las exhumaciones y contra sus reclamos narrativos, está ya perdida. Algunos han llamado a este tipo de actitudes la desfachatez del intelectual posfranquista, pero también puede verse como la estrategia de quienes, ante las horas bajas por las que esta pasa su postura cerrada ante los cambios en la opinión pública, intentan ahora sumarse al carro de los tiempos, pero para seguir negando la contribución de la memoria a la construcción colectiva del recuerdo.

Sin embargo, por el camino el mundo ha cambiado. Lo que no parecen entender quienes continúan intentando engrasar la ideología de la reconciliación a base de mitificaciones y exoneraciones es que entre el fin de la dictadura y el paso al siglo XXI el acercamiento de los españoles al pasado común experimentó una transformación estructural y sin marcha atrás, de manera que ha pasado a ser uno de los rasgos que definen la cultura ciudadana. Se equivocan quienes ven en las exhumaciones una actividad puramente reivindicativa del movimiento memorialista: la relación con el pasado traumático se ha convertido ya en un rasgo estructural de la cultura ciudadana posfranquista.

No se trata entonces, como asume Rojo demasiado ligeramente, de “remotos episodios históricos” sino que son ya parte de la cultura democrática del siglo XXI. Están aquí, no solo allí: nos constituyen, de manera que tanto mejor cuanta más conciencia tengamos de ello. Mas no por esto merecen la censura que se les propina al argüir que esos sucesos “mantienen intacta su capacidad de provocar emociones enconadas y de desatar debates apasionados donde es más fácil tirar de garrote que proponer una serena reflexión”. Esta insensibilidad hacia el papel de la memoria en la cultura ciudadana es la que en cambio resulta censurable: habría entonces que decir lo mismo de la filosofía griega antigua o de la conquista española de América, también expuestas a debates apasionados sin por ello impedir la reflexión sesuda, al contrario. No: el pasado asumido como cultura ciudadana es justamente el que mejor permite el diálogo crítico entre interpretaciones no ya diversas sino adversas; es solo que cuando se juntan de por medio cuestiones de justicia, el menosprecio recibido puede y suele convertirlas en signo de identidad y favorecer antagonismos. Con toda legitimidad, porque están señalando marcados déficit de reconocimiento hacia los ciudadanos por parte de las instituciones.

En cualquier caso, lo logrado hasta hoy por la democracia española en el terreno de la cultura de los derechos humanos y del recuerdo ha sido, guste o no a determinados historiadores, gracias sobre todo al empeño y la constancia de los miles de personas que de manera activa e implicada —a veces solos o reivindicando, otras con el concurso de artistas, creadores, intelectuales, etc., y reflexionando— hacen posible la difusión de esos valores entre los ciudadanos. En cambio, cuando Moreno Luzón considera “cosa notable” que en la transición pudiera darse “el diálogo entre gentes de ideologías distintas, que no confundían su proximidad a una u otra tendencia con la fe ciega en sus bondades”, y la contrasta con la inviabilidad de semejante diálogo hoy, le falta preguntarse si él o sus colegas han contribuido realmente a esa cultura del intercambio y el distanciamiento crítico hacia las posturas y prejuicios propios. Porque la impresión que han dado en las últimas dos décadas es bastante diferente, por no decir contraria. ¿Cuándo se ha visto a los historiadores expertos en la guerra plantear un debate serio y respetuoso fuera de la profesión? No lo han hecho, y ahora se lamentan de los efectos de su propia siembra de prepotencia y desprecio. Pero es que ni siquiera es algo que hayan cultivado hacia dentro de la profesión. ¿Para cuándo un debate dialogado entre esos dos pesos pesados que son Viñas y Juliá?, ¿o entre sus continuadores, un Hernández Sánchez vs. un Fernando del Rey? Porque a nadie se escapa ya que estos autores, académicos todos, encarnan posiciones muy contrarias en su interpretación del pasado reciente pero que no confrontan jamás ante el público ni ante otros colegas.

Los historiadores especialistas en esa otra gran experiencia democrática del siglo XX que fue la Segunda república, y en las matanzas de la guerra del 36 que le siguió, han dejado hace tiempo de comportarse de modo ejemplar como ciudadanos comprometidos siquiera con el buen comunicar en el espacio público y el diálogo con sus colegas.  No pueden pretender dar lecciones morales quienes no se las aplican a sí mismos.  No solo han perdido el crédito para presentarse como autoridad última en los debates que se extienden por la sociedad civil, sino que están incluso siendo desplazados de la centralidad que poseyeron en su día como narradores del pasado común. Esa es su encrucijada, en buena parte ganada a pulso, que algunos quieren ahora hacernos pagar a todos.

Por eso hay que precaverse contra argucias como la de Santos Juliá cuando sentencia que “la única lectura que una democracia puede hacer de su pasado debe hacerse desde la historia, no desde la memoria”. Esta frase no dice lo que realmente quiere decir: no se trata de una querella entre saberes. Cuando se trata de imponer que el pasado lo cuente la historia y no la memoria lo que se quiere decir es que no intervengan los ciudadanos, que no contribuya la gente a la construcción colectiva del pasado común. Es el tipo de retórica es la que más gusta a los historiadores acostumbrados a pontificar sin rendir cuentas fuera de la profesión  y a manipular el interior del mundo académico.

Que la narración del pasado se la reserven los historiadores no es ni admisible ni posible en un mundo de ciudadanos. Por suerte, la historia es una de esas maravillosas “culturas de cualquiera”, como las llama Luis Moreno-Caballud, que “cuestionan en la práctica el régimen de autoridad en que se basa la tradición cultural” que en el tratamiento de las cuestiones que afectan a la ciudadanía “solo reconoce la actividad de los expertos”. En relación con el pasado, y sin menospreciar la contribución de los especialistas y profesionales, “todos sabemos algo y nadie lo sabe todo”: se trata entonces de confiar en nuestras “capacidades para construir colaborativamente saberes y respuestas eficaces” a los asuntos del pasado que nos afectan.

Mientras avance la globalización, y con ella una modernización que destruye tanto como parece construir, todos los ciudadanos seremos un poco historiadores. Esto debería ser una buena noticia para las nuevas generaciones de investigadores. Pues siempre necesitaremos alguien que, además de ofrecer sus interpretaciones de base documental, sintetice los intercambios entre disciplinas dentro del mundo académico y a la vez intervenga en los diálogos que brotan de la sociedad expuesta a la globalización; esto es algo muy distinto de intentar imponer un conocimiento supuestamente experto, y menos sobre la retórica excluyente de la ciencia, que en este terreno muestra su poco democrática faz.

Mucho por hacer. Con todo, al menos toda la fanfarria de argumentaciones espurias y retóricas cicateras con las que se buscaba mantener separadas la historia y la memoria apenas ha surtido efecto: con la crisis del régimen del 78, no solo se ha puesto en entredicho el relato mítico de la transición, sino también la pacata narración sobre la crisis de la segunda república en que a su vez este se basaba. Mientras vivamos un régimen democrático, mientras nos sintamos ciudadanos portadores de derechos reconocidos en una constitución, no habrá manera de que dejemos de mirar a los años treinta del siglo XX como un tiempo vinculado de manera constitutiva con el presente. Son nuestros ancestros, pero no precisamente por una supuesta violencia cainita más o menos consustancial sino por haberse dotado de una democracia, con todos sus problemas, como la nuestra también los tiene.

Esto no quiere decir que no sigan los desacuerdos acerca de quiénes trataron activamente de destruir entonces la ciudadanía y quiénes no, terreno en el que se medirán las perspectivas por su rigor teórico, no solo por el aporte documental. Pero lo que se necesita con más urgencia para recuperar una profesión a la que le dura ya más de la cuenta la introversión es una sensibilidad hacia los otros portadores y creadores de relatos históricos. La falta de preparación moral y profesional para la escucha y la sensibilidad en el grueso de los historiadores españoles está en el origen de una parte fundamental de los problemas que arrastra la recuperación de la memoria aún en el siglo XXI. Y además andan entre sí a la gresca desde hace más de una década, cuando decidieron trasladar al seno de la comunidad científica la actitud que adoptaron desde el principio contra el movimiento memorialista. Todo un panorama.

El historiador que necesitamos es de este pelaje y catadura. Esos historiadores no nos representan, y por tanto no necesitamos sus relatos que nos cierran en vez de abrirnos la imaginación sin aportarnos a cambio rigor. Es otra la tarea que nos incumbe, y para ella sean bienvenidos también los artistas, los creadores, los periodistas, los ciudadanos de a pie, con el común acuerdo de acabar con el monopolio del relato de la guerra en manos de especialistas incautos, ególatras y que nos quieren seguir privando del derecho a conformarnos colectivamente de modo activo y consciente.
Pablo Sánchez León es investigador y coautor del libro La guerra que nos han contado y la que no. Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI (Madrid, 2017).