viernes, 7 de abril de 2017

Intervención en el Ilustre colegio de Abogados de Madrid


Intervención en el Ilustre colegio de Abogados de Madrid, 6 de Abril de 2017

Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento, en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por darnos esta oportunidad de presentar  y debatir la propuesta de una Ley de Víctimas del franquismo en la sede una institución tan importante y significativa.


Vídeo del acto celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Pido disculpas de antemano por si utilizo incorrectamente algún término o concepto, puesto que al parecer soy el único no jurista de la mesa (ya que provengo del campo de la historia contemporánea),  y entiendo que en el auditorio que hoy nos escucha hay una amplia representación de profesionales y expertos del Derecho.

Como he dicho, una Ley integral de Víctimas del franquismo es la propuesta central como Federación Estatal de Foros por la Memoria: hemos creído necesario desarrollar una proposición sistematizada en la que llevamos trabajando algún tiempo.

Hemos elaborado un amplio borrador, abierto a modificaciones y a sugerencias para su mejora y ampliación. El debate que estamos celebrando tiene este fin. El texto se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Vamos a celebrar 3 debates en Madrid, 2 de ellos con expertos en Justicia Internacional y Derechos humanos en el ICAM (el de hoy, y otro en el próximo mes Mayo), y uno posterior con los responsables de Memoria Histórica de diversas fuerzas parlamentarias.

El Proyecto de LVF Se basa en dos ideas: primero, que el Estado español niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base jurídica ni lógica conforme a la definición de víctima de NNUU. En segundo lugar, creemos que es indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH. 

La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013: 
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

El Documento en el que estamos trabajando comienza con un Preámbulo o Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. 

El Borrador de Ley de Víctimas del franquismo parte del reconocimiento jurídico de las víctimas, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.

Buena parte del trabajo que hemos realizado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. También nos hemos inspirado en el llamado “Manifiesto de la Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y cuya problemática se ha atendido por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de  Naciones Unidas, sino que lo que las diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, a la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, la legislación represiva emanada del gobierno y de las Cortes franquistas… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor entidad y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.

La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias franquistas en nombre de la seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad en las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho (excepcional entre los países de nuestro entorno) de que el estado de derecho democrático no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.

Este Proyecto no pretende ser una ley de víctimas de la guerra civil en general. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios; facilidades en el acceso a titulaciones académicas, etc… Pero sobre todo, recibieron un reconocimiento público prolongado, multiforme y unívoco.  Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen. 

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes que se prolongaron durante cuarenta años, ese fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudiera ser la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) en nuestra opinión pone en cuestión la vigencia plena del Estado de Derecho.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidas, que han sido juzgadas y han terminado por lo general con contundentes condenas penales en otros países del mundo, como los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.




A modo de resumen, señalaré las principales líneas que se desarrollarían en el articulado en nuestra propuesta de Ley de Víctimas.

En el primer bloque, que titulamos “El Derecho a la verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad española”, hablamos, entre otros temas,
De la retirada de la simbología franquista
De declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
Del tratamiento de los lugares de memoria;

Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos y derecho de acceso a la información (a partir de trabajos y manifiestos por ejemplo, de asociaciones profesionales de archiveros, bibliotecarios, y documentalistas, de la lamentablemente desaparecida Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”, etc...).

En el bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras cuestiones
La Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002), tal y como se desarrolla en un documento del Equipo Nizkor de derechos humanos, enviado a los diputados españoles en 2010.
La exhumación judicializada de todas las fosas comunes del franquismo, a partir de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas,  y un  desarrollo legislativo sobre exhumaciones e identificación de víctimas. Defendemos que la Ley de Víctimas del franquismo  debe manifestarse expresamente contra la privatización y la  gestión administrativa de las fosas comunes, por cuanto se tratan en primer lugar, de pruebas de crímenes contra la Humanidad.
También consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, delitos permanentes e imprescriptibles. Todo ello dentro de una trama organizada con orígenes comunes y objetivos planificados, por lo que no deben ser tratados como delitos individualizados.

En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la reparación material y/o simbólica de los diversos colectivos de víctimas, así como la creación de un Consejo participativo en la cual las víctimas, directamente o representadas por el movimiento asociativo, puedan manifestar las reivindicaciones específicas de cada colectivo: presos políticos; presos sociales; víctimas de torturas; represaliados económicos (sanciones, depuraciones de funcionarios, incautaciones de  patrimonio...); víctimas del trabajo esclavo; reconocimiento de colectivos como la guerrilla antifranquista; militares leales a la República; militantes clandestinos antifranquistas; exiliados; deportados al sistema concentracionario nacionalsocialista;  los llamados niños de la guerra, etc…


En resumen, proponemos a  las fuerzas políticas la promulgación en esta legislatura de un bloque legal, centrado en la Ley de Víctimas del franquismo, pero que podría ir más allá, con una Ley de Archivos avanzada; una solución definitiva al tema de El Valle de Los Caídos, o la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 para impedir que siga actuando como ley de punto final y sea la clave de bóveda del sistema de impunidad.

Durante el segundo Encuentro de asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo celebrado en mayo de 2016 en Madrid, la estrategia de proponer a las fuerzas políticas una iniciativa legislativa común para la promulgación de una LVF, fue asumida por la totalidad de las organizaciones. Hoy constituye la propuesta política del conjunto de organizaciones adheridas al Encuentro de asociaciones y de memoria histórica y de víctimas del franquismo, y se inspira en la llamada Carta de Vicálvaro consensuada entre todas ellas en septiembre de 2015 y hoy suscrita por 88 organizaciones. Nuestro borrador constituye una de las bases (quizás la más completa y elaborada a día de hoy, pero no la única) para conformar una plataforma programática de las organizaciones memorialistas que se plasma en dicha propuesta de una Ley de Víctimas.

Esta iniciativa se ha trasladado a diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida, pero también con cierta distancia por la concurrencia con las diversas iniciativas sobre memoria histórica de los grupos políticos. Nuestra propuesta, en el marco del  Encuentro, será promover la convergencia estratégica del movimiento memorialista y de las fuerzas políticas sensibles a esta problemática en torno a una LVF. Debemos convencerlas de que ninguna de las múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tiene futuro, y que deben aunar fuerzas a partir de la Carta de Vicálvaro y de las reivindicaciones y propuestas reales de las asociaciones memorialistas.

Para finalizar, nos ponemos a vuestra disposición para haceros llegar el borrador del documento de proposición de Ley de Víctimas  del Franquismo a quien no lo tenga aún, así como para recoger vuestras sugerencias de corrección o ampliación, y para explicar pormenorizadamente nuestra propuesta.

sábado, 1 de abril de 2017

Intervención en el "Centro Cultural Pepe Dámaso" de Las Palmas de Gran Canaria, el 30 de Marzo de 2017

Foto: Ángel Sarmiento



(Con mi agradecimiento, en especial, a Olga Alonso, Max Paiser, Sergio Millares y Charo de León)

En primer lugar quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo.

Fundamentalmente, agradecemos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Consejo asesor de Memoria Histórica de Las Palmas, que nos haya brindado la oportunidad de conocernos personalmente, y de poder informaros de cómo vemos en estos momentos la situación de la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo.

El pasado 24 de diciembre,  al final del discurso de Nochebuena, el jefe del Estado, dijo: “son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. 
Este alegato explícito a favor de la impunidad y del olvido tiene una doble lectura: Por un lado expresa el rechazo del Estado español a cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas, como hizo la representación española en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.

Por otro lado, que Felipe Borbón cierre el discurso más importante del año con dicha alusión, implica el reconocimiento de que las reivindicaciones del movimiento social por la memoria histórica y por los derechos de las víctimas del franquismo, hoy es un debate que está en la sociedad, en la política, y en los medios de comunicación.

Nuestra Federación, que ha participado en diversos procedimientos judiciales desde 2003, ha llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del franquismo es política, y debe generarse en el Parlamento, legislando, derogando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales de derechos humanos denominan “modelo español de impunidad”. Todo ello, independientemente de procedimientos judiciales que haya abiertos o se puedan abrir, aquí o como los que se han presentado en Argentina o en México.

Tras las elecciones de junio y la conformación de un gobierno en minoría parlamentaria, así como algunas políticas de memoria puestas en marcha por comunidades y los llamados ayuntamientos del cambio,  valoramos que se han abierto nuevos espacios de intervención a las organizaciones que trabajamos en la recuperación de la memoria histórica.


El ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta 88 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado, la llamada CARTA de Vicálvaro, que no es de nadie en concreto pero es de todos, y que se ha hecho llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral. Tuvo cierto éxito, sobre todo en la campaña diciembre, porque conseguimos que todas las fuerzas se posicionasen, que se tratase en la campaña, y algunos tuvieron que modular y modificar sus planteamientos durante la misma campaña. Lo acompañamos además con una campaña en Redes Sociales utilizando el Hashtag #NoVotesFranquismo.

La Carta de Vicálvaro fue presentada y exigida por los colectivos integrantes del Encuentro a las principales formaciones políticas de todo el territorio del Estado que concurrieron a las anteriores elecciones generales, con desigual acogida  por las mismas. Tras las elecciones generales, la misma se ha presentado y reclamado a las principales instituciones del Estado: Las Cortes Generales, Parlamentos Autonómicos y Ayuntamientos, entre otras.

Entre las principales exigencias, que no las únicas, que los colectivos que asumimos la Carta de Vicálvaro, reclamamos a todas las instituciones del Estado español y a todos los partidos políticos, reseñar las siguientes:

  • Condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU.
  • Reconocimiento jurídico, político y social de todas las víctimas del franquismo y del nazismo, y del daño causado a este colectivo.
  • Cumplimiento de la legislación internacional en materia de DDHH así como de las recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales.
  • Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas.
  • Creación de una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.
  • Localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado español respecto a la exhumación de las fosas comunes.
  • Reconocimiento como un problema de Estado el robo masivo y sistemático de bebés, durante décadas y en todo el territorio español, desde 1936 hasta bien entrada la democracia.
  • Declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista.


La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en esta legislatura. Hemos realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. Se ha trasladado a diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida, pero distancia por la concurrencia con múltiples iniciativas parlamentarias memoria histórica de varios grupos políticos.  Algunos, como En Marea o Compromís, sí se han manifestado públicamente a favor de una LVF.

Ahora hay que revitalizar el ENCUENTRO. En el próximo mes de mayo está previsto celebrar la 3ª reunión estatal y debatiremos qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y al desarrollar el borrador de Ley de Víctimas.

Nuestra propuesta, en el marco del  Encuentro, será promover la convergencia estratégica del MSRM y de la izquierda política en torno a una LVF, por supuesto con bases jurídicas y teóricas a partir del documento de Vicálvaro. Debemos convencer a las fuerzas políticas democráticas de que ninguna de las múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tiene futuro, y que deben aunar fuerzas a partir de la Carta de Vicálvaro y de las reivindicaciones y propuestas reales de las asociaciones memorialistas.

Tenemos que aprovechar los resquicios de la coyuntura política, sin dejar de tener en cuenta de que probablemente,  una mayoría parlamentaria se pondrá del lado de la impunidad, tal y como ha pasado recientemente con votaciones sobre las extradiciones de torturadores a Argentina. De cualquier modo, que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha. 

Ley de Víctimas del franquismo
Nuestra propuesta central como Federación se plasmaría en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Próximamente estamos organizando 3 debates en Madrid, 2 de ellos con expertos en Justicia Internacional y Derechos humanos en el ICAM, y otro posterior con los responsables de MH de las diversas fuerzas parlamentarias.

El Proyecto LVF Se basa en dos ideas: que se niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base jurídica ni lógica (definición de víctima de NNUU) y hay que acabar con ello. Asimismo, vemos indispensable que el estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

El Documento en el que estamos trabajando comienza con una Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. 

Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.

La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del reconocimiento jurídico de las víctimas, y posteriormente garantizar la aplicación a las mismas de esos tres derechos, conforme al Derecho Penal internacional de los Derechos Humanos.

Buena parte del trabajo, se fundamenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de  Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.

La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias franquistas en nombre de una supuesta seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad de las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho inconcebible de que el estado de derecho no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.

Esta no puede ser una ley de víctimas de la guerra civil en general. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios; facilidades al acceso a titulaciones académicas, etc… Pero sobre todo recibieron un reconocimiento público prolongado, multiforme y unívoco.  Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ese fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudiera ser la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada  es un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Somos conscientes de que la tarea que se nos presenta es muy difícil. Hace unos meses el diputado Joan Tardà nos comentaba que queda todo por hacer, pero que el esfuerzo de cientos de personas en muchos puntos del Estado español ha impedido que los vencedores de la guerra, de la dictadura y de la  Transición, diesen carpetazo a la memoria de los defensores de la República, y de los combatientes antifascistas. Hemos impedido que se impusiesen definitivamente la impunidad de los crímenes franquistas, y las políticas de silencio y olvido propugnadas desde 1977.

Nos gustaría que todas las organizaciones de memoria canarias se adhiriesen al Encuentro de Asociaciones, que creemos es hoy el mejor instrumento. Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la documentación, y establecer cauces permanentes de colaboración e información.

Muchas gracias.

jueves, 23 de marzo de 2017

"Javier Cercas blanquea de nuevo el fascismo", por Francisco Espinosa Maestre



Javier Cercas blanquea de nuevo el fascismo
Francisco Espinosa Maestre - Historiador
El Diario, 15/03/2017 -

Una de las claves de la última novela de Cercas es la ambigüedad: no es de extrañar si pensamos en la dificultad de convertir a su tío abuelo, un fascista común que encuentra la muerte en una batalla, nada menos que en Aquiles

Llevan un tiempo los medios de comunicación, especialmente los del grupo PRISA, bombardeándonos con el último producto de Javier Cercas Mena, El monarca de las sombras, que para variar vuelve a la guerra civil para seguir hablándonos de Falange. Ya lo hizo una vez sobre un personaje tan relacionado con Cáceres como Rafael Sánchez Mazas y ahora lo hace sobre su tío abuelo Manuel Mena Martínez. Y si en el caso de otra de sus novelas, El impostor, su protagonista Enric Marco venía a ser el Quijote ahora Cercas ha decidido asociar al fascista de su tío abuelo con el mítico Aquiles. Supongo que igual que en El impostor debió creerse Cervantes ahora se verá como Homero. Da igual que la novela sea plana, insulsa e incluso un tanto tediosa o que una vez más quiera convencernos de que sus novelas no son de ficción. Estamos ante la obsesión de un profesor de literatura por aparecer en sus novelas y querer hacerlas pasar por algo más que un mero relato con voluntad de ser literario.

Algunos llaman a esto novela de no ficción, relato real, novela antigénero, metaliteratura, género degenerado, posliteratura o como les venga en gana, pero quizás pertenezca de lleno al territorio de la egoficción. Lo curioso es que en sus declaraciones a los medios Cercas no habla como un novelista sino como un historiador, lo cual no deja de llamar la atención en alguien que está convencido de que la historia nunca es objetiva. Aunque cuando dice esto no se sabe cuál de sus muchos "yo" habla, si el personal, el literario, el pueblerino, el mentiroso, el cosmopolita, el  periodístico o el historiador. A saber.

De esta forma ocurre que, sean cuales sean sus intenciones y por muy literarias que parezcan, lo que sus lectores perciben es que lo que leen pretende pasar por Historia. Y así se produce la paradoja: los historiadores llevamos décadas intentando comprender las causas y consecuencias de la destrucción de la II República y por ahí en medio aparece Cercas disfrazado de historiador e inventándose lo que le viene en gana con el aplauso de los que nunca han querido que se conozca ese pasado.    

De entrada conviene situar tanto a Cercas como a su tío abuelo Manuel Mena, a quien considera "un niño inocente". No se cansa de decir allá por donde va que "murió por culpa de una panda de hijos de puta que envenenaban el cerebro de los niños y los mandaban al matadero". No es una reflexión muy elaborada, pero a él le basta, ya que debe pensar que así se le considerará un hombre de izquierdas, un antifranquista. Pero al decir esto olvida que tanto entre los golpistas como entre los defensores de la República hubo gente muy joven, de la misma edad que Mena, y que muchos de ellos sabían perfectamente, al igual que él, por qué y contra qué luchaban.

Así que ni niños ni inocentes ni pandas de hijos de puta. Manuel Mena pudo elegir entre respetar las leyes o actuar al margen de ellas y decidió lo segundo, lo cual no es mal principio para alguien que pensaba iniciar los estudios de Derecho ese mismo año. Se asombraría Cercas si supiera el papel que tuvieron muchos de esos "niños inocentes" en los pueblos que cayeron pronto, como el suyo, en poder de los sublevados.

Según nos cuenta el propio Cercas, uno de sus antepasados, Juan Mena, padre de Manuel, propietario de tierras y ganado, era el cacique del pueblo. Por otra parte su abuelo Francisco Cercas había sido concejal durante el Bienio Negro y fue destituido en febrero del 36. En fecha imprecisa, aunque supongo que sería en los meses del Frente Popular, ambos fueron detenidos y pasaron por la cárcel "acusados de almacenar armas en una finca". Javier Cercas, al que este hecho lleva a decir: "A estas alturas todo estaba preparado para que el país entero volase en mil pedazos", los justifica diciendo que, ante el rumor de que los jóvenes socialistas de la Casa del Pueblo fuesen a realizar una matanza de derechistas, la propia Guardia Civil les aconsejó que se protegieran. ¿Y quién se supone que debía defender a los socialistas de esa gente armada y conchabada con la Guardia Civil?

Además, con ello Cercas da crédito a ese tipo de rumores que circularon a posteriori por todos los pueblos con el único objeto de justificar el golpe y la represión. Lo cierto es que su abuelo Francisco Cercas, presidente de la Sociedad de Agricultores, fue igualmente el presidente de la gestora el 20 de julio del 36, jefe local de Falange y alcalde de Ibahernando entre 1937 y 1939. "Un período bastante breve", añade Cercas sin percatarse de la eternidad que representaron aquellos dos años. Por cierto que en dicha gestora también estaba su tío Juan Domingo Gómez Bulnes, yerno del cacique y que también llegaría a alcalde. Tampoco su bisabuela, la madre de Mena, se cubre de gloria cuando la vemos arremeter contra un vecino que ha luchado por la República con el que se cruza por el pueblo echándole en cara que él viva y su hijo no.

Para Javier Cercas su abuelo Francisco era un "labrador instruido", "hombre cabal" y "dotado de una autoridad congénita y de una congénita capacidad para ejercerla", don este muy extendido entre quienes accedieron al poder por vía militar. Añade que había simpatizado con el socialismo y que procedía de Unión Republicana, el partido de Manuel Azaña. Sirva esto de muestra de las mal digeridas lecturas que ha hecho Cercas, ya que no hace falta ser un experto en historia de la República para saber que Unión Republicana nació de una escisión del Partido Radical y que el Partido de Azaña era Izquierda Republicana y no el que él dice.

En cuanto a su abuelo, aparte del disparate de asociarlo al socialismo, más bien encaja en aquellos reaccionarios descolocados por la llegada de la República que se metieron en el Partido Radical para no quedar fuera de la vida política. Sería todo lo cabal y lo congénitamente capacitado que su nieto desee pero lo que debería haber hecho es presentarse a las elecciones. La forma en que llegó a la alcaldía no lo deja en muy buen lugar y sería curioso ver todos los informes políticos que llevaban su firma.

Cercas intenta mostrar la bondad de sus familiares contando cómo ayudaron a algunos izquierdistas. Parece no saber dos cuestiones básicas: que quien en esas situaciones puede salvar vidas es muy probable que también haya tenido la potestad de destruirlas y que raro fue el partidario del golpe que, por lo que pudiera pasar, no contaba en su haber con un rojo salvado. Y digo esto porque desde el desastre nazi en Stalingrado a fines de 1942 y la debacle del fascismo italiano en septiembre de 1943 más de uno empezó a pensar en el nuevo signo de los tiempos. Por suerte para ellos la censura franquista les libró de ver los cadáveres de Mussolini y otros afines colgados en una plaza de Milán en abril de 1945.

Para los que apoyaron el golpe militar y se unieron a fuerzas paramilitares como las banderas de Falange, caso de Francisco Cercas y Manuel Mena, su idea de lo que se traían entre manos era similar a la de un paseo triunfal. Tenían ante sí lo ocurrido en Cáceres, una provincia que había caído casi por completo en cuestión de días. Para esta gente su tarea consistía en ocupar el poder municipal, acabar con la vida de una serie de gente muy concreta, expulsar de todas las instancias locales a las personas relacionadas con la República y reajustar la vida local como poco a la situación existente antes del 14 de abril de 1931. La experiencia republicana debía ser destruida y borrada, como si no hubiera existido.

Pero ocurrió que la marcha triunfal terminó de manera abrupta el 7 de noviembre de 1936 en las puertas de Madrid. Contra todo pronóstico el ejército de la República paró en seco a las diferentes columnas que esperaban ocuparla en poco tiempo. Todos ansiaban celebrar la entrada en Madrid, unos con sus consejos de guerra listos para desinfectar la capital y otros con toda la parafernalia para la celebración de misas al aire libre, y resulta que no solo no lo consiguieron sino que el golpe devino en una guerra interminable, una guerra de verdad y no la escabechina que venían practicando desde julio. La decepción que sufrieron Francisco Cercas y Manuel Mena de la que habla Cercas no era otra cosa que el terrible choque que la guerra de verdad produjo incluso en aquellos que la provocaron. La guerra no era lo que les habían contado.

Nos cuenta Cercas –imposible saber qué hay de verdad en ello– que Manuel Mena, a la altura de 1938, estaba ya harto de la guerra y que si volvía a ella era por un sacrificio personal, para que no tuviera que ir otro de sus hermanos. Lo que le lleva a afirmar que era "un hombre de carne y hueso, un simple muchacho pundonoroso y desengañado de sus ideales y un soldado perdido en guerra ajena". También "había sido capaz de arriesgar su vida por valores que, (…), estaban para él por encima de la vida, aunque no lo estuvieran o aunque para nosotros no lo estuvieran".

Y añade: "… no murió por la patria…no murió por defenderla… murió por nada…". ¿Le parecerá poco a Cercas que su familia pasase a controlar el pueblo desde el 20 de julio de 1936? ¿No le choca que su abuelo Francisco Cercas, presidente de la primera gestora fascista y alcalde durante la guerra, considerara ya de mayor a los vencedores como una banda de arribistas y desaprensivos, cuando no maleantes, y que sintiera por ellos el mayor desprecio? ¿Acaso no estaban él y su familia entre ellos? Se trata de un fenómeno conocido y que pasó también a fascistas de toda Europa: con el paso los años aquel pasado negro les empezó a estorbar.

Otro problema es la terminología. Solo dos apuntes. Cercas y otros como él no se cansan de escribir y de hablar de cuando estalló la guerra civil. Con ello lo que hacen es cubrir con el manto de la guerra unos meses en los que no cabe hablar de guerra alguna, sino simplemente de golpe militar y de represión. El 17 y 18 de julio no estalla guerra alguna, sino que se produce un golpe de estado contra la República, golpe que, como hoy sabemos, venía preparándose desde el mismo día de su proclamación. La guerra vino luego. Primero fue la sublevación, el trasvase a la península del ejército de África, sin el cual poco hubieran podido hacer, y el plan represivo que produjo en pocos meses un genocidio de proporciones desconocidas en nuestro país. En la zona controlada por los fascistas no hubo paseos, sino un plan de exterminio perfectamente organizado por los militares y civiles que movían los hilos de la maquinaria represiva.

Las personas asesinadas en Ibahernando, unas doce, dos de ellas mujeres, no fueron paseadas por un grupo de incontrolados sino que lo fueron por decisión de un comité local presidido por alguien en funciones de comandante militar, comité que, aunque conocido por todos –máxime en un pueblo de dos mil y pico de habitantes–, solía mantenerse en la sombra. Es posible que el comandante militar de Ibahernando fuese un guardia civil y que este estuviese asesorado en las tareas represivas por algunos  vecinos. Los componentes de dicho comité no solían mancharse las manos de sangre, para eso estaban el personal subalterno, ya fueran falangistas, guardias o simples voluntarios. Así pues hablar de paseos es ignorar la mecánica represiva puesta en marcha por los sublevados.

Una de las claves de la novela es la ambigüedad, lo cual no es de extrañar si pensamos en la dificultad de convertir a un fascista común que encuentra la muerte en una batalla nada menos que en Aquiles. Veamos un ejemplo. En un momento se puede leer que la Falange fue "la milicia armada de la reacción en el violento expediente de urgencia segregado por la oligarquía para terminar con una democracia que pretendía reducir sus privilegios…". Esto parece que procede de algún libro. Y en otro se asocia esa misma Falange al "idealismo romántico y antiliberal, la radicalidad juvenil, el vitalismo irracionalista y el entusiasmo por los liderazgos carismáticos y los poderes fuertes de aquella ideología de moda en Europa". Y aquí parece que transcribe a Sánchez Mazas.

Cercas prefiere hablar de falangistas y franquistas más que de fascistas y de fascismo, concepto que solo aparece en relación con Europa. Esta confusión sistemática está en la base de la novela y es continua y obligada, ya que si no existiera no habría forma de salvar al personaje. Parece que este es el destino de Cercas: salvar a fascistas y farsantes como Sánchez Mazas, Enric Marco o Manuel Mena.

El panfleto de Cercas se encuentra en la misma onda de aquella declaración que el gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra realizó en 1986 con motivo del cincuenta aniversario del golpe militar. Según parece pretendían "honrar y enaltecer la memoria de todos los que, en todo tiempo, contribuyeron con su esfuerzo, y muchos de ellos con su vida, a la defensa de la libertad y de la democracia en España". Y también manifestar "su respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia".

Pues bien, este cinismo de calculada ambigüedad es exactamente el mismo que parece inspirar el escrito de Cercas. El PSOE lo hacía por satisfacer a todos, seguir obteniendo más votos que los demás y perpetuarse en el poder. Cercas lo hace para blanquear a través de su tío y de su familia el pasado del fascismo español. También para salvarse a sí mismo de tan negra memoria familiar, con la que no sabe qué hacer. Afirma que solo en la madurez ha dejado de sentir vergüenza por sus orígenes familiares, pero que ya se ha resignado a ellos. Y piensa, imbuido sin duda de la clarividencia histórica que lo caracteriza, que su familia "había sido franquista, o por lo menos había aceptado el franquismo con la misma mansedumbre acrítica que lo había aceptado la mayor parte del país".

Sin duda le hubiera venido bien un proyecto de investigación similar al que se llevó a cabo en Alemania en los años noventa, titulado "El abuelito no fue nazi. Nacionalsocialismo y holocausto en la memoria familiar".

Al recordar el entierro celebrado en el pueblo en honor de Manuel Mena Martínez viene a la memoria lo escrito por un vecino de Sanlúcar de Barrameda con motivo de un acontecimiento similar ocurrido allí durante la guerra. Decía: "Rodeada así la vida de este aparato militar y litúrgico, la vida parece una cosa despreciable. Dan ganas de convertirse en muerto". Eso debieron pensar algunos vecinos de Ibahernando, olvidando que ya había habido muertos.

Desgraciadamente Cercas aporta escasa información sobre los vecinos de su pueblo que fueron asesinados a partir del 20 de julio. Quizás la más citada sea la maestra Sara García, de 22 años, cuyo cadáver apareció en una finca. Como en otras muchas ocasiones el crimen se justifica por motivos externos: porque su novio, un izquierdista, había huido o, también, porque se trató de una venganza de un pretendiente anterior. Conocemos estas historias. Son ya muchos años intentando asociar la represión a cuestiones personales. Hay, sin embargo, otra opción que Cercas no tiene en cuenta: por lo general la gente dedicada a la enseñanza fue asesinada por ser de izquierdas y representar la apuesta más importante realizada en nuestra historia a favor de la educación pública. Por su edad, la maestra Sara García pudo ser una de esas maestras de la generación de la República que no encajaban de ninguna manera en los planes de enseñanza que los sectores más reaccionarios de la sociedad española, con la Iglesia en cabeza, impusieron de inmediato. También fue asesinado otro maestro.

Para justificar el terror que segó vidas en una pequeña localidad en la que hasta ese momento no se había derramado sangre, Cercas recurre a fórmulas que no cuadran con el caso. No se trata ya de dar pábulo a rumores como el de que jóvenes socialistas habían creado una lista con los nombres de los derechistas que había que eliminar, sino de hablar de "la situación explosiva" existente en el pueblo en los meses anteriores al golpe o aludir a los propietarios "asustados por la deriva revolucionaria de la República y sobre todo por la atmósfera de violencia que desde hace meses se respira en Ibahernando". Tampoco se priva de decirnos que sería raro que Manuel Mena "no respirase allí [Cáceres] la atmósfera de preguerra que se respiraba en todo el país" y que sintiese "la inminencia del estallido violento" que todo el mundo sentía. Cercas está preparando el terreno para el golpe y para su familia.  

Al poco tiempo de morir, el nombre de Manuel Mena pasó a denominar una calle del pueblo. Según la ley de memoria histórica esta calle debería desaparecer. Nadie que se sume a un golpe de estado merece una calle. La pregunta que surge ahora, tras la salida al mercado de la novela de Cercas, es quién se atreverá quitar del callejero de Ibahernando al héroe local que su sobrino nieto ha convertido en mito. ¿Qué más da que sirviese por voluntad propia en fuerzas paramilitares como Falange o a las órdenes de golpistas como Yagüe o Barrón? Es más, tal como van los tiempos es muy posible que Javier Cercas, además de dar nombre a la Casa de la Cultura de su pueblo, pase a denominar alguna de las calles cercanas a la de su tío abuelo. El día que eso ocurra se cerrará esta historia. Aquiles y Homero juntos.

La cuestión de fondo del libro de Cercas es dejar sentado que se puede ser "un joven noble y puro y al mismo tiempo luchar por una causa equivocada", es decir, ser un fascista. Como es lógico la respuesta del sobrino nieto de Manuel Mena Martínez, en la estela de la declaración del gobierno de González y Guerra en 1986, es que sí.

Este mismo espíritu es el que ha llevado hace poco a un juez de Soria, Carlos Sánchez Sanz, a decidir que el nombre de Yagüe debe seguir unido al de San Leonardo, su pueblo. Esto y un acuerdo de pleno de 2016 en el mismo sentido firmado por PP, PSOE y Ciudadanos. El argumento es similar al de Cercas: una cosa es el Yagüe falangista, guerrero y represor, y otra muy diferente el Yagüe benefactor que convirtió a su pueblo en un oasis soriano. Naturalmente se deja a un lado que la decisión de denominar al pueblo San Leonardo de Yagüe es de enero de 1940, cuando el jefe de la columna de la muerte aún no había derramado su acción benéfica sobre su pueblo.

Y es que Yagüe, como Mena, también entra dentro de ese privilegiado grupo de hombres puros y cabales que dieron vida, cada uno desde su sitio, al fascismo español, igual que "el poeta" Pemán o "el aviador" Ruiz de Alda. ¿Para cuándo la reposición de las plazas y avenidas antaño dedicadas a Franco, el gran benefactor de España? Sería solo el principio. Al fin y al cabo hombres de tan gran corazón como el carnicero de Badajoz no hubo muchos, pero de héroes locales está el país lleno.

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Javier-Cercas-mundo-egoficcion_6_622647752.html

"El Valle de los Muertos Vivientes", por José A. Martín Pallín



El Valle de los Muertos Vivientes

Repugna a los sentimientos de justicia y verdad mantener un mausoleo, ocupado por miles de muertos vivientes, cuyos restos nos recuerdan la insostenible equidistancia entre una dictadura y una democracia

José Antonio Martín Pallín - Magistrado emérito del Tribunal Supremo
El Diario, | 14 marzo 2017


El Valle de los Caídos es la representación, en piedra, de la megalomanía de un dictador que se propuso exterminar, desde los comienzos del golpe militar, a todos los que configuraban la representación democrática encarnada en el Gobierno surgido de las urnas en febrero de 1936. Terminada la guerra con la victoria de los que comulgaban con las ideas nazis y fascistas, continuó con su política represiva de los disidentes, despidiéndose de este mundo, con cinco ejecuciones de condenas a muerte, impuestas por tribunales militares idénticos a los que pusieron en marcha, en los comienzos del golpe militar, la maquinaria para aplastar a los que permanecieron fieles a la República y la democracia.

Ignoro cuáles fueron la íntimas razones que llevaron a Franco a dictar el Decreto (1 Abril 1940) que acuerda la construcción de la Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes (sic), pero las justifica por la "dimensión de nuestra Cruzada y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya". "Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos que desafíen al tiempo y al olvido".


Existe una total coincidencia entre historiadores de las más diversas tendencias, sobre la construcción de lo que ahora se conoce como Valle de los Caídos. Esta denominación se ha generalizado y hasta los legisladores aceptan este apelativo. Sin embargo, durante algún tiempo la terminología franquista, plasmada en las voces sonoras del NO-DO, se referían, siempre enfáticamente, a la Basílica y la Cruz de Cuelgamuros.

El precedente y guía inspiradora del mausoleo, lo encontró Franco en la Alemania nazi, tan admirada por el Caudillo y los custodios de las esencias del nacional sindicalismo. Fue el famoso arquitecto Albert Speer, sentado en el banquillo de los acusados de los juicios de Núremberg, el encargado por Hitler de ejecutar los monumentos y espacios que sirvieron de escenario para la exaltación de la grandeza del imperio nazi.

Fue una idea personal de Franco para honrar a los caídos en la Guerra Civil, si bien con matizaciones para los del bando republicano, ya que nunca se contempló la inhumación de fusilados en Consejos de Guerra o por otras leyes represoras. Existe documentación que acredita la premeditada e hipócrita decisión de llevar los restos de algunos asesinados que defendieron la República, como una maniobra simbólica, destinada a satisfacer un sedicente deseo de reconciliación y exhibir una magnanimidad que nunca tuvo el régimen con sus opositores.

Los cadáveres pertenecientes a republicanos fueron exhumados por orden del Generalísimo, cumplida por Gobernadores Civiles y Alcaldes de los lugares en los que se tenía constancia de la existencia de fosas clandestinas en las que se encontraban los restos de personas ejecutadas extrajudicialmente. Esta decisión se llevó a cabo, como es lógico, sin consultar a sus parientes que eran de sobra conocidos, sobre todos en las localidades pequeñas.

Paradójicamente los familiares de los caídos por Dios y por España nunca quisieron que sus restos fuesen trasladados al Valle de los Caídos. La explicación es lógica. Los tenían en los cementerios de sus pueblos y ciudades, glorificados y ensalzados, y podían recordarlos desde su cercanía. El Valle de los Caídos les alejaba de sus tumbas y pienso que tenían la sensación de que su frialdad y magnificencia, los reducía al anonimato.

Los políticos y especialistas que oponen obstáculos a la modificación del estatus actual se apoyan fundamentalmente en dos factores: la inclusión del monumento en el catálogo del Patrimonio Nacional y su consideración como lugar de culto que impide tomar decisiones sobre la Basílica y Monasterio sin el consentimiento de la Iglesia Católica. Ambos argumentos carecen de consistencia.

En primer lugar la Ley 23/1982, de 16 de Junio, Reguladora del Patrimonio Nacional, al enumerar los monumentos que tienen derecho de patronato o de Gobierno y Administración, enumera solamente doce, entre los que no se encuentra el Valle de los Caídos. Los que invocan los Acuerdos Jurídicos entre España y la Santa Sede, que cede la capacidad de decisión sobre el monumento a la Jerarquía eclesiástica, no tienen en cuenta la potestad de un Estado soberano para denuncia acuerdos internacionales e incluso, la posible capacidad de raciocinio de la Conferencia Episcopal, para valorar la conveniencia de tener en sus manos el destino de un incómodo espacio que, les guste o no, es incompatible con los principios y sentimientos democráticos. Sólo podrían oponerse alineándose con los que mantienen que el golpe militar contra la República tuvo los componentes de una Cruzada.

¿Resultaría contrario a la ley colocar en tan singular recinto una placa recordando que fue construido por prisioneros de la Guerra Civil? Creo que no y, además, sería de estricta justicia y de coherencia y madurez política y ciudadana. El ocultamiento de esta circunstancia nos convierte en una sociedad traumatizada que no es capaz de reparar los horrores del pasado.

Nos lo ha tenido que recordar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 17 de Marzo de 2006, al aprobar unánimemente, la condena de las "múltiples y graves violaciones de los derechos humanos" cometidas en España entre 1939 y 1975. En este informe se recogen, entre otras propuestas, que se instale una exposición educativa permanente en la Basílica subterránea del Valle de los Caídos donde se explique que fue construida por prisioneros republicanos. 

Mientras se mantenga la actual situación estamos permitiendo una anomalía que deteriora inevitablemente la consolidación de una democracia homologable a las que gozan de este reconocimiento en el comunidad internacional. 

Repugna a los sentimientos de justicia y verdad mantener un mausoleo excavado en la roca, ocupado por miles de muertos vivientes, cuyos restos nos recuerdan la insostenible equidistancia entre una dictadura y una democracia.

Los expertos en esoterismo y magia, distinguen dos clases de muertos vivientes. Los que tienen cuerpo y les falta el alma y al contrario. Entre los miles de restos que enterrados bajo la montaña reclaman verdad, justicia y reparación, hay uno que carece de alma. Tiene que ser urgentemente desalojado. El resto debe esperar la voluntad de sus descendientes o parientes cercanos, para que puedan juntar el alma y el cuerpo y recobrar la paz donde ellos decidan. Mientras esto no suceda, estaremos viviendo en una democracia zombi, a pesar de lo que digan los trovadores de la Transición.

   

José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisión Internacional de juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.

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http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Valle-muertos-vivientes_6_621947819.html

"Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones", por Juan Torres López

Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones

Juan Torres López

El Diario, 12-03-2017

Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para "acabar" con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque "Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces".

Ante semejante "argumento" decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.

Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases y medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza "para robar" a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.

Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un Gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.

Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienen menor nivel económico).

Las mentiras del PP

- "El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares".

Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).

- "El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces".

Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.

- "El impuesto sobre sucesiones "confisca como los impuestos de la Edad Media" la riqueza de los andaluces".

Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento. Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que "Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces" (aquí).

- " El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres".

Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).

- "El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras".

Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?

- "Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid".

Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.

- "Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres".

Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.

- "El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo".

Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar. Afirmar, como hace el PP en su página web, que "aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias" ( aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.

- "Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones".

Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP ( aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.

- "Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares".

Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.

- "El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres".

Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.

Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).

- Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o "lo roba Susana".

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.

- "El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas".

Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias han sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades. En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.

En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: "Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación... y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes" ( la noticia aquí).

- "El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja".

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).

Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).


- (La Junta de Andalucía) "valora un inmueble muy encima del valor de mercado".

Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle ( en un vídeo que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.

- "El impuesto lleva a la ruina".

Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).

- Según el impuesto "a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros".

Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo vídeo para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos, el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.

- "La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto".

Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo vídeo es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al Gobierno central y no a la Junta de Andalucía.

- El impuesto sobre sucesiones "no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad".

Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el vídeo) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.

Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía "el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo". Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo "mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema".

- "La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones".

Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789. Y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (en Francia, las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe a que se hereda mucho más tarde que antes ( Alternatives Economiques, nº 366, p. 27 ).

Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un Gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?

Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio.

Las necesarias reformas del impuesto

¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones? Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democracia para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.

Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.

 La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.

En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.

En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).

En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el "salto" cuando se superan los límites establecidos.

Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.

Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.

Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa.... no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!

http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/mentiras-PP-impuesto-sucesiones_6_621597841.html