#NiValleNiAlmudena
Madrid, 1 de Diciembre de 2018
El pasado 13 de septiembre, tras años de movilización y denuncia de
los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que ha
llegado a ser un clamor social, el Congreso de los Diputados aprobó un Decreto
para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El Decreto se ha convertido en una
proposición de ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.
La redacción original del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a
la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias
indeseadas, al optar ésta como lugar de inhumación definitiva para el
enterramiento, por una propiedad previamente adquirida dentro de la catedral
madrileña de la Almudena.
Las víctimas del franquismo y el conjunto de la
sociedad española hemos conocido con enorme estupor e indignación la propuesta
de la familia, la posterior inhibición de la Iglesia Católica, y
las dificultades del Gobierno para dar una solución que impida una nueva humillación
colectiva, y muy en particular a las víctimas de la dictadura.
Como es sabido, Franco fue un general golpista que
instauró una dictadura y secuestró la soberanía popular por la fuerza durante
40 años, y el máximo responsable de un régimen de represión y terror ejercido,
de múltiples formas, sobre cientos de
miles de personas.
El entierro de Franco en La Almudena, un lugar
público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la
dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una
vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus
familias, y para el conjunto de la sociedad. Una democracia no puede honrar a
un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internacionales
de derechos humanos.
Ante esta agresión, la sociedad civil no puede permanecer indiferente
ni aceptarla con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado. Con el fin de
impedir el traslado de Franco de Cuelgamuros a La Almudena , un centenar largo
de colectivos de derechos humanos, de memoria
histórica y víctimas del franquismo, vecinales, políticos, sindicales, feministas,
ecologistas, culturales… hemos constituido la campaña #NiValleNiAlmudena
desde la que hacemos un llamamiento a la
ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se
movilice.
La Campaña ha respaldado una iniciativa ciudadana particular,
que en pocos días ha obtenido más de 100.000 apoyos. Asimismo hemos solicitado
por escrito al Presidente del Gobierno, al Arzobispo de Madrid, y a la
Alcaldesa de Madrid, que “desde las
diferentes responsabilidades que ejercen actualmente, tomen las medidas
necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de La Almudena tras
su salida del Valle de Cuelgamuros”.
También hemos organizado una importante manifestación
en Madrid el pasado 8 de noviembre desde la Puerta del Sol a la catedral de la
Almudena, y el día 14 un gran acto público, en el que han manifestado públicamente
su adhesión portavoces de fuerzas políticas parlamentarias y de sindicatos
representativos.
Al mismo tiempo que la justicia chilena ha ordenado a
la familia Pinochet devolver seis millones dólares, la familia Franco se pasea
por los platós televisivos defendiendo al dictador. Las
únicas explicaciones públicas que la
familia Franco debería dar, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del
Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la
Gloria; la apropiación de la Casa Cornide; la multimillonaria recalificación de
la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y negocios (como buena
parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad
que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente
corrupto de la dictadura que encabezaba.
No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía
histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador
pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la
dictadura y ampliados en la democracia, y que además se permitan provocar a la
sociedad española, no consintiendo otra opción
para la inhumación definitiva de los restos del dictador que la catedral de
Madrid.
Queremos expresar asimismo nuestra repulsa a cómo
gran parte de los medios de comunicación han tratado este asunto, poniendo al
mismo nivel a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron; a
las víctimas y a los verdugos; a los demócratas y a los fascistas. Y prestando un altavoz a organizaciones (como
la Fundación Francisco Franco) que, si tuvieran oportunidad, acabarían con la
libertad de prensa e información, y con el derecho a la libre expresión de las
ideas.
Lo que en España se entiende por dar voz a las
diferentes “partes” de un debate, sería considerado apología del fascismo en
los países democráticos de nuestro entorno.
Hacemos
nuestras las manifestaciones de colectivos cristianos, que han respondido
públicamente así al arzobispo de Madrid, tras expresar éste su intención de no
interferir en la voluntad de la familia:
“No nos
gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer
política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a
una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy
lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco.
Francisco
Franco (…) no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica en una Iglesia católica, mayormente en la
Basílica de la archidiócesis de Madrid, capital del estado español, a no ser
que el Sr. Arzobispo quiera continuar con
la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado
fascista, que estuvo vigente durante la dictadura”.
La sociedad debe exigir una reconsideración de este posicionamiento
por parte de la Iglesia española, porque el traslado de Franco a la Almudena “vendría a denigrar aún más a una Iglesia
que concedió en su día el título de ‘Cruzada’
a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más
elementales”.
La Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo
tanto, debería respetar a una parte sustancial de la sociedad que también
contribuye a su financiación, incluyendo a las víctimas del franquismo y a sus
familias. Y el Gobierno de España está en condiciones, y tiene la obligación política y ética, de exigir ese
respeto.
Hoy es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso
al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el
autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena,
la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación
de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta
legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría
consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de Madrid, y
para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.
Las asociaciones y colectivos que respaldamos la
campaña #NiValleNiAlmudena nos oponemos frontalmente a que este hecho se
produzca, y hacemos un llamamiento público a la ciudadanía para que exprese su
desacuerdo y se movilice, con el fin de impedir que se consume tal escarnio.