Artículo
de Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria,
publicado en el Nº18 de la revista Nuestra Historia (revista de la sección de
Historia de la FIM).
https://revistanuestrahistoria.com/wp-content/uploads/2025/02/nh18_pp217-224.pdf
¿Por
qué lo llaman concordia cuando quieren decir impunidad?
Las políticas de Memoria Democrática y el movimiento social por la recuperación de
la Memoria Histórica sufren una ofensiva desde
las instituciones gobernadas por las derechas. La punta de lanza de ese ataque
es la sistemática derogación de la legislación autonómica de Memoria. Se
pretende sustituir estas leyes y decretos, moderadamente ambiciosas, por otras denominadas
como ‘de concordia’. Las llamadas ‘leyes de concordia’ son una auténtica
aberración, se sitúan en la línea argumental y ética del negacionismo del
Holocausto y son incompatibles con el derecho internacional de los derechos
humanos.
El pasado 30 de abril de 2024 un Informe de Naciones Unidas censuró
las llamadas “leyes de la concordia” de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y
la Comunidad Valenciana, instando al Gobierno central a adoptar "todas las medidas necesarias para
garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los
derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica”.
El informe, firmado por el Relator Especial sobre la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el
Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, advertía
que estas medidas dirigidas a acabar con la legislación de memoria democrática
podrían transgredir la obligación de
"garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones
de derechos humanos", "obstaculizarían el derecho a conocer la
verdad", y además invisibilizan
“las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen
dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen".[1]
Desde 2008 un
total de 12 comunidades han venido promulgando legislación autonómica de
memoria democrática, con Catalunya como pionera, seguida por el resto de
comunidades gobernadas entonces por partidos de izquierda o nacionalistas, a
las que se sumó, con un decreto específico, la Comunidad de Castilla y León gobernada
por el PP. Sin normativa autonómica de memoria quedaron Castilla La Mancha (al
frente de la cual sigue el aún militante del PSOE Emiliano García-Page) y tres
comunidades gobernadas por el Partido Popular: Galicia, Madrid, y la Región de
Murcia.
La extrema
derecha, encarnada fundamentalmente por el partido Vox, irrumpió con fuerza en
las instituciones a partir de las elecciones autonómicas andaluzas de 2018. Si
bien su ideología reaccionaria, neofranquista, machista… se ha ido plasmando en
muy diversas iniciativas políticas y legales, uno de sus objetivos centrales y
explícitos ha sido la supresión de toda la política de memoria democrática y de
reconocimiento de derechos a las víctimas de la dictadura. A la extrema derecha
le molesta cualquier tipo de homenaje y cualquier acto de reparación material o
simbólica a las víctimas del franquismo. Después de cuarenta años silenciadas, pretenden
negarles todo aquello de lo que los franquistas disfrutaron sobradamente
durante la dictadura y que jamás fue cuestionado en democracia. [2]
Posteriormente los resultados
electorales de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 han permitido la
conformación de varios gobiernos autonómicos producto de alianzas del Partido
Popular y de Vox. El discurso agresivo de esta última fuerza sirve como excusa
y justificación para la aplicación de políticas regresivas por parte del PP,
que en los temas de Memoria por lo general había venido actuando donde había
gobernado, como una fuerza de la derecha más extrema.
Ya en 2021, el
entonces presidente del PP Pablo Casado planteaba una ‘ley de concordia’ para
resolver “la confrontación derivada de la Ley de la izquierda”. Se refería al
Proyecto de Ley que culminaría en la Ley de Memoria Democrática de 2022,
entonces en trámite parlamentario.
La oposición de
la derecha a la Memoria Histórica se ha articulado en propuestas de leyes de
concordia autonómicas en Aragón, Valencia y Castilla y León, además de las
derogaciones de las leyes autonómicas de memoria en Baleares y Cantabria.
En concreto, como señala
el Informe de Naciones Unidas, la nueva ley de la Comunidad Valenciana, al
reconocer el mismo régimen de protección a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e
islámico", "desvirtúa el objetivo" de las leyes anteriores "de atender las necesidades y derechos
de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil".
Esta ley podría llevar a asimilar los crímenes cometidos durante la dictadura y
la Guerra Civil a "un grupo
heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores,
estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el
reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles
de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura
franquista". “El Relator Especial también manifestó grave preocupación por
la posible y peligrosa manipulación de la información y la memoria
en detrimento de los derechos
humanos, así como por la estigmatización de ciertas comunidades, y los
discursos de incitación al odio que promueven a su vez la comisión de actos
violentos, e incluso la violencia masiva. (…) Asimismo, observa con
preocupación que los intentos de negar o justificar tales crímenes pueden
socavar la lucha contra la impunidad, la reconciliación y los esfuerzos para
impedir que se cometan.”[3]
El Informe de la
ONU dice sobre la Ley de Concordia de Aragón: “no
hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el
régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las ‘atrocidades
cometidas por un bando durante la guerra civil’, mientras que sí menciona la
violencia política ejercida durante la llamada ‘Segunda República’ que le
antecedió (1931-1939). (…) Asimismo, invisibiliza las graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer
referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su
responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo”.
En cuanto a la ley
de Castilla y León “podría obstaculizar con ello el derecho a la
verdad por parte de víctimas y de la sociedad civil respecto del destino y
paradero de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a
las desapariciones forzadas, el cual debe ser respetado sin perjuicio de lo
establecido por las leyes para la protección de datos personales.”
En octubre de 2024 el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley
de Memoria Histórica de Cantabria. Anteriormente, el pasado mes de Junio, el Constitucional
también admitió a trámite el recurso del gobierno de Pedro Sánchez contra la
derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón
Caso
significativo es el de la ciudad de Madrid, donde la destrucción de la placa en
la casa de Francisco Largo Caballero, o la eliminación de los nombres de las
2.936 víctimas del franquismo –así como unos versos de Miguel Hernández- en el
Memorial del Cementerio del Este, se han acompañado de la inauguración de
esculturas dedicadas a la Legión española, y a “los últimos de Filipinas”. No
son monumentos explícitamente franquistas sino una mera
reelaboración de los mitos desarrollados por el nacionalismo español
conservador, sustentados en la historiografía más reaccionaria.
Numerosos historiadores de los territorios afectados por las iniciativas legislativas revisionistas se han manifestado públicamente contra éstas, tanto por su carácter antidemocrático como por las evidentes carencias científicas que se observan en sus articulados y en sus respectivos preámbulos justificativos. El argumento central utilizado para justificar la supuesta necesidad de estas leyes de concordia es que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre la etapa que se extiende entre 1931 y 1977, “ni entre los historiadores […] ni entre los ciudadanos” [5]. Ello puede ser relativamente cierto si se pone en un mismo nivel la historiografía científica honesta, que ha alcanzado un alto nivel de consenso sobre lo sucedido en ese periódico histórico, con los intentos de recauchutado de mitos franquistas que llevan a cabo los autores revisionistas.
Las leyes de “concordia” ignoran a las víctimas más numerosas, tanto de la guerra como de la posguerra, las del franquismo, y las contraponen a las del “terrorismo”, para las que se promueven medidas de reconocimiento y reparación que se sumarían a las ya promulgadas anteriormente, en una amplia legislación estatal y autonómica. Pero sólo reconocen como tales víctimas a las del terrorismo de ETA ocultando también a otras, por ejemplo, las del terrorismo islamista o de los grupos de extrema derecha y parapoliciales durante el final del franquismo y la transición.
Otro significativo “olvido” de la legislación de “concordia” es la
ausencia en sus preámbulos y articulados de términos tales como “dictadura” o
“golpe de Estado”.
Que en
nuestro país, en más de cuarenta años de democracia, no se hayan aplicado
políticas específicas para desmontar la falsificación de la historia de los
cuarenta años anteriores, ha protegido la impunidad de los criminales, pero
también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, que hoy se
posicionan impúdicamente al nivel de los negacionistas del Holocausto.
Perdura en buena parte de la sociedad el relato sobre la 2ª República, la guerra y la dictadura que el franquismo difundió, mediante cuarenta años de apabullantes políticas de memoria, para desacreditar a sus enemigos y negar o justificar sus tropelías. Décadas de adoctrinamiento dejan huella en varias generaciones y no se pueden revertir de la noche a la mañana, sobre todo cuando el régimen democrático posterior ni siquiera lo ha pretendido. La mitología franquista no ha sido censurada o desautorizada por las instituciones democráticas. Las consecuencias -cada vez más evidentes- para la democracia española son demoledoras.
Dentro de
la agenda reaccionaria de la derecha española, que tiene en su punto de mira a
numerosos colectivos, y al estado social y de derecho, el ataque a las
políticas de Memoria y al movimiento social que las ha reivindicado y promovido
tiene un papel prioritario. Como muestra, la ley que deroga a la de Memoria de
Cantabria, publicada el pasado 8 de noviembre, lleva el número 1/2024. No han
hecho ninguna otra ley desde que accedieron a ese gobierno regional.
Escuchamos
cada día por parte de la derecha política y mediática, manifestaciones de
apología de la dictadura, minimización de sus crímenes, e invocaciones a no
recuperar un pasado que hay que olvidar. Cuando insisten en que es “mejor no
reabrir heridas”, lo que buscan es que el relato de la dictadura se perpetúe
socialmente, y que los medios de difusión y el sistema educativo no pongan en
evidencia los mitos del franquismo, que mucha gente da aún como ciertos.
Hemos dicho en alguna ocasión que es evidente el fracaso de las políticas de reinserción de la derecha española en la democracia. El golpe de 1936 y la inversión posterior en terror ha garantizado a la derecha española 85 años de estatus social, de poder político y económico, que jamás ha sido cuestionado. Nunca se han pedido responsabilidades de ningún tipo. Entonces, ¿por qué van a condenar el franquismo? Es más, en vista de tales réditos ¿por qué no iban a repetir la agresión a la democracia, si se dieran las circunstancias y la oportunidad?
La aprobación de estas leyes de “ concordia” supone una limitación
de los derechos humanos de las víctimas del franquismo, además de un
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado español de respeto,
protección y garantía del derecho a la verdad, la justicia, la reparación, las
garantías de no repetición, y, por supuesto, de su memoria personal y del
derecho y deber de memoria colectiva.
Hay que enmarcar estas iniciativas revisionistas como parte de lo
que está ocurriendo a lo largo de toda Europa: una ola totalitaria que amenaza
nuestras democracias y que pretende reescribir la historia. [7]
Se pretende
derogar la mayor parte de la legislación memorialista autonómica, comunidad por
comunidad, en un plazo más o menos rápido. Resulta envidiable la manera sistemática, contundente y desacomplejada con que actúan las derechas en este asunto, frente a la actitud,
por lo general pusilánime, de la izquierda en la aplicación desde las
instituciones de políticas de memoria democráticas.
Desde el
movimiento memorialista, desde las fuerzas políticas y sociales democráticas,
estamos exigiendo al Gobierno español que recurra ante el Tribunal
Constitucional todas las futuras leyes de ‘concordia’ ya que suponen una
violación flagrante de los derechos fundamentales de las Víctimas del
Franquismo, y son contrarias a la Ley de Memoria democrática vigente.
El desarrollo
normativo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y la voluntad política para su
aplicación, son condiciones imprescindibles para que los derechos de las
víctimas que el texto reconoce comiencen a hacerse efectivos.
[1]
Dictamen de la ONU sobre las
leyes de concordia. Mandatos del Relator Especial
sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ref.:
OL ESP 4/2024. 30 de abril de 2024.
https://s1.elespanol.com/2024/05/03/actualidad/DownLoadPublicCommunicationFile.pdf (consulta: 18 de Noviembre de 2024).
[2] Santiago Vega Sombría: “Leyes de ‘concordia’, leyes de ‘desmemoria’”, Nuestra Bandera, 263.
[3] Mandatos del Relator Especial…. Abril de 2024.
[4] S.Vega, “Leyes de ‘concordia’, leyes de ‘desmemoria’”
[5] Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Declaració davant la Proposició de Llei de Concòrdia a les Corts
Valencianes (Història Moderna i Contemporània de la Universitat de
València, Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I de Castelló y
Humanitats Contemporànies de la Universitat d’Alacant, No hay concordia sin memoria. Declaración de historiadores de Castilla
y León (suscrito por profesores de los campus de Burgos, León, Salamanca y
Valladolid, junto a historiadores de la Comunidad) y Manifiesto conjunto de profesoras y profesores del Área de
Historia Contemporánea (Departamento de Historia Moderna y Contemporánea) y de
la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria
(UC) Ante la posible derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
[6] Federación Estatal de Foros por la Memoria, “De la Impunidad a las leyes de ‘Concordia’”, 11 de Abril de 2024. https://www.foroporlamemoria.info/2024/04/de-la-impunidad-a-las-leyes-de-concordia/ (consulta: 15 de Noviembre de 2024).
[7] Nadia Gayoso De la Calle, "'Leyes de Concordia': un retroceso histórico en la memoria democrática de España y de Europa", FIBGAR https://fibgar.es/leyes-de-concordia-un-retroceso-historico-en-la-memoria-democratica-de-espana-y-de-europa/ (consulta: 15 de Noviembre de 2024).
