Antígona en Madrid
Sobre la
polémica del Memorial del Cementerio del Este de Madrid, y cómo hemos llegado a
esto.
Arturo
Peinado Cano. @apces. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria
Publicado en elobrero.es 28 de Julio de 2020.
El
Ayuntamiento de Madrid fue gobernado desde 2015 a 2019 por la “candidatura
ciudadana de unidad popular” Ahora Madrid (encabezada por la exjueza Manuela
Carmena) con el apoyo del PSOE. El gobierno municipal encargó, a finales de
2015, el proyecto de un “Plan Integral Memoria
Madrid” a un grupo de trabajo de la Cátedra Complutense “Memoria
Histórica del siglo XX”.
Inmediatamente
comenzó una campaña de acoso mediático que fue in crescendo hasta conseguir la
renuncia de la Cátedra. El linchamiento, que no tuvo el menor reparo en
difundir mentiras, calumnias y noticias falsas, estuvo encabezado por medios de
comunicación de extrema derecha y por la edición madrileña del diario El País,
secundado posteriormente por la prensa conservadora más tradicional. La
aceptación como verdaderas de las calumnias por parte de la alcaldesa, y la
renuncia de continuar con el encargo por parte de la Cátedra en marzo de 2016,
certificaban el triunfo de los objetivos que había detrás de dicha operación: la
renuncia al cuestionamiento por la corporación madrileña de las políticas de
olvido e impunidad implantadas desde la Transición, y el continuismo en el tratamiento
equidistante entre víctimas y verdugos, defensores de la democracia y sus
agresores, para el caso de la 2ª República y el franquismo.
Tras esta experiencia,
el Ayuntamiento de Madrid procedió a encargar el diseño de las políticas de
Memoria en la capital, entre mayo de 2016 y junio de 2018, al llamado
Comisionado de Memoria histórica de la Ciudad de Madrid, presidido por la
abogada Francisca Sauquillo.
Para la
alcaldesa Carmena todas las medidas sobre Memoria histórica (pero no otras) debían
adoptarse necesariamente por consenso, y tenían como límite lo establecido por
la Ley de Memoria histórica de 2007, que a esas alturas ya había demostrado
sobradamente sus límites y deficiencias. Para ello se conformó el Comisionado a
partir de propuestas de los cuatro grupos municipales: Ahora Madrid, PSOE, PP y
Ciudadanos. Inmediatamente colocados sus peones dentro del Comisionado, el Grupo
municipal Popular, encabezado entonces por Esperanza Aguirre, se desmarcaría,
rechazando y votando en contra de cualquier medida progresista como la retirada
del callejero franquista.
Desde el
primer momento la propia constitución y la composición del Comisionado fueron
rechazadas por la gran mayoría de colectivos de memoria histórica y de víctimas
del franquismo. Llamaba la atención la ausencia de juristas especializados en
memoria histórica y derechos humanos, de archiveros, documentalistas,
politólogos o antropólogos sociales. En varias reuniones manifestamos al
Ayuntamiento que era inexplicable la ausencia de personas del movimiento
memorialista y de víctimas del franquismo, aunque sí había un representante del
Arzobispado de Madrid. Por otra parte, resultaba preocupante la presencia en el
Comisionado de varias personas que se habían manifestado públicamente contra el
movimiento de la memoria histórica y sus reivindicaciones, y que incluso han
sido firmantes de manifiestos contra una Proposición de Ley del PSOE para la
reforma de la Ley de Memoria histórica junto con políticos de extrema derecha y
pseudohistoriadores revisionistas de los mitos franquistas.
Dos
informes sobre el Memorial del Cementerio del Este
En febrero
de 2018 un equipo multidisciplinar dirigido por el historiador Fernando
Hernández Holgado, presentó un Informe encargado por el Ayuntamiento sobre la
represión franquista en el Cementerio del Este (actualmente de La Almudena) con
un listado actualizado de las víctimas, que había de servir como fundamento de
un proyecto de Memorial.
Por contra,
un informe paralelo del Comisionado, emitido cuando el
plazo previsto de funcionamiento del organismo ya había sido sobradamente
superado, favoreció
el retraso de la construcción, y junto a diversos problemas administrativos,
que no fuera acabado e inaugurado durante la legislatura de gobierno de Ahora
Madrid. El Comisionado, haciendo suyos los argumentos de los medios de derechas
sobre que en el listado se incluían algunos de los denominados “chequistas”
(responsables de crímenes cometidos en la retaguardia republicana durante la
contienda), propuso que no constasen en el monumento los nombres de los 2.936
fusilados. Sus conclusiones chocaban frontalmente con el informe del equipo
dirigido por Hernández Holgado y con los compromisos públicos del Gobierno
municipal.
Cuando se
habla de “chequistas” se hace referencia a una fuente documental concreta: la
Causa General, una fuente que los historiadores cogen con pinzas por su
parcialidad y deficiencias. La Causa General no fue elaborada con fines de investigación
histórica, sino para legitimar y servir de base documental a la represión
franquista contra los defensores de la Segunda República. La derecha política y
mediática sigue dando carta de naturaleza a las cifras y acusaciones de la
Causa General, sustentadas invariablemente en denuncias sin posibilidad de ser
rebatidas y en confesiones obtenidas mediante la práctica sistemática de la
tortura.
Miles de
personas fusiladas por el franquismo, entre los que se encuentran los hombres y
mujeres asesinados en las tapias del Cementerio del Este de Madrid, lo fueron
en aplicación de sentencias dictadas por consejos de guerra carentes de las
mínimas garantías procesales, y jamás se les reconoció la presunción de
inocencia. Los tribunales militares franquistas no eran homologables a un
Estado de Derecho digno de tal nombre, pero la derecha otorga credibilidad a
las acusaciones de las sentencias franquistas, dictadas por tribunales
militares ilegalmente constituidos; en aplicación de normas promulgadas por un
poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin que los reos pudieran ejercer un
derecho efectivo a la defensa ni tuvieran acceso al derecho de apelación a una
instancia jurídica superior independiente...
Los
colectivos memorialistas nos dirigíamos al Ayuntamiento y a la sociedad
madrileña en abril de 2018 en estos términos:
(…) No
estamos dispuestos/as a consentir que se vuelva a juzgar y a condenar a
nuestros compañeros y compañeras, perseverando así en la falsificación
histórica construida por el franquismo, y legitimando acusaciones sustentadas
en “pruebas” obtenidas en situación de absoluta indefensión y mediante la
tortura, que sirvieron de fundamento a las sentencias de los ilegales consejos
de guerra. Sería inconcebible que el Ayuntamiento de Madrid asumiese propuestas
que sólo pretenden apuntalar la impunidad de los crímenes franquistas y la
falsificación de la historia.
El
Comisionado hace también la sorprendente propuesta de levantar en paralelo al
Memorial del cementerio el Este, otro dedicado a las víctimas de la violencia
en Madrid entre 1936-1939. Si grave es poner al mismo nivel a quienes defendían
la legalidad democrática y quienes la querían destruir (algo inconcebible en
cualquier país de nuestro entorno), esa proposición obvia que durante 40 años
de dictadura (con continuidad tras la recuperación de la democracia),
apabullantes políticas públicas de memoria se dedicaron en exclusiva a esas
otras víctimas, consistentes en múltiples y diversos reconocimientos,
privilegios y beneficios económicos de todo tipo (…).
El Informe del
Comisionado sobre el Memorial del Cementerio del Este supuso el fin del
organismo, dado que parte del grupo de Ahora Madrid lo consideró inaceptable, porque
la finalización del Memorial conforme al proyecto que incluía la exposición de
todos los nombres había sido un compromiso reiterado y público de la
corporación. Por fin, el Comisionado quedó felizmente disuelto en junio de
2018.
La destrucción
del Memorial
El
monumento estaba en plena ejecución cuando se celebraron las elecciones
municipales de mayo de 2019, con el conocido resultado de la victoria del
tripartito de derechas. Se formó un gobierno de coalición para la ciudad de
Madrid encabezado por José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, con
Begoña Villacís de Ciudadanos como Vicealcaldesa, y apoyado por la extrema
derecha de Vox.
El 18 de
Noviembre de 2019 el gobierno del Ayuntamiento de Madrid arrancó las lápidas
con los nombres de las casi 3.000 personas ejecutadas entre 1939 y 1944 por la
dictadura franquista en el Cementerio del Este. La colocación de las placas ya había
sido paralizada el 17 de julio, cuando la obra estaba prácticamente finalizada.
Los
familiares llevan décadas demandando un lugar de memoria donde aparezcan los
nombres de sus familiares muertos y poder rendirles homenaje público o
personal, acabando con la “damnatio memoriae” decretada por la dictadura que
nuestra democracia no ha sabido/podido/querido reparar. La retirada, que
provocó serios daños en algunas de las lápidas, supuso la profanación de los
nombres de personas que pagaron con su vida la defensa de la libertad, pero
también, tras haber visto el monumento a punto de ser finalizado, una nueva
humillación y la revictimización de los familiares, que habían estado más
cuarenta años esperando el reconocimiento de la democracia a quienes fueron
asesinados por defender valores democráticos, derechos y libertades reconocidos
en las constituciones de 1931 y 1978.
El gobierno
de Martínez Almeida modificó el criterio con el que fue proyectado el Memorial
por el anterior gobierno municipal de Ahora Madrid apoyado por el PSOE,
desvirtuando completamente su significación para reconvertirlo en un supuesto
homenaje a la concordia. La desaparición de los nombres persevera en el
tratamiento franquista a las víctimas de la represión, como lo describe el
historiador Francisco Moreno: proyecto de invisibilización, y de
insignificación, es decir, de vidas sin valor, dignas de desprecio. En
consecuencia, ha supuesto un castigo post mortem añadido a las familias de las
personas allí ejecutadas, y un grave atentado a la memoria y a la democracia.
El papel
del Comisionado de Memoria en este tema no consistió solamente en aplicar una estrategia
deliberadamente obstruccionista, cuando el plazo previsto de su funcionamiento
ya había sido largamente superado. También proporcionó al actual gobierno
municipal de derechas de PP, Cs y Vox, la argumentación para frenar la
finalización del Memorial, y finalmente la eliminación de los nombres. El
Informe sobre el Memorial del Cementerio del Este, supuso el último triunfo,
póstumo, del Comisionado de Carmena y Sauquillo.
La actual
corporación de derechas defiende que el Comisionado pidió un monumento anónimo
y un segundo memorial a las víctimas franquistas. Miembros del Comisionado
arguyen a día de hoy, que en su informe abrían la puerta a la construcción de
una segunda placa que recordara a los muertos “del otro bando”. Nosotros, por
una vez estamos de acuerdo con uno de sus miembros, el escritor Andrés
Trapiello: “Quien ahora ha quitado los
nombres no ha hecho otra cosa que lo que el Comisionado de la Memoria aconsejó
en su día, insisto, por unanimidad”.
La derecha en
la alcaldía
Tras las elecciones
municipales de mayo de 2019, el nuevo equipo de gobierno de derechas utilizó los
primeros meses de gobierno para desmantelar, sin complejos y sin pausa, las
políticas progresistas desarrolladas durante la legislatura anterior. Los
avances en materia de memoria histórica y democrática han sido un objetivo
central de sus ataques. En junio, el consistorio de Martínez Almeida anunció el
cierre de la Oficina municipal de Derechos Humanos y Memoria. Le siguió la
renuncia a levantar otro Memorial aprobado por el pleno municipal en los
terrenos de la cárcel de Carabanchel.
De cómo se
construye el relato del pasado depende en gran parte la legitimación de los
actos y políticas presentes. Por ello, el nuevo consistorio ha sido
especialmente beligerante contra la Memoria antifranquista. La aparición de un
espacio político de la extrema derecha ha servido como coartada a la derecha
“de toda la vida” para aplicar las políticas revisionistas. La derecha política
y mediática dice oponerse a la memoria histórica utilizando argumentos tales
como la necesidad de centrarse en los problemas del presente, y no hacer
política sobre acontecimientos acaecidos 80 años atrás. ¿Pero ellos actúan realmente
así?
El 13 de
enero de 2020 se inauguró en Madrid un monumento a “Los últimos de
Filipinas”
rememorando un acontecimiento de hace 122 años. Fue un acto del Ayuntamiento y
del Ejército de Tierra con vivas a España, protocolo castrense y muchas banderas
rojigualdas. Por supuesto, durante el acto, presidido por el alcalde y el Jefe
del Estado Mayor, se leyeron en voz alta todos y cada uno de los nombres de los
asediados en el Fuerte de Baler.
Es
significativo que el monumento esté representado exclusivamente por la figura,
pistola en mano, del teniente Martín Cerezo, el máximo mando militar del fuerte
de Baler, quien en aquella “gesta” adoptó decisiones más que discutibles. El
monumento para nada representa a los soldados, todos ellos campesinos o
trabajadores conscriptos que no habían podido pagar la "redención en
metálico" para librarse de ser enviados a los mataderos de Cuba o
Filipinas, en beneficio de los intereses de las oligarquías del corrupto
régimen de la Restauración borbónica de 1874.
Evidentemente
la representación simbólica del monumento huye de la verdad histórica, es una
mera reelaboración de los mitos desarrollados por el nacionalismo español
conservador, sustentados en la historiografía más reaccionaria. Se está presentando
el mito en 2020 tal y como se trataba en la película de 1945. ¿Qué le interesa
a la derecha que gobierna Madrid mostrar las causas, características y fines
del colonialismo español en Filipinas, o la incompetencia del mando militar del
momento? ¿Por qué la Historia va a estropear un buen mito al servicio de su relato
“patriótico”?
Conclusiones
La derecha
cuando accede al gobierno de las instituciones actúa sin el menor escrúpulo, y
la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso.
Ni la
composición ni la actuación del Comisionado de Carmena y Sauquillo fueron
compatibles con el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento en materia
de Derechos. Tampoco con los compromisos adquiridos por la alcaldesa, su equipo
de Gobierno y los dos grupos municipales que lo sustentaron. Eso no fue posible
durante la legislatura 2015-2019 por haberse priorizado el consenso con las
derechas en políticas de Memoria. El Partido Popular había gobernado el
Ayuntamiento de Madrid entre 1991 y 2015. ¿Acaso alguna vez Álvarez del
Manzano, Gallardón o Botella ofrecieron consenso, o por el contrario, siempre
gobernaron para imponer de manera implacable su modelo de ciudad y de sociedad?
¿Se puede consensuar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con quienes
llevan 13 años ignorándola, para mantener las calles y los monumentos dedicados
a golpistas y a criminales de guerra? ¿Puede haber consenso con quienes, un día
sí y otro también, insultan y humillan a las víctimas de la dictadura? ¿Con
quienes impiden desde el Gobierno Regional madrileño que se ponga una placa de
recuerdo a los demócratas torturados en la antigua Dirección General de Seguridad,
en la Puerta del Sol?
Madrid,
como capital del Estado, es una referencia, y las políticas que se aplican allí
son un ejemplo a seguir por otras muchas instituciones. Las fuerzas sociales y
políticas progresistas están ahora obligadas a construir una alternativa capaz
de recuperar el Ayuntamiento de Madrid, estudiando la experiencia de los años
2015-2019 tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. Y aprendiendo de
cómo actúa la derecha cuando gobierna: con contundencia, celeridad y sin
complejos.
No queremos
afirmar en ningún caso que durante el período de Gobierno de Ahora Madrid
(2015-2019) no se hiciera una importante política de memoria, con resultados
concretos como la retirada de casi medio centenar de nombres franquistas de
calles muy significativas. Pero sí mantenemos que en buena parte se debió al
compromiso personal de algunos miembros del equipo de Gobierno municipal y de
varios presidentes/as de Juntas de Distrito, lo que les supuso un coste
político y personal.
Las políticas
de Memoria Histórica en Madrid muestran cómo no se pueden volver a hacer las
cosas, y con qué mimbres tiene que contar la izquierda si pretende una futura
reconstrucción que recupere las instituciones, en este caso la capital del
Estado, para la democracia y para la gente. Y también para garantizar que su paso
por el gobierno y las conquistas alcanzadas no sean efímeras, y se correspondan
realmente con los compromisos adquiridos con la sociedad organizada que les
llevó al gobierno de la institución.
Antígona en
Madrid
Antígona es
una tragedia griega escrita por Sófocles en el siglo V a. C.
En su inicio, Creonte, rey de Tebas,
impone la prohibición de practicar ritos fúnebres al cuerpo de Polinices, como
castigo ejemplar por “traición a su patria”, pero su hermana Antígona pretende enterrar
el cuerpo, desafiando el edicto. Representa la rebelión contra la injusticia y
la arbitrariedad, en este caso contra el poder que decreta una “damnatio
memoriae” sobre quien no puede defenderse, vulnerando los derechos y los usos
sociales en duelo y ritos funerarios.
Una
plataforma constituida por colectivos memorialistas, sociales, vecinales,
políticos, sindicales, culturales… exige la inmediata reversión del proceso,
con la reconstrucción del Memorial del Cementerio del Este conforme al proyecto
original, y está convocando movilizaciones. Los colectivos memorialistas y
ciudadanos exigimos también que el alcalde Martínez Almeida pida disculpas
públicas en nombre del Ayuntamiento de Madrid, tanto a los familiares de las
víctimas como al conjunto de la ciudadanía.
Consideramos
irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de
historiadores, y que las instituciones democráticas reconozcan públicamente,
nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo. Todo ello unido a la
exigencia urgente de la anulación por el Parlamento de las sentencias
represivas emanadas de los ilegales consejos de guerra y tribunales franquistas,
que inexplicablemente siguen siendo, a día de hoy, legales y firmes.
