domingo, 24 de junio de 2018

Intervención en la fosa común del cementerio de Torrelaguna, 22 de Junio de 20018





Intervención en la fosa común del cementerio de Torrelaguna
22 de Junio de 20018


Compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas:

Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigirme hoy a vosotras y a vosotros en este acto, en nombre del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Quiero asimismo transmitiros el saludo de los compañeros de los diferentes Foros federados en la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que a lo largo del año, participamos en actos similares a éste en los numerosos lugares de enterramientos de demócratas antifascistas, existentes en todo el Estado español.

Con este acto en la fosa común de Torrelaguna, queremos recordar a todas y todos nuestros compañeros y camaradas asesinados en tapias, cunetas y cementerios. Pretendemos la preservación en la memoria colectiva de las causas y el sentido de su sacrificio, y reivindicar que estos actos no pueden ni deben seguir siendo iniciativas de asociaciones y organizaciones particulares, sino de las instituciones, y deben contar con la participación de cargos públicos de todas aquellas organizaciones políticas que se reclaman como demócratas.



Hoy recordamos aquí, delante de las listas con los nombres de nuestros compañeros fusilados, que fueron asesinados tras unas sentencias ilegales, emitidas por unos tribunales ilegítimos, conforme a unas leyes creadas por instituciones impuestas por la fuerza, usurpadoras de la soberanía nacional. Las supuestas “pruebas” que pretendían justificar los crímenes se consiguieron mediante delaciones y torturas. Nuestros camaradas no tuvieron  en aquellos consejos de guerra la menor posibilidad de una defensa legal que mereciese tal nombre.

A pesar de ello, a día de hoy, las sentencias franquistas siguen siendo firmes y legales. Por tanto, la anulación de todas y cada una de las sentencias represivas del franquismo, es una exigencia innegociable del movimiento de la Memoria Histórica y debería serlo de todos los que se proclaman demócratas.

Es habitual escuchar que la gente que nos dedicamos a la memoria histórica, cuando exhumamos restos de las fosas comunes, lo hacemos con el fin de recuperar  la dignidad de los cadáveres desenterrados. Es una gran mentira: lo hacemos porque eran nuestras compañeras y nuestros compañeros, nuestros camaradas, y porque creemos que tenemos una obligación personal, ética y política hacia ellos, que lo perdieron todo por haberse atrevido a soñar con un mundo mejor para sus hijas e hijos. No recuperamos su dignidad porque nunca la perdieron, quien carece de dignidad es este país, que consiente que sus mejores hijos permanezcan en fosas comunes clandestinas; que permite que las sentencias franquistas sigan siendo legales; que mira hacia otro lado cuando denunciamos la pervivencia de calles y monumentos dedicados a los verdugos.

Quizás algunas gentes os digan que venir aquí cada año no tiene ningún sentido, que esto son historias pasadas. Tened presente que esas gentes o son  por desgracia, unos ignorantes, o peor aún, son personas interesadas y mienten a sabiendas.

También hay quien pretende que estos actos sean meramente conmemorativos, actos de duelo que impliquen únicamente a los familiares, que no aparezcan los símbolos ni se señalen las ideas por las que nuestros compañeros y compañeras dieron sus vidas. Dice el filósofo Reyes Mate: “La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada”.

Debemos  ser conscientes de la importancia de actos como el que estamos haciendo hoy: en la lucha por la democracia, contra el fascismo que avanza en Europa, para la recuperación de los derechos civiles y sociales que nos han arrebatado, es un elemento esencial la creación y mantenimiento de lugares de memoria, al igual que la continuidad en el tiempo de actos conmemorativos de la lucha por la democracia y contra el fascismo. No por nostalgia, sino para recuperar y reivindicar los valores, las ideas y los principios con los que nuestros compañeros y compañeras combatieron al fascismo. Es lo que llamamos recuperar el hilo rojo de la memoria y de la historia, para reconstruir la línea de continuidad de las luchas por la libertad, la justicia y la igualdad que llevaron a cabo los que nos precedieron.

Quiero finalizar leyendo un poema de Pablo Neruda, de su Canto General, que se titula


SIEMPRE
Aunque los pasos toquen mil años este sitio,
no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.

Y no se extinguirá la hora en que caísteis
aunque miles de voces crucen este silencio.
La lluvia empapará las piedras de la plaza,
pero no apagará vuestros nombres de fuego.

Mil noches caerán con sus alas oscuras,
sin destruir el día que esperan estos muertos.

El día que esperamos a lo largo del mundo
tantos hombres, el día final del sufrimiento.

Un día de justicia conquistada en la lucha,
y vosotros, hermanos caídos en silencio,
estaréis con nosotros en ese vasto día de la lucha final,

en ese día inmenso.

Salud y Memoria. No pasarán.

sábado, 9 de junio de 2018

Lo que España puede aprender de Argentina en políticas de memoria, por José A.Cano


José A.Cano. El Salto, 08-06-2018
  

Lo que España puede aprender de Argentina en políticas de memoria

¿Por qué en Argentina hay museos de la memoria y monumentales espacios de homenaje a las víctimas de la última dictadura y en España las únicas víctimas reconocidas son las de ETA? ¿Por qué en Argentina han sido enjuiciados y condenados muchos de los mayores responsables de la desaparición de miles de personas y en España sigue vigente la Ley de Amnistía?´

JOSE A. CANO @INFAMIAOK

El Parque de la Memoria de Buenos Aires se encuentra a pocos minutos del Monumental, el estadio de River Plate, y si a uno le da por visitarlo en el verano porteño lo normal es que muera de humedad. Más allá de las esculturas de diferentes artistas contemporáneos argentinos, un centro de interpretación y otro de exposiciones temporales, el monumento principal del parque son las cuatro estelas de hormigón en la que figuran, ordenados por año y alfabéticamente, los nombres de 8.8717 desparecidos (una tercera parte de los 30.000 desaparecidos que reclaman las organizaciones de derechos humanos argentina): 7.664 durante la dictadura militar de 1976-1983, el resto repartidos entre los cuatro gobiernos peronistas y los gobiernos militares del periodo 1969-1973.

El pasado abril el ahora ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó Argentina y fue acompañado por el presidente de la República, Mauricio Macri, en un recorrido por dicho parque. Rajoy firmó en el libro de honor, escribiendo: “Mi testimonio de admiración y reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. En la rueda de prensa posterior un periodista le espetaba la pregunta inevitable, que cualquier defensor de la memoria histórica se estaría haciendo contemplando aquél momento: “Presidente, ¿va a hacer algo con los crímenes del franquismo?”.

¿Qué tiene Argentina que no tenga España para ser capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático?

¿Qué tiene Argentina que no tenga España para ser capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático? ¿Qué lleva a que Rajoy se arriesgue a quedar en evidencia visitando un monumento que no tiene equivalente en España mientras al otro lado del Atlántico el mausoleo del Valle de los Caídos permanece como parte del Patrimonio Nacional con idéntico tratamiento al de El Escorial o el Palacio Real de Madrid?

Para Amy Rice, hasta este marzo representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio Memoria, se trata de “contexto y el consenso social” como la fuente de las diferencias de Argentina respecto a otros países. Como ejemplos más palpables, la movilización anual de cada 24 de marzo, aniversario del golpe y Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, que en 2017 el presidente Macri intentó convertir en “feriado movible”, teniendo que recular ante el rechazo social. Aún más evidente, la marcha atrás y el consenso de los partidos alrededor del polémico “2x1”, un fallo de la Corte Suprema que permitía reducir condena a los represores de la Dictadura encarcelados, y que apenas se aplicó después de las manifestaciones del año pasado.

La antigua Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) es otro de los símbolos tanto de la Dictadura cívico-militar —autodenominado Proceso de Reorganización Nacional—. En el centro de detención y tortura ilegal del que partieron gran parte de los llamados “vuelos de la muerte”, actualmente funciona el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Se encuentra a apenas media hora caminando del Parque de la Memoria. En 2016 el centro presentó su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

“La gran diferencia con España es la naturalización del Franquismo” que se ha traducido en “una cultura de la impunidad tan arraigada que no escandalizan tantas anomalías democráticas”

Desde España nos atendió Manuela Bergerot, especialista en Políticas de Memoria Democrática, nacida en Argentina pero criada desde los dos años en España al tener que huir sus padres de la dictadura y que ha investigado las similitudes y diferencias entre el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina y el Centro Documental de la Memoria Histórica de España. Sostiene que “la gran diferencia con España es la naturalización del Franquismo” que se ha traducido en “una cultura de la impunidad tan arraigada que no escandalizan tantas anomalías democráticas”.

Y lo desarrolla: “Franco no perdió, no hubo depuración en los órganos represivos de la dictadura, sigue vigente la Ley de Amnistía y el derecho cívico a la Memoria en España ha sido reducido al plano de la intimidad, eximiendo a la Administración de cualquier responsabilidad. Al contrario que Macri, “el Gobierno puede estrangular económicamente la ley de Memoria porque han construido simbólicamente la democracia sobre el hito fundacional de la Transición que conllevó un pacto de silencio”. El miedo “atravesó a varias generaciones, logrando una desideologización política de la sociedad española”.

Para Rice “el caso argentino es muy diferente por lo que la dictadura significó en término de resistencia y organización ya durante la misma. El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo o el de familiares de desaparecidos se dieron en plena dictadura, y se exigió la aparición con vida y la no impunidad”. Por ello “no es lo mismo pensar un espacio de Memoria y derechos humanos cuando los genocidas que cometieron los delitos en estos lugares están en la calle, que cuando no lo están porque hubo juicios, porque el Estado, desde la instancia judicial, reconoció que se cometieron delitos y llevo adelante condenas en ese sentido”.
“El pueblo argentino sabe que hubo un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria recogiendo las demandas de las víctimas y eso hay que defenderlo”

Bergerot opina que es “es a la inversa: la movilización social es el resultado de las políticas de memoria. Hay una construcción de una cultura de los derechos humanos que es irreversible, el pueblo argentino sabe que hubo un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria recogiendo las demandas de las víctimas y eso hay que defenderlo”.

Para la hispano-argentina la diferencia es que en nuestro país “las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura no han sido reconocidas como tal, porque la derecha desde la Transición se apropió del significado de víctima. Solo la de ETA es la víctima ‘válida’, la que ha sido reconocida y reparada institucionalmente. En cambio a las víctimas del Franquismo se les niegan derechos fundamentales, que sumado a una administración que ha relegado la memoria al espacio privado, lo saca de la esfera pública”.
Así, en Argentina, recuerda Rice, “esto no quiere decir que no haya voces que discutan, por ejemplo, el número de desaparecidos”, la cuestión es que “nadie discute el hecho de que hubiese desaparecidos”, ni siquiera los altos funcionarios del Gobierno de Macri. Mientras, en España, Bergerot señala a los partidos y sindicatos de izquierdas, ya que “cada uno tiene su grado de responsabilidad en que hoy todavía por ejemplo haya 114.226 personas en fosas comunes. Han tenido muchas oportunidades siendo Gobierno de implementar políticas públicas de Estado, casos concretos como la desclasificación de fondos documentales de archivos públicos o la derogación de la Ley de Amnistía”.

En Argentina el rechazo a la dictadura “es de los temas que ha logrado mayor consenso social. Si la Corte Suprema declaró en 2001 la inconstitucionalidad de los indultos y de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue porque había consenso social”, apunta Rice. La idea de que existió el terrorismo de Estado “tiene respaldo judicial, no solo en Argentina, sino tribunales internacionales o de España, Francia o Italia”.
En España, concluye Bergerot “las políticas públicas de memoria deben trascender los homenajes como máxima expresión”. Los partidos de izquierdas “tienen la responsabilidad de recoger esos valores y superarlos. De reparar primero a sus antecesores”, como la anulación sentencias franquistas, reparaciones económicas… “y trascender esos valores, para construir el futuro por el que los antepasados hubieran luchado”.

Porque, en última instancia, la pregunta que podría sobrevolar este texto es: ¿un presidente de cualquier partido de izquierdas español habría podido responder mejor que Rajoy a la pregunta en el Parque de la Memoria?

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/lo-que-espana-puede-aprender-de-argentina-en-politicas-de-memoria

viernes, 18 de mayo de 2018

Intervención en el 8º Aniversario de la Ronda de Sol



Intervención en el 8º Aniversario de la Ronda de Sol
17/05/2018


(intervención desde el minuto 4:20)


Estimados amigos y amigas, compañeras, compañeros y camaradas:

Es un honor dirigirme a vosotros en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, porque la Ronda de Sol es, desde hace años, un referente para todo el Movimiento Social para la recuperación de la Memoria Histórica.

Últimamente, cada día nos despertamos con la noticia de la retirada de las placas de nombre franquista de las calles de Madrid. Pero no olvidemos que se van a cambiar unas 47, a pesar de que el listado que hemos elaborado las asociaciones de memoria, vecinales, etc...  señalaba 130. La retirada de todas y cada una de las restantes es una tarea que nos queda, al parecer, para la próxima legislatura municipal. Están dándose además problemas legales y judiciales, ya que se hizo caso omiso a nuestra sugerencia de que se utilizasen las Ordenanzas Municipales sobre callejero en vez de la negativa Ley de Memoria. Debemos también felicitar a nuestros compañeros abogados, que en representación de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo y de la Federación Estatal de Foros Memoria, se están oponiendo en los juzgados a las pretensiones de la Fundación Francisco Franco.

El pasado viernes muchos de los presentes asistimos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho, en Carabanchel. Es innecesario glosar aquí la figura del compañero Marcelino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente. Pero sí voy a llamar la atención sobre algo que parece que se está olvidando: que el anterior nombre de la calle era Avenida de Muñoz Grandes y lo del viernes pasado en Carabanchel constituyó un acto de higiene democrática, al desaparecer la infamia que suponía que Madrid honrase el nombre de un general  golpista, quien luego combatió contra los aliados a las órdenes de Adolfo Hitler.

El cambio de calles hay que agradecérselo, en primer lugar, a la implicación y el compromiso de determinados responsables políticos de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, al enorme esfuerzo y a la perseverancia de algunas  organizaciones madrileñas de memoria histórica. No buscamos ningún reconocimiento, pero estamos detrás de cada tornillo que está cayendo estos días al suelo cuando los operarios municipales quitan las placas de Yagüe, Moscardó o Arriba España.

En un reciente comunicado conjunto de diversas organizaciones, ante la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid de que en el futuro Memorial previsto en el Cementerio del Este no aparezcan los nombres de las personas que fueron asesinadas junto a esos muros, hemos exigido al Ayuntamiento el mantenimiento de los compromisos adquiridos con los colectivos de memoria histórica y con las familias de las víctimas del franquismo, es decir,  la realización de un Memorial donde se visibilicen los nombres de todos aquellos y aquellas que fueron allí asesinados por su defensa de la legalidad democrática.

No estamos dispuestos/as a consentir que se vuelva a juzgar y a condenar a nuestros compañeros y compañeras, perseverando así en la falsificación histórica construida por el franquismo, y legitimando acusaciones sustentadas en “pruebas” obtenidas en situación de absoluta indefensión  y mediante la tortura. Sería inconcebible que el Ayuntamiento de Madrid asumiese propuestas que sólo pretenden falsificar la historia y hacer irreversible la impunidad de los crímenes franquistas.

El Comisionado propone también un segundo memorial dedicado a las “víctimas de la violencia en Madrid entre 1936-1939”. ¡¡Como si en 80 años el trato dado por las instituciones a todos los colectivos de víctimas hubiera sido igual de justo y equitativo!!  A la espera de más ocurrencias, no sería de extrañar que el Comisionado propusiera un nuevo reparto de estancos, despachos de quinielas y loterías, o concesiones de gasolineras, para los hijos de “caidospordiosyporespaña”.

Ha quedado demostrado que teníamos la razón hace tres años, cuando decíamos que era un gravísimo error la constitución del llamado Comisionado de Memoria Histórica. Exigimos al Ayuntamiento de Madrid su inmediata disolución, por ser éste manifiestamente incompatible con las actuaciones para la recuperación de la memoria democrática en la ciudad de Madrid, y con el respeto a los derechos de las víctimas, tal y como explicitan los organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo nos parece inaceptable que el Comisionado siga suponiendo un importante coste a las arcas municipales, cuando los plazos de actuación y las funciones previstas de dicho órgano finalizaron hace tiempo. Hacemos además un llamamiento a las personas de talante democrático que forman parte de él, para que, por ética y dignidad, presenten la dimisión inmediata e irrevocable.

Nada más, compañeras y compañeros. Feliz octavo “cumpleaños” de la Ronda de Sol. Espero que no tengáis que invitarnos a más aniversarios, porque el año próximo por estas fechas hayamos alcanzado todos nuestros objetivos de manera más que satisfactoria. De momento, seguimos trabajando junto a vosotras y a vosotros, en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos, en favor de una Ley Integral de Víctimas del franquismo.

¡¡ Viva la Ronda de Sol; Viva la Memoria Antifascista !!

jueves, 10 de mayo de 2018

Mañana asistiremos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho



Mañana asistiremos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho, en Carabanchel (Madrid). No voy a glosar aquí la figura por todos conocida del compañero Marcelino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente.

Pero sí voy a llamar la atención sobre algo que parece que se está olvidando: que el anterior nombre de la calle era Avenida de Muñoz Grandes y mañana, en un acto de higiene democrática, desaparecerá la infamia de que Madrid honre el nombre de un general, primero golpista, y después al mando de una unidad que combatió a los aliados a las órdenes de Adolfo Hitler.

Hay que agradecérselo, en primer lugar, a la implicación y el compromiso de determinados responsables políticos de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, al enorme esfuerzo y a la perseverancia de las organizaciones madrileñas de memoria histórica, y muy especialmente de mis compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, siempre en la vanguardia de esta pelea (y de otras muchas), incluso jugándose la integridad física (y ya saben ellos/as a lo que me refiero).

Mis compañeras y mis camaradas no han pretendido nunca ningún reconocimiento, pero están detrás de cada tornillo que está cayendo estos días al suelo cuando los operarios municipales quitan las placas de Yagüe, Moscardó o Arriba España.

No dudo que el compañero Marcelino hubiera acabado teniendo una calle importante en Madrid, muy pocas personas en este país lo merecen tanto como él. Pero debería tenerse en cuenta quiénes han apostado más fuerte, y desde hace más tiempo, para que finalmente le hayan dedicado una avenida en el centro de su barrio, sustituyendo su nombre al de un criminal de guerra. Porque sin ese enorme y prolongado trabajo reivindicativo, Marcelino Camacho hubiera dado nombre a una rotonda o a una avenida solitaria al final del PAU de Carabanchel.

martes, 8 de mayo de 2018

Intervención en el Campo de Concentración de Ebensee


Intervención en el Campo de Concentración de Ebensee (Subcampo de Mauthausen)

5 de mayo de 2018.


Queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros. Camaradas.

Es para mí un inmenso honor y un privilegio tener la oportunidad de dirigirme hoy aquí a vosotros, en nombre del  Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo. Esta confluencia está conformada por más de 80 organizaciones, entre ellas la Federación Estatal de Foros por la Memoria, a la que pertenezco.

La propuesta central  del Encuentro de colectivos es la exigencia de una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que reconozca a éstas los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tal y como son definidos por los organismos internacionales de derechos humanos para las víctimas de graves violaciones de derechos. 

Dentro de las víctimas españolas de los fascismos, tienen especial relevancia las víctimas de la deportación y del sistema concentracionario nacional-socialista. Una de las exigencias fundamentales del Encuentro de Asociaciones es el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, y en consecuencia, la plena asunción de responsabilidades por parte del Estado español por su papel en la deportación, en la negación a los exiliados republicanos de la ciudadanía española, y finalmente en la entrega de miles de estos a los nazis.

Exigimos asimismo del actual jefe del Estado una petición pública de perdón, tal y como han hecho otros gobernantes europeos por el papel de sus respectivos países en la deportación y en la entrega de trabajadores forzados a la Alemania nazi.

No olvidemos que en 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas definió  a la dictadura de Franco como “un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.  Asimismo, lo condenó porque “Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente en el transcurso de la guerra mundial formaron el conjunto de las Naciones Unidas”.

Constatamos con preocupación la existencia de una doble moral en la política y en las instituciones españolas: por un lado comprobamos cómo las instituciones se suman cada vez más a las conmemoraciones internacionales del Holocausto, aunque en muchos casos se ningunea a las víctimas españolas. Por otro lado, observamos que se celebran  actos de reconocimiento formal a las víctimas españolas del nazismo, al tiempo que se les niega todo derecho efectivo como víctimas del franquismo. Porque en España, la diferencia de trato por parte del Estado a unos y otros colectivos de víctimas no depende de las víctimas en sí, sino de la identidad de los victimarios.

Si con un colectivo tenemos una deuda como nación y como sociedad, es con las víctimas de los Campos. Hoy más que nunca es fundamental la lucha contra el olvido, no sólo cultivando una memoria historicista o conmemorativa, sino impidiendo que se tergiverse o se prive de sentido lo que aquí pasó: señalando quiénes fueron las víctimas, y quiénes fueron los verdugos directos, los responsables, los cómplices, y los beneficiarios de los crímenes cometidos. 

Ante el actual avance del fascismo, la xenofobia y el racismo, reivindicamos hoy y aquí, el inmenso orgullo de ser españoles antifascistas. Porque la lucha de los españoles contra el fascismo empezó en 1936, continuó en todos los frentes de la guerra mundial, y se prolongó en la guerrilla y en la lucha clandestina contra el régimen de Franco. Muchos de ellos y ellas sucumbieron, las víctimas de los campos sufrieron penalidades inconcebibles. Pero en su doble condición de combatientes y de víctimas nuestras compañeras y compañeros son un ejemplo de vida,  y su memoria, mediante la recuperación de los valores por los que lucharon y por los que fueron represaliados, una apuesta imprescindible de futuro.

Salud y República. No pasarán.

domingo, 11 de marzo de 2018

Intervención en las II Jornadas "Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del franquismo"



Intervención en las II Jornadas "Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del franquismo"

Arturo Peinado Cano, Federación Estatal de Foros por la Memoria,
 10 de marzo de 2018




Quiero comenzar agradeciendo a la organización de estas II Jornadas la posibilidad de dirigirme a vosotras y a vosotros, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que reúne a más de 90 organizaciones de todo el Estado español y de Europa.

Nuestra propuesta como Federación, tras llegar a la conclusión de que la única salida al problema de la impunidad del franquismo pasa por la política, y debe solucionarse legislando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales denominan “modelo español de impunidad”, se ha plasmado en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales.

El Proyecto de Ley de Víctimas del franquismo se basa en dos ideas:
1.    Que se ha negado a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.
2.    Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Coincidimos con el prestigioso fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013: "...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparadas y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español. La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica, a pesar de las exigencias al respecto de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Buena parte del trabajo que hemos desarrollado se sustenta en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

En cuanto a nuestra propuesta de archivos en concreto, valoramos que los archivos juegan una función central en la promoción y realización del Derecho a la Verdad. El Estado debe garantizar el derecho de libre acceso a la información a todos los ciudadanos y ciudadanas, y principalmente a las víctimas y familiares de la represión ejercida durante la guerra civil y el franquismo.

No hemos desarrollado una propuesta específica sobre archivos como una parte del proyecto de Ley de Víctimas del franquismo, sino una declaración de principios y objetivos, porque entendemos que es indispensable la promulgación de una Ley específica de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el acceso público a los mismos. Un política estatal de archivos afecta a toda la sociedad y a múltiples colectivos (profesionales, de víctimas…), no pudiendo plasmarse únicamente en una Ley que afecta a unos colectivos concretos.

Como principio se ha de reconocer el derecho de libre acceso, y la obligación de colaboración de los responsables de los archivos con la Justicia, con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Esa Ley de Archivos debe revisar los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, prevaleciendo siempre el Derecho a la Verdad.

En el caso de las víctimas de la dictadura, las alegaciones de razones de “seguridad del Estado”, “protección del honor” y protección de datos de carácter personal, para denegar solicitudes de información debe, examinarse de manera restrictiva y aplicarse únicamente de forma excepcional, puesto que se está frente a la investigación de agresiones contra los derechos humanos. Además, el tiempo transcurrido hace cada vez menos justificables las denegaciones de solicitud de acceso a documentos.

Los archivos deben contar con los recursos adecuados para su correcta gestión, y los archiveros necesitan respaldo legal y un marco jurídico claro para ejercer su profesión con libertad, seguridad jurídica, transparencia e independencia.

Defendemos la desclasificación inmediata de todos los documentos históricos del estado español, y que esta desclasificación alcance a los Archivos Militares, Archivos del Ministerio del Interior, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivos Judiciales, Archivos Hospitalarios y Archivos de Maternidades. Es necesario garantizar el derecho de acceso a toda la información de los archivos que contengan documentación de autoridades, organismos, instituciones, funcionarios y agentes del orden público, que cometieron, consintieron o ampararon delitos contra los derechos humanos, para hacer posible el derecho de Reparación y Justicia de las víctimas, y el derecho y el deber de Verdad del conjunto de la sociedad.

Consideramos necesaria la desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.

Es indispensable la redacción de una Ley de Secretos Oficiales que derogue las leyes 9/1968 y 48/1978, que permita la desclasificación automática de documentos, una vez hayan transcurridos plazos similares a los que reconocen países de nuestro entorno: 30 años, y 50 para casos excepcionales.

Debe derogarse el punto 6º del artículo 1º del Acuerdo entre el Estado Español y el Vaticano sobre Asuntos Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, que impide el acceso a los Archivos de la Iglesia con fines académicos, de memoria histórica, e investigación de la desaparición y adopción irregular de niños desde 1936 hasta nuestros días.

Por otro lado es inaplazable el inventariado, catalogación y reorganización, con los medios avanzados que la actual tecnología permite, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc…

Asimismo, las administraciones deberían tomar medidas urgentes con el fin de evitar a toda costa destrucciones incontroladas de documentos.

Termino agradeciendo de nuevo vuestra invitación, y poniéndonos a vuestra disposición para la recepción de propuestas e ideas con las que desarrollar y mejorar el proyecto de Ley de Víctimas del franquismo.



BIBLIOGRAFÍA:

El papel de los archivos en la defensa de los Derechos Humanos y la Memoria histórica
Jornadas Celebradas en Madrid, 4 y 5 de Abril de 2014
Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) 

Víctimas de la Guerra civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad.
Amnistía Internacional. 30 de marzo de 2006

El Acceso a los Archivos y la Memoria Histórica del siglo XX
Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”, Madrid, mayo de 2014

La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas (Informe Nizkor)
Equipo Nizkor, 14 de abril de 2004

PROPUESTA PARA UN LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.
Federación Estatal de Foros por la Memoria, Septiembre de 2015

viernes, 2 de marzo de 2018

Reunión de trabajo con el grupo de Memoria histórica del Parlamento europeo


Intervención en la Reunión de trabajo con el grupo de Memoria histórica del Parlamento europeo

Madrid, 1 de marzo de 2018


Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia en Madrid, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria, del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que reúne a más de 90 organizaciones de todo el Estado español y de Europa. 

Nuestra Federación, que participa en diversos procedimientos judiciales desde 2003, ha llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del franquismo es política, y debe solucionarse en el Parlamento, legislando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales denominan “modelo español de impunidad”: la Ley de Amnistía de 1977 (que en 40 años de vigencia invariablemente ha actuado como una ley de punto final), la Ley de Memoria de 2007 (que niega el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo), y la Sentencia de 2012 por la que se absolvió al exjuez Baltasar Garzón y se condenó a las víctimas del franquismo, a la vez que ponía una espada de Damocles sobre las cabezas de jueces y tribunales. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo cerró el modelo español de impunidad, negando la aplicación del derecho penal internacional a los crímenes contra la humanidad cometidos por los franquistas.

En consecuencia, nuestra propuesta como Federación, asumida por el Encuentro Estatal de asociaciones, se ha plasmado en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. 

El Proyecto de Ley de Víctimas del franquismo se basa en dos ideas:

1. Que se ha negado a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. Por tanto, la Ley de Víctimas del franquismo debe partir del reconocimiento jurídico de las víctimas.
2. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Coincidimos con el prestigioso fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013: "...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

Buena parte del trabajo que hemos desarrollado se sustenta en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparadas y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español. La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica, a pesar de las exigencias al respecto de los organismos internacionales de Derechos Humanos. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de Naciones Unidas, sino la identidad de los victimarios.

Aunque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática, la diferencia está, fundamentalmente, en el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español tanto en dictadura como en democracia, que ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio. 
Las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. 

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudieran ser la plena vigencia de las sentencias represivas del franquismo, o la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho en España. 

La reiterada negativa por parte del Estado español a anular las sentencias de los tribunales y consejos de guerra franquistas, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.

También se debe tener en consideración que la dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales cometidos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.
Termino agradeciendo de nuevo vuestra presencia en nuestro país, y a los organizadores/as el habernos dado la oportunidad de dirigiros estas palabras, porque estamos convencidos de que la lucha contra la impunidad del franquismo forma parte de la lucha global de la democracia y el antifascismo, es decir de la Causa de toda la humanidad progresista.