domingo, 26 de febrero de 2017
"Las novelas y el poder", por Suso de Toro
Las novelas y el poder
La literatura que promueve el poder a través de sus medios de comunicación es, en la práctica, equidistante ante la Guerra Civil
Suso de Toro . El diario.es, 22/02/2017
La literatura de autor expresa el teatro íntimo de la imaginación de quien escribe. La literatura de autor, cuando lo es, siempre es verdad y sincera. No tiene sentido discutirle al autor su ficción, pues es su verdad particular e indiscutible.
Los relatos de ficción pueden representar cifras abstractas de la realidad pero la novela es por su naturaleza sociológica e histórica. Un novelista no puede ignorar que sus ficciones encajan, matizan o chocan con la ficción establecida, creada por los poderes dominantes.
Leí hace unos días que el novelista Fernando Aramburu mostraba sorpresa por el éxito editorial y de prensa de una novela que le acaban de publicar. Francamente no puedo creer que sea una declaración sincera, porque cualquiera que leyese la presentación entusiasta que le hicieron las cabeceras de prensa madrileñas sabía inmediatamente que un libro así promocionado tendría éxito editorial. Si verdaderamente se extraña, entonces creo que desconoce completamente la realidad social y política de la sociedad en la que escribe y publica.
Entiendo que la celebración de esa novela se debe a conveniencia ideológica. El relato que hacen los entrevistadores y la propia argumentación del autor encaja, repite y refuerza el relato del poder establecido en el estado español sobre el conflicto vasco. ¿Tendría un tratamiento parecido una novela con valores estéticos parecidos pero que narrase las torturas en un sótano del cuartel de Intxaurrondo bajo el general Galindo?, por poner un ejemplo. Es evidente que no. Sin entrar en el valor literario de la novela misma, no debe dejar de ser recibida sin ponerla en relación con lo que nos ocultan, prohíben e imponen. Ningún novelista es completamente ingenuo.
Y debo referirme también a la promoción de un nuevo libro de Javier Cercas y que, de igual modo que la novela anteriormente aludida, también recibe una entusiasta promoción y acogida en los mismos medios. Creo que Cercas es el autor que más claramente está reflejando una visión del pasado que coincide e interesa al poder establecido. En la obra de este autor está la interpretación de la Guerra Civil y el franquismo que justifica la Transición y el sistema sociopolítico a que dio lugar.
En sus presentaciones del libro, Cercas hace una reivindicación personal de su tío, un joven idealista, y del abuelo. El escritor parece convocar o invocar los fantasmas de su familia e investiga su origen, una operación psicológica y espiritual profunda que solemos hacer los escritores al llegar a cierta edad. El trabajo del autor levantando un retrato de esas figuras ya es un homenaje a su existencia. Sin duda, esa obra nace de una necesidad íntima del autor y cubre huecos y reorganiza su mundo interior. Los escritores utilizan su oficio para construirse o reconstruirse interiormente.
Siendo un intento legítimo literariamente no se debe dejar de ver que encaja perfectamente en el discurso del poder y por ello es tan bien recibida. No debemos obviar el contexto histórico y social de las novelas si queremos valorarlas cabalmente.
Las personas nacidas en España y con cierta edad somos los hijos e hijas bien de los vencedores o bien de quienes se adaptaron de grado o por fuerza al franquismo para sobrevivir. Por un lado, nuestra conciencia fue modelada por un largo franquismo que penetró profundamente en las familias y la sociedad y, por otro lado, tenemos el instintivo deseo de defender o reivindicar a nuestros mayores. Incluso de absolverlos si es el caso. Aunque una relación madura con nuestros padres simplemente pide que intentemos comprenderlos sin necesidad de justificarlos.
Las novelas que reivindican a nuestros mayores más o menos franquistas y que nos ofrecen consolación y conformidad son comprensibles y legítimas una a una si hay una actitud sincera de búsqueda de verdad. Pero cuando su promoción y canonización van acompañadas del ahogamiento de otras miradas, de otras obras que representan una visión conflictiva de esa misma realidad, entonces son parte del discurso establecido por los poderes. Los deberes filiales de los novelistas no deben impedirles hacer su trabajo literario: ficciones que, además de entretener, ayuden a desvelar el relato establecido y muestren la complejidad y las contradicciones que nos ocultan.
Y tienen su correlato en las historias de la Guerra Civil que argumentan que "había buenos y malos en los dos bandos" o que "la razón políticamente está de parte de la República, pero...". Un "pero" muy grande, extenso y bien alimentado que oculta el origen de aquella tragedia y justifica lo existente.
En correspondencia con la anemia cívica de la sociedad española, atrapada en una crisis social y política profunda ante la que se ve incapaz de reaccionar, la literatura que promueve el poder a través de sus medios de comunicación es, en la práctica, equidistante ante la Guerra Civil y hace lo mismo con la dialéctica antifranquismo versus franquismo. La argumentación implícita o explícita de que había buenos y malos en los dos bandos en la guerra se repite al calificar como tan enemigos de la democracia a quienes luchaban contra el franquismo como a los mismos franquistas.
Y, así argumentado, aceptamos que la Transición fue "una victoria de todos los españoles", "un ejemplo de madurez" o cualquier otra cosa. Así que por qué vamos a cuestionar aquellos pactos y la forma y estructura del estado. Incluso, podemos creer y contar que el Rey Juan Carlos I no solo trajo la democracia sino que la defendió del golpe del 23-F.
Parte de la memoria de la Transición interesadamente sepultada son obras y nombres de autores literarios. Sin hacer recuento del exilio pienso en Alfonso Sastre, Eva Forest o José Bergamín, por ejemplo. No todo fue brindar por el rey y los apaños constitucionales, sino que también hubo quien objetó. Hay que recordar una cosa y también la otra.
http://www.eldiario.es/zonacritica/novelas-poder_6_615298499.html
viernes, 17 de febrero de 2017
Sobre la previsible huelga de los estibadores
Cuando hay un conflicto laboral, los medios
de comunicación intentan desactivarlo poniendo a la opinión pública contra los
huelguistas. Se les acusa de privilegiados, por los derechos que pretende
defender o conquistar, o por el mero hecho de tener un empleo.
Es habitual que se busque enfrentar a los
trabajadores fijos con los eventuales; a los que trabajan a jornada completa
con los que lo hacen con jornada parcial; a los trabajadores inmigrantes con
los foráneos; y a todos ellos con los parados.
Si un sector como el de los estibadores disfruta
de unas mejores condiciones se les causa de privilegiados, transmitiendo la
idea de que lo justo es recortar sus derechos asimilándolos a los que están en
peor situación. Ocultan que si un colectivo laboral tiene unas buenas
condiciones laborales no es por gracia generosa de la empresa, sino porque se
ha conquistado anteriormente con una buena acción sindical, con protestas,
paros y huelgas, que han costado sangre sudor y lágrimas.
Para los trabajadores que asumen los
argumentos del enemigo de clase (dejémonos por favor de eufemismos a estas alturas),
como escribía ayer un célebre twittero: si los estibadores pierden la huelga,
¿pensáis que los empresarios os van a dar después sus derechos y su sueldo a
vosotros/as?
¿Acaso
son inocentes los periodistas que argumentan que los estibadores deben bajarse
el salario porque hay 4 millones de parados dispuestos a hacer su trabajo? ¿Cuántos
periodistas parados podrían hacer su trabajo? Quizás si la empresa periodística
no los sustituye es porque no están pagando su profesionalidad, sino su servilismo.
Que se lo digan a Escolar, Cintora y a otros…
De
lectura indispensable:
Una
oligarquía industrial y fondos multinacionales, tras la guerra de los
estibadores y Fomento
Feliciano
Tisera Bez.es, 16/02/2017
Prepárate
para odiar a los estibadores
Isaac
Rosa. El Diario, 09/02/2017
domingo, 12 de febrero de 2017
"Prepárate para odiar a los estibadores", por Isaac Rosa
Prepárate para odiar a los estibadores
Cada vez que un colectivo "privilegiado" pierde derechos, el efecto mariposa laboral nos acaba golpeando a todos
Isaac Rosa. El Diario, 09/02/2017
Hacía ya tiempo que no teníamos un colectivo de trabajadores al que odiar con todas nuestras fuerzas y poder gritarles "¡privilegiados!". Hemos odiado a funcionarios (¡parásitos!), mineros (¡subvencionados!), profesores (¡vagos, todo el día de vacaciones!), y por supuesto a los más odiables de entre los odiosos: los controladores aéreos, que tan buenos ratitos de odio nos dieron un verano.
Pero estamos de enhorabuena, porque en los próximos días nos van a echar un nuevo hueso: los estibadores de puerto. No sabíamos nada de ellos hasta ahora, solo que son los que cargan y descargan barcos; pero resulta que también son unos privilegiados. Ahora el Gobierno prepara un decreto para liberalizar la actividad, y los trabajadores están dispuestos a ir a la huelga para defender sus derechos. Perdón, quiero decir que "los privilegiados están dispuestos a chantajearnos para defender sus privilegios".
La secuencia es la habitual, la hemos visto muchas veces:
1.- Cogemos un colectivo que todavía no haya sucumbido a reformas laborales y precarización.
2.- Anunciamos recortes de sueldos y derechos, porque "lo manda Europa", y con el argumentario habitual: liberalizar, ganar competitividad, modernizar, crear empleo…
3.- Señalamos a los trabajadores como "privilegiados", "restos de un modelo anacrónico" (a ser posible del franquismo, para odiarlos más), y por supuesto "aristocracia sindical".
4.- Informamos a la ciudadanía de los privilegios (sueldos altos, eso lo primero).
5.- Rompemos la negociación, por muy avanzada que esté, y no les dejamos más salida que la huelga.
6.- Acusamos a los huelguistas de dañar un "sector estratégico".
7.- Lanzamos una campaña de desprestigio por tierra, mar y aire.
Además, hay que asegurarse de que los representantes sindicales no tengan voz, que ya sabemos lo manipuladores que son: si les dejamos, dirán que lo suyo no son privilegios sino derechos ganados en décadas de lucha, que la suya es una profesión especialmente dura y con alta siniestralidad, que hay otras opciones para cumplir con Europa, que los puertos son rentables y lo único que buscan gobierno y patronal es abaratar costes laborales (rebaja salarial ¡del 60%!, más horas de trabajo, flexibilidad laboral…).
Nada, ni caso. No escuchen a los trabajadores, que son capaces de convencernos. Yo ayer lo hice, atendí a sus razones, y me entraron dudas: a ver si van a tener razón… A ver si en realidad no son unos privilegiados… A ver si es que el único "privilegio" que tienen (el mismo "privilegio" que controladores, mineros o funcionarios; el mismo "privilegio" que hemos perdido la mayoría; el que les quieren quitar) es el "privilegio" de ser capaces de defender sus derechos, de tener conciencia de clase, organización y capacidad de lucha.
Tantas dudas me entraron que miré a ver qué sindicato es ese de los estibadores y descubrí que tiene unos principios que no parecen los propios de una mafia ni de una aristocracia insolidaria: una coordinadora que se define de clase, democrática, asamblearia, internacionalista y que defiende la solidaridad con toda la clase trabajadora (como demuestra su participación en sucesivas huelgas generales).
Uf, me ablandé, lo reconozco. Empecé a pensar que deberíamos apoyar la lucha de los estibadores. No por ellos, sino por nosotros: porque cada vez que un colectivo "privilegiado" pierde derechos, el efecto mariposa laboral nos acaba golpeando a todos. No ganamos nada y, a cambio, perdemos espacios de organización sindical que todavía resisten y que sirven como ejemplo.
Nada, un día tonto, en seguida se me pasa. En cuanto vea dos telediarios recordándome el sueldazo de los estibadores me sumaré otra vez al pelotón de odiadores. Hacedme sitio, que voy.
http://www.eldiario.es/zonacritica/estibadores_huelga_puertos_6_610748942.html
Cada vez que un colectivo "privilegiado" pierde derechos, el efecto mariposa laboral nos acaba golpeando a todos
Isaac Rosa. El Diario, 09/02/2017
Hacía ya tiempo que no teníamos un colectivo de trabajadores al que odiar con todas nuestras fuerzas y poder gritarles "¡privilegiados!". Hemos odiado a funcionarios (¡parásitos!), mineros (¡subvencionados!), profesores (¡vagos, todo el día de vacaciones!), y por supuesto a los más odiables de entre los odiosos: los controladores aéreos, que tan buenos ratitos de odio nos dieron un verano.
Pero estamos de enhorabuena, porque en los próximos días nos van a echar un nuevo hueso: los estibadores de puerto. No sabíamos nada de ellos hasta ahora, solo que son los que cargan y descargan barcos; pero resulta que también son unos privilegiados. Ahora el Gobierno prepara un decreto para liberalizar la actividad, y los trabajadores están dispuestos a ir a la huelga para defender sus derechos. Perdón, quiero decir que "los privilegiados están dispuestos a chantajearnos para defender sus privilegios".
La secuencia es la habitual, la hemos visto muchas veces:
1.- Cogemos un colectivo que todavía no haya sucumbido a reformas laborales y precarización.
2.- Anunciamos recortes de sueldos y derechos, porque "lo manda Europa", y con el argumentario habitual: liberalizar, ganar competitividad, modernizar, crear empleo…
3.- Señalamos a los trabajadores como "privilegiados", "restos de un modelo anacrónico" (a ser posible del franquismo, para odiarlos más), y por supuesto "aristocracia sindical".
4.- Informamos a la ciudadanía de los privilegios (sueldos altos, eso lo primero).
5.- Rompemos la negociación, por muy avanzada que esté, y no les dejamos más salida que la huelga.
6.- Acusamos a los huelguistas de dañar un "sector estratégico".
7.- Lanzamos una campaña de desprestigio por tierra, mar y aire.
Además, hay que asegurarse de que los representantes sindicales no tengan voz, que ya sabemos lo manipuladores que son: si les dejamos, dirán que lo suyo no son privilegios sino derechos ganados en décadas de lucha, que la suya es una profesión especialmente dura y con alta siniestralidad, que hay otras opciones para cumplir con Europa, que los puertos son rentables y lo único que buscan gobierno y patronal es abaratar costes laborales (rebaja salarial ¡del 60%!, más horas de trabajo, flexibilidad laboral…).
Nada, ni caso. No escuchen a los trabajadores, que son capaces de convencernos. Yo ayer lo hice, atendí a sus razones, y me entraron dudas: a ver si van a tener razón… A ver si en realidad no son unos privilegiados… A ver si es que el único "privilegio" que tienen (el mismo "privilegio" que controladores, mineros o funcionarios; el mismo "privilegio" que hemos perdido la mayoría; el que les quieren quitar) es el "privilegio" de ser capaces de defender sus derechos, de tener conciencia de clase, organización y capacidad de lucha.
Tantas dudas me entraron que miré a ver qué sindicato es ese de los estibadores y descubrí que tiene unos principios que no parecen los propios de una mafia ni de una aristocracia insolidaria: una coordinadora que se define de clase, democrática, asamblearia, internacionalista y que defiende la solidaridad con toda la clase trabajadora (como demuestra su participación en sucesivas huelgas generales).
Uf, me ablandé, lo reconozco. Empecé a pensar que deberíamos apoyar la lucha de los estibadores. No por ellos, sino por nosotros: porque cada vez que un colectivo "privilegiado" pierde derechos, el efecto mariposa laboral nos acaba golpeando a todos. No ganamos nada y, a cambio, perdemos espacios de organización sindical que todavía resisten y que sirven como ejemplo.
Nada, un día tonto, en seguida se me pasa. En cuanto vea dos telediarios recordándome el sueldazo de los estibadores me sumaré otra vez al pelotón de odiadores. Hacedme sitio, que voy.
http://www.eldiario.es/zonacritica/estibadores_huelga_puertos_6_610748942.html
"Un fútbol apolítico de neonazis y machistas", por Carlos Hernández
Un fútbol apolítico de neonazis y machistas
Si por algo está siendo relevante la polémica del fichaje de Roman Zozulya por el Rayo Vallecano es porque ha vuelto a hacer aflorar la caspa y el machismo que siguen impregnando nuestro balompié
Carlos Hernández. El Diario, 08/02/2017
¿Se puede ser una estrella del fútbol mundial siendo neonazi y presumiendo de ello públicamente? Esta es la única pregunta, en el fondo, que planea sobre el accidentado fichaje del jugador ucraniano Roman Zozulya por parte del Rayo Vallecano. La mayoría de las respuestas a esta simple cuestión han sido síes hipócritas, camuflados de supuesta neutralidad: "Hay que separar fútbol y política", "fútbol es fútbol", "lo que importa es su comportamiento en el terreno de juego", etc.
El único que se mostró verdaderamente sincero en su contestación fue un periodista de El País. Rafa Cabeleira afirmó la pasada semana que al aficionado al fútbol, el hecho de que un jugador sea neonazi le debe importar tan poco como que sea "el chico negro, el joven gay o la niña que no quiere ser princesa". Lo malo no es solo que un profesional de la comunicación realice esta comparación y su medio, ese que en su día fue referencia del progresismo de este país, le permita publicarlo; lo verdaderamente grave es que Cabeleira estaba poniendo voz a lo que piensan muchos de esos opinadores y dirigentes de nuestro fútbol que tan a menudo nos exigen separar el deporte de la política.
Si por algo está siendo relevante esta polémica es porque ha vuelto a hacer aflorar la caspa y el machismo que siguen impregnando nuestro balompié. Basta escuchar lo que se dice en algunos programas de radio y televisión para confirmar que en ese mundo paralelo que es el fútbol aún hay algunos, demasiados, que tienen un pie en la época en que la copa era del "Generalísimo" y el modelo de dirigente era Don franquista Bernabéu.
Un mundo de "machadas", "hombradas" y "juego viril" en el que encaja a la perfección el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que se enorgullece de haber militado en Fuerza Nueva y que pide abiertamente para España la llegada de nuestro propio Le Pen. A nadie le puede sorprender, por tanto, su beligerante defensa de Zozulya que ha llegado al delirante extremo de anunciar una querella criminal contra aficionados rayistas. Tebas sí puede hacer política y hablar de política; y además con el objetivo único de servir a su ideología ultraderechista, pero nos exige a los demás que no politicemos el fútbol. Él y ellos sí pueden interpretar un simple partido de la selección como un acto de reivindicación popular de la unidad de España, pero no soportan que en Cataluña se exhiban banderas independentistas porque eso sí es politizar el fútbol.
Es en ese contexto en el que se desarrolló la última polémica que nos ocupa, provocando espectáculos tan contradictorios como reveladores. Apenas 24 horas después de que comenzara la campaña de la afición del Rayo para abortar el fichaje de Zozulya, los jugadores del Betis salieron en bloque, públicamente, para condenar su "linchamiento". Podríamos estar ante un simple caso de corporativismo movido por la ignorancia… de no ser porque esa determinación contrasta con el silencio que la misma plantilla mantiene ante las graves acusaciones por violencia de género que pesan contra otro compañero de vestuario. Rubén Castro se sentará este año en el banquillo acusado de siete delitos de malos tratos y uno de agresión sexual.
Ni el "campechano" Joaquín, ni el resto de sus "compis" han levantado la voz contra los aficionados béticos que han apoyado a este imputado con cánticos así de repugnantes: "Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien". Ni uno solo de los futbolistas verdiblancos que clamaron la pasada semana ante la prensa "todos somos Zozulya" han dicho hasta ahora "todos somos Laura" en solidaridad con la agredida exnovia del presunto maltratador. Una actitud similar a la de prácticamente todos los dirigentes, aficionados y periodistas que han defendido al delantero ucraniano.
Yendo, por último, a la raíz del escándalo, el propio Rafa Cabeleira reconocía lo evidente en su artículo: el futbolista ucraniano es de ideología neonazi. No hay que ser un periodista de investigación para llegar a tal conclusión aunque en su propio diario llegaron a pintar, días después, a Zozulya como un benefactor de niños cuya inmaculada imagen había sido mancillada por "la desinformación y la propaganda" de la malvada Rusia.
Diga lo que diga 'El periódico global', es el propio jugador quien ha revelado su ideología en las redes sociales. El delantero expresó su apoyo al Batallón Azov, un grupo paramilitar neonazi acusado de cometer crímenes de guerra, en un vídeo colgado en el canal de Youtube de los ultraderechistas. Y en sus perfiles personales Zozulya ha dejado otras huellas: entre otras muchas cosas, se enorgullecía reiteradamente de parecerse a Stepán Bandera. Este líder nacionalista ucraniano intentó llevar a su país a la independencia poniéndolo en manos de Adolf Hitler. La ambición desmedida del Führer frustró los planes de Bandera y dio con sus huesos en un campo de concentración, pero en el camino se quedaron miles de judíos y oponentes políticos exterminados por sus milicias que "trabajaban", codo con codo, con las SS. Ese es el héroe de Zozulya. ¿Queremos que lo sea también de nuestros hijos?
En esta última pregunta se halla parte de la respuesta a la cuestión con que arrancaba estas líneas. Cualquier futbolista, faltaría más, puede pensar lo que le venga en gana; otra cosa bien diferente es que utilice la fama que le ha brindado este deporte para difundir ideales contrarios a la libertad, la tolerancia y los derechos humanos. Si el fútbol solo fuera fútbol, como dicen los que defienden a Zozulya, no tendría sentido la prohibición de exhibir en los estadios símbolos fascistas; si solo es un deporte, ¿por qué se ha adoptado en todas las competiciones el lema "Respeto, no al racismo"?; si hay que alejar este espectáculo de la política, ¿por qué se recurre a subvenciones municipales para salvar equipos en ruina, a "papá Estado" para crear espacios de privilegio fiscal y a La Roja como referencia de la Marca España?
Todos, incluso quienes se deslizan por ese discurso hipócrita, sabemos que el fútbol es mucho más que fútbol y, nos guste o no, sus estrellas, sus dirigentes y hasta algunos de sus periodistas son el espejo en que se quieren ver reflejados millones de niños y jóvenes de los cinco continentes. Lo mínimo que podemos exigirle a todos ellos es que respeten los valores democráticos y no insulten nuestra inteligencia apelando a despolitizar el deporte, mientras se dedican a proteger a neonazis, maltratadores y machistas.
http://www.eldiario.es/zonacritica/futbol-apolitico-neonazis-machistas_6_610398971.html
Si por algo está siendo relevante la polémica del fichaje de Roman Zozulya por el Rayo Vallecano es porque ha vuelto a hacer aflorar la caspa y el machismo que siguen impregnando nuestro balompié
Carlos Hernández. El Diario, 08/02/2017
¿Se puede ser una estrella del fútbol mundial siendo neonazi y presumiendo de ello públicamente? Esta es la única pregunta, en el fondo, que planea sobre el accidentado fichaje del jugador ucraniano Roman Zozulya por parte del Rayo Vallecano. La mayoría de las respuestas a esta simple cuestión han sido síes hipócritas, camuflados de supuesta neutralidad: "Hay que separar fútbol y política", "fútbol es fútbol", "lo que importa es su comportamiento en el terreno de juego", etc.
El único que se mostró verdaderamente sincero en su contestación fue un periodista de El País. Rafa Cabeleira afirmó la pasada semana que al aficionado al fútbol, el hecho de que un jugador sea neonazi le debe importar tan poco como que sea "el chico negro, el joven gay o la niña que no quiere ser princesa". Lo malo no es solo que un profesional de la comunicación realice esta comparación y su medio, ese que en su día fue referencia del progresismo de este país, le permita publicarlo; lo verdaderamente grave es que Cabeleira estaba poniendo voz a lo que piensan muchos de esos opinadores y dirigentes de nuestro fútbol que tan a menudo nos exigen separar el deporte de la política.
Si por algo está siendo relevante esta polémica es porque ha vuelto a hacer aflorar la caspa y el machismo que siguen impregnando nuestro balompié. Basta escuchar lo que se dice en algunos programas de radio y televisión para confirmar que en ese mundo paralelo que es el fútbol aún hay algunos, demasiados, que tienen un pie en la época en que la copa era del "Generalísimo" y el modelo de dirigente era Don franquista Bernabéu.
Un mundo de "machadas", "hombradas" y "juego viril" en el que encaja a la perfección el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que se enorgullece de haber militado en Fuerza Nueva y que pide abiertamente para España la llegada de nuestro propio Le Pen. A nadie le puede sorprender, por tanto, su beligerante defensa de Zozulya que ha llegado al delirante extremo de anunciar una querella criminal contra aficionados rayistas. Tebas sí puede hacer política y hablar de política; y además con el objetivo único de servir a su ideología ultraderechista, pero nos exige a los demás que no politicemos el fútbol. Él y ellos sí pueden interpretar un simple partido de la selección como un acto de reivindicación popular de la unidad de España, pero no soportan que en Cataluña se exhiban banderas independentistas porque eso sí es politizar el fútbol.
Es en ese contexto en el que se desarrolló la última polémica que nos ocupa, provocando espectáculos tan contradictorios como reveladores. Apenas 24 horas después de que comenzara la campaña de la afición del Rayo para abortar el fichaje de Zozulya, los jugadores del Betis salieron en bloque, públicamente, para condenar su "linchamiento". Podríamos estar ante un simple caso de corporativismo movido por la ignorancia… de no ser porque esa determinación contrasta con el silencio que la misma plantilla mantiene ante las graves acusaciones por violencia de género que pesan contra otro compañero de vestuario. Rubén Castro se sentará este año en el banquillo acusado de siete delitos de malos tratos y uno de agresión sexual.
Ni el "campechano" Joaquín, ni el resto de sus "compis" han levantado la voz contra los aficionados béticos que han apoyado a este imputado con cánticos así de repugnantes: "Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien". Ni uno solo de los futbolistas verdiblancos que clamaron la pasada semana ante la prensa "todos somos Zozulya" han dicho hasta ahora "todos somos Laura" en solidaridad con la agredida exnovia del presunto maltratador. Una actitud similar a la de prácticamente todos los dirigentes, aficionados y periodistas que han defendido al delantero ucraniano.
Yendo, por último, a la raíz del escándalo, el propio Rafa Cabeleira reconocía lo evidente en su artículo: el futbolista ucraniano es de ideología neonazi. No hay que ser un periodista de investigación para llegar a tal conclusión aunque en su propio diario llegaron a pintar, días después, a Zozulya como un benefactor de niños cuya inmaculada imagen había sido mancillada por "la desinformación y la propaganda" de la malvada Rusia.
Diga lo que diga 'El periódico global', es el propio jugador quien ha revelado su ideología en las redes sociales. El delantero expresó su apoyo al Batallón Azov, un grupo paramilitar neonazi acusado de cometer crímenes de guerra, en un vídeo colgado en el canal de Youtube de los ultraderechistas. Y en sus perfiles personales Zozulya ha dejado otras huellas: entre otras muchas cosas, se enorgullecía reiteradamente de parecerse a Stepán Bandera. Este líder nacionalista ucraniano intentó llevar a su país a la independencia poniéndolo en manos de Adolf Hitler. La ambición desmedida del Führer frustró los planes de Bandera y dio con sus huesos en un campo de concentración, pero en el camino se quedaron miles de judíos y oponentes políticos exterminados por sus milicias que "trabajaban", codo con codo, con las SS. Ese es el héroe de Zozulya. ¿Queremos que lo sea también de nuestros hijos?
En esta última pregunta se halla parte de la respuesta a la cuestión con que arrancaba estas líneas. Cualquier futbolista, faltaría más, puede pensar lo que le venga en gana; otra cosa bien diferente es que utilice la fama que le ha brindado este deporte para difundir ideales contrarios a la libertad, la tolerancia y los derechos humanos. Si el fútbol solo fuera fútbol, como dicen los que defienden a Zozulya, no tendría sentido la prohibición de exhibir en los estadios símbolos fascistas; si solo es un deporte, ¿por qué se ha adoptado en todas las competiciones el lema "Respeto, no al racismo"?; si hay que alejar este espectáculo de la política, ¿por qué se recurre a subvenciones municipales para salvar equipos en ruina, a "papá Estado" para crear espacios de privilegio fiscal y a La Roja como referencia de la Marca España?
Todos, incluso quienes se deslizan por ese discurso hipócrita, sabemos que el fútbol es mucho más que fútbol y, nos guste o no, sus estrellas, sus dirigentes y hasta algunos de sus periodistas son el espejo en que se quieren ver reflejados millones de niños y jóvenes de los cinco continentes. Lo mínimo que podemos exigirle a todos ellos es que respeten los valores democráticos y no insulten nuestra inteligencia apelando a despolitizar el deporte, mientras se dedican a proteger a neonazis, maltratadores y machistas.
http://www.eldiario.es/zonacritica/futbol-apolitico-neonazis-machistas_6_610398971.html
jueves, 2 de febrero de 2017
"Derogar la ley de amnistía", por Rafael Escudero Alday
Derogar la ley de
amnistía
Rafael Escudero Alday
La Marea, 30-01-2017
redaccion@lamarea.com
“La amnistía que reclamaban los
antifranquistas no solo se ha terminado convirtiendo en un salvoconducto hacia
la impunidad y el olvido, sino que además, tras dársele la vuelta, se ha
impuesto discursivamente como una de las bases ideológicas legitimadoras del régimen
de 1978”.
La
dirección federal de Izquierda Unida ha anunciado su decisión de iniciar una
campaña para la derogación de la Ley 46/77 de Amnistía, de 15 de octubre de
1977. A las críticas habituales dirigidas desde los sectores partidarios de
mantener el statu quo surgido tras la muerte del dictador (es decir, desde la
llamada “Cultura de la Transición“), esta vez hay que sumar la de quienes
reprochan a esta organización política una suerte de traición a su pasado. En
concreto, hacia quienes desde las filas del Partido Comunista de España
lucharon por la llegada de la democracia en este país, fueron salvaje e
injustamente condenados por sus actividades y reclamaron una amnistía para los
presos políticos, sus propios presos. Aunque no deja de tener su ironía que
conocidos anticomunistas se rasguen las vestiduras en defensa de una izquierda
en la que nunca creyeron y de la que nunca formaron parte, conviene realizar
alguna precisión a este respecto a la hora de llevar a cabo un análisis del
fondo de la propuesta.
La
amnistía del año 1977, junto con otras medidas parciales de gracia que se
habían aprobado en 1975 y 1976, nace en el contexto de las demandas formuladas
por la oposición antifranquista. Oposición en cuya primera línea estuvo el PCE,
junto con otras personas y movimientos de la izquierda que, aunque no
encuadrados en esta fuerza política, sí compartían un ideal radicalmente
democrático. Nunca tendremos suficientes palabras de elogio para estas personas
y militantes. Sin ellos nunca se habría llegado hasta donde se llegó. Su
generosidad en el sacrificio es un modelo a seguir. Son y serán siempre un
referente para cualquier lucha emancipadora. Y que el discurso hegemónico sobre
la transición española (ese que cuenta que esta fue exitosa y pacífica debido a
un pacto entre élites que trajo la democracia “de la ley a la ley”) les haya
miserablemente ignorado muestra el enorme déficit de legitimidad que tiene el
discurso mainstream sobre el sistema constitucional español.
Pero
lo que ninguna de las personas que esos años se manifestaban demandando la
amnistía podía tan siquiera imaginar es que estaban manifestándose en favor de
la impunidad de los crímenes del franquismo. O que estaban intercambiando
culpas, perdones y amnistías. Ni de los crímenes cometidos durante la larga
noche del totalitarismo franquista, ni de los que se estaban cometiendo en esos
años por el largo brazo del terrorismo de Estado. ¿Alguien puede imaginar que
la demanda de amnistía desde la izquierda en 1977 incluía el perdón y olvido de
los crímenes pasados, que por su cariz e intensidad merecen la calificación de
crímenes contra la humanidad, y de los no menos graves que estaban por venir?
No, la reivindicación de la amnistía en las calles no se articuló nunca bajo
tales parámetros. De haber sido ese el objetivo, uno de los partidos herederos
del franquismo, Alianza Popular, el del exministro Manuel Fraga, ¿se habría
opuesto a ella como lo hizo?
Desde
la izquierda no estaba esta amnistía inicialmente concebida para olvidar los
crímenes del franquismo. Ni mucho menos, tal y como hoy se ha extendido, que
pudiera servir como un parapeto frente a las demandas de justicia y verdad que
reclaman -y a las que tienen derecho, según el Derecho internacional- las
víctimas de la dictadura. De tener que destacar algún fin, señálese que esta
concreta Ley 46/77 de Amnistía estaba pensada para que a ella se acogieran los
miembros de ETA, en la creencia de que así abandonarían la violencia. En este
sentido, su artículo 1.I.b dispone la amnistía de todos los actos de
intencionalidad política tipificados como delitos y faltas, cualquiera que
fuese su resultado, realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 6 de
octubre de 1977, cuando se aprecie además “un móvil de restablecimiento de las
libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de
España”.
Por
otra parte, la mayoría de los presos antifranquistas pertenecientes al PCE, a
las Comisiones Obreras o a otros partidos, movimientos y sindicatos ya habían
abandonado las cárceles al amparo de anteriores medidas que extinguieron esa
peculiar “responsabilidad penal”. Pero fue Unión de Centro Democrático, otro de
los partidos herederos del franquismo, quien introdujo al final de la
tramitación parlamentaria de la ley -por cierto, sin dar explicaciones a la
opinión pública- unas cláusulas que no estaban presentes en sus borradores
iniciales: en concreto, las que extienden la amnistía a los delitos cometidos
por funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos
de las personas (arts. 2.e y 2.f).
Situar
en sus justos términos el contexto de la reivindicación de la amnistía sirve
para desestimar esa crítica -emitida por otrora radicales anticomunistas
convertidos hoy en guardianes de las esencias de una “verdadera izquierda”- que
califica de felonía o traición la decisión de IU de abogar por la derogación de
la citada ley. En mi opinión, más bien se trata de lo contrario: de terminar
con un instrumento legal que ha ido más allá de su inicial propósito, se ha
convertido en una muralla de garantía de la impunidad franquista y se utiliza
como arma arrojadiza para acallar a las víctimas de la dictadura.
Tenemos
ejemplos suficientes del uso torticero de esta ley como instrumento de punto
final. Quizá el más significativo sea el del Tribunal Supremo en su sentencia
de 2012 en la que rechaza la posibilidad de investigar en sede judicial
española los crímenes del franquismo. En ella se califica la ley de amnistía
como “pilar básico e insustituible de la transición española” y, a partir de
ahí, se la esgrime como argumento central para rechazar toda investigación de
lo que distintos organismos de Naciones Unidas han calificado sin ambages como
crímenes contra la humanidad. Básicamente, pero no solo, las más de 114.000
desapariciones forzadas producidas en los primeros años del terror franquista.
Nótese bien que con base en la amnistía se rechaza no ya la condena, sino la
mera posibilidad de investigar judicialmente estos hechos.
Y,
por si con esto fuera poco, se termina por argüir de nuevo la amnistía para dar
cobertura legal a la negativa de los jueces a personarse en los lugares donde
aparecen restos humanos (víctimas de tales desapariciones) y abrir diligencias
al respecto. El TS avala la inacción judicial cuando de la propia denuncia o
querella se deduzca que se trata de restos de la guerra civil. En esos casos,
continúa el alto tribunal, ya existen otros mecanismos para conseguir la
exhumación e identificación de tales cadáveres. Se refiere el TS a los
previstos en la llamada ley de memoria histórica de 2007, la cual, como es de
sobra conocido, no ha servido para conseguir tales exhumaciones, ni tampoco
para reparar a las víctimas ni garantizar mínimamente sus derechos. Una ley de
memoria histórica que desde su preámbulo se declara heredera -¡cómo no!- de la
amnistía, la reconciliación y del espíritu de la transición.
Con
su decisión, el TS no hizo sino refrendar un estado de opinión que hace
inviable interpretar la ley de amnistía de una forma que la haga compatible con
la investigación judicial de los crímenes de la dictadura. Aunque hay
argumentos razonables que avalarían esta posibilidad. No solo porque según el
Derecho internacional los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables, sino
también porque la extensión de la amnistía a graves violaciones de derechos
humanos vulneraría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas, ratificado por España meses antes de aprobarla. Pero hoy
estamos lejos de conseguir esta interpretación alternativa por los distintos
poderes del Estado español. Por citar otro ejemplo más reciente, la Audiencia
Nacional ha esgrimido de nuevo la ley de amnistía para rechazar la solicitud de
extradición de conocidos torturadores emitida por el juzgado argentino que se
encuentra investigando crímenes contra la humanidad cometidos no en el año
1936, sino en los estertores del franquismo.
La
amnistía que reclamaban los antifranquistas no solo se ha terminado
convirtiendo en un salvoconducto hacia la impunidad y el olvido, sino que
además, tras dársele la vuelta, se ha impuesto discursivamente como una de las
bases ideológicas legitimadoras del régimen de 1978. De ahí que, si se quiere
avanzar hacia un horizonte de ruptura democrática con este, no cabe sino
derogarla. Además, así haremos justicia a tantos luchadores antifranquistas y
víctimas de los crímenes de la dictadura que, bajo la apelación a la ley de
amnistía, ven hoy negados sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Para
terminar, en suma, con una de las peores maldades con las que hemos tenido que
convivir estos últimos años: utilizar una demanda de las víctimas para proteger
a sus verdugos.
Rafael
Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad
Carlos III de Madrid.
@RafaEscudero1
"Víctimas y victimarios", por Joan B. Culla i Clarà
Víctimas y
victimarios
La
aplicación de la legislación que protege penalmente las víctimas del terrorismo
está teniendo efectos grotescos
Joan B. Culla i Clarà. El País, 26-01-2016
JOAN
B. CULLA I CLARÀ
26
GEN 2017 -
Esto
no podía acabar bien. Cuando, en 1999, un Gobierno de José María Aznar tomó la
iniciativa de legislar que todas las personas objeto de atentados de ETA en
cualquier fecha o circunstancia eran "víctimas" sin distinción ni
ningún matiz, indiscriminadamente merecedoras de homenaje y dignos de recibir
la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, en este
momento se cometió un disparate histórico y una aberración moral. Como debían
ser iguales en la consideración legal y social el jefe de la policía política
franquista en Guipúzcoa, antiguo colaborador y émulo de la Gestapo, torturador
de fama siniestra, y los niños del cuartel de Vic?
Como
debían ser equiparables ciertos jerarcas de la dictadura, bajo el mandato de la
que se aplicaban estados de excepción mientras los "disparos al aire"
mataban manifestantes ras de tierra, y los clientes de Hipercor, o los guardias
civiles de la plaza de la República Dominicana, o los policías de la Cruz Alta,
servidores uniformados de la democracia?
Además,
el legítimo celo en la persecución de la barbarie etarra tras el franquismo
llevó a introducir en el Código Penal enunciados como el del artículo 578, que
dice entre otras cosas: "La realización de actos que entrañen descrédito,
menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares se
castigará con la pena de prisión de uno a dos años ".
La
combinación entre ambos elementos está empezando a dar resultados grotescos. De
un lado, ciertas asociaciones de víctimas y plataformas de extrema derecha
tratan de convertir la figura penal de la "humillación" en una
mordaza a la libertad de expresión de cantantes poco convencionales, de
usuarios de Twitter poco reflexivos, de ayuntamientos de Euskadi y Navarra,
etcétera. Los casos del regidor madrileño Guillermo Zapata, o de la militante
de la izquierda abertzale Jone Artola, la mera designación de la que como
txupinera de las fiestas de Bilbao en 2013 fue considerada atentatoria contra
la "dignidad de las víctimas de ETA ", ilustran hasta dónde puede
llegar una interpretación insensata del artículo 578.
Pero
la insensatez experimenta un alarmante salto cualitativo cuando la fiscalía de
la Audiencia Nacional pide dos años y medio de cárcel y tres de libertad
vigilada para el estudiante Cassandra Vera por haber publicado en Twitter unos
chistes sobre la muerte del almirante Carrero Blanco, chistes que el fiscal
considera "graves mensajes de enaltecimiento del terrorismo".
Ignoro
si el fiscal lo sabe, pero en 1973 Luis Carrero Blanco era, además de
presidente del Gobierno -de un Gobierno ilegítimo- y brazo derecho del
Caudillo, el guardián designado para que la próxima sucesión fuera a una
"monarquía del 18 de Julio "perfectamente antidemocrática. Tal como
escribió por entonces un periodista francés, el esquema del régimen para el día
siguiente de Franco era "un rey de paja y un canciller de hierro".
En
estas condiciones, no creo que en la España de aquel diciembre hubiera millones
de enaltecedores sin encanto del terrorismo, pero es un hecho irrefutable que
millones de demócratas celebraron -celebramos- la desaparición de quien era el
cerrojo del cambio. Y que circularon al respecto un montón de chistes, el más
inocente de los que decía "¿Sabes que en Madrid cambiarán el nombre a la
calle de Claudio Coello? Sí, ahora se llamará calle Buensuceso ... ". Y
que hubo incontables alusiones jocosas al vuelo del almirante.
Comprendo
perfectamente que tales expresiones duelan o repugnen a la nieta de Carrero -su
carta en EL PAÍS, en todo caso, la honra- pero, en términos históricos, son del
todo comprensibles. Verdad que no hay que apelar al padre Mariana ya su
doctrina sobre la legitimidad del tiranicidio para entenderlo?
Dicho
esto, supongo que la vigilante fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha
emprendido acciones contra Jaime Alonso García, hasta hace poco vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Según ha declarado este
sujeto, Franco, "un católico ejemplar", "fue un hombre
enormemente humano y tenía un nivel de tolerancia muy importante"; su
régimen "sólo fusiló 23.000 personas, y no fue por capricho"; en fin,
"Franco es un referente, siempre será la solución a todos los problemas
que pueda tener España".
Si
estas manifestaciones públicas no constituyen un caso flagrante de
enaltecimiento del terrorismo franquista, de menosprecio y humillación a sus
cientos de miles de víctimas, que baje Dios y lo vea.
Joan
B. Culla i Clarà es historiador.
"Al-Andalus y la resurrección de la memoria histórica nacionalcatólica", por Alejandro García Sanjuán
Alejandro
García Sanjuán, profesor de la Universidad de Huelva
El
Diario.es, 28/01/2017
Al-Andalus y la
resurrección de la memoria histórica nacionalcatólica
"Una
auténtica resurrección del pensamiento nacionalcatólico a comienzos del siglo
XXI que se alinea con el creciente auge de la ultraderecha, la xenofobia y la
islamofobia"
La
memoria histórica suele asociarse en España a la Guerra Civil y la posterior
dictadura franquista. Sin embargo, manifestaciones públicas recientes
realizadas desde distintos ámbitos y relativas al período de al-Andalus, un
país árabe e islámico en la península ibérica durante la Edad Media, nos
indican la enorme importancia que dicha época adquiere a la hora de tratar de
imponer una idea muy determinada de la identidad nacional española.
Con
frecuencia, esas manifestaciones se refieren a la celebración de la Toma de
Granada, un acontecimiento de especial relevancia histórica, ya que marca el
final de la existencia de al-Andalus. Desde hace años, las organizaciones y
colectivos de ultraderecha aprovechan cada 2 de Enero para desempolvar las
banderas franquistas y resucitar el rancio discurso decimonónico, sectario y
excluyente del pasado peninsular, en el que sólo tiene cabida su dimensión
católica, expresada a través de la más tóxica versión de la noción de
Reconquista.
Hace
solo unos días Esperanza Aguirre se convirtió en portavoz de este discurso al
afirmar que, gracias a la conquista de Granada, las mujeres españolas gozan hoy
día de libertad, pretendiendo convertir a los Reyes Católicos en auténticos
artífices del activismo feminista. En perfecta sintonía con estas
declaraciones, el líder de la formación ultraderechista Vox mostraba su
satisfacción por la ‘expulsión definitiva del invasor musulmán’, un invasor
que, paradójicamente, en 1492 llevaba ocho siglos asentado en el territorio
peninsular.
Este
discurso tendencioso y profundamente tergiversador del pasado adquiere pleno
significado en el contexto de una Europa cada día más nacionalista y xenófoba
en la que las fuerzas sociales y políticas reaccionarias se reorganizan para
tomar el poder, como ya ha sucedido en EEUU con Trump. No se trata, por lo
tanto, de afirmaciones aisladas, sino que se integran en una estrategia más
amplia, orquestada desde hace años y cuyo propósito consiste en resucitar una
memoria histórica acorde con ese proyecto ideológico ultraconservador.
El
pistoletazo de salida de este proceso lo dio Aznar en su célebre intervención
en Georgetown de 2004 en la que, para explicar los atentados del 11-M, no dudó
en afirmar que el problema con Al Qaeda se remontaba al año 711, cuando España
fue ‘invadida por los moros’. De esta forma, Aznar no sólo denigraba al Islam,
al identificarlo con el terrorismo desde sus orígenes, sino que también
deslegitimaba al-Andalus, cuya aparición en la historia habría sido resultado
de una acción criminal. Sin duda debido a ello, poco tiempo después el propio
expresidente del gobierno no dudó en exigir que los musulmanes le pidiesen
perdón por haber ‘ocupado’ España durante ochocientos años.
La
denigración del Islam y la deslegitimación de al-Andalus representan, por lo
tanto, dos caras de la misma moneda, argumentos centrales de una agenda
ideológica que pretende restaurar trasnochados valores patrióticos más propios
del franquismo que de una sociedad moderna, multicultural y democrática. Se
trata, en definitiva, de la vieja estrategia manipuladora que consiste en
utilizar el pasado para justificar el presente.
Lamentablemente,
a dicha agenda se suman relevantes sectores académicos, cuya función consiste
en suministrar la necesaria apariencia de rigurosidad y novedad a lo que, en
realidad, no es más que un viejo proyecto de manipulación del pasado. El
historiador R. Sánchez Saus, candidato de Vox a las elecciones autonómicas de
Andalucía en 2015 y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas,
publicaba el año pasado Al-Andalus y la cruz, un libro que se complace en la
denigración de la presencia islámica en la Península a través de la acuñación
de una visión ‘yihadista’, en la que los ocho siglos de esa experiencia
histórica quedan reducidos a la condición de mera precuela de ISIS. El
propósito de está burda y lamentable caricaturización del conocimiento
histórico no es otro que deslegitimar la dimensión árabe e islámica del pasado
peninsular con el propósito de imponer la legitimidad única del catolicismo y de
la autodenominada ‘civilización Occidental’.
Asimismo,
la Iglesia está contribuyendo de forma relevante a esta resurrección de las
viejas esencias nacionalcatólicas, en especial con su actuación respecto a la
Mezquita de Córdoba. Tras apropiarse en 2006 de la titularidad del edificio al
amparo de una ley franquista, su objetivo principal parece consistir en hacer
lo propio con su significado histórico, erradicando su identidad islámica en
favor de su exclusiva identidad católica. De ahí que el actual obispo de Córdoba no haya dudado en afirmar
que la Mezquita constituye, en realidad, una expresión de arte bizantino y que
la actuación de los ‘moros’ en su construcción se limitó a ‘poner el dinero’.
Esta burda manipulación viene a sumarse a su permanente insistencia en negar la
propia denominación de Mezquita, la que ha recibido de manera tradicional por
parte de los propios fieles católicos y la que expresa su condición de
Patrimonio de la Humanidad desde 1984.
‘Quien
controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el
pasado’. La célebre cita de George Orwell cobra todo su sentido en el contexto
actual, en el que los sectores políticos, eclesiásticos y académicos más
conservadores y reaccionarios han reactivado el viejo proyecto de erradicar de
la memoria histórica española todo vestigio del pasado árabe e islámico. El
objetivo no es otro que imponer un discurso sectario, excluyente y tendencioso
dirigido a afirmar la naturaleza exclusivamente católica de la identidad
nacional. Una auténtica resurrección del pensamiento nacionalcatólico a
comienzos del siglo XXI que se alinea con el creciente auge de la ultraderecha,
la xenofobia y la islamofobia.
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