Arturo
Peinado. CTXT, 05-11-2016
ARTURO
PEINADO CANO
5
DE NOVIEMBRE DE 2016
En
nuestro país, cuando se ha pretendido dedicar calles y honores a perpetradores
de atentados y agresiones contra víctimas de otros tipos de violencia, se ha
legislado para impedirlo, y la intervención de la Justicia y de los
responsables políticos ha sido inmediata y contundente. Las víctimas del
franquismo seguimos soportando el insulto y la humillación de ver calles y
plazas de nuestro país dedicadas a los asesinos de nuestros padres y abuelos; a
quienes nos encarcelaron y nos torturaron. Creemos -coincidiendo con las
recomendaciones al Estado español de los organismos internacionales de derechos
humanos - que las víctimas del franquismo son merecedoras del reconocimiento
legal y de la consideración que se les niega, simplemente la misma que es
exigible hacia las víctimas del terrorismo o del Holocausto, por ejemplo.
La
Federación Estatal de Foros por la Memoria lleva años reivindicando el cambio
de toda calle, en cualquier lugar del Estado español, que rinda homenaje a los
militares perjuros; a los torturadores y a los criminales de guerra; a los
dirigentes del partido único fascista; a los jerarcas del régimen que mantuvo
secuestrada por la fuerza la soberanía nacional durante 40 años. Una retirada
que debería extenderse a toda la simbología franquista y a los honores
concedidos por las instituciones: alcaldes honorarios, hijos predilectos, hijos
adoptivos…
La
llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 hizo abrigar ciertas esperanzas en que
se diese una solución definitiva a esta cuestión, pero la ausencia de
desarrollo de la misma- fundamentalmente un Reglamento que estableciese una
tipología clara de elementos a eliminar, unos plazos, y un régimen sancionador
contra las administraciones que incumpliesen la Ley- consiguió que esas
esperanzas resultasen defraudadas. El avance de las fuerzas políticas
conservadoras en las elecciones municipales de 2007 y 2011, hicieron más
difícil aún una solución satisfactoria.
La
llegada de los llamados “ayuntamientos del cambio” en mayo de 2015, ha abierto
amplias expectativas, que parece que en muchos casos no van a resultar frustradas.
Conocemos diariamente noticias sobre cambios de nombre en los callejeros y la
eliminación de monumentos franquistas.
DE
LA SOLUCIÓN QUE DÉ LA CAPITAL A SU SINIESTRO CALLEJERO DEPENDE LO QUE PUEDA
PASAR EN MUCHAS OTRAS CIUDADES Y PUEBLOS
Aunque
una década larga de reivindicación del movimiento memorialista ha conseguido
poner este tema en la agenda y los programas políticos, las resistencias siguen
siendo enormes, y no sólo por parte de muchos ayuntamientos conservadores que
se aferran a las deficiencias de la Ley de Memoria para incumplirla. Un claro
ejemplo de las dificultades existentes es el Ayuntamiento de Madrid, con las
célebres controversias sobre actuaciones municipales, la campaña en contra de
la Cátedra de la Complutense y la constitución de un Comisionado de Memoria
Histórica, unánimemente criticado por las asociaciones memorialistas y de
víctimas del franquismo. Obviamente, de la solución que dé Madrid a su
siniestro callejero depende lo que pueda pasar en muchas otras ciudades y pueblos.
Hemos
observado con preocupación las presiones mediáticas y políticas que recibe el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para impedir la retirada de la
simbología franquista, con argumentaciones falsas y demagógicas que sólo
pretenden mantener la injusta situación actual. De cualquier modo, el equipo de
gobierno del Ayuntamiento y los grupos políticos que lo respaldan, deberían ser
conscientes de que políticas de apaciguamiento no van a conseguir frenar las
agresiones.
¿Qué
interés puede tener la derecha mediática y política en mantener el callejero
franquista? ¿Son compatibles Franco, Yagüe, Maurrás… con una derecha
democrática y europeísta? ¿Tan en deuda se sienten con ellos? ¿Por qué ese afán
de defender la permanencia de la Plaza de Arriba España, la del Caudillo, o el
monolito a los Alféreces provisionales? Exigen consenso quienes han incumplido
sistemáticamente la ley; quienes ni han ofrecido ni buscado el consenso durante
24 años de gobierno de la ciudad de Madrid.
No
debería ser necesario recordar al equipo de gobierno y a las fuerzas políticas
que lo sustentan, que la primera obligación del Ayuntamiento de Madrid es, en
primer lugar, cumplir la Ley vigente por insuficiente que sea esta. Por otro
lado, existe un claro compromiso programático adquirido con las ciudadanas y
ciudadanos de Madrid en las elecciones de mayo de 2015.
LA
PRIMERA OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ES, EN PRIMER LUGAR, CUMPLIR LA
LEY VIGENTE POR INSUFICIENTE QUE SEA ESTA
También
pensamos que esta es una oportunidad única para hacer pedagogía democrática y
de los derechos humanos dirigida a los vecinos y vecinas de Madrid,
incorporando a las calles que han de retirarse los nombres de personas y hechos
que representen esos valores, especialmente de víctimas del franquismo,
funcionarios municipales represaliados, y luchadores por la democracia contra
los fascismos español y europeo.
Diversas
organizaciones hemos convocado el domingo 20 de noviembre (coincidiendo con el
41 aniversario de la muerte física del dictador) una manifestación en Madrid,
con el fin de continuar exigiendo la retirada completa de la simbología
franquista, así como los nombres en el callejero madrileño de golpistas de
1936, criminales de guerra y jerarcas de la dictadura.
Estamos
convencidos/as de que este tema se solucionará más pronto que tarde de manera
satisfactoria, en la ciudad de Madrid y en cada una de las poblaciones del
Estado español. De cualquier modo, no cejaremos en exigir la retirada completa
de toda la simbología, honores y nomenclatura urbana vinculada al franquismo y
a los fascismos europeos, con el fin de que dejemos de ser una anomalía con
respecto al resto de países democráticos.
Arturo
Peinado Cano @apces, presidente de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria