El
callejero de Madrid y la “ley de memoria histórica”
Un repaso exhaustivo a la campaña de intoxicación
contra la Cátedra de la Memoria Histórica
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE
La
memoria no es un concepto universitario, abstracto o que esté sólo en los libros.
La memoria transforma la dinámica de una sociedad. Cuando una sociedad tiene
una memoria fresca es capaz de crear más, de jugar un mejor papel en el
concierto de las naciones. La memoria es algo tan dinámico como la sangre que
recorre el cuerpo. (Patricio Guzmán, Público, 09/09/2013).
Objetivo 1º: Acabar con la Cátedra de la Memoria
Histórica
La reciente disolución de la comisión encargada
por el Ayuntamiento de Madrid para revisar el callejero franquista dos años
después de su constitución incita a recordar su historia. La Cátedra
Complutense de la Memoria Histórica del siglo XX, presidida por Mirta Núñez,
iba a ser en principio la encargada del asunto, pero muy pronto quedó claro que
la derecha no iba a permitirlo. En un espectáculo sin precedentes se inició una
campaña de intoxicación que no cesó hasta que la Cátedra fue apartada.
Recordemos algunos titulares: “La hija de la primera esposa de Fidel Castro
asesora a Carmena en el cambio de calles franquistas” (Alfonso Basallo,
Actuall, 24/12/2015), “La hija de Fidel Castro asesora a Carmena para quitar
las calles franquistas” (Ignacio Crespí, Negocios.com, 24/12/2015), “La turbia
trampa de Carmena para adjudicar el contrato de la Memoria Histórica a una hija
de Fidel Castro” (Juan Velarde, Periodista Digital, 30/12/2015) o “Carmena pone
a Madrid a la altura de una república bananera y… castrista” (Juan Velarde,
Elblogoferoz, 05/02/2016).
Aquí todo valía para justificar “el sesgo
marxista” de la Cátedra: el historiador Julio Aróstegui, su fundador (fallecido
en 2013), quedó reducido a biógrafo de Largo Caballero, y de la Universidad
Complutense, que amparaba a la Cátedra, como no podía ser de otra forma, se
dijo que estaba en manos de “un hijo de Carrillo”, por más que José Carrillo
Menéndez se hubiera limitado a dar continuidad a un proyecto de la época de
Carlos Berzosa y que el rector desde mayo de 2015 fuera Carlos Andradas. La
presidenta de la Cátedra, Mirta Núñez, era simplemente “la hija de Fidel” o,
como alguno prefirió, la “vástaga del dictador caribeño”. Ella no era hija de
Fidel, pero daba igual: la propaganda funcionaba. Tampoco existía contrato
alguno entre el Ayuntamiento y la Cátedra, pero quedaba bien decir que el
primero le había pagado 17.999 euros, y no 18.000, para evitar que el asunto
saliera a concurso: “El Ayuntamiento de Madrid manipuló un contrato para
otorgárselo a dedo a una cátedra dirigida por una hija de Fidel Castro para
limpiar el callejero de la capital”, escribió Antonio Martín Beaumont en
ESdiario.com el 12 de febrero de 2016.
El 6 de febrero de ese mismo año es el editorial
de El País el que critica “la suma de despropósitos de manifiesta bisoñez” del
Ayuntamiento. Para ver la implicación del diario entonces dirigido por Antonio
Caño basta leer los artículos de Fran Serrato y Vicente G. Olaya. En ese
momento se jalean dos cuestiones: la retirada y posterior recolocación de la
placa que en el exterior del cementerio de Carabanchel Bajo recordaba a ocho
carmelitas asesinados en 1936 y la lista con más de 256 nombres de calles a
eliminar. Da igual que esta lista fuera ajena a la Cátedra y llevara en
circulación desde 2004 en un blog particular o que, por más que el cementerio
en cuestión fuera de la Iglesia, la placa fuera de titularidad municipal. El
caso era armar ruido. Las dos víctimas de este acoso inicial son la Cátedra de
la Memoria, que se aparta del proyecto desbordada por la dimensión de la
campaña en febrero de 2016, y la concejala Celia Mayer, tocada por la placa de
Carabanchel Bajo. De ese momento es la declaración de Esperanza Aguirre
diciendo que Mirta Núñez, “hijastra de Fidel Castro”, no era “ni catedrática ni
española o, por lo menos, no nacida en España”. O Aguirre ignora el significado
de hijastra o algo peor. Por su parte Carmena, que descarga las responsabilidades
en la Cátedra, “califica de disparate retirar nombres de intelectuales y
asegura que no se cambiarán”. Nadie ha propuesto tal cosa, pero da igual. En
ese momento, mientras los comunicados de la Cátedra pasan inadvertidos, el
grupo municipal del PSOE propone crear “una comisión amplia de expertos”. La
Universidad Complutense, mientras tanto, calla y mira para otro lado.
En febrero de 2016 El País sigue con su campaña.
Ha llegado el momento de explotar los listados de nombres adjudicados sin razón
a la Cátedra para ir llevando el agua a su molino. Desde el periódico de PRISA,
Marcos Ordóñez escribe airado sobre la pretensión de eliminar las calles de
Manolete y Bernabeu; Trapiello sobre lo que llama con su agudeza habitual “El
potaje madrileño”; Jorge Martínez Reverte dice que “si alguien quiere
mantenerla (la Cátedra), que lo haga”, pero que “de momento, bastaría que no
informara más de historia”; Celeste López sale desde La Vanguardia en defensa
de Dalí y Pla y su compañero de periódico Antoni Puigverd titula un artículo
“¿Caza de brujas?”… Desde la Cátedra se afirma que no ha existido ni siquiera
una propuesta de calles salvo una inicial de treinta que aún estaba en estudio.
Pero nadie escucha ni tiene intención de hacerlo. Vicente G. Olaya titula una
noticia “El listado de las calles franquistas dinamita la Cátedra de la Memoria
Histórica”. A los nombres de Dalí y Pla se suman ahora Mihura y Manuel Machado
como nuevas víctimas de la Cátedra “castrista”. Sobre la renuncia de la Cátedra
no cabe olvidar la declaración del tercer teniente de alcalde Mauricio
Valiente, de Izquierda Unida: “Lo fundamental es que sea un proceso objetivo,
riguroso y científico que asesore el proyecto de gobierno”. Como si el equipo
de la Cátedra no garantizara ese proceso.
Andrés Gil, desde eldiario.es (11/02/2016),
intenta poner un poco de orden en el asunto recordando algunas cuestiones
básicas como la procedencia de la lista y el objetivo del que la creó, Antonio
Ortiz, quien afirma simplemente que se trataba de personajes relacionados con
el franquismo, lista que puso al servicio de la Cátedra para su estudio, no
para que cayeran todos los allí inscritos. Pero una vez más daba igual. El País
arrecia en su impresentable campaña. El 12 de febrero son Javier Rioyo con su
“Cortar cabezas, cambiar calles”, donde alude a la “soberbia ideológica” de la
“cátedra postcastrista”, y Antonio Elorza con “Calles, placas y títeres”, en
que se refiere a “la extraña cátedra”. El 6 de marzo toca el turno a Javier
Marías con un artículo titulado “No hay que imitarlos en nada”, donde se
permite afirmar que Carmena “contrató y pagó a la Cátedra de la Memoria
Histórica”, formada por historiadores “muy raros y dirigida por Mirta Núñez”.
Los historiadores “raros” a los que alude –cómo no van a ser “raros” si no
escriben en El País– son Sergio Gálvez, Alicia Alted, Manuel Álvaro, Antonio
González Quintana, Rafael Rodríguez Tranche, Fernando Hernández Sánchez, Juan
José del Águila, Julián Vadillo y Sandra Souto. Todos ellos profesionales
(historiadores, archiveros o juristas) de probada solvencia especializados en
República, golpe militar, guerra civil y dictadura. Marías, que se cree a pies
juntillas lo de las 256 calles que han de caer, entona desde su púlpito
dominical su lamento profundo por Dalí, Pla, Mihura, Poncela, Cunqueiro,
Machado, Galdiano, Turina, Juan de la Cierva o Marquina, y denuncia el carácter
“policial e inquisitorial” de la lista. Pone el broche final El País de 28 de
marzo con un nuevo editorial titulado “Acabar con el rencor” donde ya se pone
nombre a quien debe dirigir la nueva comisión: Francisca Sauquillo. Fin de la
campaña. Objetivo conseguido.
Unos días después, el 3 de abril de 2016, El País
entrevista a su candidata triunfante. A la pregunta de Juan Cruz sobre si “acabará
alguna vez esa dinámica izquierda-derecha, vencedores-vencidos, que nos marca”,
Sauquillo responde: “Es lo que pretendo aquí. Hay que contar que, en efecto,
unos ganaron y que la dictadura reprimió 40 años. ¡Pero hubo otros 40 en paz!
Hay que contarlo también”. El 12 de ese
mismo mes la entrevista Raquel Ejerique para eldiario.es y ahí Sauquillo
afirma: “No soy partidaria de tirar todos los vestigios franquistas, no tiro
nada ni en mi casa” o que “si la aplicación de esta ley se plantease como
revanchismo, entonces no quiere estar en la comisión”. Y cuando le pregunta si
hay que quitar la placa de Caídos de la División Azul replica: “Es que los
caídos existieron, habrá que explicarlo y poner otras placas que homenajeen a
otras personas…”. Sobre si la comisión será política responde tranquilamente
que “será de expertos”, de “profesionales” y “personas competentes”. Nada de
política…
Sauquillo estaba convencida de que en un año
estaría todo resuelto. En esa misma entrevista comenta que tanto a ella como a
Manuela Carmena les parecía bien la genial propuesta de Esperanza Aguirre de
cambiar el nombre del Arco de la Victoria de Moncloa por el de Arco de la
Concordia. No aclara qué pensaban hacer con la inscripción latina plena de
concordia que muestra la cara norte del arco, en la que se lee: “A las armas
aquí vencedoras, la inteligencia igualmente vencedora da, ofrece y dedica este
monumento. 1936-1939” .
Igual la dejan: ¿no fueron los vencedores acaso? Y concluía: “Desde luego no
pienso tirar ese arco, no soy una talibana”. A fines de abril Trapiello, primer
fichaje de la comisión a propuesta de Ciudadanos, es entrevistado por El
Español. Afirma que tiene más fe en la literatura que en la historia, lo cual
no es de extrañar, y concreta su humilde misión: “Creo que todos estamos
dispuestos a forjar el relato común que tanta falta nos hace. Eso sí, no sé si
luego nos respetarán”. Ya para entonces Trapiello tenía demostrada su obsesión
por el pasado asesino de las víctimas del fascismo español.
Objetivo 2º: Dejar todo en manos de una comisión
de notables-expertos-competentes
El editorial de El País de 28 de mayo de 2016,
titulado “Ganemos se encona”, va contra la plataforma Ganemos Madrid, que apoyó
la candidatura de Manuela Carmena, por sus críticas a la comisión. Ahí se lee,
entre cánticos a “los magníficos profesionales” que la integran, que “Ganemos
explota así una guerra cultural que busca alimentarse de viejos rencores del
pasado”. Este editorial podría haber sido firmado sin problema por ABC, La
Razón o El Mundo. Para el editorialista de El País todo lo que vaya contra
Carmena y su comisión va contra Madrid. Nuevamente aparece Reverte con el
artículo “Memoria iletrada” (30/05/2016) en el que lamenta el rechazo producido
por la elección de Trapiello o Álvarez Junco. Fiel a la línea del periódico que
lo acoge critica los “disparates” de Ahora Madrid sacando a relucir una vez más
la placa de los carmelitas. “Mientras tanto –afirma con rotundidad– podemos dar
aliento al trabajo de Trapiello y Álvarez Junco. Ojalá todas las comisiones
estuvieran montadas con gente de este nivel”. Solo le falta añadir que de esta
forma todas serían del agrado de El País y del grupo PRISA. En este contexto
aparece Antonio Muñoz Molina el 17 de junio de 2016 haciendo una loa del Elogio
del olvido de David Rieff, uno de los pilares de la negación de la memoria
tanto personal como colectiva, que apuesta por “cierto grado de olvido”. En la
presentación del libro en Madrid destacarán Juan Cruz, Álvarez Junco y José
María Ridao. Se define la obra de Rieff como “un alegato contra el militante
furor por el pasado”, lo cual explica la cariñosa acogida que le brinda el
diario oficial del “régimen del 78” .
La primera propuesta de la comisión, de julio de
2016, busca cambiar el nombre de 27 calles. El concejal de Izquierda Unida
Mauricio Valiente, a cuya tenencia de alcaldía estaba adscrita la comisión, se
reafirma en que el proceso debe llevarse a cabo de forma “objetiva, rigurosa y
científica”. Desde El País, de nuevo Juan Cruz apoya las decisiones de la
comisión. Sus componentes son Francisca Sauquillo (abogada) y José Álvarez
Junco (historiador) como presidenta y vicepresidente respectivamente,
asesorados por Txema Urkijo, y el escritor Andrés Trapiello (por Ciudadanos),
el historiador Octavio Ruiz Manjón (por el PP), la arquitecta Teresa Arenillas,
la catedrática de Filosofía Amelia Valcárcel y el sacerdote Santos Uría, estos
tres últimos elegidos por la propia Sauquillo con ciertos matices en el último
caso. Todos ellos firman en dicho periódico “Una medida pedagógica”, un
artículo que defiende la eliminación de calles de participantes en la rebelión
militar y de altos cargos del régimen. Añaden que, aunque no fuera esa su
misión, también propondrán nuevos nombres que aludan a “ideales abstractos”, a
personas de izquierdas conocidos “por su espíritu apaciguador”, a militares
(“un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX”) y a asociaciones
como la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cabrán ahí, con ese criterio, Manuel
Azaña y Juan Negrín?
Luego el tiempo pasó y casi sin darse cuenta la
comisión se percató de que el año que se dio de plazo se había duplicado y
también de que, pese a su primorosa, objetiva y virtuosa ecuanimidad, de las 27
calles, que luego pasaron a ser 52, 51 fueron impugnadas ante la justicia por
la Fundación Nacional Francisco Franco. Los recursos
contencioso-administrativos afectaban a calles como Caídos de la División Azul,
Hermanos García Noblejas, Millán Astray, El Algabeño, Asensio Cabanillas,
García Escámez o una glorieta de Aravaca. Uno de los recursos cuestionaba todo
el listado. En el caso de la calle Comandante Zorita los “expertos” propusieron
cambiarle el nombre por el de Aviador Zorita, siguiendo el truco ya conocido en
Andalucía en casos como el de la plaza Aviador Ruiz de Alda o la calle del
Poeta Pemán. De nuevo en El Español (18/03/2018) Trapiello se jactaba ahora de
que “con la mayor sensatez” habían aplicado una ley de memoria histórica “con
la que algunos no estábamos muy de acuerdo”, pero “conscientes de que otros
podían aplicarla peor”. Por si hubiera alguna duda al final denunciaba a los
enemigos: “Podemos es peor que el Partido Comunista”.
Para mayo de 2018 las críticas eran ya muy duras.
Luis Suárez, de La Comuna, escribió un artículo bajo el título “Artefacto para
la negación histórica del Ayuntamiento de Madrid. Un epitafio” en el que
acusaba a la comisión de haber incurrido en relativismo ético, intoxicación de
los hechos y ocultación de los valores democráticos. Recordaba también que
tanto Trapiello como Ruiz Manjón habían aparecido como firmantes del llamado
“Manifiesto por la Historia y la Libertad”, de marzo de 2018, al que merece la
pena asomarse un momento para echar un vistazo tanto al contenido como a los
firmantes. No obstante, el momento cumbre del desvarío de la comisión se
produjo en esos días con motivo del tipo de memorial que debía colocarse en el
Cementerio de la Almudena. Un equipo de historiadores, coordinado por Fernando
Hernández Holgado, había completado la lista de víctimas de la represión
franquista realizada por Mirta Núñez y Antonio Rojas en los años noventa y
alcanzado casi tres mil nombres. Pero desde la comisión se rechazó dicha lista
por contener casos de “chequistas” implicados en “el terror rojo”. La comisión
era partidaria de que no constara ningún nombre y, en salomónica decisión, de
colocar no uno sino dos memoriales, uno a las víctimas del período 1936-1939 y
otro a las del ciclo 1939-1944.
El 15 de junio Isabel García, desde Público, nos
contaba que la comisión había sido disuelta por decisión municipal y que
Carmena apoyaba que los nombres de las víctimas aparecieran en el monumento.
Mientras tanto Sauquillo negaba que el fin de la comisión tuviera que ver con
discrepancias con el Ayuntamiento y se mostraba molesta con las críticas
recibidas por el asunto del memorial. Y Mauricio Valiente, el que otrora
depositara tanta fe en la comisión, se oponía ahora a la idea de colocar dos
memoriales, que por cierto era lo que casualmente quería el PP. Las palabras
finales de Carmena a la comisión, “habéis ayudado muchísimo a que pudiéramos
realizar nuestro cometido…”, sonaban huecas. La comisión, finalmente,
desaparecía en medio de la controversia y con la propuesta del cambio de calles
en los tribunales. Ahora el asunto pasaría a la Oficina de Derechos Humanos del
Ayuntamiento, cuyo responsable no es otro que Mauricio Valiente. Volvemos al
principio.
En el ABC del día 16 de junio, Adrián Delgado nos
recuerda las “caras largas y el tono seco” de la última función de la comisión
tras dos meses de mal ambiente por el asunto del memorial. El diario
monarco-lo-que-haga-falta se jactaba de haber sido el que denunció a los 345
“chequistas” de la lista de víctimas. No hay nada como la Causa General para
buscar chequistas y “rojos”. Están a la vista de todos por Internet. Si
intentan acceder por ahí mismo a la documentación judicial militar que nos
ofrece los nombres de los militares, paramilitares, curas, guardias civiles,
abogados, falangistas, requetés, fuerzas vivas en general y fascistas
corrientes que dieron cuerpo a la represión, ya verán lo que encuentran. Según
ABC con la disolución de la comisión se ha intentado evitar “el ridículo
fracaso” que esto hubiera supuesto para Ahora Madrid y para el PSOE. Nos
quedamos con dos frases finales. Una del portavoz municipal del PP José Luis Martínez Almeida: “Se confirma lo
que dijimos: era una coartada para que la izquierda radical y sectaria pudiera
hacer una lectura interesada de la Historia”; y otra del “experto” Trapiello:
“Es absolutamente vergonzoso. Me siento utilizado. Han hecho oídos sordos a
todas nuestras recomendaciones”. Para el ABC está claro: Carmena ha cedido ante
“el ala más radical” de Ahora Madrid, lo que significa simplemente que la
alcaldesa, por el motivo que fuera, ha decidido en esta ocasión no actuar al
gusto del centro-derecha. Cosas de la política.
El domingo 17 de junio Carmen Pérez-Lanzac
recuerda desde El País las circunstancias que dieron lugar a la creación del
comité de “expertos”, aunque olvida el papel jugado por su periódico, del que
nos quedamos sin saber qué piensa del triste final de la comisión que tanto les
debe. Recuerda que a Sauquillo la propuso el PSOE. “Sabíamos que buscaría el
consenso”, comentó la portavoz municipal de dicho partido Purificación
Causapié. Y si Trapiello vino por Ciudadanos y Ruiz Manjón por el PP, luego
Sauquillo eligió a los demás, si bien en el nombramiento de Urías parece que
tuvo alguna intervención el arzobispo de Madrid, a instancia tanto de Sauquillo
como de Carmena, con la misión de “evaluar la represión del clero durante la
guerra civil” (Pedro Ontoso, elcorreo.com, 01/06/2016). Por esta regla de tres
en la comisión también deberían haber estado representantes de otros colectivos
afectados.
Por cada una de las veinticinco reuniones al
completo que han celebrado en estos dos años cobraron 300 euros cada uno y como
fueron ocho contando al asesor... Algunos de ellos amenazaron con dimitir si no
se eliminaban una serie de nombres de la lista de víctimas del fascismo. ¿Cabe
imaginar qué pasaría si alguien propusiera que de los memoriales de víctimas
del “terror rojo” desapareciesen aquellos nombres de individuos que coadyuvaron
de algún modo al golpe militar del 18 de julio de 1936? ¿Imaginan los titulares
de la mayor parte de la prensa? Como la alcaldesa Carmena es partidaria ahora
de que los nombres sean visibles, Causapié opina que “en este asunto no podemos
ser equidistantes”. Y esto lo piensan dos años después del nombramiento de ese
canto a la equidistancia que fue la comisión.
Reflexiones finales
Lo mejor del caso es que, dé o no la justicia la
razón a la fundación del dictador, el Ayuntamiento podría cambiar los nombres
de las calles que quisiera dejando a un lado la innombrable ley de Zapatero y
acogiéndose simplemente a las ordenanzas municipales, ante las cuales no cabe
denuncia alguna. ¿A qué ha venido pues tanto tiempo y dinero perdidos? Y en
definitiva, ¿a qué la “comisión”? El informe final de la comisión publicado por
el Ayuntamiento prueba la falta de norte en que se han movido durante dos años.
Por otra parte cabe plantear que la permanencia del fascismo en los nombres de
las calles no es más que uno de los flecos del gran problema no resuelto: la
falta de definición del régimen que se instaló por la violencia en España a
partir de 1936, se mantuvo cuatro décadas en el poder y controló finalmente el
proceso que condujo de la dictadura a la democracia. No en vano el político
franquista Fernando Suárez puso el dedo en la llaga cuando recientemente
declaró que “Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona” (El Mundo,
24/02/2018). La Corona y muchas otras cosas.
Se podrán cambiar algunas calles, abrir fosas,
sacar a Franco de su megalómano mausoleo e incluso ilegalizar la fundación que
lleva su nombre, todo lo cual sería importante, pero nada de esto solucionará
el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de que la verdad
histórica que tan laboriosamente ha ido estableciéndose durante los últimos
cuarenta años sea acompañada de la verdad jurídica que defina el ciclo abierto
en 1936 y cerrado en 1978 como lo que realmente fue. El intento del juez
Baltasar Garzón ya sabemos cómo acabó. En este sentido la historia del
“comisionado” forma parte de la política entendida como farsa. ¿Qué podía
esperarse de un grupo de “expertos” entre los que había algunos que negaban el
propio concepto de memoria histórica? ¿Qué esperar de un Álvarez Junco ya
conocido por su papel en aquella otra comisión encargada de elaborar una
supuesta “ley de memoria” o de un enemigo declarado de la Historia y la Memoria
como Trapiello? Ignoro qué se tuvo en cuenta en los demás casos para ponerlos
al frente de una cuestión tan manifiestamente política e histórica como la
revisión del callejero. Parece que el Ayuntamiento de Madrid, que no estaba
dispuesto a cargar con el desgaste que le hubiera supuesto afrontarla, decidió
desviar el asunto a un comité del agrado del bloque PSOE-PP, lo cual no deja de
llamar la atención si pensamos que el grupo que impulsó la candidatura de
Carmena a la alcaldía, Ahora Madrid, estaba formado por Podemos, Ganemos
Madrid, Izquierda Unida y Equo.
Tampoco hay que olvidar el papel de la prensa,
que nos permitió asistir en primera fila a una de las más repulsivas campañas
de intoxicación de estos años en medio de la impunidad más absoluta. La prensa
de papel al completo, situada entre la derecha y la extrema derecha, está al
servicio permanente de intereses políticos y económicos. En esta tarea vale
todo; no hay límite. Por seguir siendo el diario de más circulación conviene
destacar la actuación de El País y su “fiel infantería”, que igual sirven para
un roto que para un descosido.
Finalmente la solución al problema antes
comentado de la indefinición del que durante tanto tiempo se denominó “el
régimen anterior” solo vendrá de la definitiva apertura de los archivos de la
represión (civiles, militares y eclesiásticos), que deberían abrirse en su
totalidad con el único límite de la normativa legal. Los documentos ocultos
relativos al ciclo 1931-1978 son muchos más que los “10.000” anunciados por la
ministra Carme Chacón hace unos años en una supuesta desclasificación que nunca
tuvo lugar. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo secretos? Carece de sentido no
tener en cuenta lo que el Estado fascista hizo por las víctimas de la violencia
en zona republicana desde el mismo año 1936 y, sobre todo, a partir de 1939 y
hasta el final de la dictadura. Hay toda una sección del Archivo Histórico
Nacional dedicada a ellas. Es tiempo de acabar con este agravio comparativo. Solo
cuando la investigación histórica pueda ofrecer la realidad más completa
posible de aquella etapa, España estará en condiciones de mirar el pasado y
afrontar el futuro.
AUTOR
Francisco Espinosa Maestre
http://ctxt.es/es/20180711/Firmas/20684/Madrid-callejero-memoria-historica-ley-cambios-prensa.htm