viernes, 21 de julio de 2017

#18JYoCondeno

Hoy, 42 años después de la muerte física del dictador, y 81 del golpe de estado llevado a cabo por un grupo de militares perjuros y una poderosa trama civil contra el régimen democrático legalmente constituido, constatamos que:

Miles de víctimas del franquismo siguen enterradas en fosas comunes clandestinas, en los mismos lugares elegidos por sus asesinos para que fueran cubiertos por un manto definitivo de silencio y olvido; cuando familiares, asociaciones e instituciones consiguen exhumar sus restos, se lleva a cabo fuera de un procedimiento judicial, y no como debería hacerse conforme a los protocolos internacionales sobre desapariciones forzadas. 

Todas y cada una de las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales represivos el franquismo siguen siendo absolutamente legales y firmes.

Los vestigios que rinden homenaje a los militares golpistas y a los jerarcas de la dictadura, permanecen aún en muchas  instituciones y en las calles de nuestros pueblos y ciudades, incumpliendo de manera flagrante y con absoluta impunidad la legalidad vigente.

Medios de comunicación y representantes de fuerzas políticas que se proclaman democráticas, humillan y calumnian a las víctimas de la dictadura con absoluta impunidad, un día sí y otro también, al tiempo que responsables institucionales homenajean con total desvergüenza a organizaciones y personajes representativos de la dictadura.

Pero no todo son malas noticias: la labor de concienciación, reivindicación y protesta que las organizaciones memorialistas venimos llevando a cabo desde hace años, está obteniendo frutos: numerosos monumentos franquistas han sido retirados y el callejero de muchas poblaciones está recibiendo tratamientos de higiene democrática.  También proliferan los actos de homenaje y reconocimiento  a las víctimas, aunque no siempre suficientemente respaldados desde las instituciones. Debemos destacar por su significación, la reciente aprobación por el Parlament de Catalunya de una Ley de Reparación Jurídica de las víctimas del franquismo.

En la ciudad de Madrid la presión ciudadana y una receptividad mayor del Ayuntamiento han permitido la aprobación del cambio de nombre de 52 calles, aunque en algún caso la propuesta de nombre para sustituirlas resulta más que discutible. Recordamos además, que la propuesta del movimiento asociativo incluía otras 60 calles de clara significación franquista, que parece que ahora se renuncia a eliminar. Reiteramos nuestra apuesta por la lucha y la movilización hasta conseguir  la total erradicación de la simbología y la nomenclatura franquista del callejero de Madrid.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la fuerza política gobernante y la que la sustenta en la Asamblea, votaron en contra poner una placa que recordara a los miles de personas que fueron secuestradas, torturadas e incluso asesinadas en la actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, antigua Dirección General de Seguridad. También se sigue subvencionando la restauración de edificios que haciendo gala de simbología fascista incumplen la legislación vigente. Y no hay noticias de que el cambio de calles franquistas aprobado por el Ayuntamiento de Madrid vaya a tener su reflejo en las correspondientes estaciones de Metro o de Cercanías.  En consecuencia, la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos dejada meridianamente claro que ambas fuerzas han optado hasta ahora,  por posicionarse del lado de los verdugos en vez del de las víctimas.
Hoy , 18 de julio de 2017, expresamos nuestro convencimiento de que para ser demócrata hay que ser previamente antifascista. 

Exigimos del Estado español que aplique ya, sin más excusas, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos  con respecto al reconocimiento jurídico y los derechos irrenunciables de las víctimas del franquismo. En consonancia con lo aprobado en el 3º Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, recientemente celebrado, emplazamos a las fuerzas políticas democráticas a que en esta legislatura se promueva en el Parlamento la aprobación de una Ley Integral de víctimas de franquismo.

Asimismo instamos a todas las fuerzas políticas y sociales, y a las  instituciones democráticas, a que manifiesten en términos formales su rotunda condena y repulsa de la dictadura franquista.

"Cinco apuntes (y una reflexión inconclusa) para enseñar la Transición", por Fernando Hernández Sánchez



Cinco apuntes (y una reflexión inconclusa) para enseñar la Transición
Las libertades se arrancaron con sacrificio y se pagaron con sangre y dolor


FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.Ctxt, 19-07-2017

A las nuevas generaciones se les debe un relato veraz, no un cuento de hadas. Las libertades no se regalaron con un simbólico apretón de manos en la cumbre, se arrancaron con sacrificio y se pagaron con sangre y dolor.

Los aniversarios redondos son propicios a la melancolía. El cuadragésimo de la celebración de las primeras elecciones tras idéntico tiempo de dictadura no se ha hurtado a este axioma. Estamos ante un ensayo general con todo de lo que el año próximo será el homenaje al mismo periodo de vigencia de la segunda constitución del siglo XX. Unos actos de perfil discreto, un desfile de viejas glorias --algunas con biografía cuestionable y carne de proceso judicial-- y la polémica por determinadas ausencias emblemáticas han contribuido a evidenciar que el imaginario de la Transición, nacido de la necesidad de dotar de un referente identitario compartido a una comunidad nacional dividida por la guerra civil y la dictadura, va camino de fosilizarse como el relato biográfico de una generación en rampa de salida. El mito que se fundamentó en la apertura política, la consolidación de las libertades, la modernización social y económica y la definitiva inserción de España en el concierto internacional lleva un lustro experimentando una erosión que los analistas demoscópicos pretenden explicar por una desafección de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene recordar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE del año 2017, 46.557.008 habitantes, el 43,0% de la población nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 40,7% de los actualmente mayores de edad ni tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto. Si, a pesar de la ralentización que supone el envejecimiento, esta inercia paralizante persiste, podría llegar a cumplirse aquella paradoja que los demócratas radicales anglosajones denunciaron como rasgo indeseable del Antiguo Régimen: que se acabe encomendando a los muertos el gobierno de los vivos.

Una conmemoración reducida al autoaplauso de una minoría solipsista ha demostrado sus limitaciones para apelar a una ciudadanía digna de tal nombre. En los alrededores del Congreso de los Diputados no había ciudadanos, sino curiosos.  El ritual tuvo bastante más de refuerzo de autoestima corporativo que de celebración colectiva. La propia selección de los denominados protagonistas de la Transición --padres constituyentes supervivientes, exministros, exdiputados de las Cortes fundacionales, ex de ambos regímenes, como Martín Villa-- dejó fuera de cuadro a los otros protagonistas, los que ensancharon con su lucha cotidiana los espacios de libertad e hicieron inviable la perpetuación del franquismo --sindicalistas, presos políticos, torturados, represaliados--, lo que revela, al fin, los contornos de un relato hegemónico: el protagonizado por unas élites preclaras con una misión determinada --el de la Ley a la Ley de Torcuato Fernández Miranda; la pizarra de Suresnes; la Operación Promesa del SECED…-, estimuladas por la voluntad de superar el viejo trauma colectivo cainita, con la Corona como mediadora taumatúrgica al mando de una nave diestramente pilotada entre la Escila del golpismo inmovilista y el Caribdis del terrorismo etarra. 

Un relato plano y teleológico con el que no se pretenderá seducir a unas generaciones más acostumbradas a los protagonistas poliédricos a lo Blue Detective o Breaking Bad y a los duelos de ambición de Mad Men o House of Cards que a la simpleza binaria de Heidi o a la mediocridad middle class de Verano azul.

 Pero no se trata solo de un problema que pueda ser explicado por la demografía y la arterioesclerosis. Una vez más, hay que evaluar el déficit formativo derivado de una insuficiente transmisión de conocimiento histórico del pasado reciente en el ámbito del sistema educativo básico. La LOMCE prescribe para la materia de Historia en 4º de ESO --el último curso común para todos los futuros ciudadanos, trabajadores, contribuyentes y votantes-- un bloque de contenidos, el relativo al mundo reciente entre los siglos XX y XXI, en cuyo apartado 3 se aborda “La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982)” y la Constitución de 1978. La cronología queda estrictamente acotada entre la muerte del dictador y la victoria electoral del PSOE. Siete años que estremecieron al mundo. Los estándares de aprendizaje que todo estudiante deberá aprehender son: “3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc”.

Estos son los mimbres con los que, en caso de llegar al bloque de contenidos 8, sorteando las proverbiales excusas sobre lo apretado de los temarios y la escasez de horario semanal, los estudiantes del curso final de la ESO tendrán que construir su interpretación de la España en que nacieron sus padres y en la que fraguaron los fenómenos sociopolíticos, económicos y culturales de los ellos que serán protagonistas en breve plazo. Un proceso vertiginoso en el que toda una superestructura muta en su contraria como al conjuro de un abracadabra. Un proceso a ritmo de BOE solo acechado por violentos de un solo signo que ocasionan una sola clase de víctimas.  ¿Cabría una visión alternativa capaz de proporcionar los elementos para la elaboración de una narrativa sintética --en la propia lengua de palo lomciana-- de carácter contrahegemónico? Aquí van cinco apuntes y una reflexión inconclusa.

1/ La cronología: si transición, según la primera acepción del DRAE, es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, ¿entre qué dos fechas debe horquillarse el proceso de tránsito de la dictadura a la democracia? En un principio, se apostó por un tiempo corto, 1975-1978, el comprendido entre la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución. El vértigo del cambio era su mejor autopropaganda legitimadora. Una vez consolidado el sistema, fueron proponiéndose secuencias temporales en las que se atrasaba el hito inicial hasta 1973 para incluir el inicio de la crisis del tardofranquismo y se prolongaba el final a 1982, culminando en la primera vez que la izquierda ganó de nuevo unas elecciones. Una propuesta de tiempo largo, que pretendiera explicar las contradicciones en el seno del bloque de poder de la dictadura en torno a la inserción de España en las estructuras internacionales del capitalismo fordista y la toma de posiciones de la desigualmente influyente oposición antifranquista debería situar el arranque del recorrido transicional en 1969, con la promulgación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1969).  La meta sería 1986, fecha del referéndum para la permanencia de España en la OTAN tras la adhesión previa a la Unión Europea en un mundo que se sumía en la contrarrevolución conservadora, y de la primera ocasión en que un gobierno de centro-izquierda se sucedió a sí mismo sin sufrir la intromisión de una intervención militar o un golpe reaccionario. La Transición, el intervalo convulso entre dos estabilidades, es todo lo que quedó en medio.

2/ La diferenciación entre la transición en sí y la transición para sí: basta acudir a las hemerotecas digitales para comprobar la distancia entre los acontecimientos y la memoria oficial. La realidad fue mucho más compleja, inestable, indeterminada, dramática y abierta de lo que se desprende del relato canónico. A las nuevas generaciones de españoles se les debe un relato veraz, no un cuento de hadas. Las libertades no se regalaron ni se materializaron a partir de un simbólico apretón de manos en la cumbre: se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y dolor. Y para ello hay que resituar una de las premisas principales, aquella que se ha exaltado como el logro de un éxito colectivo y que viene a fundamentarse sobre la teoría de la evitación: por primera vez en nuestra Historia Contemporánea, logramos no matarnos los unos a los otros. Se trata de una premisa falsa, porque a las alturas de los años 70 del siglo XX no había posibilidad alguna de guerra civil. Lo que sí pesó sobre el proceso fueron dos condicionantes que limitaron enormemente su alcance: que, a imitación de lo que ocurría en aquella misma época en la Latinoamérica del Plan Cóndor, los unos nos matasen a los otros, y que en virtud de una estrategia deliberada de acción-reacción, unos terceros consiguieran empujar a los unos a ejecutarnos a todos los que pudieran. Como ha analizado Xavier Casals, el voto ignorado de las armas tuvo un peso nada desdeñable en el devenir de la transición española.

3/ Recordar a todas las víctimas: hablar de transacción pactada bajo la amenaza de la pistola de unos aparatos duros del Estado, crispados por un terrorismo al que identificaban como hijo bastardo de la democracia, es como denominar transferencia de numerario a lo que realiza el cajero de un banco al que un sujeto con una media en la cabeza apunta con un revólver. En el caso de la Transición, ni siquiera fue necesaria la media. Valorar lo que costó alcanzar un estadio superador de aquellos años de caqui y plomo supone rescatar la memoria de las víctimas, comenzando por reconocer la existencia de todas y de la violencia tous azimuts: la de los grupos de inspiración nacionalista o ultraizquierdista, pero también la de la extrema derecha y la del Estado. Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez Cuenca elaboraron una base de datos con todas las víctimas mortales de la violencia política en el periodo 1975-1982. En ese periodo, 665 personas fueron víctimas mortales de la violencia política. De ellas, 162 (el 24%) corresponden a la actividad represiva del Estado. El resto, 503, cayeron víctimas de la violencia terrorista nacionalista y de ultraizquierda. Como concluyen los autores, “la transición española resultó mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974, unos meses antes de la española”. Habida cuenta de que, en cuarenta años de democracia, todavía está pendiente la reparación y la dignificación de las víctimas, doblemente perdedoras, que lo fueron por oponerse al derribo manu militari del anterior sistema democrático del siglo XX: la Segunda República española.

4/ Ganadores y perdedores: la Transición se ha abordado como eso que las escuelas de negocios han denominado modelo win-win, un juego donde dos partes contrarias diseñan una solución de la que ambas se beneficiarán mutuamente. Todos ganan. Sin embargo, al aplicar el análisis al tiempo largo y a la multiplicidad de transiciones, se aprecia que el resultado final se aproxima más a los juegos de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro. Cierto es, qué duda cabe, que el diseño del espacio político resultante fue incomparablemente más respirable de lo que había sido el opresivo corsé de hierro de la dictadura. Sin embargo, los condicionantes a los que se ha hecho referencia anteriormente limitaron en su momento la consecución de horizontes más amplios --forma republicana del Estado, federalismo territorial, fortaleza del sector público, laicismo--, sin que se haya avanzado hacia ellos ni siquiera desde que la doble argolla forjada por el golpismo y el terrorismo desapareciera. Visto desde la perspectiva del tiempo largo, la Transición tuvo unos ganadores efectivos, empezando por los agentes que intervinieron en su diseño, el personal político de la dictadura que se autoamnistió y los sectores financieros cuyo poder permaneció intacto. Los menos afortunados o los claramente perdedores fueron diversos, pero quizás la más destacada entre ellos fue una clase obrera industrial que pasó de ser vanguardia de la lucha contra la dictadura a sector residual por efecto combinado del desarbolado de sus herramientas de presión sindical y la implantación del posfordismo, la atomización de los centros de producción y la deslocalización. Unas heridas que la posterior gestión económica del consenso en torno al mercado --mucho más sólido y desprovisto de facetas que el político, desde los Pactos de la Moncloa a la reconversión industrial-- contribuyeron a profundizar, desagregándola y desactivándola como sujeto político influyente.

5/ Transición o transiciones: la Transición no fue solamente la transformación de la superestructura política de una dictadura originaria del fascismo residual en una democracia parlamentaria homologable a las europeas. Fue una constelación de procesos de transformación económica, social y cultural de la sociedad española. Como ha puesto de relieve Germán Labrador, el periodo fue escenario de un conflicto intergeneracional que “reconfiguró profundamente el sistema de valores morales del país en ámbitos como la religión, la política y la moral, en lo que constituyen las mayores transformaciones de la transición democrática”. El autor destaca cuatro metamorfosis estructurales esenciales que marcaron una ruptura con los significantes culturales del régimen franquista: el radical proceso de secularización que ha llevado a España a ser una de las sociedades menos religiosas de Europa; una acelerada revolución sexual que modificó roles de género, marcos jurídicos, costumbres arraigadas e instituciones sociales como el matrimonio y la maternidad; una profunda crisis del nacionalismo de Estado, artefacto con el que la dictadura impuso su concepción patrimonial, excluyente y castiza de patriotismo, que quebró con el proceso de descentralización y la eclosión de fidelidades identitarias alternativas; y un extendido pacifismo de tipo humanista y antimilitarista cuya expresión fueron el movimiento de objeción de conciencia y las movilizaciones contra la OTAN y las guerras del Golfo. Quizás han sido estos los únicos terrenos donde se produjo una verdadera ruptura con lo precedente. Una auténtica ruptura que se logró a pesar de y, en la mayor parte de las veces, en contra del famoso espíritu de la Transición. ¿O hay que recordar la persecución judicial de la objeción, las campañas de la derecha, gobernante u opositora, contra la autonomía andaluza --con represión policial y muertes incluidas--, contra el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual?

La reflexión última queda inconclusa, a expensas de que el lector la complete. Una sociedad civil madura recurre de manera periódica a la conmemoración de su pasado para recordar de dónde viene y rendir homenaje a los que hicieron posible un presente mejor. Un sistema democrático sano educa a sus jóvenes en el conocimiento de su historia reciente para dotarles de las claves con las que interpretar el mundo actual. Eso supone mirar al pasado, aunque una jaculatoria muy querida por determinados sectores políticos lo juzguen inoportuno e incluso peligroso. ¿No será que en algunos anide la intención de proceder ahora a reescribir los capítulos en los que resultaron desbordados durante aquella Transición que, por otra parte, erigen en tótem? ¿Será casualidad que, en los últimos tiempos, se esté ejerciendo una presión disciplinaria sobre la libertad de expresión, las manifestaciones de laicismo o las tendencias políticas no acomodaticias? ¿Habrá algo más que retórica tras el aliento de un discurso renacionalizador en el que subyace la amenaza de la coerción dura contra las tentaciones centrífugas? ¿Se estará buscando revertir aquella parte incómoda de la publicitada fiesta de la libertad en la que se fue mucho más allá de la zona de confort de la ideología conservadora?

Como se decía en los años 70 y 80: “Al loro…” .

Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las CCSS, Facultad de Educación UAM.
http://ctxt.es/es/20170719/Firmas/13941/transicion-democracia-constitucion.htm

martes, 18 de julio de 2017

"Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)", por Pablo Sánchez León


Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)
Pablo Sánchez León, Público,

18 Jul 2017

Desde hace años, cada aniversario del golpe de julio de 1936 que culminó en la destrucción de la República democrática es aprovechado para intervenir sobre el estado de la opinión pública en relación con esa parcela dramática del pasado común y sus secuelas. Esta vez parece que toca reivindicar a los historiadores —así, en genérico—, a ver si dejan de ejercer de convidados de piedra, que es lo que vienen haciendo desde el más benigno de los juicios, ante el avance de la cultura del recuerdo. 

A lo largo de las últimas dos décadas, el estudio de la crisis de la República y la guerra ha experimentado una transformación profunda al pasar a primer plano la investigación sobre las matanzas de civiles lejos de los frentes. En esta nueva orientación son muy variados los expertos que también tienen, y mucho, que decir y aportar: arqueólogos, forenses, antropólogos, juristas… todo un surtido elenco de especialistas. También desde luego los historiadores. Pero la diferencia es que todos los anteriores suelen aprovecharse de los hallazgos respectivos cuando no colaborar en sus actividades. En cambio los historiadores españoles en general no.

Un solo dato resulta suficientemente elocuente: desde 2016 funciona en la UNED un MOOC (siglas de Massive Open Online Course, es decir, curso no presencial abierto y masivo) que reúne el conocimiento experto de todos los especialistas implicados en las exhumaciones de fosas comunes . Pues bien, no hay un solo historiador entrevistado. Es decir que veinte años después de la primera exhumación posterior a las de la transición, todavía se está esperando a que los historiadores profesionales aporten su saber experto al asunto, beneficiándose a su vez a cambio del conocimiento que todas esas disciplinas aportan a cuestiones muy relevantes para la elaboración de interpretaciones más rigurosas sobre el ejercicio de la violencia en estados de excepción en general y en la guerra de 1936 en particular.

Sin duda los historiadores no han venido actuando así por mala fe ni falta de rigor profesional, sino por lo mal que han estado asesorados por sus mentores, especialmente los de la generación de la transición, quienes en general han mostrado un recelo más que clamoroso hacia todo lo que sonase a “memoria”. Si estos han logrado durante tiempo imponer su estrecha mirada fuera y dentro de la profesión es porque, más allá del sesgo ideológico conservador, en su postura hay también un indisimulado temor corporativo, pues si por un lado las exhumaciones exponen a los historiadores a la concurrencia de otros especialistas, por el otro se ven presionados por la proliferación de numerosos conocedores no acreditados que han irrumpido en los trabajos de la memoria, y muchas veces para aportar insumos cruciales en la elaboración de los mapas de fosas y la reconstrucción de los escenarios locales de violencia. Son sin embargo muy pocos los historiadores que tienen la honestidad de reconocer que también los amateur contribuyen al mejor conocimiento del pasado traumático.

Que la profesión se encuentra en una encrucijada por el despliegue de la globalización es algo que no debería sorprender, sobre todo tratándose de una democracia como la española, que no funda su relación con el pasado en la cultura de los derechos humanos que acompaña dicha globalización.  El problema es que no es así como en general los historiadores cuentan la historia, sino que se obstinan en acusar de los males que afectan a su actividad a la creciente polarización en la opinión pública en general, fomentada por los partidos, y en particular a la contribución destacada del movimiento memorialista en ese escenario. Tal es la explicación que aparece en el artículo que firma el catedrático Javier Moreno Luzón en las páginas del domingo 16 de julio en El País  donde vuelve una vez más con la letanía de que han sido las polémicas públicas sobre memoria las que al parecer “han enrarecido el panorama historiográfico hasta extremos inimaginables” en los últimos años. 

Cierto, si no fuera un diagnóstico incompleto y, dejado así, falaz. Pues son también muchos los historiadores reputados que han contribuido activamente y no como simple reflejo o efecto del ambiente general a enrarecer el medio profesional hasta hacer que los especialistas en la República tiendan “hoy a alinearse en facciones enfrentadas a cara de perro”.  Lo más interesante del caso es que entre estos últimos destacan algunos de los que aparecen opinando en el otro artículo que El País ha dedicado el mismo día a anticipar la conmemoración del 18 de Julio.

El reportaje de José Andrés Rojo se titula Historia, no combate…  pero no hay más que contrastar las declaraciones de los entrevistados con las aseveraciones del texto de Moreno Luzón para entender que ¡el único combate que se libra hoy día es entre los historiadores unos contra otros! Eso sí, la suya es una guerra entre sordos, porque nadie polemiza con nadie, se reduce todo a ocupar cada uno su taifa académica como un coto vedado, lanzar sus soflamas contra los que no opinan como ellos sobre la República y la guerra, y de vez en cuando dejarse caer sobre el conjunto de los ciudadanos desde algún púlpito mediático. Esta actitud profesional tan irresponsable se viene justificando negando a los adversarios credenciales “científicas”, palabra ésta fetiche empleada sin recato por quienes menos avales tienen a ese respecto. Porque no nos engañemos: estos historiadores, sean de uno u otro signo, son todos igual de tradicionales en su concepción de la profesión y por tanto están muy poco preparados para la interdisciplinariedad que exige hoy el estudio de la República democrática de los años treinta y su destrucción en un baño de violencia sobre civiles. Así está a día de hoy el escenario académico del cual se nos quiere seguir contando que la culpa de todo la tiene el movimiento memorialista, aunque entre los entrevistados por Rojo algunos tienen una opinión más positiva que la mayoría.

Ellos lo saben, por mucho que lo disimulen; con todo Moreno se apresura a salvar de antemano al conjunto de la profesión asegurando que “entre tanto, la historiografía se ha enriquecido con un sinfín de artículos, libros y congresos, impulsada a menudo por profesionales españoles que se mueven con soltura en las universidades europeas”. Se le ha olvidado añadir que también los especialistas en la República y la guerra desde esas otras disciplinas que sus colegas historiadores vienen despreciando por figurar en el campo de la memoria están alcanzando prestigio internacional, y se podría decir que de modo más fulgurante y rotundo que los historiadores, empezando por algunos grupos de investigación del CSIC; pero no solo. 

Y aún así, el asunto principal se le escapa al columnista, porque una cuestión como la violencia sobre civiles no necesita, según plantea, simplemente enriquecerse con los aportes de “la historia cultural” o cualesquier otros enfoques: lo que reclama es ser convertida en el eje y el centro de todo un nuevo marco narrativo sobre la experiencia democrática de los años treinta y su hundimiento a manos de fanáticos integristas contrarios a toda condición de ciudadanía. Esto es algo que leyendo su texto se ve que los historiadores no terminan de comprender, entre otros motivos porque a día de hoy les desborda como cometido y les sitúa en la necesidad de colaborar codo con codo con numerosos otros especialistas. El argumento vale igual para el reportaje de Rojo. Si el periodista, además de dar espacio a unos cuantos historiadores, hubiera recabado la opinión de especialistas en la violencia de los años treinta procedentes de otras disciplinas, habría conseguido ofrecer al público un tratamiento plural del asunto, aunque seguramente a costa de perder la voz coral que parecía estar buscándose para apuntalar lugares comunes.

“La política maniquea pervierte el conocimiento de la historia, y este, como la calidad de nuestros debates, sale perdiendo”. Esta aseveración de Moreno Luzón, siendo perfectamente compartible, tiene el problema de no venir precedida de una mínima evaluación crítica de la propia profesión que permita valorar sobre hasta qué punto los historiadores que dominan el campo de la República y la guerra no son solo víctimas de la situación que viven. Pues hay opiniones muy reveladoras de la profundidad de la crisis en que los historiadores han ido entrando por activa y por pasiva, como la que lleva a uno de los entrevistados por Rojo, Santos Juliá, a declarar que en relación con las exhumaciones “hay una demanda social de la que no se han hecho cargo las Administraciones públicas, poniendo a trabajar en su resolución a jueces, forenses, autoridades políticas”. De nuevo una postura perfectamente asumible si no viniera de labios de uno de los principales fustigadores del movimiento memorialista desde su surgimiento.

Lo interesante de este cambio de postura de Juliá es que muestra que la guerra que publicistas como él abrieron hace una década larga de manera unilateral contra el movimiento que ha hecho posible las exhumaciones y contra sus reclamos narrativos, está ya perdida. Algunos han llamado a este tipo de actitudes la desfachatez del intelectual posfranquista, pero también puede verse como la estrategia de quienes, ante las horas bajas por las que esta pasa su postura cerrada ante los cambios en la opinión pública, intentan ahora sumarse al carro de los tiempos, pero para seguir negando la contribución de la memoria a la construcción colectiva del recuerdo.

Sin embargo, por el camino el mundo ha cambiado. Lo que no parecen entender quienes continúan intentando engrasar la ideología de la reconciliación a base de mitificaciones y exoneraciones es que entre el fin de la dictadura y el paso al siglo XXI el acercamiento de los españoles al pasado común experimentó una transformación estructural y sin marcha atrás, de manera que ha pasado a ser uno de los rasgos que definen la cultura ciudadana. Se equivocan quienes ven en las exhumaciones una actividad puramente reivindicativa del movimiento memorialista: la relación con el pasado traumático se ha convertido ya en un rasgo estructural de la cultura ciudadana posfranquista.

No se trata entonces, como asume Rojo demasiado ligeramente, de “remotos episodios históricos” sino que son ya parte de la cultura democrática del siglo XXI. Están aquí, no solo allí: nos constituyen, de manera que tanto mejor cuanta más conciencia tengamos de ello. Mas no por esto merecen la censura que se les propina al argüir que esos sucesos “mantienen intacta su capacidad de provocar emociones enconadas y de desatar debates apasionados donde es más fácil tirar de garrote que proponer una serena reflexión”. Esta insensibilidad hacia el papel de la memoria en la cultura ciudadana es la que en cambio resulta censurable: habría entonces que decir lo mismo de la filosofía griega antigua o de la conquista española de América, también expuestas a debates apasionados sin por ello impedir la reflexión sesuda, al contrario. No: el pasado asumido como cultura ciudadana es justamente el que mejor permite el diálogo crítico entre interpretaciones no ya diversas sino adversas; es solo que cuando se juntan de por medio cuestiones de justicia, el menosprecio recibido puede y suele convertirlas en signo de identidad y favorecer antagonismos. Con toda legitimidad, porque están señalando marcados déficit de reconocimiento hacia los ciudadanos por parte de las instituciones.

En cualquier caso, lo logrado hasta hoy por la democracia española en el terreno de la cultura de los derechos humanos y del recuerdo ha sido, guste o no a determinados historiadores, gracias sobre todo al empeño y la constancia de los miles de personas que de manera activa e implicada —a veces solos o reivindicando, otras con el concurso de artistas, creadores, intelectuales, etc., y reflexionando— hacen posible la difusión de esos valores entre los ciudadanos. En cambio, cuando Moreno Luzón considera “cosa notable” que en la transición pudiera darse “el diálogo entre gentes de ideologías distintas, que no confundían su proximidad a una u otra tendencia con la fe ciega en sus bondades”, y la contrasta con la inviabilidad de semejante diálogo hoy, le falta preguntarse si él o sus colegas han contribuido realmente a esa cultura del intercambio y el distanciamiento crítico hacia las posturas y prejuicios propios. Porque la impresión que han dado en las últimas dos décadas es bastante diferente, por no decir contraria. ¿Cuándo se ha visto a los historiadores expertos en la guerra plantear un debate serio y respetuoso fuera de la profesión? No lo han hecho, y ahora se lamentan de los efectos de su propia siembra de prepotencia y desprecio. Pero es que ni siquiera es algo que hayan cultivado hacia dentro de la profesión. ¿Para cuándo un debate dialogado entre esos dos pesos pesados que son Viñas y Juliá?, ¿o entre sus continuadores, un Hernández Sánchez vs. un Fernando del Rey? Porque a nadie se escapa ya que estos autores, académicos todos, encarnan posiciones muy contrarias en su interpretación del pasado reciente pero que no confrontan jamás ante el público ni ante otros colegas.

Los historiadores especialistas en esa otra gran experiencia democrática del siglo XX que fue la Segunda república, y en las matanzas de la guerra del 36 que le siguió, han dejado hace tiempo de comportarse de modo ejemplar como ciudadanos comprometidos siquiera con el buen comunicar en el espacio público y el diálogo con sus colegas.  No pueden pretender dar lecciones morales quienes no se las aplican a sí mismos.  No solo han perdido el crédito para presentarse como autoridad última en los debates que se extienden por la sociedad civil, sino que están incluso siendo desplazados de la centralidad que poseyeron en su día como narradores del pasado común. Esa es su encrucijada, en buena parte ganada a pulso, que algunos quieren ahora hacernos pagar a todos.

Por eso hay que precaverse contra argucias como la de Santos Juliá cuando sentencia que “la única lectura que una democracia puede hacer de su pasado debe hacerse desde la historia, no desde la memoria”. Esta frase no dice lo que realmente quiere decir: no se trata de una querella entre saberes. Cuando se trata de imponer que el pasado lo cuente la historia y no la memoria lo que se quiere decir es que no intervengan los ciudadanos, que no contribuya la gente a la construcción colectiva del pasado común. Es el tipo de retórica es la que más gusta a los historiadores acostumbrados a pontificar sin rendir cuentas fuera de la profesión  y a manipular el interior del mundo académico.

Que la narración del pasado se la reserven los historiadores no es ni admisible ni posible en un mundo de ciudadanos. Por suerte, la historia es una de esas maravillosas “culturas de cualquiera”, como las llama Luis Moreno-Caballud, que “cuestionan en la práctica el régimen de autoridad en que se basa la tradición cultural” que en el tratamiento de las cuestiones que afectan a la ciudadanía “solo reconoce la actividad de los expertos”. En relación con el pasado, y sin menospreciar la contribución de los especialistas y profesionales, “todos sabemos algo y nadie lo sabe todo”: se trata entonces de confiar en nuestras “capacidades para construir colaborativamente saberes y respuestas eficaces” a los asuntos del pasado que nos afectan.

Mientras avance la globalización, y con ella una modernización que destruye tanto como parece construir, todos los ciudadanos seremos un poco historiadores. Esto debería ser una buena noticia para las nuevas generaciones de investigadores. Pues siempre necesitaremos alguien que, además de ofrecer sus interpretaciones de base documental, sintetice los intercambios entre disciplinas dentro del mundo académico y a la vez intervenga en los diálogos que brotan de la sociedad expuesta a la globalización; esto es algo muy distinto de intentar imponer un conocimiento supuestamente experto, y menos sobre la retórica excluyente de la ciencia, que en este terreno muestra su poco democrática faz.

Mucho por hacer. Con todo, al menos toda la fanfarria de argumentaciones espurias y retóricas cicateras con las que se buscaba mantener separadas la historia y la memoria apenas ha surtido efecto: con la crisis del régimen del 78, no solo se ha puesto en entredicho el relato mítico de la transición, sino también la pacata narración sobre la crisis de la segunda república en que a su vez este se basaba. Mientras vivamos un régimen democrático, mientras nos sintamos ciudadanos portadores de derechos reconocidos en una constitución, no habrá manera de que dejemos de mirar a los años treinta del siglo XX como un tiempo vinculado de manera constitutiva con el presente. Son nuestros ancestros, pero no precisamente por una supuesta violencia cainita más o menos consustancial sino por haberse dotado de una democracia, con todos sus problemas, como la nuestra también los tiene.

Esto no quiere decir que no sigan los desacuerdos acerca de quiénes trataron activamente de destruir entonces la ciudadanía y quiénes no, terreno en el que se medirán las perspectivas por su rigor teórico, no solo por el aporte documental. Pero lo que se necesita con más urgencia para recuperar una profesión a la que le dura ya más de la cuenta la introversión es una sensibilidad hacia los otros portadores y creadores de relatos históricos. La falta de preparación moral y profesional para la escucha y la sensibilidad en el grueso de los historiadores españoles está en el origen de una parte fundamental de los problemas que arrastra la recuperación de la memoria aún en el siglo XXI. Y además andan entre sí a la gresca desde hace más de una década, cuando decidieron trasladar al seno de la comunidad científica la actitud que adoptaron desde el principio contra el movimiento memorialista. Todo un panorama.

El historiador que necesitamos es de este pelaje y catadura. Esos historiadores no nos representan, y por tanto no necesitamos sus relatos que nos cierran en vez de abrirnos la imaginación sin aportarnos a cambio rigor. Es otra la tarea que nos incumbe, y para ella sean bienvenidos también los artistas, los creadores, los periodistas, los ciudadanos de a pie, con el común acuerdo de acabar con el monopolio del relato de la guerra en manos de especialistas incautos, ególatras y que nos quieren seguir privando del derecho a conformarnos colectivamente de modo activo y consciente.
Pablo Sánchez León es investigador y coautor del libro La guerra que nos han contado y la que no. Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI (Madrid, 2017).

martes, 11 de julio de 2017

Las cartas clandestinas de Vicente Serrano Zarco

Publicado en Memòria antifranquista nº 17

Edición extraordinaria  “La Represión franquista en Castilla la Mancha”

Editada por L'Associació per a la memòria històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Julio de 2017

http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/biblio/MAF17-cast.pdf


Hace unos años, tras una reunión en el ayuntamiento de Alcázar de San Juan sobre la rehabilitación del monumento a los casi cuatrocientos republicanos fusilados en la fosa común del cementerio, el entonces concejal de IU en Argamasilla de Alba, José Trujillo, nos informó de la existencia de un documento único: las notas manuscritas de un preso condenado a muerte en la cárcel habilitada en el convento de Santa Clara de Alcázar de San Juan, en los años 1939 y 1940. Tiempo después, José me proporcionó una copia de dichas notas, que procedí a digitalizar y transcribir.

Pienso que este es un documento excepcional porque no se trata sencillamente, como otros muchos casos, de las memorias de un preso redactadas años después de su excarcelación, sino de 35 notas de cuaderno escritas a lápiz, 22 de ellas a doble cara, que Vicente Serrano Zarco (vecino de Argamasilla y militante del Partido Comunista de España) consiguió sacar de la cárcel, escondidas entre la ropa que su mujer, Petra, recogía periódicamente para lavar.

Vicente narra en ellas las condiciones de su encarcelamiento; las sucesivas fases de esperanza y abatimiento que padecían los presos conforme se indultaba o fusilaba a vecinos, amigos, compañeros de consejo de guerra. Pero sobre todo pretende dejar constancia probatoria  de los asesinatos que se cometían, registrando en listados los nombres de las víctimas y las fechas de su fusilamiento.

Finalmente, a Vicente Serrano, que había sido concejal de Argamasilla durante la guerra, la pena de muerte le fue conmutada por la de prisión.



En las primeras notas, escribe sobre las torturas y malos tratos padecidos y la arbitrariedad de la “justicia” franquista.

 (…) y después me propinaron buenos palos con la verga, que de muestra la tenían encima de la mesa, esto fue porque no decía todo lo que ellos querían, y más cuando me negué a firmar la declaración la cual firmé por temor a que me siguieran pegando aquellas fieras

Porque han encerrado a quien han querido ellos, han soltado a quienes ellos han querido, han informado mal y bien de quien bien a ellos les ha parecido o más graciosos. Han fusilado a quien a ellos les ha pasado por las narices, han salido para años y han levantado la pena de muerte a quien ellos les ha venido en gana.

Y tu padre tan inocentemente como va a morir, pero me llevo el orgullo que sólo muero por la REPÚBLICA, de la cual en mi tumba nacerán flores de ella.
Vosotros todos, y por todas partes que vayáis, nunca bajéis la cabeza por mí, tened el orgullo de llevarla muy alta, y mirad a todo el mundo y tened la seguridad que por mí nunca os avergoncéis en parte alguna.
Y si lo hicieran, con toda seguridad y energías podéis salir en mi defensa.
VIVA LA REPÚBLICA. VIVA LA LIBERTAD
Prisión de Partido 17-12-40. Vicente Serrano

Sacar las notas fuera de la cárcel suponía para ambos, Petra y Vicente, correr un enorme peligro, pudiendo acarrear la detención de ella y el empeoramiento de la situación carcelaria de su marido.

 (…) así que la vez que traigas el bolso procura hacerlo lo mejor posible, a mí me parece que por el desgarrón que tiene junto al culo, por dentro, en un pico, debieras ponerle una pequeña pieza especia de bolsa, para en ese sitio colocarlas. Ese ¿? es el de esparto, ya sabes el sitio

Las esquelas me las mandas en los sitios de costumbre, porque donde tú querías, fíjate y verás cómo está descosido, porque al pasar la ropa han mirado en el tarjetón.

Paco, con orinas y una pluma que no esté de tinta puede escribirme y contarme algo, pero no lo cargues mucho, o con ácido de limón, pero ya sabes cómo yo lo hago y me cuentas algo del asunto internacional, y de otras cosas, pero con mucha vista.

Cuidado con dar esto a la publicidad de nadie, porque nos costaría muy caro.

A pesar del riesgo, las notas de Vicente muestran una permanente preocupación por asegurarse de que todas las comunicaciones han llegado a su destino.

Paco: cuando me escribas me dices si habéis recibido todas las notas que he mandado, este es, desde que el infortunado Tomás  falta. Me lo dices de esta manera: "padre, las judías están grandes". Y si no las habéis recibido todas, me dices: "las judías valen poco". Pues sólo he mandado en los cestos, y cuando mandé en los pantalones, esto es con el solo objeto de saber si obran todas en vuestro poder.

Resultan muy emotivos algunos comentarios de Vicente sobre su situación procesal,  o preocupándose por el estado de la familia y de los amigos en el exterior.

Paco, te mando cinco cigarros, le das uno a Tío José Vicente, que se lo fume como recuerdo mío. El cesto me lo pasaron sin tarjetón, dime si es que no traía o es que ponía algo en él. Cuando vengáis decidme 
Petra, (…) En la chaqueta, en la solapa y más abajo van dos alfileres. Te lo advierto por si lavas no te pinches.

Incluso uno de los documentos más singulares contiene la letra de un “Cara al Sol carcelario”, terminado con “Los mandamientos de Negrín”, y las consignas “Viva la República de trabajadores-Arriba el Partido Proletario-Uníos Hermanos Proletarios”.

Varias de las notas denuncian la situación en la que viven los presos. Vicente se disculpa por escribir sobre ello preocupando a la familia, pero argumenta la importancia de dejar constancia escrita de los padecimientos sufridos.

Petra: esta gente nos va a matar de hambre. Ya llevamos veinte días sin darnos pan, y cuando nos da, cuatrocientos gramos para cuatro. Y el día que dan es jueves o domingo, para que lo vean nuestras familias, que es cuando traen algo si pueden.

Petra, el motivo de pedirte los tostones es porque llevamos quince días sin darnos ni pizca de pan, y el rancho sólo es zanahoria cocida, y la noche un jurel y algunas veces uno para dos. No quisiera deciros estas cosas porque no me parece bien sacrificaros, pero quiero que todo los sepáis para alguna ocasión.

Que con motivo del día de Ntrª Srª de la Merced, Patrona de las Prisiones, nos dieron rancho extraordinario (…)Y también dejaron pasar a muchos niños y niñas, y estuvieron con sus padres y tíos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde; esto lo ha hecho los días 24, 25 y 26. Pero nos hizo a todos una impresión muy grande este cuadro tan desolador: ver a las criaturas tan demacradas y vestidas de harapos, aunque no dudamos que sus madres les pusieron todo lo mejor que tenían; también contemplábamos aquellas caras de hambre y de miseria, y aquellos cutis tan ennegrecidos.
Estas son las buenas obras del FASCISMO: también comieron del rancho que comimos nosotros, el cual decía que les estaba muy bueno. También el Director les repartió monedas de diez céntimos y se pusieron muy contentos.

También los dos meses que estuvieron sin dejar de pasar comidas desde la calle: nos daban de comer arroz con jureles revueltos con raspas y todos, y por la tarde acelgas cocidas, y de que no había de esto, sardinas saladas sin pan.
Y ahora para cenar sardinas (¿¿??) y mal, y de que no jureles y besugos, y muchas veces hay que tirarlos porque huelen que apestan, y rancho muy poco. Con decirte hambre negra y mucho miedo.
Las anchuras que tenemos son un patio de cinco metros y para dormir en una chabola con siete bovedillas para once, y de que no, para doce.

Trece de las notas de Vicente incluyen listas de los antifascistas fusilados en la cárcel de Alcázar de San Juan. Porque el objetivo explícito de los papeles es servir como testimonio de los crímenes cometidos por los franquistas, presumiblemente preocupado Vicente por la posibilidad de que éstos ocultasen o destruyesen las pruebas. Todo ello con las esperanzas puestas en un posible cambio de las circunstancias internacionales, que pudiera tener consecuencias en la situación política española.

Enhorabuena: todos han ido a morir sonrientes y enérgicos, dando ánimos a los camaradas que en la mazmorra quedaban para lo mismo. Todos se despedían con un ¡Viva la República!, y pidiendo venganza.

A los 13 meses de una paz honrosa. El día 26 de abril fueron fusilados 6 buenos compañeros de Alcázar. En estos cierra la suma de doscientos.
Compañeros todos, que vuestras muertes sean vengadas, esto lo han pedido todos, y nosotros los que faltamos también lo exigimos. 
Gloria a los mártires de la Libertad. Viva la República,
Vuestro compañero  Vicente Serrano. Alcázar de San Juan, 30-04-1940
Recordad nuestras vidas como héroes que lo fuimos todos.

Noches de tragedia para los mártires de la libertad; y de (¿¿??) para los criminales fascistas.

Nombres y apellidos de los fusilados. Mes y fecha desde el día 14 de marzo del 1940 al día  ¿¿?? Septiembre del mismo año. En la Prisión de Partido de Alcázar de San Juan.   NOCHES TRÁGICAS. (Añade una lista de 105 nombres, con la fecha del asesinato, agrupados por las poblaciones de origen: Alcázar de San Juan, Argamasilla, Socuéllamos y Tomelloso).
Prisión de Partido, 14.XI.40
A los veinte meses de Paz Honrosa, los que dicen ser católicos han fusilado en esta localidad a Trescientos Sesenta y Uno.
Todavía quedan (¿¿??). ¡ MUERTE ! algunos, más de cien y los que después vengan, pues esta gente cada vez está más sedienta de carne humana. (…)
Un abrazo a todos mis amigos, compañeros y familiares, y para vosotros de tu Vicente

Muchos de los textos expresan la necesidad imperiosa de impedir la impunidad de los crímenes franquistas, de combatir el olvido.
Conserva bien todas las notas que mando

Incluso finaliza  así Vicente un poema dirigido a su familia:

(…)
Los papeles no se rompen
y se archivan con esmero
nunca podrán escapar 
los que tanto daño hicieron

Hojas del árbol caídas
semillas del viento son
no dejéis de recogerlas
cuando llegue la ocasión
Nota en el lateral: Desde mi prisión: Alcázar de San Juan, 4-6-40. Vicente Serrano



Casi 400 vecinos del partido judicial de Alcázar de San Juan fueron fusilados y yacen en las dos fosas comunes del cementerio de esta localidad. Siempre tras una farsa de consejo de guerra llevada a cabo por un tribunal militar ilegalmente constituido; en aplicación de leyes promulgadas por un poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin las mínimas garantías procesales; sin derecho de apelación a una instancia jurídica superior independiente. Unas sentencias sustentadas  en denuncias en muchos casos anónimas. Sin derecho efectivo a la defensa, en consejos de guerra colectivos en los que a veces se juzgaba a docenas de detenidos de diferentes localidades a la vez, con un defensor militar de oficio designado por los mismos verdugos que se limitaba a pedir clemencia al tribunal.

Antes de los traslados a la cárcel de cabeza de partido de Alcázar, numerosos republicanos de cada una de las poblaciones que lo componían  (Alcázar, Tomelloso, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Herencia y Puerto Lápice ) habían sido víctimas de asesinatos extrajudiciales y de todo tipo de palizas y torturas en improvisados centros locales de detención. La cárcel de Alcázar se cerró en 1941, y los detenidos fueron trasladados a la cárcel provincial de Ciudad Real, donde las ejecuciones se prolongaron hasta 1944 (ocho de ellos eran vecinos de Argamasilla) y se reprodujeron las pésimas condiciones y los malos tratos, que costaron la vida y la salud a otros muchos.

A día de doy, todas y cada una de las sentencias y resoluciones judiciales producto de la legislación represiva del franquismo, continúan siendo plenamente legales y firmes. Jamás ninguno de los asesinos, ninguno de los torturadores, ninguno de los beneficiarios políticos y económicos del régimen franquista y de la represión, ha sido juzgado, condenado ni censurado. Las tierras, casas y bienes, el dinero incautado a muchas familias de antifranquistas ni les ha sido devuelto, ni se les ha reparado por el daño causado (por no hablar del miedo y de las humillaciones padecidas). Nunca un representante del Estado, del Ejército, de la Iglesia Católica, ha pedido disculpas a las víctimas de la dictadura, a sus familias, a la sociedad española.

Han pasado 42 años desde la muerte física del dictador y la memoria de los defensores de la democracia y de la libertad aún no ha sido recuperada. Todos ellos y ellas, así como la mayor parte de sus hijos, nos han dejado sin que se les haya hecho justicia. Por eso son tan importantes las memorias de los antifranquistas y un documento tan excepcional como las notas de Vicente Serano: para evitar el olvido planificado y la impunidad que siguen imponiendo los vencedores de la guerra, de la dictadura y de la transición.

Quiero expresar mi consideración y agradecimiento a Vicente, a Petra y Paco, a toda la familia Serrano Zarco, y a José Trujillo, por haber preservado este documento, continuando con el deber de memoria  voluntad de su padre, a pesar del riesgo que supuso conservar y esconder las notas de Vicente durante toda la dictadura.

El impagable documento de Vicente Serrano Zarco exige una publicación íntegra y un estudio mucho más amplio, en el contexto de los recientes trabajos sobre la represión franquista en Ciudad Real.  A ello nos comprometemos desde estas líneas.

Arturo Peinado Cano, @apces

domingo, 2 de julio de 2017

"Las huelgas no sirven para nada", por Isaac Rosa


Las huelgas no sirven para nada

Un recuento de algunas de las huelgas que en los últimos meses "no han servido para nada": nuevos convenios, mantenimiento del empleo, subidas de sueldo, reducciones de jornada...

Isaac Rosa. El Diario, 29/06/2017

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de los estibadores, que ya sé que han conseguido mantener el 100% de puestos de trabajo frente a la patronal y el Gobierno. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como el transporte marítimo de mercancías. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de la recogida de basuras de Madrid, que ya sé que no hizo falta más que anunciarla para que las empresas aceptasen una sola mesa y negociar un convenio único para todos los trabajadores. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la recogida de basura de la capital. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo del aeropuerto de Ibiza, que ya sé que los trabajadores lograron que la empresa pague los atrasos y les abone también los días de huelga. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como un aeropuerto turístico. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Nissan en Ávila, que ya sé que los trabajadores han garantizado que la fábrica no cierre, y suavizar mucho el ajuste que pretendía la empresa. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la automoción. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de El Periódico de Cataluña, que ya sé que sus trabajadores han logrado la devolución de la rebaja salarial. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como el periodismo. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Cuétara, que ya sé que han conseguido subidas salariales, más puestos fijos y pluses de nocturnidad. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la fabricación de galletas. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Enviser, que ya sé que han logrado su primer convenio en diez años; ni lo de la Residencia Miravilla, que ya sé que han obtenido subidas salariales y reducción de jornada; ni lo de Zardoya Otis, que ya sé que la empresa se ha comprometido a no aplicar la reforma laboral y convertir en indefinidos al 90%; ni lo de los actores de doblaje, que ya sé lo de su nuevo convenio con mejores condiciones. Ninguno de ellos es representativo: son todos colectivos privilegiados y con capacidad de paralizar sectores tan estratégicos como la recogida de residuos, la residencia de mayores, la fabricación de ascensores o el doblaje de series y películas. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, ni en España ni en Eslovaquia, que ya sé que los trabajadores de Volkswagen en ese país han conseguido una subida salarial del 14%. Su caso no es representativo etc., etc. y etc. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de los repartidores de Deliveroo. No me extrañaría que acabasen consiguiendo una mejora de sus condiciones, pues sin duda son un colectivo privilegiado (todo el día en bici, qué felicidad) y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la comida a domicilio. Así cualquiera.

(Lo dejo aquí, aunque podría seguir unos cuantos párrafos más enumerando únicamente las huelgas exitosas de los últimos meses. Lo de "las huelgas no sirven para nada" es un estribillo que llevo oyendo hace años. Lo interesante es que últimamente lo oigo más veces en clave irónica, como este artículo. Algo debe de estar cambiando).

http://www.eldiario.es/zonacritica/las_huelgas_no_sirven_para_nada_6_659744049.html

jueves, 29 de junio de 2017

Víctimas del franquismo: recuperar sus restos y recuperar su memoria

Víctimas del franquismo: recuperar sus restos y recuperar su memoria.
Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces

CTXT, 28 de Junio de 2017


Foto @apces: Entierro de los tres antifascistas exhumados en la fosa común de Alcañizo (Toledo).  2012


Cada vez que alguien oye hablar de la recuperación de la memoria histórica, si no está directamente implicado en la cuestión, identifica casi automáticamente este concepto con la exhumación de fosas comunes del franquismo. Esto no sólo se debe al impacto social que las imágenes de dichas exhumaciones causan, también a la simplificación que los grandes medios de comunicación trasmiten sobre el sentido y los objetivos del movimiento social por la recuperación de la memoria. Pero ni las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo nos dedicamos exclusivamente a realizar exhumaciones, ni el fenómeno es tan simple como se nos presenta.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria  ha realizado una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas. Todas se llevaron a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado durante sus vacaciones,  y en cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural competente por el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Es decir, exigiendo la implicación de la Justicia en la exhumación conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consonancia con lo establecido por el derecho penal internacional de los derechos humanos.

Invariablemente la respuesta ha sido el archivo de las denuncias (inmediatamente recurridas por nuestra parte) sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho interno sobre el internacional, la prescripción del delito, y en todo caso aplicando la Ley de Amnistía de 1977. La sorprendente homogeneidad en los autos de juzgados desde Asturias a Extremadura, culminó cuando en las dos últimas exhumaciones (en Guadalajara y Málaga) las denuncias se archivaron en aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que deriva a la vía exclusivamente administrativa las exhumaciones de las fosas del franquismo.

La Ley de Memoria establece un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a  la Justicia de las víctimas. Lamentablemente comprobamos que la actual proliferación de legislación autonómica sobre memoria histórica y fosas comunes, al insistir en legislar sobre la intervención en exhumaciones cuando no se tiene competencia sobre Justicia, persevera en líneas generales en el modelo privatizador de la Ley de Memoria.

Hoy, las víctimas del franquismo continúan siendo una excepción para el Estado, que no reconoce su existencia, y las mantiene en un limbo jurídico al que no se aplican los procedimientos habituales de la Justicia, siendo norma habitual que el juez o la policía judicial no se personen en una fosa común donde hay restos humanos con evidentes signos de muerte violenta. Recientemente, un abogado especialista en derechos humanos nos recordaba que hoy, es perfectamente posible vender en Amazon los restos exhumados de una víctima del franquismo sin tener ningún problema legal.

Pero una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia hemos realizado exhumaciones con el objetivo principal de denunciar unos delitos que consideramos, encajan plenamente en la definición de crímenes contra la humanidad, tal y como fueron definidos por el Estatuto de Nüremberg. También para evidenciar públicamente el incumplimiento por el Estado español de sus compromisos y obligaciones con respecto a los derechos humanos en el caso de las víctimas del franquismo.

Cuando hablamos de fosas comunes del franquismo nos referimos esencialmente a inhumaciones ilegales y clandestinas, llevadas a cabo en cunetas, tapias de cementerios, parajes alejados de población, etc…  con el fin de hacer desaparecer pruebas de ejecuciones extrajudiciales y, en consecuencia, la desaparición forzada de las víctimas, lo que constituye un crimen contra la humanidad de carácter permanente e imprescriptible.

La conservación o la destrucción de pruebas de estos delitos durante las exhumaciones, no depende de la capacitación, por lo general muy alta, de los profesionales que realizan  las exhumaciones, sino de que todo el proceso esté sujeto a una certificación judicial que encuadre la exhumación desde el principio dentro de un procedimiento legal, e imposibilite la destrucción de la cadena de custodia, para permitir que las pruebas obtenidas puedan ser utilizadas en un procedimiento penal.

Asimismo se efectúan en algún caso exhumaciones de fosas comunes de cementerios de otro tipo de víctimas, fusilados tras las sentencias de los Consejos de guerra. No se trata aquí de desaparecidos: las víctimas tienen todas ellas nombre y apellidos, expedientes carcelarios, sentencia, partes de ejecución, registro de entrada en el cementerio…  la exhumación se rige aquí por los respectivos reglamentos municipales de cementerios. Realmente se trata de un traslado de restos para su entrega a los familiares, por cuanto las pruebas documentales hacen innecesarias las forenses como elemento probatorio. En nuestra opinión, el papel en este caso tanto de las asociaciones memorialistas como de las administraciones, debería orientarse a la constitución de un espacio estable de memoria que explique las causas y el sentido de su muerte, y estableciendo una dinámica de homenajes periódicos con presencia oficial de representantes institucionales. Y por supuesto, seguir exigiendo la anulación de todas y cada una de las sentencias dictadas por los tribunales y consejos de guerra franquistas.

Algunas administraciones realizan también exhumaciones de otro tipo, como el caso de combatientes muertos en acción de guerra,  aunque ante la ausencia de familiares que reclamen los restos y previsibles problemas para su identificación,  entendemos que el tratamiento que se debe dar a estas fosas debe ser fundamentalmente conmemorativo y divulgativo.

Lamentablemente constatamos que la solución que propugna el Estado al problema de las fosas comunes, pasa por circunscribir las exhumaciones al ámbito estrictamente personal  y familiar, ajeno a otras consideraciones. Se niega a los familiares el reconocimiento  y el derecho a la justicia, y se utiliza su dolor y el legítimo derecho a la recuperación de los restos del familiar asesinado, haciéndoles creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles unos restos mortales que fueron mal  enterrados, y que eso es todo lo que deben esperar.

Entendemos perfectamente las urgencias y las necesidades de los familiares de las víctimas (en primer lugar porque nosotros/as también lo somos), pero debemos tener presente que en una exhumación se dan las siguientes circunstancias:

1.       Que la identificación de todos los restos no siempre es técnicamente posible.
2.       Que muchas víctimas no tienen familias que reclamen sus restos al haber sido asesinados antes de tener descendencia, o porque no están interesadas. Obviamente, aquí hay una responsabilidad del Estado sobre los restos exhumados no reclamados que no puede trasladarse a las asociaciones o a otros familiares.
3.       Que los familiares promotores de la exhumación no tienen derecho legal sobre los restos hasta que no se produce una identificación positiva, antropológica o mediante ADN.
4.       Que las víctimas que exhumamos no han perdido derechos, reconocidos por protocolos internacionales, y que estos están por encima de los derechos de familiares, asociaciones o administración en aspectos que afectan a su propia dignidad, como el respeto a sus creencias, lo que implica la presencia y uso de los ritos y símbolos que les fueron propios, durante los procesos de exhumación y enterramiento posterior. En particular debemos denunciar el tratamiento morboso que se da en muchos casos a las imágenes de las víctimas del franquismo exhumadas, y que por supuesto sería inconcebible si se tratase de cualquier otro tipo de víctimas.

En 1941 las autoridades nazis aprobaron el Decreto de “Noche y Niebla” para la represión y eliminación física de sus oponentes políticos, que incluía directrices para destruir las pruebas de los delitos cometidos, garantizando así la impunidad definitiva de los verdugos. Hoy, el modelo de exhumación de fosas del franquismo que se pretende imponer, tiene como objetivo deshacerse poco a poco del “problema” haciendo permanente y definitiva la impunidad de los crímenes. Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, mediante la ocultación a la sociedad del significado real de las exhumaciones, circunscribiéndolas a actos particulares formalmente humanitarios.

La pervivencia de las fosas comunes del franquismo, 42 años después de la muerte física del dictador,  constituye una denuncia permanente del trato que la democracia española da a docenas de miles de sus mejores ciudadanos, manteniendo el castigo post mortem diseñado por sus verdugos para ellos y sus familias, sólo porque se atrevieron a soñar que un mundo mejor era posible.

La posición de nuestra Federación, que compartimos con otras asociaciones memorialistas y de víctimas, y con organizaciones de derechos humanos, es que debemos seguir actuando con firmeza para impedir que se perpetúe el modelo español de impunidad, lo que supondría el triunfo absoluto  y definitivo del franquismo.


domingo, 25 de junio de 2017

"Más imputados por la juez Alaya que resultan finalmente absueltos: ¿quién les resarce ahora?", por Juan Torres López

Más imputados por la juez Alaya que resultan finalmente absueltos: ¿quién les resarce ahora?

21 de Junio de 2017

El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:

“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.

Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La juez absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).

La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular .

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya. No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que le dan la razón a los jóvenes del 15M cuando que decían “Lo llaman democracia y no lo es”.

http://www.juantorreslopez.com/otro-imputado-por-la-juez-alaya-que-resulta-finalmente-absuelto-quien-le-resarce-ahora/