lunes, 30 de julio de 2018

La Cruz de Espartaco



La Cruz de Espartaco

Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
@apces

Publicado en "Siempre es 26", 30 de Julio de 2018




Han pasado casi 43 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, y sus restos siguen enterrados en este enorme monumento que ordenó construir para honrar su memoria y exaltar la victoria del fascismo sobre la democracia en España. Cuarenta y tres años sin que el Estado español haya sido capaz de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. El mayor símbolo de esa impunidad es el Valle de los Caídos.

Financiado por todos los españoles, el dictador fue allí enterrado rodeado de honores y de miles de republicanos, que fueron primero asesinados y cuyos restos fueron impunemente robados  y hoy descansan junto a su verdugo, y junto al fundador del partido fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. El coste económico de la construcción del mausoleo fue inmenso para un país asolado por tres años de guerra, en el contexto de la guerra mundial posterior, y del aislamiento internacional de la posguerra.

El Valle de los Caídos, un recordatorio gigantesco del fascismo en su variante nacional-católica española, sólo ha empezado a ser cuestionado a partir de las protestas de los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo. El movimiento memorialista lleva denunciando cada 20-N desde 2007, frente a las puertas del Valle, la existencia de este conjunto monumental levantado a mayor gloria de quien se sublevó matando y murió matando, aniquiló a sus oponentes ideológicos y de clase, y cuya dictadura de 40 años significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio.

De todos los grandes monumentos construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX, solamente el Valle sobrevive. Tras la victoria de los aliados, la Cancillería del Reich en Berlín o la gran cruz gamada del estadio de Nüremberg fueron destruidas y luego reutilizados sus restos en monumentos erigidos para recordar a sus víctimas o para celebrar su derrota. Cuelgamuros es el único caso en Europa en el que los restos de un golpista criminal descansan en un monumento de titularidad pública que fue construido para celebrar y rememorar su victoria sobre el Pueblo.
El diseño inicial del conjunto del Valle permanece: no se ha pensado en desmantelar las estructuras del monumento, ni los frescos que glorifican el 18 de Julio; la orden sacerdotal consagrada al respeto de la memoria del dictador sigue allí, como siguen los miles de cuerpos que llenan las criptas del valle. El Valle de los Caídos se mantiene prácticamente intacto en su concepción original, tanto la obra ciclópea construida en la Sierra de Guadarrama, como en la idea que inspiró la construcción de la gran cruz que preside el conjunto.

La gigantesca Cruz del Valle de los Caídos,  situada en el centro de la península, en un enclave escogido para que pueda ser vista desde muchos kilómetros de distancia, tiene poco de símbolo de perdón y salvación; esa cruz es ante todo una advertencia amenazadora de la muerte infame y dolorosa que aguarda a los que se rebelan contra el poder. Supone un recordatorio permanente a los desposeídos de su completa derrota en 1939, y del inmenso coste que les supuso haber soñado con un país y con un mundo mejor, haber osado cuestionar un poder político, social y económico detentado por los mismos durante siglos. En ese sentido, la de Cuelgamuros no es una cruz cristiana, es la Cruz de Espartaco.

Los símbolos religiosos que Franco mandó construir no representan el Cristianismo sino el nacional-catolicismo más ortodoxo. Desde esa ideología, el Estado franquista sometió a trabajos forzosos a miles de defensores y defensoras de la legalidad democrática republicana y bendijo la ejecución de miles de hombres y mujeres, muchos de los cuales terminaron enterrados junto a la tumba del dictador. Por ese motivo, es inaceptable que se emplee la religión para legitimar la existencia del Valle. El monumento es un símbolo de la bochornosa complicidad de la Iglesia con la dictadura franquista, y su pervivencia no hace sino perpetuar el recuerdo de esa herencia.
En los últimos años se ha tratado de justificar la pervivencia del Valle de los Caídos por ser un lugar de culto, y se ha tratado de convertir la cuestión de la exhumación de Franco como un asunto privado sobre el que hay que pedir permiso a la familia del dictador. En 2011 el gobierno alemán de Ángela Merkel demolió la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, incineró sus restos y los arrojó al Báltico, para impedir que el enterramiento se convirtiera en un lugar de memoria y peregrinación neonazi. Al mismo tiempo, el Gobierno español anunciaba su pretensión de negociar el futuro del Valle de los Caídos con el Vaticano.

El nuevo gobierno ha anunciado la inminente exhumación y salida del Valle de los restos del dictador Francisco Franco. Por fin parece que las instituciones consideran necesario hacer frente y dar una solución a este legado indeseable. En el mismo origen de esta medida política, que se supone sacará  al dictador de su plácido mausoleo para alegría de todos y todas los demócratas,  está el esfuerzo reivindicativo y la lucha perseverante de algunas asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo.

La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera no es un asunto privado, que competa al ámbito familiar, sino un asunto de trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familias, los restos deben salir, y el Valle debe convertirse en un Memorial donde recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos. Además, el Estado pretende hacer una excepción con los restos de Primo de Rivera, cuando los miembros de la organización por él fundada fueron los ejecutores materiales de docenas de miles de crímenes.

El Valle de los Caídos ha sido hasta ahora la muestra más palpable de la connivencia del Estado español con la herencia del franquismo. El Gobierno español adjudicó el 18 de julio de 2013, el contrato para restaurar la basílica del Valle, después de la inversión en la reparación de las estatuas dañadas por el clima y los años, una inversión que podría suponer hasta 13 millones de Euros. Se escatima dinero para sanidad y educación, o para desenterrar a los miles de demócratas asesinados y sepultados en fosas clandestinas, pero no para restaurar el mausoleo del tirano. La excusa ha sido favorecer el Valle como atracción turística, aunque Patrimonio Nacional reconoce que el número de visitantes a Cuelgamuros se ha ido reduciendo de manera constante, mientras aumentan en el resto de monumentos gestionados por Patrimonio.

Además, buena parte de esas visitas al Valle están vinculadas a homenajes y actos fascistas. Hoy, cuando es palpable en todo el mundo el resurgir de la serpiente, el avance del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad, el Valle de los Caídos se ha convertido en un lugar de peregrinación del fascismo internacional. Hemos visto cómo el pasado 14 de julio se consentía que cientos de nostálgicos de la dictadura y sus crímenes se manifestasen con absoluta impunidad en Cuelgamuros, incumpliendo de modo flagrante el artículo 16 de la vigente Ley de Memoria Histórica.

Entre las reclamaciones sobre el Valle que las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo venimos planteando públicamente están:
·         La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera, y para ser entregados a sus familias.
·         La eliminación de cualquier símbolo de exaltación fascista en el Valle.
·         La basílica debe ser desacralizada, esto es, no debe consentirse ni por un día más que se emplee la religión para legitimar un lugar infame como ese, construido para dar sentido y legitimidad al golpe del 36, la guerra y la dictadura. La orden religiosa custodia del Valle debe ser disuelta o trasladada a otro lugar.
·         Es indispensable que se investigue y aclare el número y origen de los allí sepultados. Debe ser cuantificado e interpretado porque son la prueba de la guerra y señalan a sus responsables, pero también acreditan los crímenes y la represión consustanciales a la dictadura franquista.  No se trata de un problema de ubicación de huesos, sino de saber y de dar a conocer cómo se construyó aquel osario y cuál fue su origen. Los restos de los republicanos que fueron trasladados al Valle clandestinamente tienen que ser ineludiblemente devueltos a sus familias. Ni por un día más pueden seguir sirviendo como trofeo a su verdugo.
·         La gran cruz debe ser desmantelada; de ninguna forma puede consentirse que se siga alzando hacia el cielo ese símbolo de muerte y venganza. No es un símbolo del cristianismo sino de la complicidad de la Iglesia con el franquismo, y una amenaza permanente contra el conjunto de la sociedad.
·         El espacio del Valle, sus instalaciones y la Basílica han de ser íntegramente reconvertidos en un  centro Memorial dedicado a las víctimas del franquismo y los fascismo europeos, para solventar una deuda pendiente que tiene la democracia con quienes defendieron la legalidad republicana. De un lugar de exaltación fascista debe transformarse en un lugar de memoria democrático, como Auschwitz, la ESMA de Buenos Aires, o el Museo del Holocausto de Jerusalén; un lugar para homenajear y recordar a las víctimas, y no a los verdugos.
·         El futuro memorial del Valle debería dar un tratamiento preferente al recuerdo y homenaje a los presos políticos que construyeron el monumento como trabajadores forzados, con el fin de recuperar la memoria, en términos de  verdad, justicia y reparación, de los miles de republicanos presos que trabajaron para redimir penas en la construcción del monumento que Franco encargó en 1940 e inauguró en  1959, veinte años después de acabada la guerra.
·         Las empresas y grandes fortunas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de los esclavos del franquismo, deben ser investigadas y sus nombres publicados. Además de proveer un fondo para la reconversión del Valle, han de ser obligadas a pagar indemnizaciones a los supervivientes de esos trabajos  y a sus familias, tal y como hicieron el Estado, instituciones y empresas alemanas con los trabajadores que fueron deportados para sostener el esfuerzo de guerra nazi.
·         El Valle no puede seguir siendo publicitado por la propaganda turística de la Comunidad de Madrid, que actualmente, de forma indecente, lo sitúa como una parte de la llamada Ruta Imperial que une enclaves históricos; este simple hecho, esta consideración como «imperial» del monumento fascista, nos muestra la degradación y la insensiblidad de esos responsables políticos.

Sabemos que la impunidad premia el delito e incita a su repetición. Es necesario hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. Por higiene democrática y por respeto a la dignidad de las víctimas del franquismo, venimos urgiendo año tras año, a  las instituciones, y a todas las fuerzas políticas y sociales, para que tomen una decisión definitiva que ponga fin a esta situación.

El nuevo Gobierno debería abrir con urgencia un debate y un intercambio de opiniones con los colectivos defensores de la memoria histórica y de víctimas del franquismo representativos, para dar una solución definitiva y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros. Políticas de componendas y de gestos puntuales por muy simbólicos que puedan ser, resultarían políticamente rentables a corto plazo, pero perpetuarían la injusticia y sólo retrasarían la ineludible solución definitiva del problema.

Las futuras generaciones merecen que todas las instituciones se desliguen del pasado fascista representado por el monumento del Valle. Es necesario un verdadero estado democrático y de derecho, comprometido con los derechos humanos, y ello pasa inexorablemente por el desmantelamiento del sistema de impunidad del franquismo y de sus símbolos. Y Cuelgamuros es el más importante de ellos.


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jueves, 19 de julio de 2018

El callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”, por Francisco Espinosa Maestre


El callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”
Un repaso exhaustivo a la campaña de intoxicación contra la Cátedra de la Memoria Histórica
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE

La memoria no es un concepto universitario, abstracto o que esté sólo en los libros. La memoria transforma la dinámica de una sociedad. Cuando una sociedad tiene una memoria fresca es capaz de crear más, de jugar un mejor papel en el concierto de las naciones. La memoria es algo tan dinámico como la sangre que recorre el cuerpo. (Patricio Guzmán, Público, 09/09/2013).   

Objetivo 1º: Acabar con la Cátedra de la Memoria Histórica

La reciente disolución de la comisión encargada por el Ayuntamiento de Madrid para revisar el callejero franquista dos años después de su constitución incita a recordar su historia. La Cátedra Complutense de la Memoria Histórica del siglo XX, presidida por Mirta Núñez, iba a ser en principio la encargada del asunto, pero muy pronto quedó claro que la derecha no iba a permitirlo. En un espectáculo sin precedentes se inició una campaña de intoxicación que no cesó hasta que la Cátedra fue apartada. Recordemos algunos titulares: “La hija de la primera esposa de Fidel Castro asesora a Carmena en el cambio de calles franquistas” (Alfonso Basallo, Actuall, 24/12/2015), “La hija de Fidel Castro asesora a Carmena para quitar las calles franquistas” (Ignacio Crespí, Negocios.com, 24/12/2015), “La turbia trampa de Carmena para adjudicar el contrato de la Memoria Histórica a una hija de Fidel Castro” (Juan Velarde, Periodista Digital, 30/12/2015) o “Carmena pone a Madrid a la altura de una república bananera y… castrista” (Juan Velarde, Elblogoferoz, 05/02/2016).

Aquí todo valía para justificar “el sesgo marxista” de la Cátedra: el historiador Julio Aróstegui, su fundador (fallecido en 2013), quedó reducido a biógrafo de Largo Caballero, y de la Universidad Complutense, que amparaba a la Cátedra, como no podía ser de otra forma, se dijo que estaba en manos de “un hijo de Carrillo”, por más que José Carrillo Menéndez se hubiera limitado a dar continuidad a un proyecto de la época de Carlos Berzosa y que el rector desde mayo de 2015 fuera Carlos Andradas. La presidenta de la Cátedra, Mirta Núñez, era simplemente “la hija de Fidel” o, como alguno prefirió, la “vástaga del dictador caribeño”. Ella no era hija de Fidel, pero daba igual: la propaganda funcionaba. Tampoco existía contrato alguno entre el Ayuntamiento y la Cátedra, pero quedaba bien decir que el primero le había pagado 17.999 euros, y no 18.000, para evitar que el asunto saliera a concurso: “El Ayuntamiento de Madrid manipuló un contrato para otorgárselo a dedo a una cátedra dirigida por una hija de Fidel Castro para limpiar el callejero de la capital”, escribió Antonio Martín Beaumont en ESdiario.com el 12 de febrero de 2016.

El 6 de febrero de ese mismo año es el editorial de El País el que critica “la suma de despropósitos de manifiesta bisoñez” del Ayuntamiento. Para ver la implicación del diario entonces dirigido por Antonio Caño basta leer los artículos de Fran Serrato y Vicente G. Olaya. En ese momento se jalean dos cuestiones: la retirada y posterior recolocación de la placa que en el exterior del cementerio de Carabanchel Bajo recordaba a ocho carmelitas asesinados en 1936 y la lista con más de 256 nombres de calles a eliminar. Da igual que esta lista fuera ajena a la Cátedra y llevara en circulación desde 2004 en un blog particular o que, por más que el cementerio en cuestión fuera de la Iglesia, la placa fuera de titularidad municipal. El caso era armar ruido. Las dos víctimas de este acoso inicial son la Cátedra de la Memoria, que se aparta del proyecto desbordada por la dimensión de la campaña en febrero de 2016, y la concejala Celia Mayer, tocada por la placa de Carabanchel Bajo. De ese momento es la declaración de Esperanza Aguirre diciendo que Mirta Núñez, “hijastra de Fidel Castro”, no era “ni catedrática ni española o, por lo menos, no nacida en España”. O Aguirre ignora el significado de hijastra o algo peor. Por su parte Carmena, que descarga las responsabilidades en la Cátedra, “califica de disparate retirar nombres de intelectuales y asegura que no se cambiarán”. Nadie ha propuesto tal cosa, pero da igual. En ese momento, mientras los comunicados de la Cátedra pasan inadvertidos, el grupo municipal del PSOE propone crear “una comisión amplia de expertos”. La Universidad Complutense, mientras tanto, calla y mira para otro lado.

En febrero de 2016 El País sigue con su campaña. Ha llegado el momento de explotar los listados de nombres adjudicados sin razón a la Cátedra para ir llevando el agua a su molino. Desde el periódico de PRISA, Marcos Ordóñez escribe airado sobre la pretensión de eliminar las calles de Manolete y Bernabeu; Trapiello sobre lo que llama con su agudeza habitual “El potaje madrileño”; Jorge Martínez Reverte dice que “si alguien quiere mantenerla (la Cátedra), que lo haga”, pero que “de momento, bastaría que no informara más de historia”; Celeste López sale desde La Vanguardia en defensa de Dalí y Pla y su compañero de periódico Antoni Puigverd titula un artículo “¿Caza de brujas?”… Desde la Cátedra se afirma que no ha existido ni siquiera una propuesta de calles salvo una inicial de treinta que aún estaba en estudio. Pero nadie escucha ni tiene intención de hacerlo. Vicente G. Olaya titula una noticia “El listado de las calles franquistas dinamita la Cátedra de la Memoria Histórica”. A los nombres de Dalí y Pla se suman ahora Mihura y Manuel Machado como nuevas víctimas de la Cátedra “castrista”. Sobre la renuncia de la Cátedra no cabe olvidar la declaración del tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente, de Izquierda Unida: “Lo fundamental es que sea un proceso objetivo, riguroso y científico que asesore el proyecto de gobierno”. Como si el equipo de la Cátedra no garantizara ese proceso.

Andrés Gil, desde eldiario.es (11/02/2016), intenta poner un poco de orden en el asunto recordando algunas cuestiones básicas como la procedencia de la lista y el objetivo del que la creó, Antonio Ortiz, quien afirma simplemente que se trataba de personajes relacionados con el franquismo, lista que puso al servicio de la Cátedra para su estudio, no para que cayeran todos los allí inscritos. Pero una vez más daba igual. El País arrecia en su impresentable campaña. El 12 de febrero son Javier Rioyo con su “Cortar cabezas, cambiar calles”, donde alude a la “soberbia ideológica” de la “cátedra postcastrista”, y Antonio Elorza con “Calles, placas y títeres”, en que se refiere a “la extraña cátedra”. El 6 de marzo toca el turno a Javier Marías con un artículo titulado “No hay que imitarlos en nada”, donde se permite afirmar que Carmena “contrató y pagó a la Cátedra de la Memoria Histórica”, formada por historiadores “muy raros y dirigida por Mirta Núñez”. Los historiadores “raros” a los que alude –cómo no van a ser “raros” si no escriben en El País– son Sergio Gálvez, Alicia Alted, Manuel Álvaro, Antonio González Quintana, Rafael Rodríguez Tranche, Fernando Hernández Sánchez, Juan José del Águila, Julián Vadillo y Sandra Souto. Todos ellos profesionales (historiadores, archiveros o juristas) de probada solvencia especializados en República, golpe militar, guerra civil y dictadura. Marías, que se cree a pies juntillas lo de las 256 calles que han de caer, entona desde su púlpito dominical su lamento profundo por Dalí, Pla, Mihura, Poncela, Cunqueiro, Machado, Galdiano, Turina, Juan de la Cierva o Marquina, y denuncia el carácter “policial e inquisitorial” de la lista. Pone el broche final El País de 28 de marzo con un nuevo editorial titulado “Acabar con el rencor” donde ya se pone nombre a quien debe dirigir la nueva comisión: Francisca Sauquillo. Fin de la campaña. Objetivo conseguido.

Unos días después, el 3 de abril de 2016, El País entrevista a su candidata triunfante. A la pregunta de Juan Cruz sobre si “acabará alguna vez esa dinámica izquierda-derecha, vencedores-vencidos, que nos marca”, Sauquillo responde: “Es lo que pretendo aquí. Hay que contar que, en efecto, unos ganaron y que la dictadura reprimió 40 años. ¡Pero hubo otros 40 en paz! Hay que contarlo también”.  El 12 de ese mismo mes la entrevista Raquel Ejerique para eldiario.es y ahí Sauquillo afirma: “No soy partidaria de tirar todos los vestigios franquistas, no tiro nada ni en mi casa” o que “si la aplicación de esta ley se plantease como revanchismo, entonces no quiere estar en la comisión”. Y cuando le pregunta si hay que quitar la placa de Caídos de la División Azul replica: “Es que los caídos existieron, habrá que explicarlo y poner otras placas que homenajeen a otras personas…”. Sobre si la comisión será política responde tranquilamente que “será de expertos”, de “profesionales” y “personas competentes”. Nada de política…

Sauquillo estaba convencida de que en un año estaría todo resuelto. En esa misma entrevista comenta que tanto a ella como a Manuela Carmena les parecía bien la genial propuesta de Esperanza Aguirre de cambiar el nombre del Arco de la Victoria de Moncloa por el de Arco de la Concordia. No aclara qué pensaban hacer con la inscripción latina plena de concordia que muestra la cara norte del arco, en la que se lee: “A las armas aquí vencedoras, la inteligencia igualmente vencedora da, ofrece y dedica este monumento. 1936-1939”. Igual la dejan: ¿no fueron los vencedores acaso? Y concluía: “Desde luego no pienso tirar ese arco, no soy una talibana”. A fines de abril Trapiello, primer fichaje de la comisión a propuesta de Ciudadanos, es entrevistado por El Español. Afirma que tiene más fe en la literatura que en la historia, lo cual no es de extrañar, y concreta su humilde misión: “Creo que todos estamos dispuestos a forjar el relato común que tanta falta nos hace. Eso sí, no sé si luego nos respetarán”. Ya para entonces Trapiello tenía demostrada su obsesión por el pasado asesino de las víctimas del fascismo español.

Objetivo 2º: Dejar todo en manos de una comisión de notables-expertos-competentes

El editorial de El País de 28 de mayo de 2016, titulado “Ganemos se encona”, va contra la plataforma Ganemos Madrid, que apoyó la candidatura de Manuela Carmena, por sus críticas a la comisión. Ahí se lee, entre cánticos a “los magníficos profesionales” que la integran, que “Ganemos explota así una guerra cultural que busca alimentarse de viejos rencores del pasado”. Este editorial podría haber sido firmado sin problema por ABC, La Razón o El Mundo. Para el editorialista de El País todo lo que vaya contra Carmena y su comisión va contra Madrid. Nuevamente aparece Reverte con el artículo “Memoria iletrada” (30/05/2016) en el que lamenta el rechazo producido por la elección de Trapiello o Álvarez Junco. Fiel a la línea del periódico que lo acoge critica los “disparates” de Ahora Madrid sacando a relucir una vez más la placa de los carmelitas. “Mientras tanto –afirma con rotundidad– podemos dar aliento al trabajo de Trapiello y Álvarez Junco. Ojalá todas las comisiones estuvieran montadas con gente de este nivel”. Solo le falta añadir que de esta forma todas serían del agrado de El País y del grupo PRISA. En este contexto aparece Antonio Muñoz Molina el 17 de junio de 2016 haciendo una loa del Elogio del olvido de David Rieff, uno de los pilares de la negación de la memoria tanto personal como colectiva, que apuesta por “cierto grado de olvido”. En la presentación del libro en Madrid destacarán Juan Cruz, Álvarez Junco y José María Ridao. Se define la obra de Rieff como “un alegato contra el militante furor por el pasado”, lo cual explica la cariñosa acogida que le brinda el diario oficial del “régimen del 78”.

La primera propuesta de la comisión, de julio de 2016, busca cambiar el nombre de 27 calles. El concejal de Izquierda Unida Mauricio Valiente, a cuya tenencia de alcaldía estaba adscrita la comisión, se reafirma en que el proceso debe llevarse a cabo de forma “objetiva, rigurosa y científica”. Desde El País, de nuevo Juan Cruz apoya las decisiones de la comisión. Sus componentes son Francisca Sauquillo (abogada) y José Álvarez Junco (historiador) como presidenta y vicepresidente respectivamente, asesorados por Txema Urkijo, y el escritor Andrés Trapiello (por Ciudadanos), el historiador Octavio Ruiz Manjón (por el PP), la arquitecta Teresa Arenillas, la catedrática de Filosofía Amelia Valcárcel y el sacerdote Santos Uría, estos tres últimos elegidos por la propia Sauquillo con ciertos matices en el último caso. Todos ellos firman en dicho periódico “Una medida pedagógica”, un artículo que defiende la eliminación de calles de participantes en la rebelión militar y de altos cargos del régimen. Añaden que, aunque no fuera esa su misión, también propondrán nuevos nombres que aludan a “ideales abstractos”, a personas de izquierdas conocidos “por su espíritu apaciguador”, a militares (“un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX”) y a asociaciones como la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cabrán ahí, con ese criterio, Manuel Azaña y Juan Negrín?

Luego el tiempo pasó y casi sin darse cuenta la comisión se percató de que el año que se dio de plazo se había duplicado y también de que, pese a su primorosa, objetiva y virtuosa ecuanimidad, de las 27 calles, que luego pasaron a ser 52, 51 fueron impugnadas ante la justicia por la Fundación Nacional Francisco Franco. Los recursos contencioso-administrativos afectaban a calles como Caídos de la División Azul, Hermanos García Noblejas, Millán Astray, El Algabeño, Asensio Cabanillas, García Escámez o una glorieta de Aravaca. Uno de los recursos cuestionaba todo el listado. En el caso de la calle Comandante Zorita los “expertos” propusieron cambiarle el nombre por el de Aviador Zorita, siguiendo el truco ya conocido en Andalucía en casos como el de la plaza Aviador Ruiz de Alda o la calle del Poeta Pemán. De nuevo en El Español (18/03/2018) Trapiello se jactaba ahora de que “con la mayor sensatez” habían aplicado una ley de memoria histórica “con la que algunos no estábamos muy de acuerdo”, pero “conscientes de que otros podían aplicarla peor”. Por si hubiera alguna duda al final denunciaba a los enemigos: “Podemos es peor que el Partido Comunista”.

Para mayo de 2018 las críticas eran ya muy duras. Luis Suárez, de La Comuna, escribió un artículo bajo el título “Artefacto para la negación histórica del Ayuntamiento de Madrid. Un epitafio” en el que acusaba a la comisión de haber incurrido en relativismo ético, intoxicación de los hechos y ocultación de los valores democráticos. Recordaba también que tanto Trapiello como Ruiz Manjón habían aparecido como firmantes del llamado “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, de marzo de 2018, al que merece la pena asomarse un momento para echar un vistazo tanto al contenido como a los firmantes. No obstante, el momento cumbre del desvarío de la comisión se produjo en esos días con motivo del tipo de memorial que debía colocarse en el Cementerio de la Almudena. Un equipo de historiadores, coordinado por Fernando Hernández Holgado, había completado la lista de víctimas de la represión franquista realizada por Mirta Núñez y Antonio Rojas en los años noventa y alcanzado casi tres mil nombres. Pero desde la comisión se rechazó dicha lista por contener casos de “chequistas” implicados en “el terror rojo”. La comisión era partidaria de que no constara ningún nombre y, en salomónica decisión, de colocar no uno sino dos memoriales, uno a las víctimas del período 1936-1939 y otro a las del ciclo 1939-1944.

El 15 de junio Isabel García, desde Público, nos contaba que la comisión había sido disuelta por decisión municipal y que Carmena apoyaba que los nombres de las víctimas aparecieran en el monumento. Mientras tanto Sauquillo negaba que el fin de la comisión tuviera que ver con discrepancias con el Ayuntamiento y se mostraba molesta con las críticas recibidas por el asunto del memorial. Y Mauricio Valiente, el que otrora depositara tanta fe en la comisión, se oponía ahora a la idea de colocar dos memoriales, que por cierto era lo que casualmente quería el PP. Las palabras finales de Carmena a la comisión, “habéis ayudado muchísimo a que pudiéramos realizar nuestro cometido…”, sonaban huecas. La comisión, finalmente, desaparecía en medio de la controversia y con la propuesta del cambio de calles en los tribunales. Ahora el asunto pasaría a la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento, cuyo responsable no es otro que Mauricio Valiente. Volvemos al principio.

En el ABC del día 16 de junio, Adrián Delgado nos recuerda las “caras largas y el tono seco” de la última función de la comisión tras dos meses de mal ambiente por el asunto del memorial. El diario monarco-lo-que-haga-falta se jactaba de haber sido el que denunció a los 345 “chequistas” de la lista de víctimas. No hay nada como la Causa General para buscar chequistas y “rojos”. Están a la vista de todos por Internet. Si intentan acceder por ahí mismo a la documentación judicial militar que nos ofrece los nombres de los militares, paramilitares, curas, guardias civiles, abogados, falangistas, requetés, fuerzas vivas en general y fascistas corrientes que dieron cuerpo a la represión, ya verán lo que encuentran. Según ABC con la disolución de la comisión se ha intentado evitar “el ridículo fracaso” que esto hubiera supuesto para Ahora Madrid y para el PSOE. Nos quedamos con dos frases finales. Una del portavoz municipal del PP  José Luis Martínez Almeida: “Se confirma lo que dijimos: era una coartada para que la izquierda radical y sectaria pudiera hacer una lectura interesada de la Historia”; y otra del “experto” Trapiello: “Es absolutamente vergonzoso. Me siento utilizado. Han hecho oídos sordos a todas nuestras recomendaciones”. Para el ABC está claro: Carmena ha cedido ante “el ala más radical” de Ahora Madrid, lo que significa simplemente que la alcaldesa, por el motivo que fuera, ha decidido en esta ocasión no actuar al gusto del centro-derecha. Cosas de la política.

El domingo 17 de junio Carmen Pérez-Lanzac recuerda desde El País las circunstancias que dieron lugar a la creación del comité de “expertos”, aunque olvida el papel jugado por su periódico, del que nos quedamos sin saber qué piensa del triste final de la comisión que tanto les debe. Recuerda que a Sauquillo la propuso el PSOE. “Sabíamos que buscaría el consenso”, comentó la portavoz municipal de dicho partido Purificación Causapié. Y si Trapiello vino por Ciudadanos y Ruiz Manjón por el PP, luego Sauquillo eligió a los demás, si bien en el nombramiento de Urías parece que tuvo alguna intervención el arzobispo de Madrid, a instancia tanto de Sauquillo como de Carmena, con la misión de “evaluar la represión del clero durante la guerra civil” (Pedro Ontoso, elcorreo.com, 01/06/2016). Por esta regla de tres en la comisión también deberían haber estado representantes de otros colectivos afectados.

Por cada una de las veinticinco reuniones al completo que han celebrado en estos dos años cobraron 300 euros cada uno y como fueron ocho contando al asesor... Algunos de ellos amenazaron con dimitir si no se eliminaban una serie de nombres de la lista de víctimas del fascismo. ¿Cabe imaginar qué pasaría si alguien propusiera que de los memoriales de víctimas del “terror rojo” desapareciesen aquellos nombres de individuos que coadyuvaron de algún modo al golpe militar del 18 de julio de 1936? ¿Imaginan los titulares de la mayor parte de la prensa? Como la alcaldesa Carmena es partidaria ahora de que los nombres sean visibles, Causapié opina que “en este asunto no podemos ser equidistantes”. Y esto lo piensan dos años después del nombramiento de ese canto a la equidistancia que fue la comisión.

Reflexiones finales

Lo mejor del caso es que, dé o no la justicia la razón a la fundación del dictador, el Ayuntamiento podría cambiar los nombres de las calles que quisiera dejando a un lado la innombrable ley de Zapatero y acogiéndose simplemente a las ordenanzas municipales, ante las cuales no cabe denuncia alguna. ¿A qué ha venido pues tanto tiempo y dinero perdidos? Y en definitiva, ¿a qué la “comisión”? El informe final de la comisión publicado por el Ayuntamiento prueba la falta de norte en que se han movido durante dos años. Por otra parte cabe plantear que la permanencia del fascismo en los nombres de las calles no es más que uno de los flecos del gran problema no resuelto: la falta de definición del régimen que se instaló por la violencia en España a partir de 1936, se mantuvo cuatro décadas en el poder y controló finalmente el proceso que condujo de la dictadura a la democracia. No en vano el político franquista Fernando Suárez puso el dedo en la llaga cuando recientemente declaró que “Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona” (El Mundo, 24/02/2018). La Corona y muchas otras cosas.

Se podrán cambiar algunas calles, abrir fosas, sacar a Franco de su megalómano mausoleo e incluso ilegalizar la fundación que lleva su nombre, todo lo cual sería importante, pero nada de esto solucionará el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de que la verdad histórica que tan laboriosamente ha ido estableciéndose durante los últimos cuarenta años sea acompañada de la verdad jurídica que defina el ciclo abierto en 1936 y cerrado en 1978 como lo que realmente fue. El intento del juez Baltasar Garzón ya sabemos cómo acabó. En este sentido la historia del “comisionado” forma parte de la política entendida como farsa. ¿Qué podía esperarse de un grupo de “expertos” entre los que había algunos que negaban el propio concepto de memoria histórica? ¿Qué esperar de un Álvarez Junco ya conocido por su papel en aquella otra comisión encargada de elaborar una supuesta “ley de memoria” o de un enemigo declarado de la Historia y la Memoria como Trapiello? Ignoro qué se tuvo en cuenta en los demás casos para ponerlos al frente de una cuestión tan manifiestamente política e histórica como la revisión del callejero. Parece que el Ayuntamiento de Madrid, que no estaba dispuesto a cargar con el desgaste que le hubiera supuesto afrontarla, decidió desviar el asunto a un comité del agrado del bloque PSOE-PP, lo cual no deja de llamar la atención si pensamos que el grupo que impulsó la candidatura de Carmena a la alcaldía, Ahora Madrid, estaba formado por Podemos, Ganemos Madrid, Izquierda Unida y Equo. 

Tampoco hay que olvidar el papel de la prensa, que nos permitió asistir en primera fila a una de las más repulsivas campañas de intoxicación de estos años en medio de la impunidad más absoluta. La prensa de papel al completo, situada entre la derecha y la extrema derecha, está al servicio permanente de intereses políticos y económicos. En esta tarea vale todo; no hay límite. Por seguir siendo el diario de más circulación conviene destacar la actuación de El País y su “fiel infantería”, que igual sirven para un roto que para un descosido.

Finalmente la solución al problema antes comentado de la indefinición del que durante tanto tiempo se denominó “el régimen anterior” solo vendrá de la definitiva apertura de los archivos de la represión (civiles, militares y eclesiásticos), que deberían abrirse en su totalidad con el único límite de la normativa legal. Los documentos ocultos relativos al ciclo 1931-1978 son muchos más que los “10.000” anunciados por la ministra Carme Chacón hace unos años en una supuesta desclasificación que nunca tuvo lugar. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo secretos? Carece de sentido no tener en cuenta lo que el Estado fascista hizo por las víctimas de la violencia en zona republicana desde el mismo año 1936 y, sobre todo, a partir de 1939 y hasta el final de la dictadura. Hay toda una sección del Archivo Histórico Nacional dedicada a ellas. Es tiempo de acabar con este agravio comparativo. Solo cuando la investigación histórica pueda ofrecer la realidad más completa posible de aquella etapa, España estará en condiciones de mirar el pasado y afrontar el futuro.

AUTOR
Francisco Espinosa Maestre
http://ctxt.es/es/20180711/Firmas/20684/Madrid-callejero-memoria-historica-ley-cambios-prensa.htm

domingo, 24 de junio de 2018

Intervención en la fosa común del cementerio de Torrelaguna, 22 de Junio de 20018





Intervención en la fosa común del cementerio de Torrelaguna
22 de Junio de 20018


Compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas:

Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigirme hoy a vosotras y a vosotros en este acto, en nombre del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Quiero asimismo transmitiros el saludo de los compañeros de los diferentes Foros federados en la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que a lo largo del año, participamos en actos similares a éste en los numerosos lugares de enterramientos de demócratas antifascistas, existentes en todo el Estado español.

Con este acto en la fosa común de Torrelaguna, queremos recordar a todas y todos nuestros compañeros y camaradas asesinados en tapias, cunetas y cementerios. Pretendemos la preservación en la memoria colectiva de las causas y el sentido de su sacrificio, y reivindicar que estos actos no pueden ni deben seguir siendo iniciativas de asociaciones y organizaciones particulares, sino de las instituciones, y deben contar con la participación de cargos públicos de todas aquellas organizaciones políticas que se reclaman como demócratas.



Hoy recordamos aquí, delante de las listas con los nombres de nuestros compañeros fusilados, que fueron asesinados tras unas sentencias ilegales, emitidas por unos tribunales ilegítimos, conforme a unas leyes creadas por instituciones impuestas por la fuerza, usurpadoras de la soberanía nacional. Las supuestas “pruebas” que pretendían justificar los crímenes se consiguieron mediante delaciones y torturas. Nuestros camaradas no tuvieron  en aquellos consejos de guerra la menor posibilidad de una defensa legal que mereciese tal nombre.

A pesar de ello, a día de hoy, las sentencias franquistas siguen siendo firmes y legales. Por tanto, la anulación de todas y cada una de las sentencias represivas del franquismo, es una exigencia innegociable del movimiento de la Memoria Histórica y debería serlo de todos los que se proclaman demócratas.

Es habitual escuchar que la gente que nos dedicamos a la memoria histórica, cuando exhumamos restos de las fosas comunes, lo hacemos con el fin de recuperar  la dignidad de los cadáveres desenterrados. Es una gran mentira: lo hacemos porque eran nuestras compañeras y nuestros compañeros, nuestros camaradas, y porque creemos que tenemos una obligación personal, ética y política hacia ellos, que lo perdieron todo por haberse atrevido a soñar con un mundo mejor para sus hijas e hijos. No recuperamos su dignidad porque nunca la perdieron, quien carece de dignidad es este país, que consiente que sus mejores hijos permanezcan en fosas comunes clandestinas; que permite que las sentencias franquistas sigan siendo legales; que mira hacia otro lado cuando denunciamos la pervivencia de calles y monumentos dedicados a los verdugos.

Quizás algunas gentes os digan que venir aquí cada año no tiene ningún sentido, que esto son historias pasadas. Tened presente que esas gentes o son  por desgracia, unos ignorantes, o peor aún, son personas interesadas y mienten a sabiendas.

También hay quien pretende que estos actos sean meramente conmemorativos, actos de duelo que impliquen únicamente a los familiares, que no aparezcan los símbolos ni se señalen las ideas por las que nuestros compañeros y compañeras dieron sus vidas. Dice el filósofo Reyes Mate: “La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada”.

Debemos  ser conscientes de la importancia de actos como el que estamos haciendo hoy: en la lucha por la democracia, contra el fascismo que avanza en Europa, para la recuperación de los derechos civiles y sociales que nos han arrebatado, es un elemento esencial la creación y mantenimiento de lugares de memoria, al igual que la continuidad en el tiempo de actos conmemorativos de la lucha por la democracia y contra el fascismo. No por nostalgia, sino para recuperar y reivindicar los valores, las ideas y los principios con los que nuestros compañeros y compañeras combatieron al fascismo. Es lo que llamamos recuperar el hilo rojo de la memoria y de la historia, para reconstruir la línea de continuidad de las luchas por la libertad, la justicia y la igualdad que llevaron a cabo los que nos precedieron.

Quiero finalizar leyendo un poema de Pablo Neruda, de su Canto General, que se titula


SIEMPRE
Aunque los pasos toquen mil años este sitio,
no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.

Y no se extinguirá la hora en que caísteis
aunque miles de voces crucen este silencio.
La lluvia empapará las piedras de la plaza,
pero no apagará vuestros nombres de fuego.

Mil noches caerán con sus alas oscuras,
sin destruir el día que esperan estos muertos.

El día que esperamos a lo largo del mundo
tantos hombres, el día final del sufrimiento.

Un día de justicia conquistada en la lucha,
y vosotros, hermanos caídos en silencio,
estaréis con nosotros en ese vasto día de la lucha final,

en ese día inmenso.

Salud y Memoria. No pasarán.

sábado, 9 de junio de 2018

Lo que España puede aprender de Argentina en políticas de memoria, por José A.Cano


José A.Cano. El Salto, 08-06-2018
  

Lo que España puede aprender de Argentina en políticas de memoria

¿Por qué en Argentina hay museos de la memoria y monumentales espacios de homenaje a las víctimas de la última dictadura y en España las únicas víctimas reconocidas son las de ETA? ¿Por qué en Argentina han sido enjuiciados y condenados muchos de los mayores responsables de la desaparición de miles de personas y en España sigue vigente la Ley de Amnistía?´

JOSE A. CANO @INFAMIAOK

El Parque de la Memoria de Buenos Aires se encuentra a pocos minutos del Monumental, el estadio de River Plate, y si a uno le da por visitarlo en el verano porteño lo normal es que muera de humedad. Más allá de las esculturas de diferentes artistas contemporáneos argentinos, un centro de interpretación y otro de exposiciones temporales, el monumento principal del parque son las cuatro estelas de hormigón en la que figuran, ordenados por año y alfabéticamente, los nombres de 8.8717 desparecidos (una tercera parte de los 30.000 desaparecidos que reclaman las organizaciones de derechos humanos argentina): 7.664 durante la dictadura militar de 1976-1983, el resto repartidos entre los cuatro gobiernos peronistas y los gobiernos militares del periodo 1969-1973.

El pasado abril el ahora ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó Argentina y fue acompañado por el presidente de la República, Mauricio Macri, en un recorrido por dicho parque. Rajoy firmó en el libro de honor, escribiendo: “Mi testimonio de admiración y reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. En la rueda de prensa posterior un periodista le espetaba la pregunta inevitable, que cualquier defensor de la memoria histórica se estaría haciendo contemplando aquél momento: “Presidente, ¿va a hacer algo con los crímenes del franquismo?”.

¿Qué tiene Argentina que no tenga España para ser capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático?

¿Qué tiene Argentina que no tenga España para ser capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático? ¿Qué lleva a que Rajoy se arriesgue a quedar en evidencia visitando un monumento que no tiene equivalente en España mientras al otro lado del Atlántico el mausoleo del Valle de los Caídos permanece como parte del Patrimonio Nacional con idéntico tratamiento al de El Escorial o el Palacio Real de Madrid?

Para Amy Rice, hasta este marzo representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio Memoria, se trata de “contexto y el consenso social” como la fuente de las diferencias de Argentina respecto a otros países. Como ejemplos más palpables, la movilización anual de cada 24 de marzo, aniversario del golpe y Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, que en 2017 el presidente Macri intentó convertir en “feriado movible”, teniendo que recular ante el rechazo social. Aún más evidente, la marcha atrás y el consenso de los partidos alrededor del polémico “2x1”, un fallo de la Corte Suprema que permitía reducir condena a los represores de la Dictadura encarcelados, y que apenas se aplicó después de las manifestaciones del año pasado.

La antigua Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) es otro de los símbolos tanto de la Dictadura cívico-militar —autodenominado Proceso de Reorganización Nacional—. En el centro de detención y tortura ilegal del que partieron gran parte de los llamados “vuelos de la muerte”, actualmente funciona el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Se encuentra a apenas media hora caminando del Parque de la Memoria. En 2016 el centro presentó su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

“La gran diferencia con España es la naturalización del Franquismo” que se ha traducido en “una cultura de la impunidad tan arraigada que no escandalizan tantas anomalías democráticas”

Desde España nos atendió Manuela Bergerot, especialista en Políticas de Memoria Democrática, nacida en Argentina pero criada desde los dos años en España al tener que huir sus padres de la dictadura y que ha investigado las similitudes y diferencias entre el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina y el Centro Documental de la Memoria Histórica de España. Sostiene que “la gran diferencia con España es la naturalización del Franquismo” que se ha traducido en “una cultura de la impunidad tan arraigada que no escandalizan tantas anomalías democráticas”.

Y lo desarrolla: “Franco no perdió, no hubo depuración en los órganos represivos de la dictadura, sigue vigente la Ley de Amnistía y el derecho cívico a la Memoria en España ha sido reducido al plano de la intimidad, eximiendo a la Administración de cualquier responsabilidad. Al contrario que Macri, “el Gobierno puede estrangular económicamente la ley de Memoria porque han construido simbólicamente la democracia sobre el hito fundacional de la Transición que conllevó un pacto de silencio”. El miedo “atravesó a varias generaciones, logrando una desideologización política de la sociedad española”.

Para Rice “el caso argentino es muy diferente por lo que la dictadura significó en término de resistencia y organización ya durante la misma. El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo o el de familiares de desaparecidos se dieron en plena dictadura, y se exigió la aparición con vida y la no impunidad”. Por ello “no es lo mismo pensar un espacio de Memoria y derechos humanos cuando los genocidas que cometieron los delitos en estos lugares están en la calle, que cuando no lo están porque hubo juicios, porque el Estado, desde la instancia judicial, reconoció que se cometieron delitos y llevo adelante condenas en ese sentido”.
“El pueblo argentino sabe que hubo un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria recogiendo las demandas de las víctimas y eso hay que defenderlo”

Bergerot opina que es “es a la inversa: la movilización social es el resultado de las políticas de memoria. Hay una construcción de una cultura de los derechos humanos que es irreversible, el pueblo argentino sabe que hubo un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria recogiendo las demandas de las víctimas y eso hay que defenderlo”.

Para la hispano-argentina la diferencia es que en nuestro país “las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura no han sido reconocidas como tal, porque la derecha desde la Transición se apropió del significado de víctima. Solo la de ETA es la víctima ‘válida’, la que ha sido reconocida y reparada institucionalmente. En cambio a las víctimas del Franquismo se les niegan derechos fundamentales, que sumado a una administración que ha relegado la memoria al espacio privado, lo saca de la esfera pública”.
Así, en Argentina, recuerda Rice, “esto no quiere decir que no haya voces que discutan, por ejemplo, el número de desaparecidos”, la cuestión es que “nadie discute el hecho de que hubiese desaparecidos”, ni siquiera los altos funcionarios del Gobierno de Macri. Mientras, en España, Bergerot señala a los partidos y sindicatos de izquierdas, ya que “cada uno tiene su grado de responsabilidad en que hoy todavía por ejemplo haya 114.226 personas en fosas comunes. Han tenido muchas oportunidades siendo Gobierno de implementar políticas públicas de Estado, casos concretos como la desclasificación de fondos documentales de archivos públicos o la derogación de la Ley de Amnistía”.

En Argentina el rechazo a la dictadura “es de los temas que ha logrado mayor consenso social. Si la Corte Suprema declaró en 2001 la inconstitucionalidad de los indultos y de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue porque había consenso social”, apunta Rice. La idea de que existió el terrorismo de Estado “tiene respaldo judicial, no solo en Argentina, sino tribunales internacionales o de España, Francia o Italia”.
En España, concluye Bergerot “las políticas públicas de memoria deben trascender los homenajes como máxima expresión”. Los partidos de izquierdas “tienen la responsabilidad de recoger esos valores y superarlos. De reparar primero a sus antecesores”, como la anulación sentencias franquistas, reparaciones económicas… “y trascender esos valores, para construir el futuro por el que los antepasados hubieran luchado”.

Porque, en última instancia, la pregunta que podría sobrevolar este texto es: ¿un presidente de cualquier partido de izquierdas español habría podido responder mejor que Rajoy a la pregunta en el Parque de la Memoria?

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/lo-que-espana-puede-aprender-de-argentina-en-politicas-de-memoria

viernes, 18 de mayo de 2018

Intervención en el 8º Aniversario de la Ronda de Sol



Intervención en el 8º Aniversario de la Ronda de Sol
17/05/2018


(intervención desde el minuto 4:20)


Estimados amigos y amigas, compañeras, compañeros y camaradas:

Es un honor dirigirme a vosotros en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, porque la Ronda de Sol es, desde hace años, un referente para todo el Movimiento Social para la recuperación de la Memoria Histórica.

Últimamente, cada día nos despertamos con la noticia de la retirada de las placas de nombre franquista de las calles de Madrid. Pero no olvidemos que se van a cambiar unas 47, a pesar de que el listado que hemos elaborado las asociaciones de memoria, vecinales, etc...  señalaba 130. La retirada de todas y cada una de las restantes es una tarea que nos queda, al parecer, para la próxima legislatura municipal. Están dándose además problemas legales y judiciales, ya que se hizo caso omiso a nuestra sugerencia de que se utilizasen las Ordenanzas Municipales sobre callejero en vez de la negativa Ley de Memoria. Debemos también felicitar a nuestros compañeros abogados, que en representación de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo y de la Federación Estatal de Foros Memoria, se están oponiendo en los juzgados a las pretensiones de la Fundación Francisco Franco.

El pasado viernes muchos de los presentes asistimos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho, en Carabanchel. Es innecesario glosar aquí la figura del compañero Marcelino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente. Pero sí voy a llamar la atención sobre algo que parece que se está olvidando: que el anterior nombre de la calle era Avenida de Muñoz Grandes y lo del viernes pasado en Carabanchel constituyó un acto de higiene democrática, al desaparecer la infamia que suponía que Madrid honrase el nombre de un general  golpista, quien luego combatió contra los aliados a las órdenes de Adolfo Hitler.

El cambio de calles hay que agradecérselo, en primer lugar, a la implicación y el compromiso de determinados responsables políticos de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, al enorme esfuerzo y a la perseverancia de algunas  organizaciones madrileñas de memoria histórica. No buscamos ningún reconocimiento, pero estamos detrás de cada tornillo que está cayendo estos días al suelo cuando los operarios municipales quitan las placas de Yagüe, Moscardó o Arriba España.

En un reciente comunicado conjunto de diversas organizaciones, ante la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid de que en el futuro Memorial previsto en el Cementerio del Este no aparezcan los nombres de las personas que fueron asesinadas junto a esos muros, hemos exigido al Ayuntamiento el mantenimiento de los compromisos adquiridos con los colectivos de memoria histórica y con las familias de las víctimas del franquismo, es decir,  la realización de un Memorial donde se visibilicen los nombres de todos aquellos y aquellas que fueron allí asesinados por su defensa de la legalidad democrática.

No estamos dispuestos/as a consentir que se vuelva a juzgar y a condenar a nuestros compañeros y compañeras, perseverando así en la falsificación histórica construida por el franquismo, y legitimando acusaciones sustentadas en “pruebas” obtenidas en situación de absoluta indefensión  y mediante la tortura. Sería inconcebible que el Ayuntamiento de Madrid asumiese propuestas que sólo pretenden falsificar la historia y hacer irreversible la impunidad de los crímenes franquistas.

El Comisionado propone también un segundo memorial dedicado a las “víctimas de la violencia en Madrid entre 1936-1939”. ¡¡Como si en 80 años el trato dado por las instituciones a todos los colectivos de víctimas hubiera sido igual de justo y equitativo!!  A la espera de más ocurrencias, no sería de extrañar que el Comisionado propusiera un nuevo reparto de estancos, despachos de quinielas y loterías, o concesiones de gasolineras, para los hijos de “caidospordiosyporespaña”.

Ha quedado demostrado que teníamos la razón hace tres años, cuando decíamos que era un gravísimo error la constitución del llamado Comisionado de Memoria Histórica. Exigimos al Ayuntamiento de Madrid su inmediata disolución, por ser éste manifiestamente incompatible con las actuaciones para la recuperación de la memoria democrática en la ciudad de Madrid, y con el respeto a los derechos de las víctimas, tal y como explicitan los organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo nos parece inaceptable que el Comisionado siga suponiendo un importante coste a las arcas municipales, cuando los plazos de actuación y las funciones previstas de dicho órgano finalizaron hace tiempo. Hacemos además un llamamiento a las personas de talante democrático que forman parte de él, para que, por ética y dignidad, presenten la dimisión inmediata e irrevocable.

Nada más, compañeras y compañeros. Feliz octavo “cumpleaños” de la Ronda de Sol. Espero que no tengáis que invitarnos a más aniversarios, porque el año próximo por estas fechas hayamos alcanzado todos nuestros objetivos de manera más que satisfactoria. De momento, seguimos trabajando junto a vosotras y a vosotros, en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos, en favor de una Ley Integral de Víctimas del franquismo.

¡¡ Viva la Ronda de Sol; Viva la Memoria Antifascista !!

jueves, 10 de mayo de 2018

Mañana asistiremos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho



Mañana asistiremos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho, en Carabanchel (Madrid). No voy a glosar aquí la figura por todos conocida del compañero Marcelino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente.

Pero sí voy a llamar la atención sobre algo que parece que se está olvidando: que el anterior nombre de la calle era Avenida de Muñoz Grandes y mañana, en un acto de higiene democrática, desaparecerá la infamia de que Madrid honre el nombre de un general, primero golpista, y después al mando de una unidad que combatió a los aliados a las órdenes de Adolfo Hitler.

Hay que agradecérselo, en primer lugar, a la implicación y el compromiso de determinados responsables políticos de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, al enorme esfuerzo y a la perseverancia de las organizaciones madrileñas de memoria histórica, y muy especialmente de mis compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, siempre en la vanguardia de esta pelea (y de otras muchas), incluso jugándose la integridad física (y ya saben ellos/as a lo que me refiero).

Mis compañeras y mis camaradas no han pretendido nunca ningún reconocimiento, pero están detrás de cada tornillo que está cayendo estos días al suelo cuando los operarios municipales quitan las placas de Yagüe, Moscardó o Arriba España.

No dudo que el compañero Marcelino hubiera acabado teniendo una calle importante en Madrid, muy pocas personas en este país lo merecen tanto como él. Pero debería tenerse en cuenta quiénes han apostado más fuerte, y desde hace más tiempo, para que finalmente le hayan dedicado una avenida en el centro de su barrio, sustituyendo su nombre al de un criminal de guerra. Porque sin ese enorme y prolongado trabajo reivindicativo, Marcelino Camacho hubiera dado nombre a una rotonda o a una avenida solitaria al final del PAU de Carabanchel.

martes, 8 de mayo de 2018

Intervención en el Campo de Concentración de Ebensee


Intervención en el Campo de Concentración de Ebensee (Subcampo de Mauthausen)

5 de mayo de 2018.


Queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros. Camaradas.

Es para mí un inmenso honor y un privilegio tener la oportunidad de dirigirme hoy aquí a vosotros, en nombre del  Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo. Esta confluencia está conformada por más de 80 organizaciones, entre ellas la Federación Estatal de Foros por la Memoria, a la que pertenezco.

La propuesta central  del Encuentro de colectivos es la exigencia de una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que reconozca a éstas los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tal y como son definidos por los organismos internacionales de derechos humanos para las víctimas de graves violaciones de derechos. 

Dentro de las víctimas españolas de los fascismos, tienen especial relevancia las víctimas de la deportación y del sistema concentracionario nacional-socialista. Una de las exigencias fundamentales del Encuentro de Asociaciones es el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, y en consecuencia, la plena asunción de responsabilidades por parte del Estado español por su papel en la deportación, en la negación a los exiliados republicanos de la ciudadanía española, y finalmente en la entrega de miles de estos a los nazis.

Exigimos asimismo del actual jefe del Estado una petición pública de perdón, tal y como han hecho otros gobernantes europeos por el papel de sus respectivos países en la deportación y en la entrega de trabajadores forzados a la Alemania nazi.

No olvidemos que en 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas definió  a la dictadura de Franco como “un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.  Asimismo, lo condenó porque “Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente en el transcurso de la guerra mundial formaron el conjunto de las Naciones Unidas”.

Constatamos con preocupación la existencia de una doble moral en la política y en las instituciones españolas: por un lado comprobamos cómo las instituciones se suman cada vez más a las conmemoraciones internacionales del Holocausto, aunque en muchos casos se ningunea a las víctimas españolas. Por otro lado, observamos que se celebran  actos de reconocimiento formal a las víctimas españolas del nazismo, al tiempo que se les niega todo derecho efectivo como víctimas del franquismo. Porque en España, la diferencia de trato por parte del Estado a unos y otros colectivos de víctimas no depende de las víctimas en sí, sino de la identidad de los victimarios.

Si con un colectivo tenemos una deuda como nación y como sociedad, es con las víctimas de los Campos. Hoy más que nunca es fundamental la lucha contra el olvido, no sólo cultivando una memoria historicista o conmemorativa, sino impidiendo que se tergiverse o se prive de sentido lo que aquí pasó: señalando quiénes fueron las víctimas, y quiénes fueron los verdugos directos, los responsables, los cómplices, y los beneficiarios de los crímenes cometidos. 

Ante el actual avance del fascismo, la xenofobia y el racismo, reivindicamos hoy y aquí, el inmenso orgullo de ser españoles antifascistas. Porque la lucha de los españoles contra el fascismo empezó en 1936, continuó en todos los frentes de la guerra mundial, y se prolongó en la guerrilla y en la lucha clandestina contra el régimen de Franco. Muchos de ellos y ellas sucumbieron, las víctimas de los campos sufrieron penalidades inconcebibles. Pero en su doble condición de combatientes y de víctimas nuestras compañeras y compañeros son un ejemplo de vida,  y su memoria, mediante la recuperación de los valores por los que lucharon y por los que fueron represaliados, una apuesta imprescindible de futuro.

Salud y República. No pasarán.