Amigos y amigas. Os transmito un
saludo de parte de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y de las
compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Personalmente
quiero agradecer la invitación para participar en el acto de hoy.
Hace unos años constituimos el Encuentro Estatal por la Memoria,
que reúne a más 100 colectivos de todo el Estado y de diverso tipo y ámbito de
actuación, del que forman parte tanto nuestra Federación como el Área de
Memoria Democrática de IU-Madrid. En octubre de 2020 consensuamos y publicamos
un amplio documento de Conclusiones donde recogíamos las posiciones del
movimiento memorialista sobre cómo tenía que ser una LMD. Este documento fue
entregado a partidos políticos, instituciones y colectivos sociales.
Desde entonces hemos mantenido
reuniones frecuentes con grupos parlamentarios; hemos realizado diversas
concentraciones y movilizaciones en apoyo a nuestras posiciones; hemos
organizado reuniones y debates sobre diversos temas, como las bases jurídicas
de la impunidad del franquismo; la situación de los archivos de la represión; el
caso de los bebés robados; la represión específica ejercida sobre las mujeres;
la Memoria histórica en la enseñanza, etc… (todos los debates están en YouTube y la web del
Encuentro). Durante todo el proceso de tramitación de la Ley, el contacto, la
circulación de información, y el intercambio de impresiones, ha sido constante
y fluido con los compañeros Mauricio Valiente por IU, y Paco Gracia,
responsable estatal de Memoria Democrática de Podemos.
Sobre la LMD que se publicó en el BOE
el pasado 19 de Octubre, valoramos que la redacción final de la misma ha llegado
mucho más lejos de lo que esperábamos en un principio. Desde el Proyecto de Ley
inicial que presentó el Gobierno; posteriormente los acuerdos entre los socios
de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos; y finalmente el trámite de enmiendas de los
diferentes grupos parlamentarios que han apoyado de un modo u otro la Ley, en
cada paso se han ido produciendo avances, y creemos sinceramente que hemos ejercido
una cierta influencia, que se ha plasmado en el resultado final.
La Ley de Memoria Democrática supone un claro avance con respecto a la
LMH de 2007, y recoge unas medias concretas de reconocimiento de las
víctimas y condena del franquismo, que con matices, van en la buena dirección. Fundamentalmente
abre un amplio espacio a futuras políticas públicas de memoria.
El resultado final dependerá mucho de
que se elabore y apruebe pronto un Reglamento de aplicación, de que se pongan
inmediatamente en marcha diversos organismos recogidos en la Ley actual para
aplicar esas políticas de memoria, de la definición concreta de las
competencias de la Fiscalía... En definitiva, dependerá mucho de la voluntad política de los gobernantes.
El problema que encontramos en la Ley,
es que frente a nuestras propuestas hemos encontrado unas Líneas Rojas, impuestas
por el PSOE fundamentalmente. Nosotros/as siempre hemos definido que la IMPUNIDAD del franquismo es uno de los
pilares centrales del llamado Régimen del 78.
En ese sentido, Ley de Memoria
mediante, España sigue sin cumplir sus compromisos con los derechos humanos,
haciendo caso omiso de las recurrentes recomendaciones de diversos organismos y
comisiones de la ONU. El problema no es lo que pone la Ley de Memoria, sino que
ésta no ha afectado a un aspecto central del problema: la vigencia a día de hoy
de lo que organismos internacionales de derechos humanos definieron hace tiempo
como “el modelo español de impunidad”.
El principal déficit de esta Ley es que no
permite el acceso a la Justicia.
Hace apenas 4 meses en Argentina se juzgó y condenó en 2 procesos diferentes a
varios represores, y actualmente hay casi un centenar de procedimientos
judiciales abiertos. Seguimos sin poder llevar a juicio en el Estado español a
torturadores, jerarcas de la dictadura, perpetradores de crímenes contra la
humanidad, etc. por crímenes similares y coetáneos a los realizados aquí
durante los últimos años del franquismo y principios de la Transición, en la
DGS, en comisarías, cuartelillos, que en Argentina y en otros países se juzgaron,
y se siguen juzgando y dictándose sentencias y condenas,
El problema no es de la Ley de Memoria
en sí, sino que no ha venido acompañada una derogación o declaración de nulidad de Ley de Amnistía de 1977, asimilable a aquellas
leyes de Punto final y Obediencia Debida de las dictaduras sudamericanas, que
allí fueron sí derogadas o anuladas. Los crímenes del franquismo se consideran
prescritos porque en España no se aplica el Derecho Internacional sino el
derecho Interno. Los tribunales españoles no reconocen que haya crímenes contra
la humanidad antes de 2004, cuando ese tipo penal fue incluido en nuestro
Código Penal, aunque para los organismos internacionales de derechos humanos,
esos crímenes jamás prescriben. El nudo gordiano de este sistema de impunidad
se plasmó en la sentencia del TS de marzo de 2012 por la que se absolvió al
exjuez Baltasar Garzón, que se ha convertido con sentencias y autos posteriores
del TS y del TC (como por ejemplo, el recurso de amparo denegado a Gerardo
Iglesias), en jurisprudencia del Estado español.
Somos conscientes de que esta nueva ley puede
llegar a ser efímera si las derechas ganan las elecciones generales. Su intención explícita es derogarla y
sustituirla por una llamada “ley de concordia” (¿Por qué lo llaman concordia
cuando quieren decir Impunidad?). Los colectivos de Memoria en torno al
Encuentro Estatal queremos que el Gobierno empiece a tomar medidas inmediatas,
para que en caso de que sea la LMD derogada en un futuro ya se hayan llevado a
cabo cambios irreversibles, como ejemplo: la retirada del callejero y la
simbología franquista, o la declaración y monumentalización de Lugares de
Memoria; o la salida de enterramientos públicos y de honor de golpistas del 36.
Es fácil derogar un texto legal, pero es más complicado derribar un monumento o
reponer unas calles franquistas.
Esta vez sí es posible avanzar en
muchos temas, la ley es mucho más clara y concreta que la de 2007, y recoge un
régimen sancionador para quien la incumpla. Pero hace falta pronto el
desarrollo reglamentario que no tuvo aquélla. Y hace falta que se ponga en
marcha pronto la Fiscalía especializada que recoge la Ley, pero cuyas
competencias y fines han quedado en la ambigüedad. Y también hacen falta
medios: está muy bien el reconocimiento de derechos que se hace, por ejemplo en
el tema de archivos, pero sin más archiveros y técnicos especializados, esos
derechos difícilmente pueden hacerse efectivos.
Otro tema: nos hemos dirigido
recientemente al Gobierno para que, puesto que la LMD declara nulas e ilegales
las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos, se inscriba en cada expediente
represivo una certificación de que dicha sentencia ha quedado anulada a todos
los efectos por la LMD: sería inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas
del franquismo o sus familiares, investigadores o cualquier ciudadano
interesado accedan a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan
inalterados tal y como los elaboraron los organismos policiales, militares o
judiciales, que dirigieron la política de represión sistemática, como si tales
sentencias siguieran siendo firmes y justas.
¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando
por el fin de la impunidad, y que el Estado español asuma las recomendaciones
de diversos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos
humanos de la ONU y sus diversos comités, que han elaborado informes sobre el
caso español, señalando que los derechos humanos de un amplísimo colectivos de
víctimas de diversa tipología vienen siendo vulnerados sistemáticamente por el
Estado español.
En resumen y para finalizar: el
objetivo central del movimiento memorialista y de cualquier demócrata digno de
tal nombre debe seguir siendo acabar con la impunidad, llevando a los verdugos
y represores que quedan vivos ante los tribunales, y conseguir que las víctimas
del franquismo tengan el mismo reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad,
que otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que se ha
legislado convenientemente y se han aplicado intensas políticas públicas de
memoria.
Por otro lado, debemos seguir
trabajando para que la Memoria de los y las defensoras de la República y los
resistentes contra el franquismo sean patrimonio de la sociedad, y una
obligación de todas y cada una de las instituciones del Estado a todos los
niveles. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Por eso nos
vamos a concentrar el próximo día 16 frente a la antigua DGS en la puerta del
Sol, y os animo a sumaros.
Muchas gracias por habernos escuchado.
