domingo, 26 de febrero de 2017

"Las novelas y el poder", por Suso de Toro


Las novelas y el poder

La literatura que promueve el poder a través de sus medios de comunicación es, en la práctica, equidistante ante la Guerra Civil

Suso de Toro . El diario.es, 22/02/2017 


La literatura de autor expresa el teatro íntimo de la imaginación de quien escribe. La literatura de autor, cuando lo es, siempre es verdad y sincera. No tiene sentido discutirle al autor su ficción, pues es su verdad particular e indiscutible.

Los relatos de ficción pueden representar cifras abstractas de la realidad pero la novela es por su naturaleza sociológica e histórica. Un novelista no puede ignorar que sus ficciones encajan, matizan o chocan con la ficción establecida, creada por los poderes dominantes.


Leí hace unos días que el novelista Fernando Aramburu mostraba sorpresa por el éxito editorial y de prensa de una novela que le acaban de publicar. Francamente no puedo creer que sea una declaración sincera, porque cualquiera que leyese la presentación entusiasta que le hicieron las cabeceras de prensa madrileñas sabía inmediatamente que un libro así promocionado tendría éxito editorial. Si verdaderamente se extraña, entonces creo que desconoce completamente la realidad social y política de la sociedad en la que escribe y publica.

Entiendo que la celebración de esa novela se debe a conveniencia ideológica. El relato que hacen los entrevistadores y la propia argumentación del autor encaja, repite y refuerza el relato del poder establecido en el estado español sobre el conflicto vasco. ¿Tendría un tratamiento parecido una novela con valores estéticos parecidos pero que narrase las torturas en un sótano del cuartel de Intxaurrondo bajo el general Galindo?, por poner un ejemplo. Es evidente que no. Sin entrar en el valor literario de la novela misma, no debe dejar de ser recibida sin ponerla en relación con lo que nos ocultan, prohíben e imponen. Ningún novelista es completamente ingenuo.

Y debo referirme también a la promoción de un nuevo libro de Javier Cercas y que, de igual modo que la novela anteriormente aludida, también recibe una entusiasta promoción y acogida en los mismos medios. Creo que Cercas es el autor que más claramente está reflejando una visión del pasado que coincide e interesa al poder establecido. En la obra de este autor está la interpretación de la Guerra Civil y el franquismo que justifica la Transición y el sistema sociopolítico a que dio lugar.

En sus presentaciones del libro, Cercas hace una reivindicación personal de su tío, un joven idealista, y del abuelo. El escritor parece convocar o invocar los fantasmas de su familia e investiga su origen, una operación psicológica y espiritual profunda que solemos hacer los escritores al llegar a cierta edad. El trabajo del autor levantando un retrato de esas figuras ya es un homenaje a su existencia. Sin duda, esa obra nace de una necesidad íntima del autor y cubre huecos y reorganiza su mundo interior. Los escritores utilizan su oficio para construirse o reconstruirse interiormente.

Siendo un intento legítimo literariamente no se debe dejar de ver que encaja perfectamente en el discurso del poder y por ello es tan bien recibida. No debemos obviar el contexto histórico y social de las novelas si queremos valorarlas cabalmente.

Las personas nacidas en España y con cierta edad somos los hijos e hijas bien de los vencedores o bien de quienes se adaptaron de grado o por fuerza al franquismo para sobrevivir. Por un lado, nuestra conciencia fue modelada por un largo franquismo que penetró profundamente en las familias y la sociedad y, por otro lado, tenemos el instintivo deseo de defender o reivindicar a nuestros mayores. Incluso de absolverlos si es el caso. Aunque una relación madura con nuestros padres simplemente pide que intentemos comprenderlos sin necesidad de justificarlos.

Las novelas que reivindican a nuestros mayores más o menos franquistas y que nos ofrecen consolación y conformidad son comprensibles y legítimas una a una si hay una actitud sincera de búsqueda de verdad. Pero cuando su promoción y canonización van acompañadas del ahogamiento de otras miradas, de otras obras que representan una visión conflictiva de esa misma realidad, entonces son parte del discurso establecido por los poderes. Los deberes filiales de los novelistas no deben impedirles hacer su trabajo literario: ficciones que, además de entretener, ayuden a desvelar el relato establecido y muestren la complejidad y las contradicciones que nos ocultan.

Y tienen su correlato en las historias de la Guerra Civil que argumentan que "había buenos y malos en los dos bandos" o que "la razón políticamente está de parte de la República, pero...". Un "pero" muy grande, extenso y bien alimentado que oculta el origen de aquella tragedia y justifica lo existente.

En correspondencia con la anemia cívica de la sociedad española, atrapada en una crisis social y política profunda ante la que se ve incapaz de reaccionar, la literatura que promueve el poder a través de sus medios de comunicación es, en la práctica, equidistante ante la Guerra Civil y hace lo mismo con la dialéctica antifranquismo versus franquismo. La argumentación implícita o explícita de que había buenos y malos en los dos bandos en la guerra se repite al calificar como tan enemigos de la democracia a quienes luchaban contra el franquismo como a los mismos franquistas.

Y, así argumentado, aceptamos que la Transición fue "una victoria de todos los españoles", "un ejemplo de madurez" o cualquier otra cosa. Así que por qué vamos a cuestionar aquellos pactos y la forma y estructura del estado. Incluso, podemos creer y contar que el Rey Juan Carlos I no solo trajo la democracia sino que la defendió del golpe del 23-F.

Parte de la memoria de la Transición interesadamente sepultada son obras y nombres de autores literarios. Sin hacer recuento del exilio pienso en Alfonso Sastre, Eva Forest o José Bergamín, por ejemplo. No todo fue brindar por el rey y los apaños constitucionales, sino que también hubo quien objetó. Hay que recordar una cosa y también la otra.  

http://www.eldiario.es/zonacritica/novelas-poder_6_615298499.html

viernes, 17 de febrero de 2017

Sobre la previsible huelga de los estibadores

Cuando hay un conflicto laboral, los medios de comunicación intentan desactivarlo poniendo a la opinión pública contra los huelguistas. Se les acusa de privilegiados, por los derechos que pretende defender o conquistar, o por el mero hecho de tener un empleo.

Es habitual que se busque enfrentar a los trabajadores fijos con los eventuales; a los que trabajan a jornada completa con los que lo hacen con jornada parcial; a los trabajadores inmigrantes con los foráneos; y a todos ellos con los parados.

Si un sector como el de los estibadores disfruta de unas mejores condiciones se les causa de privilegiados, transmitiendo la idea de que lo justo es recortar sus derechos asimilándolos a los que están en peor situación. Ocultan que si un colectivo laboral tiene unas buenas condiciones laborales no es por gracia generosa de la empresa, sino porque se ha conquistado anteriormente con una buena acción sindical, con protestas, paros y huelgas, que han costado sangre sudor y lágrimas.

Para los trabajadores que asumen los argumentos del enemigo de clase (dejémonos por favor de eufemismos a estas alturas), como escribía ayer un célebre twittero: si los estibadores pierden la huelga, ¿pensáis que los empresarios os van a dar después sus derechos y su sueldo a vosotros/as?

¿Acaso son inocentes los periodistas que argumentan que los estibadores deben bajarse el salario porque hay 4 millones de parados dispuestos a hacer su trabajo? ¿Cuántos periodistas parados podrían hacer su trabajo? Quizás si la empresa periodística no los sustituye es porque no están pagando su profesionalidad, sino su servilismo. Que se lo digan a Escolar, Cintora y a otros…


De lectura indispensable:

Una oligarquía industrial y fondos multinacionales, tras la guerra de los estibadores y Fomento
Feliciano Tisera   Bez.es, 16/02/2017

Prepárate para odiar a los estibadores
Isaac Rosa. El Diario, 09/02/2017

domingo, 12 de febrero de 2017

"Prepárate para odiar a los estibadores", por Isaac Rosa

Prepárate para odiar a los estibadores

Cada vez que un colectivo "privilegiado" pierde derechos, el efecto mariposa laboral nos acaba golpeando a todos

Isaac Rosa. El Diario, 09/02/2017

Hacía ya tiempo que no teníamos un colectivo de trabajadores al que odiar con todas nuestras fuerzas y poder gritarles "¡privilegiados!". Hemos odiado a funcionarios (¡parásitos!), mineros (¡subvencionados!), profesores (¡vagos, todo el día de vacaciones!), y por supuesto a los más odiables de entre los odiosos: los controladores aéreos, que tan buenos ratitos de odio nos dieron un verano.

Pero estamos de enhorabuena, porque en los próximos días nos van a echar un nuevo hueso: los estibadores de puerto. No sabíamos nada de ellos hasta ahora, solo que son los que cargan y descargan barcos; pero resulta que también son unos privilegiados. Ahora el Gobierno prepara un decreto para liberalizar la actividad, y los trabajadores están dispuestos a ir a la huelga para defender sus derechos. Perdón, quiero decir que "los privilegiados están dispuestos a chantajearnos para defender sus privilegios".

La secuencia es la habitual, la hemos visto muchas veces:

1.- Cogemos un colectivo que todavía no haya sucumbido a reformas laborales y precarización.

2.- Anunciamos recortes de sueldos y derechos, porque "lo manda Europa", y con el argumentario habitual: liberalizar, ganar competitividad, modernizar, crear empleo…

3.- Señalamos a los trabajadores como "privilegiados", "restos de un modelo anacrónico" (a ser posible del franquismo, para odiarlos más), y por supuesto "aristocracia sindical".

4.- Informamos a la ciudadanía de los privilegios (sueldos altos, eso lo primero).

5.- Rompemos la negociación, por muy avanzada que esté, y no les dejamos más salida que la huelga.

6.- Acusamos a los huelguistas de dañar un "sector estratégico".

7.- Lanzamos una campaña de desprestigio por tierra, mar y aire.

Además, hay que asegurarse de que los representantes sindicales no tengan voz, que ya sabemos lo manipuladores que son: si les dejamos, dirán que lo suyo no son privilegios sino derechos ganados en décadas de lucha, que la suya es una profesión especialmente dura y con alta siniestralidad, que hay otras opciones para cumplir con Europa, que los puertos son rentables y lo único que buscan gobierno y patronal es abaratar costes laborales (rebaja salarial ¡del 60%!, más horas de trabajo, flexibilidad laboral…).

Nada, ni caso. No escuchen a los trabajadores, que son capaces de convencernos. Yo ayer lo hice, atendí a sus razones, y me entraron dudas: a ver si van a tener razón… A ver si en realidad no son unos privilegiados… A ver si es que el único "privilegio" que tienen (el mismo "privilegio" que controladores, mineros o funcionarios; el mismo "privilegio" que hemos perdido la mayoría; el que les quieren quitar) es el "privilegio" de ser capaces de defender sus derechos, de tener conciencia de clase, organización y capacidad de lucha.

Tantas dudas me entraron que miré a ver qué sindicato es ese de los estibadores y descubrí que tiene unos principios que no parecen los propios de una mafia ni de una aristocracia insolidaria: una coordinadora que se define de clase, democrática, asamblearia, internacionalista y que defiende la solidaridad con toda la clase trabajadora (como demuestra su participación en sucesivas huelgas generales).

Uf, me ablandé, lo reconozco. Empecé a pensar que deberíamos apoyar la lucha de los estibadores. No por ellos, sino por nosotros: porque cada vez que un colectivo "privilegiado" pierde derechos, el efecto mariposa laboral nos acaba golpeando a todos. No ganamos nada y, a cambio, perdemos espacios de organización sindical que todavía resisten y que sirven como ejemplo.

Nada, un día tonto, en seguida se me pasa. En cuanto vea dos telediarios recordándome el sueldazo de los estibadores me sumaré otra vez al pelotón de odiadores. Hacedme sitio, que voy.

http://www.eldiario.es/zonacritica/estibadores_huelga_puertos_6_610748942.html

"Un fútbol apolítico de neonazis y machistas", por Carlos Hernández

Un fútbol apolítico de neonazis y machistas

Si por algo está siendo relevante la polémica del fichaje de Roman Zozulya por el Rayo Vallecano es porque ha vuelto a hacer aflorar la caspa y el machismo que siguen impregnando nuestro balompié


Carlos Hernández. El Diario, 08/02/2017 

¿Se puede ser una estrella del fútbol mundial siendo neonazi y presumiendo de ello públicamente? Esta es la única pregunta, en el fondo, que planea sobre el accidentado fichaje del jugador ucraniano Roman Zozulya por parte del Rayo Vallecano. La mayoría de las respuestas a esta simple cuestión han sido síes hipócritas, camuflados de supuesta neutralidad: "Hay que separar fútbol y política", "fútbol es fútbol", "lo que importa es su comportamiento en el terreno de juego", etc.

El único que se mostró verdaderamente sincero en su contestación fue un periodista de El País. Rafa Cabeleira afirmó la pasada semana que al aficionado al fútbol, el hecho de que un jugador sea neonazi le debe importar tan poco como que sea "el chico negro, el joven gay o la niña que no quiere ser princesa". Lo malo no es solo que un profesional de la comunicación realice esta comparación y su medio, ese que en su día fue referencia del progresismo de este país, le permita publicarlo; lo verdaderamente grave es que Cabeleira estaba poniendo voz a lo que piensan muchos de esos opinadores y dirigentes de nuestro fútbol que tan a menudo nos exigen separar el deporte de la política.

Si por algo está siendo relevante esta polémica es porque ha vuelto a hacer aflorar la caspa y el machismo que siguen impregnando nuestro balompié. Basta escuchar lo que se dice en algunos programas de radio y televisión para confirmar que en ese mundo paralelo que es el fútbol aún hay algunos, demasiados, que tienen un pie en la época en que la copa era del "Generalísimo" y el modelo de dirigente era Don franquista Bernabéu.

Un mundo de "machadas", "hombradas" y "juego viril" en el que encaja a la perfección el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que se enorgullece de haber militado en Fuerza Nueva y que pide abiertamente para España la llegada de nuestro propio Le Pen. A nadie le puede sorprender, por tanto, su beligerante defensa de Zozulya que ha llegado al delirante extremo de anunciar una querella criminal contra aficionados rayistas. Tebas sí puede hacer política y hablar de política; y además con el objetivo único de servir a su ideología ultraderechista, pero nos exige a los demás que no politicemos el fútbol. Él y ellos sí pueden interpretar un simple partido de la selección como un acto de reivindicación popular de la unidad de España, pero no soportan que en Cataluña se exhiban banderas independentistas porque eso sí es politizar el fútbol.

Es en ese contexto en el que se desarrolló la última polémica que nos ocupa, provocando espectáculos tan contradictorios como reveladores. Apenas 24 horas después de que comenzara la campaña de la afición del Rayo para abortar el fichaje de Zozulya, los jugadores del Betis salieron en bloque, públicamente, para condenar su "linchamiento". Podríamos estar ante un simple caso de corporativismo movido por la ignorancia… de no ser porque esa determinación contrasta con el silencio que la misma plantilla mantiene ante las graves acusaciones por violencia de género que pesan contra otro compañero de vestuario. Rubén Castro se sentará este año en el banquillo acusado de siete delitos de malos tratos y uno de agresión sexual.

Ni el "campechano" Joaquín, ni el resto de sus "compis" han levantado la voz contra los aficionados béticos que han apoyado a este imputado con cánticos así de repugnantes: "Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien". Ni uno solo de los futbolistas verdiblancos que clamaron la pasada semana ante la prensa "todos somos Zozulya" han dicho hasta ahora "todos somos Laura" en solidaridad con la agredida exnovia del presunto maltratador. Una actitud similar a la de prácticamente todos los dirigentes, aficionados y periodistas que han defendido al delantero ucraniano.

Yendo, por último, a la raíz del escándalo, el propio Rafa Cabeleira reconocía lo evidente en su artículo: el futbolista ucraniano es de ideología neonazi. No hay que ser un periodista de investigación para llegar a tal conclusión aunque en su propio diario llegaron a pintar, días después, a Zozulya como un benefactor de niños cuya inmaculada imagen había sido mancillada por "la desinformación y la propaganda" de la malvada Rusia.

Diga lo que diga 'El periódico global', es el propio jugador quien ha revelado su ideología en las redes sociales. El delantero expresó su apoyo al Batallón Azov, un grupo paramilitar neonazi acusado de cometer crímenes de guerra, en un vídeo colgado en el canal de Youtube de los ultraderechistas. Y en sus perfiles personales Zozulya ha dejado otras huellas: entre otras muchas cosas, se enorgullecía reiteradamente de parecerse a Stepán Bandera. Este líder nacionalista ucraniano intentó llevar a su país a la independencia poniéndolo en manos de Adolf Hitler. La ambición desmedida del Führer frustró los planes de Bandera y dio con sus huesos en un campo de concentración, pero en el camino se quedaron miles de judíos y oponentes políticos exterminados por sus milicias que "trabajaban", codo con codo, con las SS. Ese es el héroe de Zozulya. ¿Queremos que lo sea también de nuestros hijos?

En esta última pregunta se halla parte de la respuesta a la cuestión con que arrancaba estas líneas. Cualquier futbolista, faltaría más, puede pensar lo que le venga en gana; otra cosa bien diferente es que utilice la fama que le ha brindado este deporte para difundir ideales contrarios a la libertad, la tolerancia y los derechos humanos. Si el fútbol solo fuera fútbol, como dicen los que defienden a Zozulya, no tendría sentido la prohibición de exhibir en los estadios símbolos fascistas; si solo es un deporte, ¿por qué se ha adoptado en todas las competiciones el lema "Respeto, no al racismo"?; si hay que alejar este espectáculo de la política, ¿por qué se recurre a subvenciones municipales para salvar equipos en ruina, a "papá Estado" para crear espacios de privilegio fiscal y a La Roja como referencia de la Marca España?

Todos, incluso quienes se deslizan por ese discurso hipócrita, sabemos que el fútbol es mucho más que fútbol y, nos guste o no, sus estrellas, sus dirigentes y hasta algunos de sus periodistas son el espejo en que se quieren ver reflejados millones de niños y jóvenes de los cinco continentes. Lo mínimo que podemos exigirle a todos ellos es que respeten los valores democráticos y no insulten nuestra inteligencia apelando a despolitizar el deporte, mientras se dedican a proteger a neonazis, maltratadores y machistas.

http://www.eldiario.es/zonacritica/futbol-apolitico-neonazis-machistas_6_610398971.html

jueves, 2 de febrero de 2017

"Derogar la ley de amnistía", por Rafael Escudero Alday


Derogar la ley de amnistía

Rafael Escudero Alday
La Marea, 30-01-2017

 redaccion@lamarea.com


 “La amnistía que reclamaban los antifranquistas no solo se ha terminado convirtiendo en un salvoconducto hacia la impunidad y el olvido, sino que además, tras dársele la vuelta, se ha impuesto discursivamente como una de las bases ideológicas legitimadoras del régimen de 1978”.

La dirección federal de Izquierda Unida ha anunciado su decisión de iniciar una campaña para la derogación de la Ley 46/77 de Amnistía, de 15 de octubre de 1977. A las críticas habituales dirigidas desde los sectores partidarios de mantener el statu quo surgido tras la muerte del dictador (es decir, desde la llamada “Cultura de la Transición“), esta vez hay que sumar la de quienes reprochan a esta organización política una suerte de traición a su pasado. En concreto, hacia quienes desde las filas del Partido Comunista de España lucharon por la llegada de la democracia en este país, fueron salvaje e injustamente condenados por sus actividades y reclamaron una amnistía para los presos políticos, sus propios presos. Aunque no deja de tener su ironía que conocidos anticomunistas se rasguen las vestiduras en defensa de una izquierda en la que nunca creyeron y de la que nunca formaron parte, conviene realizar alguna precisión a este respecto a la hora de llevar a cabo un análisis del fondo de la propuesta.

La amnistía del año 1977, junto con otras medidas parciales de gracia que se habían aprobado en 1975 y 1976, nace en el contexto de las demandas formuladas por la oposición antifranquista. Oposición en cuya primera línea estuvo el PCE, junto con otras personas y movimientos de la izquierda que, aunque no encuadrados en esta fuerza política, sí compartían un ideal radicalmente democrático. Nunca tendremos suficientes palabras de elogio para estas personas y militantes. Sin ellos nunca se habría llegado hasta donde se llegó. Su generosidad en el sacrificio es un modelo a seguir. Son y serán siempre un referente para cualquier lucha emancipadora. Y que el discurso hegemónico sobre la transición española (ese que cuenta que esta fue exitosa y pacífica debido a un pacto entre élites que trajo la democracia “de la ley a la ley”) les haya miserablemente ignorado muestra el enorme déficit de legitimidad que tiene el discurso mainstream sobre el sistema constitucional español.

Pero lo que ninguna de las personas que esos años se manifestaban demandando la amnistía podía tan siquiera imaginar es que estaban manifestándose en favor de la impunidad de los crímenes del franquismo. O que estaban intercambiando culpas, perdones y amnistías. Ni de los crímenes cometidos durante la larga noche del totalitarismo franquista, ni de los que se estaban cometiendo en esos años por el largo brazo del terrorismo de Estado. ¿Alguien puede imaginar que la demanda de amnistía desde la izquierda en 1977 incluía el perdón y olvido de los crímenes pasados, que por su cariz e intensidad merecen la calificación de crímenes contra la humanidad, y de los no menos graves que estaban por venir? No, la reivindicación de la amnistía en las calles no se articuló nunca bajo tales parámetros. De haber sido ese el objetivo, uno de los partidos herederos del franquismo, Alianza Popular, el del exministro Manuel Fraga, ¿se habría opuesto a ella como lo hizo?

Desde la izquierda no estaba esta amnistía inicialmente concebida para olvidar los crímenes del franquismo. Ni mucho menos, tal y como hoy se ha extendido, que pudiera servir como un parapeto frente a las demandas de justicia y verdad que reclaman -y a las que tienen derecho, según el Derecho internacional- las víctimas de la dictadura. De tener que destacar algún fin, señálese que esta concreta Ley 46/77 de Amnistía estaba pensada para que a ella se acogieran los miembros de ETA, en la creencia de que así abandonarían la violencia. En este sentido, su artículo 1.I.b dispone la amnistía de todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas, cualquiera que fuese su resultado, realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 6 de octubre de 1977, cuando se aprecie además “un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”.

Por otra parte, la mayoría de los presos antifranquistas pertenecientes al PCE, a las Comisiones Obreras o a otros partidos, movimientos y sindicatos ya habían abandonado las cárceles al amparo de anteriores medidas que extinguieron esa peculiar “responsabilidad penal”. Pero fue Unión de Centro Democrático, otro de los partidos herederos del franquismo, quien introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley -por cierto, sin dar explicaciones a la opinión pública- unas cláusulas que no estaban presentes en sus borradores iniciales: en concreto, las que extienden la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (arts. 2.e y 2.f).

Situar en sus justos términos el contexto de la reivindicación de la amnistía sirve para desestimar esa crítica -emitida por otrora radicales anticomunistas convertidos hoy en guardianes de las esencias de una “verdadera izquierda”- que califica de felonía o traición la decisión de IU de abogar por la derogación de la citada ley. En mi opinión, más bien se trata de lo contrario: de terminar con un instrumento legal que ha ido más allá de su inicial propósito, se ha convertido en una muralla de garantía de la impunidad franquista y se utiliza como arma arrojadiza para acallar a las víctimas de la dictadura.

Tenemos ejemplos suficientes del uso torticero de esta ley como instrumento de punto final. Quizá el más significativo sea el del Tribunal Supremo en su sentencia de 2012 en la que rechaza la posibilidad de investigar en sede judicial española los crímenes del franquismo. En ella se califica la ley de amnistía como “pilar básico e insustituible de la transición española” y, a partir de ahí, se la esgrime como argumento central para rechazar toda investigación de lo que distintos organismos de Naciones Unidas han calificado sin ambages como crímenes contra la humanidad. Básicamente, pero no solo, las más de 114.000 desapariciones forzadas producidas en los primeros años del terror franquista. Nótese bien que con base en la amnistía se rechaza no ya la condena, sino la mera posibilidad de investigar judicialmente estos hechos.

Y, por si con esto fuera poco, se termina por argüir de nuevo la amnistía para dar cobertura legal a la negativa de los jueces a personarse en los lugares donde aparecen restos humanos (víctimas de tales desapariciones) y abrir diligencias al respecto. El TS avala la inacción judicial cuando de la propia denuncia o querella se deduzca que se trata de restos de la guerra civil. En esos casos, continúa el alto tribunal, ya existen otros mecanismos para conseguir la exhumación e identificación de tales cadáveres. Se refiere el TS a los previstos en la llamada ley de memoria histórica de 2007, la cual, como es de sobra conocido, no ha servido para conseguir tales exhumaciones, ni tampoco para reparar a las víctimas ni garantizar mínimamente sus derechos. Una ley de memoria histórica que desde su preámbulo se declara heredera -¡cómo no!- de la amnistía, la reconciliación y del espíritu de la transición.

Con su decisión, el TS no hizo sino refrendar un estado de opinión que hace inviable interpretar la ley de amnistía de una forma que la haga compatible con la investigación judicial de los crímenes de la dictadura. Aunque hay argumentos razonables que avalarían esta posibilidad. No solo porque según el Derecho internacional los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables, sino también porque la extensión de la amnistía a graves violaciones de derechos humanos vulneraría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España meses antes de aprobarla. Pero hoy estamos lejos de conseguir esta interpretación alternativa por los distintos poderes del Estado español. Por citar otro ejemplo más reciente, la Audiencia Nacional ha esgrimido de nuevo la ley de amnistía para rechazar la solicitud de extradición de conocidos torturadores emitida por el juzgado argentino que se encuentra investigando crímenes contra la humanidad cometidos no en el año 1936, sino en los estertores del franquismo.

La amnistía que reclamaban los antifranquistas no solo se ha terminado convirtiendo en un salvoconducto hacia la impunidad y el olvido, sino que además, tras dársele la vuelta, se ha impuesto discursivamente como una de las bases ideológicas legitimadoras del régimen de 1978. De ahí que, si se quiere avanzar hacia un horizonte de ruptura democrática con este, no cabe sino derogarla. Además, así haremos justicia a tantos luchadores antifranquistas y víctimas de los crímenes de la dictadura que, bajo la apelación a la ley de amnistía, ven hoy negados sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Para terminar, en suma, con una de las peores maldades con las que hemos tenido que convivir estos últimos años: utilizar una demanda de las víctimas para proteger a sus verdugos.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
@RafaEscudero1

"Víctimas y victimarios", por Joan B. Culla i Clarà


Víctimas y victimarios
La aplicación de la legislación que protege penalmente las víctimas del terrorismo está teniendo efectos grotescos

Joan B. Culla i Clarà. El País, 26-01-2016




JOAN B. CULLA I CLARÀ
26 GEN 2017 -
Esto no podía acabar bien. Cuando, en 1999, un Gobierno de José María Aznar tomó la iniciativa de legislar que todas las personas objeto de atentados de ETA en cualquier fecha o circunstancia eran "víctimas" sin distinción ni ningún matiz, indiscriminadamente merecedoras de homenaje y dignos de recibir la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, en este momento se cometió un disparate histórico y una aberración moral. Como debían ser iguales en la consideración legal y social el jefe de la policía política franquista en Guipúzcoa, antiguo colaborador y émulo de la Gestapo, torturador de fama siniestra, y los niños del cuartel de Vic?

Como debían ser equiparables ciertos jerarcas de la dictadura, bajo el mandato de la que se aplicaban estados de excepción mientras los "disparos al aire" mataban manifestantes ras de tierra, y los clientes de Hipercor, o los guardias civiles de la plaza de la República Dominicana, o los policías de la Cruz Alta, servidores uniformados de la democracia?
Además, el legítimo celo en la persecución de la barbarie etarra tras el franquismo llevó a introducir en el Código Penal enunciados como el del artículo 578, que dice entre otras cosas: "La realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años ".

La combinación entre ambos elementos está empezando a dar resultados grotescos. De un lado, ciertas asociaciones de víctimas y plataformas de extrema derecha tratan de convertir la figura penal de la "humillación" en una mordaza a la libertad de expresión de cantantes poco convencionales, de usuarios de Twitter poco reflexivos, de ayuntamientos de Euskadi y Navarra, etcétera. Los casos del regidor madrileño Guillermo Zapata, o de la militante de la izquierda abertzale Jone Artola, la mera designación de la que como txupinera de las fiestas de Bilbao en 2013 fue considerada atentatoria contra la "dignidad de las víctimas de ETA ", ilustran hasta dónde puede llegar una interpretación insensata del artículo 578.

Pero la insensatez experimenta un alarmante salto cualitativo cuando la fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años y medio de cárcel y tres de libertad vigilada para el estudiante Cassandra Vera por haber publicado en Twitter unos chistes sobre la muerte del almirante Carrero Blanco, chistes que el fiscal considera "graves mensajes de enaltecimiento del terrorismo".

Ignoro si el fiscal lo sabe, pero en 1973 Luis Carrero Blanco era, además de presidente del Gobierno -de un Gobierno ilegítimo- y brazo derecho del Caudillo, el guardián designado para que la próxima sucesión fuera a una "monarquía del 18 de Julio "perfectamente antidemocrática. Tal como escribió por entonces un periodista francés, el esquema del régimen para el día siguiente de Franco era "un rey de paja y un canciller de hierro".

En estas condiciones, no creo que en la España de aquel diciembre hubiera millones de enaltecedores sin encanto del terrorismo, pero es un hecho irrefutable que millones de demócratas celebraron -celebramos- la desaparición de quien era el cerrojo del cambio. Y que circularon al respecto un montón de chistes, el más inocente de los que decía "¿Sabes que en Madrid cambiarán el nombre a la calle de Claudio Coello? Sí, ahora se llamará calle Buensuceso ... ". Y que hubo incontables alusiones jocosas al vuelo del almirante. 

Comprendo perfectamente que tales expresiones duelan o repugnen a la nieta de Carrero -su carta en EL PAÍS, en todo caso, la honra- pero, en términos históricos, son del todo comprensibles. Verdad que no hay que apelar al padre Mariana ya su doctrina sobre la legitimidad del tiranicidio para entenderlo?

Dicho esto, supongo que la vigilante fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha emprendido acciones contra Jaime Alonso García, hasta hace poco vicepresidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Según ha declarado este sujeto, Franco, "un católico ejemplar", "fue un hombre enormemente humano y tenía un nivel de tolerancia muy importante"; su régimen "sólo fusiló 23.000 personas, y no fue por capricho"; en fin, "Franco es un referente, siempre será la solución a todos los problemas que pueda tener España".

Si estas manifestaciones públicas no constituyen un caso flagrante de enaltecimiento del terrorismo franquista, de menosprecio y humillación a sus cientos de miles de víctimas, que baje Dios y lo vea.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

"Al-Andalus y la resurrección de la memoria histórica nacionalcatólica", por Alejandro García Sanjuán


Alejandro García Sanjuán, profesor de la Universidad de Huelva
El Diario.es, 28/01/2017

Al-Andalus y la resurrección de la memoria histórica nacionalcatólica
"Una auténtica resurrección del pensamiento nacionalcatólico a comienzos del siglo XXI que se alinea con el creciente auge de la ultraderecha, la xenofobia y la islamofobia"

La memoria histórica suele asociarse en España a la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Sin embargo, manifestaciones públicas recientes realizadas desde distintos ámbitos y relativas al período de al-Andalus, un país árabe e islámico en la península ibérica durante la Edad Media, nos indican la enorme importancia que dicha época adquiere a la hora de tratar de imponer una idea muy determinada de la identidad nacional española.

Con frecuencia, esas manifestaciones se refieren a la celebración de la Toma de Granada, un acontecimiento de especial relevancia histórica, ya que marca el final de la existencia de al-Andalus. Desde hace años, las organizaciones y colectivos de ultraderecha aprovechan cada 2 de Enero para desempolvar las banderas franquistas y resucitar el rancio discurso decimonónico, sectario y excluyente del pasado peninsular, en el que sólo tiene cabida su dimensión católica, expresada a través de la más tóxica versión de la noción de Reconquista.

Hace solo unos días Esperanza Aguirre se convirtió en portavoz de este discurso al afirmar que, gracias a la conquista de Granada, las mujeres españolas gozan hoy día de libertad, pretendiendo convertir a los Reyes Católicos en auténticos artífices del activismo feminista. En perfecta sintonía con estas declaraciones, el líder de la formación ultraderechista Vox mostraba su satisfacción por la ‘expulsión definitiva del invasor musulmán’, un invasor que, paradójicamente, en 1492 llevaba ocho siglos asentado en el territorio peninsular.

Este discurso tendencioso y profundamente tergiversador del pasado adquiere pleno significado en el contexto de una Europa cada día más nacionalista y xenófoba en la que las fuerzas sociales y políticas reaccionarias se reorganizan para tomar el poder, como ya ha sucedido en EEUU con Trump. No se trata, por lo tanto, de afirmaciones aisladas, sino que se integran en una estrategia más amplia, orquestada desde hace años y cuyo propósito consiste en resucitar una memoria histórica acorde con ese proyecto ideológico ultraconservador.

El pistoletazo de salida de este proceso lo dio Aznar en su célebre intervención en Georgetown de 2004 en la que, para explicar los atentados del 11-M, no dudó en afirmar que el problema con Al Qaeda se remontaba al año 711, cuando España fue ‘invadida por los moros’. De esta forma, Aznar no sólo denigraba al Islam, al identificarlo con el terrorismo desde sus orígenes, sino que también deslegitimaba al-Andalus, cuya aparición en la historia habría sido resultado de una acción criminal. Sin duda debido a ello, poco tiempo después el propio expresidente del gobierno no dudó en exigir que los musulmanes le pidiesen perdón por haber ‘ocupado’ España durante ochocientos años.

La denigración del Islam y la deslegitimación de al-Andalus representan, por lo tanto, dos caras de la misma moneda, argumentos centrales de una agenda ideológica que pretende restaurar trasnochados valores patrióticos más propios del franquismo que de una sociedad moderna, multicultural y democrática. Se trata, en definitiva, de la vieja estrategia manipuladora que consiste en utilizar el pasado para justificar el presente.

Lamentablemente, a dicha agenda se suman relevantes sectores académicos, cuya función consiste en suministrar la necesaria apariencia de rigurosidad y novedad a lo que, en realidad, no es más que un viejo proyecto de manipulación del pasado. El historiador R. Sánchez Saus, candidato de Vox a las elecciones autonómicas de Andalucía en 2015 y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, publicaba el año pasado Al-Andalus y la cruz, un libro que se complace en la denigración de la presencia islámica en la Península a través de la acuñación de una visión ‘yihadista’, en la que los ocho siglos de esa experiencia histórica quedan reducidos a la condición de mera precuela de ISIS. El propósito de está burda y lamentable caricaturización del conocimiento histórico no es otro que deslegitimar la dimensión árabe e islámica del pasado peninsular con el propósito de imponer la legitimidad única del catolicismo y de la autodenominada ‘civilización Occidental’.

Asimismo, la Iglesia está contribuyendo de forma relevante a esta resurrección de las viejas esencias nacionalcatólicas, en especial con su actuación respecto a la Mezquita de Córdoba. Tras apropiarse en 2006 de la titularidad del edificio al amparo de una ley franquista, su objetivo principal parece consistir en hacer lo propio con su significado histórico, erradicando su identidad islámica en favor de su exclusiva identidad católica. De ahí que el actual  obispo de Córdoba no haya dudado en afirmar que la Mezquita constituye, en realidad, una expresión de arte bizantino y que la actuación de los ‘moros’ en su construcción se limitó a ‘poner el dinero’. Esta burda manipulación viene a sumarse a su permanente insistencia en negar la propia denominación de Mezquita, la que ha recibido de manera tradicional por parte de los propios fieles católicos y la que expresa su condición de Patrimonio de la Humanidad desde 1984.

‘Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado’. La célebre cita de George Orwell cobra todo su sentido en el contexto actual, en el que los sectores políticos, eclesiásticos y académicos más conservadores y reaccionarios han reactivado el viejo proyecto de erradicar de la memoria histórica española todo vestigio del pasado árabe e islámico. El objetivo no es otro que imponer un discurso sectario, excluyente y tendencioso dirigido a afirmar la naturaleza exclusivamente católica de la identidad nacional. Una auténtica resurrección del pensamiento nacionalcatólico a comienzos del siglo XXI que se alinea con el creciente auge de la ultraderecha, la xenofobia y la islamofobia.