sábado, 13 de octubre de 2018

Ni en el Valle ni en la Almudena




Ni en el Valle ni en la Almudena

Arturo Peinado Cano. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
@apces

Publicado en elestado.net 12 de Octubre de 2018


El Valle de los Caídos  empezó a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando, y cuyo régimen significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio. La dictadura supuso el secuestro de la soberanía nacional durante 40 años, y la implantación de un sistema de represión  ejercida de múltiples maneras, y a lo largo de toda su existencia, sobre cientos de miles de personas.

Cuelgamuros es, ante todo, un lugar de exaltación del franquismo y de su acto fundacional: el golpe de los militares perjuros del 18 de Julio de 1936. Pero también es una necrópolis, donde yacen miles de víctimas de la dictadura conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en el momento de su traslado, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí.

Frente al relato franquista que define al Valle como monumento de “reconciliación” contamos con los documentos históricos que demuestran la falsedad de ese argumento: historiadores acaban de encontrar la factura de una empresa que en 1959 trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle; los desafectos a la dictadura fueron enviados y posteriormente inhumados en cajas de diez en diez, con los restos mezclados, frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen.

La exhumación tanto de los restos de Franco como de Primo de Rivera no es un asunto privado, que compete a las familias de ambos, sino un asunto de trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familiares, los restos de ambos deben abandonar el Valle, que debe reconvertirse en un Memorial para recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos, especialmente a los presos republicanos que lo construyeron como trabajadores forzados.

Sin embargo, hemos podido ver reiteradamente la aparición pública de los nietos de Franco, explicando su negativa al traslado de los restos del dictador, al mismo tiempo que en Chile la Corte Suprema ordenaba a la familia Pinochet devolver al fisco 1,6 millones de dólares.
Las únicas explicaciones públicas de la familia Franco que deberían interesar a la sociedad y los medios de comunicación, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago; la apropiación de la Casa Cornide en el centro de Coruña; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y bienes (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.

No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura.

El pasado 13 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La redacción del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta por un enterramiento en propiedad previamente adquirido dentro de la catedral madrileña de la Almudena.  A ello se ha unido la exigencia por parte de la familia Franco de que el traslado se haga con honores de Jefe de Estado. Incluso miembros del Gobierno han planteado la posibilidad de que, como alternativa, se le rindieran honores de General de División, el grado que tenía Franco cuando se sublevó contra el régimen democrático legítimo. Estas cosas pasan cuando un régimen dictatorial no es declarado ilegal por la democracia posterior.

El entierro de Franco en la catedral de la Almudena, un lugar público con una enorme carga simbólica en el centro de Madrid, a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura celebraba los actos de exaltación del régimen, supondría una humillación (otra más) para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad.

La respuesta del arzobispo de Madrid sobre la provocadora decisión de enterrar a Franco en la cripta de la Almudena ha sido: "La Iglesia acoge a todos". Osoro se ha desligado de la decisión y la considera "una cuestión que deben resolver el Gobierno y la familia".
Sería conveniente y deseable una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española.  Como expresan en un comunicado las Redes Cristianas , el traslado de Franco a la Almudena vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de “Cruzada” a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales.

No olvidemos que la Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial (incluso mayoritaria) de la sociedad que también contribuye a su financiación. Y el Gobierno está en condiciones, y tiene  la obligación política y moral, de exigir ese respeto.

Hoy, es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Debemos ser conscientes de que si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

No es difícil imaginar que los ultras y cabezas rapadas seguidores de los equipos de fútbol extranjeros, empiecen a considerar la Almudena como lugar de peregrinación obligatoria en sus visitas a Madrid (puesto que no existen lugares similares en el resto de Europa, ni legislaciones tan complacientes como la nuestra con las demostraciones públicas de exaltación fascista y neonazi). ¿Qué opinará de ello el arzobispado? ¿Y los hosteleros del centro de Madrid? ¿La alcaldesa seguirá pensando que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”?

El Estado debe responsabilizarse de que los aspectos formales del traslado de los restos de Franco no supongan reconocimiento ni privilegio alguno. Asimismo, el Estado debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún lugar que pueda considerarse un privilegio o un honor. Una democracia no puede honrar a un dictador, como reiteradamente han expresado los organismos internacionales de Derechos Humanos en una serie de recomendaciones dirigidas al Estado español.

Los ciudadanos y la sociedad civil organizada no pueden permanecer indiferentes, ni dejar de tomar posición. El pasado martes, 9 de octubre, una veintena de colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo, asociaciones vecinales y culturales, organizaciones políticas y sindicales… nos hemos reunido en Madrid para comenzar a organizarnos, manifestar públicamente nuestra oposición frontal a que se consume el traslado de los restos de Franco, una vez exhumados de Cuelgamuros, a la catedral de la Almudena. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedirlo.

También vamos a exigir a los responsables políticos y a las instituciones concernidas (Gobierno de la nación, Arzobispado y Ayuntamiento de Madrid), que tomen todas las medidas que sean necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral. Tenemos previsto llevar a cabo una serie de actividades reivindicativas, informativas, etc… que culminarán con una gran movilización frente a la Almudena.

Llevamos 11 años manifestándonos frente a la puerta de Cuelgamuros cada 20-N, con calor o frío, lluvia, viento o nieve… Si al final la infamia se consuma y los restos de Franco acaban en la catedral, seguiremos movilizándonos para exigir la reparación de esta infamia, y que se llegue a una solución definitiva y satisfactoria.

La sociedad y el Estado español tienen una deuda inconmensurable con las víctimas y sus familias, y también tienen un serio problema con los restos del franquismo (que no es sólo el cadáver de Franco). La salida prevista del dictador de su monumento faraónico en Cuelgamuros constituye la oportunidad de zanjar esta cuestión. La responsabilidad de que ahora se produzca un cierre en falso, que será en todo caso provisional, será en primer lugar del Gobierno, pero también de la Iglesia.

https://www.elestado.net/destacada/restos-franco-ni-valle-ni-almudena/

miércoles, 3 de octubre de 2018

¿Qué hacemos con Cuelgamuros?



Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces

Conferencia pronunciada en el CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid), el 3 de Octubre de 2018

Este artículo fue publicado en Cuarto Poder el 9 de Octubre de 2018
https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/10/10/que-hacemos-con-cuelgamuros/


Han pasado casi 43 años desde la muerte de Franco, y sus restos siguen enterrados en la basílica de Cuelgamuros, el mayor símbolo de la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo.

El Valle sólo ha empezado a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando, frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando,  y cuya dictadura de 40 años significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio.

Cuelgamuros  es un mausoleo en el que algunas víctimas de la dictadura “descansan” conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en su momento, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí. Hace unos días hemos conocido el descubrimiento de un documento excepcional: la factura de una empresa que trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle en 1959; frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen, los desafectos a la dictadura fueron trasladados e inhumados en cajas, de diez en diez.

El Gobierno ha anunciado la inminente exhumación y salida del Valle de los restos del dictador Francisco Franco. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familias, los restos deben salir, y el Valle debe convertirse en un Memorial donde recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos. Además, el Estado pretende hacer una excepción con los restos de Primo de Rivera, cuando los miembros de la organización por él fundada fueron los ejecutores materiales de docenas de miles de crímenes.

Sin duda, la exhumación del dictador es un gesto importante y de gran impacto mediático que marca distancias con todos los gobiernos anteriores: recordemos que el anterior gobierno socialista se limitó a convocar a la Comisión de expertos prevista por la Ley de Memoria de 2007, y el Informe sobre el Valle se aprobó en 2011 por el Gobierno en funciones, días después de la victoria electoral del PP.

La oposición explícita a la exhumación de Franco se limita a grupos marginales, como demuestra la abstención de la derecha parlamentaria en la aprobación de la misma en el Congreso (sólo dos diputados votaron en contra, y las malas lenguas dijeron que en vez de utilizar el sistema electrónico, votaron a mano alzada). Es prueba de que para una amplia mayoría social, la salida de los restos de Franco es cuestión de justicia y de lógica democrática, y oponerse resulta prácticamente indefendible.

Se trata también de una medida estratégica e irreversible porque, una vez ejecutada, ningún gobierno democrático podría devolver los restos de Franco a su tumba en el Valle. Es también una iniciativa más fácil de tomar que, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral o de la “ley mordaza”.

En resumen: un dictador que ha tenido una sepultura faraónica durante décadas va a ser ahora exhumado con dignidad, con flores, con rezos... Muchas de las personas a las que él asesinó ni siquiera han disfrutado de ese derecho. El tiempo transcurrido hace que apenas queden ya testigos directos y fiables de los cientos de fosas clandestinas existentes por todo el país, y muchas de ellas fueron ya borradas por obras, cambios en las delimitaciones de las fincas, y desaparición de referencias geográficas. 43 años después de su muerte, Franco seguirá siendo un privilegiado. Sus familiares también, porque podrán tener un sitio al que llevarle flores.

Hemos conocido recientemente la intención de la familia de enterrar a Franco en la catedral de la Almudena. Sería una gran torpeza por parte del Gobierno permitir que el centro de Madrid se convierta en lugar de peregrinación fascista, y por tanto, entendemos que se debería presionar a las autoridades eclesiásticas para impedirlo. En 2011 el gobierno alemán de Ángela Merkel, de acuerdo con la Iglesia luterana, demolió la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, incineró sus restos y los arrojó al Báltico, para impedir que el enterramiento se convirtiera en un lugar de memoria y peregrinación neonazi.

Uno de los argumentos más usados por quienes se oponen a cualquier actuación en el Valle de los Caídos, consiste en definir el Valle como un lugar de reconciliación entre españoles, manifestando que esa fue la intención del dictador explicitada en la construcción del monumento.

Aparte de la evidente falsificación histórica que entraña ese discurso, la reconciliación definida como “restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas” es inaplicable en este caso, porque no hay nada que restablecer o recuperar. Y menos cuando pervive un desequilibrio entre las partes, puesto que a una de ellas se le ha negado, desde hace 82 años, el derecho a la Justicia, a la Verdad y a la Reparación. Es un error igualar a todos los enterrados en el Valle por haber sido “víctimas de la guerra”, como si la muerte pudiese igualar a la hora del recuerdo y el reconocimiento por una sociedad democrática, a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron.

Concretando, ¿qué hacer con el monumento franquista, los edificios y el entorno? ¿Se tiene que conservar el monumento íntegro, o sólo parte de él? ¿Qué tratamiento deben recibir los casi 34.000 cuerpos enterrados allí? ¿Qué hacer con la comunidad benedictina y lo que hoy es un lugar de culto? ¿Qué debería explicarse en este lugar y cómo hacerlo?

Opinamos que se debe actuar en Cuelgamuros, de manera inmediata, como venimos planteando y reclamando públicamente desde los colectivos memorialistas y de víctimas:

En primer lugar, dejar de honrar y conmemorar al dictador y a la dictadura. Defendemos:

·         La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera, para ser entregados a sus familias.

·         La eliminación de cualquier símbolo franquista en el Valle, así como de cualquier acto de exaltación fascista.

·         La basílica debe ser desacralizada. La orden religiosa custodia del Valle debe ser trasladada a otro lugar. La gran cruz debe ser desmantelada. No es un símbolo del cristianismo sino de la complicidad de la Iglesia con el franquismo, y una amenaza latente contra el conjunto de la sociedad (en algún caso hemos dicho que no es una cruz cristiana, sino la cruz de Espartaco).

En segundo lugar, hay que abordar el tema del Valle como necrópolis. No compartimos la propuesta de que pueda convertirse en un cementerio civil.

·         Los restos de los republicanos que fueron trasladados al Valle clandestinamente tienen que ser ineludiblemente devueltos a sus familias. Ni por un día más pueden seguir sirviendo como trofeo a su verdugo.

·         También habrá que estudiar el tema de los soldados muertos en acción de guerra cuyos cuerpos fueron trasladados al Valle, voluntariamente o a la fuerza. Quizás podríamos hablar de un enterramiento colectivo digno, preferiblemente fuera del marco de Cuelgamuros,  porque la propuesta de una especie de “cementerio de Arlington de la guerra civil” nos parece inviable e inaceptable.

Como colofón habría que constituir y erigir un Memorial que explique la dictadura, el modelo español de fascismo y el nacionalcatolicismo.

·         El espacio del Valle debe transformarse íntegramente en un lugar de memoria democrático, como Auschwitz, la ESMA de Buenos Aires, o el Museo del Holocausto de Jerusalén; un lugar para homenajear y recordar a las víctimas, y no a los victimarios.

·         El futuro memorial del Valle debería dar un tratamiento preferente al recuerdo y homenaje a los presos políticos republicanos que construyeron el monumento como trabajadores forzados. Las empresas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de los esclavos del franquismo, deben financiar la reconversión del Valle. Nos parece un modelo a seguir la Fundación “Memoria, Responsabilidad y Futuro”, constituida por Alemania en 1999 para reconocer e indemnizar a los millones de trabajadores forzados que fueron deportados para sostener el esfuerzo de guerra nazi, fundación que contó con participación de las iglesias luteranas y católica, y de empresas donantes como Volkswagen, DaimlerChrysler, Bayer o Deutsche Bank….

·         El Valle no puede seguir siendo publicitado por la propaganda turística de la Comunidad de Madrid, que actualmente, lo sitúa como una parte de la llamada Ruta Imperial, junto con el Monasterio de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Unas notas finales:

Uno de los argumentos utilizados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para justificar la no salida del Valle de los restos de José  Antonio Primo de Rivera, es su consideración como “víctima de la guerra”, que entendemos responde al Informe de 2011 de la Comisión de expertos, que a su vez respeta lo dispuesto en el Decreto fundacional del Valle. Nos parece inaceptable, no sólo por tratarse del fundador del fascismo español, y por la ya señalada responsabilidad directa de la organización por él fundada en la represión y en miles de crímenes cometidos. Primo de Rivera fue ejecutado en cumplimiento de la legalidad entonces vigente, tras un Consejo de guerra legalmente constituido, gozando del derecho efectivo a la defensa, cosa impensable en los consejos de guerra franquistas. No es una “víctima de la guerra”, sino de la aplicación de la Justicia y de la legalidad republicana.

Estos días hemos visto cómo, a partir del debate sobre la previsible exhumación de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros, docenas de franquistas (tertualianos, ”opinadores”, representantes de la bochornosa Fundación Nacional Francisco Franco), se han paseado por programas de televisiones privadas de máxima audiencia. Las ofensas e insultos a las víctimas del franquismo han sido públicas y notorias; las tergiversaciones y manipulaciones históricas han alcanzado niveles esperpénticos.

El 13 de septiembre el Congreso avaló el decreto para exhumar a Franco. Pudimos ver que frente a la concentración de asociaciones memorialistas y de víctimas, se manifestaron grupos que protestaban con el lema “El valle no se toca”. Fueron desplazados por la policía, pero los medios se aproximaban para pedirles su “opinión” en directo.  ¿Alguien puede imaginarse que el día que se votó en el Parlamento la Ley de Víctimas del Terrorismo de septiembre de 2011, se hubieran manifestado con pancartas frente al Congreso unos simpatizantes de ETA? ¿O unos maltratadores haciendo declaraciones en directo a las televisiones mientras se aprobaba la Ley  contra la Violencia de Género de diciembre de 2004? Si consideramos que el franquismo secuestró por la fuerza la soberanía nacional y popular;  si ejerció una represión durante 40 años contra cientos de miles de personas porque habían ejercido o pretendían ejercer derechos fundamentales recogidos en las constituciones de 1931 y de 1978, tales como los de reunión, asociación, sindicación, huelga, libertad de expresión, etc… ¿Cómo es posible que siga existiendo una consideración social hacia el franquismo, que permite un trato benevolente hacia él por parte de la opinión pública y los medios de comunicación?

Todos conocemos precedentes de retirada de estatuas y otra simbología franquista realizada de manera casi clandestina, sin anuncio previo y en horario nocturno. Sería un error exhumar a Franco de igual manera. El traslado de sus restos debería hacerse a plena la luz del día, dejando claro que es un sistema democrático quien lo expulsa de Cuelgamuros.

Es fundamental hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. El nuevo Gobierno debería abrir con urgencia un debate y un intercambio de opiniones con los colectivos defensores de la memoria histórica y de víctimas del franquismo representativos, para dar una solución definitiva y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros.

Políticas de componendas y de gestos puntuales, por muy simbólicos que puedan ser, resultarían políticamente rentables a corto plazo, pero perpetuarían la injusticia y sólo retrasarían la ineludible solución definitiva del problema.

lunes, 10 de septiembre de 2018

Arturo Peinado: “Todos los gobiernos han preservado la impunidad del franquismo”


Arturo Peinado: “Todos los gobiernos han preservado la impunidad del franquismo”

Elestado.net 10/09/2018 
Gonzalo Sánchez Martínez

Entrevistamos a Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria para conocer la posición del movimiento memorialista sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, entre otras cuestiones referentes a la reparación de los crímenes cometidos por el régimen fascista que gobernó España con puño de hierro desde 1.939 hasta 1.978.

¿Cómo valoran la labor en cuanto a la Memoria de los gobiernos que se han sucedido desde el franquismo?
Entendemos que uno de los elementos centrales del régimen establecido en 1977-1978 es lo que organizaciones internacionales de derechos humanos llaman el “modelo español de Impunidad”, consistente en que no se aplicó en España una “justicia transicional”, como en otros países donde se pasó de dictaduras de muy diverso tipo a regímenes democráticos.

La impunidad del franquismo no afecta sólo a la impunidad penal de ejecutores de crímenes y responsables políticos, sino también a respetar el estatus económico y social de los beneficiarios de la guerra y de la dictadura. Los gobiernos, con muy pocos matices, han sostenido y preservado este sistema de impunidad, acompañándolo de políticas activas de silencio y olvido con respecto a los crímenes cometidos, y a la resistencia antifascista durante la guerra y toda la dictadura, en sus diferentes formas.

¿Qué supuso para la recuperación de la memoria la Ley de Memoria Histórica del expresidente Zapatero?
En primer lugar hay que decir, que una Ley de Memoria no estaba en el programa electoral socialista de 2004, sino que fue una exigencia de sus socios de investidura, ERC e IU-ICV. Sucedió gracias a la presión y a la pujanza de un extenso y plural movimiento memorialista.

El objetivo final de la Ley de 2007 fue preservar en lo esencial el modelo de impunidad, intentando “domesticar” al movimiento memorialista mediante subvenciones. Obviamente la Ley fracasó, si no, no estaríamos hablando 11 años después de fosas, sentencias o de los restos de Franco.

La Ley de Memoria no anuló las sentencias franquistas; impuso un sistema de exhumaciones extrajudiciales mediante la gestión privada de subvenciones públicas; estableció unas medidas de reparación material y simbólica limitadas; pero fundamentalmente, negó el derecho a la Justicia de las víctimas del franquismo, y el derecho a la verdad de la sociedad española.

¿Qué opinan de la exhumación de los restos del dictador Franco propuesta por el presidente Pedro Sánchez?
Obviamente estamos de acuerdo, aunque nos parece insuficiente si no salen también los restos de Primo de Rivera, y no se hace una política integral sobre el futuro del Valle de Cuelgamuros. Nos tememos que esto quede en un hecho puntual, que sirva para dar una imagen de izquierdismo al Gobierno ante su electorado, explotando mediáticamente la reacción furibunda de las derechas (y de paso permita al Gobierno incumplir otras de sus promesas, en los planos social y económico, fundamentalmente).

¿Cuál es la valoración que hacen de la propuesta de IU para el Valle de los Caídos?
Es correcta y coincide en líneas generales con nuestras propuestas. Es lógico, puesto que nos hemos reunido e intercambiado criterios con ellos, y con otras fuerzas políticas y grupos institucionales, no solamente del ámbito de la izquierda, aunque las coincidencias, obviamente, se dan sobre todo con las fuerzas progresistas.

¿Cuál es su opinión sobre la posición que llama a mantener todo como está bajo el argumento de “no reabrir heridas”?
Que los que proponen eso no lo plantean para otros casos, como el del terrorismo vasco y sus víctimas. El caso de España y las víctimas del franquismo es una excepción, un paréntesis, una especie de limbo, con respecto al tratamiento que se da en el resto del mundo a las agresiones contra los derechos humanos, donde se aplica el derecho internacional para delitos que por su naturaleza son imprescriptibles.

¿Qué medidas debería tomar el gobierno para reparar lo acontecido durante la Dictadura de Francisco Franco?
Nosotros, junto a otras organizaciones en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Víctimas del franquismo y de Memoria Histórica, proponemos una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que iguale en derechos a las víctima del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas para las que el estado español ha legislado convenientemente, y ha reconocido su derecho a obtener Verdad, Justicia y Reparación.

En cuanto a medidas concretas, exigimos, entre otras cuestiones, la anulación de todas las sentencias represivas del franquismo, la exhumación judicializada de las fosas comunes clandestinas, la eliminación completa de la simbología y callejero que homenajea a la dictadura y a los golpistas de 1936, y la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 para poder llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, como ha pasado y sigue pasando en Argentina, Alemania…

¿Considera el movimiento memorialista que es necesario desarrollar un proceso constituyente para conseguir sus objetivos?
Entiendo que en un proceso de cambio de régimen se abrirían espacios para aplicar elementos de Justicia transicional, lo que no se pudo hacer en 1977, aunque será demasiado tarde para muchas víctimas y familiares. De cualquier modo, nosotros tenemos que trabajar aquí y ahora, exigiendo al Estado español en su actual forma el cumplimento del derecho internacional de los derechos humanos.

También hay que tener en cuenta que las denuncias y exigencias del movimiento memorialista, suponen un cuestionamiento frontal de los pactos de impunidad, silencio y olvido de la Transición, sin tener que proclamar públicamente nuestro republicanismo a cada minuto. La misma existencia a día de hoy de docenas de miles de desaparecidos implica un cuestionamiento del régimen del 78, y del propio Estado de derecho en España.

¿Existen ejemplos en otros países del mundo que sean una inspiración para la Federación que usted preside?
Es complicado, porque las circunstancias españolas son muy específicas: la duración del franquismo, con sus fases históricas, y sus múltiples formas de represión; el “peculiar” modo en que se pasó aquí de la dictadura a la democracia… Hay modelos de los que podemos aprender, comparándolos con nuestro caso: la victoria de los antifascistas en Europa en 1945; la Revolución de los Claveles…

Quizás de donde más enseñanza e inspiración obtenemos es de las luchas contra la impunidad en el Cono Sur americano: las organizaciones de víctimas y familiares; los activistas; el papel de la sociedad, las fuerzas políticas y los juristas en la lucha contra leyes de Punto Final; las posteriores políticas públicas de Memoria… en todos los aspectos estamos a años luz de lo que se ha conseguido allí.

¿Han encontrado apoyos en el ámbito político?
Nos hemos reunido con la mayor parte de las fuerzas políticas para explicarles nuestra propuesta de Ley de Víctimas del franquismo, con diferentes resultados. Por cierto, creo que hemos sido la única organización memorialista que se ha reunido con la dirección del PP en la Calle Génova, en una reunión distendida donde expresamos, por así decirlo, diferencias de fondo insalvables.

Con otras fuerzas tenemos desde hace tiempo una sintonía especial, como es el caso de ERC a través de Joan Tardà, que siempre ha trasladado al Congreso las propuestas del sector del movimiento memorialista más implicado en la lucha contra la impunidad. También mantenemos una colaboración permanente con Compromìs, por medio del senador Carles Mulet, con quien el año pasado presentamos una propuesta de Ley de Víctimas en el Senado, que PP, PSOE y Cs no admitieron a trámite.

Mantenemos una relación fluida tanto con Podemos como con IU, que han recogido en sus propuestas parlamentarias y programáticas, buena parte de los planteamientos del Encuentro Estatal de Colectivos, aunque no hemos sido capaces de conseguir, de momento, que las fuerzas democráticas presentaran una propuesta común. Por el contrario, han proliferado en esta legislatura múltiples iniciativas particulares, de muy diverso sentido, desde el ámbito de la izquierda y de los nacionalismos periféricos.

¿Considera que el golpe que lideró Franco contra el gobierno de la II República estuvo justificado?
Desde un punto de vista democrático, de ninguna manera. Querían arrancar de raíz, la tradición liberal y democrática, así como la propia existencia del movimiento obrero. Y para ello no ahorraron esfuerzos: algunos historiadores han utilizado conceptos como “inversión en violencia” (o en terror), para explicar la represión franquista.

El objetivo era claro, eliminar la experiencia reformista republicana, y garantizar la dominación sin contestación de la clase dominante y de los sectores más reaccionarios de la sociedad española: iglesia, ejército, latifundismo agrario… mediante el exterminio del enemigo político.

¿Qué podría decir sobre la represión que tuvo lugar bajo el régimen fascista de Franco?
Frente a lo que se dice por el negacionismo y revisionismo tan de boga estos días, inconcebiblemente exhibido en los medios de comunicación, la represión franquista está relativamente bien estudiada, con algunos puntos negros, como los problemas de acceso a determinados archivos de la represión.

Cientos de investigadores han publicado monografías locales y comarcales; luego especialistas, generalmente en obras colectivas, han realizado un análisis comparativo e interpretativo. Al tiempo, se han estudiado las diferentes formas de represión y colectivos de víctimas: asesinatos “legales” y extrajudiciales, prisión, exilio, deportación, bebés robados, represión económica y profesional… Y progresivamente la historiografía ha pasado de intentar la cuantificación de la represión como tema central, a buscar la explicación de los cómos y los porqués.

El problema es que tenemos la Verdad, sostenida por un amplio consenso académico y científico, pero su ignorancia por el sistema educativo y la “censura” o desatención de los medios, hace muy difícil que ese conocimiento llegue al conjunto de la sociedad.

Es una gran pelea, que no sé si vamos ganando, pero que va inexorablemente unida a las posibilidades que tenemos de que en el futuro se haga efectivo el derecho a la Justicia. Y la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo ocupa un espacio central en la defensa de una democracia real, y de los derechos humanos y civiles en nuestro país.

https://www.elestado.net/destacada/arturo-peinado-gobiernos-preservado-impunidad-franquismo/

lunes, 30 de julio de 2018

La Cruz de Espartaco



La Cruz de Espartaco

Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
@apces

Publicado en "Siempre es 26", 30 de Julio de 2018




Han pasado casi 43 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, y sus restos siguen enterrados en este enorme monumento que ordenó construir para honrar su memoria y exaltar la victoria del fascismo sobre la democracia en España. Cuarenta y tres años sin que el Estado español haya sido capaz de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. El mayor símbolo de esa impunidad es el Valle de los Caídos.

Financiado por todos los españoles, el dictador fue allí enterrado rodeado de honores y de miles de republicanos, que fueron primero asesinados y cuyos restos fueron impunemente robados  y hoy descansan junto a su verdugo, y junto al fundador del partido fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. El coste económico de la construcción del mausoleo fue inmenso para un país asolado por tres años de guerra, en el contexto de la guerra mundial posterior, y del aislamiento internacional de la posguerra.

El Valle de los Caídos, un recordatorio gigantesco del fascismo en su variante nacional-católica española, sólo ha empezado a ser cuestionado a partir de las protestas de los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo. El movimiento memorialista lleva denunciando cada 20-N desde 2007, frente a las puertas del Valle, la existencia de este conjunto monumental levantado a mayor gloria de quien se sublevó matando y murió matando, aniquiló a sus oponentes ideológicos y de clase, y cuya dictadura de 40 años significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio.

De todos los grandes monumentos construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX, solamente el Valle sobrevive. Tras la victoria de los aliados, la Cancillería del Reich en Berlín o la gran cruz gamada del estadio de Nüremberg fueron destruidas y luego reutilizados sus restos en monumentos erigidos para recordar a sus víctimas o para celebrar su derrota. Cuelgamuros es el único caso en Europa en el que los restos de un golpista criminal descansan en un monumento de titularidad pública que fue construido para celebrar y rememorar su victoria sobre el Pueblo.
El diseño inicial del conjunto del Valle permanece: no se ha pensado en desmantelar las estructuras del monumento, ni los frescos que glorifican el 18 de Julio; la orden sacerdotal consagrada al respeto de la memoria del dictador sigue allí, como siguen los miles de cuerpos que llenan las criptas del valle. El Valle de los Caídos se mantiene prácticamente intacto en su concepción original, tanto la obra ciclópea construida en la Sierra de Guadarrama, como en la idea que inspiró la construcción de la gran cruz que preside el conjunto.

La gigantesca Cruz del Valle de los Caídos,  situada en el centro de la península, en un enclave escogido para que pueda ser vista desde muchos kilómetros de distancia, tiene poco de símbolo de perdón y salvación; esa cruz es ante todo una advertencia amenazadora de la muerte infame y dolorosa que aguarda a los que se rebelan contra el poder. Supone un recordatorio permanente a los desposeídos de su completa derrota en 1939, y del inmenso coste que les supuso haber soñado con un país y con un mundo mejor, haber osado cuestionar un poder político, social y económico detentado por los mismos durante siglos. En ese sentido, la de Cuelgamuros no es una cruz cristiana, es la Cruz de Espartaco.

Los símbolos religiosos que Franco mandó construir no representan el Cristianismo sino el nacional-catolicismo más ortodoxo. Desde esa ideología, el Estado franquista sometió a trabajos forzosos a miles de defensores y defensoras de la legalidad democrática republicana y bendijo la ejecución de miles de hombres y mujeres, muchos de los cuales terminaron enterrados junto a la tumba del dictador. Por ese motivo, es inaceptable que se emplee la religión para legitimar la existencia del Valle. El monumento es un símbolo de la bochornosa complicidad de la Iglesia con la dictadura franquista, y su pervivencia no hace sino perpetuar el recuerdo de esa herencia.
En los últimos años se ha tratado de justificar la pervivencia del Valle de los Caídos por ser un lugar de culto, y se ha tratado de convertir la cuestión de la exhumación de Franco como un asunto privado sobre el que hay que pedir permiso a la familia del dictador. En 2011 el gobierno alemán de Ángela Merkel demolió la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, incineró sus restos y los arrojó al Báltico, para impedir que el enterramiento se convirtiera en un lugar de memoria y peregrinación neonazi. Al mismo tiempo, el Gobierno español anunciaba su pretensión de negociar el futuro del Valle de los Caídos con el Vaticano.

El nuevo gobierno ha anunciado la inminente exhumación y salida del Valle de los restos del dictador Francisco Franco. Por fin parece que las instituciones consideran necesario hacer frente y dar una solución a este legado indeseable. En el mismo origen de esta medida política, que se supone sacará  al dictador de su plácido mausoleo para alegría de todos y todas los demócratas,  está el esfuerzo reivindicativo y la lucha perseverante de algunas asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo.

La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera no es un asunto privado, que competa al ámbito familiar, sino un asunto de trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familias, los restos deben salir, y el Valle debe convertirse en un Memorial donde recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos. Además, el Estado pretende hacer una excepción con los restos de Primo de Rivera, cuando los miembros de la organización por él fundada fueron los ejecutores materiales de docenas de miles de crímenes.

El Valle de los Caídos ha sido hasta ahora la muestra más palpable de la connivencia del Estado español con la herencia del franquismo. El Gobierno español adjudicó el 18 de julio de 2013, el contrato para restaurar la basílica del Valle, después de la inversión en la reparación de las estatuas dañadas por el clima y los años, una inversión que podría suponer hasta 13 millones de Euros. Se escatima dinero para sanidad y educación, o para desenterrar a los miles de demócratas asesinados y sepultados en fosas clandestinas, pero no para restaurar el mausoleo del tirano. La excusa ha sido favorecer el Valle como atracción turística, aunque Patrimonio Nacional reconoce que el número de visitantes a Cuelgamuros se ha ido reduciendo de manera constante, mientras aumentan en el resto de monumentos gestionados por Patrimonio.

Además, buena parte de esas visitas al Valle están vinculadas a homenajes y actos fascistas. Hoy, cuando es palpable en todo el mundo el resurgir de la serpiente, el avance del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad, el Valle de los Caídos se ha convertido en un lugar de peregrinación del fascismo internacional. Hemos visto cómo el pasado 14 de julio se consentía que cientos de nostálgicos de la dictadura y sus crímenes se manifestasen con absoluta impunidad en Cuelgamuros, incumpliendo de modo flagrante el artículo 16 de la vigente Ley de Memoria Histórica.

Entre las reclamaciones sobre el Valle que las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo venimos planteando públicamente están:
·         La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera, y para ser entregados a sus familias.
·         La eliminación de cualquier símbolo de exaltación fascista en el Valle.
·         La basílica debe ser desacralizada, esto es, no debe consentirse ni por un día más que se emplee la religión para legitimar un lugar infame como ese, construido para dar sentido y legitimidad al golpe del 36, la guerra y la dictadura. La orden religiosa custodia del Valle debe ser disuelta o trasladada a otro lugar.
·         Es indispensable que se investigue y aclare el número y origen de los allí sepultados. Debe ser cuantificado e interpretado porque son la prueba de la guerra y señalan a sus responsables, pero también acreditan los crímenes y la represión consustanciales a la dictadura franquista.  No se trata de un problema de ubicación de huesos, sino de saber y de dar a conocer cómo se construyó aquel osario y cuál fue su origen. Los restos de los republicanos que fueron trasladados al Valle clandestinamente tienen que ser ineludiblemente devueltos a sus familias. Ni por un día más pueden seguir sirviendo como trofeo a su verdugo.
·         La gran cruz debe ser desmantelada; de ninguna forma puede consentirse que se siga alzando hacia el cielo ese símbolo de muerte y venganza. No es un símbolo del cristianismo sino de la complicidad de la Iglesia con el franquismo, y una amenaza permanente contra el conjunto de la sociedad.
·         El espacio del Valle, sus instalaciones y la Basílica han de ser íntegramente reconvertidos en un  centro Memorial dedicado a las víctimas del franquismo y los fascismo europeos, para solventar una deuda pendiente que tiene la democracia con quienes defendieron la legalidad republicana. De un lugar de exaltación fascista debe transformarse en un lugar de memoria democrático, como Auschwitz, la ESMA de Buenos Aires, o el Museo del Holocausto de Jerusalén; un lugar para homenajear y recordar a las víctimas, y no a los verdugos.
·         El futuro memorial del Valle debería dar un tratamiento preferente al recuerdo y homenaje a los presos políticos que construyeron el monumento como trabajadores forzados, con el fin de recuperar la memoria, en términos de  verdad, justicia y reparación, de los miles de republicanos presos que trabajaron para redimir penas en la construcción del monumento que Franco encargó en 1940 e inauguró en  1959, veinte años después de acabada la guerra.
·         Las empresas y grandes fortunas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de los esclavos del franquismo, deben ser investigadas y sus nombres publicados. Además de proveer un fondo para la reconversión del Valle, han de ser obligadas a pagar indemnizaciones a los supervivientes de esos trabajos  y a sus familias, tal y como hicieron el Estado, instituciones y empresas alemanas con los trabajadores que fueron deportados para sostener el esfuerzo de guerra nazi.
·         El Valle no puede seguir siendo publicitado por la propaganda turística de la Comunidad de Madrid, que actualmente, de forma indecente, lo sitúa como una parte de la llamada Ruta Imperial que une enclaves históricos; este simple hecho, esta consideración como «imperial» del monumento fascista, nos muestra la degradación y la insensiblidad de esos responsables políticos.

Sabemos que la impunidad premia el delito e incita a su repetición. Es necesario hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. Por higiene democrática y por respeto a la dignidad de las víctimas del franquismo, venimos urgiendo año tras año, a  las instituciones, y a todas las fuerzas políticas y sociales, para que tomen una decisión definitiva que ponga fin a esta situación.

El nuevo Gobierno debería abrir con urgencia un debate y un intercambio de opiniones con los colectivos defensores de la memoria histórica y de víctimas del franquismo representativos, para dar una solución definitiva y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros. Políticas de componendas y de gestos puntuales por muy simbólicos que puedan ser, resultarían políticamente rentables a corto plazo, pero perpetuarían la injusticia y sólo retrasarían la ineludible solución definitiva del problema.

Las futuras generaciones merecen que todas las instituciones se desliguen del pasado fascista representado por el monumento del Valle. Es necesario un verdadero estado democrático y de derecho, comprometido con los derechos humanos, y ello pasa inexorablemente por el desmantelamiento del sistema de impunidad del franquismo y de sus símbolos. Y Cuelgamuros es el más importante de ellos.


https://siemprees26.wordpress.com/2018/07/30/la-cruz-de-espartaco/#more-275

jueves, 19 de julio de 2018

El callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”, por Francisco Espinosa Maestre


El callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”
Un repaso exhaustivo a la campaña de intoxicación contra la Cátedra de la Memoria Histórica
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE

La memoria no es un concepto universitario, abstracto o que esté sólo en los libros. La memoria transforma la dinámica de una sociedad. Cuando una sociedad tiene una memoria fresca es capaz de crear más, de jugar un mejor papel en el concierto de las naciones. La memoria es algo tan dinámico como la sangre que recorre el cuerpo. (Patricio Guzmán, Público, 09/09/2013).   

Objetivo 1º: Acabar con la Cátedra de la Memoria Histórica

La reciente disolución de la comisión encargada por el Ayuntamiento de Madrid para revisar el callejero franquista dos años después de su constitución incita a recordar su historia. La Cátedra Complutense de la Memoria Histórica del siglo XX, presidida por Mirta Núñez, iba a ser en principio la encargada del asunto, pero muy pronto quedó claro que la derecha no iba a permitirlo. En un espectáculo sin precedentes se inició una campaña de intoxicación que no cesó hasta que la Cátedra fue apartada. Recordemos algunos titulares: “La hija de la primera esposa de Fidel Castro asesora a Carmena en el cambio de calles franquistas” (Alfonso Basallo, Actuall, 24/12/2015), “La hija de Fidel Castro asesora a Carmena para quitar las calles franquistas” (Ignacio Crespí, Negocios.com, 24/12/2015), “La turbia trampa de Carmena para adjudicar el contrato de la Memoria Histórica a una hija de Fidel Castro” (Juan Velarde, Periodista Digital, 30/12/2015) o “Carmena pone a Madrid a la altura de una república bananera y… castrista” (Juan Velarde, Elblogoferoz, 05/02/2016).

Aquí todo valía para justificar “el sesgo marxista” de la Cátedra: el historiador Julio Aróstegui, su fundador (fallecido en 2013), quedó reducido a biógrafo de Largo Caballero, y de la Universidad Complutense, que amparaba a la Cátedra, como no podía ser de otra forma, se dijo que estaba en manos de “un hijo de Carrillo”, por más que José Carrillo Menéndez se hubiera limitado a dar continuidad a un proyecto de la época de Carlos Berzosa y que el rector desde mayo de 2015 fuera Carlos Andradas. La presidenta de la Cátedra, Mirta Núñez, era simplemente “la hija de Fidel” o, como alguno prefirió, la “vástaga del dictador caribeño”. Ella no era hija de Fidel, pero daba igual: la propaganda funcionaba. Tampoco existía contrato alguno entre el Ayuntamiento y la Cátedra, pero quedaba bien decir que el primero le había pagado 17.999 euros, y no 18.000, para evitar que el asunto saliera a concurso: “El Ayuntamiento de Madrid manipuló un contrato para otorgárselo a dedo a una cátedra dirigida por una hija de Fidel Castro para limpiar el callejero de la capital”, escribió Antonio Martín Beaumont en ESdiario.com el 12 de febrero de 2016.

El 6 de febrero de ese mismo año es el editorial de El País el que critica “la suma de despropósitos de manifiesta bisoñez” del Ayuntamiento. Para ver la implicación del diario entonces dirigido por Antonio Caño basta leer los artículos de Fran Serrato y Vicente G. Olaya. En ese momento se jalean dos cuestiones: la retirada y posterior recolocación de la placa que en el exterior del cementerio de Carabanchel Bajo recordaba a ocho carmelitas asesinados en 1936 y la lista con más de 256 nombres de calles a eliminar. Da igual que esta lista fuera ajena a la Cátedra y llevara en circulación desde 2004 en un blog particular o que, por más que el cementerio en cuestión fuera de la Iglesia, la placa fuera de titularidad municipal. El caso era armar ruido. Las dos víctimas de este acoso inicial son la Cátedra de la Memoria, que se aparta del proyecto desbordada por la dimensión de la campaña en febrero de 2016, y la concejala Celia Mayer, tocada por la placa de Carabanchel Bajo. De ese momento es la declaración de Esperanza Aguirre diciendo que Mirta Núñez, “hijastra de Fidel Castro”, no era “ni catedrática ni española o, por lo menos, no nacida en España”. O Aguirre ignora el significado de hijastra o algo peor. Por su parte Carmena, que descarga las responsabilidades en la Cátedra, “califica de disparate retirar nombres de intelectuales y asegura que no se cambiarán”. Nadie ha propuesto tal cosa, pero da igual. En ese momento, mientras los comunicados de la Cátedra pasan inadvertidos, el grupo municipal del PSOE propone crear “una comisión amplia de expertos”. La Universidad Complutense, mientras tanto, calla y mira para otro lado.

En febrero de 2016 El País sigue con su campaña. Ha llegado el momento de explotar los listados de nombres adjudicados sin razón a la Cátedra para ir llevando el agua a su molino. Desde el periódico de PRISA, Marcos Ordóñez escribe airado sobre la pretensión de eliminar las calles de Manolete y Bernabeu; Trapiello sobre lo que llama con su agudeza habitual “El potaje madrileño”; Jorge Martínez Reverte dice que “si alguien quiere mantenerla (la Cátedra), que lo haga”, pero que “de momento, bastaría que no informara más de historia”; Celeste López sale desde La Vanguardia en defensa de Dalí y Pla y su compañero de periódico Antoni Puigverd titula un artículo “¿Caza de brujas?”… Desde la Cátedra se afirma que no ha existido ni siquiera una propuesta de calles salvo una inicial de treinta que aún estaba en estudio. Pero nadie escucha ni tiene intención de hacerlo. Vicente G. Olaya titula una noticia “El listado de las calles franquistas dinamita la Cátedra de la Memoria Histórica”. A los nombres de Dalí y Pla se suman ahora Mihura y Manuel Machado como nuevas víctimas de la Cátedra “castrista”. Sobre la renuncia de la Cátedra no cabe olvidar la declaración del tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente, de Izquierda Unida: “Lo fundamental es que sea un proceso objetivo, riguroso y científico que asesore el proyecto de gobierno”. Como si el equipo de la Cátedra no garantizara ese proceso.

Andrés Gil, desde eldiario.es (11/02/2016), intenta poner un poco de orden en el asunto recordando algunas cuestiones básicas como la procedencia de la lista y el objetivo del que la creó, Antonio Ortiz, quien afirma simplemente que se trataba de personajes relacionados con el franquismo, lista que puso al servicio de la Cátedra para su estudio, no para que cayeran todos los allí inscritos. Pero una vez más daba igual. El País arrecia en su impresentable campaña. El 12 de febrero son Javier Rioyo con su “Cortar cabezas, cambiar calles”, donde alude a la “soberbia ideológica” de la “cátedra postcastrista”, y Antonio Elorza con “Calles, placas y títeres”, en que se refiere a “la extraña cátedra”. El 6 de marzo toca el turno a Javier Marías con un artículo titulado “No hay que imitarlos en nada”, donde se permite afirmar que Carmena “contrató y pagó a la Cátedra de la Memoria Histórica”, formada por historiadores “muy raros y dirigida por Mirta Núñez”. Los historiadores “raros” a los que alude –cómo no van a ser “raros” si no escriben en El País– son Sergio Gálvez, Alicia Alted, Manuel Álvaro, Antonio González Quintana, Rafael Rodríguez Tranche, Fernando Hernández Sánchez, Juan José del Águila, Julián Vadillo y Sandra Souto. Todos ellos profesionales (historiadores, archiveros o juristas) de probada solvencia especializados en República, golpe militar, guerra civil y dictadura. Marías, que se cree a pies juntillas lo de las 256 calles que han de caer, entona desde su púlpito dominical su lamento profundo por Dalí, Pla, Mihura, Poncela, Cunqueiro, Machado, Galdiano, Turina, Juan de la Cierva o Marquina, y denuncia el carácter “policial e inquisitorial” de la lista. Pone el broche final El País de 28 de marzo con un nuevo editorial titulado “Acabar con el rencor” donde ya se pone nombre a quien debe dirigir la nueva comisión: Francisca Sauquillo. Fin de la campaña. Objetivo conseguido.

Unos días después, el 3 de abril de 2016, El País entrevista a su candidata triunfante. A la pregunta de Juan Cruz sobre si “acabará alguna vez esa dinámica izquierda-derecha, vencedores-vencidos, que nos marca”, Sauquillo responde: “Es lo que pretendo aquí. Hay que contar que, en efecto, unos ganaron y que la dictadura reprimió 40 años. ¡Pero hubo otros 40 en paz! Hay que contarlo también”.  El 12 de ese mismo mes la entrevista Raquel Ejerique para eldiario.es y ahí Sauquillo afirma: “No soy partidaria de tirar todos los vestigios franquistas, no tiro nada ni en mi casa” o que “si la aplicación de esta ley se plantease como revanchismo, entonces no quiere estar en la comisión”. Y cuando le pregunta si hay que quitar la placa de Caídos de la División Azul replica: “Es que los caídos existieron, habrá que explicarlo y poner otras placas que homenajeen a otras personas…”. Sobre si la comisión será política responde tranquilamente que “será de expertos”, de “profesionales” y “personas competentes”. Nada de política…

Sauquillo estaba convencida de que en un año estaría todo resuelto. En esa misma entrevista comenta que tanto a ella como a Manuela Carmena les parecía bien la genial propuesta de Esperanza Aguirre de cambiar el nombre del Arco de la Victoria de Moncloa por el de Arco de la Concordia. No aclara qué pensaban hacer con la inscripción latina plena de concordia que muestra la cara norte del arco, en la que se lee: “A las armas aquí vencedoras, la inteligencia igualmente vencedora da, ofrece y dedica este monumento. 1936-1939”. Igual la dejan: ¿no fueron los vencedores acaso? Y concluía: “Desde luego no pienso tirar ese arco, no soy una talibana”. A fines de abril Trapiello, primer fichaje de la comisión a propuesta de Ciudadanos, es entrevistado por El Español. Afirma que tiene más fe en la literatura que en la historia, lo cual no es de extrañar, y concreta su humilde misión: “Creo que todos estamos dispuestos a forjar el relato común que tanta falta nos hace. Eso sí, no sé si luego nos respetarán”. Ya para entonces Trapiello tenía demostrada su obsesión por el pasado asesino de las víctimas del fascismo español.

Objetivo 2º: Dejar todo en manos de una comisión de notables-expertos-competentes

El editorial de El País de 28 de mayo de 2016, titulado “Ganemos se encona”, va contra la plataforma Ganemos Madrid, que apoyó la candidatura de Manuela Carmena, por sus críticas a la comisión. Ahí se lee, entre cánticos a “los magníficos profesionales” que la integran, que “Ganemos explota así una guerra cultural que busca alimentarse de viejos rencores del pasado”. Este editorial podría haber sido firmado sin problema por ABC, La Razón o El Mundo. Para el editorialista de El País todo lo que vaya contra Carmena y su comisión va contra Madrid. Nuevamente aparece Reverte con el artículo “Memoria iletrada” (30/05/2016) en el que lamenta el rechazo producido por la elección de Trapiello o Álvarez Junco. Fiel a la línea del periódico que lo acoge critica los “disparates” de Ahora Madrid sacando a relucir una vez más la placa de los carmelitas. “Mientras tanto –afirma con rotundidad– podemos dar aliento al trabajo de Trapiello y Álvarez Junco. Ojalá todas las comisiones estuvieran montadas con gente de este nivel”. Solo le falta añadir que de esta forma todas serían del agrado de El País y del grupo PRISA. En este contexto aparece Antonio Muñoz Molina el 17 de junio de 2016 haciendo una loa del Elogio del olvido de David Rieff, uno de los pilares de la negación de la memoria tanto personal como colectiva, que apuesta por “cierto grado de olvido”. En la presentación del libro en Madrid destacarán Juan Cruz, Álvarez Junco y José María Ridao. Se define la obra de Rieff como “un alegato contra el militante furor por el pasado”, lo cual explica la cariñosa acogida que le brinda el diario oficial del “régimen del 78”.

La primera propuesta de la comisión, de julio de 2016, busca cambiar el nombre de 27 calles. El concejal de Izquierda Unida Mauricio Valiente, a cuya tenencia de alcaldía estaba adscrita la comisión, se reafirma en que el proceso debe llevarse a cabo de forma “objetiva, rigurosa y científica”. Desde El País, de nuevo Juan Cruz apoya las decisiones de la comisión. Sus componentes son Francisca Sauquillo (abogada) y José Álvarez Junco (historiador) como presidenta y vicepresidente respectivamente, asesorados por Txema Urkijo, y el escritor Andrés Trapiello (por Ciudadanos), el historiador Octavio Ruiz Manjón (por el PP), la arquitecta Teresa Arenillas, la catedrática de Filosofía Amelia Valcárcel y el sacerdote Santos Uría, estos tres últimos elegidos por la propia Sauquillo con ciertos matices en el último caso. Todos ellos firman en dicho periódico “Una medida pedagógica”, un artículo que defiende la eliminación de calles de participantes en la rebelión militar y de altos cargos del régimen. Añaden que, aunque no fuera esa su misión, también propondrán nuevos nombres que aludan a “ideales abstractos”, a personas de izquierdas conocidos “por su espíritu apaciguador”, a militares (“un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX”) y a asociaciones como la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cabrán ahí, con ese criterio, Manuel Azaña y Juan Negrín?

Luego el tiempo pasó y casi sin darse cuenta la comisión se percató de que el año que se dio de plazo se había duplicado y también de que, pese a su primorosa, objetiva y virtuosa ecuanimidad, de las 27 calles, que luego pasaron a ser 52, 51 fueron impugnadas ante la justicia por la Fundación Nacional Francisco Franco. Los recursos contencioso-administrativos afectaban a calles como Caídos de la División Azul, Hermanos García Noblejas, Millán Astray, El Algabeño, Asensio Cabanillas, García Escámez o una glorieta de Aravaca. Uno de los recursos cuestionaba todo el listado. En el caso de la calle Comandante Zorita los “expertos” propusieron cambiarle el nombre por el de Aviador Zorita, siguiendo el truco ya conocido en Andalucía en casos como el de la plaza Aviador Ruiz de Alda o la calle del Poeta Pemán. De nuevo en El Español (18/03/2018) Trapiello se jactaba ahora de que “con la mayor sensatez” habían aplicado una ley de memoria histórica “con la que algunos no estábamos muy de acuerdo”, pero “conscientes de que otros podían aplicarla peor”. Por si hubiera alguna duda al final denunciaba a los enemigos: “Podemos es peor que el Partido Comunista”.

Para mayo de 2018 las críticas eran ya muy duras. Luis Suárez, de La Comuna, escribió un artículo bajo el título “Artefacto para la negación histórica del Ayuntamiento de Madrid. Un epitafio” en el que acusaba a la comisión de haber incurrido en relativismo ético, intoxicación de los hechos y ocultación de los valores democráticos. Recordaba también que tanto Trapiello como Ruiz Manjón habían aparecido como firmantes del llamado “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, de marzo de 2018, al que merece la pena asomarse un momento para echar un vistazo tanto al contenido como a los firmantes. No obstante, el momento cumbre del desvarío de la comisión se produjo en esos días con motivo del tipo de memorial que debía colocarse en el Cementerio de la Almudena. Un equipo de historiadores, coordinado por Fernando Hernández Holgado, había completado la lista de víctimas de la represión franquista realizada por Mirta Núñez y Antonio Rojas en los años noventa y alcanzado casi tres mil nombres. Pero desde la comisión se rechazó dicha lista por contener casos de “chequistas” implicados en “el terror rojo”. La comisión era partidaria de que no constara ningún nombre y, en salomónica decisión, de colocar no uno sino dos memoriales, uno a las víctimas del período 1936-1939 y otro a las del ciclo 1939-1944.

El 15 de junio Isabel García, desde Público, nos contaba que la comisión había sido disuelta por decisión municipal y que Carmena apoyaba que los nombres de las víctimas aparecieran en el monumento. Mientras tanto Sauquillo negaba que el fin de la comisión tuviera que ver con discrepancias con el Ayuntamiento y se mostraba molesta con las críticas recibidas por el asunto del memorial. Y Mauricio Valiente, el que otrora depositara tanta fe en la comisión, se oponía ahora a la idea de colocar dos memoriales, que por cierto era lo que casualmente quería el PP. Las palabras finales de Carmena a la comisión, “habéis ayudado muchísimo a que pudiéramos realizar nuestro cometido…”, sonaban huecas. La comisión, finalmente, desaparecía en medio de la controversia y con la propuesta del cambio de calles en los tribunales. Ahora el asunto pasaría a la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento, cuyo responsable no es otro que Mauricio Valiente. Volvemos al principio.

En el ABC del día 16 de junio, Adrián Delgado nos recuerda las “caras largas y el tono seco” de la última función de la comisión tras dos meses de mal ambiente por el asunto del memorial. El diario monarco-lo-que-haga-falta se jactaba de haber sido el que denunció a los 345 “chequistas” de la lista de víctimas. No hay nada como la Causa General para buscar chequistas y “rojos”. Están a la vista de todos por Internet. Si intentan acceder por ahí mismo a la documentación judicial militar que nos ofrece los nombres de los militares, paramilitares, curas, guardias civiles, abogados, falangistas, requetés, fuerzas vivas en general y fascistas corrientes que dieron cuerpo a la represión, ya verán lo que encuentran. Según ABC con la disolución de la comisión se ha intentado evitar “el ridículo fracaso” que esto hubiera supuesto para Ahora Madrid y para el PSOE. Nos quedamos con dos frases finales. Una del portavoz municipal del PP  José Luis Martínez Almeida: “Se confirma lo que dijimos: era una coartada para que la izquierda radical y sectaria pudiera hacer una lectura interesada de la Historia”; y otra del “experto” Trapiello: “Es absolutamente vergonzoso. Me siento utilizado. Han hecho oídos sordos a todas nuestras recomendaciones”. Para el ABC está claro: Carmena ha cedido ante “el ala más radical” de Ahora Madrid, lo que significa simplemente que la alcaldesa, por el motivo que fuera, ha decidido en esta ocasión no actuar al gusto del centro-derecha. Cosas de la política.

El domingo 17 de junio Carmen Pérez-Lanzac recuerda desde El País las circunstancias que dieron lugar a la creación del comité de “expertos”, aunque olvida el papel jugado por su periódico, del que nos quedamos sin saber qué piensa del triste final de la comisión que tanto les debe. Recuerda que a Sauquillo la propuso el PSOE. “Sabíamos que buscaría el consenso”, comentó la portavoz municipal de dicho partido Purificación Causapié. Y si Trapiello vino por Ciudadanos y Ruiz Manjón por el PP, luego Sauquillo eligió a los demás, si bien en el nombramiento de Urías parece que tuvo alguna intervención el arzobispo de Madrid, a instancia tanto de Sauquillo como de Carmena, con la misión de “evaluar la represión del clero durante la guerra civil” (Pedro Ontoso, elcorreo.com, 01/06/2016). Por esta regla de tres en la comisión también deberían haber estado representantes de otros colectivos afectados.

Por cada una de las veinticinco reuniones al completo que han celebrado en estos dos años cobraron 300 euros cada uno y como fueron ocho contando al asesor... Algunos de ellos amenazaron con dimitir si no se eliminaban una serie de nombres de la lista de víctimas del fascismo. ¿Cabe imaginar qué pasaría si alguien propusiera que de los memoriales de víctimas del “terror rojo” desapareciesen aquellos nombres de individuos que coadyuvaron de algún modo al golpe militar del 18 de julio de 1936? ¿Imaginan los titulares de la mayor parte de la prensa? Como la alcaldesa Carmena es partidaria ahora de que los nombres sean visibles, Causapié opina que “en este asunto no podemos ser equidistantes”. Y esto lo piensan dos años después del nombramiento de ese canto a la equidistancia que fue la comisión.

Reflexiones finales

Lo mejor del caso es que, dé o no la justicia la razón a la fundación del dictador, el Ayuntamiento podría cambiar los nombres de las calles que quisiera dejando a un lado la innombrable ley de Zapatero y acogiéndose simplemente a las ordenanzas municipales, ante las cuales no cabe denuncia alguna. ¿A qué ha venido pues tanto tiempo y dinero perdidos? Y en definitiva, ¿a qué la “comisión”? El informe final de la comisión publicado por el Ayuntamiento prueba la falta de norte en que se han movido durante dos años. Por otra parte cabe plantear que la permanencia del fascismo en los nombres de las calles no es más que uno de los flecos del gran problema no resuelto: la falta de definición del régimen que se instaló por la violencia en España a partir de 1936, se mantuvo cuatro décadas en el poder y controló finalmente el proceso que condujo de la dictadura a la democracia. No en vano el político franquista Fernando Suárez puso el dedo en la llaga cuando recientemente declaró que “Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona” (El Mundo, 24/02/2018). La Corona y muchas otras cosas.

Se podrán cambiar algunas calles, abrir fosas, sacar a Franco de su megalómano mausoleo e incluso ilegalizar la fundación que lleva su nombre, todo lo cual sería importante, pero nada de esto solucionará el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de que la verdad histórica que tan laboriosamente ha ido estableciéndose durante los últimos cuarenta años sea acompañada de la verdad jurídica que defina el ciclo abierto en 1936 y cerrado en 1978 como lo que realmente fue. El intento del juez Baltasar Garzón ya sabemos cómo acabó. En este sentido la historia del “comisionado” forma parte de la política entendida como farsa. ¿Qué podía esperarse de un grupo de “expertos” entre los que había algunos que negaban el propio concepto de memoria histórica? ¿Qué esperar de un Álvarez Junco ya conocido por su papel en aquella otra comisión encargada de elaborar una supuesta “ley de memoria” o de un enemigo declarado de la Historia y la Memoria como Trapiello? Ignoro qué se tuvo en cuenta en los demás casos para ponerlos al frente de una cuestión tan manifiestamente política e histórica como la revisión del callejero. Parece que el Ayuntamiento de Madrid, que no estaba dispuesto a cargar con el desgaste que le hubiera supuesto afrontarla, decidió desviar el asunto a un comité del agrado del bloque PSOE-PP, lo cual no deja de llamar la atención si pensamos que el grupo que impulsó la candidatura de Carmena a la alcaldía, Ahora Madrid, estaba formado por Podemos, Ganemos Madrid, Izquierda Unida y Equo. 

Tampoco hay que olvidar el papel de la prensa, que nos permitió asistir en primera fila a una de las más repulsivas campañas de intoxicación de estos años en medio de la impunidad más absoluta. La prensa de papel al completo, situada entre la derecha y la extrema derecha, está al servicio permanente de intereses políticos y económicos. En esta tarea vale todo; no hay límite. Por seguir siendo el diario de más circulación conviene destacar la actuación de El País y su “fiel infantería”, que igual sirven para un roto que para un descosido.

Finalmente la solución al problema antes comentado de la indefinición del que durante tanto tiempo se denominó “el régimen anterior” solo vendrá de la definitiva apertura de los archivos de la represión (civiles, militares y eclesiásticos), que deberían abrirse en su totalidad con el único límite de la normativa legal. Los documentos ocultos relativos al ciclo 1931-1978 son muchos más que los “10.000” anunciados por la ministra Carme Chacón hace unos años en una supuesta desclasificación que nunca tuvo lugar. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo secretos? Carece de sentido no tener en cuenta lo que el Estado fascista hizo por las víctimas de la violencia en zona republicana desde el mismo año 1936 y, sobre todo, a partir de 1939 y hasta el final de la dictadura. Hay toda una sección del Archivo Histórico Nacional dedicada a ellas. Es tiempo de acabar con este agravio comparativo. Solo cuando la investigación histórica pueda ofrecer la realidad más completa posible de aquella etapa, España estará en condiciones de mirar el pasado y afrontar el futuro.

AUTOR
Francisco Espinosa Maestre
http://ctxt.es/es/20180711/Firmas/20684/Madrid-callejero-memoria-historica-ley-cambios-prensa.htm