lunes, 27 de febrero de 2023

Intervención en el V Foro Exterior de PODEMOS.


Intervención en el V Foro Exterior de PODEMOS. 

25 de Febrero de 2023


Amigos y amigas. Os transmito un saludo de parte de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Personalmente quiero agradecer la invitación para participar en el acto de hoy.

Hace unos años constituimos el Encuentro Estatal por la Memoria, que reúne a más 100 colectivos de todo el Estado y de diverso tipo y ámbito de actuación. En octubre de 2020 consensuamos y publicamos un amplio documento de Conclusiones donde recogíamos las posiciones del movimiento memorialista sobre cómo tenía que ser una LMD. Este documento fue entregado a expertos, partidos políticos, instituciones y colectivos sociales.

Desde entonces hemos mantenido reuniones frecuentes con grupos parlamentarios; hemos realizado diversas concentraciones y movilizaciones en apoyo a nuestras posiciones; hemos organizado reuniones y debates sobre diversos temas, que están en YouTube y la web del Encuentro. Durante todo el proceso de tramitación de la Ley, el contacto, la circulación de información, y el intercambio de impresiones, ha sido constante y fluido con los compañeros Paco Gracia, responsable estatal de Memoria Democrática de Podemos, y Mauricio Valiente por IU.

 

Sobre la LMD que se publicó en el BOE el pasado 19 de Octubre, valoramos que la redacción final de la misma ha llegado más lejos de lo que esperábamos en un principio. Desde el Proyecto de Ley inicial que presentó el Gobierno; posteriormente los acuerdos entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos; y finalmente el trámite de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios que han apoyado de un modo u otro la Ley, en cada paso se han ido produciendo avances, y creemos sinceramente que hemos ejercido una cierta influencia, que se ha plasmado en el resultado final.

La Ley de Memoria Democrática supone un claro avance con respecto a la LMH de 2007, y recoge unas medias concretas de reconocimiento de las víctimas y condena del franquismo, que con matices, van en la buena dirección. Fundamentalmente abre un amplio espacio a futuras políticas públicas de memoria. La Ley puede significar una esperanza si algunas de las cuestiones que enuncia se aplican realmente, y si se la dota del  presupuesto necesario para que pueda aplicarse.

 

El problema que encontramos en la Ley es que frente a nuestras propuestas hemos encontrado Líneas Rojas, impuestas por el PSOE fundamentalmente. En los Informes de Naciones Unidas, realizados por el Relator Pablo Greiff, en 2014, se señalaba que no es posible una verdadera reconciliación nacional sin investigar y juzgar las vulneraciones de los derechos humanos y los crímenes de la Dictadura y de sus aparatos represivos.

En ese sentido, Ley de Memoria mediante, España sigue sin cumplir sus compromisos con los derechos humanos, haciendo caso omiso de las recurrentes recomendaciones de diversos organismos y comisiones de la ONU. El problema no es lo que pone la Ley de Memoria, sino que ésta no ha afectado a un aspecto central del problema: la vigencia a día de hoy de lo que organismos internacionales de derechos humanos definieron hace tiempo como “el modelo español de impunidad”.

El principal déficit de esta Ley es que no permite el acceso a la Justicia. Hace unos meses en Argentina se juzgó y condenó en 2 procesos diferentes a varios represores, y actualmente hay casi un centenar de procedimientos judiciales abiertos. Seguimos sin poder llevar a juicio en el Estado español a torturadores, jerarcas de la dictadura, perpetradores de crímenes contra la humanidad, etc. por crímenes similares y coetáneos a los realizados aquí durante los últimos años del franquismo y principios de la Transición, que en Argentina y en otros países se juzgaron, y se siguen juzgando y dictándose sentencias y condenas.

El problema no es de la Ley de Memoria en sí, sino que no ha venido acompañada de otros cambios legales como la derogación o declaración de nulidad de Ley de Amnistía de 1977, asimilable a aquellas leyes de Punto final y Obediencia Debida de las dictaduras sudamericanas, que allí fueron sí derogadas o anuladas. Los crímenes del franquismo se consideran prescritos, porque la Justicia española defiende la primacía de hecho, del derecho interno sobre el Derecho Internacional.

Los tribunales españoles no reconocen que haya crímenes contra la humanidad antes de 2004, cuando ese tipo penal fue incluido en nuestro Código Penal, aunque para los organismos internacionales de derechos humanos, esos crímenes jamás prescriben.

 

Somos conscientes de que esta nueva ley puede llegar a ser efímera si las derechas ganan las elecciones generales. Su intención explícita es derogarla y sustituirla por una denominada “ley de concordia” (¿Por qué lo llaman concordia cuando quieren decir Impunidad?). Los colectivos de Memoria en torno al Encuentro Estatal queremos que el Gobierno empiece a tomar medidas inmediatas, para que en caso de que la LMD sea derogada en un futuro, ya se hayan llevado a cabo cambios irreversibles, como ejemplos: la retirada del callejero y la simbología franquista, o la declaración y monumentalización de Lugares de Memoria; o la salida de enterramientos públicos y de honor de golpistas del 36. Es fácil derogar un texto legal, pero es más complicado derribar un monumento o reponer unas calles franquistas.

Es posible avanzar en muchos temas, la ley es mucho más clara y concreta que la de 2007, y recoge un régimen sancionador para quien la incumpla. Pero hace falta pronto el desarrollo reglamentario que no tuvo aquélla, así como la inmediata puesta en marcha de organismos (y una clarificación de las competencias de la Fiscalía) recogidos en la Ley actual, para aplicar esas políticas de memoria. En definitiva, todo va a depender de la voluntad política de los gobernantes.

Y también hacen falta medios: está muy bien el reconocimiento de derechos que se hace, por ejemplo en el tema de archivos, pero sin más archiveros y técnicos especializados, esos derechos difícilmente pueden hacerse efectivos.

Las concentraciones y actos fascistas en torno al 20-N han contado con la permisividad de las autoridades, lo que se ha repetido el pasado fin de semana en Madrid con un homenaje a la llamada División Azul. Esto nos hace ser escépticos sobre la voluntad real por parte de todas las instituciones de aplicar la nueva Ley.

Asimismo, seguimos a la espera de modificaciones legales que se están haciendo esperar mucho, como la de la Ley de Secretos Oficiales, o que se desencalle en el Parlamento la Ley de Bebés Robados, que lleva más de dos años paralizada.

Por nuestra parte, nos hemos dirigido recientemente al Gobierno para que, puesto que la LMD declara nulas e ilegales las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos, se inscriba en cada expediente represivo una certificación de que dicha sentencia ha quedado anulada a todos los efectos por la LMD: sería inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, investigadores o cualquier ciudadano interesado accedan a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan inalterados tal y como los elaboraron los organismos policiales, militares o judiciales, que dirigieron la política de represión sistemática, como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas.

 

¿Qué podemos hacer? Vamos a seguir trabajando por el fin de la impunidad, y para que el Estado español asuma las recomendaciones de diversos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos humanos de la ONU y sus diversos comités, que han elaborado informes sobre el caso español señalando que los derechos humanos de un amplísimo colectivos de víctimas de diversa tipología han venido siendo vulnerados sistemáticamente por el Estado español.

Para finalizar: el objetivo central del movimiento memorialista y de cualquier demócrata digno de tal nombre debe seguir siendo acabar con la impunidad, llevando a los verdugos y represores que quedan vivos ante los tribunales, y conseguir que las víctimas del franquismo tengan el mismo reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad que otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que se ha legislado convenientemente y se han aplicado intensas políticas públicas de memoria. Hemos conocido que hace unos días, en el País Vasco, Podemos ha llegado a un acuerdo con el PNV y el PSE-PSOE en este sentido.

Por otro lado, debemos seguir trabajando para que la Memoria de los y las defensoras de la República y resistentes contra el franquismo sean patrimonio de la sociedad, y una obligación de todas y cada una de las instituciones del Estado a todos los niveles. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista.

Muchas gracias por habernos escuchado. Podéis contar siempre con nosotras y con nosotros.