martes, 16 de abril de 2019

"Historia contra patrañas", por Fernando Hernández Sánchez



Historia contra patrañas

El autor propone una reforma radical del currículum en la Enseñanza Secundaria para evitar la ignorancia y la regresión social.

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN, UAM.


El Salto, 16-04-2019


Un municipio del área metropolitana sur de Madrid. Una casa de comidas próxima a un polígono industrial. El telediario refiere la última hora sobre la exhumación de Franco. Dos hombres en mono de trabajo comparten sobremesa: uno, frisando los cuarenta, debió transitar por el BUP; el otro, un veinteañero fruto de la LOGSE: “Mejor Franco que Maduro ¿Tú sabías que, con la República, el jefe del gobierno mandó a su escolta a matar al líder de la oposición?” El más joven mira al mayor como si escuchase a Don Marcelino Menéndez Pelayo, con respetuoso silencio. La vulgata revisionista aromatiza los postres y el café.

Aeropuerto de Barajas. Dos docenas de estudiantes de bachillerato se disponen a emprender un viaje de fin de curso. Todos despliegan una increíble capacidad para desenvolverse en tres planos simultáneos: jugar con sus móviles, compartir fotos y comentar memes. De repente, sobre el rumor de las conversaciones banales se escucha: “Pues yo voy a votar a Vox”. El móvil emite un silbido y un muchacho replica un tuit. Alguien que nunca será un conscripto musita las estrofas de El novio de la muerte. Un millenial va a estrenar su condición de ciudadano votando a un partido que enaltece un pasado de autarquía, censura moral y plato único.

¿Cómo se explica que trabajadores de uno de los últimos enclaves del muy desvaído cinturón rojo repitan falacias históricas propaladas por quienes, por otra parte, pretenden precarizar sus condiciones laborales y bajar los impuestos a las rentas altas? ¿Qué lleva a unos postadolescentes a formular a la ligera un envite contra su futuro con el mismo talante despreocupado con que acudirían a la casa de apuestas de la esquina de su instituto?

EL RETORNO DE VIEJOS RELATOS
Son muchos los factores que están conduciendo a un cierre reaccionario de la crisis de representación abierta en 2011. La mayor parte de ellos no son coyunturales. La demolición del estado del bienestar y la centrifugación de toda coalición defensiva frente a las imposiciones de un capitalismo definitivamente asilvestrado tras la Segunda Gran Depresión, la desarticulación de la mesocracia, el ensueño melancólico de un pasado próspero pulverizado por la amenaza del paro crónico, la devaluación salarial y el agarrotamiento del ascensor social, el resentimiento del penúltimo contra el último en la pugna por el acceso a un trabajo escaso y a recursos sociales menguantes, el chauvinismo de retorno respecto a un proceso catalán percibido como un atentado a los arcanos identitarios que constituyen la última línea defensiva frente a la desaparición de todo lo que era sólido, todos estos factores han contribuido a la coagulación de fuerzas antes aletargadas o que se movían en los fondos abisales del piélago conservador.

Los elementos que integran el imaginario de la nuevamente pujante extrema derecha parecen sacados de la vieja Enciclopedia Álvarez. Glorificar a Hernán Cortés, discutir con Portugal sobre la primacía en la vuelta al mundo, declamar panegíricos a Blas de Lezo, vindicar una antigüedad para la nación española cuatrocientos años anterior a que se constituyese como sujeto de soberanía o invocar en sede parlamentaria europea Covadonga o Lepanto como antídotos contra Eurabia son fórmulas habituales entre aquellos que, cuando se trata de condenar a la dictadura franquista o de honrar a sus víctimas enfatizan de forma melodramática la necesidad de no mirar atrás. Una puja por la cima de lo rancio en la que no ha faltado, todo hay que decirlo, la contribución de algún ministro socialista recomendando como lectura canicular un subproducto editorial contra la Leyenda Negra, poniendo de manifiesto que el mal provoca contagios por capilaridad.

UN CURRÍCULUM INABORDABLE
La amplia difusión de estos lugares de supuesto sentido común debería ser motivo de preocupación: denota que, en los cuarenta años de vigencia del régimen constitucional, casi dos generaciones de españoles han pasado por la escolarización obligatoria sin abordar satisfactoriamente el estudio de nuestra historia reciente. Y ha sido así por razones que cualquiera puede identificar en su propia autobiografía escolar: ¿Quién no ha oído que el programa era muy amplio; el tiempo, muy escaso; que al último trimestre siempre se llegaba con agobio; que los temas de la República, la guerra civil y la dictadura franquista eran muy problemáticos porque podían suscitar conflictos con las familias, llamadas de atención de la inspección educativa o, en definitiva, que eran demasiado recientes —solo han pasado entre cuarenta y ochenta años de nada…— como para ser tratados con objetividad y desapasionamiento?

De ahí que el conocimiento histórico acumulado por millones de ciudadanos (casi diez en los años que van desde los años 90 hasta hoy) se caracterice, en general, por la carencia de profundidad y de rigor y consista en retazos de los manuales mal rememorados, episodios estereotipados, retales de debates televisivos, fragmentos de la pacotilla editorial, simplificaciones pseudoacadémicas y evocaciones de experiencias subjetivas de raíz familiar: un patchwork proclive a arropar todo tipo de mistificaciones.

Incluso el profesorado más comprometido tiene serias dificultades para llevar al aula los periodos clave de nuestra Historia reciente. La selección de contenidos no es fácil. Explicar las revoluciones burguesas, el surgimiento del Estado-Nación, la revolución industrial, las dos guerras mundiales, el comunismo, los fascismos, la guerra fría, el imperialismo, la descolonización, la globalización y sus correspondientes correlatos en la historia española resulta una tarea titánica con tres horas de clase a la semana.

La dificultad es estructural: de todas las divisiones formales de la Historia, la Contemporánea es la única que permanece abierta. El currículum de Secundaria siempre arranca con la crisis del Antiguo Régimen, tanto en 4º ESO como en 1º de Bachillerato. La secuencia temporal de la contemporaneidad española en los manuales escolares apenas ha variado desde la Ley General de Educación de 1970. Precedido de un tumultuoso siglo XIX, el reinado de Alfonso XIII abre un siglo XX no menos convulso. La Dictadura de Primo de Rivera se presenta como doble respuesta a la agudización de la conflictividad social y a las consecuencias de la guerra de Marruecos. Segunda República y Guerra civil suelen aparecer amalgamadas en una misma unidad, con las lecturas teleológicas que ello supone. El franquismo, por su extensa duración, casi geológica, se escinde en dos periodos con el Plan de Estabilización y los comienzos del desarrollismo como parteaguas. Por último, la transición, enfocada desde las instituciones – “de la Ley a la Ley”- y con el pueblo español como espectador de platea cierra virtuosamente dos siglos de confrontación cainita.

UNA PROPUESTA RADICAL
La toma de la Bastilla fue la metáfora fundacional de la nueva era para los historiadores del siglo XIX, pero para nosotros han trascurrido casi dos siglos y medio. Si no se opta por un cambio de paradigma, estamos condenados a que siga sin haber tiempo suficiente para la enseñanza de la Historia más próxima y, aunque el diseño curricular contemple, en teoría, todos los acontecimientos comprendidos entre aquel hito inaugural y la realidad compleja de nuestro tiempo, los episodios que van del franquismo hasta el presente se encontrarán sumidos en un agujero negro. Una ignorancia fértil para las campañas de la extrema derecha político-mediática.

La enseñanza de la Historia Contemporánea más reciente adquiere hoy un carácter de imperativo cívico y democrático. Es necesario modificar sustancialmente la secuenciación de los contenidos curriculares. Nadie debería abandonar las aulas sin conocer las claves de los procesos que han conformado la sociedad en que va a insertarse en breve como sujeto en plenitud de derechos políticos. Para ello, es preciso otorgar a la Historia reciente –el “corto siglo XX”, en expresión del Eric Hobsbawm- el protagonismo de un curso propio, el último de la Secundaria obligatoria. Hay que redistribuir la secuencia de los contenidos en cuatro bloques: 1) Las vías a la modernización: el lento despegue bajo la Restauración (1903-1923); la modernización autoritaria (1923-1930); y la modernización democrática (1931-1936). 2) La guerra civil como crisol de los conflictos secularmente irresolutos (económico, social, territorial, político y cultural) y escenario de la protoguerra mundial (1936-1945). 3) La dictadura franquista como régimen totalitario imbricado en los cambiantes escenarios internacionales y de modulación tardía al capitalismo maduro (1936-1977) 4) El proceso de transición a la democracia, sus condicionantes, sus logros y sus límites (1969-1986).

La cronología podría resultar chocante, pero está justificada: obedece a la idea de que la guerra civil y la dictadura franquista interrumpieron un proceso de modernización que se había iniciado, bajo varias facetas y distintas velocidades, en el primer tercio del siglo XX; que la España franquista fue parte actora de la Segunda guerra mundial como integrante del Pacto de Acero y suministradora de tropas para una guerra de agresión —la División Azul—, y que sus gambitos de pasividad no llegaron a alcanzar la neutralidad absoluta; que el comienzo de la dictadura hay que situarlo en la propia guerra civil, en la que se configuró el que durante toda su vigencia se reivindicó a sí mismo como el “régimen del 18 de julio”; que su final no se produjo con la muerte del dictador sino con la derogación efectiva de las instituciones dictatoriales; y que los orígenes de la transición hay que rastrearlos en los alineamientos de fuerzas bajo el tardofranquismo, y su final prolongarlo hasta la primera vez desde 1933 en que un gobierno de centro-izquierda pudo sucederse a sí mismo en el poder sin que lo impidiera un pronunciamiento militar.

Es solo un bosquejo y una aportación para el debate social. Una intervención, por decidida que sea, en la forma en que la ciudadanía aprende Historia en la escuela no será el bálsamo de Fierabrás contra el populismo reaccionario, pero sí una parte de la posología. No rendirá frutos de inmediato, pero al menos contribuirá a evitar en un futuro no muy lejano que podamos contemplar el Medievo como un horizonte de progreso.

https://www.elsaltodiario.com/opinion/historia-contra-patranas-reforma-radical-curriculum-ensenanza-secundaria

lunes, 8 de abril de 2019

Intervención en el acto "La Memoria también vota", Oviedo 6 de Abril de 2019




Oviedo, 6 de Abril de 2019

Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Quiero expresar también mi reconocimiento a mis compañeros de Famyr y a La Ciudadana por la invitación y por la organización de este acto. Asimismo quiero destacar que es para mí un honor compartir intervención con los familiares de la fosa de Tiraña.

Comienzo  mi  intervención explicando que la propuesta central de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, asumida posteriormente por el Encuentro Estatal, es una Ley integral de Víctimas del franquismo, porque estamos convencidos/as de que, independientemente de que se puedan estar planteando causas judiciales, tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son fundamentalmente políticas más que jurídicas; también las soluciones son esencialmente políticas y se deben adoptar en el Parlamento: revocar la legislación en la que se sustenta la impunidad y promover otra legislación que reconozca y promueva los derechos de las víctimas.

El trabajo que hemos realizado elaborando la propuesta de Ley de Víctimas, se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. También nos hemos inspirado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.
Ley de Víctimas del franquismo

El Proyecto que hemos presentado públicamente, remitido a expertos y discutido con fuerzas políticas y grupos institucionales, se basa en dos ideas centrales:
1. La Ley de Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.
2. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH, sobre las víctimas del franquismo.

Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa, y su problemática se ha atendido por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas, conforme son definidas por Naciones Unidas, sino que la discriminación se debe a la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas.

La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias franquistas en nombre de la seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad en las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho (excepcional entre los países de nuestro entorno) de que el estado de derecho democrático no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.

Nuestra propuesta no consiste en una ley de víctimas de la guerra civil en general, es más, nos oponemos tajantemente a ello. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación que adoptaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a titulaciones académicas; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios, etc… Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además siguieron padeciendo durante muchos años diversas formas de represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes que se prolongaron durante cuarenta años, ese fue el franquismo, adoptando múltiples maneras de interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo es corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudiera ser la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) en nuestra opinión pone en cuestión la vigencia plena del Estado de Derecho.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977. Múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano. En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables de agresiones a los derechos humanos, independientemente de su edad, tal y como sucede en países de nuestro entorno, como Alemania.

El Documento en el que hemos trabajado comienza con una Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.

En el primer bloque, que titulamos “El Derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad española”, hablamos, entre otros temas,
ü  De la retirada de la simbología franquista
ü  De declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
ü  Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
ü  Del tratamiento de los lugares de memoria;
Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos orientada a gestionar y garantizar el derecho de acceso a la información de víctimas, investigadores y del conjunto de la sociedad. 

En el bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
ü  La Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002).
ü  La exhumación judicializada de todas las fosas comunes del franquismo. Defendemos que la Ley de Víctimas del franquismo  debe manifestarse expresamente contra la privatización y la  gestión administrativa de las fosas comunes consagrada por la Ley de Memoria Histórica de 2007, por cuanto se tratan antes que cualquier otra cosa, de pruebas de crímenes contra la Humanidad.
ü  También consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, todo ello considerado dentro de una trama organizada, por lo que no pueden seguir siendo tratados como delitos individualizados.

En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la reparación material y/o simbólica de la amplia y diversa tipología de víctimas del franquismo: presos políticos; presos sociales; víctimas de torturas; represaliados económicos (sanciones, depuraciones de funcionarios, incautaciones de  patrimonio...); víctimas del trabajo esclavo; reconocimiento de colectivos como la guerrilla antifranquista; militares leales a la República; militantes clandestinos antifranquistas; exiliados; deportados al sistema concentracionario nacionalsocialista;  los llamados niños de la guerra, etc…así como la creación de un Consejo participativo de éstas, directamente o representadas por el movimiento asociativo.

ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de hoy más de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado, la denominada CARTA de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en la presente legislatura. Hemos realizado varias manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. En Junio de 2017 se celebró  la 3ª reunión estatal del ENCUENTRO, y debatimos qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo adoptamosuna posición más avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977, pronunciándonos a favor de una Declaración de Nulidad íntegra de la misma.

El pasado 24 de Noviembre se celebró en Madrid la 4ªreunión estatal del Encuentro, para analizar cómo seguir promoviendo la convergencia estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a esta problemática, en torno a una LVF. Queremos convencerlas de que las múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tienen un recorrido limitado, y que deberíamos aunar esfuerzos a partir de la Carta de Vicálvaro y de las recomendaciones al Estado español de los organismos internacionales de derechos humanos. Esta iniciativa se ha trasladado a las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida por lo general, pero con efectos limitados por la concurrencia con las diversas iniciativas que sobre memoria histórica han presentado los grupos políticos desde que comenzó la legislatura. Ha inspirado propuestas como el proyecto de IU, o el que presentamos en el Senado junto a Compromís.

Ahora mismo estamos estudiando los programas de las fuerzas políticas que se presentan a las diversas convocatorias electorales, para valorar sus propuestas sobre memoria histórica y lucha contra la impunidad franquista. El plan de trabajo ha quedado algo trastocado con la convocatoria de elecciones generales, ya que se estaban programando reuniones en el marco autonómico. Asimismo desde que el Gobierno anunció la intención de sacar a Franco de Cuelgamuros, los acontecimientos posteriores que conocéis, nos están marcando mucho la agenda.


La conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo andaluces, los acuerdos previos a la constitución del gobierno y sus primeras iniciativas, muestran que las fuerzas gobernantes en Andalucía han puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, los migrantes y refugiados. También en la memoria histórica democrática, cuya reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación señala a los responsables de los crímenes cometidos, deja en evidencia el sistema de impunidad en que han vivido los autores, y explica, en buena parte, el status social y económico del que siguen gozando muchas personas, empresas e instituciones.

Que las derechas conservadoras o liberales se avengan a negociar, pactar y gobernar con la extrema derecha, a asumir sus valores y discursos, sólo puede entenderse a partir de la banalización del mal en el debate político y mediático, a las carencias en educación y en políticas públicas de memoria democrática, junto a la ocultación de las víctimas del franquismo y la impunidad penal e histórica de los crímenes franquistas.

Los colectivos a los que la extrema derecha y sus aliados han señalado no vamos a permanecer con los brazos cruzados, contemplando pasivamente que se hagan efectivos los proyectos de los franquistas y sus aliados: recortes de libertades, supresión de derechos sociales y civiles, que han costado décadas de lucha y sacrificios conseguir.

Mañana domingo día 7, en una concentración que celebraremos en Madrid, 85 colectivos de mujeres, LGTBI, de migrantes y de Memoria histórica, haremos un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanos demócratas para que participen masivamente en las próximas citas electorales, no pretendiendo orientar para que se vote por un partido u otro, sino proponiendo que se vaya a las urnas con una intencionalidad clara: que cada voto sea un voto antifascista, contra la extrema derecha y contra los que están dispuestos a negociar con ellos. Porque opinamos que con el fascismo no se habla, no se negocia y no se gobierna.

Muchas gracias.

jueves, 21 de marzo de 2019

Sobre el artículo de Dolores Delgado, Ministra de Justicia en El Diario. 17/03/2019



Interesante artículo de Dolores Delgado, con el cual compartimos bastantes planteamientos. Es más, recoge cuestiones que defendíamos (casi en solitario) hace unos años: "Las víctimas de la represión genocida franquista no son distintas a las de ETA o el 11-M, todas demandan legítimamente ser reconocidas como tales y que se les trate con justicia." Pero eso tiene que traducirse en el reconocimiento jurídico de las víctimas; si no, es una declaración vacía.

En resumen, un discurso interesante y avanzado con respecto a la situación que padecemos, pero insuficiente si quien lo escribe es la Ministra de Justicia. No nos valen los "hay que" (sobre todo en víspera de elecciones), sino lo "hemos hecho" y lo "estamos haciendo".

No nos vale tampoco que se aluda a las recomendaciones de la ONU sobre las exhumaciones de fosas comunes, y la propuesta siguiente sea perseverar en el sistema extrajudicial de servicios funerarios privatizados y externalizados, que estableció la Ley de Memoria de 2007.

En cuanto a la propuesta de dar un "impulso de las certificaciones y reparaciones integrales a los represaliados por la dictadura", en vez de la anulación definitiva de todas las sentencias de los tribunales represivos del franquismo, tenemos que seguir considerándolo un insulto a las víctimas y a sus familias. Y además es un retroceso con respecto a la Proposición de Reforma de la Ley de Memoria H. presentada por el grupo parlamentario socialista en noviembre de 2017.

En resumen: todos las propuestas que van en la buena dirección son bienvenidas, pero "obras son amores y no buenas razones."


Verdad, Justicia, reparación
Dolores Delgado   - Ministra de Justicia
eldiario.es, 17/03/2019

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Verdad-Justicia-reparacion_6_878122213.html


lunes, 18 de marzo de 2019

Coloquio “Las políticas de memoria histórica en Extremadura”,


Coloquio “Las políticas de memoria histórica en Extremadura”
Homenaje a las víctimas del franquismo
Herrera del Duque (Badajoz), 17 de Marzo de 2019

Compañeras y compañeros. Amigas y amigos:

Quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Quiero expresar también mi reconocimiento al  Ayuntamiento de Herrera del Duque por la organización de este acto, dentro Homenaje a las víctimas del franquismo en Herrera.

El pasado 13 de Febrero se publicó en el BOE la “Ley de Memoria Histórica y democrática de Extremadura”. Distintas comunidades autónomas vienen desarrollado leyes o proyectos de leyes de memoria generalistas, o más específicamente para la localización y exhumación de fosas comunes del franquismo. Ello se debe a dos motivos: por un lado, a las insuficiencias de la Ley de memoria de 2007; por otro, a su práctica inaplicación tras la llegada al gobierno del Partido Popular en 2011.

Celebramos en principio la iniciativa. El problema que vemos es que las comunidades autónomas no tienen competencias para legislar en materia de justicia, particularmente sobre la exhumación de fosas comunes del franquismo. Según la legislación española (arts. 2 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) corresponde a los Juzgados y Tribunales el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español, por lo tanto, la competencia para la exhumación e identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes corresponde en exclusiva a la administración de Justicia, aunque las administraciones autonómicas puedan participar en la localización y protección de las fosas comunes del franquismo.

La Ley de Memoria Histórica estatal de 2007 no reconoció jurídicamente a las víctimas como tales, y derivó las exhumaciones de fosas comunes del franquismo a la vía administrativa, estableciendo incluso un sistema de privatización de las exhumaciones por el que se encomienda la realización de las mismas a familiares y asociaciones. Las víctimas del franquismo, y sólo ellas, constituyen una excepción al no aplicarse en su caso la LECRIM o el Auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012, que establecen la personación obligatoria de las fuerzas de orden y de los Juzgados de Instrucción competentes, cuando se encuentran restos humanos con síntomas de muerte violenta.

En consecuencia, las leyes de memoria autonómicas, al legislar sobre fosas comunes del franquismo, perseveran en la misma línea. Por muy loables y humanas que sean las iniciativas no judiciales de recuperar los restos de un represaliado para entregarlos al familiar que los reclama, negar el amparo judicial a la víctima, garantía fundamental e inalienable en cualquier estado democrático de derecho, significa perpetuar las consecuencias del delito.

Es cierto por ejemplo, que en la ley extremeña se prevé la comunicación y denuncia (art. 18) a los Juzgados en caso de aparición de restos mortales, pero eso en modo alguno garantiza la acción de la Justicia, tratándose de una mera comunicación o denuncia formal, por cuanto el inicio de la exhumación sin haber sido ordenada por un juez, y el desarrollo de la misma sin establecer una cadena de custodia, invalida los restos y cualquier objeto que se pueda encontrar en la fosa como pruebas de crímenes contra la humanidad.
Si la Ley extremeña pretendía judicializar las exhumaciones de fosas comunes del franquismo, lo que debería haber hecho es establecer por ley la personación de sus servicios jurídicos en el Juzgado, denunciado el hallazgo de la fosa común como la prueba material de delitos contra la humanidad, en vez de proceder directamente a la exhumación. 
En tanto, la competencia de la Comunidad de Extremadura en materia de fosas comunes del franquismo debería limitarse a la localización, datación y protección de las mismas. Las administraciones autonómicas tienen que colaborar con la administración de Justicia, nunca suplantarla.

Las comunidades autónomas pueden legislar en materia de memoria histórica, pero lo deben hacer sobre aquellos ámbitos materiales en los que son competentes. En el caso de la Ley Extremeña son reseñables avances en diferentes aspectos:

    El reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo (art.4b), que va mucho más lejos que la Ley de Memoria estatal, incluyendo colectivos como la guerrilla antifranquista (art.5 d).

    La localización, datación y protección de las fosas comunes del franquismo.

    La creación de un banco de ADN que faciliten la identificación y localización de desaparecidos por la dictadura franquista.

    La creación y mantenimiento de un mapa autonómico de fosas comunes.

    La creación de un censo de víctimas de la represión.

    El Título III sobre Lugares de Memoria histórica y democrática de Extremadura

    La inclusión de temáticas en los planes de educación comprometidos con la recuperación de la memoria democrática y la promoción de los Derechos Humanos y la Paz.

    El impulso de planes de investigación y divulgación de temática relacionada con la recuperación de la memoria democrática.

    La protección y promoción del patrimonio documental y de archivo sobre la lucha antifranquista y la represión franquista.

    La retirada de simbología franquista de espacios públicos y privados, y la anulación de conmemoraciones y títulos que reconocen a personas vinculadas con el golpe de 1936 y con la dictadura.

    Es muy importante que se establezca un régimen sancionador claro que corrige las deficiencias e insuficiencias de la Ley estatal de 2007, incluyendo la retirada de subvenciones y ayudas a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que incumplan la Ley, y que humillen a las víctimas.

    Los reconocimientos públicos e institucionales de las personas y organizaciones que se enfrentaron al franquismo y de las víctimas de la represión franquista.

    La creación del Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

    Muy interesante el Artículo 23 sobre medidas de reconocimiento y reparación a los trabajadores forzados, incluyendo la señalización de las obras como lugares de memoria, y promoviendo actuaciones para hacer copartícipes a las instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, que obtuvieron beneficio de ello.

    Al carecer de competencias legislativas para hacerlo directamente, la Ley recoge el compromiso de solicitar al Estado español que declare nulas todas las acciones legales de carácter represivo de la dictadura (Preámbulo III).

    Aún cuando es de interés (Preámbulo II) el reconocimiento de la existencia de elementos propios del modelo español de impunidad, tales como un “pacto de silencio” en el período de Transición; el carácter de la Ley de Amnistía de 1977, o la no asunción en la legislación española de avances en el derecho internacional de los derechos humanos, se echa en falta un posicionamiento explícito en contra, e incluso el compromiso de solicitar al Estado español el fin de esa situación. Asimismo se echa de menos una declaración explícita de condena del golpe del 18 de Julio de 1936, así como de la dictadura franquista como régimen ilegal y criminal.

Consideramos que para hacer justicia a las víctimas y recuperar la memoria histórica, es insuficiente la proliferación de legislación autonómica que se viene produciendo desde 2011, y en cierto sentido puede resultar contraproducente, por cuanto no sólo no resuelve el problema de la impunidad de los crímenes del franquismo, sino que además genera discriminación entre las víctimas, ya sea por el color político de la administración correspondiente, o por razones territoriales. Dependiendo de la comunidad autónoma de dónde procedan, unas víctimas y sus familias tienen muchos derechos, otras pocos y el resto, ninguno.


La Federación Estatal de Foros por la Memoria participa, junto con más de 100 organizaciones en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo. Desde mayo de 2016, venimos reclamando a las instituciones del Estado y a las formaciones políticas, que se comprometan a desarrollar una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del franquismo, ley que como legislación exclusiva del Estado central (Art. 149 de la Constitución), establezca los derechos, medidas y garantías inalienables mínimas que den amparo al conjunto de las víctimas del franquismo y del nazismo.

Partimos de la coincidencia con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

Los crímenes y la represión franquista se ejercieron desde el mismo 17 de julio de 1936, hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, o incluso la promulgación de la Constitución en 1978. Frente a otros colectivos de víctimas de la violencia política, que han recibido por parte del Estado español los máximos reconocimientos públicos y beneficios materiales de todo tipo, a las del víctimas del franquismo los gobiernos de la dictadura y de la democracia les han negado el reconocimiento jurídico y el acceso a la Justicia, a la Verdad y la Reparación moral o material, tal y como denuncian los organismos internacionales de derechos humanos.

Estamos trabajando para que, por medio de la promulgación de la Ley de Víctimas, el Estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, sobre las víctimas del franquismo, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.

Desde nuestra apuesta por una Ley de Víctimas del franquismo, opinamos que el papel de las instituciones de ámbito autonómicas  y locales debe ser respaldar ésta con las políticas concretas que se puedan adoptar en cada ámbito de competencia, obviamente atendiendo a la múltiple naturaleza de la represión franquista por circunstancias y condicionantes territoriales o culturales.

El sentido final de la legislación autonómica sobre Memoria Histórica debe ser complementar los mínimos imprescindibles establecidos por el Estado para el conjunto de las víctimas del franquismo, y nunca aminorarlos. Asimismo, las comunidades autónomas deben promover declaraciones institucionales de condena del franquismo y de apoyo a los derechos de las víctimas.

Nada más, muchas gracias, y a vuestra disposición en el turno de preguntas.

martes, 26 de febrero de 2019

Lo vamos a pagar muy caro


Si Franco permanece finalmente en el Valle se demostrará quién manda realmente en España.

Lo que se está dilucidando es si el Gobierno y el Congreso, que aprobó el decreto de exhumación de Franco con solo 2 votos en contra, tienen poder real en este país en todo lo que afecta al franquismo y su herencia, o si finalmente se imponen los deseos de una familia cuyo poder proviene del crimen y de la corrupción, de una Iglesia heredera de la que legitimó el golpe del 36, y un sistema judicial endogámico cuya reinserción en el sistema democrático ha sido meramente superficial.

Qué inmenso error fue pactar en los años 70 con una derecha que jugaba con las cartas marcadas. Vamos a pagar muy caro, más de 40 años después, no haber exigido responsabilidades penales a los criminales y los responsables políticos de la dictadura; haber renunciado a hacer Justicia a los centenares de miles de compañeros y compañeras asesinados, exiliados, deportados, represaliados de todas las formas imaginables; no haber depurado el ejército, la justicia, la administración, las fuerzas del orden, tal y como se ha hecho en la mayoría de los países que han pasado de una dictadura a una democracia; no haber cuestionado el poder económico y el estatus social de los beneficiarios de los crímenes, de las condiciones de explotación impuestas con la guerra, y de la corrupción intrínseca al franquismo.

Lo vamos a pagar muy caro.


jueves, 13 de diciembre de 2018

14-D, 30 años



El año pasado, cuando mi compañero y amigo Sergio Gálvez presentó su libro sobre la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 (1), le comenté la extraña sensación que me producía leer un libro de historia que trataba acontecimientos que yo había vivido en primera persona, jugando un modesto papel como uno de los miles de huelguistas que contribuyeron a que el 14-D acabase siendo uno de los mayores triunfos de la clase obrera española en toda su historia.

Han pasado 30 años, pero recuerdo buena parte de lo que viví aquellas jornadas como si hubiese sido ayer. Sobre las 22:00 horas del día 13 se celebró una asamblea en el salón de actos de CCOO-Madrid (que ahora lleva el nombre de Marcelino Camacho) abarrotado con cientos de delegados y delegadas, cuadros sindicales, recuerdo a varios diputados y concejales de IU… Mucha emoción en un ambiente de euforia contenida.

Desde el escenario, en una mesa larga, los responsables de las diferentes federaciones de sector impartían instrucciones sobre dónde teníamos que ir cada uno, y nombraban a los responsables de los diferentes piquetes. Yo aún no militaba en CCOO, y formé grupo con varios camaradas de la agrupación del PCE de Usera, mi barrio: Paquita García, Guiomar Sarabia, Antonio López, José Murillo (hijo)… “a las órdenes” de Molero, que entonces era dirigente del Metal. Precisamente, cuando acabó la asamblea, subimos a las oficinas de su Federación a recoger propaganda de la Huelga. La escalera del edificio de Lope de Vega, con docenas de compañeras y compañeros acelerados bajando con material camino de las citas programadas, me recordó una escena del Octubre de Einsenstein (aquella del Palacio Smolny, salvando las distancias).

Llegamos en coches a nuestra primera cita en La Vaguada sobre las 00:30 del día 14. Formábamos un megapiquete de más de mil personas gritando consignas, y sobre nuestras cabezas, un helicóptero de la policía nacional proyectando sus focos hacia nosotros. Allí nos enteramos del apagón de TVE a las 12:00, y el optimismo aumentó exponencialmente.

Visitamos luego varios talleres metalúrgicos que funcionaban habitualmente con turnos de noche, pero no tuvimos apenas tarea: estaban directamente cerrados o nadie había acudido a los puestos de trabajo. Después, a la siguiente cita, en las cocheras de los autobuses de la EMT de Carabanchel Alto. Éramos varios cientos de compañeros y compañeras de CCOO y UGT, controlando que no saliese ningún autobús por encima de los servicios mínimos establecidos, pero ni esos se respetaron: los conductores mayoritariamente se negaban a salir. Recuerdo que en las puertas y los descampados cercanos se encendieron varias hogueras, porque aunque no hacía frío un excesivo, en cuanto llevabas un rato parado resultaba evidente que estábamos en diciembre. También acudieron a calentarse varios policías nacionales que hacían guardia junto a la puerta de las cocheras, y nos decían: “La verdad es que tenéis toda la razón. Ya está bien”.

Cuando salimos de allí camino de la siguiente convocatoria, varios de los coches quedaron inutilizados, porque alguien había puesto bajo los neumáticos clavos doblados soldados. Uno de los vehículos que tuvo que quedarse allí fue el de Molero, y a partir de ese momento nuestro grupo se trasladó, amontonados los seis dentro de un solo coche, creo recordar que un Renault 5.

Llegamos al desaparecido Polígono industrial de Méndez Álvaro, donde tampoco tuvimos ningún trabajo. Sólo alguna de las docenas de talleres y fábricas estaba abierta, pero sin actividad en el interior.

Molero propuso entonces volver a la sede de Lope de Vega para tomar un caldo caliente. Estaba amaneciendo. Entramos en calor escuchando las noticias de la radio, que informaban del éxito absoluto de la huelga en todo el país, con cifras por encima del 90% en todos los lugares y sectores. Creo que fue Guiomar la que dijo en ese momento: “Pues no hay nada que hacer. ¿Nos vamos para casa?” Y yo contesté: “No jodas, para una vez que vamos ganando”.

Llegó la noticia de que lo único abierto era El Corte Inglés de Preciados, y allí nos encaminamos varios cientos de compañeros y compañeras, desde el Paseo del Prado a la Puerta del Sol. Como se puede ver en las famosas imágenes de la prensa de aquel día, el despliegue de antidisturbios era brutal. Entre insultos cruzados con trabajadores y clientes que intentaban entrar en el centro comercial y varias cargas policiales, perdí a mi grupo y no volvimos a encontrarnos ese día. Años después en casa de mi camarada López, vi enmarcada una foto de Cambio16 en la que aparecía éste en la puerta del Corte Inglés, agarrándose mutuamente por la pechera con uno de los “maderos”.

En la Calle Preciados me encontré con una docena de históricos militantes del PCE de Usera, todos ellos ya fallecidos: Luis Sáez, Cirilo Moreno, Salvador Pastor, Pepe Murillo (padre), y algunos más que no recuerdo. Muchos años de exilio, cárcel, guerrilla antifranquista, lucha en la clandestinidad… en aquel puñado de camaradas. Decidimos volver a la sede del sindicato en Lope de Vega, y entonces viví una escena insólita: el Gobierno, para aparentar normalidad, había convocado días antes un pleno del Congreso, al cual asistió una mayoría de diputados porque sólo los diversos grupos a la izquierda el PSOE se habían sumado a la huelga. Coincidió el paso de nuestro grupo por la Carrera de San Jerónimo con la entrada de los diputados, y nos pusimos frente a la puerta al otro lado de la calle con nuestras banderas y pegatinas de CCOO, vigilados por varios antidisturbios, a gritarles esquiroles durante un buen rato. Nadie nos llamó la atención y algunos diputados bajaron la cabeza cuando entraban en el Congreso. Frente a ellos, el grupo de los veteranos comunistas exhibía orgullo y dignidad.

Llegamos a la sede de Lope de Vega, y en el exterior se había instalado una tarima con megafonía. Apenas estábamos allí dos centenares de huelguistas (supongo que las compañeras y compañeros estaban repartidos por todo Madrid o se habían retirado a descansar), pero había bastantes periodistas y sobre la tarima, miembros de la dirección de CCOO. Marcelino hablaba por el micrófono, y nadie era capaz de callarle ni tenía intención de hacerlo. Estaba exultante, prácticamente levitando. A su lado, Agustín y Antonio entre otros, le miraban con una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando acabó el acto nos marchamos camino de Usera, Paseo de las Delicias abajo, a comer y descansar un rato. Había que reponer fuerzas para volver por la tarde al centro de Madrid a comprobar el éxito total de la Huelga. Porque la manifestación fue dos días después, el 16. Multitudinaria, inmensa, a pesar de las trabas puestas por la Delegación del Gobierno en Madrid, constituyó junto a las decenas de convocatorias con respuestas masivas en otras ciudades, otra demostración de fuerza sindical y del rotundo éxito de la Huelga General.

Si queréis un magnífico análisis de lo que fue el 14-D, de porqué se llegó a él y de las consecuencias que tuvo su éxito, no dejéis de leer el libro de Sergio Gálvez. Por mi parte, una cosa advierto: no me jubilo hasta que consiga cerrar El Corte Inglés. 


(1) LA GRAN HUELGA GENERAL. EL SINDICALISMO CONTRA LA “MODERNZACIÓN SOCIALISTA”
Sergio Gálvez Biesca. Siglo XXI de España, Madrid, 2017, 763 pp.28 €
Reseña de Antonio Baylos en:

lunes, 3 de diciembre de 2018

Concentración #NiValleNiAlmudena


#NiValleNiAlmudena

Madrid, 1 de Diciembre de 2018

El pasado 13 de septiembre, tras años de movilización y denuncia de los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que ha llegado a ser un clamor social, el Congreso de los Diputados aprobó un Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El Decreto se ha convertido en una proposición de ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. La redacción original del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta como lugar de inhumación definitiva para el enterramiento, por una propiedad previamente adquirida dentro de la catedral madrileña de la Almudena.

Las víctimas del franquismo y el conjunto de la sociedad española hemos conocido con enorme estupor e indignación la propuesta de la familia, la posterior inhibición de la Iglesia Católica, y las dificultades del Gobierno para dar una solución que impida una nueva humillación colectiva, y muy en particular a las víctimas de la dictadura.
Como es sabido, Franco fue un general golpista que instauró una dictadura y secuestró la soberanía popular por la fuerza durante 40 años, y el máximo responsable de un régimen de represión y terror ejercido, de múltiples formas,  sobre cientos de miles de personas.

El entierro de Franco en La Almudena, un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. Una democracia no puede honrar a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internacionales de derechos humanos.

Ante esta agresión, la sociedad civil no puede permanecer indiferente ni aceptarla con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado. Con el fin de impedir el traslado de Franco de Cuelgamuros a La Almudena , un centenar largo de colectivos de derechos humanos, de memoria histórica y víctimas del franquismo, vecinales, políticos, sindicales, feministas, ecologistas, culturales… hemos constituido la campaña #NiValleNiAlmudena desde la que hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice.

La Campaña ha respaldado una iniciativa ciudadana particular, que en pocos días ha obtenido más de 100.000 apoyos. Asimismo hemos solicitado por escrito al Presidente del Gobierno, al Arzobispo de Madrid, y a la Alcaldesa de Madrid, que “desde las diferentes responsabilidades que ejercen actualmente, tomen las medidas necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de La Almudena tras su salida del Valle de Cuelgamuros”.

También hemos organizado una importante manifestación en Madrid el pasado 8 de noviembre desde la Puerta del Sol a la catedral de la Almudena, y el día 14 un gran acto público, en el que han manifestado públicamente su adhesión portavoces de fuerzas políticas parlamentarias y de sindicatos representativos.

Al mismo tiempo que la justicia chilena ha ordenado a la familia Pinochet devolver seis millones dólares, la familia Franco se pasea por los platós televisivos defendiendo al dictador. Las únicas explicaciones públicas que  la familia Franco debería dar, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria; la apropiación de la Casa Cornide; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y negocios (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.

No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura y ampliados en la democracia, y que además se permitan provocar a la sociedad española, no consintiendo otra opción para la inhumación definitiva de los restos del dictador que la catedral de Madrid.

Queremos expresar asimismo nuestra repulsa a cómo gran parte de los medios de comunicación han tratado este asunto, poniendo al mismo nivel a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron; a las víctimas y a los verdugos; a los demócratas y a los fascistas.  Y prestando un altavoz a organizaciones (como la Fundación Francisco Franco) que, si tuvieran oportunidad, acabarían con la libertad de prensa e información, y con el derecho a la libre expresión de las ideas.

Lo que en España se entiende por dar voz a las diferentes “partes” de un debate, sería considerado apología del fascismo en los países democráticos de nuestro entorno.
Hacemos nuestras las manifestaciones de colectivos cristianos, que han respondido públicamente así al arzobispo de Madrid, tras expresar éste su intención de no interferir en la voluntad de la familia:

“No nos gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco.

Francisco Franco (…) no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica  en una Iglesia católica, mayormente en la Basílica de la archidiócesis de Madrid, capital del estado español, a no ser que el Sr. Arzobispo quiera continuar con  la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado fascista, que estuvo vigente durante la dictadura”.

La sociedad debe exigir una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española, porque el traslado de Franco a la Almudena “vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de  ‘Cruzada’ a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales”.

La Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial de la sociedad que también contribuye a su financiación, incluyendo a las víctimas del franquismo y a sus familias. Y el Gobierno de España está en condiciones, y tiene  la obligación política y ética, de exigir ese respeto.

Hoy es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de Madrid, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

Las asociaciones y colectivos que respaldamos la campaña #NiValleNiAlmudena nos oponemos frontalmente a que este hecho se produzca, y hacemos un llamamiento público a la ciudadanía para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedir que se consume tal escarnio.