¿Por qué la Guerra Civil? ¿Quién fue responsable? En defensa de la
investigación sobre las fuentes primarias.
Ángel Viñas. Tempora Magazine. 18-07-2014
Catedrático emérito de la UCM.
Exdirector de relaciones exteriores y exembajador ante Naciones Unidas de la
Comisión Europea. Exasesor ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores.
Técnico Comercial y Economista del Estado con el número uno de la promoción.
Licenciado y doctor en Ciencias Económicas con sendos premios extraordinarios.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, entre otras condecoraciones españolas y
extranjeras. Amplia producción historiográfica. Vive en Bruselas.
La historia es el análisis de la
actuación humana en el pasado. En la actualidad ya no se prejuzga, en general,
uno u otro enfoque de forma más o menos exclusiva. Ha pasado la época de la
creencia en inmutables leyes o regularidades históricas. El enfoque a seguir
depende del objeto de investigación; es decir, éste determina lo que debe
considerarse como evidencia primaria relevante de época (EPRE). Resulta obvio
que tal evidencia varía según el momento del pasado. No es lo mismo abordar
aspectos de la Edad Media que de los años contemporáneos. En estos, por
ejemplo, el abanico de fuentes es muchísimo más amplio: documentos públicos y privados,
testimonios, fotografías, grabaciones sonoras, etc. Los historiadores suelen
librar entre sí grandes batallas académicas a favor de unas fuentes con
preferencia a otras. Tales discordias se complican, además, por la pugna a la
hora de establecer los enfoques heurísticos adecuados. Esto suele hacerse para
situarse a un nivel más o menos elevado en un imaginario pedestal de
‹‹cientificidad››. Para complicar las cosas, todo historiador tiene, bien sea
implícita o explícitamente, una cierta teoría (lo que antaño solía denominarse
‹‹filosofía de la historia››) y escribe desde un retículo axiológico. Se une a
ello, finalmente, la presencia más o menos intensa de lo que los franceses han
denominado ‹‹usos sociales de la historia››. En las circunstancias presentes es
difícil que un historiador se aburra.
Si del plano general descendemos
a otro mucho más concreto, el de la contemporaneidad española, las pugnas no
solo no disminuyen, sino que se acrecientan. De una u otra manera están
relacionadas con dos fenómenos: la guerra civil y la subsiguiente dictadura.
Cómo abordar ambos ha dado origen
a innumerables controversias. Hay quien favorece un enfoque de historia
política, otros prefieren la historia social. Más recientemente se han añadido
los que centran su atención en el género, las mentalidades o los ‹‹estudios
culturales››.
La guerra civil destaca por la
riqueza de perspectivas desde las cuales los historiadores han trabajado. Su
caracterización como, ante todo, un
fenómeno militar tiene hoy relativamente pocos seguidores. Es injusto,
pues la guerra es, en sí, un choque de sociedades pero por medios esencialmente
militares. Es más, para algunos autores parece irrelevante que la historia
militar moderna tenga ya muy poco que ver con la descripción de campañas,
batallas e incluso meros encontronazos (small arms single actions).
Con todo, subsisten en este
período numerosas lagunas por rellenar y aspectos polémicos que desentrañar. El
avance es, en mi opinión, función de dos vectores: el descubrimiento, en lo posible,
de nueva EPRE y la aplicación a la ya existente de los enfoques analíticos más
adecuados. Del primero puede afirmarse, sin dudarlo, que en el futuro será
posible realizar nuevos avances: entre los archivos públicos españoles quedan
muchos por explorar, bien porque todavía no se hayan investigado del todo, bien
porque permanezcan inaccesibles. En los extranjeros, no se conoce aún muchísima
documentación soviética e incluso británica. En ambos casos quedan por abordar
los archivos privados o, mejor dicho, los que se mantienen en manos privadas.
Baste con señalar los casos señeros de Franco y de Serrano Suñer.
La combinación de la historia con
las ciencias sociales ha progresado en el campo de la guerra civil, incluido el
ámbito militar, pero no lo suficiente. Las aplicaciones hasta ahora efectuadas
desde la sociología, la sicología, la economía, la antropología, la ciencia
política, la arqueología, entre otras, y los estudios culturales y forenses,
han revelado facetas nuevas y hasta hace un par de decenios casi impensables.
Mi experiencia profesional me ha
llevado a privilegiar el enfoque basado en procesos decisionales y combinarlo
con un método particular. Ni uno ni otro son los más importantes ni los únicos,
pero en un ámbito tan trillado como es la guerra civil siempre he creído que
podrían abrir nuevas perspectivas. El método es el inductivo. Su justificación
es simple: las decisiones quedan reflejadas, de una u otra manera, en
documentos. Para descubrir nuevos aspectos hay que abordar la EPRE. Cuando son
pocos, o ninguno, quienes la hayan manejado antes, es verosímil que, por
inducción, pueda llegarse a nuevos conocimientos sobre un pasado que, por
definición, es incognoscible e inabarcable en su totalidad.
Los documentos, naturalmente, no
reflejan todo ese pasado. En el mejor de los casos iluminan una parte, con
frecuencia, minúscula. Pero permiten abrir puertas a otras perspectivas.
Trataré de explicar lo que
antecede con un ejemplo, uno de esos núcleos en torno al cual la discrepancia
entre los historiadores españoles y extranjeros, desde la extrema derecha hasta
la extrema izquierda, es la más pronunciada: por qué estalló la guerra civil y,
en consecuencia, sobre quiénes recae la responsabilidad de la misma. Son
cuestiones esenciales de la historia contemporánea de España. Han dado origen a
ríos de tinta. Las discusiones son incesantes. Continúan en la más rabiosa
actualidad.
Desde mi primer trabajo histórico
(La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, Alianza, 1974) he tratado de
encontrar alguna respuesta documentable siguiendo una metodología inductiva a
partir de la EPRE relevante.
Fue esta EPRE la que me hizo
descartar que en los preparativos de la sublevación pudiese figurar la Alemania
nazi (algo que para la historiografía de corte comunista era entonces de
creencia casi obligada). Fue nueva EPRE, obtenida en el cruce de documentos
españoles (franquistas y republicanos), británicos, franceses, alemanes y
rusos, muchos de ellos no publicados ni conocidos, la que me llevó a postular
la gran importancia de los factores internacionales desde aquel momento
fundacional del 17/18 de julio.
Fue novísima EPRE la que me
permitió ligar la participación, con un perfil singular, del general Franco en
la conspiración dirigida por Mola pero conectado en los momentos determinantes
con las actuaciones de la trama civil. Entre ellas destaca la actuación
intoxicadora de la embajada británica en Madrid con el fin de inducir, llegado
el caso, la abstención del Reino Unido con respecto a una eventual intervención
en los asuntos de España.
Como es sabido, la discusión
entre historiadores ha revivido tras la reaparición de una corriente que imputa
a los ‹‹desmanes›› (huelgas, movimientos sociales, proliferación de retóricas
encendidas, atentados e incluso asesinatos) acaecidos en la primavera de 1936
la extensión a las derechas de un sentimiento de inseguridad y de renovada
exclusión tan pronto como tuvieron lugar las elecciones de febrero, que dieron
el triunfo a la coalición electoral del Frente Popular.
Aceptando a efectos meramente
dialécticos que la experiencia republicana hasta entonces no tenía porqué
desembocar en una guerra civil, la utilización de fuentes conocidas desde hacía
muchos años me llevó a indagar acerca de si no existiría otra forma de abordar
el tema, con EPRE relevante, aparte de la utilizada por Francisco Sánchez
Pérez, Eduardo González Calleja, José Luis Ledesma, Julio Aróstegui y Francisco
Espinosa entre muchos otros.
Podría no haberla encontrado.
Pero la encontré. Su tenor incluso me sorprendió, pues superó con creces mis
mayores expectativas. El 1º de julio de 1936 Pedro Sainz Rodríguez, monárquico
convencido, alfonsino, diputado por el Bloque Nacional, calvosotelista de pro,
firmó en Roma varios contratos con una empresa italiana ligada al Ministerio de
Aeronaútica para obtener el compromiso de suministro de un gran número de
aviones de tipo avanzado (cazas, bombarderos, hidroaviones) con su complemento
de bombas, municiones, pertrechos y tripulaciones. Todos ellos se destinaban a
España.
Esta nueva evidencia, de origen
impecable e incontrovertible, permite sustentar una argumentación que se opone
a las tesis que ponen el énfasis en la responsabilidad de las izquierdas por la
guerra civil. Dado que los contratos son de un detalle extremado, y que Sainz
Rodríguez, catedrático de bibliología de la Universidad Central, no era
precisamente un experto ni en armamento ni en aviación, cabe establecer dos
hipótesis: o bien aceptó lo que los italianos le pusieron por delante y se fió
de su savoir faire o los contratos fueron el resultado de negociaciones entre
la parte italiana y militares españoles por cuenta de los conspiradores. Personalmente tiendo más bien a favor de esta
segunda hipótesis. ¿Cómo dejar a extranjeros una decisión clave para el futuro
de la conspiración?
Ahora bien, desde el punto de
vista de un mero golpe militar, estrictu senso, orientado hacia la sublevación
de las guarniciones en ciertas ciudades y en la convergencia de las tropas
victoriosas hacia Madrid, en el marco de una estrategia diseñada por Mola, es obvio que no se
necesitaban cazas Fiat modernos o potentes bombarderos Savoia Marchetti. Por no
hablar de hidroaviones. Sí se necesitaban, en cambio, para asegurar el éxito en
una guerra que se presumía corta.
Es decir, los ‹‹contratos
romanos›› nos obligan a desplazar la atención de las inculpaciones efectuadas
tradicionalmente por los sostenedores de una derecha encrespada contra los
supuestos proyectos revolucionarios del Frente Popular, más o menos inspirados
por Moscú, hacia el sector sobre el cual recae la mayor responsabilidad por lo
que iba a suceder: aparte de los militares levantiscos, sus apoyos políticos y
sociales en Renovación Española o el Bloque Nacional, con José Calvo Sotelo (el
‹‹proto-mártir››) al frente. Fue bajo la responsabilidad de estos últimos, en
efecto, que se negociaron los contratos. Que fuesen conocidos por el exrey
Alfonso XIII no es descartable. Sí podemos pensar que él no intervendría
directamente en la negociación.
La noción, además, de que en
marzo de 1936 el banquero mallorquín Juan March otorgara a los conspiradores un
crédito de medio millón de libras esterlinas a través de un banco londinense
para adquirir a los italianos el material, permite pensar que ‹‹alguien›› debió
poner en marcha los contactos para iniciar las negociaciones en Roma, bien en
aquella fecha o incluso un poco antes. Podemos descartar que March lo hiciera a
impulso propio.
Ese ‹‹alguien›› no está
identificado, pero los candidatos no son demasiados: debería de figurar entre
los generales Franco, Goded o Fanjul. De estos, los dos últimos ya estaban a
favor de una sublevación en diciembre de 1935, cuando Gil Robles no alcanzó la
presidencia del Gobierno ante la oposición del presidente de la República,
Niceto Alcalá-Zamora. Habría que incluir también el asesoramiento del general
Kindelán, exjefe de la aviación española, monárquico de pro y frecuente
visitante de Roma. ¿Cómo no iban a consultarle en cuanto a la ideoneidad de los
aparatos? En el círculo conocedor de esta veta de la conspiración figuraría
posiblemente el general Orgaz (amigo de Sainz Rodríguez). Un papel todavía no
conocido correspondería al ‹‹técnico››, teniente coronel Galarza, que enlazaba
en Madrid todos los hilos de la conjura que impulsaba Mola.
Nada de lo que antecede está
documentado todavía, pero por inducción, es verosímil que todos los nombrados,
o su mayor parte, tuvieran algo que ver. La compenetración en la cúpula de la
conspiración militar y de la trama civil hubo de ser intensa.
Los detalles todavía no conocidos
importan obviamente, pero la nueva imagen que aparece a partir de esta EPRE es
bastante clara:
Si, tras la sustancial ayuda de March, las
negociaciones no tardaron mucho en dar comienzo, es lógico que en los meses
siguientes, de marzo a junio, los conspiradores concluyeran que era preciso
crear la sensación de que España atravesaba un estado de necesidad. De aquí las
proclamas sobre la inminencia de la revolución con el fin de ‹‹calentar›› a las
fuerzas armadas y los catastróficos discursos en Cortes a los que se dedicaron
Calvo Sotelo y Gil Robles.
También explica la estimulación
del pistolerismo, hasta el punto de que los monárquicos pronto se quedaron sin
fondos para pagar a los ‹‹hombres de acción››, por lo que a mitad de junio
Goiecoechea, número dos de Calvo Sotelo, se dirigió a Ciano en demanda de
fondos. Esta evidencia la descubrió hace ya años Ismael Saz, pero pocos son
quienes la han tenido en cuenta.
Convenía exagerar en la prensa
los indudables desórdenes urbanos y el número de víctimas mortales, como si
ello fuese el resultado de un estado de anarquía. Eduardo González Calleja ha
determinado que las víctimas fueron mayores en las filas de la izquierda. No se
trató de una casualidad. Ni el gobierno ni las fuerzas de orden público se quedaron
de brazos cruzados.
En paralelo, y en la sombra,
continuó la intoxicación de los diplomáticos británicos, en Madrid y Londres,
mientras Sanjurjo y Beigbeder intentaban vanamente conseguir armas en el Tercer
Reich y los carlistas multiplicaban sus misiones en el extranjero, sin llegar a
resultados tan contundentes como los monárquicos. En resumen, esta novísima
EPRE y la aplicación del método inductivo permiten dar una respuesta coherente
con la documentación hoy existente.
La anterior exposición, muy sumaria,
no sería completa si, para el caso en cuestión, no se delimitara con precisión
el juego de las condiciones necesarias y de las condiciones suficientes, algo
que conviene delimitar con la mayor precisión posible.
Como cualquier estudioso de
lógica sabe, las primeras son aquéllas que deben darse para que pueda tener
lugar un fenómeno determinado. En el caso de los fenómenos sociales, tales
condiciones son complejas y muy diversas. Así, por ejemplo, la sed de reformas
económicas, sociales, políticas y culturales que España venía arrastrando desde
la Restauración y que se agudizó durante la dictadura de Primo de Rivera, fue
una condición necesaria para que desde las posiciones de poder económico,
político y social tradicionales emanara una fuerte oposición a las mismas. Esta
oposición, desarticulada en un principio con el imprevisto advenimiento de la
República y que atravesó fases muy conocidas, terminó alimentando la
sublevación de 1932, durante el período en el cual la conjunción
republicano-socialista asumió con fuerza la responsabilidad de atender a
reformas ineludibles. Tal oposición, mucho más estructurada y organizada,
volvió a la carga después de las elecciones del Frente Popular.
La importancia de tales
condiciones, que también suelen denominarse factores estructurales, ha sido muy
enfatizada desde los primeros estudiosos que, sin seguir el canon que ya empezó
a acuñarse en los albores de la dictadura franquista, trataron de explicar lo
que no dejaban de ver como una anomalía. ¿Por qué hubo una guerra civil en
España? Pionero entre ellos fue, naturalmente, Gerald Brenan.
Curiosamente, también los
balbuceos oficiales de la explicación de la génesis de la guerra civil, los que
hicieron los oficiales y jefes del Servicio Histórico Militar en los años cuarenta,
se remontaron hasta el siglo XIX (a veces hasta el XVIII) para explicar la
irrupción de la malhadada república como el último jalón de una evolución
secular de decadencia promovida por la ‹‹anti-España››.
En mi opinión, tales factores no
tenían por qué conducir necesariamente al estallido de 1936. Hoy se admite por
lo general que si no se hubieran producido ciertos hechos en el período que va
hasta las elecciones del Frente Popular, la evolución ulterior hubiese podido
ser diferente.
Sin ánimo exhaustivo alguno cabe
mencionar la arbitraria destitución de Manuel Azaña como Presidente del
Gobierno en 1933, que abrió la puerta a nuevas elecciones que no ganaron los
republicanos burgueses y socialistas al concurrir desunidos a los comicios; o
el no nombramiento de Gil Robles como Presidente del Gobierno en diciembre de
1935; o si el presidente que convocó las elecciones de febrero de 1936, Portela
Valladares, hubiese aceptado la declaración del estado de guerra que le
pidieron los militares (entre ellos Franco) y anulado el resultado. Es difícil
pensar que la izquierda hubiese tenido en aquellos momentos la capacidad de
montar una oposición efectiva. The road not taken, como gustan de caracterizar
tales alternativas los autores anglosajones, indujo por el contrario la
evolución que realmente tuvo lugar.
Ahora bien, lo que determinó la
sublevación de julio de 1936 fueron ciertas condiciones suficientes, es decir,
aquel tipo de condiciones que cuando se producen conducen a un cierto resultado
y no a otro. En la primavera de 1936 sobresalen dos: la ineficacia del gobierno
en cortar la conspiración, algo sobradamente conocido pero no siempre bien
explicado, y la consecución por parte de los conspiradores de abundante
material bélico moderno, inexistente en España, y apto para una guerra corta.
El juego de condiciones
necesarias y suficientes llevó a la sublevación casi irremisiblemente. ¿Cómo
hubiese podido el gobierno cortar la comprometida ayuda italiana de la que no
tenía la menor noticia?
El 17/18 de julio no dio paso de
por sí a la guerra civil propiamente dicha. Abrió la puerta a una serie de
campañas rápidas y exitosas de los sublevados (apoyados por la intervención
fascista, predeterminada, y por la nazi, decidida por Hitler autónomamente el
25 de julio). Se vieron respaldadas, además, por la escisión/hundimiento de las
fuerzas armadas y de seguridad, y por la imposición de la no-intervención
contra el gobierno.
Como agudamente vio Azaña en
septiembre, para entonces la República tenía perdida la partida. Y probablemente
así hubiese ocurrido si en octubre de 1936 no hubiera empezado a llegar
abundante ayuda material y personal soviética. Los aviadores rusos aportaron,
en particular, una contribución inestimable, porque la aviación republicana,
puramente española, había dejado prácticamente de existir. El apoyo político,
diplomático, personal y material de la URSS creó una nueva situación. La
guéguerre de los primeros meses se convirtió en cruenta guerra civil.
Esto no es lo que
tradicionalmente se ha dicho y repetido, sobre todo por quienes mantuvieron
casi cuarenta años los archivos cerrados y una censura de guerra durante más de
la mitad y acuñaron un canon lógico y cerrado en sí mismo, pero incontrastable.
Naturalmente puedo estar
equivocado, pero esto es lo que he desprendido de una EPRE que no se basa en
epifenómenos, en discursos políticos o en factores culturales. Todos ellos
desempeñarían, ¡qué duda cabe!, un papel más o menos importante a lo largo de
la contienda. No sirven para dilucidar del todo la cuestión de las
responsabilidades por la mayor catástrofe acaecida en la historia contemporánea
de España.
Por lo demás, y aun aceptando de
nuevo a efectos dialécticos que la primavera de 1936 hubiese sido tan
desastrosa como se ha descrito y se describe en la literatura pro o
parafranquista, ¿justifica el comienzo de la conspiración en febrero/marzo de
1936 y la voluntad de ir a una guerra que, por pequeña que hubiese sido, habría
producido más víctimas que varias primaveras de aquel presunto porte juntas? Por
no hablar de las que efectivamente se produjeron. Un bache demográfico como no
había ocurrido hasta entonces en España.
Esta es la cuestión que convenía,
y conviene, oscurecer, porque arroja negros nubarrones sobre la ‹‹legitimidad››
de origen del orgulloso ‹‹régimen del 18 de julio››, que no dudó en presentar
argumentos espurios para justificar la sublevación y que ignora todavía un
amplio sector de la literatura. Quizá porque es algo que un sector de la
derecha española es incapaz, todavía hoy, de aceptar.
