martes, 28 de noviembre de 2017

"La invasión de los ultracuerpos", por Javier Gallego


Javier Gallego. El Diario, 27/11/2017


La invasión de los ultracuerpos


No puede sorprendernos que haya extrema derecha en la policía porque también la hay en la justicia, la gran empresa, el ejército, la prensa, la radio y la televisión mayoritarias, las tertulias de máxima audiencia, la élite política, las cloacas del Estado y, por supuesto, el gobierno.

Después de la manada sexual, otro grupo de whatsapp nos ha descubierto a una manada de policías municipales de Madrid que, en un chat de trabajo, desean la muerte violenta de políticos y periodistas de izquierdas, fantasean con asesinar a inmigrantes y alaban a Hitler. El agente que puso los hechos en conocimiento de un juez y gracias al cual eldiario.es tuvo acceso a estas conversaciones, ha tenido que solicitar escolta y darse de baja ante los insultos y amenazas de sus compañeros.

Sin embargo, la mayoría de sindicatos policiales no han salido en su defensa por el acoso sufrido, ni mucho menos han alabado su valentía por enfrentarse y denunciar a los fascistas. Al contrario, han apoyado casi con unanimidad a los violentos. Se escandalizan más con la revelación de las conversaciones que con su contenido. Obvian que pertenecen a un foro laboral compartido por más de un centenar de agentes. Está plenamente justificada su publicación. En una democracia, no son tolerables esas actitudes en quienes portan armas y tienen el monopolio de la violencia.

Como en cualquier mafia, se protegen entre sí frente a quien delata. Lo que se deduce de ello es que no sólo tenemos a unos cuantos fachos sueltos en el cuerpo sino que hay una invasión de los ultracuerpos en la policía. Si no es cierto, no sé a qué espera el resto de municipales a salir a desmentirlo, a reprobar a los mafiosos y solidarizarse con su compañero perseguido. Por ahora se comportan como manada: mientras los lobos aúllan y salen de cacería, el rebaño calla.

No es extraño. Vivimos en un país en el que se autorizan homenajes al franquismo junto a fosas del genocidio y no se invierte un euro en la exhumación de víctimas pero hay una fundación Francisco Franco que se beneficia de exenciones fiscales. Todavía hay símbolos franquistas y manifestaciones xenófobas en las calles. Aquí se encarcela antes a activistas pacíficos que a fascistas violentos y se llama a declarar antes a un tuitero o un titiritero que a un neonazi. Aquí se expulsa ilegalmente a inmigrantes, se les recibe con cuchillas, se les dispara cuando están en el agua y se condecora a quien da la orden de hacerlo…

En un país así, no puede sorprendernos que haya extrema derecha en la policía porque también la hay en la justicia, la gran empresa, el ejército, la prensa, la radio y la televisión mayoritarias, las tertulias de máxima audiencia, la élite política, las cloacas del Estado y, por supuesto, el gobierno. La crisis catalana ha sido sólo la excusa que necesitaba la manada ultra para salir de su madriguera. Pero nunca se ha ido. A España le huele el sobaco a franquismo.


"Señales del horror", por Cristina Fallaràs


“Hay una frase que se repite siempre en los peores terrores perpetrados por seres humanos: ¿Cómo no lo habíamos visto venir?”.


22 noviembre 2017
CRISTINA FALLARÁS
redaccion@lamarea.com


En la noche del 20 al 21 de noviembre, hace un par de días, centenares de franquistas, fascistas, sacaron su basura, su ser basura, a la calle. En Madrid, con antorchas, recorrieron la M30 –lloré con este vídeo– cantando himnos de espanto, llenos de su odio conservado en grasa, portando banderas negras con el yugo y las flechas, con el águila, honrando el horror, el dolor y el asesinato.

Más o menos al mismo tiempo nos enteramos de un chat donde varios policías deseaban la muerte de la alcaldesa Carmena y otros representantes públicos alababan a Hitler y deseaban que las chimeneas de los hornos crematorios del Holocausto volvieran a echar humo, donde describían cómo matar a inmigrantes clavándoles balas en el cráneo a martillazos. Y varias agrupaciones de policías los apoyan.

En estos mismos días se juzga la violación de una muchacha de 18 años a zarpas de cinco energúmenos, uno de ellos perteneciente al Ejército y otro a la Guardia Civil. Y medios de comunicación se cuestionan la “participación” de la víctima.

Es solo un repaso sucinto del espanto que empieza a ocupar los medios de comunicación, nuestras calles y nuestras vidas. Un repaso tomado al vuelo.

Si no somos conscientes de que esto no son “casos aislados”, sino los primeros síntomas de comportamientos que empiezan a cundir en nuestra sociedad, cuando los tengamos encima, cuando nos avasallen, será demasiado tarde. Recuerdo a los líderes de Podemos, Zaragoza en Común, PNV, ERC, etc. cercados por mostrencos de ultraderecha, sin auxilio policial; recuerdo el acoso a la familia de Mónica Oltra, bajo su casa; recuerdo demasiados episodios sucedidos últimamente sembrados de aguiluchos, de banderas, de violencia y odio contra la diferencia, contra el bien, contra la construcción de un diálogo sensato y el ejercicio de esta pequeña, defectuosa forma de civilización a la que nos aferramos.

¿Estamos ciegos o somos idiotas?

Hay una frase que se repite siempre en las peores masacres, los peores terrores perpetrados por seres humanos: “¿Cómo no lo habíamos visto venir?”. Es la frase de los ciegos, de los que son ciegos porque se tapan los ojos. De los mudos, de los que son mudos porque se tapan la boca.

Yo sí lo veo venir.

https://www.lamarea.com/2017/11/22/senales-del-horror/

miércoles, 8 de noviembre de 2017

"Dan Miedo" por Rosa María Artal


Dan miedo

La sociedad del “a por ellos”, de los insultos, del embestir y no razonar. La que ha descubierto en sus vísceras un fondo de violencia y xenofobia. Los medios y los políticos con una campaña visceral plagada de intereses más prosaicos. Dan miedo
Hay una ciudadanía, seguramente más numerosa y más positiva para el conjunto pero se retrae. No completamente consciente del peligro que nos acecha a todos

Rosa María Artal. El diario, 03/11/2017 -

La imagen de furgones de la Guardia Civil, de noche, conduciendo a la cárcel a miembros de un Gobierno elegido democráticamente dio la perfecta dimensión de dónde nos encontramos. Sin juicio y sin condena, solamente por la acusación, y decretando prisión incondicional sin fianza. No por esperada, fue menos impactante. Hubo oportunidad de soluciones menos drásticas, pero se optó por la confrontación. Enseguida -y porque el periodismo funciona, la justicia tiene unas normas, y hay ciudadanos responsables-, nos enteramos de preocupantes entresijos. Quienes se molesten en buscarlos, porque los medios oficiales en general han operado en dirección contraria. Apostando por la Cruzada y ocultando información. Dura contienda por la verdad, de temibles consecuencias que ya vamos viendo.

Fue el (reprobado) fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quién nos mostró en toda su crudeza en qué manos estamos en sus respuestas a Hora 25 de la Cadena SER. El vengativo “Más dura será la caída”, con el que tituló el archivo de la querella contra los independentistas, era la tónica mental de Maza, no un desliz. Así que fue desgranando que “bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho”. Paciencias, en la justicia. O usó criterios morales como medio de decidir algún alivio de condena: “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”.

Lo más demoledor, sin embargo, fue esta afirmación: “Los que han criticado que planteemos la rebelión deben recordar que una querella no es un escrito de acusación. No se hila tan fino. Incluye todos los posibles delitos. No afirmamos que haya rebelión sino que es posible”. Es decir, se echa a la bolsa todo lo que quepa y luego el juez decide. En armoniosa coincidencia con Maza, la de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. No así el titular del Supremo. Todo esto y más lo analiza Íñigo Sáenz de Ugarte en este imprescindible artículo.  “Lamela les está diciendo a los imputados: vais a pagar por lo que habéis hecho y por el viaje de Puigdemont a Bruselas”, escribe el subdirector de eldiario.es sobre la postura de la jueza. Venganza, por justicia.

Que se trata de un “ Derecho Penal de autor”, como lo define Ignacio Escolar, se evidencia en varios datos más.  Se ha vulnerado “el derecho al juez natural”, recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y también en nuestra Constitución. “Es el derecho de cualquier acusado a que le juzgue el juez que le toque por ley, no el que le convenga al Gobierno o al fiscal”, explica el director de eldiario.es.  Y todavía se han detectado más irregularidades.

Frente a hechos que deberían ser del dominio público y sin contaminar con la presunta obligación de decir “algo malo del otro”, nos encontramos con una auténtica campaña visceral, no exenta de elementos más prosaicos e inconfesables como los beneficios de poder y económicos. Marhuenda, tiznada voz del PP, condena, sin juicio, en La Razón: “Prisión por rebelión”. Precisamente por la cuestionada acusación de rebelión que Maza metió en el saco con calzador, por más que se llenen de ella los medios. Se creía que la jueza no lo incluiría en la petición de búsqueda y captura para Puigdemont y sus cuatro consejeros que se encuentran fuera de España, pero finalmente ha optado por pedir para ellos todo el paquete que manejan. Rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, todo.

La ofensiva viene de la tecla y de la pluma, de las voces y los gestos. De la más absoluta y rotunda intransigencia. Portadas como las de ABC, aunque ya indistinguibles de las restantes en papel, con esa levadura ultraderechista que les comentaba se les ha colado en el suflé a los españolistas. Un importante número de notables arenga a las masas decididas a ser muchedumbre o plaga justiciera. Sin que quepa otorgarles el mínimo atenuante dado que cada cual es dueño de sus actos. Dan miedo. Seres nacidos humanos acudiendo a insultar a estaciones de tren y aeropuertos a políticos llamados a declarar. Televisiones marcando la cuenta atrás de las comparecencias en un cronometro real expuesto en recuadro, que en definitiva marca los ingresos por audiencia exaltada. Aterra tanta sinrazón, tal inmadurez. Cómo se está imponiendo la ignorancia bruta. Linchamientos que no se depararon a delincuentes de peso, atracadores de lo público. Linchamientos virtuales, de momento.  Da pavor.

Aparecen de buena mañana en radios y televisiones como si hubieran sido motivados por el oficial de tropa para la batalla. Ofreciendo las edificantes declaraciones de políticos en campaña: mano dura y cargo, cargo y yo no fui, estoy por encima del bien y del mal y me lo permiten. No es difícil tampoco imaginar, a tenor de lo que publican, las salas de terapia de algunas redacciones distribuyendo el alivio a las obsesiones compulsivas.  Titulares y artículos delirantes. ¿Pueden imaginar al jefe de opinión de un diario que fue esencial insultando al colaborador londinense de prestigio al que censuró y expulsó? Está pasando.

La sociedad, los medios… y los políticos. Estamos llegando a niveles de desfachatez tan insultantes para la inteligencia como quejarse del ingreso en prisión de miembros del Govern depuesto, tras haber impulsado esa medida. Algunas personas muy sesudas y adultas todavía no entienden al parecer que los actos acarrean consecuencias. Pero ahí siguen, contribuyendo a la causa.

El partido conservador PPCs, bicéfalo ya, opera al unísono con García Albiol y Arrimadas, en el ala ultraderecha, ofreciendo a la implacable líder de Ciudadanos en Catalunya la presidencia de la Generalitat en un hipotético futuro de triunfos soñados. Con el PSOE y el PSC, e Iceta deslizándose por el alambre, un político valioso al que esta sin razón está quemando. Gumersindo Lafuente nos contaba los problemas de esa operación que ya fue ensayada para sofocar el nacionalismo vasco.  La inyección al independentismo que se está dando podría desbaratarles la jugada. Albiol ya ha aportado la solución: " Si ganan, otro 155". Esto se está sustentando. Y crecen los rumores sobre ilegalizacion de partidos que ya anticipara Pablo Casado.

Dan miedo. Cuantos se dedican a perturbar la convivencia que cabe esperar en un estado democrático. Y es un bloque decisivo. Soy de quienes creen que Rajoy no es Erdogan y España no es Turquía porque no ha pasado el tiempo suficiente. El líder turco también comenzó más pausado. Las leyes mordaza, el nombramiento de tribunales muy precisos, el mantener en puestos decisivos a profesionales con tan poco crédito como Maza o Catalá y el resto de los reprobados, evidencia inclinaciones peligrosas. Y algunas se están confirmando.

Partidos y políticos que apoyan sin pudor este tinglado son altamente responsables de cuanto ocurre. Sí, el Govern depuesto cometió errores, todo pudo ser diferente y la mayoría la pifió, pero eso no justifica el alarmante retroceso en derechos y libertades que lleva camino de instalarse. Algunos jamás podrán reconducir la imagen que se han forjado. El problema es hasta dónde piensan llegar.

E igual y en nivel similar cabe situar a los medios embarcados en la misma operación de conveniencias. El Banco de España anuncia cataclismos económicos, dicen. Por el procés. La violencia de las cargas policiales que dieron la vuelta al mundo, la intervención de la autonomía catalana y el encarcelamiento de sus miembros electos no debe influir. Raro, si eran las “soluciones”.  Por no hablar del fomento de la huida de las empresas que, en efecto, va a afectar a toda España. Pero son así de inconscientes.

Y la sociedad como elemento esencial. Apoyando castigos impropios del siglo XXI por acciones políticas, mientras amparan la involución democrática, la corrupción y los recortes para su vida y la de sus hijos. La sociedad del “a por ellos”, de los insultos, del embestir y no razonar. La que ha descubierto en sus vísceras un fondo de violencia y xenofobia. Hay una ciudadanía, seguramente más numerosa y más positiva para el conjunto pero se retrae. No completamente consciente del peligro que nos acecha a todos.

 Tiene una cierta lógica, humana. Los agitadores y maniobreros dan miedo. Porque es lo que buscan. No solo miedo, preocupación, tristeza,  desconfianza, espanto… vergüenza. Nos levantamos y nos acostamos con esa losa, cuando sabemos que hay gente que sigue luchando por futuros más limpios y razonables. La pugna existe pero no es la que más se ve, y no deja de crecer. Copan el escenario. Y dan miedo, angustia, desaliento. Y, por encima de todo, francamente, dan asco.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Dan-miedo_6_704189594.html

Manifiesto del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado. 7 de Noviembre de 1917


¡A los ciudadanos de Rusia!

25 de octubre [7 de noviembre] de 1917, 10 de la mañana

El Gobierno Provisional ha sido depuesto. El Poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Sóviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición de la capital.

Los objetivos por los que ha luchado el pueblo —la propuesta inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un Gobierno Soviético— están asegurados.

¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos!

viernes, 3 de noviembre de 2017

De momento, ahí siguen



De momento, ahí siguen

El Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid ya había advertido directamente al Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, de que el cambio de calles franquistas debería realizarse utilizando la Ordenanza Municipal sobre el Callejero y no la Ley de Memoria Histórica. La falta de Reglamento de ésta implica que no hay plazos establecidos ni tipología clara de qué se debe retirar y qué no, ni un régimen sancionador para las instituciones que incumplen la Ley.

Además ya se había dado el caso de Alicante, donde un juez decidió que había que reponer las calles ya retiradas, porque varias de ellas difícilmente podían considerarse afectadas  por la Ley de Memoria. El caso de Madrid es similar: algunas de las 52 calles propuestas, difícilmente pueden considerarse comprendidas por los motivos de retirada y el período histórico establecido por la Ley de Memoria.

Es de importancia crucial que los Ayuntamientos del Cambio actúen en este asunto con mayor rigor y consecuencia. De momento parece ser que tenemos que conformarnos con querellas y denuncias, que son generosamente difundidas por los medios de comunicación. Quizás alguna encuentre un juez kamikaze que esté dispuesto a admitirlas a trámite, pasándose por la entrepierna la Ley de Amnistía, la Ley de Memoria y la amenazadora Sentencia del Supremo de 2012 por la que se absolvió al exjuez Garzón.

Mientras tanto, los nombres de los asesinos de nuestros abuelos siguen en las calles.


Enlaces: La Fundación Francisco Franco consigue paralizar los cambios de calles franquistas de Carmena
02-11-2017
https://www.elplural.com/politica/2017/11/02/la-fundacion-francisco-franco-consigue-paralizar-los-cambios-de-calles

Un juez paraliza de manera cautelar el cambio de nombre de las calles franquistas de Madrid
02-11-2017
http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/02/59fb1ef2268e3ea8068b4626.html

Los crímenes franquistas tampoco se juzgarán en Pamplona
02-11-2017
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/crimenes-franquistas-juzgaran-Pamplona_0_703780470.html

La juez anula el cambio de las calles franquistas de Alicante
03-11-2017
https://elpais.com/ccaa/2017/11/03/valencia/1509736205_161846.html

domingo, 8 de octubre de 2017

Intervención en la Jornada "10º Aniversario de la Ley de Memoria y política municipal"


Jornada "10º Aniversario de la Ley de Memoria y política municipal"
Celebrada en la Diputación de Toledo  (7 de Octubre de 2017)


Para comenzar quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo.

Fundamentalmente, agradecemos  a la Diputación y a Izquierda Unida de Toledo que nos haya brindado la oportunidad de poder informaros sobre cómo vemos en estos momentos la situación de la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo.

El pasado 24 de diciembre,  al final del discurso de Nochebuena, el jefe del Estado, dijo: “son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. 

Este alegato explícito a favor de la impunidad y del olvido tiene una doble lectura: Por un lado expresa el rechazo del Estado español a cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas, como hizo la representación española en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.

En segundo lugar, que Felipe Borbón cerrase su discurso más importante de 2016 con dicha alusión, implica el reconocimiento de que las reivindicaciones del movimiento social por la memoria histórica y por los derechos de las víctimas del franquismo, es un debate que está hoy en la sociedad, en la política, y en los medios de comunicación.

Nuestra Federación, que ha participado en diversos procedimientos judiciales desde 2003, ha llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del franquismo es política, y debe generarse en el Parlamento, legislando, derogando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales de derechos humanos denominan “modelo español de impunidad”. Todo ello, independientemente de procedimientos judiciales que haya abiertos o se puedan abrir, aquí, o como los que se han presentado en Argentina o en México.

ENCUENTRO
En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta el día de  hoy 88 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado, la llamada CARTA de Vicálvaro, que no es de nadie en concreto pero es de todos, y que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de  diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática,  con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral.

 La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en esta legislatura. Hemos realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…

El pasado 15 de mayo estuvimos en Barcelona presentando las propuestas del Encuentro al movimiento memorialista y a las instituciones (Ayuntamiento de Barcelona, Memorial Democràtic, Parlament). También estábamos interesados en conocer de primera  mano la llamada Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo que se aprobó el 4 de julio. Asimismo tenemos prevista realizar otra reunión similar con instituciones y organizaciones gallegas en Coruña.

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. Se ha trasladado a diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida, pero distancia por la concurrencia que se ha dado con múltiples iniciativas parlamentarias memoria histórica de varios grupos políticos.  Algunos, como En Marea o Compromís, sí se han manifestado públicamente a favor de una LVF.

El pasado mes de Junio se celebró  la 3ª reunión estatal  del ENCUENTRO,  y  hemos debatido qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y el desarrollo del borrador de Ley de Víctimas. Asimismo hemos adoptado una posición más avanzada sobre la Ley de Amnistía de 1977, pronunciándonos a favor de una Declaración de Nulidad de la misma.

Pretendemos promover la convergencia estratégica del MSRM y de la izquierda política en torno a una LVF. Debemos convencer a las fuerzas políticas democráticas de que ninguna de las múltiples iniciativas políticas particulares que se han venido presentando tiene futuro, y que deben aunar fuerzas a partir de la Carta de Vicálvaro y de las reivindicaciones y propuestas reales de las asociaciones memorialistas.

Somos conscientes de que con la actual composición del parlamento, una mayoría parlamentaria se pondrá del lado de la impunidad, tal y como pasó hace unos meses con la votación sobre las extradiciones de torturadores a Argentina. De cualquier modo, que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.



Ley de Víctimas del franquismo
Nuestra propuesta central como Federación, asumida por el Encuentro Estatal, se plasma en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Hemos organizado 3 debates en Madrid, 2 de ellos con expertos en Justicia Internacional y Derechos humanos en el Colegio de Abogados, y un tercero con responsables de MH de diversas fuerzas parlamentarias. Los tres debates se pueden seguir en Youtube.

El Proyecto LVF Se basa en dos ideas:

1. Que se niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base jurídica ni lógica (definición de víctima de NNUU) y hay que acabar con ello. 
2. Vemos indispensable que el estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:
"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

El Documento en el que estamos trabajando comienza con una Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.
La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del reconocimiento jurídico de las víctimas, y posteriormente garantizar la aplicación a las mismas de esos tres derechos, conforme al Derecho Penal internacional de los Derechos Humanos.

Buena parte del trabajo, se fundamenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.

La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias franquistas en nombre de una supuesta seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad de las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho inconcebible de que el estado de derecho no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.

Nuestra propuesta no consiste en una ley de víctimas de la guerra civil en general, es más, nos oponemos tajantemente a ello. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; facilidades al acceso a titulaciones académicas; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios, etc… Pero sobre todo, recibieron un reconocimiento público prolongado, multiforme y unívoco.  Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ése fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudieran ser la plena vigencia de las sentencias represivas del franquismo, o la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Somos conscientes de que la tarea que se nos presenta es muy difícil. Hace unos meses el diputado Joan Tardà, el parlamentario más comprometido con las víctimas del franquismo y el movimiento social por la recuperación de la memoria, nos comentaba que queda muchísimo por hacer, pero que hemos metido un pie para impedirles cerrar la puerta. Que el esfuerzo de cientos de personas en muchos puntos del Estado español ha impedido que los vencedores de la guerra, de la dictadura y de la  Transición, diesen carpetazo a la memoria de los defensores de la República y de los combatientes antifascistas. No hemos conseguido desmantelar el sistema de impunidad, pero sí hemos impedido que se impusiesen definitivamente la impunidad de los crímenes franquistas, y las políticas de silencio y olvido propugnadas desde 1977.

Desde nuestra apuesta por una Ley integral de Víctimas, creemos que el papel de las instituciones de ámbito regional y local debe ser respaldar ésta con las políticas concretas que se puedan adoptar en cada ámbito de competencia, así como promover las declaraciones institucionales de condena del franquismo y de apoyo a los derechos de las víctimas, dentro de la línea programática desarrollada por el Encuentro Estatal de Asociaciones.

Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la documentación, y mantener cauces permanentes de colaboración e información.


Muchas gracias.

viernes, 8 de septiembre de 2017

"¿Están todas las víctimas siempre en nuestra memoria?", por Hugo Martínez Abarca




Cifuentes quiere utilizar el terrorismo para la propaganda partidista más ruin en un momento en el que se siente muy débil políticamente por el colapso de su gobierno

Hugo Martínez Abarca   - Diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid
El Diario, 05/09/2017 

Ha anunciado Cristina Cifuentes la aprobación de un proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo. Lo ha hecho con una explicación encomiable: "Aprobamos el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo, como garantía de que los madrileños no van a olvidar a los que perdieron la vida, resultaron heridos física o psicológicamente o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Las víctimas siempre en nuestra memoria".

Cifuentes ha demostrado en los últimos meses querer hacer del terrorismo un instrumento de confrontación partidista. En ningún momento se ha dirigido a los grupos de la oposición (al menos a Podemos) para construir juntos una ley como ésta y todo lo que ha hecho en los últimos meses ha sido organizar una campaña contra Manuela Carmena por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y responder al atentado de Barcelona y Cambrils diciendo que Podemos es "ambiguo" con el terrorismo yihadista.

Es, pues, evidente que Cifuentes quiere utilizar el terrorismo para la propaganda partidista más ruin en un momento en el que se siente muy débil políticamente por el colapso de su gobierno. Si en ningún momento es decente colocar el dolor por el terrorismo como trinchera propagandística, en este momento histórico sería una irresponsabilidad para el futuro de Madrid y de España, que tiene la oportunidad de mostrarse cohesionado y unido no sólo contra los crímenes terroristas sino contra todas aquellas violaciones graves de derechos humanos en contextos de violencia de motivación política que mantienen en nuestro país y singularmente en Madrid heridas abiertas que todavía no hemos sabido afrontar. La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.

Dos son los elementos que hacen pensar que ahora podríamos por fin abandonar la utilización política de las víctimas y del dolor, y construir una cultura de los derechos humanos en favor de la paz y la convivencia, además de ser útiles ante hipotéticos crímenes futuros

En primer lugar, afortunadamente hay episodios de nuestra Historia que podemos asegurar que no se van a repetir en un horizonte histórico razonable. El golpe de Estado de 1936, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forman parte de un pasado que colectivamente todavía no hemos sabido cerrar, como muestra que todavía haya asesinados sin enterrar o que Patrimonio Nacional ceda el Valle de los Caídos para hacer apología de la dictadura.

Sin embargo, la Asamblea de Madrid en 2016 aprobó una Proposición No de Ley (apoyada por Podemos, PSOE y Ciudadanos) que nos mandataba a los partidos y al Gobierno a legislar para que la Comunidad de Madrid afronte esa época tal y como nos viene recomendando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: cimentando nuestro país sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Incluso para el Partido Popular podría resultar una liberación catártica ponerse por fin a construir una memoria colectiva que no debe ser de parte: a nadie se le ocurriría en Alemania que un acto sobre el Holocausto es partidismo porque la sociedad alemana y todos sus partidos está unida en el recuerdo a las víctimas del nazismo y en contra del régimen de Hitler; nadie diría que la memoria reabre heridas porque todos son conscientes de que sólo la memoria permite cerrarlas.

Sobre otros crímenes como los de determinadas organizaciones ultraderechistas, la violencia durante la Transición, los crímenes de los GRAPO y otras organizaciones terroristas y fundamentalmente de ETA, podemos estar hoy en una situación análoga dado que tales organizaciones dejaron hace años de suponer la amenaza criminal que fueron. Obviamente, muchas (no todas) de las víctimas de estos últimos crímenes han tenido el reconocimiento que merecían pero tenemos la oportunidad de renunciar al partidismo con el que algunos intentaron desvirtuar su memoria para hacer del conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en distintos contextos, un cimiento de una sociedad cohesionada en la denuncia de los crímenes que ha sufrido.

En segundo lugar porque, pese a ello, el terrorismo sigue siendo una cruel amenaza como hemos visto en Cataluña este verano. La legislación actual llama a las administraciones autonómicas a regular cómo actuar en caso de un atentado terrorista: necesitamos protocolos de respuesta y atención a las víctimas para que nunca más tengamos que felicitar a nuestros servicios públicos por su buena gestión ante una situación no programada o, por ejemplo, para que no haya disputa en cuanto al tipo de homenajes que merecen las víctimas porque esté acordado legalmente. Madrid tiene la desgraciada experiencia del 11M y, dado el tipo de ataques del terrorismo yihadista que estamos viviendo, cabe pensar que una región fundamentalmente metropolitana como Madrid necesita extremar la prevención para evitar nuevos ataques y, en caso de producirse, tener protocolos claros para minimizar el efecto y optimizar la ayuda a las víctimas.

Madrid tiene muchas razones para protagonizar el primer gran paso hacia la unidad en defensa de los derechos humanos y de la cultura democrática y de la paz. Fuimos la ciudad que resistió al fascismo para admiración de todo el mundo, una región a la que la dictadura castigó severamente por ello, en la que se dieron luchas democráticas sin las cuales hoy no tendríamos los derechos de los que gozamos y que nos sirven de exigencia para mayores avances democráticos. También somos una Comunidad cuya Presidencia se ubica en el edificio de la DGS franquista, donde se detenía y torturaba a la oposición democrática sin que aún hayamos hecho común el recuerdo a las víctimas.

Somos también la Comunidad que sufrió crueles atentados terroristas, que prácticamente no dejan un barrio de la ciudad sin la memoria de un coche bomba. En nuestros trenes se dio la mayor masacre terrorista que ha sufrido Europa, con los 192 asesinados el 11 de marzo de 2004. Y somos una comunidad cuyo pueblo ha dado múltiples muestras de defensa de la paz y la solidaridad y que no merece ni que se use como instrumento de propaganda el terrorismo para atacar a quien se opone tanto como el que más a esos crímenes ni que haya quien busque excusas para no reconocer a las víctimas de la dictadura y condenar los crímenes de ésta.

Estamos ante un momento histórico que no merece el politiqueo más bajo sino que nos exige construir sobre valores democráticos un país cohesionado en defensa de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y que, lejos de arrojarse las víctimas a la cara con fines mezquinos, las ponga en el centro del futuro como pilar moral de una sociedad democrática en vanguardia de la defensa de los derechos humanos.

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