El Auto
del Supremo
Artículo publicado en la Revista de la Plataforma Contra la Impunidad del franquismo. Septiembre de 2019
Arturo Peinado Cano @apces
Presidente de la
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Madrid, Junio de 2019.
Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros es un insulto a la
sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de
víctimas. Una verdadera democracia no puede permitir que se siga honrando a un
dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internaciones de
derechos humanos.
El pasado 4 de Junio el Tribunal Supremo decidió, por unanimidad, a favor de adoptar la medida cautelar solicitada por la familia
Franco, paralizando la exhumación del dictador del Valle de
Cuelgamuros
y el traslado de sus restos, acción programada por el Gobierno para el 10 de
Junio. Los intentos de la familia Franco de entorpecer y sabotear la salida de
los restos de Cuelgamuros con la inestimable colaboración de jueces que muestran
sin rubor su connivencia con el franquismo, suponen vejar y humillar a las
miles de víctimas del franquismo, a sus familias y al conjunto de la sociedad.
Creemos que el Supremo hubiera debido rechazar la cautelar, puesto que
la exhumación y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panteón de El
Pardo no suponen un daño real para la familia. Además el proceso hubiera sido fácilmente
reversible, en caso de que el alto Tribunal estime finalmente el recurso de los
abogados de la familia Franco contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso
de los Diputados. Pero el Tribunal ha ido más lejos argumentando en el Auto,
que se aprueba la medida
cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el
interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que
resulta de un cinismo insultante.
También ha levantado polvareda la frase del Auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de
octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita calificarlo
como dictador.
Pero no se puede acusar al Supremo de incoherencia porque el
Estado español jamás ha condenado ni ilegalizado al franquismo, como tampoco la
democracia española se reconoce heredera de la legitimidad
republicana. El número 1 de nuestro actual BOE fue emitido por los golpistas el
2 de Octubre de 1936; la legislación (vigente o derogada a día de hoy) que se
promulgó desde el 18 de Julio del 36 y entró a formar parte del ordenamiento
jurídico español, no fue la republicana sino la del Estado franquista.
También se equivocan periodistas e
historiadores que han afirmado que Franco fue Jefe de Estado legítimo sólo
desde que acabó la guerra: la legitimidad la tuvo siempre el Gobierno de la
República en el exilio, disuelto por el Presidente Maldonado tras las
elecciones democráticas de 1977. Recordemos también la contundente condena del
franquismo por la ONU en 1946, asimilándolo a los regímenes de Hitler y de Mussolini.
La Justicia española es siempre
garantista con los derechos de los victimarios, pero mira hacia otro lado
cuando se trata de los derechos de las víctimas. El TS ha adoptado una resolución política,
no jurídica. La democracia española seguirá pagando las consecuencias de
no haber depurado en su momento a los franquistas de los aparatos del Estado,
especialmente de la judicatura.
Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como
fue acordada por el Parlamento, constituye hoy la prueba de fuego de la calidad
de nuestra democracia. El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos
del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de
septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se
está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones
democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con
el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por
la dictadura.
Uno de los argumentos que los abogados de los
Franco han presentado al Supremo para impedir la exhumación es que, de llevarse
a cabo, ésta les produciría unos supuestos daños morales. Al menos ellos sabrán
siempre dónde está enterrado su abuelo, porque docenas de miles de familias de
víctimas del golpe del 36 y de la dictadura no tienen reconocido ni pueden
ejercer ese derecho.
