domingo, 23 de enero de 2011

Preguntas de un obrero ante un libro, B. Brecht



Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó?

En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?

Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿quién la volvió a contruir otras tantas?¿En qué casas
de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron?

La noche en que fue terminada la Muralla china,
¿adónde fueron los albañiles? Roma la Grande
está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió?

¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? Bizancio, tan cantada,
¿tenía sólo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida,
la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban
pidiendo ayuda a sus esclavos.

El joven Alejandro conquistó la India.
¿El sólo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?

Felipe II lloró al hundirse
su flota. ¿No lloró nadie más?
Federico II ganó la Guerra de los Siete Años.
¿Quién la ganó, además?

Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?

Un gran hombre cada diez años.
¿Quién paga sus gastos?

Una pregunta para cada historia.

sábado, 22 de enero de 2011

¿Por qué atacan tanto a los sindicatos?, Juan Torres López, 14 de Enero de 2011

Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada en “comisión de servicio” en la Universidad de Sevilla


¿Por qué atacan tanto a los sindicatos?- Viernes, 14 de enero de 2011

Uno de los grandes objetivos de las políticas neoliberales ha sido y sigue siendo debilitar a los sindicatos y han tratado de conseguirlo de muchas formas.

Tratan de convencer a los trabajadores de que conseguirán obtener más beneficios si negocian por su cuenta las condiciones de trabajo. Una estupidez evidente pero que logra calar muchas veces cuando al mismo tiempo y por todos lados se difunden ideas y valores individualistas y el rechazo a la cooperación y a la solidaridad para hacer creer a las personas que su futuro depende solo de lo que ellas hagan y no de su relación con todas las demás.

Suelen decir también que los sindicatos solo luchan por los intereses de sus afiliados pero la realidad es que todas las conquistas sociales que se han ido alcanzando a lo largo de la historia se han logrado gracias a la presión sindical y que de ellas se han beneficiado no solo los afiliados sino siempre la totalidad de los trabajadores.

A menudo difaman a los líderes sindicales. Y así hemos llegado a ver que los medios de comunicación que suelen ser propiedad de la gran empresa dedican ríos de tinta a tratar de denunciar que un sindicalista tienen un piso de 120 metros cuadrados o dos coches sin que digan nada presidentes de la patronal o de empresarios que son simples estafadores y sin mencionar que, en realidad, la inmensa mayoría de los afiliados y dirigentes de los sindicatos viven mucho más que modestamente.

Los críticos de los sindicatos les acusan de que son ellos los culpables de la baja productividad o de que las empresas no sean competitivas por su culpa, sin mencionar que es el esfuerzo diario de millones de trabajadores, y entre ellos los que están afiliados, es lo que hace que las empresas produzcan, salgan adelante y proporcionen beneficios a sus propietarios.

Se acusa a los sindicatos de gastar mucho dinero público pero cuando se dice eso no se compara lo que llega a quienes organizan y defienden a los trabajadores con lo que reciben directa e indirectamente instituciones como las iglesia católica, las patronales, los partidos políticos, las grandes empresas y las grandes fortunas y corporaciones. Y los mismos que denigran a los sindicatos porque según ellos derrochan el dinero son los que nunca piden que se tire de la manta de la economía sumergida, del fraude fiscal o que se prohíban de una vez los paraísos fiscales y los grandes privilegios de los grandes capitales y patrimonios. Y, sobre todo, no se dignan reconocer el hecho evidente de que si no fuese por ese dinero que reciben los sindicatos a los trabajadores les costaría mucho más defender sus derechos y vivirían en peores condiciones.

No voy a decir que todo lo que hacen los sindicatos está bien. Como en todas las organizaciones humanas hay oportunistas, burócratas y supongo que docenas de personas deshonestas y vendidas al enemigo. Pero me niego a aceptar que haya más que en otros lugares y, sobre todo, no estoy dispuesto a juzgarlos como si hicieran más daño que otras personas, instituciones u organizaciones que son responsables del padecimiento y la muerte de cientos de millones de personas, de las crisis que nos asolan y de los crímenes que pasan por ser grandes pelotazos financieros, como se nos quiere hacer creer.

Puede ser que haya sindicatos en donde una parte mayor o menor de sus dirigentes hayan sido en algún momento vencidos por las ideas neoliberales pero ni siquiera así admite comparación el daño que hayan podido producir con el que diariamente hacen quienes trabajan para el capital.

Los sindicatos son, simplemente, trabajadores normales y corrientes que se organizan. No conozco a muchos millonarios que se hayan afiliado en organizaciones sindicales para hacer carrera allí. Y su fuerza, la eficacia de su actuación y el éxito de su lucha depende de que no sean unos pocos sino muchos y dispuestos a no dejar pasar ni una brizna de corrupción ni cobardía.

Se puede admitir, porque es verdad, que los principales sindicatos españoles han perdido una gran parte de autonomía en los últimos años y que eso se ha traducido en un mayor sometimiento al poder económico y político. Pero es una falacia creer que eso se debe solo a la simple voluntad o a la "maldad" de los propios sindicalistas. Muchos de ellos habrán podido creer, yo creo que erróneamente, que la vía de la financiación pública era la que les llevaba a disponer de mayor fuerza y capacidad de acción. Pero ni siquiera eso es culpa exclusivamente suya. Si hubiese muchos más miles de afiliados, si las clases trabajadoras no fuesen tan conservadoras y no hubieran asumido con tanta decisión los valores neoliberales, si en lugar de criticar desde fuera hubiese muchos miles más de afiliados presentes en sus asambleas, quizá los sindicatos no habrían terminado por ser tan dependientes y su trabajo a veces tan insatisfactorio y frustrante. Y es por ello que, si es que eso es un problema fundamental, tiene una solución que no puede ser la de abandonarlos a su suerte, como pregonan las derechas y muchos izquierdistas, sino la de estar con ellos, apoyarlos y unirse a su lucha para hacer que ésta sea de verdad la que convenga a todos los trabajadores.

Porque, con independencia de las preferencias ideológicas y de los prejuicios, las consecuencias de que haya sindicatos más o menos fuertes están bastantes claras. Allí donde los sindicatos son más débiles, allí donde hay menos afiliación sindical, allí donde su capacidad de negociación es menor, allí es donde viven peor los trabajadores, y no solo ellos, sino también las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. Y, al mismo, tiempo, allí donde los poderosos quieren tener expedito su poder para ganar dinero y abusar de los trabajadores lo primero que hacen es acabar con los sindicatos y con los sindicalistas, matándolos si hace falta, como ha ocurrido y ocurre en tantos lugares del mundo.

Así lo subrayaba hace un tiempo el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. En una conferencia ante la Labor and Employment Relations Association (LERA) de Estados Unidos decía que la menor afiliación sindical suponía que ese país había "perdido algo fundamental para mantener una sociedad decente".

El Premio Nobel señalaba que la menor afiliación y las mayores dificultades para que los trabajadores se unieran a los sindicatos y así pudieran negociar mejor sus condiciones de trabajo eran una de las causas que provocaban el gran incremento de la desigualdad. Incluso mencionó investigaciones que habían puesto de relieve que un tercio de la diferencia en la desigualdad entre Estados Unidos y Canadá se debía a la caída en la afiliación en el primero de esos países. Y lo que quizá resultaba más relevante. Según Krugman, la sindicación actúa como una especie de "paraguas" que no solo beneficia, como dije más arriba, a los afiliados, sino a toda la sociedad trabajadora: "Para tener una sociedad de clase media se necesita un movimiento sindical fuerte", dijo Krugman.

Por eso, se puede decir que lo que buscan quienes se están dedicando en España a debilitar a las organizaciones sindicales, a denigrar y calumniar a sus dirigentes y al conjunto de los sindicalistas y trabajadores y trabajadoras que se afilian a ellos, por muchos errores que hayan podido cometer, no es otra cosa que tratar de crear mejores condiciones para disfrutar de sus privilegios. No buscan una sociedad mejor, ni más austera, ni más libre, ni más productiva, ni siquiera más favorables para el empresariado (porque cuanto más bajos sean los salarios menos ganarán las empresas y cuanto peores condiciones de trabajo haya, menos productivas serán). Solo buscan tener las manos más libres y menos gente enfrente que esté dispuesta a impedir que sigan siendo privilegiados a costa de los demás.

Algunos datos pueden dar idea de a dónde lleva el debilitamiento de los sindicatos y la negociación de las condiciones de trabajo al margen de ellos.

En Estados Unidos, en 1980 un 24% de los trabajadores estaban representados por los sindicatos y en 2009, solo el 12,3% del total y el 7,6% de los del sector privado.

Pues bien, según las cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en 2009 la distribución de la renta había llegado a ser la más desigual de los últimos treinta años y los salarios alcanzaban su menor nivel sobre el total de las rentas en ese periodo. Según el Bureau of Labor Statistics, en marzo de 2009 el salario de los trabajadores no afiliados era un 20% menor que el de los afiliados, éstos disfrutaban de derechos en salud, vacaciones y otros conceptos que los primeros no tenían; el 78% de los afiliados tenía seguro médico frente a solo el 51% de los no afiliados y el 77% de los primeros tenía planes de pensiones frente a solo el 21% de estos últimos (Dave Johnson America Is Strong When Our Unions Are Strong).

Está claro, pues, lo que ocurriría en España si logran acabar con la negociación colectiva y reducir a los sindicatos a su mínima expresión. Y también por qué tratan de destruir a los sindicatos, por qué quieren que los trabajadores y trabajadoras nos alejemos de ellos y qué es lo que van a ganar si lo consiguen. Así que seremos sencillamente tontos si en lugar de apoyar, por supuesto todo lo críticamente que haga falta, a las organizaciones sindicales nos dejamos llevar por las cantinelas que lanzan quienes quieren que desaparezcan.

Blog de Juan Torres

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domingo, 16 de enero de 2011

La Iglesia se apropia de cientos de bienes municipales en España

DictaduraGlobal.ES, 12 de Enero de 2011

La Iglesia ha registrado cientos de propiedades, que habían sido financiadas por vecinos y ayuntamientos. Los partidos poíticos lo hicieron posible gracias a su reforma de la Ley Hipotecaria de 1988.

Los obispados de Navarra, Alicante, Cáceres, León y A Coruña registran a su nombre propiedades públicas gracias a esa ley de Aznar.

- En diez años se han registrado por esta vía 1.086 bienes en Navarra
- Basta con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia.

LOS PUEBLOS PIDEN AL CLERO LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES LOCALES.

La Iglesia católica ha registrado más de mil propiedades en los últimos 12 años gracias a una norma franquista (la Ley Hipotecaria, de 1946) que el Gobierno de José María Aznar amplió en 1998. Inicialmente, su artículo 206 permitió a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, a excepción de los “templos destinados al culto católico”. En su primera legislatura, el PP retiró la excepción con el Real Decreto 1.867, sin llevarlo a debate en el Congreso de los Diputados. Gracias a esta ley, la Iglesia ha llegado a registrar catedrales por menos de 30 euros.

El privilegio se ha convertido en un problema para centenares de municipios en la última década, desde Alicante hasta Cáceres o León. La mayoría son pequeñas localidades, cuyos ayuntamientos y vecinos habían construido, financiado o mantenido propiedades abandonadas durante décadas y muy deterioradas.

El Registro de la Propiedad no detalla cuántas ha registrado la Iglesia desde 1998, ya que figuran a nombre de diversas instituciones. El único informe que existe lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales son lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas …). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.

El clero registró desde la catedral de Pamplona, en 2006, hasta templos de pequeños municipios como Pardesivil (León), en 2009. La basílica pamplonesa siempre fue sostenida con fondos públicos (la última inversión fue de 15 millones de euros). En la pedanía leonesa, con ocho habitantes en invierno, sus vecinos invirtieron 6.000 euros para reparar la ermita, abandonada hacía 35 años. Cada registro supuso entre 20 y 30 euros.

El Arzobispado de Pamplona y Tudela entiende que fueron una “obra y expresión admirable de las comunidades cristianas de los pueblos, que libre y voluntariamente, y con encomiable esfuerzo, quisieron crear y mantener esas instituciones y servicios”. “La historia les debe, sin duda, una merecida gratitud”, asegura en un comunicado. “Si quieren reclamar, los reclamantes deberían llevar al arzobispado a los tribunales. No queremos nada que no sea nuestro”, insta el ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún. “Y, hasta ahora, ninguno lo ha hecho”, apunta.
Registros en la sombra
Los municipios encuentran dos problemas para realizar estas reclamaciones en los tribunales: muchos tienen pocos habitantes y no saben cómo actuar y, el más importante, el respaldo legal con el que cuenta aún la Iglesia.

La Ley Hipotecaria permite realizar estas inmatriculaciones sin el conocimiento público. Su artículo 206 da un privilegio especial al clero para realizar los registros: “Basta con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, y no se requiere el visto bueno de ningún poder público ni notario”, explica Belén Madrazo, directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

De este modo, la Iglesia mantiene un poder, que le fue otorgado en la posguerra, y que le da un rango equiparable a un organismo público. “La mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido”, denuncia el profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres.
El especialista encuentra una posible salida legal al problema: la inconstitucionalidad del texto. “Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas”.

EL RESPALDO LEGAL DE UNA NORMA FRANQUISTA
¿Por qué la Iglesia no necesita notarios?
“Se les supone la rigurosidad a ellos”, explica el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Desde que se aprobó la Ley Hipotecaria en 1946, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inmatricular fincas, edificios u otros espacios. Ni la administración pública ni los notarios tienen por qué verificarlo.

¿Quién equiparó su poder al de la Administración pública?
Para registrar terrenos y propiedades, Francisco Franco. En el caso de los templos, José María Aznar. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a la Iglesia católica (no a todas las confesiones religiosas) registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario puso coto a la Ley Hipotecaria y excluyó “los templos destinados al culto religioso” de esta posibilidad. En 1998, el PP retiró esta excepción.

¿Cuánto le cuesta incorporar una propiedad a su patrimonio?
El precio que paga la Iglesia es de entre 20 y 30 euros. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia que por “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de mil bienes del patrimonio navarro”.

BIENES REGISTRADOS POR LA DIÓCESIS NAVARRA
Atrios, viviendas, viñas, olivares y hasta un frontón
- Una plataforma de municipios exige la devolución de más de 600 templos
- “La Iglesia nos ha robado a todos algo que era nuestro”, denuncia Esparza
- La diócesis de Navarra registró en diez años 841 iglesias y ermitas
El 16 de abril de 1706, el Ayuntamiento de Pamplona suspendió las corridas de toros de San Fermín durante seis años. El objetivo: sufragar el gran gasto que suponía construir la capilla de la ciudad en honor al santo. Cuando terminaron las obras en 1717, el consistorio asumió su patronazgo por medio de tres regidores municipales.

En la actualidad, es una de las capillas más demandadas para bodas y otros actos religiosos privados. Y, en consecuencia, la que más dinero genera en la ciudad. El Arzobispado de Pamplona y Tudela la registró como propia en 2003 sin avisar al municipio. Desde que se destapó la operación en 2007, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro reclama su naturaleza pública, al igual que otros 1.085 bienes que este arzobispado se anexionó entre 1998 y 2007.

La plataforma está formada por 117 municipios de la región bajo un denominador común: “La Iglesia nos ha robado a todos algo que era nuestro”, denuncia José María Esparza, uno de sus miembros.

Epicentro social
Muchos de estos templos “se construyeron en tiempos en los que las iglesias no sólo eran lugares de culto: en ellas se celebraba la vida social de los pueblos. No sólo eran sitios religiosos. Por ello, todos los vecinos participaban de su financiación”, explica Esparza. La plataforma presentó a finales del año pasado el libro Escándalo monumental (Ed. Al Taffaylla), en el que documenta las 117 demandas. Sus autores son Esparza y el sacerdote Pedro Leoz.

Entre los 1.086 bienes que registró el arzobispado navarro hay 650 templos parroquiales, 191 ermitas, nueve basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, dos atrios, ocho cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón. “Muchas de estas apropiaciones son prácticas que van en contra de los principios de la Iglesia católica. En los Evangelios, Jesús siempre habla de los pobres, nunca del poder ni de las propiedades”, critica Leoz.

Terrenos bajo sospecha
Pero los litigios no sólo afectan a los templos. En Bera, por ejemplo, dos familias reclaman los 5.050 metros cuadrados de terrenos -en el centro del pueblo y de gran valor inmobiliario- que la diócesis registró en 2007. Los denunciantes aseguran que en su día los cedieron, con fines educativos, a las Monjas de la Caridad. Cuando las religiosas cesaron su actividad, los vecinos reclamaron los terrenos. La diócesis no comenta casos concretos y defiende que todos los bienes inscritos son suyos. Las aportaciones que realizaron los vecinos durante décadas fueron “voluntarias”, apunta un portavoz.

En pueblos como Etxabarri, Galdeano, Eulz o Muneta, sus habitantes denuncian que el mantenimiento de las iglesias y ermitas, al igual que el frontón o las calles, se sufraga en auzolan (en grupo), un sistema que les da acceso a beneficios comunales como son los lotes de leña. Por ello, argumentan, no se trata de donaciones voluntarias.

La mayoría de la población que reclama el carácter público de los templos procede de pequeños municipios. Tras conocer los registros del arzobispado, ni los vecinos ni sus dirigentes supieron cómo reclamar las propiedades. Una vez conformada la plataforma, se encontraron con que la ley aún privilegia, como en 1946, el testimonio de los obispos como si fuese el de un organismo público.

LA CARA Y LA CRUZ DE LAS LUCHAS VECINALES
Decenas de municipios se enfrentan al registro de propiedades y terrenos públicos por parte de la Iglesia
- Además de iglesias, el clero ha registrado decenas de fincas y obras de arte
Desde la fortaleza de Xàbia, que el Arzobispado de Valencia hizo suya el año pasado –sin permiso municipal– hasta los 25.000 metros cuadrados que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, regaló al Arzobispado de Madrid para la construcción de un Minivaticano en terreno público, en una de las zonas más emblemáticas de la capital. El clero católico ha engrosado su patrimonio en los últimos 12 años con centenares de propiedades y espacios públicos. La privatización de estos lugares en favor de una entidad religiosa ha encrespado a miles de vecinos, que denuncian que se les está robando parte de su “Historia”.

La mayoría de las polémicas radican en que el clero ha registrado piezas artísticas, plazas o fincas públicas sin previo aviso, amparándose en una reforma legislativa impulsada por José María Aznar sin que la norma fuera refrendada en el Parlamento. Algunas, incluso, están salpicadas por la sombra de la especulación urbanística. A falta de un movimiento único organizado, las asociaciones vecinales han emprendido más de mil reclamaciones en los últimos tres años. El principal problema con el que se encuentran es la imposibilidad de demostrar que el dinero que se utilizó para la construcción o compra de muchas de estas propiedades ha salido históricamente de arcas municipales o de los bolsillos de particulares.

En algunos lugares, como la aldea de Ribadulla (A Coruña), el obispado castigó a los vecinos rebeldes con una denuncia y la retirada del sacerdote que impartió misa durante 30 años por la disputa de unos terrenos: o la misa o la propiedad. En la mayoría de los casos, el Registro de la Propiedad ha permitido a la Iglesia beneficiarse del trabajo, el esfuerzo y la inversión de los vecinos durante muchos años, que ahora califica de “donativos”.

ALICANTE
“El arzobispado nos ha robado la historia del pueblo”
- La diócesis registró hace tres meses la fortaleza a nombre de la parroquia
- En 1960 desapareció «misteriosamente» del Catálogo de Bienes Municipales
Sergi Tarín
Los vecinos de Xàbia (Alicante) sienten que les ha amputado una parte imprescindible de su historia: la que encierra los muros de la iglesia fortaleza de San Bartolomé. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo. Así de fácil. Siglos de historia pasaron de una mano a otra en el tiempo que tarda en efectuarse una rúbrica. Aunque sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, que ya ha anunciado que irá a los tribunales.
El arzobispado se apropió de este inmueble haciendo uso de la Ley Hipotecaria. Juan Carlos Generoso, concejal de Patrimonio, cuenta que el templo “siempre ha pertenecido a la localidad”, pero que en 1960 desapareció “misteriosamente” del Catálogo de Bienes Municipales. Un hecho del que no se percataron hasta que la diócesis se embolsó el edificio. “No creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades. Medio siglo de espera no es nada para una institución milenaria como la Iglesia”, opina Generoso.
Argumentos místicos
Por su parte, las autoridades religiosas han dosificado sus explicaciones con argumentos más cercanos a la mística que al concepto terrenal de los bienes y su usufructo. “La finca pertenece desde tiempo inmemorial al pueblo de Dios”, aseguraron en su día, aunque sin aportar un solo documento. Todos los intentos de este diario por contactar con la diócesis y ampliar este punto de vista han sido en vano.
El templo de San Bartolomé es algo más que una iglesia para Xàbia. Enclavado en la plaza principal, junto al ayuntamiento y el mercado, su origen nada tiene que ver con la religión. Así lo demuestra un documento de 1308 donde Jaime II ordena la construcción de una torre defensiva. La edificación formó parte, dos siglos después, de una línea de 58 torres vigías salpicadas por todo el litoral valenciano para advertir y repeler ataques de los piratas berberiscos. Sobre todo en las costas de Xàbia, cuyo perfil abrupto y repleto de calas favorecía los desembarcos clandestinos.
Posteriormente, el edificio fue ampliado y renovado hasta convertirse en una joya del gótico civil gracias al mecenazgo de los vecinos más pudientes de la localidad. El ayuntamiento también conserva en sus archivos pruebas que constatan deudas contraídas durante el siglo XVIII para la reforma del templo. La documentación está en manos de Manuel Ortells, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, a quien el consistorio ha encargado la elaboración de un dictamen que justifique la propiedad municipal del inmueble. Sus conclusiones serán la base del recurso que el ayuntamiento prevé presentar a principios de mayo contra el arzobispado.
Estupor e indignación
En 1960 desapareció “misteriosamente” del Catálogo de Bienes Municipales
La Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor contestación ha generado. Nada más conocer la noticia, sus habitantes reaccionaron con estupor e indignación. Espontáneamente surgió el Movimiento Ciudadano para la Recuperación del Patrimonio Local, que ha reunido por el momento mil firmas. Su portavoz, Antoni Espinós, lo atribuye a los “entresijos de la diplomacia sibilina vaticana” y lo considera “un robo de la historia del pueblo”.
Esta repulsa social motivó que la Diócesis de Valencia reinscribiese en diciembre el templo a nombre de la parroquia de San Bartolomé, pero sin ceder la propiedad al ayuntamiento. “Una maniobra de maquillaje y de confusión”, asegura Espinós, quien se pregunta si los intereses de la curia son “espirituales o económicos”, ya que Xàbia es uno de los municipios más turísticos de la Costa Blanca, y la iglesia de San Bartolomé, declarada Monumento Nacional en 1930, su principal valor cultural. “Si se da un uso comercial y se organizan visitas, ese dinero ya no será para la localidad”, se lamenta Espinós.

CÁCERES
La amenaza da la excomunión
Paola Molina
El Obispado de Plasencia ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. La mayoría de las veces, el asunto pasó desapercibido, a excepción de dos casos: Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera.
En el primer pueblo, los vecinos abrieron un expediente, en julio de 2009, para reclamar la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Se trataba de un área de 470 metros cuadrados que rodea el templo y donde ya se había edificado una casa parroquial. Esta iglesia data del siglo XV y, aunque ha sido reformada, mantiene la puerta de la Epístola como ejemplo de la arquitectura de esa época.
El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento
Llaman la atención dos óleos: uno de la Virgen de la Soledad, y otro de la Visión de San Antonio de Padua, que es copia decimonónica del original de Murillo. El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento, y el alcalde decidió “no continuar con el proceso” por dos motivos: la imposibilidad de demostrar que los terrenos fueran municipales y el uso que, desde hacía más de 20 años, hacía la Iglesia de los mismos, según explica Jesús Chaparro, secretario municipal.
En el segundo caso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera consiguió la devolución del atrio de la Iglesia Parroquial de Santa María de Fuentes Claras porque el templo se asienta sobre los restos de una fortaleza del siglo XIV. En algunas localidades, ha llegado a inscribir prácticamente toda la plaza que rodea a los templos. En Aldeanueva, incluso la casa parroquial. En Pasarón, los vecinos recogieron firmas pero fue el propio párroco de la localidad quien amainó la protesta al amenazar con la excomunión a los fieles.

A CORUÑA
El campo o la misa
Lorena Seijo
Gran parte de las aldeas del norte de Galicia no tienen plaza central, por lo que cualquier encuentro vecinal, fiesta o romería se celebra en lo que se conoce como “el campo de la fiesta”. Este lugar va ligado a todas las celebraciones, a todos los recuerdos. El sentimiento es lo que movió a los 160 vecinos de Ribadulla, una aldea de Santiso (A Coruña), a enfrentarse al Obispado de Lugo por la propiedad de su “campo”, de 2.500 metros cuadrados.
‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García
Para su sorpresa, hace un año, un comunicado del obispado les informó de que se iba a vender la casa rectoral y “el campo de la fiesta”. “Nos dijeron: ‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García, portavoz de los vecinos. La indignación fue general. “Lo que esperaba era que chantajeándonos con la fe, los vecinos le diéramos el campo”, cuenta Benedicto García, de 77 años. Pero pudo más el sentido de justicia que la fe, y todos los vecinos se unieron. Como protesta, no acudieron a la siguiente misa, la vieron por televisión o se desplazaron a otra parroquia. El sacerdote, que llevaba 30 años en el pueblo, se fue.
La historia viene de lejos. La primera iglesia de Ribadulla quedó hundida bajo la presa de Portodemouros hace 41 años. A cambio, la hidroeléctrica les construyó otra y dio 15.000 pesetas al cura para que comprara un nuevo campo para los vecinos. Nunca se preocuparon de titular el terreno, excepto por una anotación en el catastro a nombre de la Asociación de Vecinos. ¿Para qué registrarlo? Al fin y al cabo, todos, incluido el sacerdote, sabían que era público.
Los afectados, al enterarse de que el obispado quería inscribir la finca a su nombre por el procedimiento de la matriculación de bienes sin titularidad, acudieron al Registro de la Propiedad y la anotaron a nombre de todos los vecinos. El obispado denunció a 59 de ellos por apropiación indebida. La primera vista en el juzgado será el 25 de marzo. Hacienda avala la titularidad vecinal. “Aunque ganemos, el obispado recurrirá porque no quiere que otros sigan nuestro ejemplo”, afirma García.

LEÓN
El clero se queda el bote vecinal
D. Ayllón
La libreta de María Encarnación, de 59 años, tiene anotadas todas y cada una de las donaciones que los vecinos de Pardesivil –una pedanía de León, con 25 empadronados– realizaron para limpiar y reconstruir la ermita. En total reunieron 6.000 euros y, ahora, sólo les falta reconstruir el tejado. “Llevaba 35 años abandonada y la maleza la había cubierto por completo”, explica María, de 64 años. Por las tardes, después de trabajar, se reunían en el monte de la ermita para limpiar sus cantos rodados y reconstruirla. Con la colecta, financiaron la contratación de un albañil.
No existe documentación sobre quién la construyó, sólo la fecha de su levantamiento: 1630. Tras el abandono, el templo fue expoliado y desaparecieron algunas de las tallas de su interior. En 2009, los vecinos descubrieron que el obispado quería registrar la ermita como propia, “pese a que siempre había sido una propiedad común, de todos”, reivindica María. “Nos dijeron que las obras las tendría que autorizar entonces el Obispado. Nuestro error fue no haberla registrado antes”, denuncia.

MADRID
Parroquia antes que servicio social
D.A.
En el barrio de Butarque (Madrid), el ayuntamiento regaló en 2008 a la Iglesia católica una nueva parcela para la construcción de una parroquia. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque e IU denunciaron que el consistorio regalaba espacio para templos en un barrio sin bibliotecas ni escuelas infantiles. En diez años, IU calcula que el ayuntamiento ha cedido al arzobispado suelo público por un valor de 120 millones de euros.
Las críticas a estos privilegios de la Iglesia en la capital han tenido su máximo exponente en los últimos años en el polémico Minivaticano. Hace un año, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió 25.000 metros cuadrados

sábado, 8 de enero de 2011

24 de Enero: 34 aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha

"Como lo político y social determina lo económico". Vicenç Navarro. Nueva Tribuna, 5 de Enero

En una conferencia sobre el futuro de la economía, creo que debe analizarse el contexto político en el que tal economía se ha desarrollado. Ello debiera ayudarnos a entender la relación entre poder político y configuración económica en nuestro país.

Los determinantes políticos y sociales de la economía

En una conferencia sobre el futuro de la economía, creo que debe analizarse el contexto político en el que tal economía se ha desarrollado. Ello debiera ayudarnos a entender la relación entre poder político y configuración económica en nuestro país. Esto adquiere incluso mayor importancia cuando queremos entender la relación entre lo social y lo económico, pues ambas dimensiones están determinadas por el mismo contexto político. De ahí que en esta presentación, haré un análisis de la situación social de España (caracterizada por unas enormes desigualdades sociales), analizando las causas de estas desigualdades, que son las mismas que explican el subdesarrollo social y económico de España.

Las desigualdades como causa de nuestros problemas, incluidos los económicos

Según los últimos datos disponibles sobre la distribución de las rentas y de la riqueza en los países desarrollados, España es uno de los países con mayores desigualdades. Mírese como se mire, las desigualdades de renta son de las mayores existentes en la UE-15. Por ejemplo, la renta disponible de la decila superior en España es 10.3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En Finlandia es 5.6 veces, en Suecia 6.2, en Alemania 6.9, y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Más desiguales son EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña, 13.8.

Si en lugar de este indicador consideramos el indicador más utilizado en la literatura económica (el Gini Coefficient), entonces España tiene un coeficiente de Gini de 0.347, uno de los más altos de los países de la OCDE (cuanto más cercana sea la cifra a 1, mayor desigualdad). La gran mayoría de países están por debajo del de España. Algunos, de nuevo EEUU, con 0.408,y Gran Bretaña con 0.360, están por encima, es decir, son más desiguales.

Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias (households) posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad (como máximo: casa y coche). Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad. Estados Unidos es incluso más desigual. El 1% de la población más rica posee el 33% y el 10% más rico posee el 71% de la propiedad.

Una consecuencia de estas desigualdades es que a mayor desigualdad mayor nivel de pobreza. Y de ahí que España sea uno de los países con mayor pobreza en la OCDE. El 15% de los niños viven en familias pobres (cuyo nivel de renta está por debajo de la mitad de la mediana de renta del país). De nuevo, la mayoría de países de la UE-15 tienen unos niveles de pobreza infantil mucho más bajos. Dinamarca (el más bajo) 2.4%, Finlandia 3.4%, Noruega 3.6%, Suecia 3.6%, Francia 7.3%, Holanda 9%, Alemania 10.9%,y así un largo etcétera. Gran Bretaña 16.2% y EEUU 21.7% tienen mayor pobreza.

Pero es un error ver las desigualdades como un fenómeno que afecta sólo a los extremos, es decir a los ricos y a los pobres. Nos afecta a todos.

¿A qué se deben estas desigualdades?

Existe el peligro en estos análisis económicos de ver estas desigualdades como consecuencia, primordialmente, de factores económicos y demográficos (tales como la globalización económica, la estructura demográfica, los distintos niveles de formación y educación, entre otros) que, aún cuando útiles para entender la evolución de la estructura económica y social, son insuficientes, porque las causas reales de estas desigualdades son causas políticas, entendiendo como tales las relaciones de poder, entre las cuales, el poder y conflicto de clases sociales son los determinantes. La relación capital-trabajo continúa siendo central en el análisis de nuestras sociedades. Y su expresión a través del estado es clave para entender cómo estas relaciones de poder se reproducen. Fue el gran pensador de la socialdemocracia sueca, y uno de los intelectuales más influyentes en políticas públicas y sociales en el mundo anglosajón, el profesor Walter Korpi, del Instituto Karolinska de Suecia, que en su excelente libro The Democratic Class Struggle (desgraciadamente nunca traducido al castellano) estableció la lucha de clases como la variable más importante para entender nuestras sociedades, incluyendo nuestras economías. Fíjense que los países que están siendo más afectados por la crisis actual en la Eurozona son países con enormes desigualdades, tales como los países PIGS, cerdos en inglés (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain). Estos países son los países que tienen mayores desigualdades sociales en la Eurozona, como consecuencia de haber estado gobernados durante más tiempo desde la II Guerra Mundial por regimenes fascistas o fascistoides (España y Portugal) y regimenes autoritarios de la derecha más reaccionaria (Grecia e Irlanda), causa de sus enormes desigualdades y de sus dificultades actuales.

Las causas políticas del subdesarrollo social de españa y sus grandes desigualdades

En España la causa del subdesarrollo social y del enorme crecimiento de las desigualdades se basa predominantemente en tres hechos. Uno, es la dictadura fascista, enormemente represiva (según el profesor Malekafis, Catedrático de Historia Europea, y uno de los mayores expertos en fascismo en Europa, por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), y que careció de sensibilidad social. Era una dictadura de clase en frente de la clase trabajadora, y cuando el dictador murió, España se gastaba en su estado del bienestar sólo un 14% de su PIB. El promedio de los países que más tarde constituyeron la Unión Europea de los Quince (UE-15) era ya el 22% del PIB. Este enorme retraso social era la causa del enorme retraso económico de España.

La transición de la dictadura a la democracia no fue una rotura, sino una continuación del estado anterior, indudablemente enriquecido con el principio de soberanía popular (reconocida en la Constitución Democrática), pero con un claro dominio de aquel estado por la nomenclatura del estado anterior, que mantuvo un estado muy poco redistribuidor, con claras insuficiencias en la progresividad de su política fiscal, que determinó un estado del bienestar muy insuficiente, y ello a pesar de los indudables avances que se hicieron en la época del gobierno socialista (1982-1996).

La otra causa de las elevadas desigualdades es la manera como se realizó la integración de España a la UE y a la Eurozona, lo cual se hizo a base de aumentar el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15. He escrito extensamente sobre este punto (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006), mostrando que la reducción del déficit público del estado (necesario para alcanzar el criterio de Maastricht, que era que tal déficit no podía ser superior al 3% del PIB) se hizo a costa de reducir el gasto público social, primero en términos absolutos, en la etapa 1993-1995, y más tarde en términos relativos (del 1995, último año del gobierno PSOE, al 2004, último año del gobierno PP) permitiendo un crecimiento del gasto público social mucho más reducido que el promedio de la UE-15. Ello explica que en el 2004 el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social por habitante entre España y la UE-15) fuera mayor que en 1993. Como consecuencia, las desigualdades eran también mayores en 2004 que en 1993, puesto que el gasto público social es una de las intervenciones más reductoras de desigualdades en España.

Una tercera causa de las desigualdades era la política fiscal (que aumentó su regresividad en el periodo 1993-2004) resultado del descenso de los impuestos directos (durante la alianza PSOE-CiU en el periodo 1993-1996, PP-CiU en 1996-2000 y gobierno PP en 2000-2004), y de la desregulación del mercado laboral (con notable descenso del porcentaje que las rentas del trabajo supusieron sobre las rentas totales). El proceso de acumulación de capital se basó en unos salarios bajos, en una política fiscal regresiva, y en un escaso desarrollo del estado del bienestar español. Los datos que he publicado en otros estudios, así como las investigaciones del Observatorio Social de España (ver los volúmenes I, II y III de la Situación Social en España) avalan claramente esta interpretación de lo acaecido.

Las causas sociales de las crisis actuales

El descenso de las rentas del trabajo llevó a un enorme endeudamiento de las familias españolas, que pudo sostenerse debido al elevado precio de la vivienda, que era el aval para conseguir el crédito. Pero cuando el mercado inmobiliario explotó, las familias, profundamente endeudadas, tuvieron que enfrentarse con un problema grave. En términos económicos, ello supuso un bajón enorme de la demanda, y como resultado de ello, una enorme reducción del crecimiento económico. Y el estado español también vio aumentar su déficit, como consecuencia del descenso de la actividad económica (el 50% de tal déficit se debió a esta causa), de la disminución de impuestos (el 40%) y del aumento del gasto público (sobre todo en seguro de desempleo) para estimular la economía (sólo un 10%).

Por otro lado, la enorme concentración de las rentas del capital (que se consiguió a costa de las rentas del trabajo), fue responsable del comportamiento especulativo de la banca, estableciendo el complejo bancas-inmobiliarias-construcción, que fue el motor del mal llamado milagro español de creación de empleo. La banca española estaba, a su vez, profundamente endeudada con la banca alemana y francesa que poseían el 62% de la deuda bancaria exterior.

Periodo 2004-2010

El gobierno socialista hizo reformas sociales novedosas e importantes. Y el gasto social aumentó significativamente. Pero –y es un gran pero- el crecimiento del gasto público social no fue resultado de una mayor carga impositiva, dentro de una política fiscal más progresiva (en realidad, la regresividad aumentó en el periodo 2004-2010), sino de un notable crecimiento económico. Es más, las enormes desigualdades de rentas y el peso excesivo de las rentas de trabajo en la contribución fiscal al estado, explica que el descenso de la actividad económica inmediatamente creara, además de un enorme crecimiento del desempleo y una reducción de la ocupación, un notable descenso de los ingresos al estado. El elevado déficit estructural público del estado se debe, en gran parte, a la excesiva dependencia de los ingresos al estado de las rentas del trabajo y escasa aportación de las rentas del capital, aportación que fue incluso más baja, resultado de la disminución de los impuestos llevada a cabo por todos los gobiernos (tanto del PP como del PSOE). Es de una enorme malicia considerar que el elevado déficit se debe al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social). En realidad, España es el país que tiene el gasto público social más bajo de la UE-15, y es el que tiene un porcentaje de la población adulta empleada en los servicios del estado del bienestar más bajo (9%, comparado con 15% en la UE-15, y 25% en Suecia). Y es este bajo empleo en los servicios del estado del bienestar que es, en gran parte, responsable de la baja tasa de población empleada en España. El retraso del estado del bienestar es un obstáculo para el desarrollo económico de España.

¿Qué hay que hacer?

En realidad, las medidas son fáciles de ver. Y se basan en la corrección de lo que se ha hecho mal durante estos años. Y principalmente, corregir las enormes desigualdades, tanto de renta como de propiedad, recuperando la progresividad en las políticas fiscales. Otra intervención es incrementar los ingresos al estado corrigiendo el enorme déficit del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, utilizando el gasto público en la infraestructura social del país, como medida de estímulo de la economía. Una de las causas del subdesarrollo económico es el subdesarrollo social que se refleja en un deficiente e incompleto sector público.

Debiera también facilitarse la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante el desarrollo del 4ª Pilar del Estado del Bienestar que, como se planteó en su inicio, debiera incluir el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios. Los déficits de recursos humanos debieran cubrirse predominantemente a través de la incorporación laboral de la mujer. Si todos los países de la UE tuvieran el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría más mano de obra disponible en la UE que la que se conseguiría con la integración de Turquía en la UE.

Una medida también necesaria para aumentar la productividad debería ser prohibir salarios bajos (bien a través de los convenios colectivos, bien a través de incrementar el salario mínimo), tal como hizo Suecia en las reformas Meidner. La enorme disponibilidad de mano de obra barata (inmigrantes incluidos), ha sido una de las causas de la baja productividad. Y ni que decir tiene, acentuar la formación profesional, el punto más flaco en el sistema educativo español.

Otra medida sería la de garantizar el crédito, primero mediante el establecimiento de bancas públicas (transformando las cajas en bancos públicos) y en segundo lugar, regulando y gravando a los bancos privados, y muy en especial a los fondos especulativos.

Todas estas medidas y otras dependerán a su vez de la correlación de fuerzas en los próximos años. Hoy en España el capital, y muy en particular, el financiero, tiene excesivo poder a costa del capital productivo y del mundo del trabajo. Como decía Walter Korpi en su libro Democratic Class Struggle existen momentos históricos en que tal poder interviene obstaculizando el pleno desarrollo del enorme potencial que tiene la raza humana. Creo que este es uno de estos momentos. Tal futuro podrá desarrollarse si las fuerzas del trabajo pueden recuperar el poder político y social perdido y con ello recuperar el espacio económico. Termino pues estas notas subrayando que me he centrado única y exclusivamente en España, a fin de equilibrar la gran atención que se da, con razón, al contexto europeo y mundial, en donde España existe.

Vicenç Navarro | Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra